La economía no está ajena a la pandemia de COVID-19. Al contrario, la suspensión de las actividades genera un grave problema, ya que se detiene la producción de servicios, se reduce drásticamente la recaudación, se producen despidos y reducciones de tiempo laboral y se paraliza el comercio nacional e internacional, entre otras consecuencias. A esta situación de excepcionalidad de agregan los problemas económicos preexistentes de cada país y región.
Frente a este escenario los diferentes gobiernos deben desarrollar soluciones y paliativos para impedir que la crisis económica, que ya está anunciada por expertos y analistas, sea fulminante para sus naciones. Y además lo tienen que hacer a contrarreloj y lidiando paralelamente con la cuestión sanitaria y social.
¿Existe una salida para esta situación? ¿O apenas se puede esperar un control de daños? ¿Cuáles son los problemas más graves que debilitan la posición de los países en América Latina? ¿Qué hacen los países en otras latitudes para ayudar a sus ciudadanos, trabajadores y empresas?
Los datos
La caída del PIB en Latinoamérica será de 5,3 % en 2020, es decir, la peor de su historia. No se compara ni con la gran depresión en los años treinta. A ello se agrega una caída en exportaciones de hasta el 15 %, un desempleo superior al 11 % (8 % en 2019) y un crecimiento de la pobreza de 4,4 puntos. En resumen, América Latina tendrá 37,7 millones de desempleados en total, casi una de cada tres personas será pobre y cerca de 16 millones caerán en la pobreza extrema.
Según todos estos datos, provenientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región se enfrenta a una situación sin parangón. Algo que también se observa en otros países del mundo. En Europa, por ejemplo, los números no son más alentadores. En efecto, se espera un derrumbe del PIB que, según el país, varía entre el siete y el 13 %.
Marta Domínguez, investigadora económica española residente en Bruselas, explica que «la naturaleza de la crisis es totalmente distinta. No es que haya algunas debilidades del sistema y que en algún momento colapse, sino que ha llegado un shock externo y no sabemos cómo lidiar con él». Domínguez sostiene que la crisis más reciente, la de 2008, fue diferente y que, pese a su fuerte impacto, se trataba de un fenómeno medianamente conocido y visto en el pasado. «En este caso estamos ante una crisis distinta. Esto es un shock externo totalmente ajeno».
Este escenario —hasta ahora intransitado y, a la vez, inesperado— ha llevado a los Gobiernos a tomar medidas inéditas: cuarentena, aislamiento y distancia social, actividades de todo tipo paralizadas o suspendidas hasta nuevo aviso, por solo mencionar algunas. Y aquí es donde el Estado cobra centralidad y su labor se vuelve fundamental.
La reacción de los Estados
Los sistemas sanitarios en América Latina no son lo más óptimo que poseen. Según los datos de la CEPAL, en nuestra región apenas el 2,2 % del PIB está dedicado a la salud. Muy por debajo del 6 % que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y es justamente esta merma en la inversión del área lo que aumenta la necesidad de controlar el contagio e imponer la cuarentena. En otras palabras, ningún país se puede permitir que el sistema de salud llegue a sus límites. Y menos en Latinoamérica.
Por otra parte, cada Gobierno se vio obligado a pensar en la economía y el impacto que supone el cese de actividades: los ingresos de la población, la supervivencia de las empresas, especialmente de las más pequeñas, y, al mismo tiempo, la caída en la recaudación fiscal que limitaría justamente ese apoyo económico a los distintos sectores.
En Europa cada país elaboró estrategias de ayuda o salvataje en correspondencia con sus capacidades, su situación fiscal y su estructura económica. Alemania, por ejemplo, anunció un paquete de ayudas de más de 150.000 millones de euros. Un número que quintuplicaba el total de recaudación fiscal perdida. Un dinero que ayudaría a empresas, trabajadores, sistemas de salud y otras áreas. Se trata de una acción que Alemania se puede permitir por su robusta situación. De hecho, desde 2015 no generaba deuda y su capacidad de pago es tan alta que le permite pedir prestado a costos casi nulos.
En contraposición, la situación de Italia es diferente. Con una deuda pública que supera el 130 % de su PIB, precisa del apoyo externo, en particular, de la Unión Europea, para poder enfrentar la crisis. Y justamente en torno a ello gira la discusión actual entre los Estados miembros del organismo supranacional.
España, por su parte, discute la introducción de una renta básica universal. Una suerte de sueldo fijo para todos los ciudadanos en edad laboral, por un tiempo limitado. Una ayuda que le permitiría sobrevivir a muchas personas. Especialmente las más vulnerables.
¿Es imaginable algo así en América Latina? Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, advierte sobre el peligro de importar soluciones: «A veces desde Latinoamérica miramos lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, y extrapolamos demasiado». Según Iturralde, es importante entender las variables que son propias de nuestra región y a partir de ellas desarrollar diagnósticos y sus eventuales soluciones.
«El grado de informalidad de nuestras economías las hace mucho más precarias, hace que haya mucho más trabajadores en una vulnerabilidad absoluta cuando dejan de ir a trabajar». Es una de esas variables que marca el economista graduado en la London School of Economics. En ese sentido, una renta básica universal podría precisar de una cantidad de recursos que los países de nuestra región no tienen. Y no solo ello; también podría afectar a los más perjudicados por esta crisis, que son los grupos más vulnerables. Iturralde concluye: «Es tal la escasez de recursos en esta enorme crisis que Latinoamérica tiene que ir a prestaciones y ayudas más focalizadas».
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La deuda y la escasez
La escasez de recursos está asociada a otro problema: la deuda. En casos como el actual, en el cual los recursos genuinos se reducen y a la vez caen la recaudación y los ingresos de las distintas fuentes de riqueza, como la explotación de los recursos naturales o el turismo, los Gobiernos deben recurrir a la emisión de deuda. Sin embargo, para un país endeudado previamente, esta opción puede ser extremadamente costosa o incluso imposible.
Según el Fondo Monetario Internacional, los países más complicados son Argentina y Brasil con deudas que superan el 90 % de su PIB. Les siguen Uruguay, Bolivia, México y Colombia, todos con una deuda por encima el 50 % del PIB.
Frente a esta situación se han levantado varias voces a favor de una condonación de la deuda. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo recientemente que es preciso una «paralización de la deuda para todos los países», especialmente los de renta media y baja. Según su análisis, la mayoría de ellos no tiene las espaldas para hacerle frente. En la misma línea se expresó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Según Iturralde, esta opción no es de fácil realización, aunque dada la excepcionalidad de la situación tampoco habría que descartarla de plano: «Hasta hace unos días te hubiera contestado sin dudar que ese tipo de planteos estaba más en el marco de la expresión de deseo. Aunque es verdad que la frontera de lo posible se está moviendo a una velocidad muy rápida, y no solo los escenarios económicos quedan obsoletos, sino que por el nivel de excepcionalidad de lo que estamos viviendo quizás haya algunas sorpresas que hoy nos cueste imaginar».
Según el economista, la mayor traba se da por la composición de la deuda: «El grueso no es con organismos internacionales. Es con capitales, con fondos, con inversores. Son actores que no trabajan por interés en el desarrollo económico; lo hacen para conseguir una utilidad, un fin económico». Es este contexto el que impide imaginar una operativización concreta de una eventual quita.
La informalidad
La economía informal es una porción muy relevante de las economías de nuestros países. Muchas personas trabajan en circuitos no registrados, que precisan de la circulación, del consumo habitual y diario. Sus actividades sufren fuertemente la paralización generalizada, ya que sin movimiento no hay ingresos.
El sector social más afectado por esta cuestión son las capas más vulnerables del tejido social, justamente aquellos que más precisan de la ayuda del Estado en este contexto. Es cierto que existen planes sociales dirigidos a estos grupos, que apuntan a combatir la pobreza. De hecho, varios países latinoamericanos han desarrollado políticas públicas exitosas en este sentido. Pero pareciera que no alcanza, en este contexto tan excepcional. Así lo indican los datos de la CEPAL: se espera que esta crisis deje como mínimo 37,7 millones de personas en la pobreza en nuestra región.
Alicia Bárcena, máxima representante de la CEPAL, insiste con medidas de redistribución. Asegura que un ingreso básico universal costaría el 2 % del PIB de la región. Tal vez un esfuerzo del sector de ingresos muy altos podría tener un impacto positivo en este punto.
La dependencia
La dependencia externa es el tercer problema y tal vez uno de los más importantes. China, Estados Unidos y Europa concentran el intercambio comercial en la región. Si ellos se paralizan, América Latina tiene grandes problemas. Y eso es lo que ha sucedido con la pandemia.
Se trata de las consecuencias de las cadenas de valor globalizadas. La investigadora económica Marta Domínguez, egresada de Oxford, sostiene que «la globalización de las cadenas de valor es un tema que se trató mucho al principio, porque obviamente esta crisis empezó en China, y China es el origen de un tercio de las exportaciones de productos intermedios. Creo que ahora la conversación ha cambiado. Ahora no se habla de que vengan más o menos productos de China, sino del problema interno en cada país».
Desde la perspectiva de Domínguez es posible que esta situación lleve a una reevaluación de la dependencia con China en toda Europa. ¿Es una oportunidad para que América Latina también revise sus cadenas de valor y su acoplamiento a ellas? En la CEPAL subrayan la necesidad de una mayor integración, de profundizar los lazos, de coordinar los esfuerzos para una economía más dinámica en la región.
Y a ello se le suma la necesidad de una diversificación. Un elemento que permitiría robustecer la economía y que, como explica Nicholas Nassim Taleb en su bestseller, nos haría más fuertes frente a la llegada de un cisne negro. Uno como el que estamos viviendo en estos tiempos.
Referencia:
Taleb, N. N. (2010). The black swan. The impact of the highly improbable (2.ª edición). Nueva York: Random House.
