En memoria de Américo Martín, demócrata tenaz.
El 12 de febrero es una fecha pesada en la política venezolana. La primera democracia de masas del país declaró ese día como fiesta nacional de la juventud. Cada año ha sido el foco de actos de reivindicación y protesta por colectivos estudiantiles.
Durante décadas, fue escenario de protestas de izquierda contra la democracia representativa. Sin embargo, desde los inicios de la etapa chavista, la polarización tocó al movimiento universitario, aunque este se manifestaba más vocalmente contra el sistema. En el año 2014, esa fecha fue el inicio de un largo episodio de manifestaciones nacionales violentamente reprimidas. Estas incluyeron la muerte de varios estudiantes, en torno al movimiento La Salida, liderado entre otros por el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. Esto llevó a López a ser inhabilitado políticamente y encarcelado, hasta su fuga en el año 2019 con la formación del gobierno interino presidido por Juan Guaidó.
Relanzamiento
Justamente, este reciente 12 de febrero, Guaidó conmemoró esa fecha, aprovechando la ocasión para el relanzamiento de la plataforma «Salvemos a Venezuela». El dirigente planteó una reformulación de los planteamientos estratégicos de la oposición, que ahora consistirían en: 1) retomar la organización y movilización para la exigencia de derechos; 2) mejorar la coordinación internacional y apoyo al proceso que adelanta la Corte Penal Internacional; 3) reimpulsar el proceso de negociaciones en México entre oposición y gobierno; y 4) ampliar y fortalecer la unidad opositora, ostensiblemente por medio de unas primarias aún no definidas en su alcance.
El dirigente venezolano hizo énfasis en afirmar que no se trataba de eslóganes, sino de acciones concretas. El panorama efectivo parece desmentirlo. Fuera de aquello que sobre lo que no tiene control la oposición, como las negociaciones en México o los apoyos internacionales, los planteamientos intrínsecos a las fuerzas de oposición muestran un considerable déficit.
La primera evidencia de esto está en que la convocatoria de presentación de estos pilares estratégicos fue promovida en las redes del Gobierno interino, y se realizó en la sede del partido Voluntad Popular, con el acompañamiento de partidos menores de la oposición: el liberal Encuentro Ciudadano, y los socialcristianos Convergencia y Copei. En convocatorias distintas, y con un lenguaje propio, el resto de los partidos grandes de la alianza opositora, antes denominado el G4, conmemoraron la fecha por separado.
Falta de vocería colectiva
Esta distancia, sin una vocería colectiva que declare objetivos comunes, refleja el problema central de la oposición venezolana: la falta de una visión estratégica de reglas de decisión y coordinación comunes. Pese a que el mandato de Juan Guaidó fue prorrogado un año más, las dudas sobre la efectividad de este mandato, sin mencionar las críticas a las acciones, viabilidad y legitimidad de la continuidad del Gobierno interino, permanecen vigentes, aunque soterradas.
La separación es aún más profunda con las organizaciones que se han distanciado de la alianza unitaria y han participado por separado en los procesos electorales legislativos, regionales y locales de los dos últimos años. Estas son Fuerza Vecinal, escisión opositora en los bastiones urbanos de la Gran Caracas, y la llamada Alianza Democrática, que incluye a partidos críticos de la vieja unidad con partidos sospechosos de ser cooptados por el Estado.
Igualmente profunda es la separación con agrupaciones que han rechazado la participación electoral dentro del sistema, pero que conservan una importante presencia en la opinión pública, como Vente Venezuela. Será un trabajo político de primer orden el poder restablecer relaciones con aquellas fuerzas e individuos que, hoy enfrentados, no han abandonado sus convicciones democráticas.
Con todo, lo más llamativo de la ruta propuesta por Guaidó es que apunta a una suerte de ajuste del horizonte opositor. Pasado el ciclo electoral previo, caracterizado hasta el 2021 por el boicot de la oposición unida ante el creciente autoritarismo del gobierno de Maduro, e imposibilitado un referendo revocatorio de ese mandato por decisiones administrativas. Todo apunta que los partidos de oposición buscan posicionarse ante las elecciones presidenciales de 2024 y las parlamentarias de 2025.
¿Unión opositora?
Oficial u oficiosamente, varios dirigentes y figuras públicas han sido mencionados como potenciales presidenciables para enfrentar a Nicolás Maduro, quien hoy no tiene rivales de consideración en el chavismo. Lo cierto es que, tras los resultados de las elecciones de noviembre, parece haber regresado en los partidos la convicción de la inevitabilidad de la participación electoral: los avances hubieran podido ser mejores de contar con una unidad opositora en todos los estados y municipios del país. Matemáticamente, el chavismo puede ser derrotable a nivel nacional.
No será sencillo. Ya las presiones autoritarias presentes sobre el sistema electoral y toda la actividad política son un obstáculo poderoso. Esto hace más acuciante la necesidad de recomponer la unidad de la oposición no solo en torno a un candidato, sino en torno a una visión política estratégica y viable a largo plazo. Se ha comparado el momento con las deliberaciones para las candidaturas de los años 2006 y 2012, cuando Chávez terminó enfrentando respectivamente a Manuel Rosales y a Henrique Capriles. El primer candidato emergió de un acuerdo tenue entre partidos que tenían mutuamente una enorme desconfianza; el segundo fue resultado de unas primarias, con un acuerdo programático previo y con un sistema de reglas concertado.
El camino de las primarias
Pretender unas primarias hoy, sin reglas ni visión estratégica acordada, puede ser el inicio de un refrescamiento, pero se queda a medio camino.
Aunque el camino parece adelantado por la promisoria colaboración a nivel local que han iniciado alcaldes de partidos opositores en varios estados, esto tampoco es una panacea. Los obstáculos a la gestión local, el contacto con las nuevas fortunas y el uso de viejas prácticas clientelares y populistas muestran los límites de ese horizonte sin una reorientación mayor.
Pero es necesario admitir que, independientemente de sus orígenes y del servicio de quienes lo han sostenido, la fórmula del Gobierno interino no parece ser capaz por sí sola de liderar una reorganización. No basta pues con guardar las apariencias, o aferrarse a medios que se convirtieron en fines en sí mismos. Se trata de replantear una alianza en torno a un mínimo de creencias comunes y tácticas realizables, pero con reglas de decisión que desestimulen que un liderazgo u otro busquen posicionarse como jefes a expensas del objetivo compartido. Eso requiere la claudicación de ambiciones y de orgullos, pero también la conciencia de los errores acumulados. Es decir, no hacer de la renovación un concurso entre liderazgos debilitados para que el menos rechazado determine por sí mismo el destino de la lucha democrática en el país.
Incluso, más allá de estos mínimos, ¿no debe la oposición también promover una revisión de sus postulados históricos, las más de las veces definidos solo en antípodas con el chavismo? ¿Cómo se puede enfrentar eficazmente la pobreza sin apelar al colectivismo y al populismo? ¿Cuál es el rol del Estado y los partidos frente a la sociedad civil? ¿Qué hará Venezuela ante la redefinición del panorama energético mundial? ¿Cuál debe ser la relación de la república con los millones de venezolanos que conforman la diáspora? Ninguna fuerza política dispersa, desanimada y sin confianza en su liderazgo puede atender estas cuestiones fundamentales.
