Para algunos son el Oráculo de Delfos. Para otros un instrumento de propaganda. Las encuestas son una fuente de información fundamental para la política y la democracia. Sin embargo, no previeron el Brexit, ni la victoria de Trump ni el resultado del plebiscito de Santos en Colombia. ¿Qué papel juegan los institutos de opinión pública en Latinoamérica, cuál es su grado de independencia del gobierno de turno, qué credibilidad tienen las encuestadoras privadas y cuánta importancia le dan los partidos a tener encuestas? son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participan:

Carlos Andres Pérez, doctor en Ciencia Política y director del Centro de Análisis y Entrenamiento Político de Colombia (CAEP). 

Betsy Rojas, directora de la agencia Imacorp en Costa Rica, y comunicadora.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne y Rombo Podcasts.

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios,
sino sobre las faltas de los demócratas.
Albert Camus

Vivimos horas aciagas de una disputa que contrapone dos lógicas diferentes de organización del poder: democracia y autocracia. La democracia como tipo de régimen que abriga un poder distribuido entre instituciones, abierto a la competencia de grupos y agendas. La autocracia como poder concentrado de una persona o élite que monopoliza el gobierno y domina a los subalternos. Dos polaridades políticas, sobre las que se cruzan posturas ideológicas y culturales varias. Y que adquieren, en coyunturas como la de Ucrania actual, un carácter existencial.

El mundo vuelve a ser, como a inicios del siglo pasado, uno de mercados más o menos expansivos, con Estados variablemente fuertes y soberanos. Pero donde las libertades de votar, protestar y vigilar al poder no forman parte de la cotidianeidad de toda la humanidad. Democracia versus autocracia: he ahí el dilema. En este contexto, las autocracias globales (China y Rusia) están penetrando en la región, con sus ideologías iliberales y agendas de desinformación, buscando la erosión democrática.

En América Latina, una confluencia de ideas, valores y agendas prácticas opuestas a la república liberal de masas se está fortaleciendo. La región padece una creciente ola de gobiernos de izquierda (Maduro, Ortega, Díaz Canel) y derecha (Bolsonaro, Bukele) con rasgos autoritarios.

La confusión regional

Las movidas para conseguir la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas es un buen ejemplo de la pugna (intelectual, política y moral) entre democracia y autocracia.

Es difícil no ver sesgos ideológicos y complicidades políticas en gobiernos como los de Argentina, Chile y México con sus pares autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. «Ignorando» que en los años setenta otros gobiernos civiles (Costa Rica, México, Venezuela) repudiaron a las dictaduras militares de la derecha. Rompieron relaciones diplomáticas. Apoyaron activamente (incluso con armas) a sus opositores. Acogieron a sus exiliados. Sin reclamar «unirnos en diversidad», ejercieron la solidaridad democrática.

En otras regiones de Occidente —comunidad a la que Latinoamérica pertenece— se procede diferente. La Unión Europea mantiene un consenso transideologico —mediante declaraciones oficiales y sanciones institucionales— cuando populismos conservadores como los de Hungría y Polonia amenazan libertades consagradas como pilares del proyecto europeo. Pero en Latinoamérica nos permitimos indulgencia ante las autocracias de izquierda que suprimen esas mismas libertades. No hay coordinación y entusiasmo para reclamarles respeto a la soberanía popular.

Cortejo a los autoritarios

Quienes hoy cortejan a los autoritarios no son realistas sino posibilistas. El realismo atiende factores reales de poder, globales y locales, en análisis y acción. El posibilismo acota la agencia de los dominados (sean naciones o poblaciones) privilegiando statu quo. Un realista, por ejemplo, reconoce que las autocracias son parte del panorama global, pero no niega la toma de postura ante ellas. Acepta la pertenencia de esos regímenes en la ONU, sin condonar su participación en espacios (OEA) donde aún rigen consensos democráticos. Un posibilista propondrá contemporizar con Estados autoritarios que amenazan a vecinos o a su población, relativizando los criterios legales, políticos o éticos para reconocerlos.

Se trata de regímenes que proscriben toda forma de pluralismo, alternancia y respeto a la autonomía cívica. Cuya existencia y accionar atentan contra un consenso vigente, de manera formal y frágil pero real, por dos décadas. Además, el argumento pragmático de que invitar a las autocracias al convivio democrático las modera, ha sido negado por la experiencia. Desde el portazo de La Habana al fin del veto a Cuba en la OEA (2009), pasando por el sabotaje a la Cumbre de Panamá (2016), hasta sus bravuconadas en la última cumbre de la CELAC.

La idea de normalizar la presencia autoritaria en la Cumbre de Américas solo amplifica el mensaje del eje bolivariano. A estos promotores podemos hacerles preguntas, entrecruzando lo ideológico, lo político y lo ético. ¿Serían igualmente «inclusivos» si estuviésemos ante las viejas dictaduras militares de seguridad nacional? ¿Prevén «pragmáticamente» algún avance real en la situación de las poblaciones cubana, nicaragüense y venezolana, derivado de la inclusión de sus gobiernos en el cónclave? ¿Tienen las víctimas de esos gobiernos algún lugar en sus reflexiones?

Invitar a gobiernos cuyos indicadores represivos han empeorado, como si viviesen un proceso de liberalización política y sin empujar una agenda paralela y simétrica de solidaridad con los ciudadanos que las sufren, es un error. Hay que decirlo claramente: en el contexto actual (global y regional) el coqueteo con las autocracias solo favorece la agenda de estas.

Las amenazas globales

La sinergia entre las autocracias globales y los aliados latinoamericanos está amplificando el alcance y la presencia de Beijing y Kremlin en América Latina. Los enormes recursos humanos y materiales del Partido Comunista chino —que abarcan las inversiones, los créditos, la formación de personal y la propaganda cultural— sirven para apalancar la agenda de la élite política de ese país en nuestra región. Seduciendo no solo a sus aliados tradicionales sino también a partidos, empresarios y formadores de opinión cercanos a la órbita democrático-liberal.

A su vez, en comparación con otras autocracias, las herramientas eclécticas y afiladas del poder incisivo de Rusia, relativamente más desarrolladas y flexibles, le han dado al país una ventaja en América Latina. Con la invasión de Ucrania, los medios de comunicación rusos han reforzado su presencia como fuente de desinformación en América Latina.

China y Rusia en Latinoamérica

Aunque la presencia directa de Rusia en la academia latinoamericana es menor que la de China (las casas de la cultura rusa no son comparables a los institutos Confucio) la afinidad ideológica iliberal respecto a la narrativa oficial Rusia es grande e influyente dentro de la opinión pública. Hoy vemos la ambigüedad calculada (en lugar de una clara condena o defensa) como una actitud presente en varios gobiernos, partidos y segmentos de la intelectualidad y población latinoamericana ante la agresión a Ucrania.

«La invasión es mala, pero la OTAN se expandió antes», nos dicen. Lo mismo sucede con la reconcentración de poder y el cierre mayor de libertades —desde Hong Kong a Shangái— en la China de Xi Jinping. «Es que son distintos, es otra tradición e historia», se alega. Como si la democracia al igual que el autoritarismo no fuesen fenómenos universales, adaptables a culturas y contextos, pero capaces de florecer en Occidente y Oriente, en el Norte y el Sur globales. Como demuestran, recordémoslo, los vecinos democráticos de Beijing: Taiwán, Japón, Corea del Sur, en primer lugar.

Tenemos que conocer y justificar nuestros problemas y propuesta. En América Latina tenemos nuestros propios problemas con la democracia (historia y desarrollo) que no son el resultado de la influencia china o rusa; pero estas se aprovechan de las afinidades culturales, las similitudes institucionales y las simpatías sociales útiles para sus agendas. El problema en el continente no son solo las autocracias globales. Irán o Cuba, así como las redes iliberales de la derecha (libertaria) y la izquierda (bolivariana) están aumentando su influencia dentro de las sociedades y los sistemas políticos latinoamericanos.

¿Que hacer?

Ante la ola de pragmatismo (cínico o resignado), coqueteos populistas y asedios autocráticos, vale la pena defender la agencia democrática desde aquella idea de Havel: «La esperanza no es la creencia de que algo saldrá inevitablemente bien, sino la certeza de que las cosas tienen un sentido, independientemente de cómo salgan».

Debemos reflexionar sobre lo que hacemos, para hacer a partir de lo que reflexionamos. Pues actuar eficazmente sobre un mundo de ideas y prácticas políticas altamente fluidas, cambiantes y complejas implica información, sofisticación, creatividad y articulación. Información para comprender el contexto y la visión del adversario. Sofisticación para conocer los mejores enfoques para la fortalecer la resiliencia democrática. Creatividad para revisar constantemente las buenas o malas prácticas de uno y de los otros. Articulación que nos permita actuar en red y con un plan, en lugar de campañas reactivas y fragmentadas.

Es importante actuar de manera temprana y coordinada. Cuando gobiernos populistas y, especialmente, regímenes autoritarios imponen lógicas de erosión, supresión y demolición de las libertades cívicas, es necesario combinar la denuncia y el apoyo internacionales con las estrategias de resistencia y autorganización social.

Frente a la influencia de China y Rusia en Latinoamérica, debemos retomar la discusión e influencia cultural, con atención y recursos similares a los que dedicamos a los medios de comunicación. Urge identificar canales de penetración de la narrativa iliberal, construir redes alternativas de académicos, artistas e influenciadores (especialmente jóvenes) y recuperar influencia en espacios académicos regionales.

El centro político —integrado por liberales, socialdemócratas, democristianos, nuevas identidades y movimientos ciudadanos, entre otros referentes programáticos— debe fortalecerse, innovando. La formación de activistas y analistas, la articulación de redes de ciudadanos y la innovación conceptual, tecnológica y organizacional en pro de la resiliencia democrática son tareas en esa dirección.

Organizaciones democráticas

Las organizaciones democráticas de la sociedad civil necesitan cuestionar y presionar a las organizaciones democráticas occidentales (europeas y estadounidenses) que actualmente apoyan, con recursos o apoyo político, a intelectuales, periodistas y organizaciones académicas que difunden narrativas iliberales en América Latina. Los intelectuales públicos democráticos deben intervenir en el debate público científico y cultural. Deben enfrentar el poder autocrático en América Latina, en espacios cívicos, mediáticos, académicos y otros.

Y, por último, pero no menos importante, si no resolvemos en nuestras frágiles democracias los problemas acumulados de cohesión social, desarrollo sostenible e incluyente, provisión de bienes y servicios públicos, transparencia y Estado de derecho, estas serán siempre vulnerables a la seducción del populismo interno y a la influencia (blanda o dura) de las autocracias extranjeras.

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Las elecciones estatales en los estados federados de Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia que tuvieron lugar en los dos últimos domingos pueden percibirse como una encuesta sobre el ambiente político a nivel federal.  La Unión Demócrata Cristiana (CDU) obtuvo en ambas elecciones un claro mandato para gobernar en ambos estados.

En Schleswig-Holstein, la CDU liderada por el primer ministro Daniel Günther ganó las elecciones con un 43,4 %. Con esto mejoró su resultado en cerca de un 11 % respecto a las últimas elecciones. Es el mismo porcentaje que perdió el Partido Social Demócrata (SPD), que obtuvo sólo 16 %. En Renania del Norte-Westfalia, la CDU del primer ministro Hendrik Wüst se situó en un 35,7 % (2017: 33 %), muy por delante del SPD, que quedó lejos de la marca del 30 %, con el 26,7 % (2017: 31,2 %).

Las pequeñas elecciones al Bundestag

Estos resultados electorales son un bálsamo para el alma de la CDU. Cada cinco años, los votos de los electores de NRW —el estado más poblado de Alemania, con 19 millones de habitantes de extraordinaria diversidad— son el sismógrafo del estado de ánimo de la población. Por esto, estas se conocen también como pequeñas elecciones al Bundestag, y es la razón por la que tanto la CDU como el SPD miraron con nerviosismo esta instancia. Para ambos había mucho en juego.

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Los resultados dejan a la CDU con una clara pretensión de formar gobierno en NRW. La más probable sería una coalición con Los Verdes, que aumentaron mucho su votación. La misma coalición podría ser el resultado de las negociaciones de gobierno en Schleswig-Holstein, aunque en ambos estados hay otras opciones posibles. La coalición entre CDU y Verdes puede estar políticamente de moda para conciliar cuestiones como la protección del clima y los empleos en la industria. En Baden-Württemberg y Hesse, la posibilidad de esta coalición quedó exitosamente demostrada.

Terremoto político para la coalición del semáforo en Berlín

Los efectos de los resultados electorales en Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia se hicieron sentir hasta en Berlín. La derrota en ambas elecciones confirma la tendencia a la baja del SPD. Los resultados representan una primera evaluación de la labor del canciller Olaf Scholz. La discusión sobre los envíos de armas a Ucrania y la cercanía de algunos políticos del SPD con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, se reflejan en los resultados históricamente malos del partido en ambas elecciones estatales.

Olaf Scholz parece no haberse distinguido como canciller de la crisis en una hora exigente para el Ejecutivo federal, para con eso dirigir la confianza hacia su persona y su partido. La elección plantea aún más la cuestión de si la victoria del SPD en las elecciones federales de 2021 fue sólo una excepción que podría deberse a la crisis pos-Merkel de la CDU. En cualquier caso, es seguro que las cosas serán todavía más difíciles para Olaf Scholz tras el amargo freno en las urnas.

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Es probable que ambas elecciones cambien también la dinámica de poder dentro de la coalición federal del semáforo (rojo, amarillo y verde se corresponden con los partidos SPD, FDP y Verde) e incluso la desestabilicen. Mientras que para los Verdes el buen rendimiento en ambos estados federados se puede ver como una lluvia de verano alegremente esperada, los nubarrones sobre el FDP y su declive electoral no parecen augurar nada bueno. La confianza de los Verdes en Berlín, así como su posición en la estructura de poder del semáforo, debería reforzarse por cogobernar en ambos estados federados. El FDP, sin embargo, parece sufrir las consecuencias por su rol en la coalición.

Otra noticia importante es la debilitación de los extremos políticos. Schleswig-Holstein se convirtió en el primer estado federado donde la AFD salió de un Parlamento. En NRW, la AFD apenas superó la barrera de los 5 % necesarios para entrar al Parlamento. El partido Die Linke (La Izquierda) no consiguió entrar en ninguno de los dos Parlamentos.

Fortalecimiento a nivel federal y estatal

La CDU ha demostrado en las últimas semanas que puede volver a ganar elecciones. Los resultados electorales unen a un partido que ha sufrido divisiones. También fueron importantes para la consolidación del nuevo líder del partido, Friedrich Merz, quien ha ganado mucha estatura en la crisis provocada por la guerra rusa en Ucrania. Parece así que la CDU se vuelve a consolidar y encuentra su papel de oposición, que siempre es el de un gobierno en espera.

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«Es momento de pasar a la acción»

Con estas palabras, la nueva presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Mariana Gómez del Campo (PAN, México) inició su mandato como primera mujer en la cima de la organización de partidos políticos más grande de América Latina.

Electa por unanimidad en el 23.º Congreso de la organización en Ciudad de México el 12 de mayo, la nueva presidenta tiene claro que «no podemos ser administradores de glorias pasadas ni eternos críticos del presente». Y se puso la vara muy alta: «Una ODCA que no tenga una incidencia real en cada una de nuestras naciones estaría traicionando a su ideal fundacional». Para esto invitó a construir una ODCA «más moderna, más fuerte, más dinámica», capaz de tejer nuevas alianzas y con una estructura interna funcional, una comunicación moderna y apertura hacia nuevos miembros.

Mariana Gómez del Campo cuenta con un nuevo equipo, paritario por primera vez en la historia de la ODCA. Mientras el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador, Colombia) repite como primer vicepresidente de la organización, la exsenadora Carmen Frei (Partido Demócrata Cristiano, Chile), la diputada Daniela Rojas (Partido Unidad Social Cristiana, Costa Rica) y el ex primer ministro Mike Eman (Aruba) integran la nueva directiva.

El congreso contó con la destacada participación de Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, quien propuso, en nombre del PAN, a Mariana Gómez del Campo para liderar la ODCA. En una conferencia de prensa enfatizó: «Frente al autoritarismo y el populismo en la región, es el momento de la unidad». Como ejemplo presentó a la Alianza por México, en la cual se unieron los históricos antagonistas PAN, PRI y PRD para, a través de una alianza parlamentaria, hacer frente a medidas autoritarias del gobierno mexicano.

El presidente del PAN presentó además la «Carta por la democracia, la libertad y la defensa de las instituciones». En ella se expresa una defensa cerrada de los principios democráticos y liberales, y se denuncian las tácticas del autoritarismo y el populismo para infiltrar el orden democrático en la región.

No podía faltar el agradecimiento por su gestión a la directiva saliente encabezada por Juan Carlos Latorre como presidente.

El evento contó con la presencia del presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) Andrés Pastrana, el expresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, autoridades de la CDU, de la KAS y del Partido Popular Europeo, así como de parlamentarios de Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay.

La ODCA es pasado, presente y futuro

La ODCA cumple 75 años y, con sus 35 partidos de 26 países, sigue siendo el principal lugar de encuentro para los partidos políticos inspirados en el humanismo, la libertad y la democracia. Así, está llamada a ser la alternativa natural al socialismo populista y bolivariano promovido por el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla.

Mariana Gómez del Campo está lista para liderar la nueva etapa. La diputada y secretaria internacional del PAN representa un cambio generacional y un perfil mucho más cercano a las nuevas formas de comunicación política. Así representa, a la vez, continuidad y cambio. O, como lo recogía uno de los paneles del evento, «ODCA: Mismos valores, nuevos desafíos, nuevas respuestas». 

Las elecciones no son todo en la democracia, pero ciertamente sin ellas no hay democracia. No son un mal necesario, sino un elemento que define la calidad democrática y el elemento clave que dota de legitimidad a las autoridades. Lo mismo aplica a las campañas electorales. La gente no vota solamente por la campaña, pero sin una campaña electoral profesional y bien planteada, difícilmente se gana en democracia.

El punto de partida de esta edición especial de DIÁLOGO POLÍTICO es la colección de podcasts EN CAMPAÑA publicada durante 2021 en colaboración con MAS Consulting de España. En dicha colección se recorren diferentes aspectos de las campañas electorales, sus problemas y desafíos para el futuro.
Los textos que aquí se presentan abordan las diversas áreas que componen una campaña electoral y complementan y profundizan aquellas reflexiones:

-¿Cómo se construyen los liderazgos, en especial el femenino, en tiempos de desconfianza?
-¿Qué rol tiene la investigación electoral en la planificación de la campaña y la corrección de errores?
-¿Cómo serán en el futuro las campañas, las encuestas y la construcción del mensaje? En este sentido, ¿qué rol ocupará el arte de contar historias?
-¿Cuál será la relevancia de las redes y la publicidad?
-Y finalmente, ¿cuál será el rol del periodismo y la gestión de los medios?

Con este número especial de DIÁLOGO POLÍTICO se confirma un cambio conceptual importante de las ediciones especiales. Ya no están centradas en contenidos asociados a la coyuntura, sino en textos que se mantendrán vigentes por un período más extenso. Esperamos que se conviertan junto con los podcasts, en insumos de utilidad para quienes están en la actividad político, especialmente de cara a sus campañas electorales.

El capítulo final nos muestra que algunos desafíos de las campañas electorales son de larga data y que podemos aprender de aquellos precursores de nuestros tiempos. La demagogia y el intento de manipulación de la opinión pública con diferentes artilugios ya eran usuales hace casi dos milenios.

La democracia está y estará siempre en debate, enfrentada a sus propias debilidades y a las tentaciones populistas y auticráticas. Estas ofrecen prescindir de los partidos políticos y saltearse la institucionalidad, a cambio de un engañoso vínculo directo entre líderes y el pueblo por fuera de los canales institucionales.
Las campañas electorales limpias, transparentes y honestas aseguran la legitimidad de los gobernantes.

En este sentido, un especial agradecimiento al equipo de MAS Consulting en la realización tanto de los podcasts como de esta edición especial.

DIÁLOGO POLÍTICO, en el marco del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, ofrece un ámbito de discusión y propuesta. Desde allí, conectados y comprometidos con la libertad de los individuos en una sociedad fundada en el Estado de derecho, queremos hacer nuestro aporte.

Sebastián Grundberger
Director del Programa Regional

Partidos Políticos y Democracia en América Latina
Fundación Konrad Adenauer

Manfred Steffen
Jefe de redacción
DIÁLOGO POLÍTICO

El multilateralismo constituye hoy en día uno de los principales frentes para actuar de manera coordinada en la era digital. La participación de los Estados, junto a otros actores, se torna necesaria para un nuevo multilateralismo que debe fortalecer el escenario online a fin de que más personas en el mundo gocen de sus bondades y, además, para enfrentar de la mejor manera los riesgos que van surgiendo. Se requiere un nuevo enfoque, que recoja las particularidades del siglo XXI y que también responda a las necesidades de las regiones y a las demandas de sus poblaciones.

La era digital ha proporcionado un sinnúmero de beneficios a nuestras sociedades y a los individuos. Internet fue creada como una herramienta para servir a la humanidad. Hemos visto cómo las libertades y derechos de las personas se han fortalecido al verse amplificadas sus voces, al democratizarse la información y fomentarse la fiscalización y la participación ciudadana. También hemos visto procesos notables de transformación digital desde las entidades públicas, que van marcando la pauta y convirtiéndose así en modelos a seguir.

Desinformación, discursos de odio y polarización

Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto además que esta misma era digital nos presenta nuevos desafíos, que van acordes a la revolución tecnológica y a la mayor conectividad de las personas. Cada vez se escuchan con mayor frecuencia las alertas frente a los riesgos que van surgiendo en la arena online: la desinformación, los discursos de odio y la polarización política que se agudizan en la red. Son problemas transversales a toda sociedad y que cruzan fronteras, en un mundo globalizado, interconectado e interdependiente. Lo vemos con gran crudeza en contextos electorales y en procesos de participación democrática. Y lo hemos vivimos de manera dramática durante la crisis sanitaria por el covid-19, que aún no termina.

En todos los escenarios, la desinformación online constituye un gran problema que debemos saber enfrentar sabiamente. Conocemos su efecto tóxico, cuyas consecuencias pueden ser nefastas y de gran impacto: traicionar la verdad, bloquear la capacidad de raciocinio de los individuos, generar desconfianza, manipular a la población, cuestionar autoridades e instituciones, incitar el odio, caos y sublevación, hiperpolarizar a la población, entre otras. Situaciones que atentan contra la convivencia democrática, la gobernabilidad y afectan la seguridad de las personas.

La solución no es única ni rápida. Tampoco hay una fórmula mágica. Siempre he considerado que esta debe darse de manera articulada y equilibrada entre las múltiples partes interesadas. Y es así como hemos visto respuesta desde distintos frentes: 1) la sociedad civil y ciudadanía, 2) las corporaciones de tecnología, 3) la prensa y fact-checkers, 4) los gobiernos.

Enseñar a interactuar

Como se ha señalado, Internet es una herramienta y como toda herramienta requiere de un manual de uso. Esta es una premisa importante. Hoy la población global conectada a Internet alcanza al 62,5%, unos 4950 millones de personas. Cada día se despliegan más esfuerzos por conectar a más personas, pero es necesario también enseñarlas a ser ciudadanos digitales responsables.

No se trata de aprender a usar un programa o aplicativo específico. Se trata de enseñar a interactuar en un escenario online en constante cambio. Y eso supone aprender a cuidar la seguridad, privacidad e identidad. También a ejercer las libertades online con responsabilidad, respeto y tolerancia. En consecuencia, es necesario aprender a usar esta herramienta y no usarla al antojo de cada uno sin manual ni instrucciones.

Es principalmente el individuo quien contribuye en la espiral de desinformación. Por esa razón se requiere de su buen accionar y su juicio crítico para determinar cuándo un hecho es real o no y, por ende, cuándo compartir o no el contenido.

Alfabetización mediática

Desde la sociedad civil se han visto grandes esfuerzos. Democracia Digital, organización que dirijo, ha sido testigo de numerosos proyectos digitales de toda América Latina y el Caribe que compitieron recientemente en la primera edición del Premio Latinoamericano Democracia Digital. Es alentador ver que hay mayor preocupación por fortalecer las habilidades digitales y también por reforzar la alfabetización mediática e informacional (AMI).

Desde las corporaciones de tecnología se han desplegado múltiples acciones, que han sido más notorias en tiempos de elecciones y, sobre todo, durante la pandemia por covid-19, con el propósito de combatir información falsa, moderar contenidos, generar advertencias, verificar hechos, orientar a usuarios, apoyar la labor fact-checking, entre otras.

No obstante, siempre quedará la sensación de que las corporaciones aún tienen mucho por hacer, considerando su grado de responsabilidad frente a estos temas. Muchas de las grandes big tech han firmado compromisos para velar por acciones efectivas. Sin embargo, no todas las corporaciones están igualmente comprometidas. En los últimos meses, expertos y organizaciones han advertido del uso de Telegram (chat de mensajería) como instrumento que podría alimentar la desinformación. Esto, debido a que propicia comunidades de gran alcance —con más de 200.000 personas— sin haber activado mayores medidas para contrarrestar este riesgo.

Las acciones de parte de la prensa y los fact-checkers son cada vez más relevantes. Se han creado comités de verificación de hechos a través de redes globales y también a nivel local dentro de los países. Es una tendencia que ayuda en los procesos de discernimiento de la veracidad de los contenidos que circulan en las redes. Es un trabajo que requiere tiempo y una metodología. Además de coordinación entre agencias, prensa, expertos y fuentes oficiales.

Rol de los gobiernos

Los gobiernos, por su parte, también han implementado diversas medidas. No obstante, muchas veces se han tomado tardíamente y han carecido de impacto. En términos generales, se han habilitado canales de información online y se ha puesto en alerta sobre las falsedades que circulan. En algunos países que han experimentado elecciones recientemente, se han creado comités especializados de fact-checking. Incluso se han firmado acuerdos con las principales corporaciones de tecnología.

Una debilidad en muchos países —quizás es más evidente en América Latina y el Caribe— es la labor de los legisladores o parlamentarios en este ámbito. Son pocos los esfuerzos que se destacan desde el marco legal para combatir la desinformación y los discursos de odio.

En algunos países de esta región hay que tener especial cuidado en este campo, porque existe el riesgo de que otros derechos o libertades sean vulnerados, considerando dos aspectos: 1) La carencia de conocimiento y expertise de los legisladores en ciertos países, encargados en regular estos temas. Los representantes del Legislativo requieren, además, una formación permanente que muchas veces no la obtienen. Así también, tienen el deber de escuchar la opinión de los expertos en la materia, quienes muchas veces son ignorados. 2) La tecnología avanza muy rápido y su permanente regulación podría afectar el desarrollo del ecosistema digital o entorpecer procesos a través de la excesiva burocratización.

Trabajo multilateral

Y es aquí, frente a estas carencias, cuando se aprecia la inmediata necesidad de reforzar el trabajo multilateral entre los Estados y otros actores comprometidos. Y de generar acciones e instrumentos que sirvan como marco referente para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales y mitigar sus riesgos. Un ejemplo de ello es la reciente aprobación de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE).

En el ámbito de las Naciones Unidas, en setiembre de 2020 se aprobó la Hoja de Ruta en Cooperación Digital, impulsada por el secretario general, Antonio Guterres. Esta incluye a la desinformación y los discursos de odio como dos de los principales desafíos de la digitalización. Previamente se estableció un Panel de Alto Nivel sobre Cooperación Digital, que tuvo a cargo la elaboración del informe La era de la interdependencia digital a través de un diálogo global de las múltiples partes interesadas.

Asimismo, recientemente más de 60 países suscribieron la Declaración sobre el Futuro de Internet, un compromiso no vinculante, que reafirma: «Nos une la creencia en el potencial de las tecnologías digitales para promover la conectividad, la democracia, la paz, el Estado de derecho, el desarrollo sostenible y la de los derechos humanos y las libertades fundamentales». Asimismo, la Declaración establece: «Las plataformas en línea han permitido un aumento de la difusión de contenidos ilegales o nocivos que pueden amenazar la seguridad de las personas y contribuir a la radicalización y la violencia».

Rol de la OEA

Desde la OEA se han establecido áreas de trabajo sobre determinados temas que han desarrollado planes de acción, programas e iniciativas coordinadas con los países miembros. Dichas áreas son: ciencia y tecnología, e-gobierno, seguridad cibernética, sociedad del conocimiento y telecomunicaciones (Ford, 2020). Sin embargo, es muy poco aún lo que se ha hecho en la arena de la desinformación online y los derechos digitales.

Del 6 al 12 de junio próximo se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la IX Cumbre de las Américas —instancia en el seno de la OEA—. Este espacio puede ser idóneo para poner en agenda estos temas y empezar a dar forma a nuevos pasos sobre el futuro de Internet. También para diseñar acciones para fortalecer su alcance, hacerlo más inclusivo y también prevenir sus efectos de manera anticipada y coordinada.

Es importante avanzar hacia un multilateralismo desde el hemisferio interamericano que sea más activo y vinculante en los temas relacionados con los procesos de digitalización y sus desafíos. La revolución tecnológica avanza muy rápido; en consecuencia, permanentemente traerá nuevos retos que atender. Por esa razón, el nuevo multilateralismo del siglo XXI, junto con la acción comprometida de las múltiples partes interesadas, debe ser visionario para actuar de manera rápida y efectiva, salvaguardar el ecosistema digital y, principalmente, privilegiar el bienestar de las personas y el progreso de los Estados.

Referencias

Ford, Elaine. (2020). «Un nuevo multilateralismo para enfrentar los retos de la digitalización». En Multilateralismo perspectivas latinoamericanas (pp. 155-156). Panamá: KAS ADELA.

UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation. (2019). The age of digital interdependence.

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• Las redes, la guerra y el enjambre. Adriana Amado
• La desinformación y las fake news en tiempos de covid-19. Elaine Ford
• ¿Cómo lidiar con la desinformación? Franco Delle Donne

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El 8,6 % es el nivel de circularidad que alcanzó el planeta en 2022, lo que representa una caída del 5 % respecto de 2018, a pesar de los esfuerzos internacionales para acelerar la transición desde el actual modelo lineal hacia uno circular. Las razones de esta disminución pueden atribuirse a múltiples causas, pero, principalmente, a la incapacidad de pasar del discurso a la acción, de la evidencia científica a la transformación, y de reconocer que el modelo que permitió generar riqueza en el siglo XX no es compatible con el hecho de que tenemos solo un planeta donde vivir.

Algunas personas argumentarán que este retroceso en la circularidad está influenciado por el cambio de prioridades producto de la pandemia. ¿Qué duda cabe? Sin embargo, las nuevas urgencias que siempre surgirán en un mundo complejo e incierto no evitaron que nuestros ecosistemas siguieran degradándose en este periodo o que muchas regiones agudizaron sus fracturas económicas y sociales. Las excusas solo agravan la falta de claridad política en todos los niveles y tipos de instituciones.

Para países como Chile, el desafío es entender cómo resignificar su camino al desarrollo, pensando en la regeneración y restauración de los sistemas socionaturales, apostando por la generación de valor económico, social y medioambiental, donde el modelo de economía circular debe ser su piedra angular. Tenemos una ventana de oportunidad única para ser referentes en la transformación del modelo económico de la humanidad, porque lo que se juega es nuestro futuro como especie.

Para avanzar, debemos asumir que, a pesar de nuestras legítimas diferencias, tenemos que lograr un acuerdo nacional para implementar los cambios necesarios que permitan transformar la economía del país hacia una que genere triple valor. En esto no podemos fallar y cualquier otra respuesta será cortoplacista y tremendamente costosa para una nación que está expuesta ambiental, económica, social y políticamente al mundo.

Este acuerdo nos permitirá pasar a la acción de forma sistémica y colaborativa, orientando las políticas públicas de forma articulada para apoyar el cambio que se requiere en las actuales industrias, como también para impulsar otras que tengan el gen de la circularidad desde su diseño. Asimismo, la investigación científica e innovación tecnológica en el país podrán contar con un marco estratégico de largo plazo, que permita que el anhelado impulso hacia el 1 % del PIB en I+D+i encuentre una clara orientación hacia el desarrollo sustentable.

En el mismo sentido, las empresas podrán avanzar hacia la necesaria cooperación con el Estado, la academia y los propios territorios para desarrollar nuestro país. Tenemos sectores económicos que jugarán un papel clave en la transición hacia las energías limpias en el planeta, pero deberán hacerlo neteando a cero sus gases de efecto invernadero y aumentando la generación de valor social y ambiental en las regiones en las cuales desarrollan sus actividades. No existe otro camino si queremos aumentar la legitimidad social de las empresas, porque para una parte creciente de la sociedad ya no basta con que solo generen empleo.

Así, en este Día del Planeta, el llamado es a comprender que este no es un desafío de las generaciones futuras, sino de las actuales. Somos nosotros los que sentiremos las consecuencias de nuestra falta de compromiso y acciones concretas. Por lo tanto, debemos pasar del discurso a la acción: no basta con que nuestro planeta sea redondo, debe ser imperiosamente circular.

Publicación original en el diario El Mercurio, Chile, 22 de abril de 2022

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La estrategia de la libertad responsable fue el eje de la política del gobierno de Uruguay para transitar la pandemia por coronavirus. Estuvo tensionada al máximo por un imprevisible contexto. Fue cuestionada, criticada y discutida. Como dice Daniel Supervielle, «el país atravesó momentos difíciles, pero ni en el peor de ellos el presidente dejó de mencionarla y decir que allí, en esa bandera, estaba el rumbo que él iba a seguir y nunca abandonar para cruzar la tempestad».

¿Por qué esa creencia tan férrea en la libertad? ¿De dónde viene esta forma de pensar y enfrentar este problema de magnitudes nunca vividas en el país?

Este libro pretende responder estas preguntas y disparar una discusión interesante sobre cómo fue el duro camino de la pandemia, el rol de la administración de Luis Lacalle Pou y, por qué no, algunas ideas para el futuro del Uruguay después de esta prueba retadora.

Aprovechando el proceso de retroceso que vive la democracia liberal, asistimos a una coyuntura donde el descrédito del modelo democrático occidental tiene lugar no solamente en los desencuentros entre las instituciones democráticas y sus representados, sino en la narrativa proveniente de regímenes autoritarios y antidemocráticos.

El gobierno chino divulgó el reporte China: democracia que funciona (documento blanco o White paper en inglés), donde presenta su «versión de la democracia», en un esfuerzo de mercadeo político que fue interpretado como una señal de protesta por su exclusión de la Cumbre por la Democracia convocada por los Estados Unidos a finales de 2021.

¿Qué nos dice el «modelo chino» de democracia?

Este artículo busca hacer un análisis del White paper para poner en discusión la visión sobre la democracia. Para ello, nos permitimos mirarlo desde tres categorías fundamentales que desarrollaremos más adelante: (1) la concepción sobre la democracia, (2) el rol del partido, y (3) el protagonismo del pueblo. El documento blanco tiene las características de una contra-ofensiva discursiva. Es una suerte de reclamo sobre la interpretación errada que se ha hecho del modelo democrático chino.

El texto esgrime que China ha estado haciendo un esfuerzo sostenido por consolidar su versión de la democracia, mientras apunta hacia el fracaso de las otras democracias que han sido incapaces de procurar el bienestar de sus pueblos. Sin embargo, esta argumentación sobre lo que se concibe como democracia en China contrasta, no solamente con la experiencia histórica del modelo, sino con la propia realidad en China. La aspiración del régimen político de convencer que existe una asociación entre la idea de democracia y el régimen político chino carece de evidencia, por lo que el documento parece más un esfuerzo de propaganda camuflajeado como declaración de principios.

[Lee también: El arte de hacer amigos. Cómo el Partido Comunista Chino seduce a los partidos políticos en América Latina]

.A primera vista, China  está tratando de definir su versión de la democracia a partir del sistema político que ha construido.[1] La crisis de des-democratización se ha convertido en una oportunidad para los regímenes autoritarios de reescribir su historia. En el caso de China, ya no se trata de exportar la revolución, o de imponer el socialismo, sino de la legitimación de un régimen autoritario por vía de la erosión democrática de Occidente.

La misión de los regímenes autoritarios contemporáneos es convencer de que las democracias liberales han fracasado y que son los regímenes iliberales quienes encarnan la verdadera democracia. En este sentido, el documento es revelador, pues al insistir en el «proceso integral de democracia popular», el rol del Partido Comunista Chino (PCC) como instrumento fundamental de control social queda refrendado a lo largo de todo el discurso. Esta es una declaración de supremacía del partido sobre el pueblo.

La concepción china de la democracia

La «democracia china» apela a los valores humanitarios, esenciales en cualquier sistema de organización social; son un elemento transversal en el documento. En su intento por convencer sobre la idoneidad de la democracia china, lo que en realidad procura es vaciar de contenido la noción de democracia contemporánea. Intenta justificar que el modelo chino encarna a la verdadera democracia, mientras que las democracias liberales son corruptas y no representan su verdadera naturaleza. Es un intento por reescribir el concepto de democracia para adaptarlo al modelo chino de autoritarismo.

El documento justifica esta aproximación fluida al señalar que la democracia no debe estar sujeta a estándares porque se trata de un proceso flexible que se va construyendo sobre la marcha, debido a que no se encuentra preestablecido, porque de lo que se trata, en realidad, es de la «diversidad democrática». Esta ambigüedad discursiva es intencional, pues sobre esa abstracción cualquier rasgo institucional tiene sentido en un modelo que no es estático desde el punto de vista normativo. El documento aclara que se trata de una dictadura democrática popular, en donde la unidad se construye a partir de la amalgama entre dictadura y democracia.

[Lee también: ¿Nuevo orden bajo el auspicio de China? La economía latinoamericana en el mercado global]

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El rol del partido

La «democracia china» es un constructo del PCCh. El partido constituye el eje de la vida en China, toda la estructura social está construida sobre la base de la intervención del partido. El PCCh se concibe como el órgano ejecutor de toda política pública, un aparato de centralización de las decisiones políticas.

El documento deja claro que en China no hay partidos de oposición, por lo que no se trata de una democracia competitiva. Además del PCCh, hay ocho partidos políticos que lo acompañan en una red de cooperación. Estos partidos cumplen dos funciones críticas para el régimen político. Por una parte, le permiten al PCCh descentralizar la función de control político territorial, que es una necesidad en un país con más de 1.400 millones de habitantes. Por la otra, son organizaciones intermediarias de alcance local y regional, que sirven de aparato de monitoreo y control político y social, que le reportan al PCCh.

En China, la legitimidad proviene del PCCh, refrendada en una resolución emitida por el Comité Central en noviembre pasado sobre los alcances históricos del partido. El objetivo de expansión de los mecanismos partidistas por encima del Estado —enunciado en dicha declaración— se encuentra acentuado en el documento blanco.

Lejos de ser un sistema multipartidista, la hegemonía del PCCh es incuestionable. Además, no se trata de un partido de masas; por el contrario, es un partido de élites si nos atenemos a las características de su membresía. Esta, a diferencia de partidos democráticos, debe ser sometida para la aprobación de la jerarquía del partido, en un proceso que puede tomar años.

La organización del partido contempla una estructura piramidal donde estas élites tienen el verdadero poder de decisión, por encima de cualquier otra institución política, aun cuando apenas representa cerca del 7% de su población.

El protagonismo del pueblo

El pueblo es el eje del modelo, en teoría. La definición de «amos del país» sitúa al pueblo como elemento esencial de la democracia china. Sin embargo, en el discurso también se advierte que la concreción del bienestar al que aspira esta democracia pasa por el fortalecimiento del partido, de manera que el pueblo termina siendo un elemento auxiliar de esa pretensión. El pueblo es visto como un vehículo, pero el fin último es el fortalecimiento del modelo a través del partido, que es el verdadero eje del sistema.

La mejor aproximación al rol del pueblo en el modelo de democracia china es la referencia a una construcción social que no reconoce el valor de sus individuos —en una clara alusión a las debilidades de la democracia liberal—. La insistencia sobre las bondades de un sistema popular donde el partido —y no el pueblo— es el protagonista y actor decisor de la vida de más de mil millones de habitantes, es el reconocimiento de la anulación del pueblo en la ecuación del poder.

Reflexión final

Estamos frente a una práctica que no se limita a China y que, a todas luces, les plantea un reto adicional a las democracias en crisis. No se trata tan solo de recuperar el terreno perdido en materia de protección de instrumentos e instituciones democráticas. Sino, además, de contrarrestar una narrativa anclada en prácticas de desinformación que está influyendo sobre la percepción global acerca de las causas del deterioro de la democracia.

El debate abierto por China obliga a insistir en su falta de valores y prácticas democráticas. Es decir, en la ausencia de democraticidad, por lo que el fondo de la discusión debe partir de la rigurosidad conceptual que el estiramiento chino intenta evadir. No se trata de reducirlo a un problema cultural. Las experiencias en Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur señalan que la democracia no es ajena a sociedades donde el confucianismo, por ejemplo, ha ejercido influencia.

Finalmente, este debate presenta la doble oportunidad para discutir los valores políticos y epistemológicos de la democracia, dejando claro que los estiramientos conceptuales deben ser señalados y confrontados con la realidad.

[1] El documento dice: «La democracia popular de proceso integral comprende la democracia orientada al proceso con la democracia orientada a los resultados, la democracia procedimental con la democracia sustantiva, la democracia directa con la democracia indirecta y la democracia popular con la voluntad del Estado. Es un modelo de democracia socialista que abarca todos los aspectos del proceso democrático y todos los sectores de la sociedad. Es una verdadera democracia que funciona».

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Las redes y la esfera pública

Una lectura superficial de la reacción a la compra de Twitter por el magnate, creador y personalidad canadiense-sudafricana Elon Musk parece indicar que se trata de la invasión de hordas bárbaras o, peor, de vulgares comerciantes, a los sagrados y neutrales espacios del ágora ateniense. Pero ¿es que acaso han sido eso las redes sociales?

La formación de la era digital y la sociedad red no es el primer momento en que la interacción de medios, la tecnología y la interacción entre información y opinión retaron antiguas formas de socialización. Desde el advenimiento de la imprenta, y con la industrialización y la cultura de masas, la relación entre poder y mecanismos de comunicación colectiva ha sido un hecho dado.

La competencia de grandes medios por lectores y por anunciantes fue crucial para empujar los avances tecnológicos de la era. De Pulitzer y Hearst con sus prácticas de escándalo, pasando por la era de las grandes instituciones mediáticas de referencia en prensa y televisión privadas o públicas alrededor de las cuales se instituyeron los estándares tradicionales, a los tiempos de la hipersegmentación de mercados y conglomerados privados de comunicación global liderados por figuras como Turner, Murdoch y Bloomberg.

La internet no creó el amarillismo, ni la crisis del mundo impreso, ni la multiplicación de escándalos, ni el ciclo noticioso de veinticuatro horas, pero coincidió con un proceso de debilitamiento de los medios tradicionales. Esto lo reconocemos en la reticencia que nos produce la incidencia en medios de Jeff Bezos, con su compra del Washington Post con la fortuna de Amazon; o de Mark Zuckerberg, cuyos algoritmos determinan la dinámica de millares de medios de comunicación desde plataformas como Instagram, Facebook y WhatsApp.

El proceso de debilitamiento de los medios tradicionales y sus guardianes periodísticos, y con esto de sus estándares de moderación editorial, venía ocurriendo desde el siglo pasado. Sin embargo, la promesa de una nueva era de participación y transparencia que vendría con la red hoy es juzgada retrospectivamente como un error de vieja candidez.

Los nuevos medios son plataformas de contenido estructuralmente acomodadas hacia el escándalo y la polémica. La adicción de estímulos inmediatos, promovidas por incentivos económicos de rentabilidad publicitaria en un mercado de audiencia precario: indígnate y cliquea.

La apuesta de Musk

Justamente, el episodio de Musk revela eso con crudeza. En primer lugar, desnuda el hecho de que uno de los más influyentes espacios digitales no es un lugar público de encuentro de individuos, sino que es —siempre ha sido— una empresa privada susceptible de ser adquirida, dividida y disuelta.

Sin duda, Twitter es intelectual, política y periodísticamente influyente, y determina con el aporte de sus millones de usuarios, de todas las esferas de la vida, el tono y la agenda coyuntural de la conversación global: ser tendencia y marca es más que un medio, es una meta.

Pero se trata, además, de una empresa económicamente vulnerable: aunque Musk ha comprado Twitter por un monto casi doscientas veces mayor que el que Bezos necesitó para adquirir el Post, esta plataforma es una pequeña empresa de baja rentabilidad. Creada por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams como una herramienta de mensajería instantánea y microbitácoras, no ha funcionado con toda la potencialidad de negocios y participación como red social que tienen algunas empresas similares. Cuenta con poco menos de 500 millones de usuarios mensuales, frente a los 2.500 millones de YouTube o los 3.000 millones de Facebook, por no hablar de Instagram, TikTok, WhatsApp y muchas otras, circunstancia a la que se suma una historia de pérdidas financieras en la última década y media.

Esto hace que la colosal ingeniería financiera de la oferta hecha por Musk sea también paradigmática de nuestro tiempo. Uno de los hombres más ricos del mundo no podía simplemente hacer una transacción personal por 45.000 millones de dólares, atada su fortuna a los designios de los accionistas de sus múltiples empresas: consiguió armar un portafolio de complejos créditos bancarios de parte de instituciones transnacionales como Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, Société Générale, Mizuho Bank y BNP Paribas, y presentó además como colateral sus propias acciones en Tesla, compañía que sufrió pérdidas en la bolsa tras el anuncio de la adquisición. Con todos sus problemas financieros previos, la compra impone sobre Twitter una carga de acreedores que se prolongará por años. ¿Por qué, entonces, asumir este riesgo?

Aquí debemos pensar en lo que mueve a una figura como Musk. No se trata de un mero empresario, no solo por la escala de su fortuna, sino por la impresión de su personalidad que le llevó a ser declarado «persona del año» por la revista Time en 2021.

Educado en física y economía, es un promotor audaz de innovaciones en tecnología de punta: interacción comercial digital sin intermediación bancaria con PayPal, vehículos eléctricos y automáticos con Tesla, viajes espaciales y colonización interplanetaria con SpaceX, inteligencia artificial y neurociencia con Neuralink, energía y minería con SolarCity, Tesla Energy y Boring Co. Se trata de emprendimientos y adquisiciones que pueden impactar positivamente el futuro de la humanidad, empujando hacia avances necesarios que la estructura de empresas tradicionales en esas industrias puede inhibir. Sin duda, Musk cruza constantemente la delgada línea que separa el liderazgo inspirador de la megalomanía.

Temores y riesgos

Esto es así porque Musk suscita dudas con respecto a su madurez y templanza, dado su gusto por polémicos llamados de atención y controversiales opiniones fuera de sus áreas de conocimiento técnico. Sobre el coronavirus, criptomonedas, los derechos de los transexuales, las protestas de camioneros en Canadá, el feminismo, la familia y el decaimiento demográfico, sin pararse en barras para poner en duda los criterios de figuras de autoridad pública. En sí mismo, esto no debe llamar a escándalo, ya que todos deberíamos gozar de esta libertad. Pero la posición de Musk es peculiar: no solo tiene decenas de millones de seguidores, sino que además es un usuario activo de la plataforma, con un tono entre irreverente y desfachatado que imprime a sus numerosas apariciones públicas. ¿Qué puede hacer Musk, como dueño de Twitter, que no haya hecho ya? ¿Ha estado inhibido?

El objetivo ostensible de la operación de Musk presenta dos ámbitos de cambio: sobre el modelo de negocios de la plataforma y sobre su dirección editorial. Sobre lo primero, apunta a un modelo de suscripción que obligue al menos a las cuentas de mayor alcance y seguidores a pagar por los servicios de la herramienta. Sobre lo segundo, ha prometido la eliminación de cuentas de bots y otros medios de propagación masiva automática, la imposición de un algoritmo más transparente. Estos procesos podrían llevar, en teoría, a disminuir las tendencias extremistas, de desinformación y discurso de odio que para muchos caracterizan a la plataforma, ante las cuales sus dueños anteriores buscaron eliminar de manera individual, bloqueando a usuarios como Donald Trump o cuentas vinculadas con la conjura de QAnon.

Un modelo tecnológicamente complejo y económicamente costoso, desvinculado de la publicidad, filtraría a usuarios comunes y corrientes y haría menos atractivo el extremismo. Para algunos críticos, esta es una promesa mendaz: al pintarse como campeón absoluto de la libertad de expresión, Musk suele polemizar con quienes presenta como ilegítimos guardianes de la opinión: ya la hipocresía liberal o el progresismo woke. Su heterodoxia lo ha llevado a utilizar, como usuario de Twitter, métodos posmodernos de comunicación, como los memes, que suelen ser identificados con el autoritarismo de derechas, aunque Musk pueda ser más bien identificado con el utopismo libertario anarcocapitalista que caracteriza a los líderes tecnológicos.

Sin llamarnos a engaño, los millones de usuarios de la internet, y específicamente de las redes sociales, debemos reconocer que no son espacios públicos imparciales y objetivos, sino que son compañías con naturales sesgos editoriales. No hay realmente medios digitales públicos, siendo que las plataformas estatales se encuentran mediadas por su interacción dentro de las herramientas que dominan la red y compiten ya de entrada con una enorme desventaja.

No deja de ser paradójico que, si bien la internet creció desde los laboratorios con subsidios estatales, hoy se proyecta en pantallas privadas tras crecer en una era de regresión gubernamental. Hoy, la arquitectura libre de internet depende justamente de esa constatación.

Con todo, la influencia de las redes sociales, hoy tan criticada, depende del contexto. Sin duda la desinformación y el extremismo son elementos que pululan en estas plataformas; pero ellas sirven también para la propagación de mensajes e interacción de individuos contrarios a los poderes establecidos, a veces como única herramienta frente a gobiernos autoritarios.

Esta esperanza acrecienta la incertidumbre provocada por las acciones de Musk: no hay realmente alternativas viables donde millones de personas, especialmente en contextos autoritarios, puedan construir redes y relaciones de la noche a la mañana si Twitter desaparece por los errores o la voluntad de unas pocas, aunque titánicas, personalidades.

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Cada 9 de mayo, nosotros los europeos celebramos el proyecto común, la ilusión de compartir un entorno sociopolítico y económico que vive en paz y con un razonable sentido de la unidad.

Cuando en 1950 Robert Schuman pronunció la declaración propositiva de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pocos adivinaban la longevidad y el éxito de la actual Unión Europea. Porque es una historia de éxito, aunque desde 2008 sale de una crisis para entrar en otra.

La gran recensión económica de la zona euro inaugura un periodo de quiebras en el consenso europeo con hitos concretos, como la anexión ilegal de Crimea, la llegada de refugiados sirios y afganos, la irrupción del trumpismo, el desgajo del brexit, el impacto de la pandemia y, ahora, la guerra de Rusia contra la arquitectura de seguridad y los principios democráticos del continente.

Y a todo esto ha sobrevivido. Por eso, estoy persuadido del éxito del proyecto y de la necesidad de avanzar en dos grandes líneas estratégicas para poder celebrar otros 72 años de vida.

Proyecto político

La primera dimensión es el proyecto político. No puede constituirse la ilusión europea sobre una retórica de mercados. Necesitamos ideas políticas que avancen en la ciudadanía europea y en los numerosos retos de la gobernanza global. El cambio climático, el respeto a las minorías, la transformación digital, la transición energética o la unidad fiscal son decisiones estratégicas que construyen una identidad. Por eso, hay que impulsar una idea europea, o varias, que conversen en el espacio público y promuevan un debate sano sobre qué Europa queremos legar a nuestros hijos.

La Unión Europea tiene fama de entorno burocrático y accesible solo para un grupo selecto de académicos, periodistas y clase política. Así no podremos transmitir la pasión y la ilusión por avanzar juntos en este continente de paz. El tibio avance del Parlamento Europeo hacia las listas transnacionales es un buen comienzo para pensar que nuestras disputas son europeas, no meras conversaciones locales.

Esta esperanza cosmopolita es la única alternativa al creciente proceso de desglobalización. Está por ver qué líderes europeos están dispuestos a avanzar en esta senda. El canciller alemán Olaf Scholz carece del peso específico y está aún digiriendo el peso del legado de Angela Merkel. El francés Macron aspira a un liderazgo jupiterino. Está por ver cómo puede conectar con la opinión pública europea desde el Instagram del Eliseo.

Los líderes de Hungría y Polonia no parecen interesados en conseguir estos avances, sino en reforzar políticas nacionales dentro de la seguridad jurídica europea. Emergen otros liderazgos posibles en España, Italia, Irlanda o Países Bajos, que conectados entre sí pueden constituir una oportunidad para conexiones alejadas de la tradicional línea Berlín-París. En la actual sociedad red, estas conexiones en los márgenes pueden ganar peso y revitalizar el proyecto europeo.

Trascendencia internacional

La segunda clave es la transcendencia internacional y está inexorablemente ligada al proyecto político y a la actual estructura del poder internacional. Rusia ha declarado la guerra al orden liberal y Ucrania solo es el comienzo de una revisión de las estructuras de poder y los valores que le sostienen.

El trumpismo ha debilitado el vínculo transatlántico y no es tan fácil recuperar el tiempo perdido, sobre todo por la obsesión norteamericana por pivotar hacia el Asia Pacífico. Allí China quiere imponer su hegemonía y contestar el papel de las instituciones multilaterales heredadas de la Segunda Guerra Mundial.

Europa no es capaz de ofrecer un proyecto sólido para los países africanos. Estos necesitan inversiones y proyectos a largo plazo, claves del crecimiento chino en el continente.

Algo parecido sucede en América Latina, tantos años relegada por la acción europea a un segundo lugar. La agresión rusa ha facilitado el despertar de la Unión Europea que aspira y se presenta a ser un poder geopolítico, esto es, algo más que un poder normativo sobre el mercado de 450 millones de consumidores. Lo veremos pronto, porque el éxito a medio plazo consistirá en dar contenido real a la autonomía estratégica europea, revisar las relaciones con la OTAN, atender la demanda de democratización en el Mediterráneo y el norte de África, así como otros territorios como el Indopacífico, cuya evolución es ahora una incógnita. Para eso, la Comisión Europea tendrá que afinar su perfil en política exterior y seguridad.

Los líderes europeos tendrán que asumir la vuelta a un tiempo de inversión en defensa y ganarse la capacidad de decidir por sí solos sin dependencias atlánticas. Suecia, Finlandia o Alemania parecen haber emprendido ese camino.

La ilusión europea se asienta sobre tres vértices: democracia, imperio de la ley y derechos humanos. Y los tres valores en creciente discusión por los autoritarismos duros y blandos.

Contemos nuestra historia frente al ruido, la contaminación y la desinformación. Compartamos la experiencia de unidad y aprendamos de la (mala) lección de disociar mercado de ciudadanía. Ensanchemos las bases de una economía de mercado con respeto a los derechos laborales y medioambientales. Apoyemos a las democracias allí donde pasan dificultades. Es nuestra hora.

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La invasión a Ucrania ha trastocado el orden global. La guerra de agresión rusa contra Ucrania dañó la arquitectura europea de seguridad y paz que parecía inamovible. Para hacer frente a ello, la Unión de los partidos Unión Demócrata Cristiana (CDU) y Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) de Alemania (CDU/CSU) presentó la Declaración de Colonia «Seguridad en los nuevos tiempos», en la que llama a asumir responsabilidad y mostrar liderazgo ante el contexto hostil para la democracia y la seguridad internacional.

La discusión que promueve la CDU/CSU busca repensar la seguridad en Alemania como un valor integral en defensa de la democracia y las libertades. En palabras de Friedrich Merz, presidente de la CDU: «Queremos que el concepto de seguridad se entienda por completo. No solo en lo que respecta a la política interior y exterior, sino también en lo que respecta a la seguridad integral de los ciudadanos de nuestro país».

Diálogo Político les presenta un resumen en español y la traducción completa del documento para su discusión en América Latina.

Alemania amenazada

El documento CDU/CSU analiza la situación de Alemania, particularmente amenazada por su ubicación geográfica. Como nación industrial requiere de materias primas y productos intermedios, y fundamentalmente de energía proveniente del exterior. El problema inmediato es asegurar la continuidad del flujo de energía, pero a mediano plazo habrá que enfrentar una probable desaceleración económica. Para que Alemania pueda transitar hacia una economía basada en energías renovables deberá actuar con rapidez y contundencia. Para esto es prioritario superar la «dependencia de las importaciones de combustible fósil primario ruso, al mismo tiempo que se elimina gradualmente el carbón y la energía nuclear».

Posibilidades

El documento CDU/CSU afirma que «ningún otro país ha creado tan buenas condiciones para dominar esta reestructura [de la administración del Estado para los nuevos desafíos], esta transformación, estos desarrollos como Alemania. El Estado miembro más grande de la UE, el país económicamente líder en la zona euro, el país políticamente más estable de nuestro continente durante décadas, con una población creciente de casi 85 millones de personas trabajadoras, es una parte integral de la familia europea y occidental de democracias. Alemania puede hacer mucho más. Con una arquitectura de seguridad nueva y completa, Alemania puede garantizar libertad y autodeterminación para sí misma y para sus amigos y socios en el mundo».

[Acceda aquí a la versión completa en idioma español de la Declaración de Colonia de CDU/CSU]

Propuestas de renovación

Alemania debe afirmarse y renovarse. La Unión CDU/CSU, actualmente los principales partidos de oposición, tiene propuestas para esto:

• Independencia en la política energética, el aumento de la capacidad defensiva a través de un reequipamiento de la Bundeswehr (fuerzas armadas federales) y una comunicación clara son los pilares de estas propuestas.

• El objetivo es disminuir la dependencia y trabajar en un pensamiento global sobre la seguridad y la soberanía.

• Finalmente se pone énfasis en cambio climático y la política climática. El Acuerdo de París debe implementarse de manera consistente a pesar del cuestionamiento del orden internacional por Rusia.

Propuestas sobre seguridad

Alemania debe trabajar en los temas de seguridad desde una perspectiva global y transversal, siempre en diálogo con los vecinos y los socios estratégicos. La libertad y seguridad de los ciudadanos ocupa el lugar preponderante de las propuestas del documento «Seguridad en los nuevos tiempos».

La visión de la seguridad comprende las amenazas externas y la seguridad interior. El Estado debe asegurar la seguridad económica y social en la vida cotidiana. Esto incluye la disponibilidad de energía y tecnologías climáticas sostenibles. Y también comprende trabajar en la seguridad alimentaria.

Para lograr progresos en la investigación e innovación se propone una mayor cooperación con el sector privado y las universidades. Y en cuanto a la administración estatal el aumento de tecnologías y procesos digitales.

Como corolario de estas propuestas está el establecimiento de un Consejo de Seguridad Nacional y propuestas de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.

Compromiso y liderazgo

El documento finaliza con el llamado a asumir «el liderazgo político y una narrativa del futuro». Este liderazgo se orienta a políticas internas y al relacionamiento de Alemania con Europa y el mundo. En tiempos en que «la guerra de agresión del presidente ruso Putin contra Ucrania, que viola el derecho internacional, ha dejado en claro a todos que las democracias liberales de Europa están nuevamente bajo la amenaza militar de enemigos externos». El ofrecimiento es hacer una política sensata, resuelta y prospectiva: «como parte de una Europa soberana, Alemania puede ser el motor del cambio hacia una comunidad internacional basada en normas».

[Acceda aquí a la versión completa en idioma español de la Declaración de Colonia de CDU/CSU]

La democracia no es plena sin la prensa libre, pero las presiones del poder político, restricciones al acceso a la información, censura, impunidad y violencia muestran contextos cada vez más difíciles para el periodismo en Latinoamérica y el mundo.

La pandemia y la guerra en Ucrania, también han sacado a flote realidades que en muchos países significan un retroceso en los derechos en medio de un creciente fenómeno de desinformación.

Contexto crítico

Según la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en los últimos meses fueron asesinados 15 periodistas: 10 en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras. De ese total, 13 ocurrieron entre enero, febrero y marzo de 2022. Como dijo la SIP durante su reunión de medio año, «ha sido un semestre desolador para el periodismo».

A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa y de las tareas pendientes para garantizar el ejercicio libre de la prensa en Latinoamérica, Diálogo Político conversó con el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.

Trotti tiene amplia trayectoria en la defensa de la libertad de prensa y la formación de periodistas y ejecutivos de medios de comunicación. A continuación, reflexionamos junto a él sobre el periodismo en contextos autoritarios, la independencia de los medios y las constantes amenazas que reciben en la región.

¿Cuál es la situación de la libertad de prensa en las Américas?

RT: Estamos muy preocupados. Hay altos índices de impunidad, sobre todo en países como México donde varios de los periodistas que fueron asesinados formaban parte del sistema de protección. Pero también hay una prédica constante de parte de varios líderes políticos para desacreditar al periodismo y mostrarlo como un agente político. Me refiero particularmente a los presidentes Manuel López Obrador en México, Nayib Bukele en El Salvador, Jair Bolsonaro en Brasil, Alejandro Giammattei en Guatemala.

[Participa: hilo de Twitter sobre las tareas pendientes de la libertad de prensa en Latinoamérica]

Por ejemplo, El Salvador

Ya sea en gobiernos de derecha o de izquierda, los periodistas trabajan en contextos muy adversos y con medidas que también afectan el libre ejercicio de la prensa como está ocurriendo ahora en El Salvador…

RT: En El Salvador nuestros informes señalan la gravedad de la utilización de diferentes herramientas y tecnologías de la comunicación para hacer propaganda. Sabemos que hay más de 1.500 cuentas diferentes utilizadas por activistas y propagandistas pagados por el gobierno para contrarrestar no solamente a los periodistas críticos, independientes y libres, sino también para ir en contra de cualquier persona que pueda opinar de manera crítica, ya sea desde un partido político de la oposición, o simplemente ciudadanos en las redes sociales. El gobierno de Bukele ha utilizado el software Pegasus para espiar a medios y periodistas, algo que está totalmente prohibido por la Constitución y por los diferentes acuerdos internacionales de los que El Salvador es signatario.

En Nicaragua hay una valiente resistencia de periodistas que cuestionan el régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, la situación es tan compleja que hay un éxodo importante hacia países vecinos…

RT: Nicaragua se ha convertido en el agujero negro de las democracias de América Latina, donde el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ido en contra de los poderes constitucionales, han pateado la Constitución y utilizado las herramientas de un poder absoluto para hacer fraude en las elecciones mediante el aprisionamiento de otros candidatos. Estamos frente a una dictadura donde lo más grave fue sucediendo en forma evolutiva, sistemática y periódica. La mayoría de los periodistas que quisieron hacer un trabajo independiente tuvieron que irse del país por ser perseguidos. Hay más de 120 en Estados Unidos y muchos más en Costa Rica, adonde han debido escapar para seguir informando.

¿Cómo hacen frente los periodistas a los obstáculos que se imponen desde el poder político?

RT: En la mayoría de los países, el acceso a la información pública, pese a que forma parte de leyes que mandan a los Estados y a los gobiernos a ser transparentes, difícilmente los periodistas las pueden usar para recurrir a información, y esto es un manto de oscuridad en la región.

[Lee también: Libertad de prensa para la confianza en red]

Rol de la tecnología

En un contexto cada vez más condicionado por la tecnología, ¿qué sucede con el asedio digital a los profesionales de la prensa y los medios?

RT: Es uno de los delitos que más se está utilizando en el mundo. Prueba de ello es la guerra entre Ucrania y Rusia, donde los ciberataques de uno y otro lado están poniendo en jaque al mundo, y los periodistas y los medios no son la excepción. Y creo que esta es una de las nuevas formas operativas de censura. Ataques cibernéticos, bloqueo a páginas de Internet, como sucede en Venezuela y en Cuba, están a la orden del día.

Asesinatos, agresiones, encarcelamiento, exilio forzado, acoso judicial, estigmatización. Cada día se denuncian casos, pero la mayoría queda en la impunidad o el olvido. Recientemente la SIP lanzó una herramienta que va a ser clave para centralizar toda esta información. ¿En qué consiste el SIP Bot?

RT: Es una herramienta que hemos desarrollado con inteligencia artificial para justamente tratar de monitorear, en tiempo real, todos los temas de libertad de prensa, los protagonistas, las tendencias, tanto en inglés como en español y, en un fututo, en portugués. Creo que la herramienta es útil y será más útil cuando empiece a recoger denuncias de parte de los usuarios. El solo hecho de denunciar nos ayuda a quienes nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos para construir la historia de cómo se están dando estas violaciones.

Entonces, ¿cómo garantizar el ejercicio libre del periodismo para fortalecer las democracias de la región?

RT: Una noción importante es el valor de la denuncia, continuar ejerciendo presión desde el periodismo sobre todos aquellos hechos que no permiten que el periodismo sea libre, independiente y fiscalizador. No se puede perder la perseverancia del trabajo investigativo porque eso es lo primero y más importante para iluminar a la sociedad. Segundo, construir un periodismo sobre la base de una solidez económica que es necesaria para la independencia.

Acesse a versão em espanhol.

A Europa ainda é a que conhecemos. Mais cinco anos de governo Macron dão importantes garantias de estabilidade em tempos conturbados. Que impacto sua vitória pode ter nas relações da França com países-chave como Alemanha e Rússia? O que teria significado para a União Europeia o triunfo eleitoral da “eurocética” Marine Le Pen?

Duas visões da Europa

“Essa é uma eleição a favor ou contra a União Europeia”, assim classificou Emmanuel Macron (A República em Marcha) as eleições presidenciais da França celebradas em 24 de abril. Sua reeleição, com 58,55% dos votos válidos, foi recebida com alívio pelas lideranças da União Europeia (UE), que viam com apreensão uma possível vitória da populista de direita Marine Le Pen (Reagrupamento Nacional).

De fato, o amplo espectro de posições antagônicas entre os dois candidatos, que inclui temas como imigração, terrorismo, guerra na Ucrânia e papel da OTAN, parece encontrar seu paroxismo em seus projetos diametralmente opostos para a UE e a posição da França no bloco: de um lado, a visão pró-Europa defendida pelo presidente reeleito; do outro, o programa “soberanista” esgrimido por Le Pen.

Para o centrista Macron, Europa representa uma solução para questões de natureza transnacional, como meio ambiente e segurança. Assim, vê o Green Deal europeu como uma oportunidade para atingir metas ambiciosas em torno da transição energética, ao mesmo tempo em que conclama ao fortalecimento das capacidades militares do bloco. Sua controversa defesa da criação de um exército da UE ganhou novo alento após a invasão da Ucrânia.

Buscou, além disso, valorizar a imagem de uma Europa da solidariedade, que teria funcionado como um escudo durante a pandemia de Covid-19, sobretudo graças a seu papel na disponibilização de vacinas.

Por fim, Macron pretende aproveitar a atual presidência francesa da UE para reformar o espaço Schengen. Seu objetivo declarado é fortalecer as fronteiras externas da Europa e harmonizar as regras de asilo e apoio a refugiados e migrantes.

Muito diferentes são os projetos de sua adversária Le Pen, para quem a UE se opõe ao interesse nacional francês.

O fantasma do Frexit

Como parte de seus progressivos esforços para transmitir uma imagem de moderação, desde 2017 Le Pen deixou de advogar pela saída da França da UE. Em vez disso, passou a defender a permanência do país no bloco para reformá-la por dentro e transformá-lo em uma “Europa de nações soberanas”.

Tal reforma implicaria reintroduzir controles nas fronteiras internas do espaço Schengen, repensar a livre circulação de trabalhadores e garantir que os cidadãos franceses tenham prioridade no acesso ao mercado de trabalho, moradia e prestações sociais. Finalmente, estabeleceria a primazia do direito nacional sobre o direito europeu. Essas medidas equivaleriam, na prática, a um Frexit — nome dado à eventual saída da França da UE — ou exigiram uma reforma dos tratados da UE tão profunda que a descaracterizariam por completo.

Le Pen propôs, ainda, reduzir a contribuição francesa ao orçamento europeu e restringir os poderes da Comissão Europeia. Para tanto, trabalharia com seus aliados húngaros e poloneses, menosprezando, por outro lado, a chamada amizade franco-alemã. Le Pen acusa Macron de não defender os interesses da França contra a Alemanha e expressou seu desejo de romper os acordos de cooperação militar-industrial firmados com o país vizinho desde 2017.

A amizade franco-alemã

Classificado como “quase-ficção” por Le Pen, o motor franco-alemão foi, no entanto, decisivo para o processo de construção da UE. A devastação resultante da Segunda Guerra Mundial — o terceiro conflito de grandes proporções envolvendo os dois países em menos de um século — evidenciou a urgência de frear o revanchismo e fomentar boas relações entre eles.

Formalizada no Tratado do Eliseu de 1963, a aliança tornou-se viável porque o poder do assento permanente da França no Conselho de Segurança da ONU se equilibrava pela pujança econômica da Alemanha. O compromisso entre os dois países foi crucial para a assinatura do fundacional Tratado de Maastricht (1992) e a conformação da união monetária.

Com o fim da Guerra Fria, perderam importância os motivos tradicionais da cooperação franco-alemã, como o desejo de reconciliação entre os dois países e a ameaça soviética. Em um processo natural, a aliança entre eles deixou de ser um fim em si mesma, e seu peso relativo na comunidade europeia diminuiu à medida que esta se expandiu.

Também influi a mudança geracional: se, para a geração do pós-guerra, a reconciliação franco-alemã e a construção europeia eram conquistas que deveriam ser preservadas a todo custo, os nascidos depois do Tratado de Maastricht tendem a considerá-las fatos consumados.

Assim, ao afirmar que a soberania da França depende de uma Europa forte, Macron insufla ânimo ao bloco, em que desponta como nova liderança após a saída de cena de Angela Merkel. Além disso, a agressão da Rússia contra a Ucrânia parece dar-lhe razão quanto à necessidade de revigorar o bloco — e não, como propõe Le Pen, desidratá-lo.

A Rússia e a OTAN

Embora Le Pen tenha criticado a invasão da Ucrânia pela Rússia, sua dependência em relação ao país eurasiático, encarnada em empréstimos bancários a seu partido e em seu relacionamento próximo com Vladimir Putin, não parece ter sido esquecida pelo eleitorado.

A candidata derrotada nas urnas chegou a defender a necessidade de conduzir uma aproximação estratégica entre a Rússia e a OTAN após o fim da guerra. Sua opinião a respeito da própria OTAN é controversa, tendo proposto que a França deixe de ser parte de seu comando integrado.

Macron, por sua vez, desempenhou um papel diplomático relevante na guerra na Ucrânia, graças à presidência francesa da UE. A guerra, além disso, fez com que reavaliasse o papel da OTAN, cujo “estado de morte cerebral” diagnosticara em 2009. Para seu segundo mandato, expressou o desejo de melhorar a coordenação entre os centros de comando europeus e a aliança.

O centro sob lupa

Se, por um lado, a reeleição de Macron devolve à tumba, por agora, o fantasma do Frexit, por outro lado lhe espera um mandato crivado de complexidades. Significativa em um país que não reelegia um chefe do Executivo desde 2002, sua vitória vem, no entanto, acompanhada de uma série de mensagens do eleitorado francês.

A taxa de abstenção foi alta (30%) e sua vantagem em relação a Le Pen se reduziu quase à metade da que obteve em 2017 (17,1% contra 32%). Pela primeira vez, a direita radical no país recebeu mais de 40% dos votos, com desempenho particularmente favorável entre os mais jovens: Le Pen foi a candidata vencedora entre os eleitores de 18 a 49 anos.

No primeiro turno, os votos somados de Le Pen e Éric Zemmour (Reconquista), de extrema direita, chegaram a 30% do total; a esquerda radical, representada por Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa), obteve outros 22%. Esses resultados sublinham a tendência de perda de espaço dos partidos tradicionais para novas forças políticas mais extremas.

Em seu discurso da vitória, Macron sinalizou ter entendido o recado das urnas e, acenando aos eleitores de Le Pen e aos indecisos, prometeu governar para todos.

Em meio a diversas incógnitas, o que seguramente podemos esperar é um forte escrutínio de seu governo, sobretudo por parte daqueles que lhe deram seu voto não por convicção, mas para barrar Le Pen.

A questão é se Macron poderá resistir às pressões de ambos extremos e seguir um caminho de moderação, o que terá implicações muito além das fronteiras da França ou mesmo da Europa. Num contexto de crescente rivalidade geopolítica, são indispensáveis uma França e uma Europa fortes, dispostas a assumir responsabilidades em nome de uma ordem multilateral baseada em regras e valores.

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¿Cuál es el trasfondo de la suspensión de Telegram en Brasil?

Hace algunas semanas, el juez Alexandre de Moraes, de la Suprema Corte de Brasil (Supremo Tribunal Federal), ordenó la suspensión de la app de mensajería Telegram en el país. Su decisión tuvo lugar tras el incumplimiento de resoluciones que ordenaban a la compañía inhabilitar las cuentas de personas del entorno político del presidente Bolsonaro, quienes venían difundiendo noticias falsas sobre el proceso electoral brasileño.

Finalmente, el juez dejó sin efecto su sentencia, luego de que Telegram se comprometiera a implementar una nueva política de combate a las fake news que incluyen el monitoreo de los canales con más usuarios, posibilidad de publicar alertas sobre la veracidad dudosa de noticias, entre otras. Este artículo aborda algunos elementos de la compleja relación entre libertad de expresión y la necesidad de regular el uso de plataformas digitales para desincentivar acciones que ponen en riesgo ciertos pilares básicos de la democracia.

En su sentencia, Moraes subrayó los intentos frustrados del Tribunal Superior Electoral de Brasil de discutir formas de cooperación con la empresa Telegram para que implementara políticas de combate a la desinformación. Asimismo, destacó que «el desprecio por la legislación brasileña y el reiterado incumplimiento de innúmeras decisiones judiciales por Telegram —empresa que opera en el territorio brasileño, sin indicar su representante, emanada incluso del STF— es circunstancia incompatible con el orden constitucional vigente…».

Desde la contienda electoral que resultó en la victoria de Jair Bolsonaro en 2018, las aplicaciones de mensajería y las redes sociales han superado a los medios tradicionales de comunicación como herramientas de difusión de información, opiniones y proselitismo político en Brasil. Con todo y el incremento de las burbujas ideológicas, en las cuales se busca refugio en círculos que comparten valores y preferencias políticas similares, basta con tener un celular en Brasil para recibir un aluvión de noticias falsas, repasadas a diario por colegas de trabajo, vecinos, amigos, familiares, etc. Tales mensajes cubren temas tan variados como la eficacia de vacunas; origen del covid-19, hechos inexistentes o declaraciones falsamente atribuidas a personajes de la vida pública, teorías conspirativas de todo tipo, entre muchas otras temáticas.

Lo que pasa en Brasil se inserta en una tendencia global en que los innegables beneficios de la era de la información trajeron también el germen de la posverdad. Cuando las plataformas digitales son utilizadas para manipular las creencias de cientos de millones de personas, pareciera disolverse en el aire la vieja máxima liberal según la cual la circulación libre de ideas y opiniones, por más desatinadas que sean, es la única forma de acceder a la verdad. Esta máxima remonta al clásico On Liberty, de 1859, en que John Stuart Mill indaga sobre los límites que la sociedad debe asumir frente a las libertades individuales. Aunque el filósofo británico reconoce que ciertas libertades pueden ser restringidas para no causar daños a las de otras personas, la libertad de expresión debe ubicarse en un umbral excepcional de protección frente a las demás.

La posición sostenida por Mill inspiró a las instituciones jurídicas y el marco constitucional de varias democracias occidentales. A modo de ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos desarrolló, en el caso New York Times Vo. v. Sullivan, en 1964, la llamada doctrina de la real malicia, mediante la cual se habilitan solamente sanciones civiles a quienes publican información falsa, debiendo el accionante probar que la persona demandada actuó con negligencia manifiesta o pleno conocimiento de la falsedad de la información. Cortes de otras tradiciones jurídicas y órganos supranacionales de derechos humanos han seguido una ruta parecida, basada en la no intervención a la libre circulación de ideas e información.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana (CIDH) asume precisamente, en su principio diez (10), el estándar de la real malicia. En similar sentido, las normas que conforman el marco constitucional de las democracias liberales y de los organismos de derechos humanos suelen prohibir la censura previa, incluso frente a discursos que promueven el odio nacional, racial, religioso o de otra índole, sin perjuicio de las sanciones ulteriores e inhabilitación a posteriori de la información respectiva.

Sobra decir que los estándares previamente descritos no alcanzan la complejidad del uso de plataformas digitales para manipular el debate electoral en contextos hiperpolarizados como el brasileño. Si hacemos una genealogía de tales estándares encontramos una versión utilitaria del liberalismo político del siglo XIX en que la no intervención en la libre circulación de ideas, opiniones e información es una condición para acceder a la verdad. No necesariamente a una verdad científica, ontológica o metafísica, sino, sobre todo, a la verdad factual, sobre si algo efectivamente ocurrió y las circunstancias en la que ocurrió.

Los y las brasileñas somos testigos de que ese tipo de verdad se ha desvanecido en la esfera política, a tal punto que una parte minoritaria pero significativa de la población está convencida de que el Partido de los Trabajadores distribuyó miles de biberones en forma de pene para incentivar la homosexualidad en los niños; que las autoridades electorales han manipulado elecciones pasadas y volverán a hacerlo este año, con el fin de perjudicar a Bolsonaro; que las urnas electrónicas están programadas para defraudar el conteo de votos; entre otras sandeces sin ninguna evidencia. La desinformación es incentivada por el propio presidente-candidato, quien ha difundido todo tipo de tergiversaciones sobre la integridad del sistema electoral. En la medida en que las encuestas apuntan su derrota en las elecciones de octubre-noviembre, la maquinaria de asesores, troles y apoyadores acudirán cada vez más a las fake news.

En un estudio de 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reconoció que el marco jurídico tradicional que rige la responsabilidad ulterior «[…] puede ser insuficiente para lidiar con el problema de la desinformación deliberada [pues] existen razones de escala que dificultan proyectar este régimen de responsabilidad al fenómeno de la desinformación, así como el posible carácter anónimo del difusor [y] en el caso de la diseminación de desinformación, no siempre se busca dañar la reputación de uno de los participantes de la vida pública o de una elección, sino afectar un interés más difuso como el orden público democrático, involucrado en la integridad del proceso electoral. En estos casos resulta claro que las responsabilidades civiles proporcionadas no serían idóneas para resguardar ese interés y el derecho electoral podría desarrollar respuestas específicas a esta clase de fenómenos» (pág. 24).

En un abordaje menos liberal y más republicano de las libertades individuales en un régimen democrático, la potestad de autodeterminar las preferencias políticas debe estar blindada de la posibilidad de que actores públicos o privados manipulen las condiciones mediante las cuales tales preferencias son construidas. A juzgar por la cantidad de mentiras deliberadas compartidas en el inframundo de la virtualidad informativa en Brasil, decisiones como las tomadas por el juez Alexandre de Moraes en contra de Telegram son y seguirán siendo necesarias para frenar las estructuras de la desinformación que buscan sembrar desconfianza de la población en el sistema electoral y en la propia democracia, tanto de Brasil como del resto de América Latina y el mundo.

Artículo original publicado el 5 de abril de 2022 en Agenda Estado de Derecho, iniciativa digital y accesible apoyada por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenuaer.

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China reforzó su presencia en Latinoamérica con una estrategia diplomática de amigo-socio que fue fortalecida durante la emergencia por el covid-19, para demostrar que sigue siendo un actor clave en la economía y la política de la región.

Estas relaciones, que tienen raíces históricas y profundas, están en un proceso de reconfiguración, permeado aún por las acciones de los países para su recuperación financiera y ahora también por los efectos globales de la invasión rusa a Ucrania que ya alertan un efecto inflacionario. A pesar de la incertidumbre, a finales de enero de este año la Administración General de Aduanas de China reportó que el valor total del comercio con América Latina y el Caribe registró un nuevo máximo en 2021, de más de 450.000 millones de dólares.

China parece moverse cómodamente en todos los espacios aprovechando la solidez de su sistema político y los altibajos de las democracias latinoamericanas, cada vez más debilitadas por sus quiebres institucionales. No por nada el gigante asiático es uno de los tres principales compradores y proveedores de casi todas las economías de la región.

Sin embargo, los cuestionamientos siempre han estado presentes más allá del intercambio bilateral de complementariedad o beneficio mutuo que se ha querido reflejar.

En este escenario, el Prof. Dr. Hartmut Sangmeister, en su trabajo ¿Nuevo orden bajo el auspicio de China? La economía latinoamericana en el mercado global (DP Enfoque nº 9, KAS, 2022), hace las preguntas correctas para explicar de manera precisa y con contundencia los recovecos de la presencia china en Latinoamérica y la posibilidad de un nuevo orden bajo esta influencia.

Relaciones sino-latinoamericanas

El autor describe los cambios en las relaciones sino-latinoamericanas y los factores determinantes para las oportunidades y riesgos, tanto en los gobiernos de derecha como de izquierda. En ambos casos, indistintamente, China ha logrado tener un clima favorable a sus intereses, incluso con aquellos países que continúan reconociendo a Taiwán como Estado.

«Para Pekín, si no cuestionan el sistema político de China y no ponen trabas a sus intereses económicos, la ideología pasa a un segundo plano», dice el periodista e investigador Juan Pablo Cardenal. Algunos prefieren asegurar su cercanía con Pekín, como Nicaragua, que decidió romper relaciones con Taiwán para mantener contento a su principal aliado, dando un paso más en el aislamiento internacional, que se ha convertido en la práctica diplomática del régimen de Daniel Ortega.

China ha utilizado sus múltiples herramientas para configurar las relaciones económicas bilaterales con los países de América Latina de manera diferenciada y se ha mostrado pragmática con respecto a la doctrina de «una sola China», que reclama la pretensión de representación única frente a Taiwán. El comercio exterior bilateral, las inversiones directas, el financiamiento y la cooperación para el desarrollo no son tabú, incluso si los Estados de América Latina y el Caribe aún mantienen relaciones diplomáticas con Taipei. (p. 14)

En esta innegable expansión, los préstamos han sido claves porque le permitieron a China consolidar su protagonismo en grandes proyectos de infraestructura y con condicionamientos para los países receptores. Por ejemplo, pagar parte de la deuda con la producción de petróleo (loans-for-oil), en el caso de Venezuela, y, en general, créditos ligados a los recursos naturales y contratos para favorecer a sus propias empresas. Queda claro que el objetivo del presidente de China y líder del Partido Comunista, Xi Jinping, no es solo rentabilidad sino influencia política.

Si bien los compromisos comerciales en proyectos energéticos y de infraestructura no han sufrido alteraciones importantes, y más bien se avanza en acuerdos tecnológicos, los préstamos con diferentes modalidades de financiación han sido puestos en pausa en los últimos dos años. Según Margaret Myers, investigadora de Diálogo Interamericano en Washington, estos créditos que antes iban directamente a los gobiernos ahora se manejan con un mecanismo diferente, pues están encaminados a proyectos en los que participan empresas chinas que ya tienen sus «propias conexiones, no necesitan asistencia y pueden conseguirse sus propios negocios». Es decir, sus propias empresas en Latinoamérica.

Inversión china en el continente

Sin embargo, la inversión china sigue siendo óptima porque tiene una visión a largo plazo que le permite acuerdos estratégicos más allá de los gobiernos de turno y las crisis internas.

En medio de este constante y siempre atractivo abanico de oportunidades de China para los países de la región están las limitaciones de Estados Unidos no solo por la disputa de intereses comunes y el rol comercial estratégico, sino también por la preponderancia política. Pero sin importar cuán rápido estén evolucionando las relaciones sino-latinoamericanas, un elemento que bien destaca el Dr. Sangmeister es cómo se maneja la transparencia:

Si bien la cooperación para el desarrollo de los miembros del CAD constituye un ámbito político e independiente, sujeto a la responsabilidad pública y la transparencia, la información del gobierno chino sobre su cooperación al desarrollo proporciona una imagen borrosa de su alcance, estructura y destinatarios. Y es que las fronteras entre la cooperación para el desarrollo, el apoyo estatal a las inversiones directas en el extranjero y la inversión con intereses subsidiados y los créditos comerciales de parte de China son borrosas. (p. 13)

La diplomacia covid

La denominada diplomacia covid que llegó desde China con la provisión de respiradores, mascarillas y vacunas, en una respuesta rápida a la emergencia sanitaria, le permitió ampliar su influencia en la región y ahora proyectarse en acuerdos más ambiciosos en la industria farmacéutica y tecnología de la salud como los planes de coproducción de vacunas en Argentina, Perú y Brasil (2022-2024).

Los cambios económicos asociados con la pandemia del covid-19 y la vulnerabilidad de varios países solo allanan el camino para un avance sólido de la estrategia china. Aunque ahondan las sombras. El Dr. Hartmut Sangmeister evidencia las debilidades de la hegemonía china y el modelo «exitoso» que es vendido en la región.

Muchos países latinoamericanos, afectados por crisis económicas y políticas, están dispuestos, sin embargo, a dejar pasar los cuestionamientos sobre el rol de China en la región para seguir beneficiándose de su plan de expansión. Una influencia constante, un nuevo orden.

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Europa sigue siendo la que conocemos. Cinco años más de gobierno de Macron dan importantes garantías de estabilidad en tiempos revueltos. ¿Qué impacto puede tener la victoria de Macron en las relaciones de Francia con países clave como Alemania y Rusia? ¿Qué hubiese significado para la Unión Europea un triunfo electoral de la «euroescéptica» Marine Le Pen?

Dos visiones de Europa

«Esta es una elección a favor o en contra de la Unión Europea», así calificó Emmanuel Macron (La República en Marcha) la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas celebrada el 24 de abril. Su reelección, con el 58,55 % de los votos válidos, fue recibida con un suspiro de alivio por los líderes de la Unión Europea (UE), que se mostraban aprensivos ante una posible victoria de la populista de derecha Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional).

En efecto, el amplio espectro de posiciones antagónicas entre los dos candidatos, que incluye temas como inmigración, terrorismo, guerra en Ucrania y el papel de la OTAN, parece encontrar su paroxismo en sus proyectos diametralmente opuestos para la UE y la posición de Francia en el bloque: por un lado, la visión europeísta defendida por el presidente reelegido; por otro, el programa «soberanista» esgrimido por Le Pen.

Para el centrista Macron, Europa representa una solución a cuestiones de carácter transnacional, como el medio ambiente y la seguridad. Así, ve el Green Deal europeo como una oportunidad para alcanzar objetivos ambiciosos en torno a la transición energética, al tiempo que aboga por el fortalecimiento de las capacidades militares del bloque. Su controvertida defensa de la creación de un ejército de la UE cobró nuevo aliento tras la invasión de Ucrania.

Buscó, además, valorar la imagen de una Europa de la solidaridad, que funcionó como un escudo durante la pandemia de covid-19, sobre todo gracias al suministro de vacunas.

Finalmente, pretende aprovechar la presidencia francesa de la UE para reformar el espacio Schengen. Su objetivo declarado es fortalecer las fronteras exteriores de Europa y armonizar las normas de asilo y apoyo a los refugiados y migrantes.

Muy distintos son los proyectos de su contrincante Le Pen, para quien la UE se contrapone al interés nacional francés.

El fantasma del frexit

Como parte de sus progresivos esfuerzos por transmitir una imagen de moderación, desde 2017 Le Pen dejó de abogar por la salida de Francia de la UE. En su lugar, pasó a defender la permanencia del país en el bloque para reformarlo desde adentro y transformarlo en «una Europa de naciones soberanas».

Tal reforma implicaría reintroducir controles en las fronteras internas del espacio Schengen, repensar la libre circulación de trabajadores y garantizar la priorización de los ciudadanos franceses en el acceso al mercado laboral, la vivienda y las prestaciones sociales. Por fin, establecería la primacía del derecho nacional sobre el derecho europeo. Estas medidas equivaldrían, en los hechos, a un frexit —nombre dado a una eventual salida francesa de la UE— o exigirían una reforma de los tratados de la UE tan profunda que la harían irreconocible.

Le Pen propuso asimismo reducir la contribución francesa al presupuesto europeo y restringir los poderes de la Comisión Europea. Para ello, trabajaría con sus aliados húngaros y polacos, desconsiderando la llamada amistad franco-alemana. Le Pen acusa a Macron de no defender los intereses de Francia frente a Alemania y ha expresado su deseo de romper los acuerdos de cooperación militar-industrial firmados con el país vecino desde 2017.

La amistad franco-alemana

Calificado como «casi ficción» por Le Pen, el motor franco-alemán fue sin embargo decisivo para el proceso de construcción de la UE. La devastación resultante de la Segunda Guerra Mundial —el tercer gran conflicto que involucró a los dos países en menos de un siglo— puso de relieve la urgencia de frenar el revanchismo y fomentar las buenas relaciones entre ellos.

Formalizada en el Tratado del Elíseo de 1963, la alianza se viabilizó una vez que el poder del asiento permanente de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU se equilibró con la pujanza económica de Alemania. El compromiso entre los dos países fue crucial para la firma del fundacional Tratado de Maastricht (1992) y la conformación de la unión monetaria.

Con el final de la Guerra Fría, las motivaciones tradicionales de la cooperación franco-alemana, como la necesidad de reconciliación entre los dos países y la amenaza soviética, perdieron importancia. En un proceso natural, la alianza entre ellos dejó de ser un fin en sí mismo, y su peso relativo en la Comunidad Europea decreció a medida que esta se expandió.

También influyó el cambio generacional: si para la generación de posguerra la reconciliación franco-alemana y la construcción europea eran conquistas que debían preservarse a toda costa, los nacidos después del Tratado de Maastricht tienden a considerarlas como hechos consumados.

Así, al afirmar que la soberanía de Francia depende de una Europa fuerte, Macron insufla ánimos al bloque, en el que emerge como nuevo liderazgo tras la salida de escena de Angela Merkel. Por otra parte, la agresión de Rusia contra Ucrania parece darle la razón sobre la necesidad de revigorizar el bloque —y no, como propone Le Pen, deshidratarlo—.

Rusia y la OTAN

Si bien Le Pen ha criticado la invasión rusa a Ucrania, su dependencia del país euroasiático, plasmada en préstamos bancarios a su partido y en su relación cercana con Vladimir Putin, parece no haber sido olvidada por el electorado.

La candidata derrotada en las urnas llegó a defender la necesidad de un acercamiento estratégico entre Rusia y la OTAN tras el final de la guerra. Su visión de la OTAN en sí misma es controvertida, al haber propuesto que Francia deje de ser parte de su comando integrado.

Macron, por su parte, ha jugado un importante papel diplomático en la guerra de Ucrania, gracias a la presidencia francesa de la UE. La guerra, además, le hizo replantearse el papel de la OTAN, cuyo «estado de muerte cerebral» había diagnosticado en 2009. Para su segundo mandato, expresó el deseo de mejorar la coordinación entre los centros de mando europeos y la alianza.

El centro bajo la lupa

Si bien la reelección de Macron devuelve, por el momento, el fantasma del frexit a la tumba, por otro lado, parece esperarle un segundo mandato plagado de complejidades. Significativo en un país que no había reelegido a un jefe del Ejecutivo desde 2002, su triunfo viene sin embargo acompañado de una serie de mensajes del electorado francés.

La tasa de abstención fue alta (30 %) y su ventaja sobre Le Pen se redujo a prácticamente la mitad de la que obtuvo en 2017 (17,1 % frente a 32 %). Por primera vez, la derecha radical en el país obtuvo más del 40 % de los votos, con un desempeño particularmente favorable entre los más jóvenes: entre los votantes de 18 a 49 años, Le Pen fue la ganadora.

En la primera vuelta, los votos combinados de Le Pen y Éric Zemmour (Reconquista), de extrema derecha, alcanzaron el 30 % del total. La izquierda radical, representada por Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa), obtuvo otro 22 %. Estos resultados subrayan la tendencia de pérdida de espacio de los partidos tradicionales frente a nuevas fuerzas políticas más extremas.

En su discurso de victoria, Macron señaló haber entendido el mensaje de las urnas y, haciendo un guiño a los votantes de Le Pen e indecisos, prometió gobernar para todos. En medio de diversas incógnitas, cabe esperar un fuerte escrutinio de su gobierno, especialmente por parte de quienes lo votaron no por convicción, sino para frenar a Le Pen.

La pregunta es si Macron puede resistir las presiones de ambos extremos y mostrar un camino a recorrer desde la moderación, que tendrá implicancias mucho más allá de las fronteras de Francia o, incluso, Europa. En un contexto de creciente rivalidad geopolítica, son indispensables una Francia y una Europa fuertes, con voluntad de tomar responsabilidad para un orden multilateral basado en reglas y valores.

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Las últimas semanas han sido todo menos tranquilas para los peruanos, quienes ya se habían acostumbrado a la permanente incertidumbre que genera no tener un final visible para la crisis política y la inestabilidad económica. Sin embargo, a esto ahora debe sumarse una escalada en el número de conflictos sociales sociales activos.

En menos de un mes estos han devenido en cinco muertos, enfrentamientos violentos, vandalismo y un controvertido estado de emergencia que debió ser suspendido la tarde siguiente a ser convocado. Así como la paralización de los sectores productivos más importantes del país como lo son la minería, el agro y el transporte.

La conflictividad social y la inacción frente a ella han llegado a un nuevo récord histórico en el gobierno de Castillo, con 157 conflictos sociales activos y solo cuatro de ellos resueltos, según la Defensoría del Pueblo. Esta es la cifra más elevada de conflictos activos que ha registrado un gobierno en su octavo mes entre 2006 y 2022. Al mismo tiempo, es la cifra menor en cuanto a conflictos resueltos.

Los conflictos sociales, la vacancia y la asamblea constituyente

Los paros constantes de transportistas, en el corredor minero y en el sector agrario agregan a la situación que ya se vivía entre el Congreso y el Ejecutivo una curva más de tensión política que no ha dejado de escalar desde que se inició el gobierno el 28 de julio del 2021

Hasta el momento se han presentado en el Legislativo dos iniciativas de vacancia a Castillo que no prosperaron, lo cual no hace que la situación sea menos preocupante para el inquilino de Palacio de Gobierno. De hecho, el presidente debe estar tan preocupado con la vacancia que acaba de retomar la propuesta de generar un proyecto de consulta para convocar a una asamblea constituyente que tendría por objetivo desechar la actual carta magna y crear una nueva.

El llamado a la constituyente es una visión que se congracia con la agenda de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, el partido con el que Castillo postuló a la presidencia y con el que parece estar buscando mantener buenas relaciones a pesar de las diferencias. Recordemos que el actual presidente, tras dos procesos de vacancia impulsados por el Legislativo, deberá mantener activa y en buena salud la relación con la bancada de Perú Libre si busca librarse de un tercer intento.

Perspectiva económica en compás de espera

Sumada a los constantes conflictos sociales, ha generado preocupación la retomada propuesta de una asamblea constituyente que cambiaría las reglas de juego que han sostenido el crecimiento económico peruano de los últimos treinta años. Los principales constitucionalistas, analistas políticos y económicos del país han reaccionado al unísono calificando la propuesta de constitucionalmente inviable. Simplemente, en su visión, no existe el marco legal vigente para llevarla a cabo.

Además, en la opinión de muchos expertos, un cambio de constitución no atendería directamente la razón de los reclamos de los sectores minero, agrícola y del transporte, ya que las exigencias de estos gremios tienen más que ver con el aumento en los precios de los hidrocarburos y fertilizantes, y con el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre las comunidades y las mineras, que con el marco jurídico.

Conflictos sociales, bomba de tiempo

La agenda constituyente acompaña al gobierno desde antes de asumir la presidencia. En ese sentido, la interpretación general es que existiría un aprovechamiento de la conflictividad actual para impulsar una asamblea desde la minoría. Se estaría buscando imponer a la mayoría algo que es prioridad para el 12 % del país, evitando dar una real solución a los conflictos sociales.

Ante los conflictos sociales, el gobierno ha optado por instalar mesas de diálogo en las que se cede a los reclamos sin realmente ofrecer un camino claro para su ejecución. Algo que preocupa debido a que cada mesa de diálogo en la que se cede a los reclamos sin un plan para cumplir con los acuerdos estaría dejando una bomba de tiempo.

La respuesta que ensaya el gobierno para el caso de que la situación se desborde y derive en un estallido social parece ser la que lidera el premier Aníbal Torres, que señala como culpable de la situación al empresariado y al Congreso. Es una estrategia que parece compartir el presidente Castillo, quien hizo el anuncio de la asamblea constituyente en el desarrollo de un Consejo de Ministros descentralizado en el Cusco.

Sobrevivir a la coyuntura

Estar al día con la coyuntura peruana implica actualizar constantemente la cantidad de conflictos activos y las constantes denuncias periodísticas por presuntos casos de corrupción. Son tiempos donde la falta de decisión sobre temas críticos para el país y el pan de cada día es la inacción frente a los conflictos sociales y la crisis económica, que se buscan navegar desviando la atención.

No hay señales de que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Se normaliza una especie de tolerancia a la crisis e inacción frente al caos. Mientras todo esto ocurre, el único objetivo de la clase política en su conjunto parece ser sobrevivir en sus puestos el suficiente tiempo para lograr impulsar las respectivas agendas personales. Por supuesto, los afectados somos los peruanos.

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La resolución 60/251 del año 2006 de la Asamblea General de la ONU estableció la creación, lineamientos de funcionamiento, requisitos de elección para ser miembro y los motivos por los cuales un país miembro puede ser suspendido del Consejo de Derechos Humanos.

Este Consejo, un órgano subsidiario de la Asamblea General, está compuesto por 47 países y se integra según cupos que corresponden a cada uno de los cinco grupos regionales en los que está dividida la ONU. Los países que lo integran son elegidos mediante votación secreta por el pleno de la Asamblea. La membresía en dicho órgano es por tres años con posibilidad de una reelección y se renueva todos los años por tercios.

Conforme la referida resolución 60/251, «al elegir a los miembros del Consejo, los Estados miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos». Asimismo, los países miembros del Consejo «deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos».

En cuanto a la suspensión de un país de su seno, la resolución establece que «la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de este que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos».

La suspensión

El pasado 6 de abril, la Asamblea General de la ONU, en aplicación de este párrafo, decidió suspender a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos «por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos».

Anteriormente, se dio un único caso de suspensión de un miembro del Consejo. Se trató de Libia en el año 2011.

Rusia fue elegida en 2020 para ocupar un lugar en el Consejo por el período 2021-2023, logrando 158 votos de la Asamblea General sobre los 193 que la componen. Esto ocurrió a pesar de su régimen autocrático y de las graves situaciones de violaciones a los derechos humanos que eran conocidas por la comunidad internacional y que habían sido señaladas por los diversos mecanismos de protección de derechos humanos dependientes del Consejo (sus relatorías y grupos de trabajo compuestos por expertos independientes, su examen periódico universal, en el que todos los países cada cuatro años revisan la situación de cada país), así como por la alta comisionada para los Derechos Humanos, y por los distintos comités de expertos que evalúan el cumplimiento de los principales tratados de derechos humanos.

Anteriormente, Rusia había sido electa para ocupar una banca por tres años en el Consejo en los años 2006 (logró 137 votos), 2009 (logró 146 votos), y 2013 (logró 176 votos). Solo en el año 2016 su candidatura fracasó por apenas dos votos, y las dos bancas que estaban en juego para la región de Europa Oriental quedaron en manos de Hungría y Croacia.

Antecedentes

Apenas previo a que fuera electo en 2020, CADAL publicó un informe que daba cuenta de estos gravísimos cuestionamientos del propio sistema de ONU y de sus cómplices votaciones en el seno del Consejo al oponerse a resoluciones sobre graves violaciones en países también gobernados por autócratas o dictadores como Siria, Burundi, Belarús, Irán, República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka o Sudán.

La Federación de Rusia estuvo presidida por Vladimir Putin desde 1999 hasta la actualidad, con un único período en que el propio Putín se encargó de colocar a un delfín suyo, Dimitri Medvedev en la presidencia, entre 2008 y 2012, reservándose incluso para sí el cargo de primer ministro. Cabe preguntarse cómo es posible que un régimen como el de Putin haya logrado en tantas oportunidades y con tantos votos ocupar un lugar en este organismo.

Está claro que se trata de decisiones que se toman en ámbitos compuestos por países y debe asumirse de acuerdo al realismo que prima en las relaciones internacionales que el tema de los derechos humanos, lamentablemente, no es el más relevante. Allí se imponen decisiones tomadas con base en complejos intereses geopolíticos, estratégicos, económicos, etc. Sin embargo, cabe especular —dada la gran cantidad de votos logrados en las varias elecciones referidas— que entre quienes votaron en favor de que Rusia integre el Consejo hubo muchas democracias que pretenden tener una agenda responsable en materia de derechos humanos. Es deseable y exigible que, al tomar estas decisiones, las democracias tengan un compromiso y responsabilidad real y concreta al respecto.

Otros ejemplos

¿Fue necesario que se llegara a la actual situación tan extrema de una guerra brutal por parte de Rusia para suspenderla del Consejo? ¿Cómo es que fue elegida? ¿Acaso no ha habido suficientes alertas para saber que Putin era una amenaza? Persecución, encarcelamiento, tortura y hasta envenenamiento y asesinatos de opositores; elecciones maniatadas; absoluta imposibilidad de ejercicio de la libertad de prensa; represión a los derechos a la manifestación pacífica y de asociación; persecución de artistas, entre otras tantas violaciones a los derechos humanos eran conocidas por la comunidad internacional. Sin embargo, Rusia fue electa para el Consejo.

Similares cuestionamientos se realizan en cuanto a la presencia de otras dictaduras en el Consejo. Por nuestra región, actualmente integran el organismo las dictaduras de Venezuela y Cuba que, por supuesto, han votado en contra de la suspensión de Rusia. También lo integran países como Bolivia, Brasil y México, cuyos gobiernos populistas —no importa si de derecha o de izquierda— vergonzosamente no han apoyado la suspensión de Rusia. En el caso de Bolivia, directamente ha votado en contra, mientras que México y Brasil se han abstenido.

Esto lleva una vez más a plantear la necesidad de reformar la resolución 60/125. Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que —en mérito a estas contradicciones de presencia de gobiernos autocráticos y con cuestionamientos de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos— plantean que deben cambiarse ciertas reglas de juego.

Algunas de las cuestiones que se plantean son, por ejemplo, que para una mayor transparencia las votaciones para el Consejo de Derechos Humanos deben ser públicas y no por voto secreto. Así, sobre todo en los países democráticos, los gobiernos deberán rendir cuentas, explicar y hasta poner en el debate público su decisión de por quién votar y por quién no para integrar el Consejo.

Reformas posibles

Asimismo, se plantea que un país que pretenda integrar el Consejo debe adherir a tener un estatus de invitación abierta a los denominados procedimientos especiales (las relatorías sobre diversas temáticas o relatorías especiales por situación en algún país, y los grupos de trabajo). Este estatus de invitación abierta significa que, si un relator o grupo de trabajo solicita una visita al país para analizar la situación respecto de los temas de su mandato, dicho país debe aceptarla. Ni Rusia, ni Cuba, por ejemplo, han adherido a este estatus y han ocupado largamente bancas en el Consejo.

Otra reforma deseable es que, para integrar el organismo, el país deba ser parte de los nueve tratados de derechos humanos que poseen los comités de supervisión de su cumplimiento y aceptar los sistemas de casos individuales ante estos (de modo de que cualquier ciudadano pueda llevar el caso a esa instancia supranacional, una vez agotados los recursos judiciales internos).

Queda mucho por discutir y evaluar, y los países democráticos deben liderar estos debates. La dramática situación desatada por el criminal Putin en Ucrania representa una oportunidad. Hubiera sido demasiado grosero y deslegitimador de un sistema ya cuestionado que Rusia continuara en el Consejo de Derechos Humanos. No obstante, hay situaciones en el mundo, si se quiere, de «menor» gravedad que tamañas masacres, pero de gravísima seriedad, que merecen considerarse a la hora de votar integrantes del Consejo y a la hora de revisar su estructura institucional y las exigencias que deban cumplirse para integrarlo.

Artículo publicado en el diario Clarín (Argentina) y en el portal de CADAL el 17 de abril de 2022.

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La política partidista latinoamericana está dominada por hombres. Ellos formulan las reglas del juego, distribuyen los recursos públicos y definen cómo funcionan las cosas. Estas prácticas discriminatorias reducen las oportunidades de igualdad y relegan a las mujeres a puestos simbólicos y al espacio privado. Sin embargo, muchas políticas alzan la voz y luchan contra una discriminación que empobrece a nuestras sociedades.

¿Qué espacio real ocupan las mujeres en el interior de las organizaciones políticas? ¿Por qué los partidos no tienen incentivos para cambiar esta situación? ¿Cómo se puede aumentar la participación de las mujeres? Estas son algunas de las preguntas que ponemos Bajo la Lupa. 

Participan:

Flavia Freidenberg, politóloga, periodista, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora de la Red de Politólogas.

Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República de Uruguay.

Zulphy Santamaría, ex viceministra de Trabajo de Panamá.

Laura Rojas, ex presidenta de la Cámara de Diputados de México.

Johana Bermúdez, diputada nacional Honduras.

Carolina Goic, ex senadora y ex candidata presidencial en Chile.

Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de la República Argentina. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Los invitamos a leer el libro Protagonistas. La política latinoamericana tiene rostro de mujer, que pueden descargar aquí.

En el siglo XX se experimentaron invariables conflictos ideológicos que marcaron el andar de la zona. Muchos de estos desacuerdos fueron importados desde los grandes imperios y se refugiaron en la reconocida guerra fría. Hoy, en el siglo XXI, Latinoamérica continúa siendo escenario de divisiones y sigue inmersa en las confrontaciones económicas y disputas territoriales de las grandes potencias.

Se estima que aproximadamente un 31 % de los más de 650 millones de habitantes de la región viven en condiciones de pobreza. Esta situación de precariedad y bajo desarrollo humano afecta en mayor medida a los países centroamericanos y del Caribe. Ante esto, «el Organismo de las Naciones Unidas llama a avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes».

En 2021 tuve la oportunidad de leer el libro Dignidad y desarrollo, escrito por Roberto Casanova, donde se explican las diferencias entre ideologías y doctrinas. Las primeras suelen ser sistemas de pensamiento cerrados y muchas veces intolerantes al cambio. Por su parte, las doctrinas dan mayor apertura al nuevo conocimiento y sostienen programas incluyentes. Ante eso, es muy importante conocer el comportamiento de las ideologías en nuestra región.

¿Un círculo vicioso?

Los sistemas políticos de Latinoamérica se han desarrollado sobre la base de programas ideológicos, se han vuelto dogmáticos y se orientan a clases privilegiadas de la sociedad. Como resultado de esto se ha producido la gran brecha social y económica que impera en el continente. Esta situación involucra a los gobiernos de derecha e izquierda en igualdad de condiciones.

Las estadísticas ponen en evidencia la existencia de un círculo vicioso. Este restringe toda posibilidad de un plan de nación para el desarrollo y el crecimiento equitativo de la población. Esta condición se relaciona con periodos de gobierno al mando de ideologías de derecha (no doctrinas). Los resultados son nefastos y se traducen en exclusión, explotación de recursos naturales y creación de monopolios privados, entre otros problemas.

Estas injusticias impulsan la ola de cambio ideológico hacia gobiernos de izquierda, en los que se castiga el libre mercado y se cree firmemente que la planificación estatal permitirá la prosperidad e igualdad. Sin embargo, las promesas de campaña se traducen en la instalación de élites privilegiadas que utilizan el Estado como su propia empresa. Estos promueven la impunidad, nacionalizan el mercado, se benefician del rendimiento económico y restringen las libertades individuales.

La pobreza y la exclusión persisten sin importar el enfoque ideológico dominante. Se trata de una lucha por el poder político que finaliza en pobreza, marginación, corrupción y captura de los Estados latinoamericanos.

Derecha e izquierda

La derecha se consolidó y encontró su punto máximo en la década de los noventa, beneficiándose de la confianza que inspiraron las democracias de Occidente y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A corto tiempo se evidenció una vez más que el libre mercado sin control y la falta de competencia conducen a la miseria y exclusión. En ese contexto, la espera por el indigno derrame económico, que nunca llegó, motivó las luchas por el cambio y estas encontraron refugio en el populismo que inspiró el socialismo del siglo XXI, que no necesitó mucho tiempo para revelar su demagogia y evidenciar nuevos niveles de pobreza y marginación entre la población.

En 2022 se está asentando una nueva clase de gobiernos de izquierda (ahora denominados de centroizquierda), que podría alcanzar el nivel alto que registró la ideología derechista de los noventa. No obstante, se perciben los mismos vicios del pasado. Hasta la fecha, nuestras democracias no han podido lograr madurez política para unir a la sociedad y concebir programas de nación inclusivos y participativos.

Se necesita concebir un programa moral, político, económico y social que sea abierto al consenso e impulse el bienestar para todos.

Los Estados Latinoamericanos urgen de programas de nación capaces de involucrar a todos los sectores para concebir estructuras políticas, económicas y sociales con la garantía de participación y pluralidad, donde lo económico trascienda lo financiero y se sitúe en un espacio moral que garantice la justicia social. Nuestra historia nos ha demostrado que la división entre Estado y mercado dificulta los procesos económicos y sociales que se necesitan para el desarrollo y el progreso. En ese sentido, la sinergia entre Estado, mercado y ciudadanía es fundamental para alcanzar la armonía y eficiencia económica. Esto brinda las condiciones para el bien común y la justicia social. De persistir el trabajo aislado entre los diversos actores, estaremos expuestos a continuar viviendo en un continente castigado por la pobreza, la desigualdad, la polarización social y la confrontación.

Estado, mercado, ciudadano, partidos

El Estado, además, no debe entenderse como una institución controladora que interfiere en todos los aspectos de la sociedad, sino como un ente capaz de frenar los abusos del mercado y evitar las concentraciones monopólicas, que respeta el medio ambiente, establece las reglas para la producción de bienes y servicios y, sobre todo, tiene amplia potestad para hacer prevalecer el orden social y los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a mercado, se requiere competitividad para lograr que los productos y servicios se adapten a las necesidades y deseos de las personas. Deben generarse condiciones para recompensar la innovación y el uso eficiente de los recursos escasos. El mercado tiene que ser el motor de la economía y producir condiciones financieras para desarrollar un sistema social justo y que dignifique a las personas.

En este contexto, el involucramiento ciudadano es vital para forjar una región con más y mejores oportunidades, es decir, una Latinoamérica con bienestar para todos.

Para lograrlo se necesita entender que la democracia no reside en unificar todos los fundamentos ni opiniones para ordenar la sociedad. Después de todo, somos diversos a pesar de nuestra historia y problemática compartida; por eso necesitamos converger en estrategias que construyan la concordia y el bien común. En ese sentido, los partidos políticos deben convertirse en pilares fundamentales para responder a las necesidades comunes y propiciar consensos en ese trascendental camino de dignidad, seguridad y libertad individual. A través de la representación de los partidos se deben dejar de lado las pretensiones particulares y pensar en los intereses de la nación.

Un lugar común de Internet repite que esta red fue diseñada para evitar los cortes en las comunicaciones. Mientras que el derribo de una antena de televisión puede interrumpir la transmisión central, en un sistema distribuido (fig. 1) la anulación de una parte de la red no impide que la comunicación continúe a través de otros nodos activos.

Si bien Internet no tuvo aplicaciones militares iniciales, con la guerra de Ucrania se puede comprender cómo el hecho de que atacantes y agredidos compartan los servicios móviles y satelitales es lo que los preserva de una destrucción que no perdona siquiera a los hospitales.

Limitar la tecnología a los detalles técnicos es obviar que la palabra está formada por tecno y logos, concepto que alude a saber y razón. Hablar de tecnología de redes es analizar el uso de las herramientas técnicas junto con la idiosincrasia propia de la comunicación en red.

Se trata del paso de las masas al individualismo comunitario que ya había explicado Manuel Castells antes de que los teléfonos inteligentes permitieran la popularización de las plataformas. Desde 2014 las mensajerías superan en usuarios a las redes sociales. Esto confirma la preferencia por la interacción por sobre el contenido, el que —como todo rey contemporáneo— cede su corona a la popularidad plebeya de las redes. Que sería cualquiera de las medidas de atención.

La política de las masas bobas

Durante dos siglos, el periodismo y la política hicieron uso de la comunicación de masas, desde una centralidad de privilegio que se resiste a aceptar que la ciudadanía ya no acepta ser mera espectadora del espectáculo político. La ilusión de los autócratas de controlar canales y mensajes se diluye en la desmentida global desde los medios sociales.

Las penalidades y clausuras que sobreactúa Vladimir Putin para el sistema de prensa resultan un mensaje paradójico en el mundo líquido de las redes. Se puede sacar del aire a una periodista que protesta contra la guerra —o simplemente por nombrar a esta como tal—, pero su mensaje permeará en las redes como esa humedad que persiste mucho tiempo después de que se obturó la gotera. Lo que podía ser un mensaje unívoco en la comunicación de sentido único de la transmisión masiva, se vuelve contraproducente en la liquidez gaseosa de las redes, tan impredecibles como ubicuas.

Las teorías de manipulación de las masas siguen siendo funcionales a los populismos que construyen enemigos y subestiman a la ciudadanía como táctica de comunicación. Refutadas empíricamente mucho antes de la Guerra Fría, las hipótesis de las masas manipuladas por los medios siguen siendo demasiado atractivas como para aceptar las pruebas científicas en contrario.

La política mantiene ese negacionismo cuando extiende esos supuestos efectos narcotizantes de los medios masivos a las redes sociales. Un ejemplo de ello son las teorías conspirativas que explican resultados electorales como engaño de vastos sectores de la población, o que dan por sentado que la desinformación es la causa de todos los errores sociales.

En un contexto en el que la información ya no es escasa, también es anacrónico eso de que la información es poder. Por el contrario, abunda y está distribuida más allá de la jurisdicción que pretende el control de los canales. Al empeño de dar una versión única de la guerra se le oponen miles de testimonios directos, verificaciones cruzadas, imágenes satelitales, cámaras de seguridad que relativizan cualquier mensaje oficial.

Mientras un sistema centralizado de medios como el ruso debe intensificar las penalidades y controles para obtener cada vez menos resultados, el intercambio en red desde Ucrania estimula la conversación global desde microvideos, memes, audios, drones, sin coordinación aparente.

La inteligencia colectiva del enjambre

La comunicación en red es más robusta que la centralizada porque tiene a su favor la inteligencia de las multitudes. Por caso, la verificación colectiva que aporta the wisdom of the crowd (‘la sabiduría de la multitud’) resulta más eficiente que los sistemas centralizados de fact-checking. Así lo incorporan los algoritmos de inteligencia artificial que, por ejemplo, han afinado tanto la traducción automática que hoy facilita leer en tiempo real publicaciones en idiomas tan ajenos como el ruso o el ucraniano.

Los comportamientos irracionales son propios de las multitudes, tanto en el mundo analógico como en el virtual. Pero, si el ambiente digital potencia la posibilidad de coordinar gente dispersa alrededor de hordas fanáticas, también permite, y en más ocasiones, la coordinación ordenadora de los enjambres.

Los colectivos del mundo animal muestran resultados imposibles de conseguir individualmente. Termitas y pájaros poseen una inteligencia individual limitada, pero cuando se coordinan logran proezas de supervivencia. Peces diminutos logran disuadir a sus depredadores con la sombra que proyecta el cardumen compacto. Estorninos vuelan miles de kilómetros en sincronización coreográfica, simplemente confiando en las reacciones de los seis o siete pájaros vecinos que marcan la mejor ruta.

Esta analogía con sistemas de la naturaleza puede extenderse al funcionamiento de la inteligencia artificial. Los algoritmos emulan esa flexibilidad de los enjambres para adaptarse a los cambios del entorno, de modo que, aunque un individuo o varios fracasen, el colectivo siga adelante. La ciencia que estudia el comportamiento de los insectos llama estigmergia (del griego stigma, marca, y ergon, acción) a ese procedimiento en el que una huella guía el comportamiento subsiguiente, como esas marcas que en la red señalan el contenido de interés o un nodo confiable.

Mientras que en la comunicación centralizada un error en la emisión puede desautorizar toda la campaña, en los sistemas distribuidos la corrección de rumbo colectiva es más ágil y confiable. Cuando un líder es el centro de la comunicación, así como se personaliza el éxito también se corre el riesgo de colgar de su nombre el fracaso. En los sistemas distribuidos, la confianza es propiedad del colectivo.

Aunque los análisis acostumbrados a explicar la política con nombre y apellido intenten presentar a Zelensky como la contracara positiva del liderazgo tóxico de Putin, la confiabilidad de la comunicación de Ucrania no se explica solo por los tuits de su presidente. Ella se apoya en los enjambres de periodistas locales que aportan imágenes, verificaciones y datos para la red de corresponsales de medios globales que cada día trazan una coreografía que incluye testimonios de territorios que ya no existen cuando la noticia llega a la prensa.

En tiempos de incertidumbre y supervivencia, es más robusta la pequeña red de confianza que los mandatos que intenta imponer la autoridad. La desinformación es una amenaza mayor cuando viene de la propaganda oficial que en un sistema abierto que permite la corrección en tiempo real desde una ciudadanía atenta a escala global. La aparente entropía de las redes es solo amenaza para quienes intentan imponer una versión única, como en el pasado, y no entienden del todo a estas sociedades que descubrieron la libertad de conversar en comunidad.

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El domingo 10 de abril se llevó a cabo por primera vez en México la consulta de revocación de mandato que, como la define el Instituto Nacional Electoral (INE), es «el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza».

Es una de las figuras de democracia directa que existe desde hace mucho tiempo en otros países y, aunque es discutible su pertinencia —porque puede ser la llave para la inestabilidad política, para perpetuar mandatarios en el poder o para que los presidentes se dediquen a ser populares en lugar de a tomar decisiones—, es una figura válida que puede encauzar institucionalmente una molestia popular sobre sus gobernantes.

Sin embargo, en México la consulta nació sumamente viciada y se contaminó aun más en el camino. Hoy, que ya pasó el ejercicio y que la baja participación evidenció su fracaso, es sencillo reflexionar:

• Para empezar, hay vicios de origen en todo el ejercicio. El presidente fue electo en 2018 para ejercer como tal hasta 2024 y, aunque diga que se someterá a la voluntad de la mayoría, esto no es posible porque la ley no es retroactiva. Además, en caso de perder y de renunciar a la presidencia por ello, lo que hubiera pasado es que Morena habría puesto un nuevo presidente. Curioso entendimiento de la democracia que si el presidente electo por la mayoría pierde el apoyo popular se designa a un presidente por el que nadie votó, por casi la misma cantidad de tiempo.
• La consulta debió ser solicitada por ciudadanos en el ejercicio de su derecho. Se requerían 2.845.634 firmas de ciudadanas y ciudadanos para convocar; sin embargo, los únicos que juntaron firmas y los únicos interesados fueron el presidente y su partido político, que entregaron cerca de 10 millones de firmas, aunque más de una tercera parte eran apócrifas. Esto quiere decir que nunca estuvimos ante el ejercicio de un derecho ciudadano, sino ante un ejercicio de egolatría organizado desde el poder y con las facilidades que este permite (recursos ilegales, participación ilegal en medios de comunicación y promoción ilegal).
• El INE era el único encargado de la difusión de la revocación. Entre el 5 de febrero y el 1º de abril tuvo 140 inserciones en medios digitales (con 14.065.063 impresiones), 871.363 spots de radio y televisión (en 3.538 emisoras), difusión en 13 periódicos con un tiraje total de 5.477.425 ejemplares, elaboración de más de 184 foros distritales, más de 30 estatales y 3 nacionales, más de 1.500 publicaciones en redes y entrevistas a funcionarios del INE.
• Sin embargo, el INE no fue el único que promovió la consulta de revocación. El presidente junto con su partido llevaron a cabo una serie de acciones ilegales para promover la participación. Entre ellas, destacan: la promoción abierta de gobernadores (y la jefa de Gobierno) y de funcionarios públicos (encabezados por el secretario de Gobernación) en eventos, centenas de espectáculos en toda la República, brigadas de personas entregando volantes y pegando carteles por las calles, el uso de aviones de la Guardia Nacional, la impresión de volantes amenazando con retirar apoyos sociales y vacunas a quienes no asistieran, y acarreo de personas a las casillas de votación. Trascendió la historia de uno de los camiones de acarreo que se desbarrancó en Chiapas y hubo dos fallecidas, y los sobrevivientes afirman que los obligaron a ir para no perder apoyos sociales. Todo ello son acciones ilegales. El INE mandó retirar mucha de la propaganda ilegal, pero todavía faltan las sanciones por los ilícitos.
• Ya iniciado el proceso de revocación y viendo el poco interés, los diputados de Morena reformaron la ley para que pudiesen participar promocionando a López Obrador; fue una de las reformas más rápidas de la historia, pero al estar técnicamente mal hecha no la concretaron. Lo curioso es que fueron los mismos legisladores de Morena quienes fijaron las reglas tres años antes, pero ahora ya no gustaron de sus propias reglas.
• La oposición, en lugar de buscar la revocación, llamó a no participar en el ejercicio por estar plagado de irregularidades desde el origen.
• Ante esto, la narrativa del presidente López Obrador y de Morena hizo a la autoridad electoral (INE) su principal enemigo, y se empezó una campaña de desprestigio, en la que incluso se anunció una reforma electoral para desmantelar la democracia.
• Podían participar 92.823.216 votantes en el ejercicio. Para que fuera válido se necesitaba un 40 % de ellos, o sea, 37.129.286 personas. Lo hicieron 16.502.636 personas, que representan el 17,7 % del total de electores.
• El presidente López Obrador obtuvo 15.159.323 votos, lo cual representa menos de la mitad de los votos que lo llevaron a la presidencia en 2018. Y aunque dentro del universo de participación se podría calificar como victoria del presidente, en realidad nadie convocó a votar en contra la revocación. Su único rival fue su propia votación anterior y quedó muy lejos de alcanzarla.
• López Obrador compitió dos veces antes de lograr la presidencia. En 2006 fue derrotado habiendo obtenido 14.859.350 votos; en 2012 también fue derrotado y obtuvo 15.848.827 votos. En 2018 ganó con 30.113.483 votos. Los 15.159.323 votos en la revocación quieren decir que todo el apoyo adicional que llegó a tener hace unos años lo perdió en el camino y se quedó únicamente con su voto duro que, sin ser poco, lo deja en la proporción en la que ha sido derrotado ya dos veces.

Con los números es fácil evidenciar que el ejercicio no fue lo que esperaba López Obrador y que, lejos de darle la legitimidad que creía tener para hacer cualquier cosa, le dio una muestra de realidad fría y tajante. Nadie puede negar que tiene una base sólida de apoyo y que más de 15 millones de votos son un gran respaldo, pero no es lo que creía, ni lo que esperaba, ni lo que se necesita para ganar la presidencia de México. El presidente López Obrador de 2022 decidió competir contra el candidato López Obrador de 2018 y descubrió que su yo de hoy pierde más de dos a uno contra el que alguna vez fue.

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En un auténtico debate de ideas no ganan o pierden personas, sino que todos ganamos, porque ganan los mejores argumentos y las ideas más convincentes. En un auténtico debate de ideas todos aprendemos, incluso a matizar nuestras posiciones, a reconocer errores, a comprender la complejidad de los temas, y nos alejamos de la simplificación que polariza la sociedad. En un auténtico debate de ideas los temas de discusión nunca son la vida personal de quienes debaten. Pero cuando las personas no saben argumentar o no tienen más argumentos por falta de profundidad o de claridad, comienzan a señalar problemas o debilidades personales de sus interlocutores y, en lugar de responder al argumento contrario, pierden el debate y perdemos todos.

El grave problema que tenemos nace cuando se llama debate a lo que no lo es, cuando se confunde argumentar con agredir a las personas, cuando se confunde exponer argumentos con hacer un monólogo donde las ideas del otro no me interesan, o cuando se confunde un debate con un campeonato deportivo o un programa de entretenimiento.

Lamentablemente, los fanáticos de su personaje favorito celebran la agresión como si hubiera anotado un punto a su favor. Con tristeza y decepción uno puede encontrar cada vez más personas públicas en las redes sociales o en debates televisivos que, cuando no les gusta un argumento, agreden a quien solo presentaba discrepancias o ideas propias con todo su derecho a hacerlo. La salida más fácil y más pobre es insultar o incomodar al otro refiriéndose a su vida personal o juzgando supuestas intenciones que no tiene.

Aunque no es algo tan nuevo, viene creciendo la normalización de la agresión personal ante la discrepancia. Lo preocupante es que se vuelva tendencia el mal ejemplo político de encasillar a las personas, agredirlas si entendemos que no están de nuestro lado, aunque solo sea por prejuicio. Y tristemente no se escapa de esta práctica ningún partido político. La polarización social seguirá ganando mientras se siga confundiendo a las personas con sus ideas, y mientras no podamos mostrar aprecio y respeto por todas las personas, y que con libertad podamos criticar sus ideas sin que por ello se entienda como ataques a las personas o que tengamos que estar «de un lado o del otro».

La simplificación de las etiquetas

Cuando todo se tiene que encasillar en política partidaria no queda mucho espacio para pensar libremente. Generalmente se cuestiona como traición cualquier sospecha de no estar alineado con el propio grupo. O se etiqueta o se pretende obligar al otro a definirse en cuestiones para las que no se aceptan matices ni análisis críticos. ¿No podemos acaso discrepar con todos en algo y, a la vez, estar de acuerdo en otras cosas con ambas partes?

Es frecuente ver que se encuadra a las personas en una identidad a la que se le atribuyen ideas que esa persona tal vez no tenga. En lugar de preguntarle al otro qué piensa, es más cómodo creer que, si sabemos cuál es su partido político, su religión o su filósofo favorito, ya sabemos todo lo que piensa. La realidad de cada ser humano es mucho más misteriosa, sorprendente, diversa y compleja que nuestros esquemas simplificadores y nuestras cómodas etiquetas cargadas de prejuicios. Todos hemos visto entrevistas donde la persona queda encerrada en preguntas cargadas de prejuicios, donde ya se presupone lo que va a contestar. Dejarse sorprender sería una sana actitud para acercarse al otro.

Falacias más utilizadas

Dos falacias muy recurrentes en debates superficiales son la falacia ad hominem y la falacia del hombre de paja, y hasta se recomiendan como estrategias retóricas. ¿En qué consisten? La falacia ad hominem consiste en atacar al interlocutor en lugar de responder al argumento. Generalmente, cuando no se tiene argumentos, no se quiere escuchar a la otra parte o se la quiere desautorizar, simplemente se alude a algo personal para desviar la conversación y debilitar al otro. No es falacia cuando se ataca o se insulta a otro, sino cuando se usa el ataque o insulto como forma de rechazar su argumento. Así, no se ataca a los argumentos, sino a quien los expresa, ya sea por su origen, su partido político, su creencia religiosa, su situación económica, su pasado, su conducta moral, por problemas familiares, etc.

Un ejemplo de esta falacia sería:

—El Estado debería proteger a los más vulnerables.
—Usted nunca fue pobre, así que mejor no opine de este tema. (falacia)

La otra falacia más usada es la del hombre de paja, que consiste en atribuir al oponente argumentos que no tiene, con el entusiasmo de que al refutarlos se demuestra la debilidad del argumento contrario. Permanentemente se atribuyen argumentos inexistentes a quienes no piensan de ese modo, solo para refutarles sin dejarles hablar. Lo cierto es que en general se argumenta contra ideas inexistentes.

La pereza para pensar lleva a discusiones simplistas y superficiales. Un ejemplo sería cuando alguien afirma: «Estoy en contra de la eutanasia porque contradice la ética médica y atenta contra la dignidad humana» y se le contesta con una falacia de hombre de paja: «Es egoísta obligar a la gente a vivir, alargándole la agonía». Que alguien esté en contra de la eutanasia no significa que obligue a alguien a vivir si no quiere, ni que le alargue la vida. Se presuponen contenidos que no están dichos en el argumento. Se le atribuyen al otro ideas que no tiene, desviando la atención de lo que afirma y llevando la discusión a un argumento ficticio fácil de rebatir.

¿Es posible un auténtico diálogo?

Parecería que la verdad no importa y cada uno puede inventarse la suya. La tendencia cultural al subjetivismo extremo, a vivir encerrado en uno mismo anulando todo lo que confronta los deseos y preferencias propios, crea una creciente incapacidad para el encuentro y la valoración de la diferencia. De la inseguridad y el miedo a la diferencia nacen los fundamentalismos de todos los extremos, y se legitiman así formas de intolerancia y violencia con quienes piensan distinto.

La capacidad para el diálogo requiere otras habilidades previas, como el respeto y el reconocimiento de los otros, la valoración de la diversidad de ideas, la disposición a aprender y a corregirse a uno mismo, la búsqueda sincera de la verdad y la honestidad intelectual. El verdadero diálogo rompe el círculo de los propios prejuicios y deja entrar la voz de los otros. Solo a través de un diálogo crítico y honesto, que busca la verdad y el encuentro con los otros, podemos crecer como personas y alcanzar madurez política y democrática. Solo en la valoración y comprensión de lo distinto, en la apertura al dinamismo de las ideas, es que podemos pensar libremente y escuchar realmente a los otros.

La importancia de los acuerdos

La construcción de una sociedad que trabaje por el bien común requiere de acuerdos y de proyectos a largo plazo. El diálogo es la herramienta fundamental que nos permite avanzar, poniendo los argumentos por encima de los intereses personales.

El diálogo nos hace capaces de descubrir que no coincidimos en todo ni estamos en todo en desacuerdo; nos permite fortalecer lo que nos une y aceptar lo que nos divide, buscando también consensos en decisiones difíciles.

La comunidad política es auténtica cuando existen vínculos reales y solidarios, que, en medio de las diferencias, van más lejos de una superficial tolerancia o de respeto por normas, sino que se realiza en la construcción colectiva de un nosotros que solo se hace posible desde el respeto por la dignidad de todo ser humano y la confianza en las instituciones.

Este artículo es la versión resumida del texto publicado en el semanario Voces..