Zeitenwende (en alemán, ‘época de transición’) es la palabra del momento. Muchas cosas pueden parecer un regreso al futuro, especialmente para los mayores. En cualquier caso, llama la atención lo rápido que pueden cambiar los parámetros de evaluación, aunque pudiera dudarse sobre sus fundamentos durante mucho tiempo.

Hace no mucho tiempo que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) posicionó la política exterior y de seguridad al comienzo de su programa electoral y, posteriormente, esta no jugó ningún papel en la campaña electoral. Hoy está claro para todos que habría sido útil un poco más de debate y claridad sobre cuestiones fundamentales. Y algunos dudan de que Olaf Scholz estaría ahora en la Cancillería, si hubiera dado su discurso del 27 de febrero en el Bundestag en septiembre de 2021. Por supuesto, es ociosa la cuestión de hasta dónde había llegado la disciplina del propio partido y qué efectos habría tenido sobre las opciones de coalición.

Después de todo, vivimos en tiempos de empinadas curvas de aprendizaje. Sin embargo, como se experimenta dolorosamente, esto no se aplica a todos. «Las pocas páginas del acuerdo de coalición dedicadas a política exterior y seguridad se leen en parte como hallazgos arqueológicos de una civilización antigua», criticó Melanie Amann a mediados de marzo en el semanario Der Spiegel.

La pregunta que queda es por qué se necesitan siempre experiencias shockeantes para este aprendizaje, para decir adiós a las ilusiones, mientras que casi siempre la prevención es el remedio de todos los males.

No es correcto afirmar —como ahora se afirma en todas partes— que todos estábamos equivocados. Sí había quienes advertían y analistas inteligentes, solo que no se los quería escuchar. No se quería que destruyeran las rutinas de pensamiento y, una vez más, no se quería creer lo que un líder autoritario decía y escribía, ni siquiera cuando empezó a ponerlo en práctica.

Ojos cerrados, mucho tiempo

En vista de todo esto, moverse uno mismo hacia una dependencia energética tan masiva y unilateral de Rusia durante muchos años constituye un fracaso político flagrante y espera ser abordado.

El nuevo ataque, esta vez abierto, de Rusia contra Ucrania el 24 de febrero dejó implacablemente claro que la política de poder clásica con medios militares es parte de la caja de herramientas, especialmente para los sistemas autoritarios, que Alemania ya había vaciado en gran medida.

De esta manera, el régimen de Putin aseguró desde el principio la cohesión de la Federación con la brutal guerra en Chechenia, atacó a Georgia en 2008 donde ya se apoyaba en separatistas, conquistó Crimea en 2014 y desestabilizó el este de Ucrania. Gracias al apoyo de la dictadura de Assad y de un alto precio en sangre de la población civil en Siria se aseguró la influencia en el Mediterráneo y en el Medio Oriente, jugó un papel en la frágil Libia y buscó más influencia en África a través de operaciones mercenarias del grupo Wagner.

Todo esto estuvo flanqueado por la retórica nostálgica imperial, que el historiador aficionado Putin también prologó con la invasión de Ucrania. Esto es un mal presagio al menos para los Estados bálticos y la República de Moldavia. Sin necesidad de ningún disparo, Bielorrusia se convirtió hace mucho tiempo en un Estado vasallo de Rusia, ya que esta era la única forma en que el dictador allí asegurara su propio poder contra su propia población. «Está poseído con la idea peligrosa y descabellada de tener una misión histórica», dice The Economist sobre el comportamiento de Putin.

La libertad de todos

En cualquier caso, es inequívoco que en Ucrania se defiende más que la libertad y la independencia del propio país. A diferencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, Rusia no es una potencia del statu quo en Europa, sino una potencia que quiere cambiar fronteras, si es necesario, mediante la fuerza, y que se ve en un conflicto sistémico con «Occidente», cuya «decadencia» Putin ha proyectado más de una vez como imagen del enemigo. «Putin quiere poner de rodillas a Occidente», afirma el historiador de Europa del Este Karl Schlögel en el Tagesspiegel.

En todo caso, Putin está poniendo a prueba la resiliencia y la capacidad defensiva de este Occidente y espera que sea tan débil como él la percibe. Desafortunadamente, tenía suficientes indicios de que las cosas no estaban bien en cuanto a dicha actitud defensiva, y de que después de la excitación y parálisis por el impacto inicial la gente volvería rápidamente a la normalidad.

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Es muy posible que haya identificado a Alemania como punto débil particular en la estructura occidental. Ausencia de percepción de amenaza entre la población, fuerzas armadas descuidadas en consecuencia, mesura confirmada por encuestas en el cumplimiento con las obligaciones de asistencia de la OTAN, el deseo frecuente de «relaciones especiales por responsabilidad histórica» con Rusia, incluso por encima de las cabezas de sus vecinos centroeuropeos, abandono del pensamiento geopolítico y de políticas de seguridad impulsado por la economía, falta de una cultura estratégica, antiamericanismo latente alimentado por los años traumáticos de la experiencias con Trump. La lista podría continuar.

Ahora, sin embargo, el propio Putin ha proporcionado el detonante que podría cambiar eso. Poco a poco se está filtrando que la seguridad en Europa actualmente no es posible con esta Rusia, sino que tiene que afirmarse contra esta Rusia. Según algunos expertos, Ucrania podría ser el momento Fukushima de la política exterior y de seguridad europea. El politólogo Peter Graf Kielmansegg llega a una conclusión en el Frankfurter Allgemeine Zeitung con respecto a las democracias: «No podrán volver a permitirse la ingenuidad de las últimas una o dos décadas».

¿Alemania como punto débil?

El hecho que el canciller federal Olaf Scholz súbita e inesperadamente quiera superar el objetivo del 2 % acordado en la OTAN y lo acompañe con un presupuesto especial de 100.000 millones de euros para la Bundeswehr (Fuerzas Armadas Federales); que las entregas de armas a una zona de guerra cuenten con un consenso generalizado; que el proyecto favorito del SPD, Nord Stream 2, quede en suspenso y se estén negociando embargos energéticos; que las sanciones sean cada vez más estrictas; y que la solidaridad con los Estados Unidos sea cada vez más cercana, pueden ser contabilizados en la cuenta de Putin.

Lo mismo vale cuando países como Suecia y Finlandia solicitan ser miembros de la OTAN debido a un temor renovado o si de repente parece posible la vía rápida para el ingreso a la UE de los países de la Asociación Oriental.

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Cuando solo Corea del Norte, Siria, Bielorrusia y Eritrea siguen siendo leales a Rusia en las Naciones Unidas, pero 141 Estados condenan su comportamiento y otros 35 se abstienen, eso probablemente no tenga precedentes para un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas como lo fue su expulsión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o del Consejo de Europa.

Asociación transatlántica

Sin embargo, aún no está claro cuán duraderas serán las lecciones aprendidas del shock de Ucrania. La determinación de algunas personas parece estar resquebrajándose nuevamente. La lista de tareas pendientes es larga y hay muchos obstáculos. Y de ninguna manera todo es tan claro como lo parecen muchas cosas ahora.

Alemania y Europa saben una vez más lo que realmente hay que hacer. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Es sorprendente lo bien que se mantienen unidos en la crisis y siguen soportando juntos las dolorosas sanciones. Pero eso no es suficiente. Se necesitan pasos más claros para fortalecer las capacidades de defensa europeas, además de las de la OTAN, y para respaldar las obligaciones de asistencia en virtud del artículo 42 del Tratado de la UE.

Más eficiencia y cooperación en lugar de proyectos de armamento coordinados en pequeña escala, puesta en común y reparto, grupos de combate realmente utilizables. Hay muchos elementos y presuponen que los egoísmos y las sensibilidades nacionales estén subordinados al objetivo común, también y especialmente en Alemania. También se necesita un concepto estratégico creíble para los lazos duraderos entre los países de los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental, pero también para la solidaridad con los países del Sur y el socio Turquía.

Las relaciones transatlánticas y la estrecha conexión con Estados Unidos son el núcleo esencial de la seguridad europea. Esto se ha puesto de manifiesto con la guerra de Ucrania. La conclusión debe ser esforzarse por estas relaciones, cultivarlas, dejar claro repetidamente su valor añadido también del otro lado del Atlántico.

El hecho de que Europa deba asumir una mayor responsabilidad militar en su propia vecindad es un aspecto importante, pero de ningún modo el único. Para los Estados Unidos, en el futuro, el Indo-Pacífico y la rivalidad con China desempeñarán un papel central. Esto no cambiará, ni siquiera con el nuevo enfoque a corto plazo del conflicto con Rusia en Europa. Menos aún si se reconoce un eje sino-ruso y estos Estados se apoyan mutuamente.

El peso de Europa

El valor que los Estados Unidos otorgan a los aliados europeos se define sobre todo por la utilidad que se espera de ellos en el conflicto con el Reino Medio. Sobre todo, para un país como Alemania, que está estrechamente relacionado con China desde el punto de vista económico. Esto constituye un dilema, aunque no insoluble.

Serían de utilidad la reducción de dependencias y la diversificación de las cadenas de suministro, al igual que una estrecha cooperación tecnológica, como la que ahora se está discutiendo más intensamente entre la UE y los Estados Unidos. Mucho mejor si esto estuviera respaldado por un nuevo y completo impulso al libre comercio. Porque, aunque la actual guerra en Ucrania se libre de manera bastante convencional —sin liderazgo tecnológico en alta tecnología, en inteligencia artificial y en todo el espacio digital—, las democracias liberales no lograrán imponerse. Lo que eso significa se puede leer de manera impresionante en el libro Future War and the Defense of Europe, de John R. Allen, F. Ben Hodges y Julian Lindley-French.

Biden y America first

Esto llama la atención sobre el hecho de que, aun sin la guerra de Ucrania, los déficits en términos de resiliencia ya eran evidentes. Confiar en el funcionamiento de los mercados globales —de los que Alemania fue sin duda uno de los mayores beneficiarios durante décadas— podría conducir a dependencias relacionadas con los precios, como ahora observamos dolorosamente, no solo en la cuestión energética con relación a Rusia.

Cuando se trata de materias primas importantes, hay unos pocos productores que proporcionan la base para nuestra producción industrial. Las empresas alemanas ya casi no están activas en estas áreas y las cooperaciones en cuanto a materias primas carecen de sustancia. Las cadenas de suministro internacionales son propensas a interrupciones. La pandemia lo pone en evidencia a diario. Si a esto agregáramos un comportamiento deliberadamente agresivo de los principales actores internacionales, tendríamos la tormenta perfecta.

Al mismo tiempo, es solo debido a la fortaleza económica de Europa que se la toma en serio a nivel internacional y está en capacidad de sancionar. ¿Pero por cuánto tiempo más? Sin el predominio del dólar estadounidense, las sanciones financieras centrales contra Rusia ya serían completamente en vano. Sería necesaria una urgente expansión del euro hasta alcanzar una fuerza similar, incluso en el caso de que los intereses europeos y estadounidenses no coincidan.

Además, el relativo éxito de las sanciones actuales significa que en otros lugares la gente está trabajando febrilmente para reducir las dependencias y ofrecer sus propias alternativas. China ya está logrando avances significativos en este sentido.

Europa como baluarte

Los años de Trump han demostrado lo rápido que puede cambiar el panorama para Europa. Aunque el gobierno de Biden busque la solidaridad y una estrecha coordinación con los aliados y el tono se haya vuelto más armonioso, la idea de America first tampoco es ajena a esta administración. Su objetivo no es otro que el público estadounidense y sus propias posibilidades electorales. Las restricciones de viaje inexplicablemente largas para los europeos durante la pandemia lo han demostrado, tanto como la retirada unilateral de Afganistán. Y una mirada a la política interna estadounidense muestra que no está descartado un regreso a la época de Trump. Incluso el aislacionismo es bastante popular en amplios círculos, después de décadas de haberse quemarse los dedos a nivel internacional.

Por lo tanto, Europa hace bien en concentrarse en su propia fortaleza militar, económica, tecnológica y financiera, sin importar cómo se la etiquete. Si bien es probable que el tándem Francia-Alemania siga teniendo una importancia central después de la victoria electoral nada impresionante de Emmanuel Macron. Pero eso ya no es suficiente. Ambos tendrían que saltar por encima de sus propias sombras, en varios aspectos.

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Francia, como única potencia nuclear que queda en la UE, debería estar preparada para abrir su force de frappe a la participación europea, y diversificarla más allá de las armas nucleares estratégicas. Debería además tomar más en serio los intereses de seguridad, especialmente en el Este y no solo definirlos a lo largo de las antiguas zonas de influencia francesas.

En Alemania se necesitaría una cultura militar estratégica diferente y una mayor voluntad de invertir su propia fuerza económica de manera aún más visible en el fortalecimiento de la comunidad.

Ya son perceptibles aproximaciones en las direcciones mencionadas.

Pocos socios

El comportamiento electoral en la ONU ha dejado en claro que hay países importantes en todo el mundo que, a pesar de todas las críticas a la política de guerra rusa, no están dispuestos a dejarse encasillar en un esquema político global amigo-enemigo —aquí las democracias (occidentales), allí las dictaduras china y rusa— y a tomar partido claramente en consecuencia.

Para Occidente esto deja en evidencia que su propia credibilidad ha mostrado enormes déficits durante décadas. Esto comienza con la historia colonial —a menudo no superada— de Estados importantes, hasta intervenciones militares ilegítimas según el derecho internacional.

Con demasiada frecuencia se ha dado la impresión de que, si bien los derechos humanos y civiles son la máxima prioridad en el país, en el mejor de los casos ocupan una relevancia secundaria cuando se trata de otros pueblos. Especialmente en la literatura asiática actual, la satisfacción por el propio progreso económico se mezcla con el regodeo por la pérdida de importancia de Occidente, al que tuvo que soportar durante demasiado tiempo como a un arrogante profesor de secundaria.

En este Occidente —incluso la definición del término requeriría una reforma— ahora se oye hablar mucho de relaciones de igual a igual, sobre todo en los círculos de políticas de desarrollo. Pero esto no siempre tiene consecuencias prácticas. Aquí, también, uno se encuentra en un dilema. Por un lado, están los valores propios, a los que uno no puede, no quiere y no debe renunciar por razones puramente de la política real.

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Los verdaderos socios deben cumplir con los estándares mínimos de derechos humanos. Además, se espera la disposición a no obstaculizar una sociedad civil activa, permitir la democracia y llevar a la práctica el Estado de derecho, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción. Por otro lado, el número de los que son como nosotros está disminuyendo actualmente en todo el mundo, como se puede ver en los respectivos índices. Y no debemos exagerar, elevando de inmediato cada cambio que impulsamos como una extensión de la paleta de derechos de grupos sociales particulares al nuevo «patrón oro» internacional.

Claramente, se requieren círculos concéntricos de relaciones amistosas en lo que respecta a la cercanía de la cooperación. Y se requiere distinguir que no todos los socios comerciales son también socios con quienes se comparte valores. Y, sin embargo, son socios. Particularmente, el ministro federal de Economía ha intentado explicarlo a sus propios votantes después de sus viajes al Golfo en la búsqueda de alternativas energéticas.

Competencia de sistemas

No hay razón para esconderse internacionalmente y hacer penitencia. La competencia sistémica entre libertad y autoritarismo puede llevarse a cabo con confianza en uno mismo. Las democracias a ambos lados del Atlántico, así como también en la región del Indo-Pacífico y en África, tienen mucho para mostrar y son atractivas. Sociedades civiles despiertas de todo el mundo se orientan hacia ellas, se benefician de la cooperación y, a su vez, inspiran la discusión local.

Además, estos países son imanes tanto para los perseguidos como para los talentosos. Aquí es donde se cierra el círculo con la Rusia de Putin. ¡El país está perdiendo su futuro! Los jóvenes profesionales y bien formados ya no ven perspectivas allí y se van. Periodistas, artistas y científicos, por su parte, ya no soportan la amenaza y el encierro, y con el corazón apesadumbrado también buscan el exilio.

La situación actual y lo que hay que hacer, al menos a mediano plazo, también ofrece oportunidades para presentarse como socio futuro confiable en todo el mundo. Esto se volverá muy actual con la previsible crisis alimentaria, cuando las entregas de Rusia y Ucrania no se materialicen o los alimentos básicos se vuelvan inasequibles para muchas personas.

Las llamadas de ayuda de los organismos de la ONU son inequívocas desde hace semanas: «Ya estamos recortando la comida de los hambrientos para salvar a los que mueren de hambre», dice David Beasley, del Programa Mundial de Alimentos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, según Spiegel, y advierte de disturbios por alimentos, inestabilidad y éxodo masivo. Aquí se necesita una ayuda rápida y generosa, también en nuestro propio interés.

Protección del clima

Sería fatal pisar el freno en temas futuros como la protección del clima, de acuerdo a la consigna de que «lo haremos más tarde». No en vano, Armin Nassehi advierte contra el aburrimiento, en el Tagesspiegel: «Incluso el fin del mundo apenas tiene valor informativo. Los informes al respecto se han vuelto rutinarios».

La caída económica provocada por la pandemia ya ha postergado para un futuro lejano muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la llamada Agenda 2030 . Muchos países se ven retrocediendo décadas y buscan ayuda, venga de donde venga. China ya ha dado ejemplo con su diplomacia de las vacunas. Ahora, como Rusia, intentará utilizar la crisis para aumentar su propia influencia y crear nuevas dependencias.

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Existe la preocupación de que los principales donantes de Europa en particular estén centrando ahora todos sus esfuerzos en la reconstrucción de Ucrania o que se necesite un margen de maniobra presupuestario para amortiguar las consecuencias de la crisis en sus propios países. Por difícil que sea, hay que hacer una cosa sin descuidar la otra. Cualquiera que pueda movilizar 35.000 millones de euros en ayuda para el valle del Ahr (zona vinícola severamente afectada por las crecientes en 2021) a corto plazo, o 2000 millones de euros para abaratar el transporte público local en tiempos de aumento de los precios de la gasolina, será medido en otro lugar cuando se trate de cuestiones de supervivencia.

Tareas del futuro

Los problemas globales no se toman un descanso solo porque solo podamos volver a enfocarnos en una cuestión, por muy prioritaria que sea. Friedrich Merz tuvo el coraje de señalar a la población alemana que nuestra prosperidad podría alcanzar su punto máximo en un futuro previsible. Pero —y esto también era parte del mensaje—, si es posible afirmarse bien ahora, hacer frente a las grandes transformaciones que se avecinan, reinventarse un poco, asumir de verdad un papel fuerte y una responsabilidad como país fuerte, también a nivel internacional, y avanzar en cooperación con personas de ideas afines, entonces no tenemos que preocuparnos por el futuro.

Artículo publicado originalmente en Auslandsinformationen en junio de 2022.
Traducción al español: Manfred Steffen, de la oficina KAS Montevideo.

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La 19.ª edición del «Forte de Copacabana», la mayor conferencia de seguridad internacional de América Latina, se realizará entre el 30 de junio y el 1.º de julio. El tema de este año es «Amenazas sin fronteras: ¿somos capaces de enfrentar los desafíos?».

Dividido en cinco paneles, el evento tiene como objetivo abordar temas de actualidad en el ámbito de la seguridad global, como el cambio climático y la crisis energética, la seguridad hídrica y alimentaria, las amenazas derivadas de la pandemia de covid-19, la inteligencia artificial y la guerra cibernética.

Se invitó a participantes del más alto nivel a debatir estos temas, incluidos representantes de organismos multilaterales, gobiernos, las fuerzas armadas, la academia y el sector privado.

Desde su creación en 2003, el Forte de Copacabana se ha convertido de una reunión relativamente pequeña en el foro de debate sobre seguridad internacional más grande de América Latina. Gran parte de este éxito se debe al trabajo de asociación llevado a cabo por los organizadores: la Fundación Konrad Adenauer (KAS), fundación política alemana independiente y sin ánimo de lucro que trabaja a nivel nacional e internacional por la paz, la justicia y la libertad y cuya principal misión es la defensa de la democracia y la promoción de la economía social de mercado, con base en los valores de la democracia cristiana; el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), uno de los mejores think tanks en América Latina, según el ranking del Programa de Think Tank y Sociedad Civil de la Universidad de Pensilvania, y la Delegación de la Unión Europea en Brasil, enfocada en promover las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y Brasil. Estas tres instituciones se unen para realizar esta conferencia, cuyo principal objetivo es promover el debate entre expertos de diferentes sectores sobre temas de interés común para los socios de ambos lados del Atlántico.

Guerra y crisis energética

Este año, la conferencia se llevará a cabo en un escenario global que pone en evidencia la necesidad de una mayor cooperación entre los miembros de la comunidad internacional. Cada vez más, el mundo está expuesto a amenazas que sobrepasan las barreras geográficas.

Los cambios en la coyuntura internacional provocados por la invasión rusa y la consiguiente guerra en Ucrania agravaron aún más la situación de inestabilidad e incertidumbre. Las consecuencias de este conflicto tienen un impacto directo en los temas que se debatirán para asegurar una mejora en el ámbito de la seguridad global.

La crisis energética será uno de los puntos clave de discusión, ya que Rusia es actualmente uno de los mayores proveedores de gas natural a Europa y ocupa una posición destacada en este mercado a nivel mundial. En este contexto, el debate sobre el tema durante la conferencia tiene como objetivo resaltar la necesidad de fuentes de energía alternativas y proponer vías de cooperación entre socios para acelerar lo que se puede llamar el proceso de transición energética. También se subrayará la importancia de debatir este tema con miras al uso de fuentes de energía sostenibles, una vez que el cambio climático también estará en la agenda de la conferencia.

Subsistencia básica en juego

Otro desarrollo de la guerra en Ucrania que se discutirá en profundidad es la crisis alimentaria que se ha agravado sustancialmente, ya que los países involucrados representan una parte significativa del mercado de exportación de granos, como el trigo. En el caso ruso, está también la gran cantidad de exportaciones de fertilizantes, cuya escasez viene teniendo un impacto considerable en la industria alimentaria. Además, la guerra rusa impide la exportación de trigo de Ucrania al mundo. Así, la seguridad alimentaria es un tema que vuelve a ganar importancia en el escenario brasileño y mundial, reforzando la primacía del debate sobre el tema.

Covid-19 y ciberguerras

Una de las principales amenazas a la seguridad global que ha impactado al mundo entero y continúa haciéndolo es la pandemia de covid-19. Se realizará un debate en el “Forte de Copacabana” con el fin de analizar los impactos negativos de la pandemia en el ámbito de la seguridad internacional y las formas de combatir tales amenazas. Más que nunca, el diálogo multilateral sobre este tema es necesario para asegurar una mejora en el marco de contención de la enfermedad y sus efectos.

La agresiva invasión y violación del derecho internacional por parte de Rusia ha colocado nuevamente al mundo en el cruel y triste escenario de un enfrentamiento armado. La destrucción y la violencia que observamos en suelo ucraniano, especialmente contra la población civil, subrayan la importancia de la política de seguridad y la formación de alianzas que protejan al mundo de conflictos similares en el futuro y, más que eso, conduzcan, en última instancia, a una solución sin guerra.

Por esa razón, la conferencia discutirá varios aspectos de la política de seguridad, como el equipamiento de las fuerzas armadas, las inversiones en política de seguridad y cómo el mundo globalizado puede hacer frente a otros tipos de guerra, como la informacional y la cibernética. Es, por tanto, un tema crucial para el presente y para el futuro de la seguridad internacional que será debatido y discutido por los expertos que formarán parte de esta edición del Forte.

Formato híbrido

Después de dos años de formato virtual, la edición 2022 de la conferencia Forte de Copacabana se llevará a cabo en formato híbrido. Además de un número limitado de invitados y participantes presenciales, los debates promovidos por los paneles se podrán seguir a través de una plataforma online, lo cual permite que el foro tenga mayor asistencia y genera mayor acceso y visibilidad a los debates.

La transmisión de la conferencia contará con intérpretes en cuatro idiomas (inglés, portugués, alemán y español), así como un intérprete de Libras (lengua brasileña de señas), para una mayor inclusividad.

Para más información sobre la Conferencia de Seguridad Internacional Forte de Copacabana, visite las páginas oficiales y siga las redes sociales de la Fundación Konrad Adenauer y los socios organizadores.

Más información:
www.kas.de/Brasil
#Forte2022

Traducción al español de Livia Prado, oficina KAS en Montevideo

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Será realizada, nos próximos dias 30 de junho e 1º de julho, a 19ª edição do “Forte de Copacabana”, a maior conferência de segurança internacional da América Latina. O tema deste ano é: “Ameaças sem fronteiras: somos capazes de lidar com os desafios?”.

Dividido em cinco painéis, o evento se propõe a abordar temas atuais no âmbito da segurança global, como mudanças climáticas e crise energética, segurança hídrica e alimentar, ameaças decorrentes da pandemia de COVID-19, inteligência artificial e guerra cibernética.

Para debater essas questões foram convidados participantes do mais alto nível, incluindo representantes de organizações multilaterais, governos, forças armadas, academia e iniciativa privada.

Desde a sua criação em 2003, o “Forte de Copacabana” evoluiu de uma reunião relativamente pequena para o maior fórum de debate de segurança internacional da América Latina. Muito deste sucesso deve-se ao trabalho em parceria desempenhado pelos organizadores responsáveis: A Fundação Konrad Adenauer (KAS), uma fundação política alemã independente e sem fins lucrativos que atua nacional e internacionalmente em prol da paz, justiça e liberdade e cuja principal missão é a defesa da democracia e o fomento da economia social de mercado, com base nos valores da democracia cristã; o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) um dos melhores think tanks da América Latina, segundo o ranking do Programa de Think Tank e Sociedade Civil da Universidade da Pensilvânia e a Delegação da União Europeia no Brasil, focada na promoção das relações políticas e econômicas entre a União Europeia e o Brasil. Essas três instituições se unem na realização desta conferência cujo principal objetivo é promover o debate entre especialistas de diversos setores sobre temáticas de comum interesse dos parceiros dos dois lados do Atlântico.

Guerra e crise energética

Este ano, a conferência será realizada em meio a um cenário global que evidencia a necessidade de uma cooperação maior entre os membros da comunidade internacional. Cada vez mais, o mundo está exposto a ameaças que superam a questão da barreira geográfica.

As mudanças na conjuntura internacional provocadas pela invasão russa e a consequente guerra na Ucrânia agravaram ainda mais o quadro de instabilidade e incertezas. Os desdobramentos desse conflito impactam diretamente os temas que serão debatidos para assegurar uma melhoria no âmbito da segurança global.

A crise energética será colocada com um dos pontos-chave de discussão, uma vez que a Rússia é atualmente uma das maiores fornecedoras de gás natural para a Europa e ocupa uma posição de destaque nesse mercado mundialmente. Neste contexto, o debate sobre esta questão durante a conferência visa a salientar a necessidade de fontes de energia alternativas e propor meios de cooperação entre os parceiros para acelerar o que pode ser chamado de processo de transição energética. A importância de se debater esta questão tendo em vista o uso de fontes de energia sustentáveis também será ressaltada uma vez que a temática das mudanças climáticas também estará na pauta da conferência.

Subsistência básica em jogo

Outro desdobramento da guerra na Ucrânia que será abordado a fundo é a crise alimentícia que se agravou substancialmente já que os países envolvidos representam uma parte significativa do mercado de exportação de grãos, como o trigo. No caso russo, ainda existe a alta quantia de exportação de fertilizantes, cuja escassez também vem causando um impacto considerável na indústria dos alimentos. Além disso, essa guerra da Rússia impede a exportação de trigo da Ucrânia para o mundo. Assim, a segurança alimentar é um assunto que volta a ganhar em importância no cenário brasileiro, e mundial também, e reforça a primordialidade do debate sobre a questão.

Covid-19 e Ciberguerras

Uma das principais ameaças à segurança global que impactou o mundo inteiro ainda o impacta é a pandemia de COVID-19. No “Forte de Copacabana” será realizado um debate buscando analisar os impactos negativos da pandemia na área de segurança internacional e formas para combater tais ameaças. Mais do que nunca, faz-se necessário o diálogo multilateral sobre esta problemática afim de se assegurar uma melhoria no quadro de contenção da doença e de seus efeitos.

A invasão agressiva e a violação do direito internacional pela Rússia colocaram o mundo mais uma vez de frente para o cenário cruel e triste de um confronto armado. A destruição e violência que observamos em solo ucraniano, especialmente contra a população civil, ressaltam a importância da política de segurança e da formação de alianças que possam resguardar o mundo de conflitos semelhantes no futuro e que, mais do que isso, possam enfim levar à uma solução para a guerra.

Por isso a conferência vai discutir vários aspectos da política de segurança, entre outros, o equipamento das forças armadas, os investimentos na política de segurança e como o mundo globalizado pode lidar com outros tipos de guerra como a da informação e a cibernética. Trata-se, portanto, de um tema crucial para o presente e para o futuro da segurança internacional e que será debatido e discutido por especialistas que farão parte desta edição do “Forte”.

Após dois anos de formato apenas virtual, a edição de 2022 da conferência do “Forte de Copacabana” será realizada em formato híbrido. Além de um número limitado de convidados e participantes presenciais, os debates promovidos pelos painéis poderão ser acompanhados por meio de uma plataforma online, o que permite ao fórum ter uma adesão maior e gera um acesso e uma visibilidade mais ampla aos debates.

A transmissão da conferência contará com intérpretes em quatro idiomas (inglês, português, alemão e espanhol), bem como com um intérprete de libras (somente em português), a fim de ser mais inclusiva.

Para mais informações sobre a “Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana”, acesse as páginas oficiais e siga as redes sociais da Fundação Konrad Adenauer e dos parceiros organizadores.

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En esta era de posverdad, polarización y espectáculo, la condición intelectual está siendo severamente cuestionada. El rol como sujetos que producen, debaten y divulgan ideas se ha complejizado. Viejos dogmas y nuevas modas progresistas exponen los vanguardismos moralizantes del gremio.

Las descalificaciones de la masa vociferante, espoleada por caudillos e influencers conservadores, desacreditan al pensamiento crítico en internet. De tal forma que el intelectual no alineado acaba siendo, a la vez, un intelectual antiintelectual y antiantiintelectual.

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Dos sucesos recientes provocan la actual reflexión sobre la vida del intelectual latinoamericano. En particular, de esa amplia franja concentrada (sin correspondencia con la más plural preferencia de la población regional) en las izquierdas. Por un lado, el silencio de buena parte del progresismo —y corrientes feministas— ante la condena a la expresidenta Jeanine Áñez en Bolivia. Por otro, el encantamiento arrobador —no el endoso coyuntural y condicionado— de varios intelectuales y medios liberales ante la figura de Gustavo Petro en Colombia.

El caso Áñez

La condena de Áñez es repudiable no solo por su identidad (mujer mestiza, despojada de poder), en tanto sujeto vulnerable y violentado, sino por representar un nuevo caso de politización de la Justicia y judicialización de la política. Condiciones vigentes en toda Latinoamérica, a lo largo y ancho del espectro ideológico.

Por eso llama la atención que quienes convirtieron los casos de Milagros Salas y Dilma Roussef en banderas del reclamo por la criminalización de activistas y lideresas no digan nada ante el viciado castigo a Áñez. Cuando intelectuales progresistas como Pablo Stefanoni (Argentina) y Fernando Molina (Bolivia) reconocen el carácter histórico y estructuralmente politizado de la administración de justicia en Bolivia, el silencio ante la criminalización de Áñez es aún menos justificable.

La condena de Áñez ocurrió al mismo tiempo que intelectuales progresistas se reunían en México con los centros y académicos de la región, en el cónclave del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Un foro, por cierto, donde se echaron porras a las más diversas causas de la izquierda regional —incluida explícitamente la esperada victoria del candidato izquierdista colombiano—, pero donde no hubo espacio para hablar de la política boliviana. Ni, debe decirse, de los centenares de presos políticos cubanos, nicaragüenses y venezolanos.

Causas sociales

Detrás de ese doble rasero no hay solo cálculos políticos, sino también enfoques epistémicos. En Occidente, buena parte de las llamadas causas sociales se han osificado, invisibilizando las demandas, sujetos y problemas específicos que deberían constituirlas. Simplifican las dominaciones y exclusiones que atraviesan cada sociedad, las que siempre son múltiples en sus ideologías legitimadoras y concretas en las víctimas que producen.

Pero al resumir los demonios —el capitalismo, el hombre blanco, el imperialismo yanqui, la derecha latinoamericana— y sacralizar a sus adversarios —los liderazgos progresistas, los movimientos populares, la Revolución cubana— se construye una teleología homogeneizante que niega las trayectorias y resistencias múltiples a las dominaciones. Desde ahí, Áñez es reducida a la condición de instrumento de los enemigos del «proyecto nacional y popular», andino y amazónico, encarnado por el Movimiento al Socialismo.

[Lee también: La fuerte erosión de la confianza en la democracia]

Así, desde esa mirada, se comprende que Áñez no sea digna de recibir no ya un pronunciamiento, sino siquiera un simple tuit. No importa que sea mujer y mestiza, no importa que otros actores políticos de oposición boliviana (más radicales que ella) la hayan abandonado a su suerte. No es «nuestra compañera», dirán algunos intelectuales militantes; lo cual la condena al desamparo. De ahí que casos como el de Áñez revelen las militancias radicales del identitarismo (intelectual y político), reforzando con el maquillaje de la superioridad moral otras dominaciones. Y provocando, como coletazo, el refuerzo reaccionario del conservadurismo en amplios sectores populares.

Los filotiránicos

Por otro lado, las últimas semanas han elevado el tono y cantidad de las adhesiones intelectuales entusiastas al populista de izquierdas colombiano Gustavo Petro.[1] No solo por el desafío inesperado que representa Rodolfo Hernández, un populista de derechas temperamental —y difícilmente encasillable— que ha trastocado las posiciones del campo político, sino por el rechazo a los demás candidatos conservadores y liberales. Revisemos la prensa y veremos cómo, desde antes de la primera vuelta, buena parte de la academia regional se volcó en un endoso organizado y entusiasta al candidato del llamado Pacto Histórico.

Mark Lilla llamó filotiránicos a los intelectuales seducidos por autócratas. Ego, dinero e ideología rendían (desde Platón a Sartre) la erudición al despotismo. Hoy, siguiendo a Chantal Mouffe, la academia «progre» latinoamericana nos presenta a los populistas de izquierda como demócratas posliberales o republicanos socialdemocráticos. Un ilusionismo políticamente correcto que podría llevarnos a parafreasear aquel viejo adagio: los intelectuales tienen los gobiernos que se merecen.

Populismo ciudadanizante

Se pueden reconocer las limitaciones de diseño y desempeño de las democracias latinoamericanas, presas entre el liberalismo oligárquico y el democratismo iliberal, sin avalar atajos populistas, del tipo que sea. Se puede entender —aunque también discutir— por qué se prefiere a Petro antes que a Hernández. Asumiendo al primero como más racional, moderado y estadista.

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Pero, como han demostrado los estudios empíricos[2] y reflexiones teóricas, no hay populismo ciudadanizante.[3] En pleno siglo XXI, ni la ideología ni la geografía ni la identidad justifican la repartición alterna de alabanzas y repudios hacia unos u otros populistas. Latinoamérica ha padecido demasiado por el pensamiento mágico, religioso o profano. ¡Ya no más!

Hegemonía

Los intelectuales, pueden (y deben) identificar la coexistencia de estructuras jerárquicas y opresivas, sin concederles uniformidad. Porque la dominación como relación social se ejerce desde múltiples sujetos, discursos y agendas. Incluidos los supuestamente contrahegemónicos. Mientras en Latinoamérica las políticas de identidad y los reclamos justicieros sigan hegemonizados por una izquierda radical (que esencializa sujetos y agendas) y contestados por una derecha conservadora (que niega diversidades y desigualdades estructurales), la justicia y la libertad seguirán en la picota.

En el plano político, solo la defensa de un Estado de derecho (con su presunción de inocencia, igualdad ante la ley y debido proceso) y la apuesta por una ciudadanía plural y participativa podrían dar otros resultados. Puede que suene demasiado liberal. Pero es justo ese sectario iliberalismo (en derechas e izquierdas criollas) lo que tiene a la democracia en la región así y aquí.

Notas:

[1] Para un abordaje integral del fenómeno populista en Colombia recomiendo el libro de Jorge Giraldo Ramírez, Populistas a la colombiana, Bogotá, Debate, 2018.

[2] Saskia P. Ruth-Lovell, Anna Lürmann y Sandra Grahn, Democracy and Populism: testing a contentious relationship, Working Paper Series, 91, Gotemburgo: V-Dem Institute, 2019.

[3] Benjamin Moffit, Populismo. Guía para entender la palabra clave de la política contemporánea, Buenos Aires, Siglo XXI, 2022.

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Gustavo Petro, “primer presidente de izquierda elegido en Colombia”. Este es el titular de varios medios de comunicación. Otros, resaltan que por primera vez el país tendrá una vicepresidenta negra. La tercera fue la vencida.

La elección

El primer boletín de la Registraduría de Colombia, publicado a las 4:10 p.m., mostraba una ventaja de Rodolfo Hernández, con el 63,5%, sobre Gustavo Petro, con el 34,92%. Una ventana que fue acortándose en los siguientes dos boletines, cuando el candidato del Pacto Histórico empezó a sacar una ventaja que se mantuvo hasta el final.

Esos primeros minutos parecieron una metáfora de las percepciones iniciales tras la primera vuelta, en la que Hernández se daba como el posible ganador.

Esa primera lectura era que el triunfo del outsider que sacudió la política colombiana era casi seguro. En los cálculos, la suma del 28% de Hernández con el 24% de Federico Gutiérrez y el 1% del Jhon Milton Rodríguez daba un 53%. Los apoyos anunciados de sectores del uribismo y del ex candidato Federico Gutiérrez, así como de sectores tradicionales, ratificaban esa suma. “Petro ya llegó a su techo con esos 8 millones y medio”, aseguraron algunos analistas.

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Pero, como también repitieron otros analistas, la política es dinámica y las matemáticas electorales no siempre cuadran. Aunque Hernández, con los más de diez millones y medio de votos se acercó a esa suma, Petro lo superó en 700.000 votos. Y es que en estas elecciones votaron un millón doscientas mil personas más que en primera vuelta. Aunque el mapa electoral fue similar al de aquel evento electoral, Petro aumentó sus votantes en ciudades clave como Bogotá y Cali. Lo mismo pasó en la Costa Atlántica.

Algunas hipótesis

Lo ocurrido puede obedecer a varias razones. Algunas personas que votaron en primera vuelta por Rodolfo Hernández se bajaron al escuchar de los escándalos y también pudo afectar a sus electores el apoyo del uribismo. Al parecer, fue más fuerte el anti-uribismo, que el anti-petrismo. Con el paso de los días y los análisis más detallados de los votantes, comprobaremos si los votantes por primera vez y los más jóvenes, así como las mujeres, influyeron realmente en esta segunda vuelta. 

Hernández pasó a ser el foco tanto de medios de comunicación y de desinformaciones, llamadas por muchos como noticias falsas. En el Twitter Space realizado por Diálogo Político el pasado 13 de junio, junto a Nicolás Díaz del Extituto de Política Abierta, analizamos los dos candidatos. Díaz aseguraba que Hernández no era tan “outsider” como aparentaba. Pero también resaltamos que Hernández debía afrontar un juicio por un proceso relacionado con corrupción, algo inédito y en el que se avizoraba un debate jurídico.

Estos elementos, sumados a los audios y videos, algunos viejos y otros sacados de contexto, pero en otros casos reales con afirmaciones polémicas como una en la que dijo que recibía  a la “Virgen Santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio”, o sus frases sobre las mujeres, le generaron una serie de críticas y calificativos de machista que terminaron afectando su imagen.

Otro de los elementos inéditos en estas elecciones fue que temas como racismo y feminismo estuvieron en el centro de los debates. Juanita León, directora de La Silla Vacía, resaltó en el artículo “Termina una campaña inédita y arranca una época incierta”: “Por primera vez, se habló de racismo, de feminismo, de los fondos de pensiones, de si el petróleo es bueno o no para Colombia, del lenguaje inclusivo. Por primera vez en este siglo, la campaña no giró alrededor de Álvaro Uribe ni de las Farc. Por primera vez llega un candidato que le produce mucho miedo al Establecimiento y a las Fuerzas Militares, y llega vivo”.

Un futuro incierto

Los dos candidatos de esta segunda vuelta prometían el cambio, pero al mismo tiempo generaban incertidumbre. Petro, por su lado, con sus propuestas económicas de una transición energética o de un cambio en los sistemas de pensiones y salud, así como sus críticas a las instituciones e incluso decir que en Colombia no existía una democracia, despertaron resquemores entre los gremios económicos del país. 

Pero Rodolfo Hernández, impredecible y con un poco conocimiento de diversos temas y del funcionamiento del Estado, también generaba incertidumbre y la sensación de un salto al vacío.

Y mientras el candidato por el Pacto Histórico se acercaba al centro, con el apoyo de Alejandro Gaviria, ex precandidato por la Coalición Centro Esperanza, y del ex ministro neoliberal Rudolf Holmmes, Hernández rechazaba la llegada de Sergio Fajardo. 

Así que una de esas primeras preguntas que están en el ambiente es quiénes serían los miembros del gabinete ministerial de Petro. Luciana Manfredi, profesora de la Universidad Icesi de Cali, asegura que uno de los puntos principales para analizar es que Petro debe resolver cómo va a financiar sus políticas. Lo más seguro es que haga una reforma tributaria para financiarlo. Creo que lo va a hacer, pero no en los primeros meses, pues los primeros 100 días debe buscar apoyo y generar consensos en el Congreso. Es que en las campañas ninguno de los dos presentó un plan de gobierno, en el que incluyeran cómo realizar sus propuestas. Así que eso se debe construir”.

Manfredi también resalta lo histórico de estas elecciones. “Colombia siempre ha estado gobernada por partidos de centro derecha muy liberales. Ha sido un país que ha tenido debilidad institucional y el conflicto interno armado, pero siempre ha sido uno de los países más estables en materia económica de la región. Petro debe mantener la premisa de la variable macroeconómica estable. Si él se mete a tocar eso, es probable que no lo dejen gobernar, pero si deja quieta la economía, es probable que pueda incidir en la política social. No creo que vaya a haber un cambio rotundo en cuatro años de lo que viene siendo Colombia desde los 80 a la actualidad. Son 40 años de liberalismo económico que no van a cambiar”.

Petro, el ganador

En un discurso de victoria de una hora, Petro llamó a un consenso e invitó a los diez millones de personas a unirse, e incluso habló del capitalismo. Pero sus palabras tuvieron un lunar, que ya despertó críticas: “yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud,liberen a los jóvenes”, dijo. Y pidió a la Procuradora “que restituya en sus puestos a los alcaldes de elección popular, ya no es el momento de los odios”.

Y aunque no hizo referencia directa la llamada “Primera Línea”, es claro que se refería a los jóvenes detenidos tras el paro que se inició en abril de 2021. Estos llamados fueron criticados por el irrespeto a la independencia judicial y dan pie a narrativas de miedos por el autoritarismo de Petro y el irrespeto hacia las instituciones.

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Armando Chaguaceda, politólogo, historiador y analista de Diálogo Político, toca otro de los puntos de incertidumbre que genera Petro, pero esta vez, en el panorama regional. “El tema que preocupa es el marco mayor, político, en el que se inscribe su liderazgo y gestión. Sus alianzas regionales y sus lealtades ideológicas de larga data no son de una izquierda socialdemócrata clásica (con perfil anti autoritario (como Figueres o Betancourt) o de una novedosa izquierda millenial (como Boric) de perfil realmente movimientista. Son las de un liderazgo formado en la escuela del castrismo y apoyado por esas redes. Ciertamente, la trágica realidad cubana y venezolana no tiene por qué pesar como variable principal a los colombianos que votaron por él como expresión de esperanza por un cambio social ante el agotamiento del bipartidismo tradicional. Pero hay que recordar que Cuba no es solo otro país con un gobierno autoritario que a algunos (sus víctimas) preocupa. Es un agente regional, un modelo a imitar y, en el caso colombiano, un actor de política interior, con aliados poderosos”.

Así que este resultado histórico llega con altas expectativas para un sector, que anoche salió a las calles de Cali, Bogotá, Buenaventura, Quibdó y otras ciudades colombianas, a celebrar el triunfo. Pero también con incertidumbre para casi la otra mitad del país. Y además con la expectativa y los miedos de venezolanos, que son aproximadamente 2 millones en Colombia, de que Petro no repita la historia de autoritarismo del vecino país.

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Juergen Hardt, portavoz de asuntos exteriores de la bancada CDU/CSU en el Bundestag alemán, emitió la siguiente declaración sobre los repetidos ataques violentos contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó:

La bancada parlamentaria de la CDU/CSU condena en los términos más enérgicos los violentos ataques contra el legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El régimen de Maduro sigue negándose a la urgente transición democrática. La crisis humanitaria en Venezuela persiste y amenaza con empeorar aún más como resultado de la guerra de agresión rusa contra Ucrania y la consiguiente carencia de suministros de alimentos.

Maduro y sus secuaces no deben creer que pueden intensificar la represión interna de forma desapercibida a la sombra de la guerra en Ucrania. La comunidad internacional está llamada a aumentar aún más la presión sobre el régimen de Maduro. Aquí también se requiere el liderazgo del Gobierno federal.

Juergen Hardt, portavoz de asuntos exteriores de la bancada CDU/CSU

🔵Presseinfo👉@juergenhardt: #Maduro–#Regime verweigert demokratischen Übergang https://t.co/LDzL4DmPAK

— CDU/CSU (@cducsubt) June 17, 2022

El presidente interino de Venezuela por la Asamblea Nacional legítima, diputado Juan Guadió, fue atacado por militantes chavista violentos el pasado sábado 11 de junio en el estado Cojedes de ese país. Esto ocurrió durante una gira que realizaba Guaidó junto a su equipo de trabajo en la ciudad de San Carlos. El dirigente fue agregido físicamente.

El primer proceso de revocación de mandato despertó alertas sobre la posible estrategia electoral para consolidar un proyecto hegemónico. No cumplió con las reglas previstas en la legislación y fue utilizado desde el gobierno para fines proselitistas. El resultado fue negativo para el presidente, y el instrumento queda en cuestión.

El pasado 10 de abril de 2022 se dio por vez primera un proceso de revocación de mandato en México. El diseño original del mecanismo de democracia directa, aprobado por el Congreso de la Unión, se vio rápidamente contaminado por una serie de intervenciones gubernamentales. Estas incluyeron actos de propaganda indebida, publicidad engañosa y acarreo y compra de votos. En perspectiva, la revocación de mandato fue un proceso frustrado. En el fondo no cumplió con las reglas de un acto democrático, libre e informado.

Democracia directa

El tránsito de México hacia una democracia plena y vigorosa ha sido un parto doloroso. Los inicios de la liberalización política datan de la década de los sesenta. Entonces se aprobó la figura de los diputados de partido, que ampliaron la representación de las minorías en la Cámara de Diputados.

El diseño institucional posterior privilegió la creación de un órgano electoral, de un tribunal electoral autónomo y de la representación proporcional en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Las figuras de democracia directa, como la iniciativa popular, la consulta popular y la revocación de mandato se introdujeron en nuestro orden constitucional de manera tardía.

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Cabe señalar que, en materia de democracia directa, el PAN fue pionero. Ya en 1946, los diputados federales Miguel Ramírez Munguía y Juan Gutiérrez Lascuráin presentaron una iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional. Esta preveía los procedimientos de iniciativa, referéndum y revocación en todas las administraciones municipales de la República.

El marco institucional

Casi cincuenta años después se crearon el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Se concretaron así los primeros pasos hacia un sistema electoral cercano al ideal de que los votos se tradujeran en escaños. Pasarían setenta años para que nuestra Constitución instituyera la democracia directa en México.

Tanto la liberalización gradual del sistema político como la institución de mecanismos de democracia directa han sido procesos lentos y sujetos a intereses políticos y a negociaciones. Esto ha implicado un diseño que dificulta su eficacia. Las reformas se dieron en un momento de crisis de nuestra democracia caracterizado por la pérdida gradual de capital social, la pérdida de confianza generalizada hacia las instituciones públicas y el descontento hacia el incipiente funcionamiento del régimen democrático.

La reforma constitucional en materia de revocación de mandato tuvo los votos en contra del PAN y del PRI. Se ubica en el artículo 35 de la Constitución.

Procedimiento y garantías

El diseño original prevé que la ciudadanía debe solicitar el proceso con el respaldo de «el tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores», entre otros requerimientos.

El Instituto Nacional Electoral convoca a la consulta después de haber verificado el cumplimiento de los requisitos dentro de los plazos estipulados. La revocación sólo podrá darse una vez en un sexenio y se realizará en un proceso electoral mediante votación libre, directa y secreta.

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La validez del proceso demanda una participación de por lo menos 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores y sólo procederá por mayoría absoluta. El INE se encarga de la organización, desarrollo y cómputo de la votación. También le compete emitir los resultados que podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una vez realizado el cómputo final y resueltas las eventuales impugnaciones, emitirá la declaratoria de revocación.

El diseño constitucional prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, promoción y propaganda relacionados el proceso. Ninguna persona física o moral podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión ciudadana y se suspende la difusión de la propaganda gubernamental en medios. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno sólo podrán difundir campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil.

Los vicios del proceso

El diseño original de consulta es un ejercicio de democracia directa promovido por la ciudadanía. Sin embargo, no fue la sociedad civil organizada independiente de los partidos la que promovió la revocación. Por el contrario, la recolección de firmas fue impulsada por una organización de exlegisladores y excandidatos de Morena, llamada Que Siga la Democracia, presidida por Gabriela Jiménez Godoy, excandidata a diputada federal. Según ella, se lograron nueve millones de firmas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados con recortes por casi 5.000 millones de pesos al INE. Ante estos recortes, el INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A falta de una respuesta, el Consejo General aprobó aplazar el proceso.

En diciembre de 2021, la Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, admitió a trámites la controversia promovida por el diputado presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra el acuerdo del INE. Con esto se concede la suspensión solicitada bajo el argumento de dar continuidad a un proceso ciudadano y democrático.

Perspectivas

En perspectiva, el proceso de revocación de mandato en México fue diseñado como un derecho ciudadano y un ejercicio de democracia directa. Se convirtió en la primera gran elección de Estado en la que Morena puso a prueba su ejército electoral y el Gobierno desplegó un amplio operativo para el acarreo y compra de votos el día de la jornada electoral.

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El 10 de abril se dieron irregularidades graves como sufragios superiores al 100 % y operadores de Morena registrando a quienes sufragaron en las casillas. Sin duda, el INE salió fortalecido del proceso, porque demostró, una vez más, que tiene una gran capacidad para organizar elecciones limpias y transparentes, a pesar de todos los vicios procesales no atribuibles al instituto que contaminaron irremediablemente el proceso. En conclusión, fue un ejercicio democrático ciudadano que se convirtió en la antesala de la elección federal de 2022 y de la elección federal de 2024.

La forma como se dio el proceso nos pone en alerta sobre la posible estrategia electoral para consolidar un proyecto hegemónico, promoviendo un mecanismo de democracia directa para después manipularlo a modo, destruyendo en sus raíces lo que debió haber sido una elección ejemplar.

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Pocas personas han trabajado tanto en la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica como Tamara Taraciuk. La actual directora interina para las Américas de Human Rights Watch (HRW) ha participado en la observación y documentación de diversos procesos de la región.

En la reciente Cumbre de las Américas se abordó uno de ellos con el acuerdo sobre migración suscrito en Los Ángeles por varios países. Sin embargo, América Latina presenta múltiples retos en la materia. Diálogo Político conversó con Taraciuk sobre los problemas más urgentes en el continente.

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En el último reporte de HRW se habla de un retroceso de los derechos humanos en la región. ¿Cuáles derechos han retrocedido?

América Latina hoy está en uno de los momentos más complicados para la democracia. Hemos luchado mucho durante años para conseguir espacios democráticos que dimos por sentados en algún momento y hoy nos encontramos defendiéndolos. En los casos extremos es evidente, como cuando hablamos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, donde hay dictaduras en el ejercicio del poder. Pero también me refiero a casos en que llegan gobernantes a través de elecciones democráticas y, una vez en el poder, les dan la espalda a garantías elementales. Van en contra de la independencia judicial, del trabajo de la prensa independiente, dificultan el trabajo de la sociedad civil. Estamos ante un escenario muy complicado en materia de garantías democráticas en la región. 

Derechos sin fronteras

Muchos gobiernos que asumen con legitimidad popular son los que desconocen cuestiones básicas de derechos humanos.

Algo que nos muestra la realidad actual de América Latina es que no tiene que ver con ideologías, ni con derecha ni con izquierda. Hay gobernantes que llegan al poder y van a en contra de la independencia judicial o la prensa o la sociedad civil independiente y siguen un mismo libreto autoritario. Gente como Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador y también López Obrador en México vienen de partidos e ideologías totalmente distintas. Este libreto autoritario que amenaza la democracia en la región no tiene que ver con ideologías políticas.

Lo central es entender que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de principios fundamentales que no tienen fronteras. Cuando hablamos de problemas de derechos humanos no debería importar si la víctima o el victimario es de derecha o de izquierda, sino cuáles son los hechos y qué es lo que está pasando. Desgraciadamente, eso no ocurre muchas veces en América Latina. Vemos políticas exteriores que son ideologizadas o, a veces, erráticas o inconsistentes, donde no hay claridad en el punto de partida. Se trata de un principio elemental que se debería aplicar a todos por igual.

Limitaciones a la prensa

¿Cómo impactan las limitaciones que tiene la prensa? ¿Lo podríamos plantear como un avance sobre los derechos humanos?

Cada país es un mundo distinto y vemos que esto se evidencia de maneras diferentes. En Brasil hemos visto, por ejemplo, procesos penales de individuos allegados al Gobierno, en contra de periodistas. O que el propio presidente Bolsonaro bloquea en Twitter a individuos que lo critican. Eso genera dificultad para acceder a información pública y demuestra un nivel de intolerancia alto.

En el caso de México tenemos, por un lado, uno de los índices más altos de asesinatos contra periodistas. Esto no se lo podemos atribuir a las autoridades, pero ocurren en un clima de violencia muy fuerte en el país. Entonces lo que sí le podemos atribuir al gobierno de López Obrador es un clima de hostilidad hacia la prensa independiente. El propio presidente tiene un programa diario, conocido como Las mañaneras, que tiene una sección que se llama «Quién es quién de las mentiras». Muchas veces, en este segmento de su programa se dedica a cuestionar el trabajo de la prensa independiente que lo criticó o que publica información comprometedora.

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Hay un abanico de cosas que ocurren en este tipo de países que son preocupantes. Porque la prensa independiente jugará un papel elemental para mostrar qué es lo que ocurre y la obligación del Estado es facilitar un ambiente donde estas discusiones se den. Nuestra postura —que es la que creo que debería prevalecer— es que cuanta más información, mejor. Y si no te gusta lo que están diciendo, debes responder con argumentos y con información. No cerrándole la puerta a quien dice algo distinto de lo que quieres escuchar.  

Participación cívica

¿Cuánto ha ayudado a la toma de conciencia de los derechos humanos la participación cívica desde las redes sociales?

Yo creo que las redes sociales son una fuente esencial para difundir información, sobre todo, en contextos más represivos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la gente se entera de mucho de lo que pasa, a través de las redes sociales. Porque la prensa independiente ha sido fulminada por las autoridades que responden a Maduro. En ciertos espacios es una fuente de información inagotable. Eso también tiene su riesgo porque circula cualquier cosa. Entonces, hay que tener criterio para ver qué tipo de fuentes de información se siguen, y que sean verídicas.

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Las redes sociales también han sido usadas para atacar al mensajero. Esto se ve claramente en el caso de El Salvador. El presidente Bukele, un presidente millennial que gobierna por Twitter, se dedica a cuestionarme a mí, personalmente, y a muchos otros defensores de derechos humanos por lo que decimos. Eso desata una avalancha de críticas, insultos y reacciones de bots y de partidarios del Gobierno en contra de quienes dicen cosas que el Gobierno de Bukele no quiere escuchar.

Verificación de información

¿Cómo impacta este contexto en el trabajo de una organización como Human Rights Watch?

Las redes sociales son una gran fuente de información también para el trabajo que hacemos nosotros, siempre teniendo cuidado por verificar la información. Por ejemplo, al cubrir las protestas. Como cuando hubo grandes protestas y represión policial en Colombia hace un tiempo, nosotros usamos redes sociales para poder obtener información, como vídeos de la represión, testimonios de gente que estaba en el lugar que, de otra forma, hubiera imposible detectar. Pero siempre chequeando esos videos con un protocolo de verificación de imágenes que tenemos, y verificando con testimonios, por este riesgo de reproducir información que no sea cierta.

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Este es el corazón de la metodología de HRW; es poder ver los hechos con nuestros propios ojos, poder verificar la información y recién ahí usarla como fuente de información. También la usamos para difundir lo que publicamos, y nos genera este tipo de consecuencias como te mencionaba en el caso de El Salvador. Pero son gajes del oficio. De alguna manera, cuando atacan al mensajero es porque no les gusta el mensaje. Y ahí es cuando más se necesita que hagamos lo que sabemos hacer.

Frenos y contrapesos

¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los políticos y los periodistas?

Creo que es indispensable mantener el espacio de acción del periodismo independiente y responsable, para que pueda ejercer el rol que tiene que jugar en una sociedad democrática. En cuanto a los políticos, tienen que ceñirse al derecho local y al derecho internacional. De una manera muy amplia, eso quiere decir que el ejercicio del poder en el día a día debe limitarse por los frenos y contrapesos de cualquier democracia. Esto, cuando estamos ante situaciones democráticas. Obviamente, tenemos otra gran discusión cuando nos encontramos ante una dictadura, donde el Estado de derecho se lo hacen a su propia medida. Ahí el desafío es cómo generar condiciones para una transición democrática

Desafíos futuros

¿Una recomendación sobre los desafíos que tiene la región en su conjunto en cuestiones de derechos humanos?

Hoy tenemos un escenario muy complicado pero, aun así, están los que luchan contra estos retrocesos democráticos con muchísimo valor y en condiciones muy adversas. Hay periodistas que trabajan en sociedades supercerradas, donde el trabajo es difícil y corren riesgos. El extremo es la detención, en casos como Nicaragua, pero también hablábamos del amedrentamiento que hace más difícil el trabajo. Hay casos de funcionarios judiciales que en un país como Brasil han puesto un freno a los excesos del Gobierno de Jair Bolsonaro. O como en Guatemala, donde hay fiscales que siguen investigando la corrupción cuando la fiscal general de la nación se dedica a investigar a los fiscales que investigan corrupción.

También el trabajo de la sociedad civil sigue jugando un rol importantísimo, documentando lo que ocurre en distintos países de la región, dándole visibilidad nacional e internacional. Entonces, creo que una recomendación esencial es preservar esos espacios y apoyar el trabajo de quienes continúan haciéndolo. Esto va desde apoyar los mecanismos de protección de defensores y periodistas en México o en Centroamérica, hasta favorecer un debate público en cualquier sociedad democrática. Generar esos espacios es esencial para seguir empujando la vara. Estamos en el lado del péndulo complicado pero, para llevarlo al medio o hacia el lugar donde queremos estar, hay que seguir apoyando estos roles fundamentales.

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Decir que la democracia está en recesión no es una sentencia alarmista. Constituye un diagnóstico evidente. A las debilidades propias de los regímenes democráticos, debemos agregar la influencia de factores exógenos. El autoritarismo global que opera por la vía económica y a través del soft y sharp power, junto con las plataformas mediáticas, académicas e intelectuales en la región, buscan generar simpatía hacia democracias diferentes.

Pero la democracia latinoamericana también está acechada por el mal desempeño de la clase dirigente y las instituciones que no han podido encarar tareas pendientes para recobrar su perfil y afrontar los retos del futuro.

Tareas pendientes

La institucionalidad democrática de los países latinoamericanos y las instancias de coordinación internacional tienen asuntos por incluir en la agenda de discusión. El contexto es adverso por la crisis económica pospandémica y la guerra entre una potencia autoritaria (Rusia) y un país que busca acogerse a Occidente (Ucrania). Sin embargo, no debería restar importancia a la necesidad de reformas políticas y una mayor defensa de los ideales democráticos ante semejantes desafíos.

La democracia no se puede dar por sentada. No existe por inercia. La democracia es una construcción constante. Protegerla requiere de observación, reflexión y acción. La economía no es el único indicador a tener presente, y no solo con seguridad se logra la estabilidad social. Si bien estas dos variables explican buena parte de las crisis sociales que vive la región, otros asuntos también requieren conversación.

Este artículo pone el foco en tres temas sensibles en materia de riesgo político que todo gobernante latinoamericano debería tener sobre el escritorio: 1) confianza en el sistema democrático, 2) emergencia ambiental y 3) migraciones intrarregionales.

Para mejorar la perspectiva, recurrimos a tres informes regionales relevantes: Latinobarómetro (2021), El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina, de Lapop y Diálogo Político (2022), y Riesgo político en América Latina de la Universidad Católica de Chile (2022).

1. Confianza en la democracia

La principal amenaza a la democracia y a la recuperación de la confianza en el sistema político es el ascenso de las autocracias. En la actualidad, se trata de nuevos modelos de autocracia, que arman un sistema a medida, cuidando de una forma tramposa las formas esenciales de la democracia (elecciones periódicas), mientras un único sector controla todos los poderes y ataca las libertades.

Hoy día son comunes los casos de deterioro democrático en los que se evidencia que, una vez en el poder, hay gobernantes que toman acciones para erosionar la división de poderes y el equilibrio institucional. Esta situación ha sido ampliamente abordada por Moisés Naím en su más reciente libro, La revancha de los poderosos (Debate, 2022). Naím habla de los autócratas 3P, es decir, que hacen uso del populismo, la polarización y la posverdad.

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Lamentablemente, como se explica en el informe Riesgo político en América Latina (2022), «los mecanismos regionales creados para la protección de la democracia, como la Carta Democrática Interamericana, no están actualizados para afrontar estas amenazas, por lo que requieren de urgentes precisiones y modernización para incrementar la eficiencia en su objetivo». He ahí una primera tarea que urge revisar: el alcance y efecto de los acuerdos internacionales en defensa de la democracia.

En el libro Cómo mueren las democracias (Debate, 2018) Levitzky y Ziblatt hacen especial hincapié en este tipo de líderes autoritarios que arremeten contra las instituciones desde dentro. A menudo no tienen necesidad de dar golpes de Estado en el sentido clásico. En cambio, tienen el mismo resultado: degradar las instituciones y anular a la oposición.

Para empeorar el cuadro, un viejo enemigo de la democracia está ganando más espacio: el fantasma de los golpes militares. En la región ha avanzado la simpatía por la posibilidad de convalidar un golpe militar si esto garantiza que todo seguirá igual.

De acuerdo con Latinobarómetro (2021), a un 51% de los ciudadanos latinos no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. En 2002 este porcentaje era de un 44%.

2. Emergencia ambiental

El cambio climático, la escasez de agua y la contaminación son temas ausentes en la agenda de discusión política latinoamericana. No destacan entre los principales asuntos sobre los que conversan los gobernantes en cumbres regionales ni encabezan las agendas bilaterales.

Países como México, Chile y Nicaragua ya consumieron más del 60% de sus reservas de agua. Este dato, entre otros, es más ignorado que conocido. Tampoco tiene prioridad el debate sobre la ausencia de control a prácticas ilícitas ampliamente extendidas en el territorio de la región.

Por ejemplo, la minería ilegal en los países andinos, la destrucción de la selva virgen en Venezuela, la tala, la quema y la ganadería extensiva en el Amazonas brasilero, en Argentina o Paraguay, los mares de plástico en Centroamérica o las montañas de desecho textil en el desierto de Atacama en Chile.

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Todo esto también incrementa el riesgo político. ¿Por qué? De acuerdo con el informe Riesgo político en América Latina, la falta de políticas efectivas y acuerdos regionales que organicen una gobernanza decidida en torno al tema, incrementa «el riesgo de transitar a escenarios de mayor escasez, principalmente de bienes públicos como el acceso al agua, un mayor impacto de los desastres naturales y, en definitiva, agravar la vulnerabilidad de los países ante sus efectos».

La percepción ciudadana respecto al cuidado del ambiente en Latinoamérica ha tenido un descenso drástico. Los datos de Latinobarómetro muestran que en 2015 un 49 % de los latinos consideraba garantizada la protección del medio ambiente, y en 2020, esta cifra bajó a un 38 %.

3. Migraciones internas

La explosión de la migración interna en Latinoamérica, cuyo máximo exponente desde 2015 es el éxodo venezolano, exige repensar la migración intrarregional como fenómeno y las normativas para regularizar la circulación y las residencias de los ciudadanos migrantes en general. La pandemia generó una contención del flujo migratorio entre los diferentes países. Sin embargo, tanto los caminos y pasos irregulares como las solicitudes de refugio y asilo siguieron su curso.

A medida que las políticas de flexibilización han permitido la reapertura de fronteras, los caudales migratorios vuelven a su tamaño prepandemia. La falta de coordinación intrarregional, la escasez de recursos para abordar el tema y la debilidad de los Estados para organizar el movimiento migratorio son una falencia que en los últimos años han incrementado el riesgo político de este asunto.

Las grandes movilizaciones de septiembre de 2021 contra los migrantes venezolanos en Iquique, al norte de Chile, son similares a las que se han registrado con frecuencia en Colombia, Perú y Ecuador.

[Escucha La diáspora como refugio del migrante venezolano]

Esta marea alta de xenofobia es una expresión de la tensión social generada por los inesperados flujos migratorios que no parecen cesar en el corto plazo. El tema requiere un posicionamiento jerárquico en la agenda intergubernamental con miras a generar mecanismos mancomunados que permitan articular soluciones a los movimientos migratorios actuales y futuros.

Elementos que agregan complejidad son: el movimiento migratorio en la frontera sur de Estados Unidos con México, la nueva ola de migrantes cubanos que huyen de la crisis en la isla y los desplazados por la violencia en Centroamérica. Si bien son temas más notorios en la prensa, no encabezan las agendas de encuentros multilaterales en la región.

A contrapelo de esto, un estudio de Lapop Lab (2021), que entrevistó a 3083 personas en Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia y Chile, arroja luz sobre la conciencia ciudadana de apoyar a los migrantes. El «56,6 % de los entrevistados indicaron algún nivel de acuerdo (respondiendo algo o muy de acuerdo) y apenas el 31,3 % indicaron algún nivel de desacuerdo». Según el informe, el «número de encuestados [latinoamericanos] que apoyan el acceso de los inmigrantes a servicios sociales financiados por el gobierno es mayor que el de quienes se oponen».

Más acción, más conciencia

La opinión pública refleja la pérdida de confianza en la democracia mientras, a la par, se incrementan los autoritarismos. Este fenómeno es tendencia a escala global. La coyuntura en la que estamos agrega dificultades adicionales que deben ser abordadas por los gobiernos democráticos.

El cambio climático trae aparejado catástrofes y dificultades que afectan de forma desigual a la población. Hace aún más precaria la vida de sectores ya vulnerables, como los campesinos, indígenas o pescadores.

A ello se agrega el fenómeno de los grandes flujos de migración intrarregional que carecen de regulaciones claras y acuerdos mancomunados que permitan dar garantías y salvaguardar derechos básicos de los migrantes.

Los tres asuntos descritos exigen su lugar en la agenda política de los países de la región y en sus espacios de coordinación internacional. La garantía más fiable de la democracia es su protección constante. Por esto, la élite dirigente no debería obviar estos llamados de atención.

La Cumbre de las Américas nació hace alrededor de 28 años con el sueño de construir un largo puente de democracia y comercio, desde Alaska a Tierra del Fuego, el primero en su especie en el hemisferio.

Pero desde entonces hasta la novena edición, realizada la semana pasada en Los Ángeles, la ambiciosa obra sigue siendo trazos en un boceto.

En la primera Cumbre, en Miami a fines de 1994, bajo el liderazgo del presidente estadounidense Bill Clinton, hubo una fuerte convicción de que el auge democrático en la región y el fin de la Guerra Fría provocarían una luminosidad que traería prosperidad a los pueblos. Era el momento de la integración económica y el libre comercio.

«La versión Clinton», al decir del historiador Odd Arne Westad, «que hacía hincapié en la prosperidad capitalista al estilo estadounidense», contagió entonces a los gobernantes de América Latina y el Caribe.

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Pero, al final del día, la tierra prometida hemisférica no ha sido más que una quimera.

Telón de fondo

Estados Unidos tiene una agenda internacional que denota urgencias y prioridades lejos de nuestro continente, y con un nuevo lenguaje bipartidista que ya no incluye el libre comercio. Esto además en el contexto de una política doméstica de una virulenta polarización, que ha dejado heridas abiertas a la democracia, y afecta su autoridad ante los países de la región.

Del lado de América Latina se presenta un creciente discurso político antiestadounidense en los principales países, democracias en declive y un avance de gobiernos autoritarios o populistas de todo signo ideológico.

El telón de fondo hemisférico es clave para entender el rotundo fracaso de la Cumbre de las Américas en la era de Joe Biden, marcada por la pandemia del covid-19, alteraciones de la economía (inflación, mercado de trabajo y comercio), la guerra en Ucrania, el enfrentamiento con la Rusia de Vladimir Putin y la disputa con China.

Culpas compartidas

Una Cumbre de las Américas con el presidente Biden como anfitrión despertaba expectativas de que era posible por fin empezar a levantar el anhelado puente.

Pero ello no ocurrió, en parte, por desinteligencias de la administración demócrata, y también de gobiernos de la región, alguno de los cuales hasta desafiaron en público al jefe de la Casa Blanca.

La amenaza cumplida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no viajar a Los Ángeles si no se invitaba a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, contaminó el ambiente de la reunión. Empañada además por la ausencia de países de Centroamérica.

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En el escenario democrático de la Cumbre no podía haber asientos disponibles para las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No porque lo dijera el presidente estadounidense, sino porque era un mandato de la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en Quebec, en 2001, que luego inspiró la redacción de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Incertidumbre y tensión

Biden debió anticiparse a la posible reacción desatinada de presidentes latinoamericanos e intentar llegar a un acuerdo, y explicar con más claridad las decisiones institucionales que impiden la participación de dictadores.

Pues no, la lista de invitados fue un misterio hasta último momento. Esto alimentó un ambiente de desconfianza desde antes del inicio de la Cumbre.

Y no debieron subestimarse como argumentos ante la opinión pública los lazos políticos de estos países autocráticos con el invasor Putin. Aunque fuera otro aspecto controvertido en la región por la posición neutral de Brasil y México, los dos principales países de la región, y la actitud ambivalente de Argentina en relación con la guerra en Ucrania.

Para cerrar la Cumbre, la peligrosidad latente para la geopolítica hemisférica se tensó aún más con la decisión de Daniel Ortega en Nicaragua de cooperar militarmente con Rusia. La Asamblea Nacional nicaragüense, de corte oficialista, autorizó el ingreso de militares rusos al país centroamericano. De igual forma la llegada de buques y aeronaves de las fuerzas armadas de Putin. A menos de tres mil kilómetros de la frontera sur de EEUU, se instalará un establecimiento de defensa de uno de sus principales retadores.

Migraciones

El acuerdo en torno a cómo enfrentar la llegada de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos fue lo más trascendente de la reunión. Más que nada por el amplio apoyo a la propuesta de Biden, impensable para una reunión que había comenzado muy mal.

Veinte países apoyaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, promocionada por el presidente estadounidense, que asume el compromiso de garantizar la «seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas».

El objetivo es lograr una migración «ordenada» con un enfoque de tipo regional, pues, como dijo Biden, es una problemática que impone una responsabilidad compartida.

A cambio, Estados Unidos recibirá 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024. Mucho más de los que ingresan legalmente por año. También destinará 314 millones de dólares en inversiones en los países emisores de migración en la región.

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Para frenar la ola de migrantes, Estados Unidos anunció inversiones privadas por 1.900 millones de dólares en el norte de Centroamérica, con el fin de generar empleo.

México también puso lo suyo: duplicará a 20.000 el número de tarjetas de trabajador fronterizo y pondrá en marcha un programa de trabajo temporal para personas provenientes de países centroamericanos.

Sin desmerecer el acuerdo, la realidad de los migrantes es mucho más compleja. Sigue pendiente la situación de los indocumentados en Estados Unidos, en un limbo tras el fracaso en el Congreso de la reforma migratoria de Biden.

No se mencionaron en la Cumbre las políticas severas de control en fronteras que se prestan a abusos contra los migrantes o solicitantes de asilo. Y no hay certezas si el nuevo enfoque incluye las dinámicas de los venezolanos que se desplazan por países latinoamericanos, que también debería calificar como un asunto de responsabilidad compartida.

Reunión sin brillo

Pese al compromiso migratorio y a las buenas intenciones de Estados Unidos por avanzar en proyectos ambiciosos contra el calentamiento global, presidentes de la región le plantaron cara a Biden por la ausencia de los tres dictadores y en contra de la institucionalidad democrática de la región, especialmente de la OEA.

Hubo gobernantes latinoamericanos contrariados, presionados por una política doméstica polarizada, dificultades económicas, sistemas de salud bajo asedio y problemas de seguridad pública que dibujan sociedades fracturadas.

En ese sentido, el presidente Biden ofreció poco o nada (o nunca suficiente) para hacer frente a tantas disrupciones complejas.

Y no lo hizo porque hoy es inimaginable que Estados Unidos se embarque en América Latina en un proyecto ambicioso como el Plan Marshall.

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Imposible en el escenario pospandémico —si es que se puede hablar de ello— de recuperación y más aún ad portas de las elecciones de medio tiempo.

El significado de fracaso y de todos sus sinónimos para condensar en una palabra el resultado global de la Cumbre es un reflejo de la triste realidad del continente americano.

Lo que ocurrió en Los Ángeles «es sintomático de los problemas que plagan a América Latina y a Estados Unidos», dijo con conocimiento de causa el profesor Richard Feinberg, una autoridad en materia de cumbres.

La controversia sobre quiénes se sentaban alrededor de la mesa de la Novena Cumbre de las Américas se robó buena parte de la conversación. Y pasó desapercibida una de las consecuencias más graves para América Latina: China seguirá ganando terreno a medida que disminuye la influencia de Washington.

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Versão em português

Brasil se encuentra ante un año superelectoral y todo parece resumirse en el duelo entre Lula y Bolsonaro. Lula lidera las encuestas, pero la brecha entre ambos disminuye. Aún faltan seis meses para las grandes decisiones en la disputa electoral presidencial y en la lucha por los escaños parlamentarios, pero el primer trimestre del año ya estuvo marcado por giros inesperados en la nominación de candidatos, cambios de partido e intentos de consolidar una tercera vía.

En un gran evento en San Pablo, el 7 de mayo de 2022, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) del Partido de los Trabajadores (PT) anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de Brasil.

Los partidos en Brasil tienen plazo hasta el 15 de agosto para registrar a sus candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral, pero algunas decisiones ya han provocado sorpresas en el primer trimestre de este 2022 superelectoral. Lula anunció recientemente que quería presentarse en una alianza con su exarchirrival Geraldo Alckmin. Con este fin, Alckmin abandonó su partido PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) después de 33 años y se unió al PSB (Partido Socialista Brasileiro).

La candidatura del exgobernador de San Pablo, el estado económicamente más fuerte, para el cargo de vicepresidente se interpreta como una jugada para ganar votos del centro político, y sobre todo del sector empresarial, para el PT. De esa forma, el candidato presidencial Lula se convertiría en una opción interesante para el electorado de la clase media.

La estrategia ha causado desconcierto en los círculos conservadores y es igualmente controvertida entre los miembros del partido en el espectro más izquierdista del movimiento sindical.

El presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal, PL) también tiene intenciones de postularse para un segundo mandato. Para vicepresidente posiblemente se presentará el exministro de Defensa, general Walter Souza Braga Netto.

El presidente Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 como candidato del PSL (Partido Social Liberal) frente al candidato del PT, Fernando Haddad. En aquel momento, Lula no tenía autorización de postularse para las elecciones, ya que estaba encarcelado por el caso de corrupción Lava Jato, expuesto en 2014.

Bolsonaro sacó capital político de ello. Con su discurso anticorrupción y antisistema, y con sus anunciados proyectos de reforma en el ámbito de la política fiscal y del sistema de seguridad social, logró, entre otras cosas, ganar votos de la clase media. También rompió el tradicional duelo entre el PSDB y el PT.

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Bolsonaro también se benefició de la ira y la decepción de muchos votantes del PT por el nivel de corrupción en sus propias filas. Con su relato conservador, Bolsonaro logró además movilizar a evangélicos y funcionarios militares. Recibió también el apoyo del lobby agrario. Su aparición como populista de derecha y la distribución intencional de noticias falsas también convencieron a los votantes radicales y desinformados, así como a los teóricos de la conspiración.

A lo largo de su mandato, Bolsonaro perdió credibilidad y apoyo de liberales y de partidarios de la línea dura. Esto se debe al acercamiento de Bolsonaro a los partidos tradicionales en el Congreso, el llamado Centrão, a los efectos de retener su poder. Al hacerlo, no solo se doblegó frente al sistema que había criticado duramente durante la campaña electoral, sino que también hizo recortes a sus planes de reforma.

A esto se agrega que no cumplió adecuadamente con su responsabilidad como jefe de Estado en frenar la propagación del coronavirus. También tuvo que enfrentar acusaciones de corrupción, por ejemplo, en relación con la compra de las vacunas. Como resultado, perdió más de 20 puntos del 55,13 % de los votos que lo habían catapultado a la presidencia en 2018.

Por el momento, tampoco la situación económica favorece su reelección. Por eso, Bolsonaro en la campaña electoral de este año se concentra ante todo en las polémicas y los ataques a las instituciones democráticas.

El exministro de Justicia Sérgio Moro, que recientemente viajó por Europa como candidato a la presidencia del partido Podemos, por el momento abandonó su plan y se pasó a la recién fundada União Brasil. Este partido surgió de la fusión del PSL (expartido de Bolsonaro) y el partido Demócratas (DEM). Esto llevó a serios desacuerdos entre Moro y el partido Podemos, que previamente había financiado la campaña.

Por otra parte, la imagen de Moro se vio afectada por la sentencia final del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según esta, Moro había violado el principio de imparcialidad en su calidad de juez durante su investigación del escándalo de corrupción Lava Jato, que culminó con la sentencia contra el expresidente Lula.

Las conversaciones exploratorias de los partidos conservador-liberales y socialdemócratas PSDB, União Brasil, Cidadania y Movimento Democrático Brasileiro (MDB) también atrajeron la atención de los medios a principios de año. A mediados de marzo, los representantes de los partidos anunciaron que querían ponerse de acuerdo en un único candidato presidencial para oponerse a Lula (PT) y al actual presidente Jair Bolsonaro.

Sin embargo, las disputas públicas entre los representantes de los partidos sobre quién debería presentarse como candidato principal dañaron el proyecto de una tercera vía.

Además, las prioridades programáticas de la alternativa fueron descuidadas en las discusiones, lo que llevó a una pérdida de credibilidad con los votantes potenciales ya antes de que iniciara la fase caliente de la campaña electoral.

Finalmente, el 4 de mayo União Brasil se retiró del proyecto mediante un videomensaje del líder del partido Luciano Bivar. Todavía no está claro quién se postulará por su partido y están en discusión el propio líder del partido y Sérgio Moro. Las disputas dejan en claro que una posible tercera vía alternativa es cada vez más improbable.

La campaña electoral

Según las encuestas, el tema predominante en el actual año electoral es la economía. Los brasileros están extremadamente preocupados por el desempleo, la inflación —que con el 11,3 % entre marzo de 2021 y 2022 alcanzó un máximo histórico desde que se introdujo el real como moneda nacional en 1994— y el aumento del costo de vida, especialmente en los precios de alimentos, energía y combustible.

En 2018, la corrupción fue un aspecto central para las decisiones electorales, pero ante todo las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de covid-19 dejaron una huella duradera. Por lo tanto, a través de medidas de asistencia social como el Auxilío Brasil el gobierno de turno busca ganar puntos con los sectores más pobres de la población, que tienden a votar por el PT.

Lula, por el contrario, intenta, entre otras cosas, convencer con fórmulas económicas populistas de izquierda como el aumento del salario mínimo y la nacionalización de empresas. También se está discutiendo la introducción de una ley de control de medios de comunicación. Además de los votantes indecisos en general, tanto Bolsonaro como Lula intentan ganarse a evangélicos influyentes, así como a jóvenes y adultos jóvenes.

La franja etaria entre 16 y 24 años comprende 29 millones de personas, es decir, el 19 % de la población con derecho a voto en Brasil. Ganar estos votantes podría cambiar decisivamente el resultado de la elección. Para llegar a audiencias más jóvenes, los equipos de campaña apuestan en gran medida a las redes sociales, pero no necesariamente logran hacerlo en el tono adecuado.

Dada la falta de interés por la política y la polarización de la sociedad entre los partidarios del PT y del partido de Bolsonaro (PL), cada vez más artistas e influenciadores se involucran en las elecciones. La popular cantante Anitta, por ejemplo, hizo un llamado a sus seguidores, entre ellos, muchos votantes primerizos de entre 16 y 17 años, a registrarse como votantes. Esta franja etaria comprende alrededor de seis millones de ciudadanos habilitados, pero no obligados, a votar. El compromiso de los artistas, así como el esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral TSE tuvieron como resultado que un total de dos millones de estos votantes primerizos ya puedan votar. Esto es, un 47,2% más que en un período comparable en el año electoral de 2018.

Acuerdo del Tribunal Supremo Electoral con proveedores de servicios en línea

Las redes sociales juegan un papel central en la campaña electoral brasileña. Si bien los partidos también disponen del derecho a fondos públicos y tiempo de transmisión en los medios tradicionales (televisión, radio), los servicios de mensajería y las plataformas en línea permiten una difusión más amplia de la información y una segmentación más específica de los grupos objetivo. Esto presenta a las autoridades de control el desafío de prevenir e impedir la desinformación y las noticias falsas. Por esto, el Tribunal Supremo Electoral cerró acuerdos con los principales proveedores como Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok y, luego de una disputa jurídica, finalmente también con Telegram para evitar la difusión de información falsa y discursos de odio. Durante la campaña electoral regirán por lo tanto restricciones en la carga y promoción de publicaciones, el tamaño de los grupos y la capacidad de reenviar mensajes.

[Lee también: El Poder Judicial en Brasil contra las fake news]

Desafíos al sistema electoral

Tras la derrota de Trump en las elecciones estadounidenses, los politólogos advirtieron que el presidente brasileño usaría la misma estrategia en las próximas elecciones en Brasil. En aquel entonces, Bolsonaro se hizo eco de la narrativa de Trump sobre el fraude electoral y fue uno de los últimos presidentes latinoamericanos en reconocer la victoria de Biden. Desde entonces, los ataques al sistema de votación de Brasil se han convertido en una preocupación central de Bolsonaro. Esto culminó en agosto de 2021 con la propuesta de enmienda constitucional (PEC) 135 para abolir las urnas electrónicas en Brasil y volver a las boletas de votación físicas.

La propuesta fue rechazada en el Congreso por tratarse de un intento de reformar la Constitución, lo que exige las tres quintas partes de los congresistas (308).

En el año electoral, se observa que el presidente Bolsonaro continúa con el discurso sobre la supuesta falta de confiabilidad de las urnas electrónicas, para no reconocer el resultado en caso de ser derrotado.

El rechazo del gobierno de Bolsonaro al sistema de voto electrónico también generó un conflicto entre el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Defensa. Según Bolsonaro, los militares deberían desempeñar un papel más activo en la observación electoral. También exigió que se retirara la invitación del TSE a la Unión Europea para observar las elecciones.

Tendencias y panorama

Brasil está experimentando un año electoral con dos posibles candidatos principales ubicados en los extremos opuestos del espectro político. Lo nuevo es que como ambos ya ocuparon la presidencia, se reduce la incertidumbre sobre qué esperar de un futuro gobierno.

Según las encuestas actuales, Lula sigue a la cabeza y los institutos de investigación están asumiendo actualmente una segunda vuelta entre el presidente Bolsonaro y Lula el 30 de octubre, pero la brecha entre los dos principales candidatos se ha reducido a nueve puntos porcentuales. Ciertamente, los altos índices de aprobación de Lula no se deben a su popularidad absoluta, sino más bien a la preocupación por un segundo mandato de Bolsonaro. La aprobación de Bolsonaro, a su vez, está compuesta por una mayoría de quienes rechazan firmemente un gobierno de izquierda. Esto también explica por qué el retiro de la candidatura de Moro favoreció a Bolsonaro.

En vista del predominio de las variables económicas en las decisiones electorales, queda por ver en qué medida los acontecimientos actuales afectarán realmente el resultado de las elecciones. En cuanto a la suposición de una posible derrota de Bolsonaro, afirmaciones como «La urna no es a prueba de falsificaciones, es permeable. Pero no voy a hablar de eso, las fuerzas armadas se encargarán» son seguidas con gran preocupación. Queda por ver si tales amenazas en estilo populista serán seguidas realmente por acciones. En cualquier caso, el resultado de las elecciones en Brasil no es seguro y será decisivo qué partidos apoyarán finalmente a cuál candidato.

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Versión en español

O Brasil vive um superciclo eleitoral e tudo parece se resumir ao duelo entre Lula e Bolsonaro. Lula lidera as pesquisas, mas a distância entre os dois está diminuindo. Ainda faltam seis meses para as grandes decisões na campanha eleitoral presidencial e na disputa por cadeiras parlamentares, mas o primeiro trimestre do ano já esteve marcado por reviravoltas nas candidaturas, mudanças de partido e tentativas de consolidar uma terceira via.

Em um grande evento em São Paulo, no dia 7 de maio de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), do Partido dos Trabalhadores (PT), anunciou oficialmente sua candidatura à presidência do Brasil.

Os partidos no Brasil têm até 15 de agosto para registrar seus candidatos no Tribunal Superior Eleitoral, mas algumas decisões já causaram surpresas no primeiro trimestre desta supereleição de 2022. Lula anunciou recentemente que queria candidatar-se em uma aliança com seu ex-arquirrival Geraldo Alckmin. Com esse objetivo, Alckmin deixou o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) depois de 33 anos e ingressou no PSB (Partido Socialista Brasileiro).

A candidatura ao cargo de vice-presidente do ex-governador de São Paulo, o estado com a economia mais forte do país, é interpretada como uma jogada para conquistar votos do centro político, principalmente do setor empresarial, para o PT. Dessa forma, o candidato presidencial Lula se tornaria uma opção interessante para o eleitorado da classe média.

A estratégia causou desconcerto nos círculos conservadores e é igualmente controversa entre os membros do partido no espectro mais à esquerda do movimento trabalhista.

Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal, PL) pretende concorrer a um segundo mandato. O ex-ministro de Defesa, general Walter Souza Braga Netto, possivelmente concorrerá à vice-presidência.

O presidente Bolsonaro venceu as eleições de 2018 como candidato do PSL (Partido Social Liberal) e contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Naquela época, Lula não estava autorizado a concorrer às eleições, uma vez que estava preso pelo caso de corrupção Lava Jato, exposto em 2014.

Bolsonaro fez disso um capital político. Com um discurso anticorrupção e antissistema e com seus anunciados projetos de reforma no âmbito da política fiscal e do sistema previdenciário, conseguiu, entre outras coisas, conquistar votos da classe média. Também rompeu o tradicional duelo entre PSDB e PT.

[Leia também: 2022 e a polarização no xadrez eleitoral brasileiro]

Bolsonaro também se beneficiou da raiva e decepção de muitos eleitores do PT com o nível de corrupção em suas próprias fileiras. Com seu relato conservador, Bolsonaro conseguiu, além disso, mobilizar evangélicos e militares. Recebeu, ainda, apoio do lobby agrário. Sua aparição como populista de direita e a distribuição intencional de notícias falsas também convenceu eleitores radicais e desinformados, bem como teóricos da conspiração.

Ao longo de seu mandato, Bolsonaro perdeu credibilidade e apoio de liberais e de partidários da “linha dura”. Isso se deveu à sua aproximação aos partidos tradicionais do Congresso, o chamado Centrão, com o objetivo de manter seu poder. Ao fazer isso, ele não apenas se curvou ao sistema que havia criticado duramente durante a campanha eleitoral, mas também reduziu seus planos de reforma.

Além disso, Bolsonaro não cumpriu adequadamente sua responsabilidade como chefe de Estado de frear a propagação do coronavírus. Ele enfrentou, ainda, acusações de corrupção, inclusive relacionadas à compra de vacinas. Como resultado, perdeu mais de 20 pontos dos 55,13% dos votos que o haviam catapultado à presidência em 2018.

No momento, a situação econômica tampouco favorece sua reeleição. Por isso, na campanha eleitoral deste ano, Bolsonaro se concentra sobretudo em polêmicas e ataques às instituições democráticas.

O ex-ministro de Justiça Sérgio Moro, que recentemente viajou pela Europa como candidato à presidência do partido Podemos, por enquanto abandonou seu plano e migrou para a recém-fundada União Brasil. Esse partido surgiu da fusão entre o PSL (ex-partido de Bolsonaro) e o partido Democratas (DEM). Isso gerou sérios desentendimentos entre Moro e o partido Podemos, que havia financiado sua campanha anteriormente.

A imagem de Moro também se viu afetada pela sentença final do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. De acordo com ela, Moro violou o princípio da imparcialidade em sua qualidade de juiz durante a investigação do escândalo de corrupção da Lava Jato, que culminou na condenação do ex-presidente Lula.

As conversas exploratórias dos partidos liberais conservadores e social-democratas PSDB, União Brasil, Cidadania e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) também atraíram a atenção da mídia no início do ano. Em meados de março, os representantes dos partidos anunciaram que queriam chegar a um acordo quanto a uma única candidatura presidencial para se opor a Lula (PT) e ao atual presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, as disputas públicas entre os representantes dos partidos sobre quem deveria ser o principal candidato prejudicaram o projeto de uma terceira via.

Além disso, as prioridades programáticas de uma tal alternativa foram negligenciadas nas discussões, o que levou a uma perda de credibilidade junto aos potenciais eleitores ainda antes do início da fase quente da campanha eleitoral.

Por fim, em 4 de maio, a União Brasil se retirou do projeto por meio de uma mensagem em vídeo do líder do partido, Luciano Bivar. Ainda não está claro quem será o candidato pelo partido, mas os nomes do próprio Bivar e de Sérgio Moro estão sendo discutidos. As disputas deixam claro que uma possível terceira via alternativaé cada vez mais improvável.

A campanha eleitoral

Segundo as pesquisas, o tema predominante no atual ano eleitoral é a economia. Os brasileiros estão extremamente preocupados com o desemprego, a inflação — que, chegando a 11,3% entre março de 2021 e 2022, atingiu o máximo histórico desde a introdução do real como moeda nacional em 1994 — e o aumento do custo de vida, especialmente dos preços dos alimentos, energia e combustíveis.

Em 2018, a corrupção foi um aspecto central nas decisões eleitorais, mas especialmente as consequências socioeconômicas da pandemia de covid-19 deixaram uma marca duradoura. Por isso, por meio de medidas de assistência social como o Auxílio Brasil, o atual governo busca ganhar pontos com os setores mais pobres da população, que tendem a votar no PT.

Lula, pelo contrário, tenta, entre outras coisas, convencer com fórmulas econômicas populistas de esquerda, como o aumento do salário mínimo e a nacionalização de empresas. A introdução de uma lei de controle da mídia também está sendo discutida. Além dos eleitores indecisos em geral, tanto Bolsonaro quanto Lula tentam conquistar evangélicos influentes, assim como jovens e jovens adultos.

A faixa etária entre os 16 e 24 anos compreende 29 milhões de pessoas, ou seja, 19% da população com direito a voto no Brasil. Ganhar os votos desses eleitores pode mudar decisivamente o resultado da eleição. Para atingir o público mais jovem, as equipes de campanha apostam em boa medida nas redes sociais, mas não necessariamente encontram o tom adequado.

Dado o desinteresse pela política e a polarização da sociedade entre partidários do PT e do partido de Bolsonaro (PL), cada vez mais artistas e influenciadores estão se envolvendo nas eleições. A popular cantora Anitta, por exemplo, convocou seus seguidores, sobretudo eleitores de primeira viagem com idades entre 16 e 17 anos, a tirarem seu primeiro título eleitoral. Essa faixa etária abrange cerca de seis milhões de cidadãos habilitados, mas não obrigados a votar. O compromisso dos artistas, bem como o esforço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez com que um total de dois milhões desses eleitores de primeira viagem já possam votar. Isso corresponde a 47,2% a mais do que em um período comparável no ano eleitoral de 2018.

Acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e prestadores de serviços online

As redes sociais desempenham um papel central na campanha eleitoral brasileira. Embora os partidos também tenham direito a financiamento público e tempo de exposição na mídia tradicional (televisão, rádio), os serviços de mensagens e as plataformas online permitem uma disseminação mais ampla de informações e uma segmentação mais específica dos grupos-alvo. Isso gera às autoridades de controle o desafio de prevenir e impedir a desinformação e as notícias falsas. Por esse motivo, o Tribunal Superior Eleitoral fechou acordos com os principais provedores do ramo, como Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok e, após uma disputa judicial, também com o Telegram para evitar a disseminação de informações falsas e discursos de ódio. Durante a campanha eleitoral, portanto, serão aplicadas restrições à difusão de publicações e promoções, ao tamanho dos grupos e à capacidade de encaminhar mensagens.

[Leia também: El Poder Judicial en Brasil contra las fake news]

Desafios para o sistema eleitoral

Após a derrota de Trump nas eleições estadunidenses, cientistas políticos alertaram que o presidente brasileiro usaria a mesma estratégia nas próximas eleições no Brasil. Naquele momento, Bolsonaro ecoou a narrativa de Trump sobre fraude eleitoral e foi um dos últimos presidentes latino-americanos a reconhecer a vitória de Biden. Desde então, os ataques ao sistema eleitoral do Brasil se tornaram uma preocupação central para Bolsonaro. Isso culminou, em agosto de 2021, na proposta de emenda constitucional (PEC) 135 para abolir as urnas eletrônicas no Brasil e retornar à cédula eleitoral.

A proposta foi rejeitada no Congresso por se tratar de uma tentativa de reforma da Constituição, que exige três quintos dos votos dos parlamentares (308).

No ano eleitoral, observa-se que o presidente Bolsonaro continua com o discurso sobre a suposta falta de confiabilidade das urnas eletrônicas para talvez não reconhecer o resultado em caso de ser derrotado.

A rejeição do governo Bolsonaro ao sistema de votação eletrônica também gerou um conflito entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa. Segundo Bolsonaro, os militares deveriam desempenhar um papel mais ativo na observação eleitoral. Ele também insistiu em retirar o convite do TSE à União Europeia para observar as eleições.

Tendências e panorama

O Brasil está vivenciando um ano eleitoral com dois possíveis candidatos principais situados em extremos opostos do espectro político. A novidade é que, como ambos já ocuparam a presidência, a incerteza sobre o que esperar de um futuro governo se reduz.

De acordo com as pesquisas atuais, Lula continua na liderança. Atualmente, os institutos de pesquisa preveem um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e Lula em 30 de outubro, mas a diferença entre os dois candidatos diminuiu para nove pontos percentuais. Possivelmente, os altos índices de aprovação de Lula não se devem à sua popularidade absoluta, mas sim às preocupações levantadas por um segundo mandato de Bolsonaro. A aprovação de Bolsonaro, por sua vez, é composta majoritariamente por aqueles que rejeitam firmemente um governo de esquerda. Isso também explica por que a retirada da candidatura de Moro tende a favorecer Bolsonaro.

Dada a predominância das variáveis econômicas nas decisões eleitorais, não se sabe até que ponto os acontecimentos atuais afetarão de fato o resultado eleitoral. Quanto à suposição de uma possível derrota para Bolsonaro, afirmações como “a urna não é à prova de falsificação, é permeável. Mas não vou falar disso, as Forças Armadas vão cuidar disso” são escutadas com grande preocupação. Resta saber se essas ameaças de estilo populista serão realmente seguidas de ação. De qualquer forma, o resultado das eleições no Brasil não é certo e um fator decisivo será quais partidos irão finalmente apoiar qual candidato.

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Tres aspectos de la política exterior china nos muestran algunos detalles que cambian y otros se mantienen igual. Por un lado, se conserva la estrategia de expansión como superpotencia sin sacrificar su sistema de partido único. Por el otro, cambia la táctica del soft power al sharp power para contraponer su modelo a la democracia occidental. Finalmente, la coyuntura desafía el pragmatismo: la pandemia no ha terminado y la guerra en Ucrania amenaza con alargarse.

Los principios de la política exterior china pueden encontrarse en el Tratado Panchsheel. Este documento establece los fundamentos que orientarían la relación con sus vecinos asiáticos, India y Myanmar. Los cinco principios son: respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia en los asuntos internos de los países que lo suscriben, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica. Estos han sido los principios a partir de los cuales China ha construido una relación de confianza con sus aliados, sirviéndole, además, para posicionarse dentro de su concepción del mundo multipolar.

Desde esta perspectiva, China aboga por un sistema donde la autonomía se vea reflejada en las decisiones soberanas de las naciones y no sometidas a las reglas de juego del mundo unipolar, en clara alusión al predominio de las democracias liberales de Occidente. Sin embargo, es importante señalar que estos desencuentros obedecen principalmente a la naturaleza de las formas democráticas que contrastan con el régimen cerrado de la nación asiática.

El camino de una superpotencia

China ha desarrollado una estrategia de crecimiento apalancada en su brazo económico que le ha permitido navegar de manera eficiente el escenario internacional en su misión de consolidarse como una superpotencia mundial. Sin sacrificar el sistema de partido único, en el que las libertades políticas están bajo la tutela del Partido Comunista Chino (PCCh), se constituye un modelo a dos vías donde coexisten la economía de mercado con un régimen político de naturaleza autoritaria.

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El modelo chino tuvo que reformarse, no solamente para estar en condiciones de disputar un espacio de influencia en la arena internacional, sino, sobre todo, para posicionarse como un actor económico imprescindible.

El régimen chino no busca confrontar al mundo unipolar, al que critica por su influencia global, sino más bien aspira a que su modelo político sea visto como una alternativa plausible. Esta aspiración refleja la transición del modelo chino de la segunda revolución de Deng Xiaoping —en que el crecimiento económico era la prioridad— a la tercera revolución de Xi Jinping, respaldada por un acelerado crecimiento económico y la expansión de la diplomacia financiera. A diferencia de las moderadas aspiraciones en materia de política exterior de sus predecesores, entre la Nueva Ruta de la Seda y el expansionismo financiero en Latinoamérica, Jinping comenzó a delinear un cambio en el modelo chino.

Del soft power al sharp power

La estrategia de China no solo ha sido de expansión económica en su disputa por un espacio de influencia con Estados Unidos en igualdad de condiciones. También, y al igual que Rusia, ha desplegado sus herramientas de conquista cultural para generar un contrapeso al predominio de las democracias occidentales. Desde la diplomacia deportiva, hasta la influencia directa a través de los Institutos Confucio, considerados como herramientas del PCCh.

El argumento que ha desarrollado China es que no se trata de la adhesión al modelo liberal, sino de la ruptura con su monopolio a partir de la alternativa del modelo chino. Esto se inscribe dentro de la aspiración china de la multipolaridad a la que ha apostado con el respaldo de su poderío económico, que se expresa no solamente en su enorme aparato productivo sino, además, en su expansión económica hacia Latinoamérica.

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En una suerte de neocolonialismo iliberal, China ha emprendido en las últimas dos décadas un agresivo plan de inversiones en Latinoamérica, alcanzando unos 138.000 millones de dólares de inyección directa, con Venezuela encabezando la lista de los países beneficiados. Pero en los últimos años esta estrategia ha sufrido una desaceleración debido a las condiciones particulares de la región, entre las limitaciones geográficas y las condiciones particulares de los países beneficiarios: conflictos políticos, corrupción, retraso de obras, etc. El escenario ahora no es de abandono total, sino de reconfiguración de la estrategia, ya sea a través de cooperación técnica o intercambio comercial.

Rezagos de la pandemia y la guerra

Las expectativas económicas chinas no son optimistas. A esto se suma la preocupación por su juego de equilibrio frente a la invasión rusa en Ucrania.

La aspiración de crecimiento sostenido en China tuvo un impulso significativo con el 8,1% registrado en 2021. No obstante, el nuevo incremento de casos de coronavirus ha generado preocupación en el país. Los analistas anticipan una desaceleración que podría afectar a la economía mundial justo cuando está saliendo de la crisis generada por la pandemia. Los efectos de la política de confinamiento han debilitado la actividad económica de Shanghái, epicentro financiero y comercial, lo que ha obligado a revisar la meta de crecimiento de China prevista para 2022.

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En cuanto al conflicto en Ucrania, considerando la oportunidad que esta coyuntura representa para China y para las ambiciones de Jinping de construir un liderazgo alternativo, esta guerra —que amenaza con prolongarse— constituye un desafío. La alianza con una Rusia aislada compromete a China. El Gobierno de Jinping, aun cuando se ha abstenido de votar en la ONU en contra de Rusia, no ha condenado sus acciones. Por el contrario, ha aprovechado la situación para fortalecer el eje anti-Occidente con la esperanza de debilitar al bloque democrático.

Finalmente, esta crisis debería llevar al Gobierno chino a reevaluar su estrategia con respecto a Taiwán, vistas las consecuencias de la guerra en Ucrania. No solamente reconociendo los riesgos que implicaría violar las sanciones en el caso de Rusia sino, además, cualquier intento por aprovechar esta coyuntura para resolver la situación con Taiwán. China se verá forzada a considerar todos los escenarios y sus consecuencias desde la perspectiva del conflicto entre Rusia y Ucrania.

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Evitar la desestabilización

Es crucial, tanto para Occidente como para China, considerando la dependencia mutua, que prevalezca una posición que evite la desestabilización, no solamente de Europa por causa de la guerra en Ucrania sino, además, de la economía mundial. Aun cuando Jinping ha tomado distancia de la naturaleza pragmática de la política exterior china, las actuales circunstancias hacen pensar que las desastrosas consecuencias de la invasión a Ucrania obligarán a China a tomar una decisión que le permita proteger su economía y, con ello, a la economía mundial de la que es parte fundamental.

El trabajo de las comisiones de la Convención Constitucional ha terminado. En estos momentos Chile espera los últimos acuerdos de las comisiones de armonización y normas transitorias, tras los cuales se debiera entregar el documento definitivo de la Constitución el próximo 17 de junio. Es momento de analizar algunas claves de este proyecto y la coyuntura.

La Convención

El país vive el corolario de un proceso que se inició el 15 de noviembre de 2019 tras el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Este camino institucional se abrió luego del denominado estallido social que dejó en evidencia la incapacidad del Estado para canalizar las demandas expresadas de manera pacífica y violenta a lo largo de todo el país.

Recordemos que el 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, se materializó la consulta ciudadana para la propuesta de una nueva Constitución, cuya voluntad manifestó rotundamente (casi un 80 %) su preferencia por reformar la vigente (en dicha ocasión votó aproximadamente el 50 % del padrón electoral).

Posteriormente, vinieron las elecciones para instalar una Convención Constituyente en 2021 donde se eligieron 155 constituyentes, mayoritariamente de izquierda e independientes. La propuesta de Constitución que estos entregaron debe ser aprobada o rechazada por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre.

A tres meses del plebiscito

La radiografía actual nos indica que el apruebo y el rechazo a la propuesta de Constitución están casi empatados, aunque persiste una leve inclinación hacia el rechazo. En efecto, según la encuesta CADEN, las preferencias se han ido igualando y el apruebo ha llegado a estar a tres puntos del rechazo (42 % apruebo versus 45 % rechazo).

El país pareciera seguir dividido en posiciones bastante maniqueas e irreconciliables. Estas pueden verse modificadas en el lapso de los tres meses que restan para el plebiscito. Sin embargo, pareciera un hecho que el constituyente no ha conseguido representar a las distintas sensibilidades políticas del país y presentar un acuerdo de unión.

En tal sentido, resulta complejo afirmar que Chile está por superar la crisis institucional que dio origen al proceso de reforma constitucional. Gane el apruebo o gane el rechazo, existen algunos contenidos de la propuesta constitucional que mantienen una alta controversia entre actores políticos y ciudadanos.

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Claves del proyecto

Estas son algunos detalles de los temas más controversiales que propone el proyecto de Constitución que emanó de la Convención Constituyente:

1. El papel del indigenismo en materia administrativa, por ejemplo en referencia a las cuotas en las instituciones del Estado y regímenes jurídicos diferenciados.
2. Reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones, lo cual significa una concentración de poder en el Congreso de diputadas y diputados.
3. Trasformación del poder judicial por un sistema de justicia. Esto se hace extensivo al Ministerio Público.
4. Fin a la excepción constitucional de emergencia, especialmente utilizado para el empleo de las fuerzas armadas en momento de violencia en la Macrozona Sur.
5. Varios asuntos de contenidos que no necesariamente debieran estar a nivel constitucional, como el derecho al aborto, la preferencia por Latinoamérica en materia de política exterior, la revisión de las concesiones mineras y portuarias, entre otros.
6. Lo que más valora la ciudadanía del texto constitucional es el cambio del principio de subsidiariedad por el de solidaridad, expresado en una Constitución que reconoce derechos sociales como la educación pública laica y gratuita «financiada con aportes basales de forma permanente, directa, pertinente y suficiente», además de la salud y vivienda, entre otros.

Esto explica que cada vez sea más clara la necesidad de seguir creando puentes de entendimiento con posterioridad al plebiscito, ya que muy posiblemente se requieran reformas o modificaciones al actual texto propuesto en materias tales como el sistema de gobierno y contrapesos, el sistema judicial (ex poder judicial), y algunos principios constitucionales como la igualdad ante la ley, entre otros asuntos.

Boric y el apruebo

El 1 de junio fue la primera cuenta pública del presidente Boric, quien lleva menos de tres meses gobernando y cuya aprobación cayó como nunca se había visto desde el retorno a la democracia, en 1990, hasta un 36 %. Sin embargo, tras este primer discurso a la nación se ha conseguido revertir la tendencia e identificar que la propuesta de cambios estructurales está estrechamente vinculada a la opción apruebo en la propuesta constitucional. Con esto Boric obtuvo un incremento de aprobación a 44 %. El secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, ha sido explícito en el vínculo entre los cambios y la nueva Constitución, ya que advierte que, de no ganar el apruebo, algunas reformas estructurales serían inconstitucionales en el marco de la Constitución actual en Chile.

Desde que asumió la actual administración, la agenda ha estado enredada en asuntos de seguridad pública por el violento conflicto en la Macrozona Sur de Chile. También por el aumento de crímenes violentos (entre estos, los homicidios) a lo largo del país y la demostración de fuerza de bandas dedicadas al narcotráfico, lo que significado dejar en evidencia un aumento en el uso de armas de fuego.

A lo señalado, debemos mencionar el fuerte aumento de la inflación pospandemia y efectos de la guerra en Ucrania. Todas razones que explican la baja en la adhesión al Gobierno, en particular, por la falta de respuesta clara en estas materias. Ello porque el Ejecutivo había comunicado que no utilizaría más a las fuerzas armadas en excepciones constitucionales para contrarrestar o mitigar la violencia en la zona centro sur del país, y que el cuerpo de Carabineros sería «refundado».

Es decir, la ciudadanía vio en esas directrices una débil respuesta del Gobierno frente a la violencia e inseguridad que ha estado presente en la agenda del país, situación a la que el gabinete se ha ido ajustando, pero con costos en materia de apoyo ciudadano.

Gobierno y Constitución

No obstante, tras el discurso, el Gobierno pareciera haber retomado la agenda, volviendo a proyectar su voluntad de transformación. De hecho, el discurso presidencial se enfocó en ejes que nos hacen recordar su programa. En tal sentido, ha sido una nueva renovación de promesas de cambios las que han conseguido un nuevo aire para el Ejecutivo y, por extensión, para el apruebo de la Constitución.

En efecto, el Gobierno comprometió el envío de una reforma tributaria al Congreso, para con ello tener capacidad de financiar un sistema de pensiones garantizadas e impulsar el fondo universal de salud, propuestas que en sí significan cambios en la columna dorsal del modelo de desarrollo que Chile conoce desde la Constitución de 1980.

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En consecuencia, todo apunta a que el Gobierno y la propuesta constitucional están indexadas una de otra. Y tras la cuenta pública del 1 de junio, el presidente Boric ha sabido nuevamente empatizar con el electorado que espera las grandes transformaciones.

Las incertidumbres principales están, primeramente, en las consecuencias de una nueva decepción del electorado debido a que el Congreso está altamente fragmentado y no se aprecia fácil un acuerdo en estas materias, especialmente cuando existen fundadas dudas respecto de la capacidad de recaudación de una nueva reforma tributaria (recordemos que la anterior fue en 2017). También, en un virtual triunfo del rechazo o uno del apruebo pero por muy poca diferencia. Ello muy posiblemente debilitaría al Gobierno y sus propuestas de transformación luego del plebiscito de septiembre.

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¿Qué papel juegan las criptomonedas en la estrategia autocrática de los Estados? ¿Qué uso se le está dando por parte de la población? ¿A qué estrategias políticas sirven las criptomonedas? Estas son algunas de las preguntas que ponemos en este episodio de Bajo la Lupa.

A pesar de la reciente caída del valor de algunas criptomonedas, su influencia no ha dejado de crecer. Hay gobiernos que han decidido usarlas como herramienta. El Salvador ha sido el primer país del mundo en adoptar oficialmente el Bitcoin, en tener una criptomoneda como divisa oficial. El país está dolarizado, no tiene Banco Central y no emite moneda. Así que era un lugar propicio para la prueba, al carecer de política monetaria. Pero más allá de las condiciones propicias está la apuesta personal del presidente Nayib Bukele.

El experimento está saliendo mal y hay serias dudas de que El Salvador pueda cumplir con el próximo pago de su deuda, con lo que se convertiría en un país en bancarrota. Qué papel juegan las criptomonedas en la estrategia autocrática de Bukele, qué uso se le está dando por parte de la población y a qué estrategias políticas sirven son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Participan:

Álvaro Bermúdez-Valle, docente e investigador de la Maestría en Política Educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Las democracias son conducidas por las élites políticas. Las estructuras económicas, institucionales, constitucionales y partidistas conforman la estructura, pero quienes al final del día deciden el rumbo del sistema político son estas mismas élites.

Lo mejor para la democracia es que esas mismas élites sean ideológicamente moderadas y acepten los postulados de la democracia, lo cual ha demostrado ser cierto para las transiciones y consolidaciones. No obstante, ¿sigue siendo cierto cuando la democracia es el único sistema posible para el juego político? Es decir, cuando ya es la única forma de competición política y acceso al poder, ¿es necesario que las élites sean ideológicamente moderadas y que apoyen la democracia?

En mi libro Élites, radicalismo y democracia abordo esta tesis con evidencias de América Latina, una de las mejores regiones para los estudios comparados. No me centro en las quiebras y surgimiento de regímenes democráticos, sino en las variedades de democracia —electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria— así como en la democracia plena en el sentido de un régimen que tiene altos niveles de cada variedad.

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El libro realiza un pormenorizado análisis de 18 países de la región durante 20 años (1995-2015). Va de una perspectiva más amplia y cuantitativa a una más concreta y cualitativa, con datos de las encuestas a élites parlamentarias de PELA-USAL y Varieties of Democracy para las variedades de democracia (electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria).

Las élites y la democracia

Los resultados del análisis cuantitativo confirman la relación positiva entre el radicalismo y las democracias igualitaria y deliberativa, pero también una relación negativa con los componentes electoral y liberal. Además, el apoyo a la democracia es irrelevante cuando se trata de los componentes liberal y participativo, pero tiene una influencia positiva en los componentes electoral, deliberativo e igualitario.

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Al final del día, un país tiene un régimen democrático, no cinco. Es por ello que en un segundo momento del libro se reagrupan esos cinco índices en uno solo, que acuño como democracia plena. El análisis del papel de la élite política en la presencia o no de democracia plena muestra que, entre las varias posibilidades hacia una democracia plena, hay combinaciones que no incluyen el apoyo a la democracia por parte de las élites, lo que significa que es irrelevante.

Más interesante aún, las élites radicales son necesarias en una de esas combinaciones. Contrariamente a los grandes postulados de la literatura, el radicalismo en determinadas circunstancias es una suerte de revulsivo para la democracia.

Radicalismo democrático

Decir que el radicalismo puede ser bueno para la democracia implica dos cosas. Primero, que no siempre es positivo; puede serlo, y no siempre lo es. Hay numerosos casos donde vemos cómo élites radicales, de un signo u otro, han erosionado la democracia hasta su práctica desaparición. Segundo, no vale cualquier radicalismo. Lo que argumento es que el radicalismo que puede ser positivo, y de hecho siempre lo es, es el radicalismo democrático: un radicalismo que, al mismo tiempo que apoya la democracia, sigue pensando, como Linz y Stepan, que es el único juego político posible.

Radicalismo y plenitud democrática no son del todo incompatibles. Esto lo podemos ver en Uruguay y El Salvador, los casos más representativos de lo que acuño como la vía radical democrática.

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El Salvador no tiene una democracia plena, como sí ocurre en Uruguay. De tal forma que comparar la trayectoria de las élites uruguayas y salvadoreñas permite entender por qué el radicalismo democrático en un país efectivamente desemboca en una democracia plena (Uruguay) y en otro no (El Salvador). Luego de considerar varios factores, finalmente encuentro que la diferencia clave entre ambos casos está en la duración del apoyo a la democracia, que es esencial para poder hablar, precisamente, de “radicalismo democrático”.

El apoyo a la democracia no es algo que se construya en un par de años, sino que es un proceso de muy largo plazo, de interiorización de las reglas del juego, de asumir y entender que se pueden perder las elecciones frente al rival, y que este debe poder gobernar, respetando a los perdedores.

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Esa es la diferencia entre ambos países: las élites radicales uruguayas siempre han apoyado la democracia, mientras que las élites radicales salvadoreñas solo la han comenzado a apoyar en los últimos años. No puede olvidarse que El Salvador sufrió una guerra civil (1980-1992), y ese cuestionamiento inicial a la democracia por parte del radicalismo salvadoreño (encarnado principalmente, pero no solo, por ARENA y FMLN), ha actuado como una suerte de lastre para que el radicalismo democrático ejerza todos sus efectos positivos sobre la democracia.

¿Cuáles élites para qué democracia?

A menudo se da por sentado que las élites afectan directamente a los estándares y procesos democráticos. El libro Élites, radicalismo y democracia provee evidencias para esta suposición y agrega hallazgos contraintuitivos. ¿Cuáles? Principalmente que el radicalismo democrático, entendido como unas élites ubicadas en los extremos ideológicos y que al mismo tiempo apoyan la democracia, tiene efectos positivos sobre la plenitud de la democracia. El elemento crítico identificado en la investigación es la combinación de radicalismo y apoyo a la democracia en las élites: produce resultados positivos en democracia. Dicho esto, la clave del apoyo es su estabilidad en el tiempo. El consenso sobre las reglas del único juego en la ciudad debe ser constante, no intermitente.

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En conclusión, dependiendo del contexto, las élites radicales son positivas, siempre y cuando apoyen la democracia.

En contextos donde la democracia tiene apoyo popular y el sistema de partidos políticos es estable, las élites son ideológicamente moderadas. En otros casos, si estas mismas élites apoyan la democracia o no, puede ser irrelevante.

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El domingo 5 junio se realizaron elecciones a gobernador en seis estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. México tiene un listado nominal de poco más de 92 millones de electores en 32 entidades y los seis estados que se disputaron suman poco más de 11 millones de electores.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes mayores. En Aguascalientes y Tamaulipas se instalaron el 100% de las casillas, en Durango e Hidalgo arriba del 99%, en Quintana Roo 98% y sólo en Oaxaca no se pudieron instalar algunas casillas (127 de 5659) que fueron quemadas por los habitantes de ciertas zonas por falta de apoyos frente al reciente paso del huracán Agatha. En total, en los seis estados se instalaron 20.785 casillas de las 20.993 previstas.

Tendencias

Los resultados hasta la mañana del 6 de junio y con tendencias irreversibles son:

• Aguascalientes gana la coalición del PAN, PRI y PRD encabezada por Tere Jiménez con más del 53% de las preferencias electorales.
• Durango gana la coalición del PAN, PRI y PRD encabezada por Esteban Villegas con cerca del 54% de las preferencias electorales.
• Hidalgo gana la coalición de Morena, PT y PVEM encabezada por Julio Menchaca con más del 60% de las preferencias electorales.
• Oaxaca gana la coalición de Morena, PT y PVEM encabezada por Salomón Jara con cerca del 60% de las preferencias electorales.
• Quintana Roo gana la coalición de Morena, PT y PVEM encabezada por Mara Lezama con más del 56% de las preferencias electorales.
• Tamaulipas el presunto ganador es la coalición de Morena, PT y PVEM encabezada por Américo Villarreal con cerca del 50% de las preferencias electorales.

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Temas abiertos

Los resultados marcan un freno al avance de la coalición que representa al presidente López Obrador, ya que en 2018 él ganó los seis estados en disputa y ahora ya se ve un voto mucho más dividido. Acción Nacional mantiene su postura como principal (y articulador) de la oposición en México.

Además de la elección a gobernador en Durango, se eligieron alcaldías y la coalición opositora ganó los municipios más importantes. En Quintana Roo se eligió el Congreso local y allí se impuso la coalición de López Obrador.

La elección deja muchos temas abiertos para tratar en México: la participación abierta de autoridades del gobierno de López Obrador en las campañas, el uso de recursos públicos y programas sociales para cooptar el voto de los más vulnerables. Y, la más evidente y compleja en este proceso electoral: la participación del crimen organizado.

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Acesse a versão em espanhol.

Sob o lema “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo”, a IX Cúpula das Américas acontece entre 6 e 10 de junho de 2022 em Los Angeles. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou chefes de Estado e de governo da América do Norte, do Sul, Central e do Caribe. Para os EUA, trata-se da possibilidade de redefinir sua relação com os países latino-americanos. Com confiança, estes exigem uma paridade real, em pé de igualdade, e assim colocam Washington em apuros.

A linha Biden

Desde que assumiu o cargo, Joe Biden, que já atuou como enviado especial para a região quando foi vice-presidente de Barack Obama, tem feito, por meio de diversas visitas à América Latina, um esforço para normalizar as relações com os países latino-americanos, que haviam sido negligenciadas pelo presidente Trump.

A próxima Cúpula em Los Angeles representa mais uma oportunidade para os Estados Unidos fortalecerem sua presença na região e forjar uma aliança para a luta conjunta contra a migração irregular. Nesse sentido, a vice-presidente Kamala Harris foi instruída a se concentrar principalmente no combate às causas da migração não regulada, como tema central da política dos Estados Unidos na América Latina.

[Leia também El año agitado de Joe Biden en la Casa Blanca]

Na América Latina, a política de América first do governo Trump já havia se centrado em reduzir os fluxos de migrantes irregulares vindos do México e da América Central e em conter a importação de drogas.Com esse objetivo, alguns países eram frequentemente ameaçados com consequências economicamente tangíveis caso não cooperassem com a linha dura estadunidense. A ajuda financeira aos países foi drasticamente reduzida, e se forçaram acordos com países terceiros e os consequentes traslados de migrantes dos Estados Unidos a seus países de origem.

Uma política de sanções máximas foi dirigida à mudança de regime na Venezuela, Cuba e Nicarágua, e uma versão da Doutrina Monroe adaptada às circunstâncias foi utilizada como base para uma política inequívoca em relação à nova rival China. Isso, por sua vez, repercutiu na relação dos Estados latino-americanos com o Reino do Meio.

A não ser por esses momentos estratégicos de influência política impulsionados por interesses, Trump se importava muito pouco com os assuntos da América Latina. A política latino-americana dos Estados Unidos seguiu o princípio da negligência benigna. Isso ficou claro para os homólogos latino-americanos de Trump, por exemplo, com sua ausência na última Cúpula das Américas.

Não se vislumbrou uma estratégia que abrangesse toda a América Latina. Em vez disso, houve intervenções esporádicas em países e regiões de particular importância na perspectiva dos assuntos internos dos Estados Unidos.

Novas abordagens

O Presidente Joe Biden, pelo contrário, está disposto a adotar uma abordagem diferente diante dos persistentes desafios enfrentados pela política dos Estados Unidos em relação à América Latina, para restaurar sua credibilidade e sua antiga pretensão de liderança na região.

Os pontos centrais de sua agenda política são a migração irregular e o tráfico transnacional de drogas, a relação com os regimes autoritários de Cuba, Venezuela e Nicarágua e a crescente instabilidade institucional de países centro-americanos como El Salvador, Honduras e Guatemala. A isso se somam as mudanças climáticas, que estão se tornando cada vez mais perceptíveis na região, e aquela que é cada vez mais percebida como uma ameaça: a influência da China sobre parceiros democráticos outrora confiáveis no Hemisfério Ocidental.

[Leia também La economía latinoamericana y la influencia china]

Com a Cúpula pela Democracia e a Cúpula do Clima organizadas no ano passado, Biden enviou dois sinais logo no início de seu mandato: queria trabalhar junto com pessoas com ideais afins na região contra as forças autoritárias e queria combater as causas das mudanças climáticas e seus diversos efeitos.

Nesse sentido, a Cúpula das Américas que os Estados Unidos estão organizados em Los Angeles é mais que uma oportunidade para emendar as relações com os países da América Latina que foram prejudicadas pela era Trump. De olho nas próximas midterms, as importantes eleições de meio de mandato do governo, Biden também se preocupará em unir os Estados participantes ao redor de um acordo regional significativo para combater a migração irregular e os desafios que esta representa para a política de segurança.

Ameaças

Agora, no entanto, o tiro ameaça sair pela culatra e transformar a Cúpula em um desastre para os estadunidenses, depois que os presidentes do México e da Bolívia e alguns países do Caribe colocaram em dúvida sua participação caso Venezuela, Nicarágua e Cuba não fossem convidadas. Essas ditaduras tampouco haviam sido convidadas para a última Cúpula pela Democracia organizada pelo governo dos Estados Unidos.

Uma cúpula tão boicotada alimentaria conflitos ideológicos no continente e dificultaria o tão necessário acordo de migração sustentável e, no que diz respeito ao Brasil, o avanço de uma política amazônica coordenada em nível regional. Além disso, prejudicaria a iniciativa dos EUA de fortalecer a cooperação com os Estados latino-americanos e, assim, fazer retroceder a crescente influência chinesa e, em parte, russa.

Panorama

Um bom ano e meio depois de assumir o cargo, pode-se avaliar de duas maneiras a promessa de Biden de trabalhar pela democracia, direitos humanos e Estado de direito com o apoio da cooperação internacional e regional e a formação de alianças. Por um lado, o governo de Biden e Harris conseguiu marcar um novo tom de associação com muitos países latino-americanos, derrubando gradualmente os muros construídos por Trump e promovendo uma nova estratégia de cooperação entre parceiros. Em grande medida, no entanto, o governo não está cumprindo suas promessas eleitorais.

Até o momento, a implementação da estratégia para a América Latina não pode ser descrita de forma alguma como uma guinada clara de tendência em relação à era Trump e suas duras práticas. Não é particularmente inovadora, nem fez nenhum progresso essencial na luta contra o crime organizado, a migração irregular ou as mudanças climáticas.

Os atores internacionais, principalmente a China, estarão observando de perto se os Estados Unidos conseguirão enviar o sinal que Biden aspira para a cooperação regional em importantes desafios comuns, como migração, mudanças climáticas e segurança (energética), ou se a Cúpula afastará ainda mais os países latino-americanos dos Estados Unidos e, portanto, oferecerá uma oportunidade de desafiar os Estados Unidos em seu próprio quintal.

Versão abreviada do artigo original, publicado em alemão na página web da KAS.
Tradução de Lívia Prado, escritório KAS Uruguai.

Acceso a la versión en portugués.

Bajo el lema «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo» del 6 al 10 de junio de 2022 tendrá lugar la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los jefes de Estado y de gobierno de América del Norte, del Sur y Central y el Caribe. Para los EE.UU. se trata de una posible redefinición de su relación con los países latinoamericanos. Con confianza, estos exigen una igualdad real, en pie de igualdad, y así meten a Washington en aprietos.

La línea Biden

Joe Biden, que ya actuó como enviado especial para las relaciones con la región cuando fue vicepresidente con Barack Obama, a través de sus numerosas visitas a América Latina, se ha esforzado desde que asumió el cargo por normalizar las relaciones con los países latinoamericanos, descuidadas con el presidente Trump.

La próxima Cumbre en Los Ángeles representa otra oportunidad para que los Estados Unidos fortalezcan su propia presencia en la región y forjen una alianza para la lucha conjunta contra la migración irregular. En ese sentido, la vicepresidenta Kamala Harris fue instruida a enfocarse principalmente en combatir las causas de la migración no regulada, como tema central de la política de Estados Unidos en América Latina.

[Lee también El año agitado de Joe Biden en la Casa Blanca]

La política de América first de la administración de Trump en América Latina ya se había centrado en reducir los flujos de migrantes irregulares desde México y Centroamérica y en frenar la importación de drogas. Como medio para lograr sus objetivos, los países solían ser amenazados con consecuencias económicamente tangibles si no cooperaban según la línea dura estadounidense. Se redujeron masivamente las ayudas financieras a los países y se forzaron los acuerdos con terceros países y los consiguientes traslados de migrantes desde Estados Unidos a sus países de origen.

Una política de sanciones máximas se dirigió al cambio de régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, y una aplicación de la doctrina Monroe adaptada a las circunstancias se utilizó como base para una política inequívoca hacia el nuevo rival China. Esto también iba a repercutir en los Estados latinoamericanos en su relación con el Reino del Medio.

Aparte de estos momentos de influencia política estratégicos e impulsados ​​por intereses, a Trump le importaban muy poco los asuntos de América Latina. La política latinoamericana de Estados Unidos siguió el principio de negligencia benigna, lo que quedó claro para los homólogos latinoamericanos de Trump, por ejemplo, por su ausencia en la última Cumbre de las Américas.

No se vislumbró una estrategia que abarcara a toda América Latina. En cambio, hubo intervenciones esporádicas en países y regiones de particular importancia desde la perspectiva de los asuntos internos de Estados Unidos.

Nuevos enfoques

El presidente Joe Biden, por el contrario, está dispuesto a adoptar un enfoque diferente para abordar los desafíos persistentes que enfrenta la política de Estados Unidos hacia América Latina, para restaurar su credibilidad y su antigua pretensión de liderazgo en la región.

Los puntos centrales de su agenda política son la migración irregular y el narcotráfico transnacional, la relación con los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua y la creciente inestabilidad institucional de países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. A esto se suma el cambio climático, que se está volviendo cada vez más notorio en la región, y lo que se percibe cada vez más como una amenaza: la influencia de China sobre socios democráticos que otrora fueron confiables en el hemisferio occidental.

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Con la Cumbre por la Democracia y la Cumbre por el Clima organizadas el año pasado, Biden envió dos señales justo al comienzo de su mandato: quería trabajar junto con personas de ideas afines en la región contra las fuerzas autoritarias y quería combatir las causas del cambio climático y sus diversos efectos.

En ese sentido, la Cumbre de las Américas que ahora organiza EE.UU. en Los Ángeles no es solamente una oportunidad para enmendar la relación con los países de América Latina que había sido dañada por la era Trump. Con miras a las próximas Midterms, las importantes elecciones de medio término del período de gobierno, Biden también se preocupará por convencer a los Estados participantes de un acuerdo regional significativo para combatir la migración irregular y los desafíos de política de seguridad asociados.

Amenazas

Sin embargo, el tiro amenaza ahora con salir por la culata y convertir a la Cumbre en un desastre para los estadounidenses, después de que tanto los presidentes de México y Bolivia como algunos países del Caribe pusieran en duda su participación en caso de que no fueran invitados Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas dictaduras tampoco habían sido invitadas a la última Cumbre por la Democracia organizada por el gobierno de Estados Unidos.

Una cumbre tan boicoteada alimentaría conflictos ideológicos en el continente y dificultaría alcanzar un tan necesario acuerdo migratorio sostenible y, en lo que respecta a Brasil, el avance de una política amazónica coordinada a nivel regional. Además, socavaría la iniciativa de los EE.UU. de fortalecer la cooperación con los Estados latinoamericanos y, por lo tanto, también para hacer retroceder la creciente influencia china y parcialmente rusa.

Panorama

Un buen año y medio después de asumir el cargo, la promesa de Biden de trabajar por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho con el apoyo de la cooperación internacional y regional y la formación de alianzas puede evaluarse de dos maneras. Por un lado, los gobiernos de Biden y Harris han logrado marcar un nuevo tono de asociación con muchos países latinoamericanos, derribando gradualmente los muros construidos por Trump e impulsando una nueva estrategia de cooperación entre socios. Sin embargo, el gobierno no está cumpliendo en gran medida sus promesas electorales.

La implementación de la estrategia de América Latina hasta el momento no puede describirse de ninguna manera como un claro cambio de tendencia de la era Trump y sus duras prácticas. No es especialmente innovadora ni ha hecho ningún progreso esencial en la lucha contra el crimen organizado, la migración irregular o el cambio climático.

Los actores internacionales, sobre todo China, observarán de cerca si Estados Unidos logrará enviar la señal que Biden aspira para la cooperación regional en relación a importantes desafíos comunes como la migración, el cambio climático y la seguridad (energética), o si la Cumbre alejará aun más a los países latinoamericanos de Estados Unidos y, por lo tanto, ofrecerá una oportunidad para desafiar a los Estados Unidos en su propio patio trasero.

Versión abreviada del artículo original, publicado en el sitio web de la KAS, en idioma alemán.
Traducción de Manfred Steffen, oficina KAS Montevideo

Luego de los diez años de mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y los cuatro años de Lenin Moreno —que fueron vistos como un período de transición (2017-2021)—, la presidencia de Guillermo Lasso aparece como una opción de corrección a los desequilibrios macroeconómicos y se encuentra en el camino de construcción de su identidad política. Este artículo procura dar cuenta de los avances del mandato de Lasso en su primer año y dibuja unas tempranas perspectivas de cara a los tres años restantes.

Respuesta al covid-19

Una de las más relevantes propuestas de campaña del entonces candidato Lasso fue vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Así, la diplomacia de las vacunas se activó antes de la posesión formal el 24 de mayo de 2021.

Por medio de este programa, la administración de Lasso logró procurarse la provisión de las suficientes dosis para alcanzar la meta, incluso en menos tiempo del ofrecido. Esta operación le mereció al Ecuador, al presidente, al canciller y a la ministra de Salud amplios reconocimientos locales e internacionales. En mayo de 2021, menos del 5 % de la población había recibido una dosis; actualmente, el 83 % de ecuatorianos mayores de 3 años están vacunados con dos dosis; el 36 % recibieron la dosis de refuerzo, y hace poco arrancó la cuarta dosis.

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Reactivación productiva

El crecimiento económico del país fue de –7,8 % en 2020, sin lugar a duda el resultado más adverso de las últimas décadas, incluso peor que el registrado producto de la crisis financiera de fin de siglo pasado. En contraste, una población vacunada impulsó el consumo de los hogares en particular y la dinámica económica en general, y resultó en un efecto rebote para el crecimiento que llegó a 4,2 % en 2021.

El ciclo de reproducción de la actividad económica se vio alimentado por mayores exportaciones petroleras (principalmente por efecto de un precio mayor del barril), el aumento de exportaciones no petroleras (en especial, de camarón) y el aumento del crédito de la banca privada. Un factor adicional fue la abultada cantidad de remesas recibidas, que superaron los USD 4000 millones el año pasado.

Equilibrios fiscales

Luego de un desbalance desproporcionado de las cifras macroeconómicas, Ecuador ha iniciado un proceso de consolidación fiscal. En el mandato de Moreno se produjo una relevante renegociación de la deuda que benefició a ese gobierno y al de Lasso, en materia de pagos. En el caso de los ingresos, el mayor dinamismo de la economía y las importantes cifras de recaudación tributaria han permitido reducir de manera significativa el déficit fiscal a algo más de USD 2000 millones. De hecho, al inicio de 2022 se ha registrado superávit fiscal en las cuentas públicas.

Inversiones y apertura

La visión del gobierno de Lasso es que el sector privado sea el protagonista del desarrollo económico y el sector público se dedique a tareas de atención básica para la población. De la mano de su ministro de Producción, se desarrolló el Foro «Ecuador Open for Business» que buscaba la atracción de inversiones. En el primer año se comprometieron USD 5000 millones en inversiones bajo el instrumento de contratos de inversión. El portafolio de inversiones supone proyectos por USD 39.000 millones. Adicionalmente, Lasso decidió que el país retorne al tribunal de arbitraje internacional del CIADI, como señal de predictibilidad para las inversiones.

Por otro lado, se abrieron sendos frentes de negociación de acuerdos de libre comercio. El reto del gobierno es firmar diez tratados hasta 2025. El primero estaría a semanas de concretarse con México y, posteriormente, el ingreso a la Alianza del Pacífico. Además, avanzan las conversaciones con China, Corea del Sur, Canadá, entre otros.

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Inseguridad: reto complejo

Los hechos de violencia registrados en cárceles y en lugares públicos de Ecuador han aumentado la percepción de inseguridad en la población. Durante este primer año se produjeron matanzas en los centros de detención que sumaron cientos de víctimas, motivados por ajustes de cuentas y riñas entre bandas. El saldo de la batalla contra el crimen, según el gobierno, presenta en 2021: desarticulación de más de 1350 bandas, incautación de más de 7500 armas y 231 toneladas de droga, un récord histórico para el Ecuador. En lo que va de 2022 ya fueron incautadas 85 toneladas, el triple del año anterior en el mismo período.

Adicionalmente, a través del nuevo ministerio del Interior, y con apoyo y cooperación internacional, se invertirán USD 1200 millones hasta el año 2025 para fortalecer a la policía nacional y se llevarán a las calles 30.000 nuevos policías. Los frentes de riesgo latente son la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado.

Relación con el Parlamento

La elección de febrero de 2021 arrojó un resultado en el que ningún partido por sí solo tendría la mayoría en la Asamblea Nacional. Una vez que Lasso ganó la elección, su realidad resultaba menos favorable, ya que contaba con 12 legisladores electos. Por ello, acudió a una primera alianza con Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes, para instalar la primera sesión y definir sus autoridades. Luego de ello, las mayorías móviles alrededor de ciertos temas han sido la tónica.

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Esta realidad ha llevado al presidente a plantear públicamente que no gobernaría con el Legislativo y usaría las herramientas del Poder Ejecutivo para conseguir sus objetivos. Este camino no resultaría sencillo en caso de candados legales o constitucionales que obliguen a Lasso a pasar regulaciones por la Asamblea, como en materia laboral.

Los próximos tres años

En el corto plazo, el escenario económico luce menos complejo que el político. Este último presenta algunos retos para la consecución de los objetivos del gobierno y para la estabilidad democrática del país. Si bien el presidente ha dicho que no usaría su capacidad de disolver la Asamblea, no se pueden descartar tensiones suficientes que puedan derivar en procesos de inestabilidad institucional, como ha sucedido durante la historia reciente del país.

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Este domingo 29 de mayo de este 2022, más de 21 millones de colombianos votaron en la primera vuelta presidencial eligieron a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Hubo una sorpresa: Rodolfo Hernández, líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sacó la segunda votación y le disputará la presidencia al izquierdista Gustavo Petro, quien se daba seguro como uno de los dos ganadores.

Revisemos las cinco claves que nos permiten comprender qué pasó en Colombia y hacia dónde va el país:

1. Una batalla entre dos populismos

Ya las elecciones legislativas de marzo pasado eran consideradas inéditas tanto por el hecho de que tres de los candidatos fueran elegidos no en consultas de partidos políticos sino de coaliciones: el Pacto Histórico (izquierda), Coalición de la Esperanza (centro) y Equipo por Colombia (derecha).

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Tras esa especie de primera vuelta, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez se perfilaban como los posibles ganadores de la verdadera primera vuelta. Un resultado que coincidía con las encuestas. Aunque esas encuestas también empezaron a mostrar la tendencia del crecimiento de un candidato que no formaba parte de estas coaliciones: Rodolfo Hernández, líder del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Como resaltó La Silla Vacía, será una batalla entre dos populismos liderados por exalcaldes.

Por un lado, está Petro, exalcalde de Bogotá, que representa la izquierda y un voto contra el uribismo. Por el otro Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien se hizo famoso por su estrategia digital y por un mensaje sencillo de lucha contra la corrupción.

En esta votación, como explica María Alejandra Arboleda, experta en comunicación política, «los resultados electorales son producto de una tendencia de un voto de rechazo hacia el uribismo y a partidos tradicionales, que estamos viendo desde 2019 en las elecciones locales. En marzo de 2022, con los resultados del Congreso y del Pacto Histórico se refuerza ese voto castigo y de rechazo hacia el uribismo que está en el poder.  La tendencia hacia es hacia la necesidad de un cambio».

El centro, representado por Sergio Fajardo, demostró desde las elecciones de marzo pasado que perdió fuerza, está fragmentado y con un discurso que no convence. Tampoco tiene líderes que aglutinen, pues Fajardo, con sus 888.579 votos (4,20%) obtuvo menos votos que los de su coalición meses atrás.

2. La sorpresa del candidato tiktoker 

Las encuestas electorales, como se analiza en el episodio «Hagan encuestas, pero háganlas bien» del podcast Bajo la Lupa de Diálogo Político, son una herramienta válida para testear el estado de ánimo de la opinión pública. Y en estas elecciones de primera vuelta, ninguna de las encuestadores reconocidas ubicó a Hernández por encima de Gutiérrez, pero lo que sí mostraron fue la tendencia de crecimiento del exalcalde de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández, un ingeniero millonario de 77 años, es un candidato que dio un mensaje claro: el cambio y la lucha contra la corrupción. Su discurso efectista, en el que promete desde que todos los colombianos puedan conocer el mar hasta  tener un gobierno de austeridad y sacar a los corruptos del poder, caló entre los electores cansados de los escándalos de corrupción y con una necesidad de cambio.

Hernández y sus asesores leyeron el momento de cambio por el que pasa América Latina y la inconformidad que ha ido en aumento y se lanzó a las calles durante los estallidos sociales de 2019 y de 2021. Pero también da la percepción de tener una mano dura, que tiene la fuerza y determinación para luchar contra la corrupción y la inseguridad. Todo esto, pese a los escándalos de sus afirmaciones, como que admira a Adolfo Hitler o la cachetada que le dio a un concejal.

3. Debilitamiento de los partidos

Las últimas elecciones han mostrado que en Colombia los partidos tradicionales se debilitan cada vez más. Se vio en 2019 y se ratificó en estas presidenciales. Aunque en el Congreso, los liberales y conservadores siguen siendo fuertes, debido a sus maquinarias en las regiones, ni en presidenciales ni en locales pasa esto.

El Congreso electo se reconfiguró, aunque no radicalmente. Creció la izquierda de Petro, pero sin obtener una mayoría suficiente para tomar control del Congreso.

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Pero es que el desgaste de los partidos tradicionales no solo se vive en Colombia, en elecciones de otros países como Costa Rica, Chile y Perú también ocurrieron fenómenos similares. Poco parecen importar los programas de gobierno y los debates.

4. Maquinarias y clanes de las regiones

Laura Ardila, periodista de La Silla Vacía, asegura que «una de las situaciones políticas que quedó claro es que las maquinarias en Colombia no definen la presidencia. Lo que pasó con Fico, quien aglutinaba la mayoría de los políticos tradicionales y las maquinarias, pasó hace cuatro años con Germán Vargas Lleras. Es que este es un momento en el que político es sinónimo de malo, de descrédito. La gente con Roldolfo Hernández demostró que quiere un cambio, incluso si significa un salto al vacío».

Al revisar el mapa de la votación vemos cómo en departamentos como Atlántico y Córdoba, regiones en las que están los clanes que acompañaban a Gutiérrez, Petro sacó el 54,7 % y el 51,9 % de los votos. Aunque Fico estuvo en el segundo lugar con el 26,7 % y el 28,13 %.  Algo similar sucedió en el Valle del Cauca, donde la baronesa Dilián Francisca Toro apoyó a Gutiérrez. O en Casanare, que incluso llegó a tener un precandidato cercano al uribismo.

5. La segunda vuelta

La apuesta de Petro era ganar en primera vuelta, pues en segunda las opciones de llegar al poder no son tan claras. Algunos analistas aseguran que el candidato del Pacto Histórico y su fórmula presidencial ya llegaron a su techo con más de ocho millones y medio de votos (una cifra mucho mayor a la de la primera vuelta de 2018 y con 500.000 votos más que la de la segunda).

Sin embargo, en estas tres semanas se moverán las fichas para definir el próximo presidente. Gutiérrez, aunque derrotado, sacó más de cinco millones de votos, muchos de los cuales son antipetristas. Gutiérrez y varios políticos del uribismo, como María Fernanda Cabal, ya anunciaron su apoyo a Hernández. Un respaldo que también había anunciado el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien era uno de los precandidatos de la Coalición por la Esperanza.

La estrategia de Petro empezó a verse en su discurso, en el que recordó que Hernández está acusado por corrupción y su juicio arranca en julio. El petrismo enfila baterías contra su nuevo contrincante, con el que no había chocado hasta el momento. Además, como dice Laura Ardila, a través de sus aliados, los senadores del Partido de la U, Roy Barreras y Armando Benedetti, intentará arañar votos de maquinaria de los clanes tradicionales. 

La segunda vuelta en Colombia, el próximo 19 de junio de 2022, estará marcada por el discurso antisistema y propuestas populistas. El país se encamina a no tener a un partido tradicional cerca del gobierno nacional, y a una nueva administración sin apoyo mayoritario en el Congreso.

La reforma al sistema de partidos políticos en Ecuador es un tema pendiente que está en debate y debe ser aprobado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) señala que hasta abril de 2022 en el país están registrados 268 partidos y movimientos políticos y que para las elecciones 2023 seccionales (prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de las juntas parroquiales rurales e integrantes del CPCCS para el periodo 2023-2027), el número crecerá junto con el número de candidatos, que se estima podría superar los 80.000.

El reto del ciudadano es seleccionar a los candidatos con mejores propuestas, en medio de miles de ellos. En términos democráticos, el ciudadano debe poder ejercer un voto informado, pero realmente, con tantos postulantes, resulta imposible realizar un voto consciente. Esto baja la calidad de la representación y de la democracia. Este ha sido un problema histórico del sistema electoral ecuatoriano.

Multiplicación de partidos, democracia débil

El crecimiento descontrolado de partidos y movimientos políticos está ligado al derecho a participación política garantizado por la Constitución y por el Código de la Democracia, pero en la práctica está mal entendido, porque más partidos no significa mejores candidatos ni mejor representación de autoridades electas. Esto, a la larga, termina deslegitimando los procesos electorales, disminuye la confianza de la gente en el sistema político, desmotiva participación de los ciudadanos en las elecciones y debilita la credibilidad del sistema.

La actual autoridad electoral ecuatoriana ha aprobado reformas electorales que han mejorado el Código a la Democracia introduciendo debates obligatorios para candidatos, votación en lista cerrada, muevo método de asignación de escaños, tipificación de la violencia política, entre los más importantes. Pero sigue en deuda una reforma integral al sistema de partidos políticos, que desde el regreso a la democracia no se ha actualizado para mejorar la participación y calidad de los partidos.

Cambiar el sistema político

En ese contexto, Participación Ciudadana, organización no gubernamental pionera desde hace 20 años en promover la observación electoral y el fortalecimiento del sistema democrático en Ecuador, planteó una propuesta de reforma al sistema de partidos políticos del Código de la Democracia. Se trata de un conjunto de temas que buscan fortalecer a los partidos desde sus estructuras internas, para formar cuadros políticos y dejar atrás el riesgo de caer en clásicos liderazgos caudillistas que ganan las elecciones y saltan los escándalos corrupción.

Participación Ciudadana, junto al Grupo Promotor, conformado por expertos en temas electorales, propone reglas claras para que los partidos y movimientos políticos puedan formar jóvenes, profesionalizarlos en la política y a mediano plazo contar con mejores candidatos para dejar de lado la improvisación o tener candidatos sin experiencia o formación política.

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Un tema medular es garantizar la participación efectiva de la mujer, frenar la violencia política en su contra y que al menos el 20% del fondo partidario, financiado por el Estado, sea destinado a la promoción y capacitación de candidatas mujeres y de los grupos prioritarios.

Los caminos de la reforma

Participación Ciudadana ha planteado 12 reformas que se están discutiendo en la opinión pública. En el primer trimestre del 2022 ha socializado la propuesta, por separado, con distintos sectores: periodistas, CNE, representantes de los partidos políticos y el propio presidente Guillermo Lasso.

La organización está procesando los aportes de las reuniones con diversos sectores, a fin de contar con una propuesta de consenso que pueda ser apadrinada por el CNE o, a su vez, que el Ejecutivo sume el tema en una propuesta de consulta popular encaminada para 2023. De no progresar estas opciones, el otro camino disponible es la recolección de firmas para impulsar la reforma desde sociedad civil y eventualmente entrar en vigencia en las elecciones de 2025.

Propuestas para reformar el Código de la Democracia

El alcance territorial: Los partidos políticos deberán ser nacionales, ideológicos, programáticos y serán quienes presenten candidatos a dignidades de presidente, vicepresidente y asambleístas nacionales y provinciales. Mientras que los movimientos políticos serán exclusivamente provinciales. De este modo, disminuirán automáticamente el número de organizaciones y candidatos.

Umbral de creación: Se plantea que los partidos políticos tengan un registro permanente de por lo menos el 0,3% de los empadronados a nivel nacional, unos 40.000 afiliados activos. Actualmente se exigen fichas de afiliación correspondientes al 1,5%.

Para la inscripción de partidos y movimientos políticos se deberá contar con un registro de afiliados. Se prevé la eliminación de los adherentes ocasionales y permanentes, dejando la única figura de los afiliados. Se deberá contar con padrones actualizados de todos los afiliados a nivel nacional y provincial y estos se usarán en las elecciones internas.

Garantizar y respetar la alternabilidad: A los directivos se les prohibirá la reelección por más de dos períodos.

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Tener actividades permanentes, como capacitaciones y talleres. La organización que no demuestre actividad en tres años antes de una elección no podrá participar en los comicios.

Suprimir votaciones por distrito para los asambleístas provinciales, pero estas se mantienen para las elecciones secciónales (de prefectos, alcaldes, concejales).

Ampliar las causas de extinción de partidos y movimientos a tres: inactividad, que su candidato presidencial haya obtenido al menos del 1% de votos del padrón y que no reporten al CNE sobre el número de afiliados cada dos años.

Publicidad oficial: mejores controles para fortalecer el cumplimiento de la veda electoral y las prohibiciones de publicidad durante la campaña y que la publicidad oficial solo sea por excepción, garantizando equidad entre candidatos.

Que el CNE no organice conteo rápido y que se concentre en el conteo oficial y la transmisión respectiva de resultados.

Fortalecer la participación de mujeres, jóvenes y grupos de atención prioritaria, que el 20% del fondo partidario se destine a capacitación y formación de sus afiliados.

Versión en español.

Nas últimas décadas, o mundo vem experimentando processos de retrocesso democrático. Ditos processos foram agravados com o advento da pandemia da COVID-19. Nesse sentido, este texto trata de refletir sobre a relação entre o tipo de regime político e uma boa condução da crise sanitária que vivemos.

O espectro autoritário

A maioria dos índices internacionais que medem a democracia no mundo, como Freedom House ou V-DEM, consideram que existem regimes políticos que estão situados entre as formas puras de democracia e o autoritarismo. Para fins de definição conceitual, regimes democráticos são aqueles sistemas políticos que realizam eleições periódicas, livres, limpas e universais e que protegem os direitos civis e as liberdades políticas dos cidadãos. Regimes autoritários incumprem, categoricamente, esses requisitos.

No entanto, a maioria dos países, atualmente, possui regimes políticos “híbridos”. Como exemplo, muitos promovem eleições que não são totalmente limpas, ou o Estado não é capaz de proteger propriamente os direitos dos cidadãos.

Regimes políticos e pandemia

Em relação à pandemia da COVID-19, regimes democráticos, regimes autoritários e híbridos impuseram medidas restritivas para combatê-la. Nos países que gozam de qualidade democrática, as medidas restritivas tomadas respeitaram os limites constitucionais, foram apoiadas pelo Legislativo e não feriram o núcleo central de liberdades civis e políticas.

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Em um país democrático como Portugal, por exemplo, o decreto que instituiu medidas sanitárias emergenciais tinha prazo de 14 dias e descrevia com detalhes quais os limites de atuação do governo durante esse período. Por outro lado, em regimes autoritários ou híbridos, o vírus tendeu a sobrecarregar as instituições e o pluralismo político. Utilizando dados do Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT), Frey e colegas encontraram que regimes mais autoritários introduziram medidas mais restritivas, principalmente políticas de privacidade e monitoramento mais intrusivas.

Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán passou a governar por decreto por tempo indeterminado — e não só no que diz respeito a questões relativas à pandemia. O premiê já utilizou esses poderes para proibir que indivíduos transgênero pudessem alterar a sua certidão de nascimento. Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte foi além e autorizou a polícia e o exército a “atirarem para matar” em quem desrespeitasse as medidas de segurança e quarentena impostas devido ao coronavírus.

Populismo e negacionismo

Líderes populistas como Donald Trump e Jair Bolsonaro negaram o real perigo do vírus. Ambos mandatários utilizaram a desinformação e a propagação de fake news e deixaram seus respectivos países entre as nações com pior resultado no enfrentamento à COVID-19.

No Brasil, em 5 de junho de 2020, as plataformas virtuais do Ministério da Saúde deixaram de divulgar o número total de infectados e vítimas fatais, restringindo-se apenas a noticiar os casos confirmados nas 24h anteriores. Os cidadãos brasileiros, desinformados pelo governo federal, continuaram a lotar áreas públicas como praias, parques, shoppings e centros comerciais, fazendo com que o Brasil passasse rapidamente de 5 mil para 100 mil mortos pela doença.

Capacidade estatal

No estágio atual da pandemia, chamam a atenção estudos sobre capacidade estatal. Comparar democracias e autoritarismos pode resultar problemático quando se considera que há muito mais Estados democráticos (incluídos os híbridos) que autoritarismos puros no mundo. Em estudo para o V-DEM, pesquisadores encontraram que democracias com alta capacidade estatal teriam sofrido menor número de mortes.

No entanto, um alto nível de capacidade do Estado também pode se fazer presente em países autoritários. Em pesquisa que analisou a China e a Coreia do Sul, a alta capacidade estatal permitiu que ambos enfrentassem a pandemia de maneira eficiente.

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Assim, enquanto as democracias, como a Coreia do Sul, se beneficiariam da ampla capacidade de informação e de certo poder de mobilização e cooperação estatal, alguns Estados autoritários, como a China, possuiriam forte capacidade de exercer coerção, além de tomar e implementar decisões de maneira centralizada e rápida.

Ainda que já existam discussões sobre regimes políticos e enfrentamento à crise sanitária da COVID-19, é preciso aprofundar o entendimento sobre a atuação de Estados democráticos e autoritários em momentos de crise.

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Versão em português.

En las últimas décadas, el mundo ha estado experimentando procesos de regresión democrática. Dichos procesos se agravaron con la llegada de la pandemia de covid-19. Este texto reflexiona sobre la relación entre el tipo de régimen político y una buena gestión de la crisis sanitaria que ha vivido la humanidad.

El espectro autoritario

La mayoría de los índices internacionales que miden la democracia en el mundo, como Freedom House o V-DEM, sitúan a los regímenes políticos entre las formas puras de democracia y autoritarismo. A efectos de una definición conceptual, los regímenes democráticos son aquellos sistemas políticos que celebran elecciones periódicas, libres, limpias y universales, y que protegen los derechos civiles y las libertades políticas de los ciudadanos. Los regímenes autoritarios incumplen, categóricamente, estos requisitos.

Sin embargo, la mayoría de los países actualmente presentan regímenes políticos híbridos. Como ejemplo, muchos realizan elecciones que no son del todo limpias, o el Estado no es capaz de proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos.

Regímenes políticos y pandemia

Respecto a la pandemia de covid-19, los regímenes democráticos, los autoritarios y los híbridos han impuesto medidas restrictivas para combatirla. En los países que gozan de calidad democrática, las medidas restrictivas adoptadas respetaron los límites constitucionales, fueron respaldadas por el Poder Legislativo y no hirieron el núcleo central de las libertades civiles y políticas.

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En un país democrático como Portugal, por ejemplo, el decreto que instituyó medidas sanitarias de emergencia tenía un plazo de 14 días y describía en detalle los límites de la acción del gobierno durante este período. Por otro lado, en los regímenes autoritarios o híbridos, el virus tendió a desbordar las instituciones y el pluralismo político. Usando datos del Oxford covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT), Frey y otros investigadores encontraron que los regímenes más autoritarios introdujeron medidas más restrictivas; en particular, políticas de privacidad y monitoreo más intrusivas.

En Hungría, Viktor Orbán pasó a gobernar por decreto por un período indefinido —y no solo en los temas relacionados con la pandemia—. El primer ministro ya ha utilizado estos poderes para prohibir que los individuos transgénero puedan alterar su partida de nacimiento. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte fue más allá y autorizó a la policía y al ejército a «disparar a matar» a cualquiera que violara las medidas de seguridad y cuarentena impuestas debido al coronavirus.

Populismo y negacionismo

Líderes populistas como Donald Trump y Jair Bolsonaro han negado el real peligro del virus. Ambos mandatarios utilizaron la desinformación y la difusión de fake news y dejaron a sus respectivos países entre las naciones con peor desempeño en la lucha contra el covid-19.

En Brasil, el 5 de junio de 2020, las plataformas virtuales del Ministerio de Salud dejaron de divulgar el número total de contagiados y víctimas fatales, restringiéndose a reportar los casos confirmados en las 24 horas anteriores. Los ciudadanos brasileños, desinformados por el gobierno federal, continuaron abarrotando áreas públicas como playas, parques, shoppings y centros comerciales. Esto que provocó que Brasil pasara rápidamente de 5.000 a 100.000 muertos por la enfermedad.

La capacidad estatal

En la etapa actual de la pandemia, llaman la atención los estudios sobre la capacidad estatal. Comparar democracias y autoritarismos puede resultar problemático cuando se considera que hay muchos más Estados democráticos (incluidos los híbridos) que autoritarismos puros en el mundo. En un estudio para V-DEM, investigadores encontraron que las democracias con alta capacidad estatal habrían sufrido un menor número de muertes.

Sin embargo, un alto nivel de capacidad estatal también puede estar presente en países autoritarios. Según la investigación, que analizó a China y Corea del Sur, la alta capacidad estatal permitió a ambos enfrentar la pandemia de manera eficiente.

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Algunas democracias, como Corea del Sur, se beneficiarían de una amplia capacidad de información y cierto poder de movilización y cooperación estatal. Por el conrario, algunos Estados autoritarios, como China, tendrían una fuerte capacidad de ejercer coerción, además de tomar y ejecutar decisiones de manera centralizada y rápida.

Si bien ya existen discusiones sobre regímenes políticos y el afrontamiento de la crisis sanitaria del covid-19, es necesario profundizar en la comprensión del rol de los Estados democráticos y autoritarios en tiempos de crisis.

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