Por qué es importante que se produzcan podcast políticos, qué es necesario para ello y por qué son útiles para llegar a determinados públicos son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participan:

María Alejandra Acosta Jiménez, cofundadora de la Comunidad de Oyentes y editora de Peces Fuera del Agua. 

Catalina Pignata, Licenciada en Relaciones Internacionales y profesora en la Universidad Católica de Córdoba.

Igor Vivero, profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Guion: Raúl Gil | Rombo Podcasts

Edición de sonido: Pablo Fisher | Rombo Podcasts.

Reformas constitucionales

En los últimos treinta y cinco años, en todo el continente se ha visto la presencia de un debate sobre la reforma constitucional. A veces, fueron solo propuestas; otras veces se transformaron en proyectos formales, e incluso se han iniciado complejos procesos buscando la aprobación de una nueva Constitución. Algunos de estos procesos prosperaron y otros quedaron por el camino. Si bien en muchos casos se trató de reformas puntuales, en otros se llegó a plantear o lograr la aprobación de una nueva Constitución, en una suerte de proceso refundacional interesante, más allá de las justificaciones que pueda tener esto en los distintos países.

Sin pretensiones de reflexiones válidas para todos, ya que cada país tiene su propia realidad, me llama la atención lo anterior. Nuestro continente tiene problemas comunes y graves, entre otros: la pobreza y la exclusión social, la corrupción, dirigentes políticos que no están a la altura que las circunstancias requieren, la inseguridad, la falta de protección de los derechos humanos, carencias en la educación y de comprensión de lo que son el Estado de derecho y la democracia, inestabilidad económica y crisis constantes, para mencionar solo algunos, aunque posiblemente los más graves.

¿Estos problemas hacen necesaria la adopción de nuevas Constituciones? Muchas veces aparece la idea de que la Constitución es vieja, de otra época, y se piensa que adaptarla viene a constituirse en preocupación central en la que se cifran muchas esperanzas. ¿Pero necesariamente es así? ¿Una nueva Constitución cambiará significativamente los problemas señalados o será una nueva fuente de frustración?

Parece que la respuesta de estas interrogantes debe tener en cuenta varias cosas: debe usarse un concepto completo de Constitución, comprensivo de la realidad, y no una visión parcial que se centre en el texto; se debe evitar la sobrevaloración de la prolijidad técnica del texto; no se debe olvidar que la interpretación puede ser más importante que el propio texto; y no debe perderse de vista que no existe «la» mejor Constitución.

La Constitución y la realidad política

En primer lugar, la Constitución no es solo texto, sino que, entre otros factores, comprende la realidad y no se puede prescindir de ella. Desde las reflexiones de Lasalle^[1] sobre la Constitución «hoja de papel», pasando por los análisis de Hermann Heller sobre la Constitución como realidad social (con la Constitución «total» y la distinción entre Constitución normada y no normada),^[2] hasta, entre otros, Hesse y sus teorizaciones sobre la relación entre Constitución y efectividad (realidad histórica, nivel de desarrollo espiritual y social, político y económico, etc.),^[3] la cuestión ha estado presente en la dogmática constitucional.

La Constitución escrita es una parte, pero la realidad termina siendo la que define. La realidad constitucional es tanto o más importante que el texto y, posiblemente, el cambio del texto no cambie mucho la realidad. Se advierte que la mera sustitución de un texto no es, en general, la solución de los problemas ni el comienzo de las soluciones.

Asimismo, la búsqueda del mejor texto constitucional es compleja. La Constitución más sabia, la escrita por los mejores juristas, la que en su aprobación cuente con fuerte apoyo popular, puede fracasar estrepitosamente y basta pensar en la Constitución de Weimar. Por otra parte, a veces Constituciones aprobadas con un bajo respaldo popular devienen, con el paso del tiempo, no solo buenas, sino valoradas como excelentes por la amplia mayoría de la ciudadanía.

El caso uruguayo

La Constitución uruguaya, sin perjuicio de cuatro enmiendas, fue aprobada por escasos votos en un plebiscito de ratificación en 1966. Era una Carta típica para los años sesenta, sin arraigo en la población, que tuvo seis años de vigor formal en tiempos difíciles y se cayó luego en la dictadura militar (1973-1985) que no la aplicó en sus aspectos centrales. Pero en 1985, al volver a la democracia, uno de los lemas era la «vuelta a la Constitución» y se logró.

Desde entonces han gobernado tres partidos políticos distintos en una continuidad democrática nunca cuestionada. Ha permitido gobernar y ha controlado a los gobernantes en delicado equilibrio. De tanto en tanto aparecen voces que proclaman una nueva Constitución, pero en general esto se desestima por tener una excelente Carta. Claro que se fue produciendo una firme evolución interpretativa, a veces mutativa, en materia de derechos humanos y en cuanto a sus formas de protección; se varió o está variando el modelo económico, evolucionando de un Estado social a un Estado constitucional, todo en un esquema propio de la noción de living constitution.

Hoy se tiene una Constitución que ha evolucionado y, lo más importante, que tiene clara relación con la realidad; no es solo un pedazo de papel, sino algo que, con dificultades, aparece en la vida política, social, económica y cultural. Esta vieja (de otra época), impopular y fracasada Constitución se ha transformado en la realidad en una excelente norma superior que nadie sensatamente quiere modificar. Los problemas de Uruguay no pasan por la Constitución correctamente interpretada.

¿Qué dicen las Constituciones?

En tercer lugar, debe pensarse en la interpretación como forma de evolución constitucional. Tanto o más importante que el texto constitucional es cómo es y ha venido siendo interpretado. No hay que olvidar que las Constituciones no hablan, sino que algunos dicen lo que ellas dicen. Muchas veces se obtienen cambios más rápidos en virtud de innovaciones interpretativas cuya orientación puede preverse, que mediante una reforma total que habrá de ser interpretada desde un punto cero. Además, el peor texto bien interpretado suele ser mejor que el mejor texto mal interpretado.

Entonces, ¿el cambio del texto es muy importante? La búsqueda de un gran texto constitucional moderno, para nuestros tiempos y técnicamente excelente es algo que parece estar sobrevalorado en el continente. La breve Constitución de Estados Unidos (1787) es una de las bases más sólidas de ese país. La Constitución alemana (1949), con una incompleta declaración de derechos humanos, es un orgullo que los alemanes no tienen interés en cambiar. Parece que la cuestión es cómo se interpreta el texto.

No hay que esperar grandes ni rápidos cambios con la reforma constitucional (los primeros tiempos de una nueva Constitución son problemáticos y cargados de dudas), sino que la interpretación parece ser mucho más importante. Por supuesto que no se niega con ello que puedan ser necesarios ajustes parciales en el texto para facilitar los procesos, pero no parece que puedan esperarse grandes cambios y «revoluciones» solo con sustituir una Constitución.

Los verdaderos problemas, mencionados al principio, no se resolverán con una reforma constitucional, sino que esta, a veces, puede terminar siendo una distracción que impida ver las principales dificultades y postergue su análisis y solución.

[1] Ferdinand Lasalle, «¿Qué es una Constitución?», en Monografías Jurídicas, n.º 79. Bogotá: Temis, 2005.

[2] Hermann Heller, Teoría del Estado. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1955, pp. 267 ss.

[3] Conrado Hesse, «Constitución y Derecho Constitucional», en Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 5.

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«El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente». Es una máxima de Lord Acton que cobra vigencia en el actual contexto colombiano. El entrante gobierno de Gustavo Petro, cuyo proyecto político es de izquierda radical, no tendrá una oposición en el Congreso con la capacidad de limitar el poder presidencial.

El 19 de junio de 2022 Gustavo Petro, apoyado por la coalición Pacto Histórico, ganó las elecciones de la segunda vuelta presidencial con 11.291.986 votos. Obtuvo una diferencia de 687.649 votos (6,48 %) respecto de su contrincante, Rodolfo Hernández, de la Liga Gobernantes Anticorrupción, por quien votaron 10.604.337 colombianos. El porcentaje de participación para estas elecciones fue del 58,17 %, el más alto desde 1998.

Un proyecto diferente

Más de 10 millones de colombianos, es decir, el 46,77 % de los sufragantes, votaron por un proyecto político diferente al del Pacto Histórico. Sin embargo, luego de las elecciones, esas personas de distinta procedencia política han visto cómo se desdibuja cualquier posibilidad real de una oposición suficientemente consolidada frente al gobierno de Petro y a sus políticas, que se proyectan altamente estatistas, colectivistas, proteccionistas e incluso iliberales, porque se orientan a confiscar la propiedad privada y a redistribuir la riqueza.

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El gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto ha anunciado reformas en materia tributaria, de tierras, salud, pensiones, gasto público, modelo de producción y comercio internacional, prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, entre otras, que generan temores e incertidumbre por los efectos que tendrían en el mediano y largo plazo.

Esos temores cobran fuerza ante las dinámicas políticas del nuevo Congreso que tomó posesión. Varios de los principales partidos políticos tradicionales con representación parlamentaria no solo han comunicado que no le harán oposición (Partido Conservador y Liga Gobernantes Anticorrupción), sino que se han declarado como partidos de gobierno (Partido Liberal y Coalición Centro Esperanza). Esto, a pesar de haber apoyado otros candidatos durante la campaña presidencial y de haberse centrado en advertir los efectos negativos que tendría el proyecto político del Pacto Histórico durante la campaña al Congreso.

Cambios en el Congreso

De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto de Oposición, dentro del mes siguiente al inicio del gobierno las organizaciones políticas deberán optar por: 1) declararse en oposición; 2) declararse independientes; 3) declararse organización de gobierno. Podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno.

Sin haberse instalado el nuevo gobierno, las principales fuerzas políticas en el Legislativo, salvo el Centro Democrático, se declararon de gobierno o independientes. Esto plantea hasta el momento un panorama positivo para el gobierno electo respecto a mayorías congresionales.

La formación del Senado con la que se estrena Petro en el gobierno es de 63 curules afines de un total de 108: Pacto Histórico (20), Partido Liberal (14), Partido de la U (10), Alianza Verde (8), Comunes (5), ASI (4) e Indígenas (2). Si bien ahora cuenta con mayoría, los partidos que se han declarado independientes, como el Partido Conservador, pueden ayudarle a darle mayor tranquilidad en el tramite de las reformas. En la Cámara de Representantes cuenta con mayoría cómoda. Su coalición de gobierno sumó 109 de 188 curules.

El paisaje para Petro

La formación favorable a Petro deja un panorama inquietante ante la posibilidad de un Congreso que, sin reparo, beneficiará las grandes reformas que, de materializarse como están en el plan de gobierno, pondrían en riesgo el bienestar político y económico del país. Esto constituye un vacío de representación política y de liderazgo. Demuestra la falta de identidad ideológica y política con un modelo distinto al del Pacto Histórico.

Para que una democracia sea sólida y las personas puedan ejercer sus libertades y derechos plenamente, la oposición es tan indispensable como lo son la separación y equilibrio de poderes. Para evitar que se consoliden regímenes autoritarios que concentren y abusen del poder, que opriman a los individuos y repriman a quienes no comparten el modelo de gobierno, es necesario que existan organizaciones políticas con la capacidad de oponerse a los proyectos de ley de iniciativa gubernamental o de su coalición y de ejercer el control político y fiscalizar al gobierno.

Sin una oposición política clara, los próximos años serán de mucha incertidumbre para los ciudadanos que defienden el modelo que se contrapone al del Pacto Histórico. Es decir, aquel que se fundamenta en los valores de las libertades civiles y económicas, el Estado de derecho y la democracia liberal con separación y equilibrio de poderes. Un modelo que, en lo económico, ha demostrado funcionar en el mundo, generando las condiciones para la prosperidad incluyente. Que prioriza la superación de la pobreza y el empoderamiento de los individuos para decidir sobre su proyecto de vida sin la coerción o el uso de la fuerza estatal. En el que prima el respeto irrestricto a la propiedad privada y las intervenciones del gobierno no obstaculizan la generación de condiciones para el emprendimiento, la función empresarial y el libre comercio.

Las reformas

Las reformas que liderará el nuevo gobierno y su mayoría en el Congreso requieren un aumento del gasto público, desconociendo las limitaciones financieras del Estado. Según el DNP (2021), para el 2022 el presupuesto se incrementó en un 5,3% situándose en 340,4 billones de pesos, y solo para gastos de funcionamiento se asignaron 209,4 billones de pesos. Son recursos provenientes de los impuestos y de regalías mineras y petroleras.

El Pacto Histórico propone la creación de nuevos ministerios, el subsidio a pensiones, la compra de tierras improductivas, el empleo público masivo, el subsidio al agua, la universidad pública «gratuita» y la unificación del sistema de salud a un régimen público, solo por mencionar algunas propuestas.

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Para financiar un programa de esta magnitud se requerirá un aumento de impuestos, deuda pública y emisión monetaria. Esto podrá tener efectos negativos para la economía en general. Pero, sobre todo, para los ciudadanos más pobres y vulnerables, que tendrán que asumir la posible inflación, escasez, devaluación, desabastecimiento y pérdida del poder adquisitivo.

Además, para implementar su programa, el gobierno Petro tendrá que indudablemente aumentar el tamaño del Estado. Por lo tanto, incrementar la burocracia, lo que puede generar incentivos perversos para la corrupción.

La sociedad civil

Ante la ausencia de oposición política se requiere de una sociedad civil activa, capaz de incidir, participando en las distintas instancias de la institucionalidad democrática para defender el orden constitucional y la libertad. El proyecto del Pacto Histórico, como todo plan gubernamental, debe tener la posibilidad de ser debatido y cuestionado por los ciudadanos. Para esto, diversas organizaciones como los centros de pensamiento deben contribuir a agregar valor al debate político a partir del análisis y la evaluación de las propuestas de reforma para advertirle a la opinión pública sobre sus posibles impactos y efectos.

«Solo el control de impuestos a los gobernantes hace a las naciones libres; y solo la falta de tales controles las convierte en esclavas», advirtieron Trenchard y Gordon en las famosas Cato Letter que inspiraron la Revolución americana.

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En Chile la idea de democracia no encuentra instituciones ni liderazgos catalizadores que la representen. Desde la teoría de los regímenes políticos, el diseño institucional requiere de un sistema político validado o aceptado por la mayoría de los ciudadanos.

La crisis de confianza en la elite política chilena y en los partidos políticos, fundamentales para la estabilidad del país, se mantiene a pesar de que el proceso constituyente está llegando a su fin. Su misión principal era aunar voluntades para presentar una propuesta que diera respuestas a las exigencias de los ciudadanos y los desafíos actuales de una sociedad posmoderna. Recordemos que el documento definitivo de la propuesta fue entregado por la presidenta de la Convención al presidente de la República el pasado 4 de julio.

El siguiente gráfico revela la desconfianza frente a los partidos políticos en la actualidad.

Inestabilidad política e institucional

La inestabilidad política e institucional que afecta a Chile se manifiesta de distintas maneras. Una de ellas es la salida de capitales hacia el exterior. Según el Banco Central de Chile, al cierre de 2021 se registró una huida de USD 50.000 millones, mientras que todas las proyecciones sostienen que la tendencia seguirá en aumento hasta el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Según el resultado se barajan hipótesis del comportamiento de los capitales.

Por lo tanto, resultan evidentes los costos derivados de la inestabilidad política y la amenaza de ingobernabilidad del país, que no encuentra una validación de representación que permita proyectar certidumbre jurídica, económica, social y política.

Sin embargo, además del comportamiento del mercado, debemos describir la situación de los actores políticos llamados a sembrar estabilidad. En estos momentos están ocupados en canalizar las demandas ciudadanas hacia el apruebo o el rechazo, en un consenso cada vez más generalizado respecto de la necesidad de buscar un nuevo espacio de acuerdo institucional más allá del resultado del plebiscito.

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A pesar de los esfuerzos de los dirigentes de los partidos políticos, la carencia de conducción política en el proceso constitucional es evidente. No existe actor o sector político capaz de responder a la demanda clara y categórica expresada por la mayoría de la ciudadanía para modificar la Constitución del 2005 (actualmente vigente), y de encaminar la propuesta de constitución hacia un respaldo amplio y de convergencia de una mayoría ciudadana. Por el contrario, el rechazo ha tendido a instalarse como tendencia en la opinión pública según los últimos catorce sondeos de opinión.

Polarización en los partidos

Por otra parte, la dirigencia de los partidos políticos muestra altos niveles de polarización respecto a la propuesta constitucional. Esto no se condice con el hecho de que durante las últimas semanas se ha apreciado un aumento en la transversalidad de personalidades públicas que, a título personal, se han sumado a la opción de rechazo.

En efecto, personas vinculadas a la ex-Concertación, que se definen de centroizquierda, han complicado la opción de gobierno y de los partidos que conforman el oficialismo (Frente Amplio y Partido Comunista, más lo que se han sumado posteriormente, Partido Socialista y Por la Democracia). Por su parte, la Democracia Cristiana es el mejor ejemplo de la polarización entre sus dirigentes. Se han dividido entre la directiva encuadrada con el apruebo y dirigentes influyentes como el expresidente Eduardo Frei, la senadora Ximena Rincón, el único representante del partido en la Convención Constitucional, Fuad Chahin, que han señalado públicamente su opción por el rechazo.

Desde la perspectiva del sistema de partidos está en evidencia que el sistema de partidos no tiene capacidad para canalizar las demandas de la ciudadanía frente a la propuesta constitucional.

Se observa el surgimiento de nuevos referentes como el movimiento de los Amarillos por Chile, compuesta por personas que estuvieron por el apruebo en la consulta de entrada a la reforma constitucional de octubre de 2020, y que hoy se han decidido agruparse en torno al rechazo. Este movimiento ha generado una relevante adhesión de ciudadanos que sobrepasan los 60.000, y que se percibe como un actor con mayor credibilidad y validación que las estructuras formales del sistema político.

Movimientos ciudadanos

En tal sentido, los movimientos ciudadanos han sido y posiblemente seguirán siendo fundamentales para crear opinión en el Chile de hoy. Esto se comprende desde la lógica posmoderna de desconfiar de todos los actores que administran poder. Sin embargo, la irrupción de Amarillos, entre otros movimientos, también podría ser la gestación de nuevos referentes políticos, con agendas más apropiadas y recambio en los liderazgos que les permita constituirse en partidos políticos.

En los tiempos de inestabilidad institucional pre y posestallido social (2019), se ha generalizado la percepción de que todos los políticos profesionales tienden a ser desacreditados. Por esto, hay un esfuerzo permanente por levantar nuevos rostros independientes o influencers.

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Esta tendencia continuará, pues a pocas semanas del término del trabajo constitucional se observa que quienes conformaron la asamblea constituyente como independientes se han deslegitimado notoriamente ante sus electores. Las bases electorales descalifican a las personas que formaron parte de las listas y cuya legitimidad estuvo principalmente en ser ciudadanos descontaminados de la política, pero que luego del proceso son acusados, principalmente en redes sociales, de haber administrado poder y, por tanto, ser parte de la elite política.

Sin embargo, como todo péndulo, el ciclo antipartidos políticos podría minimizarse en la medida de los costos que la ciudadanía observa tras la falta de estabilidad política y económica. Un ejemplo análogo es el cuestionamiento a los tecnócratas, a quienes se responsabilizó en tiempos del estallido de ser cómplices de la imposibilidad de reformas estructurales que el país demandaba. Sin embargo, estudios de opinión (CADEM, junio) demuestran que, luego del proceso constituyente, hoy nuevamente se está valorando a los expertos.

Irrelevancia de la centroderecha

La actual radiografía de la intención de voto en el plebiscito revela la intrascendencia de los partidos políticos, con la única excepción del Partido Republicano.

Todo ello debiera permitir un reacomodo de las fuerzas políticas que, aprovechándose del actual reacomodo de posiciones políticas respecto al plebiscito de salida en el proceso constitucional, podría buscar crear un nuevo clivaje político.

Según diversos estudios de opinión, la tendencia está siendo favorable al rechazo, tal como se observa en la siguiente gráfica. Esto se advierte entonces como escenario único, hasta ahora, para reacomodar el espectro político.

Los sondeos de la primera quincena del mes de julio muestran una tendencia hacia el rechazo. El gráfico de la encuestadora Black & White sostiene que si la elección fuera el domingo siguiente el rechazo se impondría por un 56 %.

Se hace difícil vaticinar un resultado, pero sí cabe observar el comportamiento de las fuerzas políticas tras el apruebo y rechazo y, con ello, establecer una hipótesis de reacomodo del espectro político. Existe una evidente dificultad de los partidos políticos vigentes y sus dirigentes por encauzar la discusión respecto al proceso constitucional. Las miradas y el interés de los medios de comunicación han estado puestos principalmente en el presidente de la República, quien ha pasado de una posición de apruebo como estrategia de gobierno a una posición más vacilante frente a la evidencia de un posible triunfo del rechazo.

Se ha desperfilado su figura, lo que hace más compleja la situación por su función de líder de la Coalición, ya que en ella está el Partido Comunista, activamente favorable a la consecución del apruebo como objetivo político estratégico superior.

Falta de liderazgos

En esta situación, ha surgido la figura del expresidente Ricardo Lagos, quien no ha señalado cuál será su preferencia en el plebiscito pero ha enfatizado los asuntos que no le parecen adecuados de la propuesta constitucional. Lagos ha conseguido poner sobre la agenda los temas centrales en los que el país debiera alcanzar un acuerdo, lo que de alguna manera le ha significado ser reconocido como un actor que ha sabido llenar el vacío en la conducción acerca de los grandes desafíos en materia constitucional. En poco tiempo pasó de una figura en la intrascendencia a ser un referente en el proceso de la discusión constitucional. Esta situación denota sus capacidades de estadista y la carencia de liderazgos en la escena política de Chile.

Una segunda conclusión es precisamente la irrelevancia de la oposición de centroderecha al actual gobierno. El propio conglomerado se habría convencido de que en vista de las circunstancias no pueden intentar conducir la campaña del rechazo, porque podrían facilitar el aumento en la intención de voto hacia el apruebo.

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Al respecto, hemos visto su interés por convocar a organizaciones ciudadanas o movimientos de la sociedad civil para encauzar la discusión relativa al rechazo. Un botón de muestra es la actual negociación de los tiempos de la franja televisiva electoral, en la cual ha trascendido que invitarán especialmente a independientes.

El porqué de esta irrelevancia se debería a que, como coalición, se la percibe como el principal obstáculo a las transformaciones que la ciudadanía demandaba y demanda en materia constitucional. Además, se la visualiza como la oposición a los cambios legales en el sistema de pensiones, a la implementación del sistema médico universal, al reconocimiento a los pueblos originarios, entre otros asuntos que consiguen un amplio apoyo ciudadano.

Coaliciones

Por lo tanto, en el marco de la discusión constitucional derivada de la crisis política de 2019, denominada como estallido social, la coalición de Chile Vamos, compuesta por Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evopoli y el Partido Regional Independiente (PRI), debió aprobar el acuerdo institucional para iniciar un proceso constituyente. Luego debió volcarse a un compromiso por no asumir nuevamente una posición obstruccionista en materia de reformas a la actual Constitución.

Los partidos de este conglomerado que gobernó hasta marzo de 2022 están haciendo pública su apertura a las reformas y han comprometido sus votos para hacer un cambio a la actual Constitución, apoyando la iniciativa de los senadores Ximena Rincón (DC) y Matías Walker (DC), de bajar los quorum que se requieren para realizar los cambios a la Constitución.

Puede afirmarse que la autodenominada centroderecha debiera entrar en un proceso de redefinición política, ya que está cediendo espacios por la derecha al Partido Republicano. Esto ha ocurrido en varias regiones del mundo, como el Partido Social Liberal representado por Jair Bolsonaro en Brasil, o VOX en España.

La diferencia entre Chile Vamos y el Partido Republicano es clara. Este último no está dispuesto a adelantar ninguna concesión en materia constitucional hasta después del plebiscito y se muestra dispuesto a defender parte importante de la Constitución vigente. En ese sentido, se explica el aumento de su apoyo ciudadano por quienes, desde la derecha, valoran a un actor político/partido con posición clara que represente su ADN.

Esto explicaría la encuesta de Pulso Ciudadano de la primera quincena de julio, en la que el Partido Republicano mantiene la tendencia al aumento y alcanza un 8,5 %. Por otra parte, Chile Vamos, que aloja a cuatro partidos que estuvieron recientemente en el Gobierno, llega a tan solo un 3,7 %.

Nuevas fuerzas alternativas

Desde la otra vereda, la tendencia entre los partidos del centro político y la centroizquierda también es crítica y se observa que estas fuerzas podrían estar siendo suplidas o desplazadas por la conformación de fuerzas alternativas capaces de rearticular ese sector. Es aún prematuro afirmar que desde allí surgirá un nuevo partido, pero se aprecia un trabajo que podría revitalizar a dicho sector. Habría que ver qué sucedería si deciden convertirse en partido.

En consecuencia, en un contexto de partidos políticos frágiles, el 62% de los ciudadanos se muestran sin opción política y más de un 13 % se autodefinen como independientes. Cabe esperar un ajuste en el sistema político chileno, en especial, de la centroderecha que hasta hace cuatro meses estuvo en la conducción del gobierno. En tal sentido, las fuerzas del rechazo y el apruebo podrían ser el pretexto que gatille el reordenamiento de las fuerzas políticas.

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¿Qué es necesario o suficiente para que exista democracia? Esta es una de las preguntas más antiguas que se han formulado desde la ciencia política. Actualmente, el debate no parece centrarse tanto en la mera existencia de la democracia, sino en la calidad de esta, las diferentes variedades o componentes que la conforman y su erosión.

En este debate sobre la democracia propongo hablar de democracia plena. Esta sería aquella democracia sólida en los cinco grandes componentes que la conforman: electoral, liberal, participativo, deliberativo e igualitario. Por consiguiente, el debate se centraría entonces en qué necesitan los regímenes democráticos contemporáneos para poder obtener el calificativo de democracia plena.

Condiciones

En mi libro Élites, radicalismo y democracia exploro la región latinoamericana para tratar de dar respuesta a esta pregunta, con evidencias de 18 democracias de la región entre 1995 y 2015. Para ello considero condiciones y teorías de diversa índole: desarrollo económico (índice de desarrollo humano, IDH), estabilidad político-económica (índice de creación propia), pasado democrático (años desde la transición), desigualdad (índice de Gini), estabilidad del sistema de partidos (volatilidad legislativa agregada), apoyo de la población (Latinobarómetro) y la élite política a la democracia, y radicalismo de la élite política (posiciones 1-2 y 9-10 en la escala izquierda-derecha). Los datos de la élite política provienen de la Base de Datos de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca, y los de democracia de V-Dem.

Así, de entre todas estas condiciones, ¿cuáles deberían (no) tener las democracias para ser plenas? La respuesta que se da en el libro es que hay cuatro posibles respuestas, cuatro vías que llevan al mismo destino: la vía clásica, la del amplio apoyo, la de la desigualdad y la radical democrática.

Vías a una democracia plena

Vía clásica

Esta vía se caracteriza por la presencia de un pasado democrático, elevado desarrollo humano (medido con el IDH), un sistema de partidos estable, poco volátil, un apoyo de la población a la democracia elevado (superior al 75%), ausencia de crisis políticas o económicas y una élite ideológicamente moderada.

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Así pues, su nombre se debe a que cumple casi a la perfección los postulados clásicos de la literatura sobre democracia. Todas las afirmaciones sobre economía, partidos, apoyo a la democracia y moderación de la élite están presentes.

También recibe este nombre por los tres casos más representativos de dicha vía: Costa Rica, Chile y Uruguay. Estos tres países son, generalmente, los «sospechosos habituales» en cualquier índice de democracia, puesto que siempre suelen clasificar en las primeras posiciones.

Vía del amplio apoyo

Aquí hay también desarrollo económico y ausencia de crisis político-económica. A ello se suman la ausencia de desigualdad, la estabilidad del sistema de partidos (no hay elevados índices de volatilidad) y la moderación ideológica de la élite. Sin embargo, esta vía recibe este nombre en concreto por las dos últimas condiciones que la caracterizan: tanto la población como la élite política apoyan mayoritariamente la democracia.

En la anterior vía no se ha mencionado el apoyo de la élite, puesto que parecería que si se cumplen las demás condiciones, no sería necesario que la élite apoye o deje de apoyar la democracia. No es el caso de esta vía, donde la característica definitoria frente a las demás es precisamente la combinación de apoyo de representantes y representados/as. Aquí los casos más típicos son Uruguay y Argentina (en los años noventa).

Vía de la desigualdad

Si en la anterior vía una de las condiciones es la ausencia de desigualdad, en esta es justo al contrario: ha de haber desigualdad, en un contexto de extendido apoyo a la democracia entre élites y ciudadanía, y larga trayectoria democrática. También ha de estar ausente una élite radical. Aquí el caso más representativo es Panamá.

Ciertamente esta vía es un tanto contraintuitiva y hasta retadora de los postulados clásicos sobre la democracia que antes comentaba. Aquí hay democracia plena a pesar de la desigualdad, que siempre ha sido señalada como un obstáculo de primer nivel para la existencia de una democracia.

Panamá sería entonces un ejemplo de cómo en un país pueden convivir altos niveles de desigualdad con una democracia plena. Este caso sin lugar a dudas amerita un análisis más pormenorizado.

Vía radical democrática

En cuarto lugar, está la vía que destaca por un elemento singular: la presencia de una élite radical. Como ya desarrollé, contrariamente a los grandes postulados de la literatura, el radicalismo en determinadas circunstancias puede ser una suerte de revulsivo para la democracia.

Ahora bien, ese radicalismo descansa en una estructura determinada sin la cual no ha lugar ese efecto positivo: estabilidad político-económica, desarrollo económico, larga duración del régimen democrático, igualdad y sistema de partidos consolidado, poco volátil, una élite que apoye la democracia.

Es precisamente esta última condición la que emerge como determinante para el radicalismo de la élite. Sólo el radicalismo democrático resulta positivo para la existencia de democracias plenas. Si hay radicalismo, pero este no apoya la democracia, el resultado es que no hay democracia plena. Aquí nuevamente el caso más representativo es Uruguay.

Hacia la democracia plena

Es importante señalar de nuevo que estos hallazgos aplican a la consideración de una democracia como plena, un umbral mucho más exigente que, por ejemplo, la consolidación o la mera existencia de un régimen democrático. La plenitud democrática es un último estadio muy alejado de la dicotomía democracia-dictadura, sin lugar a dudas relevante y más actual de lo que pueda parecer.

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Tal y como se recoge aquí, sintetizado en la tabla anterior, la base es la presencia de desarrollo económico y de estabilidad política y económica. Es solo a partir de esa base que surgen cuatro vías hacia una democracia plena. Cada una de ellas está caracterizada por presencias o ausencias más o menos en sintonía con la literatura tradicional sobre democracia. Quizá los hallazgos más contraintuitivos, y que por consiguiente ameritan mayor debate y estudio, sean la irrelevancia del apoyo a la democracia entre la élite (vía clásica), la presencia de desigualdad (vía de la desigualdad) y la presencia de una élite ideológicamente radical (vía radical democrática).

Retomando la pregunta inicial con la propuesta aquí desarrollada, ¿qué es necesario o suficiente para que exista democracia plena? Parece que la respuesta pudiera ser que necesariamente se ha de contar con la economía, y que a partir de ahí se pueden combinar diferentes condiciones. El apoyo a la democracia, la estabilidad del sistema de partidos y el pasado democrático siempre serán positivos. La radicalidad de la élite y la desigualdad en ocasiones son nocivas, pero en otras son un factor a favor o, en el peor de los casos, no suponen un obstáculo. Todo ello se convierte así en un claro ejemplo de la multidimensionalidad, y por ende complejidad, de la plenitud de la democracia y sus condicionantes.

Suele decirse que América Latina es el continente de la desigualdad. Es cierto. Pero, además, es el continente de las dictaduras. El autoritarismo, de todos modos, no es el único rasgo saliente de la política regional. La región también padece inestabilidad política endémica. En ese contexto, el caso uruguayo ofrece un desempeño diferente y sensiblemente más estimulante. En las mediciones internacionales, Uruguay aparece sistemáticamente como una de las tres mejores democracias de América Latina y el Caribe (generalmente junto a Costa Rica y Chile). A pesar de haber sufrido dictaduras y violencia política, es también un régimen estable. Uruguay es un outlier.

El proceso en Uruguay

A principios del siglo XX, Uruguay contaba con condiciones estructurales moderadamente favorables para el establecimiento y consolidación de la democracia. Los expertos en economía política admiten que existe una correlación notable entre desarrollo y democracia. Hacia 1900 no era un país pobre. A pesar de ser algo inferior al de Argentina, el PIB per cápita de Uruguay era similar al de Bélgica o Dinamarca. Los estudiosos del tema aceptan que la desigualdad conspira contra la democratización. Uruguay, a comienzos de siglo, ya era menos desigual que Chile. En tercer lugar, los expertos admiten que la homogeneidad de la población favorece la democratización. Uruguay también cumplía con esta condición.

A pesar de estos datos iniciales favorables, la instauración de la democracia fue un proceso difícil, precedido por guerras civiles. Uruguay logró construir una democracia estable y comparativamente de alta calidad porque, desde el siglo XIX, el sistema político ha hecho un esfuerzo sistemático por aprender. No hay una sola generación, desde la instauración de la república en 1830, que no haya buscado descubrir defectos o patologías. Desde este punto de vista, y sin perjuicio de haber cometido exageraciones y errores de interpretación en diferentes momentos, el papel de intelectuales y expertos ha sido significativo.

Cinco enseñanzas

La democracia uruguaya aprendió tempranamente a resolver problemas políticos delicados. El primer gran aprendizaje fue el de la distribución del poder entre mayoría y minoría. La democracia uruguaya empezó a nacer cuando el Partido Colorado y el Partido Nacional, entre fines del siglo XIX y principios del XX, acordaron formas pacíficas de distribución del poder dejando atrás décadas de guerras civiles.

[Escucha el podcast: La idea política más noble]

El segundo aprendizaje fue el cómo equilibrar gobernabilidad y eficiencia. A lo largo de su historia política Uruguay ha ido experimentando, en sucesivas reformas constitucionales, diferentes formas de organizar el Poder Ejecutivo. En algunos momentos privilegió la dispersión del poder (como en 1919 y 1952). En otros momentos, para evitar la ingobernabilidad, fortaleció el poder del presidente (como en 1934, 1942, 1967 y 1997). Al cabo de décadas de experimentación, encontró fórmulas institucionales que le permiten ponerse a resguardo tanto del riesgo de la anarquía como el de la tiranía, para usar la conocida expresión de Simón Bolívar.

El tercer gran aprendizaje fue la construcción de partidos políticos estables. No hay manera de construir democracias plenas sin partidos políticos institucionalizados o, para usar una expresión mucho más sugerente, vibrantes. Los partidos lograron perdurar, además, porque la elite generó una legislación electoral ingeniosa que les permitió combinar la existencia de liderazgos en pugna dentro de cada uno de ellos con la imprescindible coordinación electoral entre las distintas fracciones. La competencia, intra e interpartidaria, finalmente, ha sido un poderoso incentivo para la adaptación a los cambios del entorno.

El cuarto aprendizaje fue el de cómo combinar liderazgo político con asesoramiento técnico. Suele decirse, con razón, que el populismo representa un gran riesgo para las democracias contemporáneas. Lo es, por cierto. Pero suele olvidarse con demasiada frecuencia el peligro opuesto: el de los gobiernos tecnocráticos. Las mejores democracias son las que logran equilibrar sensibilidad y responsabilidad, el corto y el largo plazo, lo urgente con lo importante, el clamor ciudadano con las advertencias de los especialistas. La política uruguaya logró un buen balance entre política y técnica recién una vez que se restauró la democracia, en 1985. El liderazgo político, como siempre, es el que sostiene el timón. Pero ha aprendido a tender puentes hacia otros actores y a incorporar otros saberes.

El quinto aprendizaje es la combinación entre democracia representativa y democracia directa. La representación funciona. Como fue dicho, la vigencia de los partidos políticos es, en este sentido, crucial. Pero la ciudadanía tiene la posibilidad de recurrir a la democracia directa, ya sea para iniciar procesos legislativos o reformas constitucionales, o para someter a referéndum leyes o artículos de leyes aprobadas por el Parlamento. La utilización de mecanismos de democracia directa ayuda a canalizar el descontento que puede —y suele— existir respecto a decisiones de gobierno, políticas públicas o situaciones específicas. La democracia directa complementa la democracia representativa. En última instancia, contribuye a reforzar la legitimidad de la democracia. La ciudadanía siente que realmente decide.

Democracia que cambia

Desde luego, la democracia uruguaya está lejos de ser perfecta. No resulta difícil hacer una lista extensa de desafíos pendientes. Entre otros temas, Uruguay está precisando generar normas más exigentes para regular el financiamiento de las campañas electorales, rediseñar el segundo y el tercer nivel de gobierno para aumentar trasparencia y participación, encontrar formas concretas que hagan posible el incremento de la presencia femenina en cargos políticos, facilitar el voto de los ciudadanos que viven en el exterior y modernizar el sistema de asesorías parlamentarias. Una democracia solamente puede ser estable en la medida en que se atreva a cambiar.

[Descarga: La rebeldía del diálogo]

Estabilidad y cambio no son opuestos sino principios complementarios. La democracia uruguaya seguirá destacándose por su estabilidad si logra seguir mirándose en el espejo críticamente, si se atreve a seguir evolucionando, si insiste en revisar el conocimiento de fondo que informa sus prácticas e instituciones políticas. En última instancia, no hay éxito democrático sin un profundo y sistemático esfuerzo reflexivo que haga posibles nuevos aprendizajes.

Si hubiera que resumir en una frase qué es lo que el estudio del caso uruguayo puede aportar a otros países de la región habría que decir, simplemente, que hay que aprender a aprender. Las democracias, en tanto órdenes sociales, para usar la expresión de Emanuel Adler, evolucionan cognitivamente. Deben aprender a aprender, es decir, a corregir sobre la marcha, sin impaciencia ni mesianismos, sus prácticas e instituciones.

Uruguay: La máquina de aprender

La Máquina de Aprender es el nombre de un proyecto de fortalecimiento democrático en Uruguay y en la región, en el marco del Programa KAS Partidos. Tiene como principal objetivo instalar un ámbito político-académico de discusión, diagnóstico y propuesta que permita generar insumos de alta calidad y alto impacto en la opinión pública para mejorar prácticas e instituciones de la democracia uruguaya.

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Son tiempos convulsos para la política. A las imágenes distópicas de la toma del Capitolio, allá por enero de 2021, hay que añadir los enfrentamientos de alto voltaje entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, José Antonio Kast y Gabriel Boric, Emmanuel Macron y Marine Le Pen y, uno que asoma con fuerza, Jair Bolsonaro y Lula Da Silva. Como pocas veces en la historia moderna, se están poniendo a prueba las costuras del sistema democrático.

A lo largo y ancho de Occidente, estas polarizaciones tienen un vector común: la extinción gradual de las zonas intermedias, aquellos ambientes templados donde se forjan los acuerdos entre las distintas sensibilidades de nuestra sociedad. En el plano sustantivo, ganan exposición las narrativas binarias, graníticas y absolutas. Su plot está constituido principalmente por un enemigo (no adversario) a vencer. Todo el engranaje discursivo apunta a erosionar al que está enfrente. La persuasión es desplazada por la negatividad.

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La profundidad argumentativa, las estadísticas y la creatividad pertenecen a un pasado profundo. Ahora los discursos se manufacturan en serie, con una fórmula sencilla, compuesta por tres falacias: ad hominem (se ataca a la persona, no a su razonamiento), ad nauseam (la repetición incesante) y ad populum (es válido porque lo siente «la mayoría» que acerca la demoscopia tradicional o digital). Son tres recursos retóricos que pasaron de ser excepcionales a ser constantes. Moldearon un estilo comunicacional.

El relato reactivo

Los relatos políticos predominantes son reactivos. No crean tendencias sociales, sino que las replican. Medir antes de hablar es la obsesión de los liderazgos contemporáneos. La narrativa depende de la demanda. Aquellas temáticas que no registra el termómetro de la opinión pública se ignoran. Escasa iniciativa, menos conducción. Una especie de liderazgo cíclico, que se deja arrastrar por el viento de la historia y teme contradecir al Zeitgeist.   

Por el lado de las instituciones, también hay una tendencia a la supresión de las áreas grises, donde se promueven el intercambio y los pactos. En los espacios legislativos, por lo general, las fuerzas políticas desarrollan un juego de suma cero; a todo o nada. La negociación parece ser un arte obsoleto. Cada partido político va a implantar su encuadre de la realidad. Si no funciona, se abandona. Los matices ceden ante lo absoluto.

Las redes sociales —según el contexto, con mayor o menor velocidad— se consolidan como arena de disputa política. En ellas, se despliega un discurso telegráfico, signado por el registro visual, la economía cognitiva (un ciudadano dispuesto a hacer un esfuerzo mental mínimo para informarse) y la economía de la atención (una paciencia cognitiva que ronda los cuatro segundos). Poco espacio para la escucha activa, la reflexión y la retroalimentación: tres ingredientes claves del diálogo.  

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A esta lógica sintetizadora hay que agregarle el trabajo del algoritmo. Para optimizar nuestro esfuerzo y tiempo, cada red social contiene un cómputo que nos guía hacia barrios digitales donde nos relacionamos principalmente con gente que piensa (o siente) parecido a nosotros. Un atajo hacia nuestras preferencias o consumos. Pero también, observándolo con un prisma democrático, una especie de zona franca de pensamiento crítico. Ahí difícilmente nos crucemos con identidades opuestas. Nuestras opiniones resuenan en cámaras de eco, donde «todos somos mayoría», como sostiene el investigador Ernesto Calvo en el libro Anatomía política de Twitter en Argentina (2015).

Ciberdemocracia de manada

En The Knowledge Illusion (2017), Steven Sloman y Philip Fernbach hablan de cómo en la ciberdemocracia se incrementa la «mentalidad de manada». ¿Qué quiere decir esto? Sencillo: nos juntamos a cenar cinco amigos con tintes xenófobos. Después de estar cuatro horas despotricando contra los inmigrantes con axiomas tales como «son todos narcotraficantes», «están corrompiendo nuestros valores» y «nos van a dejar sin empleo», al finalizar la reunión, nuestros prejuicios, estereotipos y valores se han intensificado. En una frase: nos fuimos más chauvinistas de lo que llegamos al encuentro.

¿Cuál es el problema en la sociedad en línea? Que esa «cena» se da cada vez que nos sumergimos en la web. Según Data Reportal 2022, el promedio global de conexión diaria es de seis horas y cincuenta y ocho minutos (y sigue aumentando cada año). Casi un tercio del día nos vinculamos con subjetividades semejantes. Esto explica, en cierta medida, por qué cada vez nos cuesta más escuchar a nuestra tía nacionalista o nuestro primo anarquista en la comida de los domingos. Nuestro músculo deliberativo se está atrofiando; le falta entrenamiento.

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Lejos de operar como contrapeso, los medios de comunicación estiran dicho loop confirmatorio. En vez de producir información rigurosa que ponga en entredicho ciertos imaginarios y desactive determinadas mitologías, masajean los sesgos cognitivos del ciudadano. Esto se debe a que una porción importante del mundo mediático ya se percibe como una pieza comunicacional más de las burbujas digitales. Piensan más en el clickbait que en el rating. Allí está la publicidad en el siglo XXI.

Democracia sin puentes

Todos estos fenómenos acarrean un dilema espinoso para las democracias actuales: lo que puede llegar a ser rentable electoralmente (la polarización), no funciona gubernamentalmente. Una vez que se ganan los comicios y hay que diseñar políticas públicas, los puentes entre oficialismo y oposición están dinamitados. Es difícil generar un proyecto común. En el mejor de los casos, el resultado es la parálisis en la gestión, y en el peor de los escenarios, el autoritarismo como marca de gobierno o directamente la caída del mandatario.  

El Latinobarómetro 2021 encendió la alarma: solo el 49 % de la encuestados considera que la democracia es preferible a otra forma de gobierno. Menos de la mitad. Evidentemente, hay un malestar en la región. Claro que hay que tener en cuenta los efectos adversos —económicos, sociales, sanitarios— de la pandemia y la guerra en Ucrania. No obstante, si se observa la onda larga, desde 2010, el apoyo a la democracia ha caído 14 puntos porcentuales. Los datos son tan evidentes como preocupantes.     

.Lamentablemente, en la segunda mitad del siglo XX el fusil fue la metáfora de la revolución. La época se transformaba mediante la violencia. Supuestamente, era la única vía hacia un mundo mejor. Ahora, en cambio, lo subversivo anida en el diálogo, en argumentar, en defender el derecho a la diferencia. Ahí reside la rebeldía.

Cambiamos municiones por palabras, y es un avance. Pero hay un cierto determinismo tecnológico flotando en el aire, que pone en duda el poder performativo del lenguaje y su capacidad para correr los bordes de lo posible. Se subestiman hitos que ha producido el diálogo: los pactos del Club Naval (Uruguay), de la Moncloa (España) y de Puntofijo (Venezuela), por citar algunos en el mundo iberoamericano. Por suerte, la historia no está escrita. Y tampoco se puede programar.

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Vicente Fox Quesada (Ciudad de México, 1942) fue el primer presidente de su país no perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. Luego de finalizar su mandato (2000-2006), este empresario y político mexicano dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) fundó el Centro Fox, una institución que busca preservar su legado y hacer un aporte como espacio de formación de líderes, centro de estudios, biblioteca y museo.

Fox es un referente político en México y en la región. Sus reflexiones sobre el extraordinario desafío que representan los populismos para la democracia en el continente son relevantes en el particular contexto social y político en el que nos encontramos hoy. Justamente para hablar sobre los problemas de la democracia y las inquietudes por los distintos embates a la institucionalidad en América Latina, nos recibió en su despacho del Centro Fox, en la ciudad de San Cristóbal, donde realizamos esta entrevista exclusiva para Diálogo Político.

El reto populista

Julio Castillo López: Presidente Fox, muchas gracias por recibirnos. Hace 22 años usted encabezó la consolidación democrática de México, culmen de 61 años de historia panista. En el Ángel de la Independencia usted dijo: «¡Despierta, México!» y México despertó. Hoy, ¿qué se necesita para que México despierte?

Vicente Fox Quesada: Primero, muchas gracias por la entrevista. Un saludo afectuoso a todo mundo que nos va a estar viendo. ¿Por dónde empezar? México traía buena trayectoria, un buen camino. Veíamos el sur de Latinoamérica cayendo en estos populismos y en esta demagogia. Pero nunca pensamos que podría llegarnos a nosotros. Hoy supongo que cada vez entendemos más por qué nos llegó, pero menos clara tenemos la respuesta de cómo salirle al toro. Creo que es producto de una división en mitades de los países latinoamericanos. Quizá haya un poco más del lado de los que no tienen, frente al lado de los que tienen.

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El populista llega a prometer, a ofrecer un mundo dorado a este lado que no tiene, y después no le cumple. Sin embargo, la gente sigue con la necesidad de subirse al barco del progreso y del desarrollo. Mientras no podamos atender a fondo ese reclamo, esa mitad quedará ahí, rezagada. No vamos a encontrar las soluciones. Eso no es fácil. Se requeriría de una economía con un gran dinamismo, con una fuerte capacidad de crecer, que extendiera el ingreso y el desarrollo humano a todas esas personas. Tenemos, pues, que acelerar el paso.

Lo otro que descuidamos es que, a diferencia de ellos, que se concentran en los que no tienen, están los nuestros que nos concentramos en clases medias y clases altas. A veces no salimos al campo. Recuerdo tanto a tu padre, al gran Castillo Peraza, que decía que el trabajo de a pie, el trabajo entre los gentiles y entre toda esta gente era indispensable. Esto hoy se hace más importante que nunca.

Generar liderazgos fuertes

El crecimiento del populismo es una realidad en decenas de países de todo el mundo, el revés más grande a la democracia de tercera ola. Además de la desigualdad y la pobreza, ¿existe una razón para que esto se dé en unas zonas y en otras no?

Tú lo señalas muy claramente. Si sigue creciendo la pobreza y sigue creciendo la mala distribución del ingreso, seguirá creciendo el populismo. Porque la gente necesita una esperanza y estas gentes dan esperanzas falsas. Los que queremos gobernar responsablemente no ofrecemos esperanzas falsas. Tratamos de decirle la verdad al ciudadano, tratamos de decirle que él es la estrella. Es él el que tiene que hacer el esfuerzo y es el que puede conquistar las alturas y el futuro. Pero eso no sucede fácilmente. ¿Qué hay que hacer ahora? Por el momento no se me ocurre otra cosa que ir al camino —probablemente más largo— de generar liderazgos.

Ahorita en México tenemos este reto fenomenal de parar a este autoritario, a este populista, a este demagogo, a este engañador de gentes. Si queremos pararlo, yo creo que urge un liderazgo fuerte. Puede ser la mejor medicina para él, un liderazgo que tenga carisma, que se acerque al campesino, que se acerque al pobre, que se acerque al indígena, que se acerque a todos. Es decir, a los que trae en su red bien capturados.

La narrativa

¿Qué papel juega la narrativa?

La otra variable sería una narrativa sólida, que pase por encima y derrote a la narrativa de López Obrador, la narrativa del populista. Esto no es fácil, créemelo. La gente, cuando le están dando y se acostumbra, no quiere oír. No escucha, por más que vengas y le digas: «Oye, yo puedo ofrecerte un futuro mejor y yo puedo ofrecerte una mejor situación para tu familia». Queda contento con lo que tiene. Entonces, es un reto fenomenal que comprende al líder, la narrativa y la maquinaria electoral. Si logramos juntar las tres cosas, lo vamos a derrotar, porque tarde o temprano los malos resultados de los demagogos y de los populistas aparecen. Él los puede estar ocultando, puede estar repartiendo presupuesto, pero tarde o temprano va a tener problemas esa política.

Populismo y nacionalismo

Presidente, todos sabemos de Cuba y Venezuela, que viven el drama de la dictadura, del populismo. Pero esto se ha extendido, por ejemplo con Donald Trump. Si bien salió, podría volver. Pero es el único país en el que se vence al populismo. ¿Usted cree que haya salida?

Pues mira, Biden lo logró con mucho esfuerzo y apenas, muy apenas. Capaz que regresa este cuate. Hay que cruzar los dedos y poner cruces para que no regrese. Pero ahora ese populismo fue basado en otra situación, no en la situación de pobreza y distribución de ingresos, sino en la situación de discriminación, de migración, de poder por sí mismo y nacionalismo extremo. El nacionalismo extremo que Trump quiso llevar a los Estados Unidos, le arrebató el liderazgo mundial que tenía su país tras una política democrática muy institucional.

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Entonces, ese populismo de derecha —y este caso de Estados Unidos, muy particularmente— es más bien un nacionalismo extremo: «Yo soy el que valgo y mi nación es la que cuenta. Construyo un muro, me aíslo de todos, los demás que se hagan bolas allá afuera, a ver cómo resuelven sus problemas. Yo voy a hacer sólo Estados Unidos metido en un muro». Y está estrangulando a ese país. Está agotando todos los posibles liderazgos. No sé por qué la gente le compró eso. Salvo esos jóvenes o ciudadanos de extrema derecha, que los hay, no sé por qué le creyeron ese cuento de que Estados Unidos era la superpotencia y no necesitaba de los demás.

Un mundo interdependiente

Las interdependencias parecen fundamentales.

Ni siquiera en comida es autosuficiente Estados Unidos; tiene que importar. Ni siquiera en petróleo; energía también tiene que importar. Lo mismo sucede con la tecnología, que hay mucha en Asia, mucha en Europa. Entonces, es una tontería este nacionalismo del siglo pasado, de los que hubo hace cien años, que se convirtieron en imperialismos y que llevaron a grandes derrotas a todos esos imperios.

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Entonces, ni una ni otra es la fórmula. La democracia nos tiene que seguir dando lo que estamos buscando, pero esa democracia hay que administrarla mucho mejor. Hay que hacerla mucho más eficaz y hay que ofrecer resultados. Cuántas de nuestras gentes entran por la vía democrática al poder y se dedican a vivir bien, a comprar camionetas Suburban, a construirles lienzos charros a los charros porque les gustan, a construirles estadios de béisbol al que le gusta el béisbol. Así se desperdicia todo el dinero y todo el esfuerzo de la nación.

Entonces, ni una ni otra es la fórmula. La democracia nos tiene que seguir dando lo que estamos buscando, pero esa democracia hay que administrarla mucho mejor. Hay que hacerla mucho más eficaz y hay que ofrecer resultados. Cuántas de nuestras gentes entran por la vía democrática al poder y se dedican a vivir bien, a comprar camionetas Suburban, a construirles lienzos charros a los charros porque les gustan, a construirles estadios de béisbol al que le gusta el béisbol. Así se desperdicia todo el dinero y todo el esfuerzo de la nación.

Ojalá se dé lo que tanto reclamaba Maquío: menos gobierno y más sociedad. Eso es algo que necesitamos rescatar en México. No tenemos sociedad, no tenemos empresarios libres, no tenemos empresarios que no se sometan al poder, como está sucediendo en México. Tenemos quince o dieciocho grupos que monopolizan toda la actividad económica porque no han surgido jóvenes capacitados, preparados, universitarios que tengan acceso a capital y puedan echar a andar y emprender un negocio propio rompiendo ese monopolio de los grandotes. Y es que esos monopolios siempre están en contubernio con el poder. Los grandes grupos están necesariamente en contubernio con el poder.

Cumbre de las Américas

Recientemente se llevó a cabo la Cumbre de las Américas, en la que nuestro actual presidente decidió tomar bando. También fue Marcelo Luis Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) a presumir la apertura hacia Cuba. Extrañamos a un presidente que sepa defender la democracia y la libertad. ¿Usted cree que se produzcan repercusiones por lo que están haciendo?

Es muy difícil responder esa pregunta. Lo primero es que López Obrador está siendo leal, lealtad absoluta a su causa, a su pensamiento, que es el de esos otros dictadores. Aunque no tenga razón, él los va a defender. Va a estar del lado de ellos, siempre. Por eso hizo este esfuerzo. Este berrinchito, ¿qué consecuencias puede tener? Pues yo te diría que los Estados Unidos son, como gobierno y como pueblo, poco comprensivos y entendedores de las situaciones geopolíticas y las situaciones ideológicas de cada país. Ellos son pragmáticos al 100 %. No importa si algún país en Centroamérica no fue democrático, si fue bajo la bota de un dictador, Estados Unidos lo respaldaba. A cuántos respaldó.

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Estados Unidos, en ese sentido, es muy débil en convicciones propias. Su única convicción grande es América, América para los americanos, el sueño americano. Ahí sí son casi inamovibles. Pelean y van a guerras y están dispuestos a hacer lo que sea. Pero por la democracia, por los derechos humanos, por la naturaleza y la protección a los recursos naturales la juegan a conveniencia, con pragmatismo. Entonces, yo no creo que López Obrador tenga una consecuencia, porque Estados Unidos tiene que seguir dándole a sus empresas y a sus inversiones un campo fértil en México. Si en eso falla López Obrador, entonces sí lo van a colgar del pescuezo.

Pero López Obrador es muy cuidadoso; es un populista inteligente, de los muy inteligentes. No tiene que ser tan arbitrario y tan autoritario como otros. Él sabe su modo y sabe llevarla bien, entonces eso hace más difícil que lo saquemos. Él está destruyendo a nuestra nación gradualmente, paso a paso. No estamos midiendo las consecuencias a dos, a tres, a cinco, a diez años de ahorita.

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Sólo en educación ha hecho un desastre, un absoluto desastre, y quiere volver a meterle ideología al sistema educativo mexicano. Sólo en salud destruyó lo que acercaba a ser una atención en salud universal que estábamos ya muy cerca de lograr. Sin embargo, él viene y lo destruye. ¿Por qué? Pues se dice —y yo comulgo con ello— que porque controlar pobres es mucho más fácil que controlar gente que estudió o gente que tiene una carrera universitaria. Entonces él los quiere pobres, ignorantes para poderlos traer bajo control.

¿Narcodemocracias?

Hace tres semanas, estuvo en México Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, en la elección de la ODCA. Actualmente es presidente de la IDC. Habló mucho de las narcodemocracias y dijo que México ya vivía en una narcodemocracia. ¿Usted cree que ya vivimos en una narcodemocracia? ¿América Latina corre el riesgo de empezar con esta dinámica?

Sí; de que ahí estamos, ahí estamos: en una narcodemocracia, en un narcogobierno y con un narcopresidente. El grado en que están metidos no parece ser el de siempre, es decir la corrupción, sino en amparar y proteger su ideología. Yo creo que lo que están capturando o asociándose con esta gente tiene un solo propósito: el control político del país. Tarde o temprano van a pagar el precio, porque el narco no tiene límites. Lo mismo te puedo decir con la militarización del país, que a mí me parece gravísima.

Sin embargo, analizas a cualquier dictador en América Latina y se sostiene por el ejército. El día que el ejército le saque el tapete, se acabó. Como hizo Hugo Chávez: agarró el poder y transformó a aquel.

Los peligros son dos: el militarismo y el darle demasiada cuerda al narco, a los cárteles y a esa gente tan poderosa. Ya hoy en día, finalmente queda una sociedad que casi sólo pide que le den de comer y no se atreve a protestar. Quizás no sea lo mejor para terminar esta conversación, pero ahora sí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. López Obrador está ahí porque el pueblo lo puso ahí. Y el pueblo nunca pensó que le pueda traicionar tan feo, como lo está haciendo López Obrador al pueblo bueno, como él lo llama.

Conclusiones

¿Su reflexión final?

Yo creo en esa fórmula de obtener un pueblo despierto, un pueblo democrático que entienda bien qué es la democracia, qué obligaciones y qué responsabilidades implica.

No debemos pensar que las democracias son puras. Hay responsabilidades que cumplir. Para terminar, digo que creo que nunca tendrás una democracia lo suficientemente estructurada y sólida mientras tengas grandes niveles de pobreza y mientras haya ignorancia.

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Quando analisamos os partidos políticos na América Latina, podemos concluir que muitos são automóveis do século XIX transitando em rodovias do século XX e dirigidos por motoristas do século XXI. Fica claro que algo se desajustou e que haverá problemas.

O terreno sobre o qual se firmam os partidos vem sofrendo rachaduras, movimentos nas placas tectônicas que geram sismos cada vez mais frequentes. A grande maioria dessas organizações não possui estruturas antissísmicas, de maneira que um terremoto e suas réplicas terminam derrubando edifícios históricos. A consequência mais evidente disso é que os habitantes fogem despavoridos a outras latitudes. Alguns se refugiam em edifícios alheios que parecem mais sólidos; muitos tentam construir uma casa precária; mas poucos se dedicam a refletir sobre como deveriam ser as novas bases de uma nova moradia de longo prazo.

Novas estruturas para novos desafios

Uma vez que a atual fase histórica implica sismos permanentes, quem quer que aspire a algo duradouro deve pensar cuidadosamente sobre o tipo de fundações necessárias, mas também de que material o novo edifício deve ser feito para melhor resistir aos choques e quais comodidades internas a nova moradia deve ter. Quanto mais atividade sísmica for prevista, mais flexível deve ser a estrutura.

Antigamente, os partidos eram pensados como se fossem edifícios que deveriam durar uma eternidade: inflexíveis, grandes, sólidos, como se o mundo nunca fosse mudar. Como grandes empresas, ministérios governamentais, unidades militares ou casas que abrigavam várias gerações de uma família. Mas hoje esse contexto deixou de existir. É necessário, portanto, configurar os partidos de outra forma.

Segundo o guru de gestão empresarial Tom Peters, “tempos loucos exigem empresas loucas”. Bem, poderíamos parafraseá-lo jocosamente, dizendo que necessitamos partidos loucos. Devemos incorporar à política outros paradigmas organizacionais, que resultem da observação de como outros âmbitos estão sendo transformados. Se já não pensamos em empresas rígidas, verticais e burocráticas, mas em uma soma de unidades de negócios flexíveis, ad hoc, organizadas por projetos, ágeis, com rápida adaptação às mudanças do ambiente, de baixo custo e que periodicamente incorporam os talentos necessários para cada etapa, também os partidos deveriam ser constantemente reinventados.

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Rapidez e flexibilidade

Se, em lugar de grandes exércitos maciços, de complicada mobilização, são agora necessárias forças compostas por unidades de movimentação rápida e alta tecnologia, parte disso deveria ser incorporado conceitualmente por nossos partidos políticos.

Em um sistema político, é necessária uma organização diferente para cada função. Por isso, os partidos são diferentes dos sindicatos, câmaras empresariais ou grupos de pressão. Os partidos articulam diversos interesses da sociedade, ao mesmo tempo em que buscam representá-los nos canais apropriados do sistema democrático. No entanto, a função de representação – tanto concreta quanto simbólica – vem se sentindo ameaçada por algumas das estruturas mencionadas, sobretudo as mais ativas atualmente, como ONGs e movimentos sociais.

Se muitos objetos de uso cotidiano deixaram de ser o que eram — paradigmaticamente, os celulares hoje reúnem dezenas de funções que antes eram desempenhadas por outros aparelhos — e se tornaram grandes híbridos — do micro-ondas ao automóvel, todos são computadores —, é útil pensar que os partidos políticos não deveriam ser somente partidos.

Proximidade com o cidadão

Por que não imaginar um partido com diversos braços ou janelas pelas quais os cidadãos possam se assomar ou se sentir partícipes, sem termos que pensar exclusivamente na figura do militante clássico? Por que deve haver apenas afiliados formais e não cidadãos mobilizados por questões pontuais, que talvez nunca queiram ser militantes nem dirigentes? Hoje, até o último aderente pode dar uma grande contribuição ao produzir e viralizar conteúdo.

Da mesma forma, se o mundo está se tornando uma grande rede, deveríamos pensar também nos partidos-rede, que não são necessariamente estruturas verticais rígidas, pelo menos não no nível do funcionamento real, a despeito da necessidade de estruturas formais que contenham uma soma de células coordenadas por um nó.

Por fim, nem é preciso dizer que a comunicação política hoje em dia é uma função estratégica que deve ser assumida por todos os integrantes de um partido, e não apenas por alguns grandes dirigentes e o departamento específico. Isso porque a capacitação permanente para as novas ferramentas deveria ser uma atividade constante, talvez um treinamento anual ou semestral para se adaptar à metamorfose do universo da comunicação.

Estas são apenas algumas notas para provocar a reflexão sobre a necessidade de um novo paradigma de partido político. Assim como há vários autores que falam de transumanismo —para além de suas implicações filosóficas e éticas —, poderíamos imaginar um transpartidarismo. Seu objetivo final seria transformar essas instituições da democracia mediante a incorporação das tecnologias e modelos organizacionais disponíveis que possam melhorar suas capacidades clássicas.

Tradução para o português de Livia Prado, escritório da KAS em Montevidéu.

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En los últimos años del siglo pasado se produjo en América Latina un quiebre en la inveterada tradición evangélica de no participar en la política. Eso permitió el ingreso progresivo de los creyentes evangélicos en la política partidaria de prácticamente todos los países de la región.

El ejemplo más claro es el de Brasil. En 1986, las grandes iglesias pentecostales brasileñas decidieron participar activamente en las elecciones constituyentes del país. Más que el aumento considerable de sus representantes, la gran novedad fue que los elegidos en 1986 pertenecían, sobre todo, a iglesias pentecostales –y no a iglesias evangélicas clásicas o históricas–. Lo que sucedió a partir de ahí es historia conocida.

El principio de los tiempos

En sus inicios, se trató de un fenómeno «más electoral que político» en la región, ya que no se llegaron a consolidar «partidos evangélicos» ni «frentes evangélicos» que perduraran en el tiempo.

Actualmente, en cambio, su participación es más «política que electoral», con mayor actividad en la prensa y en las calles, sobre todo cuando hay algún tema considerado de «ideología de género». Hay, así, una mayor permanencia en la participación pública y política de los evangélicos, más allá de los procesos electorales, aunque casi siempre restringida al ámbito de su «agenda moral».

[Descarga: Pastores & Políticos. El protagonismo evangélico en la política latinoamericana]

Así, con el tiempo, los «evangélicos políticos» fueron reemplazando a los «políticos evangélicos» en cuanto a protagonismo y repercusión eclesial y social. Estos nuevos líderes religioso-políticos, enarbolando las banderas de la «agenda moral», también fueron atrayendo el voto de algunos católicos conservadores. Dentro de este nuevo ecumenismo, los que generalmente lideraron el movimiento provida y profamilia fueron los evangélicos de línea pentecostal y neopentecostal, secundados cada vez más por católicos que compartían sus mismos principios.

En ese intento fueron participando en los procesos electorales de sus países con dispares resultados. Pero, ciertamente, con mayor éxito en el Legislativo que en el Ejecutivo.

Consolidación

En este contexto, el 2018 significó la consolidación de las iglesias evangélicas como los nuevos actores políticos en América Latina. En ese año, un diputado evangélico, Fabricio Alvarado, ganó la primera vuelta electoral en Costa Rica con un discurso netamente religioso y moral; Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en México con el apoyo expreso de un partido evangélico; y Jair Messias Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil con un discurso provida y profamilia que le granjeó el apoyo de grandes iglesias evangélicas.

Poco después, los actores religiosos, sobre todo evangélicos pentecostales, tuvieron particulares interpretaciones de la pandemia de COVID-19 y fueron adaptando sus mensajes y metodologías a la «nueva normalidad».

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Sin embargo, esa participación más orgánica de los evangélicos en la política no se concreta en cifras electorales. Persiste un abismo entre el porcentaje de población evangélica y su representación congresal. La evidencia empírica demuestra que no existe un «voto confesional» en América Latina: ni evangélicos ni católicos votan necesariamente por un candidato solo por el hecho de compartir su fe.

Lo que sí se ha logrado, y con mucho éxito, es que la comunidad evangélica abandone su histórico apoliticismo y se convierta en un actor o testigo atento del desarrollo político de sus países.

Evangélicos latinoamericanos en política

Presentándonos este trasfondo, el libro Pastores y políticos: el protagonismo evangélico en la política latinoamericana, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Social Cristianos, reunió a un grupo selecto de 15 investigadores latinoamericanos con el fin de analizar las novedades acerca de la compleja relación entre los evangélicos y la política en nuestro continente.

El libro profundiza los aspectos más importantes de la novedosa incursión política de los evangélicos, los recientes procesos electorales en doce países de la región y la perspectiva de futuro de estos nuevos fenómenos sociales que pretenden, muchas veces, confesionalizar la política o politizar la religión.

El gran esfuerzo analítico emprendido por el libro da relevancia a la complejidad de su objeto de estudio. Su lectura deja claro que estamos frente a un fenómeno religioso-político en plena efervescencia y que, delante de nuestros ojos, se configura una nueva relación dinámica entre religión y política –más que entre Iglesia y Estado–.

Ficha técnica

Pastores & Políticos. El protagonismo evangélico en la política latinoamericana

Primera Edición: Julio, 2022

Editor: José Luis Pérez Guadalupe

ISBN: 978-612-48528-8-6

Editorial: Konrad-Adenauer-Stiftung

No es sólo la libertad de prensa la que está en peligro, sino la propia vida de los periodistas que quieren ejercerla. Ser periodista es una profesión de riesgo en Latinoamérica.  

Cuáles son las mayores dificultades para ejercer el periodismo en la región, cómo garantizar la independencia en la profesión o cómo está contribuyendo el fact-checking al periodismo y la democracia son algunas de las preguntas que hoy ponemos Bajo la Lupa. 

Participan:

Fabiola Chambi, periodista. Corresponsal de Voice of America (Whashington) y editora en Connectas (Colombia).

Ana María Saavedra, comunicadora social y periodista colombiana. Editora general y coordinadora de Colombiacheck.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

[Lee también: Censura, violencia y denuncia: reflexiones de Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP]

Editor: José Luis Pérez Guadalupe

Autores: Guillermo Sandoval, Ronaldo Almeida, Fabio Lacerda, Brenda Carranza, Hilario Wynarczyk, Juan David Velasco, Álvaro Bermúdez, César Zúñiga, Guillermo Flores, Claudia Dary, Cecilia Delgado-Molina, Claire Nevache, José Luis Pérez Guadalupe, Oscar Amat y León y Miguel Pastorino.

Existe una mayor permanencia en la participación pública y política de los evangélicos, más allá de los procesos electorales, aunque se restrinja casi siempre al ámbito de su «agenda moral». En ese sentido, si bien los evangélicos se están organizando y participando más orgánicamente en la esfera política, no logran hacer que sus propuestas alcancen una dimensión electoral nacional, ni siquiera que sus propuestas políticas sean asumidas por la gran mayoría de sus feligresías; como sabemos, no existe un «voto confesional» en América Latina, ni evangélico ni católico.

[Lee la reseña: Pastores y políticos: una relación dinámica en América Latina]

Sin embargo, actualmente podemos afirmar que su participación es más «política que electoral», en el sentido de que ahora los vemos más activos en la prensa y en las calles (sobre todo cuando hay algún tema que ellos llaman de «ideología de género»); pero, a la hora de votar, no se llega a concretar esa militancia religiosa en cifras electorales.

Todavía persiste ese abismo entre el porcentaje de población evangélica y su representación congresal en todos los países de la región (con la única excepción de Costa Rica en las elecciones del 2018). Ni siquiera Brasil, que tiene la mejor performance política de los evangélicos, ha podido superar ese escollo. Asimismo, los evangélicos militantes de la política no han abandonado del todo la ilusión de tener «partidos confesionales» en toda la región, por más que solo se haya podido concretar en Brasil y Colombia; aunque solamente de cierta manera, ya que se trata en realidad de partidos «denominacionales» más que «confesionales».

El 11 de julio de 2021, día también conocido como 11J, se vieron las mayores protestas en Cuba desde hace más de 20 años. Miles de manifestantes salieron a las calles a lo largo y ancho del país para manifestarse contra la escasez de bienes y alimentos, las dificultades económicas, la reacción del Gobierno frente al covid-19 y la falta general de libertades básicas. Por lo menos 1470 cubanos fueron detenidos después de las protestas. El número exacto de desaparecidos se sigue desconociendo.

Crisis económica y social constante

La pandemia de covid-19 tuvo repercusiones devastadoras sobre la economía cubana, ya que se paralizó el turismo y disminuyeron considerablemente las remesas. Como consecuencia, el PIB se redujo casi por un 11% en 2020. Si bien el turismo logró recuperarse ligeramente este año, las condiciones de vida de la población volvieron a empeorar debido a que los alimentos y otros bienes básicos como medicamentos escasean extremadamente cuando no faltan por completo. Según fuentes no oficiales, en junio de 2022 ¡cada hogar cubano tenía derecho a recibir un máximo de cinco huevos al mes!

Además, a finales de 2020 y bajo la presión del dramático colapso de la economía, el Gobierno había anunciado una reforma monetaria histórica encaminada a reducir el déficit de la balanza comercial mediante la devaluación de la moneda cubana. Sin embargo, frente a la actual tasa de inflación de un increíble 73%, la reforma implementada en enero de 2021 llegó a agudizar aun más los problemas de los cubanos.

Opresión social, pan diario

En las últimas décadas, las organizaciones de derechos humanos han informado repetidamente sobre las violaciones flagrantes de derechos humanos fundamentales por el Gobierno cubano. A pesar del cambio en el liderazgo político, que implicó también la introducción de una nueva Constitución, no se ha modificado el carácter dictatorial y autoritario del régimen.

Activistas y miembros de grupos disidentes son sistemáticamente vigilados y regularmente interrogados. Por ende, los movimientos de oposición como la Mesa de Unidad Democrática (MUAD) han estado expuestos a continuas represalias, y varios de sus miembros han sido detenidos.

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En los últimos años, el acceso a internet ha influido considerablemente en la vida en la Isla, y dicho acceso se ha ampliado notoriamente desde diciembre de 2018. Sin embargo, la situación de las libertades de expresión y de prensa en Cuba sigue siendo preocupante.

En agosto 2021, el Gobierno publicó el decreto 35, mediante el cual se limita notablemente la libertad de expresión de los cubanos. El decreto, que a largo plazo persigue el objetivo autodeclarado de «defender» la Revolución cubana, obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a suspender o terminar sus servicios si un usuario publica información que a ojos de la dictadura sea falsa o «afecte la moralidad pública».

Apogeo del éxodo cubano

Las cifras de migración muestran que este año los cubanos están saliendo de su país. Tan solo en los primeros dos meses de 2022, casi 30.000 cubanos intentaron migrar a los Estados Unidos, pasando en su mayoría por México. El Gobierno estadounidense pronostica alrededor de 150.000 migrantes cubanos para el año 2022.

Las estadísticas demuestran que el crecimiento demográfico en Cuba tiende a cero. Este hecho se debe a que la mayoría de las personas involucradas en esta nueva ola de éxodo son jóvenes cubanos que podrían contribuir al futuro del país. Es previsible que en un futuro no muy lejano el país registre un crecimiento demográfico negativo. Las consecuencias sociales y económicas para el futuro de Cuba serán notables.

Relaciones internacionales

Desde hace décadas, Cuba está sometida a un amplio embargo de los Estados Unidos. Si bien es cierto que el Gobierno de Joe Biden retiró algunas de las restricciones impuestas por Donald Trump, las protestas del 11J y el continuo empeoramiento de la situación humanitaria en la Isla vuelven a complicar las perspectivas políticas.

Sin embargo, en mayo de 2022, la Casa Blanca anunció una serie de medidas para retirar las restricciones en la Isla, tales como la intensificación de vuelos provenientes de Estados Unidos, la reintroducción de un programa para la reunificación familiar y el levantamiento del tope para remesas familiares, para así reaccionar a las precarias condiciones sociales.

Por su parte, la Unión Europea se pronunció sobre los juicios y las condenas en el contexto de las protestas del 11J y criticó al Gobierno cubano por haber impedido el viaje de algunas madres de prisioneros del 11J que se iban a reunir con parlamentarios y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero hasta la fecha no existe un posicionamiento más contundente de parte de la Unión Europea para condenar las detenciones arbitrarias y la permanente violación de los derechos humanos.

Con respecto a la relación bilateral entre México y Cuba, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha seguido intensificando sus relaciones con el presidente cubano.

[Lee también: La política exterior de AMLO: entre apatía, economía e ideología]

Por un lado, Miguel Díaz-Canel participó como único invitado especial extranjero en la celebración de la fiesta nacional mexicana el 16 de septiembre de 2021. Por otro lado, AMLO boicoteó la Cumbre de las Américas a principios de junio, alegando que diferentes países de la región habían sido excluidos (Cuba, Venezuela, Nicaragua). Con ello, mandó un claro mensaje sobre su posicionamiento en términos de política exterior: una afrenta para Estados Unidos como anfitrión de la cumbre y una alianza con regímenes claramente antidemocráticos y autoritarios en el continente.

Perspectivas

Las protestas del 11J el año pasado marcan un notable antes y después. Por primera vez en la historia moderna de Cuba, grandes partes de la población pudieron organizarse rápida y eficientemente en toda la Isla para salir a las calles y protestar contra las precarias condiciones de vida a las que se enfrentan todos los días.

En comparación con otras protestas en Cuba, las del 11J recibieron mucha atención mediática internacional, lo cual durante poco tiempo llevó a una (cautelosa) esperanza en movimientos prodemocráticos, dentro y fuera del país, que llevan décadas luchando por un cambio de régimen para lograr una transición pacífica y democrática.

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Pero, como era de esperarse, en un mundo marcado por un flujo ininterrumpido de información y la sucesión de crisis internacionales, la atención de la comunidad internacional permaneció en Cuba solo por un tiempo limitado.

Más allá de condenar fuerte y decididamente las permanentes violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los cubanos en su vida diaria, la comunidad internacional tiene que enfrentarlas con acciones concretas en el marco del derecho internacional.

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Después de mucha tensión entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de economía Martín Guzmán decidió renunciar al cargo, exigencia reiterada por la líder kirchnerista.

Hacía un año que la vicepresidenta venía cuestionando al exfuncionario, ya que desconfiaba sistemáticamente de sus movidas, especialmente las relacionadas con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo fue aprobado en el Congreso, división de los bloques oficialistas mediante.

Pero más allá de la tensión política, la situación económica se fue agravando. Inflación creciente, múltiples regulaciones para la adquisición de dólares, control de las importaciones, falta de gasoil, bola de nieve de vencimientos de la deuda en pesos del Estado nacional, imposibilidad de poner en práctica los ajustes de tarifas de los servicios públicos y limitaciones para cumplir con lo pactado con el FMI. Toda esa combinación de factores incrementó también la conflictividad entre el presidente y su principal ministro.

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Guzmán saltó del tren antes de que este chocara y le echaran la culpa a él. La realidad es que su manejo no fue el más acertado, pero tampoco pudo compensar la persistente presión de Cristina Kirchner. Esta fue echando leña al fuego y provocando una crisis de confianza de los agentes económicos.

Cambio de ministro

Su reemplazo ha sido Silvina Batakis, quien fue ministra de Economía del exgobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial en 2015, Daniel Scioli. Ella venía desempeñándose como secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior, cargo estratégico para la repartija discrecional de fondos a los gobernadores. Es una persona con trayectoria en la temática, que llega en un acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, no posee el seniority, el volumen político para generar expectativas positivas.

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Hasta ahora ha dado pocas señales, aunque pretende lucir moderada entre las dos alas del oficialismo. Sin embargo, tendrá que lidiar con dos grandes problemas. Por un lado, la crisis política entre las dos cabezas del Frente de Todos seguirá existiendo, ya que Cristina Kirchner cree que deben seguir habiendo cambios dentro del gabinete. A la vez que exige que Alberto Fernández renuncie públicamente a su pretensión de reelegirse en 2023.

Por otro lado, la sumatoria de problemas económicos tiene una dinámica muy preocupante, que necesita mando político unificado. Cosa que no existe ni existirá en el corto plazo. Por consiguiente, aun cuando haya tregua política, la agenda económica tiene urgencias fatales. A eso se le debe sumar que la ministra a priori no tiene la espalda suficiente como para capear la tormenta.

El tiempo apremia

La nueva ministra necesitará de 90 o 120 días para mostrar qué puede hacer con la botonera y qué margen le dejan para hacer lo que desee. Eso significa la antesala de las fiestas de fin de año y con varias provincias en alerta por su proximidad con la fecha de elecciones 2023. Si se ve que no puede enderezar el barco, la preocupación oficialista crecerá, ya que quizá no quede otra bala en la recámara con el suficiente tiempo para reducir daños políticos. Por ejemplo, en septiembre tendrá el superdesafío del vencimiento de un billón de pesos de deuda del gobierno. Si se llega en malas condiciones, corre el riesgo de que el mercado no convalide del todo una renovación.

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Por último, la principal oposición —Juntos por el Cambio— está sumergida en debates internos profundos que no se resolverán en el corto plazo, desde el enfoque ideológico hasta cómo sería un futuro gobierno, pasando por la pelea de liderazgos.

En ese marco, se ha limitado a criticar el conflicto interno del oficialismo y la falta de responsabilidad con la gravedad del momento, pero sin poder transmitir propuestas alternativas, más allá de definiciones genéricas.

Con muchas cuestiones irresueltas sustantivas, van surfeando las olas, moderando los fuegos internos. Dado que quedan 11 meses para inscribir frentes electorales y candidaturas, es poco probable que resuelvan dichos pendientes prontamente.

En síntesis, pronóstico reservado para la situación política y económica de Argentina, que ha hecho de las crisis recurrentes casi un modo de vida.

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Este último año hemos visto la consecuencia democrática de algunas de las protestas masivas que conmocionaron Latinoamérica desde 2019. En el caso chileno, la protesta derivó en un acuerdo para una asamblea constituyente coronada con la elección presidencial de Gabriel Boric bajo las banderas de una izquierda diferente. En Colombia, Gustavo Petro ganó la segunda vuelta de la elección presidencial, llevando a la izquierda colombiana por primera vez al poder nacional. Lo hizo de la mano afrodescendiente de Francia Márquez, reivindicando al sujeto popular, tradicionalmente discriminado. 

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En esa ola de protestas, se recriminó a los malos gobiernos y se exigieron mejores servicios y más derechos. También se rompió el mito de la excepcionalidad cubana. El 11 de julio de 2021, cientos de miles de personas salieron a las calles en más de sesenta ciudades de la Isla contra el régimen que ha sido la vaca sagrada de la izquierda latinoamericana. La emergencia sanitaria del covid-19, la escasez de medicinas y alimentos, la permanente crisis económica agudizada por las medidas de la administración de Donald Trump, se unieron a reclamos de libertad y cambio político en las calles cubanas. Un pueblo poco entrenado en la protesta social acudió pacíficamente a las calles, a las instancias de gobierno, a los símbolos del poder político y económico.

La ola de protestas

La respuesta del régimen cubano fue inmediata. La represión directa a los manifestantes. Represión física, encarcelamientos, criminalización. Junto a ello, la negativa a aceptar cualquier legitimidad y autonomía en las protestas. Una maquinaria represiva sofisticada, con sesenta años de experiencia, se ha desplegado de manera masiva y permanente en los últimos 12 de meses. Su blanco han sido jóvenes artistas e intelectuales, madres y mujeres, personas de los barrios más racializados, empobrecidos y marginados.

El Colectivo Justicia 11J, un grupo de activistas dentro y fuera de Cuba, ha documentado, denunciado y acompañado a las víctimas de la represión de las protestas y sus familiares. El subregistro de víctimas se realiza en las precarias condiciones de existencia para la sociedad civil cubana independiente bajo el hostigamiento y persecución de la seguridad del Estado. Ha dado cuenta de 1484 detenciones. Esto obliga a las autoridades cubanas a informar sobre la situación de menores de edad detenidos y las más de 600 condenas emitidas por tribunales cubanos.

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Más de mil ciudadanos han recibido peticiones fiscales en Cuba por delitos fuertemente cuestionados en la región. Desórdenes públicos, desacato, injurias a la autoridad, ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir, incluso sedición. A estas personas, principalmente jóvenes pobres y racializados, se les ha aplicado con máximo rigor el derecho penal. Según la doctrina de derechos humanos, esta debe ser la última instancia a la cual acudir ante las expresiones de protesta social. Las peticiones fiscales, para los casos más graves, han llegado cerca de los treinta años de privación de libertad.

Estado represor

La represión desatada no solo alcanzó a los manifestantes, sino también a disidentes. Un ejemplo es José Daniel Ferrer, expreso de la primavera negra. Fue sometido a un cuestionado proceso judicial en 2020 y encarcelado al intentar salir de su casa el 11 de julio de 2021. Su familia ha denunciado insistentemente las precarias condiciones en que se encuentra —sometido a aislamiento—, así como la violación constante de su derecho a visita y a comunicarse con sus familiares.

También alcanzó a dos de las figuras más relevantes del activismo cubano en los últimos años, los artistas y miembros del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo. Ambos han sido condenados en las últimas semanas a 5 y 9 años de privación de libertad por delitos de marcada significación política. Una vez más los tribunales cubanos colocan por encima de la libertad de expresión y el derecho de manifestación la dignidad de los símbolos patrios, las instituciones y los dirigentes del país, en franca violación de los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Chile y Colombia son ejemplos a los cuales siempre acuden los defensores del régimen cubano cuando se denuncia la represión desatada. Tras el 11 de julio, Boric y Petro se han pronunciado abiertamente por la necesidad de libertad y amnistía para los detenidos por las protestas sociales que sacudieron ambos países. En Cuba, las autoridades no solo han llevado el punitivismo penal a extremos. También han perseguido, hostigado y criminalizado los intentos posteriores de articulación como la iniciativa Archipiélago y la Marcha Cívica por el Cambio. Incluso, los reclamos más humanos, ligados a la conformación de un movimiento de madres y familiares de los presos políticos, han sido perseguidos.

El nuevo código penal

En abril pasado, el Parlamento cubano aprobó un nuevo código penal. Es una norma producto del momento, que le ofrece al régimen herramientas que le permiten legalizar la arbitrariedad; profundizar la criminalización a medios independientes, periodistas y activistas de derechos humanos; inhibir la articulación ciudadana a partir del asociativismo civil. Una norma regresiva, que mantiene la pena de muerte, la vaguedad en los tipos penales, así como la persistencia de figuras reconocidas internacionalmente como susceptibles de ser utilizadas con fines políticos contra opositores y disidentes.

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En mayo pasado, se reportaba que habían ingresado a fronteras norteamericanas 115.000 cubanos en los últimos siete meses. Esto es solo una parte del éxodo nacional del último año, que ha incluido la salida de activistas, artistas, periodistas independientes y disidentes. A los exilios forzosos de Hamlet Lavastida, Katherine Bisquet, Carolina Barrero, se unen a los impedimentos de retorno de Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola. Síntomas de un régimen que expulsa y excluye la pluralidad, la diversidad de pensamiento, el reconocimiento de las disidencias.

Reescribir la historia

A un año de las protestas, el régimen cubano mantiene también un activo esfuerzo de reescritura de la historia. Esto incluye la negativa a reconocer legitimidad a las propuestas, llamándoles disturbios. Comprende la criminalización y el castigo ejemplarizante a los participantes, y el despliegue de una agenda performática que incluye reuniones por sectores organizados de la sociedad —las tradicionales organizaciones de masas—, giras por los barrios y recuperación del espacio público. A ellos se unen aliados de cierta izquierda —de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos— con la celebración de eventos y visitas. En estos, la épica de la Revolución Cubana, el heroísmo frente al imperio y el cruel bloqueo cumplen la función de pared narrativa a cualquier cuestionamiento a la falta de democracia y la violación de derechos humanos en la Isla.

[Lee de GAPAC: El 11J en Cuba: estrategias del poder totalitario para el control de la narrativa]

A un año de las protestas, el activismo cívico y la disidencia política cubanas en la Isla existen menguados por exilios, encarcelamientos y represión. El 11J politizó también a una parte del exilio cubano apático e individualista, que descubrió que es sujeto político de un país. Que es parte de una nación que, por sesenta años, ha sido apropiada por una oligarquía y un régimen que se declaran revolucionarios.

Cuba es hoy una Isla atravesada por profundas y múltiples crisis. Se le suma el dolor de la represión y el recuerdo del grito de libertad que, a decir de una manifestante, les quitó el ropaje del silencio. Una experiencia liberadora. Una transformación que no tiene vuelta atrás. La diversidad y la pluralidad de la nación y de su exilio es hoy aún más contrastante con el poder monolítico de hombres blancos y militares que ejercen el control.

El trabajo que realizan las fundaciones políticas en el marco de la cooperación política alemana no puede calificarse menos que de importante, valioso y exitoso. Los recursos públicos destinados a solventar la labor de las fundaciones, en particular las actividades de las dos más importantes, que son la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert, son una buena inversión.

En casi cincuenta años de trabajo han apoyado proyectos importantes para el desarrollo de la democracia, la justicia social y el progreso económico y social en todo el mundo. En especial debe destacarse su esfuerzo permanente, en algunos casos superando tenaces resistencias, a favor de la protección y la vigencia de los derechos humanos.

El documento también está disponible en Parte I y Parte II.

El autor

Estudios en Ciencias Políticas (Munich, 1961-1964). Colaborador de la Konrad-Adenauer-Stiftung (1965-2002). Representante de la KAS en Guatemala y Colombia (1963-1973). Director del Dpto. Política de Proyectos en África, Asia, América Latina (1974-1977). Director de la Oficina de Cooperación Internacional (Europa–EE.UU., Japón) (1978- 1984).

Director del Instituto Internacional de la KAS (1985-2000). Vicesecretario general de la KAS (2000-2002). Docente y cofundador de las facultades de Ciencias Políticas creadas en 1968 y 1970 en las Univ. de San Carlos y Católica Rafael Landívar (Guatemala).

Docente de la Univ. Javeriana en Bogotá (1971-1973). Prof. asociado en la Univ. de Colonia (Alemania) de la materia Sistemas Políticos en América Latina (carrera de Ciencias Regionales América Latina, 1990 y 2005). Autor y editor de una importante cantidad de publicaciones sobre problemas políticos y económicos de Latinoamérica. Profesor h.c. de las Univ. Rafael Landívar (Guatemala), Católica de Asunción y Católica de Córdoba. Doctor h.c. en Guatemala, Córdoba y Praga. Recibió numerosas condecoraciones en el plano internacional y en Alemania, la Gran Cruz Federal al Mérito.

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Dizer que a democracia está em recessão não é uma sentença alarmista. Constitui um diagnóstico evidente. Às debilidades próprias dos regimes democráticos, devemos somar a influência de fatores exógenos. O autoritarismo global que opera pela via econômica e por meio do soft e do sharp power, junto com as plataformas midiáticas, acadêmicas e intelectuais da região, busca gerar simpatia por democracias diferentes.

Contudo, a democracia latino-americana também está encurralada pelo mau desempenho da classe dirigente e das instituições, que não conseguiram levar adiante as tarefas pendentes para recuperar seu peso e enfrentar os desafios do futuro.

Tarefas pendentes

A institucionalidade democrática dos países latino-americanos e as instâncias de coordenação internacional têm temas ainda não incluídos em suas agendas de discussão. O contexto é adverso, diante da crise econômica pós-pandêmica e a guerra entre uma potência autoritária (Rússia) e um país que busca refúgio no Ocidente (Ucrânia). Esse cenário, no entanto, não deveria diminuir a importância da necessidade de reformas políticas e de uma maior defesa dos ideais democráticos diante desses desafios.

A democracia não pode ser dada como certa. Não existe por inércia. A democracia é uma construção constante. Protegê-la requer observar, refletir e atuar. A economia não é o único indicador que deve ser considerado, e não somente com segurança se atinge estabilidade social. Embora essas duas variáveis expliquem boa parte das crises sociais que atravessadas pela região, outros temas também requerem conversação.

Este artigo enfoca três temas sensíveis em matéria de risco político que todo governante latino-americano deveria ter sobre a mesa: 1) confiança no sistema democrático; 2) emergência ambiental; e 3) migrações intrarregionais.

Para melhorar nossa perspectiva, recorremos a três relatórios regionais relevantes: Latinobarómetro (2021), El apoyo ciudadano a la democracia en América Latina, de Lapop e Diálogo Político (2022), e Riesgo político en América Latina, da Universidad Católica de Chile (2022).

1. Confiança na democracia

A principal ameaça à democracia e à recuperação da confiança no sistema político é a ascensão de autocracias. Na atualidade, trata-se de novos modelos de autocracia, que configuram um sistema sob medida, preservando de forma enganosa as formas essenciais da democracia (eleições periódicas), enquanto um único setor controla todos os poderes e ataca as liberdades.

Hoje em dia, são comuns os casos de deterioração democrática nos quais se evidencia que, uma vez no poder, há governantes que praticam ações para erodir a divisão de poderes e o equilíbrio institucional. Essa situação foi amplamente abordada por Moisés Naím no seu livro mais recente, A revanche dos poderosos (Debate, 2022). Naím fala dos autocratas 3P, isto é, que utilizam o populismo, a polarização e a pós-verdade.

[Leia também: La fuerte erosión de la confianza en la democracia latinoamericana]

Infelizmente, como se explica no relatório Risco político na América Latina (2022), “os mecanismos regionais criados para proteger a democracia, como a Carta Democrática Interamericana, não estão atualizados para enfrentar essas ameaças. Por essa razão, requerem urgentes precisões e modernização para aumentar a eficiência em seu objetivo”. Eis aqui uma primeira tarefa que urge revisar: o alcance e efeito dos acordos internacionais em defesa da democracia.

No livro Como as democracias morrem (Debate, 2018), Steven Levitsky e Daniel Ziblatt enfatizam esse tipo de líderes autoritários que avançam contra as instituições de dentro delas. Com frequência, não necessitam dar golpes de Estados no sentido clássico. Atingem, no entanto, o mesmo resultado: degradam as instituições e anulam a oposição.

Para piorar o quadro, um velho inimigo da democracia está ganhando mais espaço: o fantasma dos golpes militares. Na região, avançou a simpatia pela possibilidade de convalidar um golpe militar se esse garantisse que tudo continuaria igual.

De acordo com o Latinobarómetro (2021), 51% dos cidadãos latinos não se importariam que um governo não democrático chegasse ao poder se resolvesse os problemas. Em 2022, esse porcentual era de 44%.

2. Emergência ambiental

A mudança climática, a escassez de água e a poluição são temas ausentes na agenda de discussão política latino-americana. Não sobressaem entre os principais assuntos sobre os quais conversam os governantes nas cúpulas regionais nem encabeçam as agendas bilaterais.

Países como México, Chile e Nicarágua já consumiram mais de 60% de suas reservas de água. Esse dado, entre outros, é mais ignorado que conhecido. Tampouco tem prioridade o debate sobre a ausência de controle de práticas ilícitas amplamente disseminadas no território da região.

Por exemplo, a mineração ilegal nos países andinos, a destruição da floresta virgem na Venezuela, o desmatamento, a queima e a pecuária extensiva no Amazonas brasileiro, na Argentina ou Paraguai, os mares de plástico na América Central ou as montanhas de resíduos têxteis no deserto do Atacama no Chile.

[Leia também: La sociedad civil en las Américas]

Tudo isso também aumenta o risco político. Por quê? De acordo com o relatório Risco político na América Latina, a falta de políticas efetivas e acordos regionais que organizem uma governança decidida em torno ao tema incrementa o risco de transitar a cenários de maior escassez, principalmente de bens públicos, como o acesso à água, um maior impacto dos desastres naturais e, finalmente, agravar a vulnerabilidade dos países diante de seus efeitos”.

A percepção cidadã quanto ao cuidado do meio ambiente na América Latina se reduziu drasticamente. Os dados do Latinobarómetro mostram que, em 2015, 49% dos latinos consideravam garantida a proteção do meio ambiente; já em 2020, essa cifra caiu para 38%.

3. Migrações internas

A explosão da migração interna na América Latina, cujo máximo expoente desde 2015 é o êxodo venezuelano, exige repensar a migração intrarregional como fenômeno e as normativas para regularizar a circulação e as residências dos cidadãos migrantes em geral. A pandemia gerou uma contenção do fluxo migratório entre os diferentes países. No entanto, tanto os caminhos e passos irregulares quanto as solicitações de refúgio e asilo seguiram seu curso.

À medida que as políticas de flexibilização permitem a reabertura de fronteiras, os fluxos migratórios voltam a seu tamanho pré-pandemia. A falta de coordenação intrarregional, a escassez de recursos para abordar o tema e a debilidade dos Estados para organizar o movimento migratório são uma falência tem aumentado, nos últimos anos, o risco político dessa questão.

As grandes mobilizações de setembro de 2021 contra os migrantes venezuelanos em Iquique, no norte do Chile, são similares às que se registraram com frequência na Colômbia, Peru e Equador.

[Ouça: La diáspora como refugio del migrante venezolano]

Essa alta maré de xenofobia é uma expressão da tensão social gerada pelos inesperados fluxos migratórios que não parecem cessar no curto prazo. Essa questão requer um posicionamento hierárquico na agenda intergovernamental com vistas a gerar mecanismos combinados que permitam articular soluções aos movimentos migratórios atuais e futuros.

Alguns elementos que agregam complexidade ao tema são: o movimento migratório na fronteira sul dos Estados Unidos com México, a nova onda de migrantes cubanos que fogem da crise na ilha e os deslocados pela violência na América Central. Embora esses temas sejam notórios na imprensa, não ocupam o topo das agendas dos encontros multilaterais na região.

Na contramão dessa carência, um estudo feito por de Lapop Lab (2021), que entrevistou 3083 pessoas no Brasil, Peru, Panamá, Equador, Colômbia e Chile, joga luz sobre a consciência cidadã de apoio aos migrantes: “56,6 dos entrevistados mostraram algum nível de concordância (respondendo ‘um pouco’ ou ‘muito de acordo’) e apenas 31,3% mostraram algum nível de discordância”. Segundo o relatório, o “número de entrevistados [latino-americanos] que apoiam o acesso dos imigrantes a serviços sociais financiados pelo governo é maior que o número daqueles que se opõem”.

Mais ação, mais consciência

A opinião pública reflete a perda de confiança na democracia, enquanto, ao mesmo tempo, crescem os autoritarismos. Esse fenômeno é tendência em escala global. A conjuntura que vivemos agrega dificuldades adicionais que devem ser abordadas pelos governos democráticos.

A mudança climática traz consigo catástrofes e dificuldades que afetam a população de forma desigual. Torna ainda mais precária a vida de setores já vulneráveis, como os camponeses, indígenas ou pescadores.

A isso se soma o fenômeno dos grandes fluxos de migração intrarregional, que carece de regulações claras e acordos que permitam dar garantias e salvaguardar direitos básicos dos migrantes.

As três questões descritas neste artigo exigem seu lugar na agenda política dos países da região e em seus espaços de coordenação internacional. A garantia mais fiável da democracia é sua constante proteção. Por isso, a elite dirigente não deveria negligenciar essas chamadas de atenção

Tradução para o português de Livia Prado, escritório da KAS em Montevidéu.

Según la última entrega del Latinobarómetro, solamente 13 % de los latinoamericanos afirman tener confianza en los partidos políticos. No obstante, mayorías claras de latinoamericanos apoyan a la democracia, aunque con una tendencia a la baja. Entonces, ¿acaso creen que es posible una democracia sin partidos políticos? En tal hipotético caso, ¿quién o qué reemplazaría a los partidos?

Latinoamérica nos muestra tres escenarios.

1. El caudillo

El más clásico caso de un régimen pospartidista es el mismo de uno prepartidista. Es el viejo caudillo autoritario y populista de siempre.

El ejemplo más emblemático entre varios es el de Nayib Bukele en El Salvador, quien promete, a través de su persona, una especie de redención. Es una redención especialmente de los malos de los partidos políticos a quienes se ataca, ridiculiza, ningunea. La solución a todos los problemas es el caudillo, el salvador, el personaje mas cool.

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Este personaje, tan típico de la historia, y a todo parecer también del futuro de Latinoamérica, apela así más a la fe de sus fieles en su poder milagroso que al apoyo de ciudadanos a soluciones políticas, el Estado de derecho o instituciones.

Juzgado estrictamente desde el apoyo popular, puede ser un modelo sorprendentemente exitoso, considerando la alta aprobación de Bukele.

2. La calle

En el entorno de las protestas sociales surgió —especialmente en Chile, pero también en otros países de la región— el intento de reemplazar a los partidos políticos por la calle.

Un pueblo virtuoso movilizado con una altísima carga moral, dueño de la verdad, se enfrentó parcialmente con violencia a la vieja política, los partidos, las instituciones, a los que reprochó no haber logrado cambios exigidos en materias diversas como sistemas de pensiones, salud, educación.

En un clima de hipermoralización del espacio público, los representantes políticos renunciaron parcialmente a su rol en la democracia indirecta y, sin mayor deliberación y a veces contra la consigna de sus partidos, apoyaron políticas muy riesgosas y muy criticadas, para apaciguar a la calle.

Aunque para los políticos es necesario tomar en serio los reclamos populares, en el entorno de las protestas sociales a veces daba la impresión de que la política se había convertido en solo una máquina de implementación inmediata de cada grito desde una calle enfurecida.

3. El tinder político

Un reemplazo silencioso de los partidos ocurre hace bastante tiempo en varios países de la región. Perú es un caso paradigmático. Los clásicos partidos programáticos son reemplazados por entes que solo tienen en común con los viejos partidos la denominación de tales. En realidad, son franquicias electorales, normalmente agrupadas alrededor de un individuo, sin ideología ni programa, que se hacen y se deshacen en periodos cada vez más breves.

Dirigentes cambian signos partidistas como prendas de ropa y viven en una especie de permanente tinder político, en que se busca matchear entre candidatos y estos partidos-franquicias.

Este dating electoral tiene costos colaterales graves: una enorme volatilidad del voto. Y, con ello, una debilidad muy acentuada de la política en general frente a otros poderes fácticos: la economía legal, en el mejor de los casos; o el crimen organizado, en el peor de ellos.

Partidos indispensables

En ninguno de estos tres casos: el caudillo, la calle y el tinder político, los resultados han sido convincentes. El caudillo lleva a la supresión de derechos y libertades, la calle a la hipermoralización pública y la justificación de la violencia, y el tinder político a la hiperfragmentación y la debilidad institucional.

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Los procesos de cambio, de reforma, necesitan madurar si aspiran a ser sostenibles. A pesar de sus múltiples debilidades, los partidos políticos programáticos con vocación de mayoría y capacidad de forjar coaliciones y acuerdos, siguen siendo la mejor esperanza de que esto ocurra. Hasta el momento, la única esperanza.

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Se presentan los principales resultados de las encuestas aplicadas a una muestra de 480 Pymes, conformada por 96 de cada país, separadas en dos zonas económicas en los sectores industrial primario (incluido agropecuario), comercial (mayorista y minorista) y de servicios. Se realiza además, un estudio exploratorio realizado a 50 startups (10 por cada país) con el objetivo de plantear un primer acercamiento para este tipo de empresas.

Entre los principales resultados se destaca que es necesario que un mayor número de Pymes incorpore en sus procesos el uso de sistemas informáticos especializados en logística y abastecimiento, recursos humanos, producción, administrativos y financieros, CRM, analítica de datos, workflow o BPM. Para ello se requiere mayor inversión y mejor capacitación del personal, de tal forma que las startups alcancen un grado de madurez digital mayor al observado. Además, los recursos tecnológicos que las Pymes utilizan son muy básicos, normalmente haciendo uso generalizado de la web, pero pocas hacen uso de aplicaciones móviles
y tienda online, herramientas muy poderosas para el ámbito empresarial.

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Por otro lado, la mitad de las Pymes no realiza inversiones en analítica de datos, ni en tecnología o comunicación. Por último, se destaca que el camino hacia la madurez digital de las Pymes en Latinoamérica, incluye cerrar las brechas de conectividad y uso de las TIC, contar con apoyos gubernamentales que les permitan ser usuarios expertos de las mismas, aumentar su desarrollo hacia la digitalización y la adopción de nuevas tecnologías digitales, la creación de nuevos productos y servicios con alto grado de innovación digital, y uso avanzado de técnicas como digitalización, inteligencia artificial, Big Data e industria 4.0.

Participé el fin de semana antepasado como observador en las elecciones de la segunda ronda presidencial en Colombia.

Asistí formando parte de una misión conjunta de la Organización Democratacristiana de América (ODCA) y de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). A estas organizaciones agradezco la invitación, y la oportunidad de compartir con un grupo de observadores del más alto nivel encabezado por la Presidenta de ODCA, la diputada Federal de México Mariana Gómez del Campo y el Director Adjunto del Área Internacional de la KAS Frank Priess.

Tuvimos la ocasión de realizar la observación en Bogotá durante la apertura y la conducción de las votaciones en diversos sitios de distintos estratos socioeconómicos. Lo pudimos hacer eficientemente gracias a que estuvimos bajo el sistema de la Misión de Observación Electoral (MOE). Dicha organización de la sociedad civil colombiana realiza observación de procesos electorales con miles de colaboradores nacionales y cientos de extranjeros.

Anfitriones

Fue excepcionalmente eficiente y gentil la conducción de las representaciones de KAS en Colombia y Uruguay, donde reside el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Ello permitió el buen desempeño de la misión y la posibilidad de intercambiar con académicos y políticos colombianos antes y después de las elecciones.

Además, para mí fue una magnífica ocasión de poder compartir con los funcionarios de la KAS, con mi querido amigo el expresidente Andrés Pastrana, y con otros amigos integrantes de la misión de México, Perú, y Uruguay.

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A pesar de cundir gran desconfianza antes de las elecciones por los errores del sistema electoral en registrar más de 500.000 votos en la anterior elección parlamentaria y del alto nivel confrontativo de la campaña, el proceso electoral se dio en un ambiente pacífico y fue muy participativo alcanzándose niveles de abstencionismo históricamente bajos. Según MOE se dieron muy pocos y nada significativos casos de errores en el proceso de votación. Esa fue la realidad que pudimos observar nosotros y el resto de los 2381 observadores de MOE destacados en 1 de cada 3 municipios del país, y en 39 consulados de 24 naciones, de los cuales 364 fuimos observadores internacionales.

Resultados de la elección

La elección del Presidente Electo Gustavo Petro contó con el muy inmediato reconocimiento de su oponente el Ingeniero Rodolfo Hernández. Dejó los votantes divididos en dos mitades con solo 3,1 puntos porcentuales de diferencia, y con claras mayorías para cada uno de los candidatos en dos regiones muy claramente diferenciadas del país.

Se da la elección de quien se identifica con los grupos de izquierda integrantes del Foro de Sao Pablo y el Grupo de Puebla, que hace treinta años fue un guerrillero. Sin embargo, tiene una larga carrera de participación política como senador, alcalde de Bogotá y tres veces candidato presidencial.

¿Seguirá el Presidente Petro los pasos de Hugo Chávez y de otros adherentes a esa tendencia política que aprovechan una elección democrática para luego fortalecer su liderazgo y buscar su permanencia continuada en el poder sin limitaciones? Para lograr ese objetivo, hemos visto cómo se establece un sistema de subsidios que inicialmente es muy atractivo para una mayoría de ciudadanos, pero que en pocos años quiebra el aparato productivo dejando a las familias en mayor pobreza y sin libertades. Con el apoyo inicial de esas medidas acaban con la división de poderes, la libertad de expresión y otras libertades ciudadanas

O, más bien, ¿será fiel el Presidente Petro a su mensaje de aceptación que en mi opinión buscó calmar temores y tender puentes y a sus manifestaciones durante la campaña de que no buscará continuarse en el gobierno ni expropiar empresas?

De la respuesta que reciban esas preguntas y de la capacidad de los políticos y la sociedad civil colombiana para proteger su estado de derecho dependerá el destino de Colombia y de buena parte de América Latina en las siguientes décadas.

Respecto a Colombia

Quienes luchamos en pro de la dignidad, la libertad y los derechos humanos de todas las personas, de la fraternidad que entre todos debe prevalecer, y de la necesidad de progresar y mejorar el bienestar de todas las familias y preferencialmente de las que sufren pobreza, debemos aspirar a que se den cambios que permitan superar problemas que dolorosamente arrastramos en todos nuestros países. Pero esto no justifica usar medios que más bien nos empobrecen.

Si anunciando que esos son los sanos propósitos se procede a ignorar las realidades de la economía, se destruye el sistema de competencia y las libertades de propiedad, de contratación y de empresa y se concentra el poder como si quien lo ejerce tuviera la sabiduría y la bondad de Dios, lo que se logra es quebrar el aparato productivo y empobrecer aún más a los ciudadanos. Se puede así alcanzar igualdad de la mayoría en la miseria, y la superabundancia de la nueva clase.

Respecto a América Latina

Además de los regímenes claramente autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y de las inclinaciones en esa dirección del gobierno de Bolivia, otras naciones de nuestra región -que representan una buena parte de la población latinoamericana- son gobernadas por populismos de izquierda que no muestran especial devoción por las limitaciones del estado de derecho y que demostraron, por sus actitudes ante la Cumbre de las Américas en Los Angeles, su actitud favorable a esas autocracias. El resultado de elecciones próximas podría hacer que este grupo de naciones abarque a una gran mayoría de los latinoamericanos.

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Un gobierno colombiano que refuerce esa tendencia podría causar muy grave daños a la democracia, al estado de derecho y al progreso material de nuestros compatriotas.

El Grupo de Lima que surgió de gobiernos defensores de la democracia está gravemente debilitado y casi que desaparecería.

La vocación aperturista y a fomentar la productividad de la Alianza del Pacífico se vería gravemente amenazada.

Es posible que se pretenda imponer a las naciones de América Latina una nueva versión de la política de países no alineados, destruyendo los avances logrados desde finales de la década de 1980 en la defensa de la democracia y el estado de derecho.

Preguntas pendientes

¿Cuál sería la política de seguridad hemisféricas en esas circunstancias?

¿Cómo serían las nuevas relaciones de nuestros países con EEUU en temas de drogas ilícitas y migración?

¿Sera que la nueva y creciente relación con China permitirá sustituir la acción hemisférica en temas de recursos naturales, infraestructura y mercados que interesan a esa creciente potencia?

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El comportamiento del gobierno recién electo en Colombia, de sus partidos políticos y de las organizaciones de su sociedad civil en los próximos meses, nos indicará cual ruta seguirá esa querida nación hermana y sus efectos en nuestro continente.

Publicado originalmente en larepublica.net

Si bien lo sustancial de un partido político parece ser que efectivamente a través de él los ciudadanos pueden postularse como candidatos a cargos de elección popular en un sistema democrático, es claro que este rasgo no es el único que lo hace una forma de organización especial.

A través de los partidos también se definen los términos de una serie de principios respecto del mundo político y la organización de la sociedad. De estos se espera que traerán la forma más justa y conveniente de bienestar.

En teoría, el esquema es profundamente funcional, en tanto los ciudadanos que también quieren incidir en los temas que son de su interés —y tienen diversas visiones sobre el mundo político y la organización de la sociedad, la justicia y el bienestar— buscarán entre los partidos políticos que compiten por el poder aquellos afines a su propia visión del deber ser de la sociedad y la política. Así podrán optimizar la incidencia política que buscaban.

Es claro que esta lógica es problemática para los individuos apáticos en temas de política o incluso temas colectivos (Held, 2001; Rosanvallon, 2007; Conelly y Field, 1944).

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No obstante, más interesante aun es que esta lógica es problemática incluso para los individuos con un auténtico interés en el mundo político y fuertes convicciones en lo que refiere a la concepción de justicia y bienestar que quisieran ver en su sociedad.

Este tipo de ciudadanos parecen verse inclinados a preferir el vínculo con organizaciones comunitarias u ONG a modo de voluntarios, e incluso están dispuestos a realizar movilizaciones políticas circunstancialmente a favor de alguna causa o personaje político desde dichas organizaciones, en vez de tener acercamientos a los partidos políticos.

Pérdida de confianza

En el Informe 2021 del Latinobarómetro se señala que las ONG reciben la confianza del 38 % de los ciudadanos de la región. En ocho de estos países solo el 10 % o menos confía en los partidos políticos; y en otros ocho, tal confianza se sitúa entre el 11 % y 24 %. Uruguay es el único país de la región en que los partidos tienen la confianza de una de cada tres personas (33%).

Esto es curioso en la medida que los partidos políticos contemporáneos son muy exitosos en términos de su capacidad de realizar transacciones eficientes con el Estado y otros sectores sociales (Mair, 2008; Katz, 2006). En este sentido, si hay una institución que podría fácilmente adelantar transformaciones sociales a mediana y gran escala, se trata de los partidos políticos. Esto aplica por lo menos, en el marco de su capacidad de negociar exitosa y legítimamente con el Estado, sectores productivos y elites de una sociedad.

No obstante, el ciudadano interesado por la cosa pública no parece encontrar razones de peso para vincularse a este tipo de institución.

De este modo, los partidos en toda la región están perdiendo potenciales adeptos altamente activos, como consecuencia de su incapacidad de ser competitivos en relación con lo que ofrecen ONG, redes de cooperación ciudadana y demás instituciones contemporáneas.

¿Qué falta?

Pero, al mismo tiempo, también los ciudadanos interesados en estos temas están perdiendo la posibilidad de mejorar el impacto que están teniendo sus acciones e interesé en incidir social y políticamente. La pregunta entonces radica en ¿qué es eso que ofrecen otras instituciones que los partidos políticos no ofrecen, y que, de ser competitivos en ello, podría revitalizar su relación con la ciudadanía interesada?

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Una hipótesis es que es claro que hay una trasformación antropológica esencial en la contemporaneidad, donde los individuos interesados en asuntos de política no lo hacen desde una perspectiva colectivista, sino asumiendo una forma de sensibilidad política distinta, la cual está atravesada por el relato personal. Eso implica que las problemáticas sociales cobran relevancia para el individuo en la medida que los convierte en elementos constitutivos de su narrativa identitaria (Debord, 2003; Conlledo, 2017).

El éxito de las organizaciones tipo ONG y estructuras de redes ciudadanas desde internet radica en que logran articular las causas sociales con causas personales.

Participación ciudadana

Existe una demanda de estos potenciales adeptos —ciudadanos incrédulos de los partidos— y esta es la de poder contribuir directamente a la mejoría de la sociedad desde distintas causas, usando figuras que van desde el voluntariado hasta la construcción de iniciativas sociales conjuntas.

Si el partido político lograra ofrecerle, a este tipo de auditorio, un escenario real para materializar estas expectativas, los partidos políticos estarían realizando un ejercicio de proselitismo que podría ayudarles a recuperar el lugar que deberían tener en la democracia, como el canalizador de demandas ciudadanas, así como obtener circunstancialmente un tipo de adhesión relacionada con una auténtica creencia en un set de valores y principios.

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No obstante, en un principio no parece que haya un lugar dentro de la constitución de los partidos políticos para este tipo de individuo interesado. Además, existe cierta burocracia y red de relaciones que hace más difícil acceder a un partido político que a una organización privada para un ciudadano interesado en la incidencia social. Los partidos políticos, además, tienen una fijación en el tema electoral que hace que los otros escenarios de involucramiento cívico queden relegados.

Además, si bien las sociedades contemporáneas tienen una naturaleza individualista, no se trata de sujetos desprovistos de fuertes narrativas frente a temas generales de justicia social, economía y esquemas de bienestar.

Interés social

Podría afirmarse que la identidad de los sujetos depende incluso con más fuerza de cómo se definen en relación con asuntos sociales concretos, antes de exclusiva preocupación del Estado, tales como el ambiente, los debates de género, el trato a grupos vulnerados, la gestión de adultos mayores, entre otros. Temas que, parece, podrían gestionarse mejor desde los partidos políticos, pero que el grueso de personas interesadas en ellos prefieren no hacerlo desde ahí, sino desde otro tipo de instituciones. Los partidos políticos contemporáneos están en capacidad de revertir esta lógica y utilizarla a su favor.

Finalmente, la pregunta inicial termina generado otro tipo de cuestionamiento: ¿qué tipo de personas están interesadas en vincularse a un partido político bajo el modelo actual? Si el objetivo es generar cierto tipo de incidencia social y política, ¿por qué alguien entraría a un partido político con todas sus implicaciones, y no participaría meramente de otro tipo de organización menos restrictiva y cuyo accionar sea directo y le represente réditos inmediatos? La respuesta seguramente radica en que los partidos políticos suelen ser llamativos para otro tipo de individuos, personas interesadas en optimizar su capacidad de transar con el Estado, no en relación con grandes asuntos programáticos ni discusiones ideológicos de fondo, sino por la posibilidad de gestión que ello representa.

Negociación

Es posible que, al priorizar su capacidad de negociar con el Estado, los partidos políticos estén generando adhesiones justamente de ciudadanos cuyo interés fundamental es también optimizar su capacidad de transar con el Estado y otros actores sociales por el poder que ello representa, con relativa independencia del cuerpo ideológico o simbólico que ello implica. Esta apuesta es peligrosa en tanto termina poniendo a los partidos políticos en riesgo de convertirse en redes clientelares, con poca influencia simbólica y mucha influencia operativa.

Parece ser entonces que los partidos políticos buscan mejorar su relación con la ciudadanía y fortalecer su corazón ideológico. Sin embargo, no cuentan con estrategias para atraer al tipo de adepto que podría solucionar ambos problemas.

Referencias

Connelly, G., y Field, H. (1944). The non-voter. Who he is, what he thinks. The Public Opinion Quarterly, 8(2), 175-187.

Conlledo, P. P. (2017). Do young citizens’ expectations shape engagement activation with the public sector? Proposing a model to link expectations, engagement and tangible growth. Comunicación y Sociedad, 30(3), 201-214.

Corporación Latinobarómetro. (2021). Informe 2021 Latinobarómetro. Opinión pública latinoamericana.

Debord, G. (2003). La sociedad del espectáculo. 1967. Valencia: Pre-textos.

Held, D. (2001). Modelos de democracia. Madrid: Alianza.

Katz, R. S., y Mair, P. (2018). Democracy and the cartelization of political parties. Oxford University Press.

Mair, P. (2008). Political parties and party systems. En P. Graziano y M. P. Vink (eds). Europeanization (pp. 154-166). Londres: Palgrave Macmillan.

Rosanvallon, P. (2007). La contrademocracia: La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial.

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El 28 de junio de 2019, la Unión Europea y el Mercosur anunciaban haber logrado un acuerdo comercial en el marco de un acuerdo de asociación estratégica más amplio. Se trata de un acuerdo que puso fin a una etapa de diálogo y negociaciones de casi veinte años y que consolida un entendimiento político y económico generando oportunidades de relevancia para los dos bloques. El mundo se hacía testigo de un instrumento histórico, moderno y muy abarcativo en cuanto a temáticas negociadas, dando protección al consumidor y los distintos sectores parte.

Un año más tarde, en 2020 se concluía el acuerdo político. Sin embargo, a tres años de aquel acontecimiento, el acuerdo no ha sido ratificado y aún está lejos de ser una realidad.

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Desde 2019 a hoy, el mundo ha cambiado. Estados Unidos y China se enfrentaron en una guerra comercial. Nos enfrentamos a una pandemia global que ha dejado millones de muertes y efectos sociales, políticos y económicos de gran magnitud. Y, recientemente, Rusia ha desatado una guerra contra Ucrania.

La geopolítica y geoeconomía global han tenido un impacto negativo, enlenteciendo el diálogo posterior al acuerdo que permitiera firmarlo y ratificarlo. Es cierto que las dinámicas internas en la Unión Europea y señales poco amigables de Brasil no han ayudado. Sin embargo, paradójicamente, como consecuencia de una guerra, la esperanza de que el acuerdo se haga realidad comienza a crecer.

Claves a tener en cuenta

• Es necesario concentrarse en los capítulos centrales de este acuerdo: Cooperación-Político, Comercial e Inversiones. Diversificar el debate con temas que están fuera del acuerdo solo ayudan a distraer y quitar el foco de atención de lo verdaderamente importante. Para seguir profundizando en otros temas, se requiere primero concluir lo ya acordado.

• Una de las discusiones más importantes que se ha dado, luego de logrado el acuerdo, refiere a las medidas medioambientales. En particular, se ha hablado mucho de la deforestación del Amazonas. El acuerdo establece, expresamente, la idea de que el crecimiento comercial debe ir acompañado de un desarrollo sostenible. Se establecen compromisos contra la deforestación. Incluso se señala el respeto a los acuerdos multilaterales ya firmados sobre este tema. Sobre esta base, se deberá conversar y acordar un mutuo reconocimiento de estándares. El acuerdo es el instrumento más eficaz para cooperar, coordinar y ayudar a que se cumplan los compromisos asumidos. De lo contrario, solo serán resoluciones condenatorias sin efectos concretos.

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• En varias oportunidades surge el argumento de la espera por los resultados frente a determinados procesos electorales. Limitar la magnitud de estos acuerdos, las oportunidades que generan para el conjunto de la economía —nacional o regional— no soluciona problemas de fondo y no permite avanzar. Las agendas nacionales son importantes, pero estos acuerdos lo son aún más. Decía Lord Palmerston, con su pragmatismo político: «No tenemos aliados eternos y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra obligación es vigilarlos».

Algunos datos cuantitativos

• Se trata de un acuerdo que liberaliza ampliamente el comercio de mercancías. El Mercosur se compromete a liberalizar el 91% de sus importaciones provenientes de la UE, en un período de hasta 10 años, en la mayoría de los productos (para productos más sensibles, el plazo será de hasta 15 años). Por su parte, la UE liberalizará el 92% de sus importaciones del Mercosur, en un período de hasta 10 años.

• En un escenario conservador, el acuerdo haría que el PIB de la UE se expandiese en 0,1 % (10.900 millones de euros) y el del Mercosur 0,3 % (7.400 millones de euros) para el 2032.

• También con una mirada conservadora, las exportaciones totales de la UE fuera de la comunidad se expandirían en un 0,4% (0,6% siendo ambiciosos), mientras que, en el Mercosur, las exportaciones totales al mundo se expandirían entre un 0,5% en Paraguay y 4,5% en Brasil.

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A tres años de haber logrado el acuerdo, la sensación es que no hemos sabido explicar bien los beneficios de este. Tratar de dejar de mirar el árbol para mirar el bosque. Dejar de lado la inmediatez y los impactos estáticos y mirar a mediano y largo plazo. Explicar a los ciudadanos y los distintos sectores sobre los beneficios que pueden generar. Por ejemplo, en la capacidad de crear empleo, de aumentar la capacidad exportadora o tener una competencia con ciertos niveles de calidad que fuerce a seguir mejorando, innovando. Un acuerdo de esta magnitud y complejidad generará efectos negativos que deberán ser mitigados con políticas específicas.

Sin embargo, siempre son más los efectos positivos. Esos son los que hay que potenciar. El mundo necesita de más comercio, capaz de generar alternativas tanto en mercados de destino como en suministradores. Eso es lo que está evidenciando la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es lo que, al parecer, la Unión Europea está advirtiendo en este tiempo. Y eso es lo que, permite volver a mirar con esperanza y optimismo que el acuerdo sea una realidad.

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«Uso mis tuits para expresarme». Esto decía Elon Musk en una entrevista a finales de 2018. Hace dos meses saltó la bomba. El multimillonario de origen sudafricano quería comprar la red social fundada por Jack Dorsey en 2006, con una oferta de 43.000 millones de dólares. Un tiempo después anunció que suspendía la compra de la empresa. La razón oficial es que esperaba detalles sobre cuentas falsas. Pero detrás de esta operación hay mucho más de lo que se ve a primera vista. Una acción con un impacto enorme en el universo de las redes sociales, la política y la propia democracia. 

¿Cuál es el verdadero objetivo de Musk? ¿Cómo cambiará la red social bajo su propiedad? ¿Hacia dónde van Twitter y el resto de las redes sociales? Estas son algunas de las preguntas que ponemos Bajo la Lupa. 

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Participan:

Adriana Amado, Doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO y presidenta de Infociudadana. Investigadora en la Universidad Argentina de la Empresa y autora del libro Metáforas del periodismo.

Guillermo Tell Aveledo Coll, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana en Caracas.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne  y Rombo Podcasts.

Con la relativamente holgada elección de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina como dupla política en la segunda vuelta presidencial colombiana, el comentario general es que se rompen esquemas históricos. La imagen no puede ser más sugerente: tras décadas de insurgencia armada y decidida respuesta estatal, tiene lugar por medios democráticos el ascenso de un movimiento político disidente. Esto incluye no solo a un veterano de esa insurgencia, sino la elección de una figura emergente desde una significativa minoría étnico-cultural, como son los afrocolombianos.

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Sin duda, estos aspectos simbólicos son un elemento positivo de la reciente elección colombiana. Así también, la persistencia de la lucha electoral y el reconocimiento expedito y sin incidentes significativos de violencias de una victoria que reta al sistema político, desmintió comprensibles temores hacia un regreso a eras de violencia política que fueron transversales a la institucionalidad de Colombia. Esto parecía imposible hace un par de décadas atrás.

Sin embargo, la impresión de cambio súbito debe ser vista en la trayectoria cambiante del sistema político colombiano. Se sucedió en Colombia una prolongada decadencia del establishment político, y la longeva tradición bipartidista colombiana no se quebró en este último proceso.

Un sistema fragmentado

Desde 1998, con la competencia entre Horacio Serpa y Andrés Pastrana, no ha habido una elección entre los grupos ortodoxos de los partidos tradicionales. Esa misma elección se dió en el contexto de un recrudecimiento de la violencia política, así como el debate sobre la influencia del narcotráfico que mostró el controvertido Proceso 8000.

Las tradicionales candidaturas disidentes liberales o conservadoras, típicas del sistema democrático colombiano desde su restauración en 1958, fueron desplazadas por su más acabada expresión: la amalgama ideológica, regional y carismática en torno a Álvaro Uribe.

El uribismo, y las críticas a este, ha sido el acicate de la política del país en el último cuarto de siglo. Ello en un sistema de partidos crecientemente fragmentado, con preponderancia de maquinarias departamentales de fundamento utilitario, mientras que la capital no ha tenido un alcalde conservador o liberal desde hace casi tres décadas.

Es necesario decir, además, que la propia trayectoria de Petro es la de una heredad histórica peculiar a este largo proceso. Su militancia insurgente en el M-19, originalmente la facción socialista del híbrido nacionalista y antipartidos de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), fue el primer escalón en la forja de un bloque de izquierdas que quizás se consolide en torno al Pacto Histórico, pero que fue antecedido por múltiples intentos infructuosos.

No es Petro el líder de un movimiento aluvional, sino un avezado político que tiene cuarenta años de política electoral. Ha tenido la responsabilidad práctica de gobernar una metrópolis compleja, por lo que ha debido negociar con factores políticos adversarios, trascendiendo para bien y mal su posición original desde la izquierda histórica.

La cuestión democrática

El pivote político logrado por Petro, tras casi década y media de frustrados intentos, puede asomar las posibilidades de la izquierda democrática. En la historia reciente de América Latina, esta izquierda ha podido gobernar sin tener que decaer en los referentes autoritarios como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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Durante la marea rosa de comienzos de siglo, figuras del socialismo democrático como Lula, Mujica y Bachelet, emergentes de un pasado antisistema, llegaron al gobierno de manera propia o en coaliciones sin que hubiese un fin de la alternabilidad con fuerzas ideológicas opuestas, o un desmontaje de los controles políticos sobre los poderes ejecutivos. Puede decirse que las marchas y contramarchas del proceso democrático continental no tuvieron en esos gobiernos una causa determinante. Hoy mismo, el resurgir de coaliciones de izquierda no necesariamente presagia un retroceso democrático, al menos más de lo que lo harían figuras personalistas y anti-establishment de otra ubicación en el espectro ideológico.

Retos al proceso

Sin embargo, las limitaciones del modelo de la izquierda democrática retan al prospecto democrático. En primer lugar, en términos de su eficacia intrínseca. Sin tomar en cuenta los escándalos de corrupción que marcaron algunos de estos esfuerzos, los procesos de transformación redistributiva de la sociedad requieren capacidades estatales y asidero fiscal. Pocas economías de la región podrán sostenerlo en un contexto recesivo global que se diferencia de las décadas pasadas.

En segundo lugar, el déficit de participación y representatividad democrático-liberal de nuestros sistemas políticos puede invitar a una experimentación institucional que derive ya en fórmulas populistas o en fórmulas mayoritarias de pretendida democracia popular sin contrapesos. Y, en tercer lugar, la herencia de las luchas, ideología y simbolismo de la izquierda histórica, combina la justicia de muchas consignas con la tolerancia hacia elementos autoritarios que no son mera nostalgia revolucionaria.

En un ambiente regional crecientemente polarizado y autoritario, la crítica actual sobre la legitimidad de los regímenes autoritarios de izquierda puede pasar rápidamente a una actitud de pragmático acercamiento, para terminar en una tolerante apertura. Parte de la carrera política de Petro fue articulada con alianzas y solidaridades de la izquierda latinoamericana finisecular, y, cabe decirlo, del Foro de São Paulo, del cual sigue siendo parte la Unión Patriótica, el socio menor de la coalición del Pacto Histórico.

La tentación hegemónica es un factor que puede ser crucial en el caso colombiano. De no haber un contrapeso opositor importante se desestimularía el hacer maniobras hacia el centro en un entorno fragmentado. Pero esta es también la situación general de la región. Ejecutivos que pueden sentir límites en el desarrollo de sus agendas de gobierno ante la ofuscación centrífuga de múltiples partidos minoritarios con liderazgos personales, y la tentación de redefinirse a la población como un líder que trascienda la molienda faccional. En pocas palabras, el dilema entre ser el atribulado y principista Boric, o el inescrupuloso y audaz Bukele. Si para esta última alternativa puede haber además una solidaridad automática de un reemergente bloque ideológico que mitigue la mala reputación, tanto peor.

Relaciones con Venezuela

Por último, y pasando de lado problemas sensibles como las relaciones con los Estados Unidos, todo presidente colombiano tiene un reto peculiar a su posición: la agenda de relaciones con Venezuela. Diferendos limítrofes, problemas de seguridad, gran complejidad vital en intercambios humanos y económicos, y una importante presencia de migrantes, agudizada por las diferencias ideológicas entre Caracas y Bogotá, que incluye una comunidad importante y vulnerable de exiliados políticos venezolanos en la hermana república. Gustavo Petro ha mantenido hasta ahora el planteamiento de un necesario acercamiento consular y diplomático, sin bajar el tono de sus críticas a las prácticas más autoritarias de Nicolás Maduro no obstante las viejas relaciones entre la izquierda colombiana y el movimiento bolivariano.

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El despliegue del propósito transformador de Gustavo Petro presenta retos considerables. Pese a que el nuevo presidente electo ha mostrado una actitud alentadora, mitigando incluso algunos excesos de su campaña, la dinámica política nacional y regional pueden estimular una tentación radical. Parte de ello responderá a la dinámica con que la sociedad colombiana responda a las oportunidades de mejora que presenta el Pacto Histórico, pero también en el reconocimiento del nuevo liderazgo de la herencia institucional que ha permitido su ascenso al poder. La democracia siempre requerirá moderación.

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