El pasado 1.º de febrero inició en Cuba el proceso de consulta popular del anteproyecto de Código de las Familias. El proceso, más que responder a los criterios consensuados que deben caracterizar a los mecanismos de democracia directa, constituye una instancia deliberativa acotada: el documento se discute en los barrios y se proponen modificaciones.
En ejemplo claro de autoritarismo participativo,
la consulta popular cubana no tiene carácter vinculante, no puede ser activada desde la ciudadanía, no es posible monitorear de manera independiente el agregado de propuestas ni realizar observación ciudadana acreditada. Tampoco se conocen los criterios que determinarán cuáles propuestas serán consideradas (y cuáles no) por la comisión de especialistas —cuyos nombres y rostros se desconocen— que funciona como filtro para sanear el debate del anteproyecto en un Parlamento que apenas sesiona y, mucho menos, confronta criterios. El paso siguiente de este proceso es un referéndum ratificatorio, del cual hoy solo tenemos el mandato constitucional y alguna breve referencia.El Código de las Familias
El anteproyecto de Código de las Familias y el correlativo proceso de consulta representan elementos contradictorios de lo que hoy es la realidad cubana. De un lado, se presenta un texto legal con elementos progresistas que incorpora criterios y principios reconocidos en convenciones internacionales, amplía los derechos a sectores tradicionalmente excluidos y considera demandas insertas en la lucha de décadas de movimientos feministas, la comunidad de diversidad sexual y debates académicos.
De otro, se cuestiona el momento político de su promoción —tras la represión de las protestas del 11J y los procesos judiciales ejemplarizantes de manifestantes realizados en las últimas semanas—, que mantiene criterios de vaguedad y figuras que otorgan la posibilidad de utilizarlo de manera discrecional contra activistas y opositores, así como la publicidad que le permite hacer al régimen cubano, que lo presenta como logro propio, una estrategia de lavado de rostro.
La consulta
La consulta implica una cuestionable plebiscitación de derechos, que pone en manos de una supuesta mayoría los derechos de una aparente minoría.
Por último, aparece siempre la discusión sobre el hecho de que, en un régimen sin garantías democráticas, sin un auténtico Estado de derecho, es poco lo que la norma escrita en papel puede garantizar. Así, para algunos, participar en la consulta y votar por el Código implica reconocer al mismo régimen que reprime y destierra, que separa familias y fomenta el odio entre los ciudadanos.
En las mismas fechas, pero de manera mucho más sigilosa y opaca, se presenta el anteproyecto del nuevo Código Penal. Un texto cuya primera lectura no anima a pensar en caminos que canalicen la expresión de los múltiples disensos que hoy atraviesan a la sociedad cubana. A diferencia del Código de las Familias, para este Código Penal —hasta lo que hoy conocemos— no existirá consulta popular, no se discutirán en los barrios sus artículos y propuestas ni se imprimirán millones de ejemplares para que la ciudadanía lo conozca. Menos aún se someterá a referéndum para su aprobación final.
El Código Penal
El anteproyecto de Código Penal recurre nuevamente a las formulaciones vagas de tipos penales que implican una multiplicidad de conductas aplicables a diversos contextos, lo que busca producir un efecto inhibitorio de las expresiones de disconformidad social. La nueva norma recurre, además, a figuras cuestionadas desde las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, susceptibles de ser utilizadas para reprimir a opositores y críticos. Entre las novedades que incluye el Código —que buscan responder al creciente activismo de la sociedad civil cubana y al estallido social de julio pasado— encontramos una regulación del mercenarismo más cercana a la narrativa oficial del régimen, que busca criminalizar cualquier financiamiento (no importan montos ni fuentes) para realizar casi toda actividad ciudadana autónoma. Otra innovación autoritaria busca considerar como delito la dirección de asociaciones civiles no reconocidas por la ley.
El anteproyecto de Código Penal mantiene la existencia en la legislación cubana de la pena de muerte y amplía su catálogo de aplicación a nuevas figuras delictivas, incluyendo siempre la posibilidad de sancionar con esta a los «delitos contra la seguridad del Estado».
El Gobierno cubano parecía estar en una moratoria de facto de la pena de muerte desde 2003, último conocimiento público de la aplicación de esta; pero también se ha abstenido, en votaciones de las Naciones Unidas, a apoyar una moratoria universal en el uso de esta pena. Así que el factor progresista —la noción de que el proceso de modificación o creación de nuevas leyes debería asumir las tendencias más avanzadas y las mejores prácticas internacionales—, en este caso, a diferencia del Código de Familias, no parece ser relevante.
Tomando partido
Los medios independientes, los activistas y un número creciente de ciudadanos politizados se han hecho eco o están tomando partido respecto a ambas legislaciones. En el caso del Código de las Familias, la discusión en el seno de la ciudadanía mantiene un correlato en medios oficiales y paraestatales que producen materiales, artículos, mesas de opinión, programas. Y las figuras principales del régimen se hacen eco de las ventajas y la ampliación de derechos que significa la norma. Esto contrasta con el silencio absoluto respecto al Código Penal, donde los llamados a discutirlo, las solicitudes de información y los hashtags han sido impulsados únicamente por la sociedad civil autónoma.
Esta discusión pública se da, además, en las precarias condiciones de existencia de esta sociedad civil, disminuida por los encarcelamientos, los destierros, la vigilancia permanente y la inexistencia de reconocimiento legal. Las arenas de incidencia en ambos casos están marcadamente limitadas.
La posibilidad de organización autónoma de la sociedad, a favor o en contra de los anteproyectos, topa de frente con la criminalización de la protesta, la imposibilidad de realizar actos que induzcan el voto, la falta de acceso a canales y medios de difusión masiva, y la opacidad y falta de transparencia de todo el proceso legislativo.
En un contexto de ciudadanía negada y de simulación participativa, quizás la sociedad cubana tenga en algunos meses un mejor y merecido Código de las Familias que proteja, incluya y amplíe derechos. Para algunos, entre los que me incluyo, será clave lo que acabe prevaleciendo en la disputa de intereses durante estos meses, pues nada garantiza que el anteproyecto que hoy se discute sea la versión final sometida a referéndum.
Pero muy probablemente, en ese mismo momento, Cuba tenga un nuevo Código Penal que le permita enviar un mensaje intimidante a la sociedad, buscando ahogar cualquier intento de soñar e imaginar un país, entonces sí, con derechos, todos los derechos para todos.
Dr. Armando Chaguaceda y Msc. Raudiel Peña Barrios. Local Citizen Participation under Leftist Authoritarianism. An analysis of the Cuban, Nicaraguan and Venezuelan experiencies. (inédito)
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