Antonio Brito es el líder del Partido Social Democrático (PSD) en la Cámara de Diputados de Brasil, donde es responsable de garantizar que las banderas de centro y centroderecha no sean absorbidas por la polarización. En entrevista con Diálogo Político, el diputado defiende una reducción en el número de partidos políticos. Hoy, en Brasil, hay 30 siglas registradas.

En su participación en el foro de la IDC-DCI en San Pablo, evento promovido el 21 de noviembre en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer, Brito afirma que esta fragmentación partidaria confunde más de lo que ayuda a la población, ya que dificulta la comprensión de las diferentes ideologías involucradas en el ajedrez político.

Fragmentación partidaria

¿Hay espacio para la centroderecha en un contexto latinoamericano en el que los países van cada vez más hacia los extremos?

—No solo hay espacio, sino que también la población está buscando esos espacios, ya que garantiza que partidos como el PSD sigan creciendo en el Congreso. Es un partido que salió de las últimas elecciones municipales brasileñas con más de mil alcaldes. La población busca estos partidos. Ahora estamos yendo hacia 47 diputados federales (en total la Cámara legislativa tiene 513 escaños). Los diputados son la representación popular y, si están migrando al PSD, es porque el partido está creciendo. Y deberá ser el partido fuera de los extremos que más crecerá en las elecciones al Congreso (en 2026). Lo que falta es llevar este proyecto a las elecciones nacionales, para que esa migración de diputados que ya se refleja en las elecciones municipales ocurra también en las elecciones generales.

[Lee: Relanzar un partido político, México y una centroderecha renovada]

Polarización

Cuando hablamos de extremos, tendemos a enfocarnos en el poder Ejecutivo. ¿Cómo se combate la polarización en el Legislativo?

—El PSD viene dialogando con todos los espectros políticos. La Cámara de Diputados brasileña hoy está más hacia la centroderecha, yendo hacia la derecha. Partidos como el PSD vienen dialogando, buscando crear consensos. Esa ha sido la marca del PSD: el equilibrio. En temas importantes, el PSD se posiciona de forma equilibrada. Esto ha sido muy importante en la actuación del PSD en la Cámara Federal.

¿Existe un diálogo con partidos de centroderecha de otros países de América Latina?

—La Internacional Demócrata Cristiana (IDC) ha hecho ese papel de dialogar con los partidos de centro y centroderecha de forma muy madura para que entendamos los movimientos regionales. Estoy seguro de que el IDC, bajo la conducción del expresidente colombiano Andrés Pastrana, observará estos movimientos que la población está haciendo.

El cuidado que estamos teniendo en el PSD es intentar acercar a la población a las ideologías partidarias de forma más clara, por eso defendemos la disminución del número de partidos. Queremos llevar este pensamiento a la IDC para que también discutamos sistemas electorales. Países de América Latina, principalmente de América del Sur, tienen hoy 30, 40 y hasta más partidos. La población no logra identificar realmente cuál es su espectro político en los partidos y sus representantes.

Política doméstica

¿Cuáles son sus expectativas para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Brasil?

—Aún es especulativo. Pero tenemos como precandidato a la Presidencia a Ratinho Júnior (Gobernador de Paraná) y, en ausencia de Ratinho Júnior, tenemos a Eduardo Leite (actual gobernador de Rio Grande do Sul).

En caso de segunda vuelta entre un heredero del bolsonarismo y el presidente Lula, como sugieren las encuestas, ¿el PSD ya sabe a quién apoyaría?

—Por ahora la posición del partido es esa (presentar los posibles precandidatos). Somos un partido que cuida la cuestión de la justicia social coexistiendo con el liberalismo, con el control de gastos, que tiene la sostenibilidad de las acciones ambientales, y que ha buscado tener ese equilibrio también en otras agendas. Lo demostramos en las elecciones municipales de 2024, lo que nos llevó a elegir alcaldes en muchas ciudades importantes, incluyendo cinco capitales: Florianópolis, Río de Janeiro, Belo Horizonte, São Luís do Maranhão y Curitiba.

[Lee: Democracias fragmentadas: ¿más partidos significa más representación?]

Jóvenes políticos

¿Cómo ha sido la relación del partido con la juventud brasileña?

—El PSD ha logrado debatir temas reales de la población. Por ejemplo, las cuestiones de seguridad pública y salud. En inteligencia artificial, tenemos a la diputada Luísa Canziani, que es presidenta de la comisión especial que trata la regulación de la IA. Los jóvenes se interesan por su futuro, por la perspectiva de futuro, empleo, renta y seguridad. Se interesan por una política cuando es palpable y con soluciones reales.

En su evaluación, ¿el PSD ha tenido éxito en atender estas demandas?

—Está teniendo éxito. Tenemos muchos jóvenes y muchas mujeres en el PSD. Somos el partido que tiene más mujeres en el Senado Federal. La única mujer de la mesa directiva hoy de la Cámara de Diputados es la Delegada Katarina, del PSD. El partido también ha dado protagonismo a los negros. Yo soy el único líder negro de partido político hoy en la Cámara. Tenemos igualdad de negros, mujeres, jóvenes. Esto es positivo, pues el PSD ha mostrado el retrato del país que quiere a todos contribuyendo con equilibrio.

¿Cuáles son los desafíos para el partido en el futuro próximo?

—Somos un partido joven, de 14 años, y el desafío es continuar ese crecimiento orgánico, manteniendo sus principios y valores históricos, con referencia a sus normas reglamentarias, sus estatutos construidos con mucho diálogo por el secretario de San Pablo, Guilherme Afif Domingos, y por el presidente del partido, Gilberto Kassab. Kassab es nuestro gran líder y ha tenido la sensibilidad de construir el partido con las diferencias regionales. Tenemos gobernadores en el Nordeste, en el Centro-Oeste, en el Sur y en el Sudeste. Realmente tenemos un partido plural de Norte a Sur de Brasil.

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The late 1990s marked the end of a phase in which nation states were weakened. This fragility manifested in two ways. First, the rise of transnational economic actors introduced internal competition that had once been regulated or contained by nation states themselves. Second, the dissolution of the Soviet Union and the end of the Cold War produced a unipolar international system, drastically narrowing the space for strategic action beyond national borders.

With the dawn of the new century, Latin America’s left-wing governments encountered a transformed scenario. This context allowed them to reassert state regulation, advancing a more closed form of capitalism coordinated with elites tied to the public sector. In certain cases, they also secured the backing of transnational corporations willing to operate under the new rules.

At the same time, the gradual shift back toward multipolarity opened external strategic opportunities. The erosion of international institutions and norms that had constrained absolute national sovereignty reinforced the internal power of states. Within this context, China, Russia, and Iran appeared as potential partners, offering cooperation without requiring democratic reforms or human rights commitments.

Latin American states consolidated internal strength and gained greater room for maneuver within a contested international system. This empowerment was fueled primarily by the boom in exportable commodities. 

Consequently, left-leaning governments and the national elites aligned with them reinforced their political power. This article examines how the new Latin American left—and its associated elites—responded to the repercussions of the Soviet collapse. What might have been a profound crisis was instead reframed as an opportunity to adapt, consolidate, and expand their influence as never before.

Those Who Rule (and Influence)

Before proceeding, it is important to clarify what is meant by elites. For this study, we adopt Turchin’s definition (2023, p. 17), which provides sufficient flexibility to apply to the Latin American context. Elites are understood as individuals who hold greater social power and are therefore capable of influencing others in multiple ways.

The capacity to influence has become a central and novel characteristic of elites. This challenges the most anachronistic perspectives, which reduce them to the oligarchies of the 19th century (García Delgado et al., 2018). The profound social and technological transformations of recent decades make such views no longer sustainable and demand their revision (Merkel, 1994).

In this context, elites are often portrayed as oligarchies, permanently obstructing popular triumph. They are attributed with a homogeneous and systematic intent to block transformative processes promoted by social majorities, themselves depicted as unified and inherently benevolent (Cannon, 2006). Yet reality is invariably more complex than such a narrative suggests.

The Old and New Latin American Elites

This research does not seek to trace in detail the historical evolution of Latin American elites or to offer a comprehensive analysis of each national case. Such an endeavor would be monumental.

It is worth emphasizing, first, that a defining characteristic of elites has been their heterogeneity. Rather than forming monolithic blocs, they have consistently been fragmented, with disputes and confrontations arising from ideological divisions, sectoral interests, and shifting power dynamics.

Conceiving elites as sectors endowed with the capacity to influence reveals a dynamic and active landscape in which diverse groups compete for power. Even among the defeated or those excluded from formal authority, elites can be identified. In this sense, the national elite emerges as a body marked by constant tension and conflict.

A second recurring feature of Latin American elites has been the persistence of intense nationalism, with Latin Americanism operating as its supranational expression.

This nationalism frequently acted as a point of convergence between left- and right-wing sectors of the elites, united in their rejection of values and practices associated with the United States. This dynamic stands in contrast to Europe and the United States, where the division between left and right has historically been more rigid and exclusive.

This phenomenon is neither recent nor confined to the second half of the 20th century. Since 1898, following the U.S. victory in the war against Spain, a rejection of this emerging global power has taken root in Latin America. The United States was perceived as embodying individualism and materialism, values that clashed with the region’s deeply rooted traditions.

Unlike in the 19th century, when many elites regarded the United States as a model, other sectors—intellectuals, politicians, and academics—embraced a romantic vision of Hispanic culture. At times this was tied to fundamentalist Catholicism, and in other cases to diverse strands of an emerging Latin Americanist ideology.

Latin American Nationalism

As Quijada (1998) demonstrates, the idea of Latin America emerged as a construct advanced by sectors of the elite seeking both to reinforce a universalist claim and to counterbalance the growing influence of the United States in the region. Over time, this discursive terrain provided fertile ground for the rise of populist narratives of diverse orientations—civilian and military, left-wing and right-wing.

In the context of the communist threat of the 1960s and 1970s—particularly following the Cuban Revolution—Latin American elites did not automatically align with the United States. Instead, many sought to uphold nationalist profiles that preserved margins of autonomy.

Even within these same sectors, affinities developed toward projects aligned with communism. They also established contacts with countries of the so-called global south and with national liberation movements in Africa and Asia. This reality contrasts with certain academic and intellectual interpretations from the left that imagined a uniform support (Vommaro and Gené, 2018).

This diverse and conflict-ridden scenario helps explain the authoritarian responses of other elite groups, often expressed through personalistic leadership styles or, more directly, through military coups and revolutionary movements.

This summary demonstrates that Latin American elites cannot be reduced to a closed aristocracy or a purely extractive oligarchy, as suggested by Bull (2013). Rather, they constituted a heterogeneous and strongly ideological universe, defined by nationalist and confrontational traits projected toward the past, present, and future, and marked by recurrent violence.

The consequences of these disputes were not homogeneous; they unfolded differently depending on the national context in which they occurred.

[The Latin American elites] constituted a heterogeneous and strongly ideological universe, defined by nationalist and confrontational traits projected toward the past, present, and future, and marked by recurrent violence.

The Latin American Left after Real Socialism 

In Latin America, the fall of the Berlin Wall did not resonate with the same intensity as in Europe. For European intellectual and political circles, it was a stunning event. For the Latin American left, however, its impact proved more limited.

This is explained by the fact that it was never fully Marxist, nor did it define itself exclusively in relation to Soviet communism. While it incorporated socialist elements, its ideological foundations were heterogeneous, blending influences from nationalism, Jesuit-inspired Catholicism, populism, and diverse national political traditions.

Therefore, the political and intellectual elites were not paralyzed by the Soviet collapse. The Latin American left proved more pluralistic and hybrid, anchored in local traditions rather than a rigid Marxist-Leninist affiliation.

This diversity, which at times hindered collective action, found a powerful facilitator in Cuba. The island provided a shared horizon of resistance against the United States and, simultaneously, offered its own model—distinct from the Soviet one—for organizing social and political struggles in the region.

This strengthened its influence and enabled it to play a central role in shaping the more left-leaning Latin American elites. Contrary to certain academic interpretations, these elites were neither socially marginalized nor homogeneous in their adherence to revolutionary ideals.

Cuba’s relationship with the Soviet Union was not one of complete subservience. The island pursued its own projects and, for that reason, aligned more closely with urban guerrillas and armed organizations than with the traditional—and often bureaucratic—communist parties.

Latin American communist parties, for their part, often played an ambiguous and even contradictory role. At times, their political strategies led them to endorse options that were difficult to justify within a revolutionary orthodoxy.

Therefore, a tradition of diversity has long characterized Latin American elites. In the 21st century, however, this tradition experienced a significant transformation with the rise of Bolivarian socialism. The project promoted a regional offensive aimed at aligning national elites under its banner, producing friction with the plural trajectories that had historically defined them.

A Turning Point in the History of Elites

One of the clearest indications that the Latin American left was able to confront the effects of socialism’s collapse is that, as early as 1990—prior even to the dissolution of the USSR—it already had a strategy to respond to the crisis.

The creation of the São Paulo Forum in 1990 marked a turning point. It convened politicians, social movements, intellectuals, cultural figures, religious leaders, and representatives of diverse leftist currents.

The aim was to establish a common program and strategies that soon extended throughout Latin America, aided by the discontent and rejection directed at the governments of the 1990s.

With Hugo Chávez’s rise to power and his alliance with Cuban communism, the movement gained clear leadership, a cohesive narrative, and vital resources from the oil boom. This dynamic was reinforced by the election of new governments in Argentina, Bolivia, Brazil, and Ecuador, which also prospered under favorable economic conditions.

During the so-called Pink Tide—the cycle of progressive and left-wing governments in Latin America beginning in the early 2000s—new political, cultural, intellectual, technocratic, and bureaucratic elites emerged.

Their formation was anchored in state resources, yet equally in a revitalized political and symbolic capital—legitimized through appeals to social redistribution, national sovereignty, and regional integration.

The Festival Against the FTAA, organized in Mar del Plata, Argentina, in November 2005 during the Fourth Summit of the Americas, represented a decisive turning point. It was both a political and cultural milestone that exposed the strategies of the emerging elites to a global audience.

The event combined Chávez’s speeches with the diverse presence of Latin American social movements, representatives of the artistic and cultural world—including Manu Chao—and popular figures from outside the political sphere, such as Diego Maradona. Emerging leaders like Evo Morales also took part, portrayed by the European and North American press in an idealized and romantic light that proved difficult to sustain in practice. Shortly thereafter, the same dynamic would be applied to Ecuador’s Rafael Correa.

A New Illiberal Program

The return to a more pronounced multipolarity, together with the economic and political ascent of the left in the 21st century, resulted in power exercised with limited constraint. As part of its strategy for expansion —and legitimization—, it incorporated agendas linked to European post-materialist values such as feminism, environmental protection, multiculturalism, and human and civil rights.

However, these ideas were stripped of their liberal foundations and reinterpreted through the lens of identity politics and authoritarianism. In this way, a politically correct narrative was constructed, aimed at marginalizing or canceling dissidents and opponents.

On a theoretical level, these transformations were systematized by thinkers such as Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, whose work offered an ideological and academic framework for action.

A defining characteristic was their transnational action. For this reason, Grundberger (2023) aptly referred to them as the Pink Galaxy. These groups acknowledged one another across borders, organizational types, and sectors of the left.

Spaces such as the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO), the Puebla Group, the Progressive International, a range of transnational NGOs, and the Latin American and European progressive press positioned themselves as allegedly “independent” narrators.

These actors legitimized measures intended to destabilize any government that sought to reverse or restrict Bolivarian policies. They also contributed to justifying the more authoritarian practices of allied governments and to canceling their critics.

The leadership vacuum within the European left opened space for Latin American agendas to assert themselves across the old continent. In an unprecedented development, they also exerted influence on sectors of the American elite, traditionally more cohesive during the Cold War.

Over time, the traditional flow of funding from Europe to Latin America was reversed. Intellectuals, NGOs, and political parties in Europe, along with actors in other regions, began receiving resources from Latin America—most notably Venezuela.

This process endowed the pink galaxy with a more global reach.

Elite Overproduction

The convergence of abundant resources, charismatic leadership, state-granted privileges for adherents, and a carefully constructed ideological narrative allowed these elites to consolidate control over national and supranational institutions tied to culture, education, and the defense of rights.

At the same time, it promoted the expansion of public employment to benefit its supporters and facilitated the creation of large‑scale corruption schemes—such as those involving Brazil’s Workers’ Party and Petrobras—designed to illegally finance political activity.

Depending on the country, governments allocated lucrative business deals to the armed forces, influential politicians, power brokers, their publicists, and local leaders. In doing so, they effectively cannibalized the state to reward their supporters.

Appealing to what Turchin (2023) terms the elite overproduction, governments simultaneously distributed micro-shares of power to neighborhood organizations, unions, student groups, intellectual circles, and even organized crime sectors. This was achieved through the creation of positions, the distribution of state resources, and the displacement of political adversaries—many of whom were dismissed, marginalized, or exiled.

This process led to the consolidation of a self-perceived universe of elites that expanded exponentially. Their advantages grew even amid rising poverty, reinforcing their determination to defend their status.

The renewed and consistent integration of these leftist groups into the elites enabled them to endure periods outside the national governments. They maintained resistance through the opposition, subnational administrations, academic and artistic institutions, and social movements, supported by transnational networks and even international cooperation funds.

Meanwhile, on the other side, the opposite unfolded. 

Who Opposes the Pink Tide?

A central factor in explaining the ascent of the Pink Tide parties and their successors lies in the weakness of their adversaries. Democratic, liberal, and conservative sectors, ranging from the center to the right—failed to comprehend the nature of the challenge before them. That is why they failed to recognize that, once in control of the state, the new left-wing elites would be unlikely to exercise—or surrender—that power strictly in accordance with the rules of the democratic game.

In Venezuela, these developments gave rise to dynamics typical of a totalitarian regime. In Argentina, by contrast, it manifested in the subordination of civil society to the state. The outcome was a country that proved difficult to govern through any logic other than clientelistic patronage and corruption.

The condition in which the Movement for Socialism governments left Bolivia—and the challenge of governability for the next president—constitutes an enigma not easy to resolve. A similar situation can be observed in Honduras, Nicaragua, and in the processes currently unfolding in Colombia and Mexico.

The Battle for the Narrative

The reality is that, outside the regional left, there is no common narrative, no shared spaces or stories, and no transnational networks to connect its actors. Nor are there symbolic mechanisms or cultural references capable of consolidating a collective identity. Beyond the pink galaxy, fragmentation prevails.

Furthermore, these sectors failed to achieve electoral unity or to coordinate joint actions within fragmented congresses. In many cases, this weakness made their own governments vulnerable to the offensive of the left.

A turning point came with the social and political conflicts orchestrated against the governments of Guillermo Lasso in Ecuador (2022), Mauricio Macri in Argentina (2017), Dina Boluarte in Peru (2022–2023), Iván Duque in Colombia (2019 and 2021), and Sebastián Piñera in Chile (2019).

These events were coordinated and intended to open the doors of power to the left, a goal effectively achieved in several countries. A major triumph for the left lay in constructing and imposing, as common sense, a narrative about itself. This narrative was presented in a naive and Manichean manner, while simultaneously portraying its opposition as part of the discredited far-right.

The policies advanced by the Pink Tide not only consolidated left-wing governments in their countries of origin. They also paved the way for a second wave that elevated major leaders to power in other Latin American states, including Andrés Manuel López Obrador in Mexico, Gustavo Petro in Colombia, and Xiomara Castro in Honduras.

This new phase provided greater momentum to authoritarian dynamics. These were directed toward capturing the state, neutralizing opposition, restricting freedom of expression, and, in certain cases, pressuring the judiciary to secure policy continuity. A clear example is the trajectory of Claudia Sheinbaum, successor to López Obrador.

A distinctive feature of the present era is the rise of a new transnational entity that brings together states, guerrilla movements, and criminal cartels. This phenomenon is most clearly observed in Venezuela and Cuba, given their connections to organizations such as the Tren de Aragua and the Cartel of the Suns.

Conclusions

The multipolar order that emerged at the dawn of the 21st century facilitated the transnational action of the Latin American left, in contrast to the unipolarity of the 1990s, which had constrained it.

In a world marked by competing actors, the opportunities to pursue strategies of geopolitical ambiguity, flexible international alignments, and opposition to the global North expanded.

The combination of the influx of vast resources and the consolidation of strong governments—often achieved by dismantling or weakening institutional controls to neutralize opposition—made it possible to implement the agenda that formed the core of the regional left’s political project.

While adapting to the specificities of each nation, the left maintained a common aim: to appropriate the elite, thereby giving greater depth to its transformations and ensuring their durability.

Paradoxically, while in power, they attributed their failures to an elite that in many cases no longer existed.

Over time, an elite once heterogeneous, contradictory, and diverse—even marked by violence—was transformed into something far more homogeneous.

Leftist thought grew almost inseparable from the State, relying on its resources and privileges as the basis for legitimizing and sustaining its political projects.

Progressivism simultaneously established itself as the common sense shaping the narratives of academia and the cultural sphere.

So long as these elites remain effectively unchallenged by ideologically opposed counterparts across political, cultural, discursive, and social mobilization fronts, the 21st-century left will continue to hold power—even beyond formal government.

Bibliography

Bull, B. (2013). Elites and environmental governance in Latin America: A framework for studying a contentious issue. ENGOV Working Paper Series No. 2. University of Oslo.

Cannon, B. (2016). The right in Latin America: Elite power, hegemony and the struggle for the state. Routledge.

Gibson, E. L. (1996). Class and conservative parties: Argentina in comparative perspective. Johns Hopkins University Press.

Grundberger, S. (2024). La galaxia rosa: Cómo el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina. Konrad Adenauer Stiftung.

Marcos, J., & Mateo, J. J. (2016, June 20). Venezuela Assembly probes Podemos funding from Chávez regime. El País (English edition).

Merkel, W. (1994). Entre la modernidad y el posmaterialismo: La socialdemocracia europea a finales del siglo XX. Alianza Universidad.

Quijada, M. (1998). Sobre el origen y difusión del nombre «América Latina» (o una variación heterodoxa en torno al tema de la construcción social de la verdad). Revista de Indias, 58(214), 595-616.

Turchin, P. (2023). Final de partida: Élites, contraélites y el camino a la desintegración política. Debate.

Vommaro, G., & Gené, M. (Comps.). (2018). Las élites políticas en el Sur: Un estado de la cuestión de los estudios sobre la Argentina, Brasil y Chile. Universidad Nacional de General Sarmiento.

In recent years, Latin American countries have begun to lean towards the BRICS as a strategic foreign policy option. Argentina was formally invited to join the grouping in October 2023 – only to decline membership a few months later. Cuba and Bolivia became ‘partner countries’ of an enlarged BRICS+ in January 2025. At Brazil’s invitation, Mexico, Uruguay, and Colombia attended the BRICS Summit in Rio last July. What explains Latin America’s growing interest in the bloc? And why did it take Latin American countries over a decade to express their desire to be part of the BRICS?

The answer for both questions lie in how the world – and the BRICS – have changed since the beginning of the 21st century. The genesis of the BRICS grouping marks a pivotal shift in global governance, evolving from a speculative economic acronym to a significant political-diplomatic alliance. This transformation stems from the aspirations of emerging powers to reshape the international order towards a more multipolar world.

Initially coined by Goldman Sachs economist Jim O’Neill in 2001, the term BRIC – comprising Brazil, Russia, India, and China – identified these nations as promising investment destinations with anticipated superior economic performance compared to G-7 countries. Although O’Neill’s early reports projected their collective economic heft, the transition from a mere market acronym to a concrete alliance was driven by political will rather than solely financial market trends. The informal BRIC grouping began to solidify into a political entity in 2006, when the foreign ministers of Brazil, Russia, India, and China commenced annual meetings on the margins of the United Nations General Assembly.

Diplomatic coordination between emerging powers gained momentum following the 2008 global financial crisis, which underscored the need for reforms in international financial institutions. The first BRIC heads-of-state summit was hosted by Russia in Yekaterinburg in 2009, establishing annual gatherings that provided “body and content” to the nascent bloc (Garcia and Bond, 2018). South Africa’s inclusion in 2010, at China’s request, formalized the BRICS acronym in 2011 and significantly expanded its geographic representation.

Over the last couple of years, the BRICS doubled its size and launched a new category of partner countries. With 45% of the world’s population, 35% of the world’s gross domestic product (GDP) in purchasing power parity (PPP) terms, and nearly half of the world’s oil production, BRICS+ is a force to be reckoned with in world affairs, acting as a platform for the Global South (Heine, 2025). Although Latin America has yet to increase its presence in the BRICS, the changing geopolitical landscape looks promising – but not without challenges, which I will explore in the next sections.

Latin America and the formation of the BRICS

Latin America was not part of the original vision put forth by the BRICS, at least in terms of representation and membership. Those who imagined the grouping exclusively as an association of emerging, fast-growing economies, like O’Neill himself, claimed that Mexico should be considered. When the BRICS took a political turn, other investor-friendly acronyms came about – such as MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria, Türkiye) or CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Türkiye, South Africa), which showcased some of Latin America’s open economies (O’Neill, 2013). In the BRICS, however, Brazil acted as both bridge and gatekeeper between the group and other Latin American countries.

Brazil, as a founding member and the sole Latin American representative in the BRICS, engages with the other members of the bloc driven by several key motivations: a pursuit of prestige and geopolitical influence, an enhanced proximity to China, and a form of «insurance» against potential diplomatic isolation from Western powers (Stuenkel et al, 2025). Under President Lula da Silva, Brazil consistently articulated a “multi-aligned strategy,” seeking to bolster ties with other emerging economies without alienating traditional partners in the United States and Europe (Berg et al, 2024). This approach positioned BRICS as a platform for pooling the interests of the Global South, thereby amplifying Brazil’s voice in critical global governance forums such as the UN, WTO, and Bretton Woods institutions. Brazil played a particularly active role in shaping the BRICS’ institutional architecture, proposing solutions and coordinating negotiations for key initiatives like the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve Arrangement (CRA).

The role of Brazil

Regarding its role in the Latin American order, Brazil did not entirely go it alone but rather sought to integrate its regional leadership aspirations with its BRICS participation. Brazil is recognized as the largest and most economically powerful country in South America, with a significant regional influence extending to its neighbors. The Brazilian National Social-Economic Development Bank (BNDES), for instance, has historically directed most of its disbursed funds to Latin America. At the 2014 Fortaleza Summit, the BRICS heads of state met with leaders from the Union of South American Nations (UNASUR), thereby introducing a regional dimension to the bloc’s activities.

If it is true that Brazil has sought to project Latin America’s interests within the BRICS, it is also true that this process has faced several challenges, thanks to the asymmetries between Brazil and its neighbors. While smaller South America countries, like Bolivia, Paraguay, and Peru, resent Brazil’s regional role and their dependence on Brazilian government and multinationals, middle-sized challengers, like Argentina, Venezuela, and Colombia, reject Brazil’s self-promoted role as the voice of the region in multilateral arrangements (Malamud, 2011). Moreover, China’s and Russia’s growing influence in Latin America often came at the expense of Brazil’s regional position and reduced the incentives, on Brazil’s side, to vouch for new Latin American members in the BRICS.

BRICS evolving interests in Latin America

The period between 2013 and 2019 witnessed a profound transformation in global geopolitics, significantly shaped by the ascent of China under President Xi Jinping. This era redefined the internal dynamics of the BRICS grouping, often in stark contrast to the economic stagnation experienced by other key BRICS members like Brazil and South Africa. China’s efforts steered the BRICS from a primary focus on economic and trade cooperation towards a broader framework encompassing political and security issues, aligning with Beijing’s overarching strategic priorities (Zhao, 2025).

China’s expanding economy naturally led to a growing interest in Latin America. By 2024, trade grew to a record $518 billion. In 20 years, Chinese development banks loaned more than $120 billion to Latin America and the Caribbean, often in exchange for oil and used to fund energy and infrastructure projects – the main destinations being Venezuela, Brazil, Ecuador, and Argentina.

Moreover, China currently ranks as South America’s top trading partner and the second largest for Latin America, after the United States (Roy, 2025). This trade relationship, however, often reflected a “North-South” dynamic, with nearly three-quarters of Latin American exports to China comprising primary products. While China exported manufactured goods, Latin American countries primarily supplied raw materials and agricultural commodities (Garcia and Bond, 2018).

Under increasing Chinese intra-bloc protagonism, the creation of the New Development Bank at the 2014 Fortaleza Summit marked a pivotal moment in the institutionalization of the BRICS and its ambition to reshape global financial governance. The NDB’s structure, which explicitly allows for non-BRICS countries to join, presents an alternative source of development financing for Latin American nations. A key appeal is the promise of financing without the political conditionalities often attached to loans from Western-dominated institutions like the World Bank and IMF, a factor highly valued by developing countries (Garcia and Bond, 2018).

Concurrently, the Contingent Reserve Arrangement (CRA), also established at Fortaleza, serves as a financial safety net designed to help BRICS countries forestall short-term liquidity pressures and provide mutual support. With an initial size of US$100 billion, the CRA aims to strengthen the global financial safety net and complement existing international arrangements. For Latin American countries, particularly those facing international sanctions or seeking to reduce their dependence on the US dollar, the CRA and other BRICS initiatives like the “BRICS Bridge” alternative payments system and the promotion of local currency trade offer attractive mechanisms to circumvent Western financial systems (Klomegah, 2024).

The pandemic brought new opportunities

The Covid-19 pandemic significantly changed the landscape of international cooperation, which paved new roads for the relationship between Latin America and the BRICS. Western “vaccine nationalism” and lack of cooperation with the Global South gave China, India, and Russia the opportunity to strengthen ties with all regions of the world, including Latin America, through vaccine diplomacy, alternative financing, and calls for global health cooperation (Heine, 2025). Despite falling short of providing a sound collective response to Covid-19, the BRICS group has been unequivocal on the need for health equity, technology transfer, joint research and surveillance, and access to medicines and vaccines (Moore, 2022). For Latin American nations, the pandemic, particularly under a perceived confrontational US administration like Trump’s, heightened the appeal of BRICS as an alternative to traditional Western partners.

What are Latin American countries looking for in BRICS membership?

The recent expansion of the BRICS grouping, formalized with the addition of Egypt, Ethiopia, Iran, and the United Arab Emirates in 2024, and Indonesia in 2025, underscores the triumph of geopolitical motivations in shaping the bloc. An enlarged BRICS+ is explicitly designed to shift the global balance of power away from American unipolarity towards a multipolar, non-Western international order, with the ambitions of individual member states driving its trajectory. This expansion has also seen increased interest from several Latin American nations, driven by distinct geopolitical and economic motivations.

— Venezuela sees BRICS membership as a crucial platform to counterbalance US influence and mitigate the impact of international sanctions, which have restricted its access to financing and global markets. Nicolás Maduro’s regime views BRICS as a means to secure NDB funding, diversify economic relations, and conduct transactions in currencies other than the US dollar, thereby weakening the US-led unipolar order. Venezuela has already established political, financial, military, and energy partnerships with BRICS founders China and Russia (Holtzmann et al, 2024; Mijares, 2025).

— Nicaragua has expressed strong interest in joining the BRICS. President Daniel Ortega views the grouping as a platform for powerful and developing countries to create a multipolar world and address poverty and hunger. Nicaragua’s bid for membership is also in line with its desire to position itself as “Russia’s regional platform” and to strengthen ties with China (Berg et al, 2024; Holtzmann et al, 2024).

— Bolivia, with its large lithium reserves, seeks BRICS membership as an opportunity for technological and economic development, aiming to move away from US dollar dependence and attract investments in its mining sector, particularly from Russian and Chinese companies. Bolivia has actively engaged in discussions to secure NDB financing and diversify trade away from the dollar (Holtzmann et al, 2024).

— Cuba, a long-standing Cold War ally of Russia, sees BRICS as an economic lifeline for its struggling economy, deepening ties with Russia, China, and Iran to circumvent US sanctions and the embargo. Russia, in particular, has been actively restructuring Cuba’s debt and engaging in economic agreements (Berg et al, 2024).

— Colombia, in contrast, approaches BRICS with greater caution. While President Gustavo Petro’s administration is interested in diversifying international partnerships and attracting new investments, it remains careful not to jeopardize its long-standing ties with the United States, its top security ally and economic partner. For Bogotá, potential collaboration with BRICS is a way to expand strategic options without committing to a full realignment (Mijares, 2025).

— Argentina, under President Javier Milei, notably withdrew its application for BRICS membership, citing ideological differences and a foreign policy objective of reducing financial and economic dependence on China and not cooperating with Russia. This highlights the ideological cleavages and varying degrees of alignment with Western values within Latin America that influence engagement with BRICS (Bingyun, 2024).

The expansion of BRICS has, however, created a “bind” for democratic founding members like Brazil and India. It has become harder to portray BRICS as a non-confrontational, non-aligned entity. The shift in the balance of power, with autocracies now outnumbering democracies within BRICS+, has raised concerns that the bloc is becoming more explicitly anti-Western and Beijing-centric. This democratic deficit may lead countries like Brazil to lean out of the BRICS, reversing a decade of enthusiastic participation, due to increasing liabilities and a perceived loss of control over intra-BRICS dynamics (Berg et al, 2024).

What can the BRICS benefit from expanding to Latin America?

China, the economic hegemon within BRICS, sees the expansion as a strategic bridge to harness and shape the transformative power of non-Western countries to reform the international system. Beijing leverages selective membership invitations to solidify its leadership within the Global South, aiming for a Beijing-centric global order. This includes fostering deeper trade ties and expanding its influence globally, often as an «insurance policy» against potential Western isolation (Holtzmann et al, 2024) 

Russia’s motivations for driving expansion are distinctly anti-Western, aiming to establish BRICS as a tool to diminish U.S. global dominance and develop financial and trade mechanisms outside the purview of Western sanctions. Moscow actively courts authoritarian Latin American countries like Venezuela, Cuba, and Nicaragua to expand its geopolitical influence under the guise of anti-imperialism. Russia’s active support for these nations underscores its geopolitical push for a less U.S.-centric world (Holtzmann et al, 2024).

India, operating under a policy of “multi-alignment,” uses BRICS as an alternative platform to demonstrate international leadership, promote multipolarity, and assert its role in the Global South. India supported the accession of all new members, viewing it as an adaptation of global institutions to changing times. However, India also endeavors to prevent the bloc from becoming an explicitly anti-Western clique or being entirely dominated by China, balancing its BRICS engagement with its vital relationships with Western partners (Holtzmann et al, 2024).

Brazil has maintained a more ambiguous stance on enlargement. Brasília has long opposed the expansion, fearing a dilution of its influence within the bloc and an increase in the clout of China and Russia. Brazil’s consistent aim has been to prevent BRICS from veering towards an explicitly anti-Western direction, which would thwart its long-standing ties with the United States and Europe (Illueca, 2025). While Brazil gave tacit support to Colombia’s aspiration to join, its reservations likely contributed to Venezuela’s bid for full membership falling short at the Kazan summit, as implied by Russian President Vladimir Putin’s call for Brazil and Venezuela to “work out their differences” (Berg et al, 2024).

Conclusion

The relationship between Latin America and the BRICS is fraught with internal contradictions and external pressures (Serbin, 2023). The BRICS grouping, despite its stated goals of promoting a more equitable and democratic world order, struggles with its own internal divergences, including significant differences in historical paths, economic structures, political systems, and power ambitions. The rivalry between China and India, Russia’s unique geopolitical position, and China’s growing dominance within the bloc all contribute to internal friction. Critics argue that the BRICS risk reproducing the very imperialist patterns they claim to challenge, with the benefits accruing primarily to metropolitan elites within the BRICS countries and their junior partners in the external peripheries (Garcia and Bond, 2018).

For Latin American economies, the probability of adopting a conflicting posture with their traditional Western partners in the short term remains low, as trade and investment relations with the United States and the European Union are still predominant for many (Baumann, 2025). Therefore, for BRICS to garner widespread support for a new global governance scenario, it must offer compelling incentives and build a robust support network beyond its immediate members.

The West, in turn, views the BRICS as a “wake-up call” and is urged to increase cooperation with the Global South, integrate Western-oriented BRICS countries more closely into existing global governance structures, and foster new economic partnerships and free trade agreements (Holtzmann et al, 2024). Concluding agreements such as the EU-MERCOSUR trade agreement and prioritizing relations with countries like India are seen as crucial steps to prevent a vacuum that could be filled by other powers, particularly China. The new Trump administration has embraced a different course of action, threatening all BRICS countries with massive tariffs to weaken the bloc and push Latin American countries away from Chinese influence. So far, the US strategy has backfired (Martin, 2025).

In conclusion, the relationship between Latin America and the BRICS is a dynamic and evolving process. The bloc’s expansion and its increasingly anti-Western rhetoric is an opportunity for Latin American nations who seek closer strategic and political ties with Moscow and Beijing, but it also present challenges, particularly for democracies across the region. Furthermore, whereas the BRICS offers an alternative source of financing and a platform to challenge Western hegemony, it is also criticized for potentially perpetuating existing economic inequalities and raising geopolitical liabilities. The future trajectory of this relationship will depend on the BRICS’ ability to reconcile its internal contradictions, articulate a genuinely inclusive and sustainable development agenda, and effectively build broader support among developing nations, while managing the increasingly strained ties with the United States and other Western powers.

References

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Berg, R. C., Hernandez-Roy, Ch., Bledsoe, R. & Ziemer, H. (2024, October 28). Why are Latin American Dictators Seeking Membership in BRICS+? CSIS.

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¿Qué ocurre con la democracia cuando una parte creciente de las decisiones deja de ser objeto de deliberación y pasa a estar mediada, orientada o directamente automatizada por sistemas algorítmicos?

Durante mucho tiempo pensamos la tecnología como algo externo a la política: un medio disponible para fines previamente definidos. La inteligencia artificial vuelve insostenible esa comodidad conceptual. Los algoritmos no se limitan a ejecutar órdenes; configuran el entorno mismo en el que las decisiones se vuelven posibles, clasificando, prediciendo y haciendo recomendaciones. Determinan qué opciones aparecen primero, cuáles se vuelven invisibles y qué riesgos son considerados aceptables. No sustituyen simplemente la decisión humana: rediseñan el escenario en el que decidir tiene sentido.

La decisión como problema político central

Esta mutación plantea un problema político de primer orden y es que la democracia moderna se apoya en la posibilidad de atribuir decisiones y discutirlas públicamente. Pero, ¿cómo sostener esa lógica cuando los procesos decisionales se vuelven opacos y estadísticos? ¿Quién es responsable cuando nadie decide en sentido estricto?

Estas preguntas atraviesan, de modo más o menos explícito, el debate contemporáneo sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, rara vez son abordadas con la profundidad conceptual que requieren desde la filosofía política. En este contexto resulta especialmente relevante el reciente libro de Daniel Innerarity, Una teoría crítica de la inteligencia artificial (Galaxia Gutemberg, 2025). La obra va más allá de la habitual reflexión sobre riesgos tecnológicos y propone una auténtica filosofía política de la inteligencia artificial.

[Lee: La inteligencia artificial y su impacto en los procesos electorales]

El mérito central de su enfoque consiste en desplazar la atención desde la máquina hacia la decisión. No le interesa especular sobre una hipotética superinteligencia ni alimentar temores distópicos. Su pregunta es más incómoda y más fecunda: ¿cómo se transforma la decisión democrática en un entorno crecientemente automatizado? La inteligencia artificial no aparece aquí como un mero problema técnico ni como un dilema ético accesorio, sino como una nueva constelación racional que obliga a revisar categorías políticas fundamentales.

Determinismo y distopía

Desde el inicio, el autor toma distancia de dos posiciones que dominan el debate público. Por un lado, el determinismo tecnológico, que presenta el desarrollo algorítmico como una fuerza imparable ante la cual solo cabría adaptarse. Por otro, la narrativa distópica que imagina escenarios de sustitución total de lo humano por la máquina. Frente a ambos extremos, Innerarity propone algo más exigente: comprender la lógica interna de la razón algorítmica y examinar críticamente sus efectos políticos.

También cuestiona tanto la idea de una moratoria tecnológica como el enfoque puramente ético. Frenar el desarrollo de la inteligencia artificial resulta poco realista en un contexto de competencia global, pero tampoco basta con multiplicar códigos de buenas prácticas que terminan funcionando como acompañamiento decorativo del statu quo. El desafío no es solo normativo, es institucional y conceptual. Todavía no sabemos cómo pensar democráticamente una sociedad en la que decisiones relevantes son delegadas a sistemas opacos y adaptativos.

Dos inteligencias, dos racionalidades

En este debate resulta crucial distinguir entre distintos tipos de inteligencia. Innerarity dedica especial atención al tema, en el que pocos investigadores se detienen. La inteligencia artificial contemporánea —especialmente la basada en aprendizaje automático y grandes modelos de lenguaje— muestra una capacidad extraordinaria para procesar datos, detectar patrones y optimizar funciones. Pero esa potencia no equivale a comprensión. Estos sistemas aprenden a partir de regularidades estadísticas del pasado. No comprenden el mundo, no generan sentido y no se enfrentan a lo nuevo en cuanto tal.

[Lee: Inteligencia artificial, ética y política]

La inteligencia humana, en cambio, no se define solo por la eficacia instrumental. Incluye juicio, imaginación, comprensión contextual y capacidad de deliberar en condiciones de incertidumbre, incluso a partir de un solo caso singular. Su rasgo distintivo no es la velocidad ni la acumulación de información, sino la posibilidad de redefinir fines, introducir rupturas y hacerse cargo de lo indeterminado.

La cuestión no es establecer una jerarquía tranquilizadora entre humanos y máquinas. El punto es otro: si confundimos cálculo con juicio, terminaremos organizando la vida pública como si todo conflicto pudiera resolverse mediante optimización. Y allí la política deja de ser deliberación sobre fines para convertirse en una mera gestión de probabilidades en manos de algoritmos. El problema no es que la máquina piense demasiado, sino que nosotros pensemos cada vez menos en términos políticos.

El mito de la neutralidad algorítmica

Allí donde antes había debate y conflicto, proliferan ahora sistemas que anticipan comportamientos futuros a partir de patrones pasados, negando la posibilidad de lo que no es tan predecible: la libertad humana. La deliberación es desplazada por la predicción. Cuando la política se deja guiar exclusivamente por lo que funciona estadísticamente, el futuro deja de ser un horizonte abierto y se convierte en extrapolación de lo ya conocido, cayendo en un círculo de sesgo confirmatorio, que solo se repite lo esperado.

[Lee: La libertad y la verdad secuestradas por la inteligencia artificial]

La democracia no es solo un método para detectar preferencias existentes. Es también un espacio donde esas preferencias pueden transformarse. En sociedades marcadas por desigualdades estructurales y por instituciones democráticas aún frágiles —como ocurre en buena parte de América Latina— este desplazamiento hacia la predicción corre el riesgo de consolidar, bajo apariencia técnica de neutralidad, decisiones que afectan de manera desigual a los sectores más vulnerables.

Se suele afirmar que los algoritmos son objetivos y libres de prejuicios. Pero los datos no hablan por sí solos. Son seleccionados, organizados y ponderados según criterios que responden a intereses, prioridades y supuestos normativos. Incluso el aprendizaje automático opera dentro de marcos diseñados por alguien. La supuesta neutralidad técnica es, en realidad, una forma sofisticada de decisión previa.

Paradójicamente, cuanto más complejos y adaptativos se vuelven estos sistemas, más difícil resulta identificar dónde se ejerce el poder. La dominación ya no adopta la forma visible de la orden o la prohibición, sino la forma discreta de la recomendación, la optimización o la personalización. No se nos obliga: se nos orienta. Y esa orientación, precisamente por su carácter técnico, tiende a naturalizarse como si no fuera una decisión política.

Transparencia, opacidad y control democrático

Ante este escenario, la respuesta habitual es apelar a la transparencia y se nos dice: “Si los algoritmos fueran auditables y abiertos el problema estaría resuelto”. Innerarity muestra por qué esta respuesta es insuficiente. No toda transparencia es políticamente relevante, ni toda opacidad es antidemocrática. Conocer el código de un sistema no garantiza comprender su impacto social ni habilita un control democrático efectivo.

La pregunta decisiva no es simplemente cómo regular la inteligencia artificial, sino cómo insertarla en la cadena de legitimidad democrática. Cuando intervienen sistemas que aprenden y se adaptan, ¿quién asume la representación? ¿Cómo se mantiene la igualdad en un entorno de decisiones personalizadas? ¿Qué ocurre con la deliberación cuando las preferencias son moldeadas antes de que lleguen a expresarse públicamente?

[Lee: Inteligencia artificial: modelos de regulación para Latinoamérica]

La inteligencia artificial se ha convertido en una infraestructura normativa. Organiza comportamientos, distribuye oportunidades y condiciona expectativas. No puede ser pensada como un ámbito externo a la política. Regularla no consiste solo en imponer límites técnicos, sino en diseñar instituciones capaces de integrar la automatización sin renunciar al autogobierno.

Democracia sin ingenuidad

Tal vez el riesgo más profundo de la inteligencia artificial no sea la dominación tecnológica, sino algo más sutil: la renuncia progresiva a decidir. Automatizar no es solo delegar tareas; es aceptar que ciertas decisiones ya no merecen deliberación humana porque el sistema “lo hace mejor”. Esta lógica puede ser razonable en ámbitos técnicos específicos, pero se vuelve problemática cuando se extiende a decisiones que involucran valores y derechos humanos. Si nadie decide, nadie responde.

La inteligencia artificial no anuncia el fin de la política. Pone en crisis cierta comodidad intelectual con la que pensábamos la democracia como si bastara con procedimientos formales. Nos obliga a revisar algo más elemental: qué significa decidir juntos cuando las condiciones mismas de la decisión están mediadas por sistemas que operan según lógicas que pocos comprenden.

Tal vez el problema no sea que deleguemos tareas en máquinas —eso ha ocurrido siempre—, sino que deleguemos la responsabilidad de preguntarnos por los fines. Allí donde la optimización sustituye al juicio, la política se empobrece sin que necesariamente lo notemos. Y ese empobrecimiento no es un problema técnico: es una forma de renuncia.

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Energy has long been a cornerstone of international power and conflict. Today, however, the relationship between geopolitics and energy is undergoing a profound transformation. The global shift toward renewable sources and the rapid expansion of clean technologies are reshaping power hierarchies and eroding traditional patterns of dependency.

At the same time, the fragmentation of global value chains and the resurgence of protectionism are especially pronounced in the energy sector.  Competition ranges from the manufacturing of batteries, solar panels, and turbines to disputes over the refining of critical minerals and the rollout of green hydrogen infrastructure. These dynamics signal a future of heightened rivalry, in which industrial policies increasingly serve as instruments of geopolitical power.

Nevertheless, fossil fuels continue to serve as a foundation of the global energy system. The war in Ukraine has demonstrated how natural gas can be wielded as a tool of geopolitical pressure, while oil remains indispensable for global transportation and industrial production. Far from being sidelined, these resources face new dynamics: suppliers are diversifying, supply routes are shifting, and competition among major powers to secure them is intensifying within the broader context of transition.

The weakening of traditional alliances and the rise of new centers of influence are producing a more unstable and competitive global landscape. In this environment, fossil fuels continue to coexist with the growing importance of critical minerals, green hydrogen, and mass electrification. Understanding how these dynamics are reshaping hierarchies, alliances, and vulnerabilities is essential to grasping the future of the international order.

Energy as the Axis of Global Power

Throughout most of the 20th century, energy geopolitics revolved around oil and gas. Control over these resources followed a relatively simple logic: extraction, transportation, and consumption. The oil crises of the 1970s revealed how reliance on hydrocarbons could reshape entire economies and grant producing nations disproportionate influence. In this context, the Gulf States asserted themselves as decisive players in the global order, while consumer powers such as the United States, Europe, and Japan crafted national security strategies aimed at guaranteeing stable and affordable access to energy resources (Center on Global Energy Policy, 2023).

In recent decades, this pattern has diversified. The expansion of liquefied natural gas, the rise of the United States as a net exporter of hydrocarbons through shale development, and the consolidation of new demand centers in Asia have altered the traditional axes of energy power. Today, the fossil fuel market is more liquid and multipolar, with both state and private actors competing in an arena where logistics, infrastructure, and negotiating leverage are as decisive as the underground reserves themselves.

This transformation is further intensified by the energy transition. Unlike oil and gas—finite resources whose geopolitical weight derives from extraction and transport—renewable energies rely on a far more intricate architecture: value chains encompassing the mining of critical minerals, refining and industrial processing, mastery of advanced technologies, and the development of electricity grids capable of supporting mass electrification. Energy power today is no longer measured exclusively in barrels or cubic meters, but by technological capacity, control over strategic inputs, and the resilience of global infrastructure.

Gas and Oil: A Continuing Decisive Force

Although the expansion of renewable energies is indisputable, oil and gas continue to underpin the global energy system. Their significance derives not only from historical inertia, but also from their high energy density, ease of transport and storage, and indispensable role in sectors such as transportation, heavy industry, and petrochemicals. According to the International Energy Agency (IEA), global demand for fossil fuels is projected to peak around 2030, yet remain elevated for decades. Even in ambitious transition scenarios, fossil fuels are expected to represent about 60% of the global energy supply in 2050, compared with roughly 80% today (International Energy Agency [IEA], 2025).

The enduring role of hydrocarbons is evident in their geopolitical centrality. Russia’s invasion of Ukraine reshaped Europe’s gas landscape, exposing the region’s dependence and vulnerability, while accelerating the construction of liquefied natural gas (LNG) terminals in Germany and other countries. The United States, Qatar, and Norway have consolidated their positions as leading exporters, while China and India have deepened their relationships with Russia and the Gulf states to secure energy supplies. This context highlights the coexistence of multipolar competition over fossil fuels alongside the gradual expansion of clean energy.

The transformation of the United States into a net exporter of hydrocarbons, driven by the development of unconventional resources or shale, represents another structural shift in the actual global energy landscape. Today, the United States stands as the largest producer of crude oil— 13.2 MMbbl/d (million barrels per day) compared to 7.8 in Saudi Arabia— and of natural gas, with 2,700 MMm³/d (million cubic meters per day) compared to 1,600 in Russia. This position grants the country unprecedented autonomy and reinforces its influence in international markets (International Energy Agency [IEA], 2025).

The Rise of LNG and the New Logistics Landscape

IEA projections indicate that global demand for natural gas will continue to rise in the short and medium term, fueled primarily by Asia, before stabilizing around mid-century. The LNG market reflects a similar trajectory. Shell (2025) projects that global trade will reach between 550 and 600 million tons annually by 2030—an increase of up to 49% compared to 2023—and between 620 and 690 million tons by 2040. By the end of 2024, global liquefaction capacity stood at 494.4 MTPA (million tons per year), with projects under development totaling 1,122 MTPA, while regasification capacity amounted to 1,064 MTPA. The United States has consolidated its position as the leading supplier, followed by Australia, Qatar, and Russia, while the principal importers are China, Japan, India, and the European Union. The advent of floating liquefaction plants has further stimulated this market, lowering costs and shortening the start-up times of new projects.

Critical Minerals: the New Oil?

The large-scale electrification of the global economy demands unprecedented volumes of strategic minerals. Lithium, cobalt, nickel, copper, and rare earth elements have become indispensable for batteries, wind turbines, solar panels, and electric vehicles. Control over these resources will be as pivotal in the 21st century as oil was in the 20th.

Production is heavily concentrated. Australia, Chile, and China dominate the lithium market, while Argentina is beginning to emerge with new projects that could expand its share (UC Center for International Studies, 2024). Chile and Peru, along with the Democratic Republic of Congo and China, account for more than half of global copper production. Cobalt supplies are critically dependent on the Congo and, to a lesser extent, Indonesia. Kazakhstan and South Africa dominate chromium output, while bauxite—essential for turbines, batteries, and cables—is concentrated in Australia, Guinea, and China. Latin America—particularly the lithium triangle of Argentina, Bolivia, and Chile—has emerged as a region of strategic importance for China, the United States, and Europe.

Power is not determined solely by extraction. The true leverage lies in processing and manufacturing. China refines nearly 70% of the world’s lithium, dominates rare earth separation, and concentrates most of the graphite used in batteries. Moreover, it produces the majority of solar panels, wind turbines, and batteries, consolidating a leadership position that is difficult to contest (Castillo and Purdy, 2022). The United States and Europe have introduced strategies to reduce dependence, enacting measures such as the Inflation Reduction Act and the Critical Raw Materials Act to foster local refining, recycling, and industrialization capacities. Nevertheless, matching China’s scale and vertical integration remains a formidable challenge (Sesini, 2025).

This scenario has sparked debate in producing countries of the global south over how to secure greater added value. Export restrictions on raw minerals—such as Indonesia’s measures on nickel and Zimbabwe’s on lithium—illustrate efforts to strengthen local industries, though they also carry investment risks and generate trade tensions (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2024).

The reality is that, within a transitioning energy system, competition for critical minerals is already reshaping global hierarchies and redefining the foundations of energy security.

Green Hydrogen and Electrical Infrastructure: New Vectors of Energy Power

Another emerging dimension of the energy transition is hydrogen, particularly green hydrogen. Produced through the electrolysis of water powered by renewable energy, it offers an emission-free alternative to fossil fuels in sectors where direct electrification is challenging. Germany, Japan, South Korea, and the European Union view it as a key solution for decarbonizing energy-intensive industries, while Uruguay, Chile, Namibia, and Australia are positioning themselves as potential exporters.

This emerging hydrogen route raises critical questions regarding infrastructure, regulation, transportation, the availability of electrolysers, and technological sovereignty. It remains unclear whether it will evolve into a mechanism for global cooperation or instead become another arena of geopolitical rivalry.

The energy transition is not confined to the development of new fuels; it also demands a radical modernization of electricity transmission and distribution networks. Regional and global interconnections are becoming essential to support systems increasingly reliant on renewable energy. Europe is advancing toward a more integrated electricity market, extending connections to North Africa, while China promotes its Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO) to establish transcontinental networks. Control over these infrastructures may become a strategic instrument of power: those who command electricity flows can exert influence over their neighbors.

At the same time, new challenges are arising: large-scale energy storage, maintaining grid stability with high levels of renewable integration, and ensuring cybersecurity. The rollout of hydrogen and the modernization of electrical infrastructure are not parallel but complementary processes, both demanding massive investment, international coordination, and clear regulatory frameworks.

Taken together, these dynamics suggest that the energy power of the future will rely less on wells and pipelines and more on networks, nodes, and technological innovation. At the same time, climate change introduces new risks: extreme events that disrupt generation, demand, and distribution, compelling us to design systems that are more decentralized, resilient, and adaptive.

Transition, Industry and Protectionism

The energy transition is no longer assessed merely in terms of resources or infrastructure, but in the capacity to develop entire industries around clean technologies. The production of batteries, solar panels, electric vehicles, and electrolysers now determines both the autonomy of states and their ability to project power. Those who command these value chains not only secure employment and domestic growth, but also set global standards and steer the course of the transition.

China sits at the center of this landscape. It produces over 70% of the world’s batteries and solar panels, around 65% of wind turbines, and approximately 60% of electric vehicles sold in 2024. China’s trajectory no longer revolves around imitating foreign technologies, but rather innovating, scaling up production, and consolidating control over critical segments of the value chain. Backed by a vast domestic market and a level of vertical integration that is difficult to replicate, it has established itself as the benchmark for the global green industry.

The United States and Europe are striving to reduce dependence and revitalize their industrial sectors. The Inflation Reduction Act unleashed a wave of clean energy investment that extended even into traditionally Republican states, though its implementation has been constrained since 2025 (Kupzok, 2025). The new administration reinforced the protectionist turn with broad tariffs and reshoring policies designed to rebuild domestic supply chains.

Europe, for its part, combines targeted subsidies with regulatory tools such as the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). This mechanism imposes taxes on imports of carbon-intensive goods and incentivizes clean production to remain concentrated within the Union (García-Herrero and Schindowski, 2024). Yet Washington and Brussels’ strategies do not always align: they compete to attract investment, diverge in incentive design, and reveal mounting tensions in transatlantic trade.

Green industrialization has become a core dimension of geopolitical competition. China is solidifying its dominance in next-generation technologies, whereas the United States and Europe attempt to counter with strategies that remain fragmented and expensive. The outcome is not full decoupling but controlled fragmentation: while global chains persist in non-strategic segments, the critical nodes of the transition—batteries, electric vehicles, and renewable technologies—are increasingly structured around competition, protection, and power.

The challenge of the energy transition is not merely technical, but profoundly geopolitical. Competition over clean technologies has prompted protectionist measures such as the U.S. Inflation Reduction Act and the European Union’s pursuit of strategic autonomy. These dynamics risk constraining developing countries, limiting their capacity to integrate into global value chains.

Conclusion: Scenarios for a Transitioning Global Order

Energy geopolitics has grown more complex, polycentric, and volatile. Oil and gas remain pillars of the energy system, yet no longer carry strategic weight on their own. Alongside them, critical minerals, new electrical infrastructure, and technologies such as green hydrogen are emerging, broadening the map of resources and decisive capabilities. The result is a landscape in which traditional and emerging sources of influence coexist, and disputes extend beyond resource extraction to encompass entire value chains.

China’s dominance in clean technology manufacturing, the protectionist response of the United States, and Europe’s pursuit of strategic autonomy reveal that the energy transition transcends environmental concerns: it is now a contest for industrial and geopolitical power. Countries in the Global South, endowed with abundant mineral and renewable resources, are being drawn into this struggle. Yet they face the dilemma of how to transform these advantages into sustained development while avoiding the trap of remaining mere suppliers.

In this scenario, the energy transition will shape not only the future of the planet but also the architecture of international power. What is at stake is not simply the type of energy consumed, but control over technology, infrastructure, and the capacity to adapt to a more unstable world. Grasping this dynamic is crucial to anticipating the conflicts, alliances, and avenues of cooperation that will define global politics in the decades ahead.

Bibliographic references

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Introduction

For decades, Brazil has been portrayed as a sleeping giant in the global imaginary. For a country with an area of 8.5 million square kilometers, a population exceeding 200 million, its position among the world’s ten largest economies, its abundant natural resources in strategic sectors, and its recognized strength in the agro-industrial sector, Brazil faces the challenge of understanding why it lacks strong indicators of socioeconomic development and remains unable to assume a more prominent role on the international stage.

In comparative terms, it is a violent and unequal nation, with one of the ten highest Gini coefficients in the world—comparable only to countries in sub-Saharan Africa, where the burdens of poverty are, in most cases, far more troubling.

Symbolic Protagonism Amid Internal Violence

One of Brazil’s greatest challenges undoubtedly lies in its effort to strengthen its presence on the global stage as a strategic player. In an ideologically polarized world, what would it mean if a long-standing tradition were losing its ability to remain independent, consistent, and a force for peace? Symbolically, the country unites elements of importance for the international community. For example, since the 10th session of the United Nations General Assembly in 1955, Brazil has delivered the opening speech. The honor is not formally institutionalized, yet it stands as an important symbol. This commitment is linked to the diplomatic skills of Oswaldo Aranha, who chaired the second UN General Assembly in 1947 and played a decisive role in the adoption of the resolution that led to the partition of Palestine and the creation of the State of Israel. Is there still room for such positions in an increasingly polarized world, marked by conflicts that fuel theories and arguments about a possible new world war? It is difficult to believe.

Historical Polarization: PT vs. PSDB (1989-2014)

While the world presents itself in this way, it cannot be said that peace reigns in Brazil, nor that the nation is merely a victim of forces opposed to its core values. The country is far from peaceful, and its disputes increasingly touch upon political matters. In recent years, issues of a relational nature have drawn the nation into increasingly complex situations. Part of this challenge stems from the radical ideological polarization shaping the world. Brazil is simply a reflection of that reality. Thus, beyond socioeconomic issues marked by deep problems of coexistence, politics has increasingly become a stage for radical extremes. 

For example, Brazilian presidential elections have been marked by polarization since the return of direct voting during the re-democratization of the 1980s—a pattern not uncommon in many democratic countries. In 1989, in the first national elections since 1961 following the 1964 coup d’état, right-wing candidate Fernando Collor and left-wing candidate Luiz Inácio Lula da Silva advanced to the second round, where Collor won by a narrow margin of six percentage points: 53% against 47% of the valid votes.

Across the six presidential elections held between 1994 and 2014, candidates from the left-wing Workers’ Party (PT) were consistently among the top contenders, facing off against candidates from the Brazilian Social Democracy Party (PSDB)—a party founded on the center-left in the 1980s but positioned closer to the political center for much of that period. In these cases, polarization consistently pitted the two parties against each other, and it is worth noting that in the first round of the presidential elections during this period, they secured at least 70% of the valid votes in 2002 and as much as 90% in 2006.

Something shifted in 2014. Like other nations, Brazil entered a period of profound questioning of its democratic and political institutions, as well as its mechanisms of representation. During what became known as the June 2013 protests, Brazil witnessed widespread dissatisfaction across large sectors of society, with demonstrators taking to the streets in dozens of cities under the slogan #nãomerepresenta (‘you don’t represent us’). Even so, in 2014 the PT once again faced off against the PSDB in the elections, with the two parties together accounting for 75% of the valid votes. It was, however, the last time.

The Rise of Bolsonaro and the Surge of Extreme Radicalization

That year, after the elections, a far-right federal deputy with authoritarian views and little regard for democracy asserted that the tension surrounding those presidential elections would carry him to the presidency in 2018—as long as the escalation of radicalism continued. Jair Bolsonaro, who served seven terms as a federal deputy for Rio de Janeiro, managed to present himself as the necessary novelty in a country facing deep political turmoil. He argued that the right wing was shedding its shame, taking to the streets in democratic protests and preparing to defend a conservative and forceful banner against the left, which he branded as a corrupt and communist threat.

In 2018, the PSDB lost its prominence, and the confrontation with the left became more visceral with the rise of a radical right wing. The polarized presidential election set these two sides of the spectrum against each other, and the center collapsed. At the time, Jair Bolsonaro was a member of the small PSL party, which he had joined shortly before the legal deadline to formalize his candidacy. He faced Fernando Haddad, the former mayor of São Paulo from the PT, who stepped in to replace the then-ineligible Lula. The former leader had been imprisoned from April 7, 2018, to November 8, 2019, on corruption charges that were later annulled. Together, Bolsonaro and Haddad accounted for 75% of the votes in the first round.

However, polarization was no longer the same. It extended beyond electoral disputes and took root in sharp divisions that fueled violence and deep intolerance among families, friends, and society at large. These divisions were reflected in consumption habits, behaviors, clothing, and the adoption of lifestyles and ways of life.

In 2022, Lula—freed from corruption charges after controversial court rulings—and Bolsonaro—seeking reelection following a term marked by high disapproval ratings, particularly over his handling of the COVID-19 pandemic—faced off at the polls. Between them, they secured an unprecedented 92% of the valid votes in the first round, in an extremely heated campaign. Furthermore, the runoff election was marked by near parity, with a difference of only two million voters, or 1.8% of the valid votes.

Electoral Denial and the Attempted Coup

Beyond the small margin, polls revealed unusually high voter rejection of both candidates, with equally unprecedented percentages. The book Biografía do abismo – Biography of the Abyss – (Nunes and Traumann, 2023) captures precisely this scenario of polarization extending beyond the ballot box.

Bolsonaro refused to accept defeat. Throughout much of his term in office, the then president intensified his attacks on Brazil’s electronic voting system —even though that same system, improved over decades, had certified his own victory in 2018.

In 2022, confronted with the real prospect of defeat by Lula, Bolsonaro convened international ambassadors at an official event to denounce the country’s alleged electoral insecurity. He also clashed with the judiciary and threatened Supreme Court ministers. Upon leaving office, without immediately acknowledging defeat and entering self-imposed exile in the United States without formally transferring power to his successor, he positioned himself as leader of the opposition, navigating a precarious balance between sharp anti-Lula rhetoric and assaults on democratic institutions. Back in Brazil, he spent a night at the Hungarian embassy in Brasilia for fear of being arrested.

In June and October 2023, as a result of the 2022 meeting with ambassadors and abuses of power during the elections, he was convicted by the Superior Electoral Court and disqualified from holding office, thereby losing his political rights. Moreover, for orchestrating an attempted coup d’état that unfolded in several stages between 2021 and January 2023, he was sentenced to prison in September 2025.

Between the United States and the BRICS

The extreme polarization experienced in Brazil extended into the sphere of international relations, reflecting similar dynamics seen in other countries. The United States is today one of the clearest examples of how radical political choices become intertwined with trade issues and the broader logic of international relations.

The Brazilian right wing aligned itself more closely with Washington, particularly during Donald Trump’s administrations, while the left wing proved more receptive to advancing agendas in cooperation with the BRICS. Originally composed of four countries, the group has since expanded to eleven members: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates, Ethiopia, Indonesia, and Iran.

The effects of polarization extended into South America’s regional ties, where ideology became a defining factor. For example: In Argentina, the victory of right-wing candidate Javier Milei created rhetorical distance from Brazil, which remains under the leadership of left-wing President Lula da Silva.

In all these cases, the core challenge was figuring out how much ideological posturing was needed to satisfy voters conditioned within the online sphere—an essential and strategic arena of the new political order— and determining how much commercial and economic pragmatism could be sacrificed in the process. 

Trump’s Tariff Hike and Brazilian Nationalism

This dynamic appeared to shape the foreign policy agenda: radical presidents delivering fiery speeches in the virtual sphere, captivating a mesmerized electorate, yet leaving the fundamental pillars of their economies largely untouched.

In Brazil, the Bolsonaro family was accused, particularly during the pandemic, of making xenophobic remarks against China on several occasions. Yet, despite explanations that were often unconvincing, bilateral trade remained robust and continued to grow. Between 2000 and 2024, China advanced from the position of Brazil’s tenth-largest buyer to its leading trade partner. Today, its dollar volume of imports is more than twice that of the United States, which remains Brazil’s second-largest trading partner.

In commercial terms, no partnership is more emblematic for Brazil than this one, and none more clearly illustrates the challenges that political polarization imposes on international relations. This is particularly evident now, as the arena of virtual bravado has diminished in relevance under the new Trump administration. Beyond aggressive rhetoric, nonsensical claims, and exaggerated falsehoods, this businessman—reelected in 2024 for another four-year term—has adopted radical positions since resuming office in the White House in January 2025. Such behavior is scarcely compatible with a nation that professes to embody, in symbolic fashion, the core principles of democracy—illustrated, for instance, by the amnesty granted to those convicted of the Capitol attacks following the 2020 defeat to Joe Biden.

It is worth noting here that assessments of democratic performance suggest the United States is no longer classified as a full democracy. According to the most recent Varieties of Democracy (V-Dem) report, based on the 2024 scenario, several countries are losing even the minimal attributes that anchor them to democratic reality. Regarding the United States, the report observes: “The scale of what is happening in the U.S. is unprecedented and prompts a closer look at what seems to be the fastest evolving episode of autocratization the USA has been through in modern history.” (V-Dem, 2025).

Donald Trump has moved beyond the realm of fake news and virtual incitement. He has pursued a global trade war, undermined international institutions with funding cuts, and placed the world on alert. He has diminished the role of diplomacy and initiated negotiations for new trade terms with nearly every nation, employing a tone considered aggressive by international standards.

In Brazil, the policy became known as the tariff hike. Initially, the country faced only a modest increase compared to the global average. However, based on erroneous figures that misrepresented a favorable trade balance for the U.S. as a deficit, Washington later imposed a tax of approximately 50 percentage points. Pressured by domestic business leaders and aware that certain sectors were too strategically important to absorb the impact, Trump partially retreated. Nevertheless, he upheld his stance on key economic areas, leaving Brazil on alert.

Some of Brazil’s challenges were alleviated through the establishment of new trade partnerships worldwide. Coordinated efforts by business leaders and the government, along with stronger relations with Germany, Mexico, and China, helped reverse part of the damage.

How Ideologization Benefits Lula: The Trump Effect

But in Brazil, the process of ideologization allowed radical rhetoric to dominate everyday life.

Lula da Silva’s administration benefited from certain measures, and the Brazilian government’s approval ratings rose in domestic public opinion. As in other countries where he maintained open conflicts, the U.S. president inadvertently reinforced nationalist sentiment and bolstered the image of local leaders. This pattern was evident in Australia and Canada during their elections, and Brazil was no exception. Between June and September 2025, President Lula da Silva’s approval ratings rose across several polling institutes: 4 percentage points at Datafolha, 2.5 points at Quaest (July–August), 3 points at PoderData (June–July), and 3.4 points at Paraná Pesquisa (June–August). Analyses attribute a significant portion of these gains to the impact of Trump’s measures.

Legal Battles, External Threats, and Extremist Narratives

The prevailing trend points to rising approval ratings for Lula. The Trump administration admitted that its position against Brazil was politically and ideologically motivated. The trial of former President Bolsonaro, a close ally of Trump, in Brazil’s Supreme Court would become the central argument. His son Eduardo— a federal deputy elected in São Paulo— sought refuge in the United States and has since argued that Brazil must ‘wage war’ to free itself from what he describes as a dictatorship of the Supreme Court, which convicted his father. The influence of his narrative within the White House led to economic sanctions, including tariffs and restrictions targeting members of the Brazilian judiciary. In this instance, the Magnitsky Act was invoked against the justice who sentenced former President Bolsonaro to more than 27 years in prison for attempted coup d’état.

International public opinion proved largely ineffective. On August 30, 2025, The Economist commended Bolsonaro’s trial for attempted coup while openly criticizing the United States for its response to the Capitol invasion and its apparent democratic decline. Trump reacted forcefully against the trial, and upon its conclusion on September 11, 2025, expressed surprise and disappointment, as members of his team sought to issue new economic threats.

While in the United States, Eduardo Bolsonaro launched a fierce attack on Brazil’s justice system, declaring that the family of Minister Alexandre de Moraes—who oversaw the case—ought to be persecuted. In the public demonstrations leading up to the decisive week of the trial, both politicians and religious leaders intensified their rhetoric against the Supreme Court, and particularly against the justice presiding over what has been described as the most significant case in Brazil’s history. This unprecedented ruling convicted a former president, former ministers, and members of the military high command—figures historically implicated in coups d’état yet spared from punishment for decades. At a right-wing rally on Avenida Paulista in São Paulo, held on Brazil’s Independence Day, September 7, 2025, a massive American flag was displayed as supporters carried signs in English appealing for Trump’s assistance. This episode reflects the current trajectory of Brazilian politics, marked by intense radicalization, the spread of fake news, and the fabrication of implausible narratives.

In this context, Brazil is preparing to host COP30 in Belém, the capital of Pará in the Amazon region. Widely regarded as the most significant environmental summit, COP30 will take place despite the city’s structural and economic limitations, particularly in infrastructure and accommodation. The objective is to turn the conference into yet another milestone in Brazil’s effort to position itself as a central actor in global environmental governance.

Once again, Brazil faces the weight of expectations tied to its image as the sleeping giant. For decades, the country has pursued recognition as a powerhouse in tourism and environmental leadership. Yet, despite meaningful progress in environmental initiatives, the achievements remain eclipsed by deforestation statistics and, above all, by the grip of radical ideological narratives. There is a persistent tension between visions of progress and the destruction of natural reserves, between economic growth and the preservation of forests. Global warming continues to be questioned, while natural disasters such as floods and droughts are often attributed to divine causes.

Regional Threats: Venezuela in the Sights of the United States

Finally, regarding the position of the United States, its government has issued threats, including seizing Greenland from Denmark, asserting control over the Panama Canal, transforming Gaza into a tourist resort, annexing Canada into its centralized federal system, and crushing or isolating Mexico. In this climate, Venezuela—Brazil’s border neighbor—also perceives itself as under threat. Possessing the world’s largest oil reserves and long ruled by a dictator, the nation is deepening its ties with the United States over its petroleum wealth, even as warships are positioned off its coast. What does this mean? Trump proclaims a desire for peace in Ukraine and Gaza, yet appears unable to grasp the complexities of conflicts unfolding in northern South America. What, then, is he truly seeking to achieve?

Brazil’s Challenges as a Global Player

Determining how Brazil will position itself as a global actor in the years ahead involves examining several dimensions.

On one hand, Brazil must confront its past and the enduring promise of becoming a giant—often portrayed as dormant in various interpretations. On the other, it grapples with a present defined by sharp ideological conflict, which has radicalized the political landscape and driven parts of society either into deep distrust of politics or into uncompromising praise of the left or right, leaving little room for dialogue. Finally, the nation must also confront its future: despite navigating a period of extremes, Brazil has historically distinguished itself by sustaining positive relations with nearly all countries.

Brazil, now opening UN conferences, finds itself entangled in internal conflicts while simultaneously facing external pressure from a superpower that challenges the sovereignty of its judicial system.

In a recent statement on freedom of expression—clearly aligned with the interests of major tech companies operating in Brazil—White House spokeswoman Karoline Leavitt asserted that Trump is willing to “use the economic and military power of the United States to protect freedom of expression around the world.” This statement comes at a time when tech companies in Brazil are under pressure from judicial rulings and legislative proposals connected to Bolsonaro’s trial.

Brazilian diplomats criticized the threat, yet the central question persists: to what extent can democratic principles, national sovereignty, and diplomacy provide the framework for understanding the role of a nation burdened by historical internal challenges and immersed in the ideological conflicts shaping much of the world today? The vision of a developed Brazil – anchored in environmental leadership, the strength of its agribusiness sector, and institutional resilience in defense of democracy – cannot be realized without a clear recognition of its global role in the current context. 

References

Nunes, F., & Traumann, T. (2023). Biografía del abismo. La polarización política en Brasil 2018-2022. Harper Collins Brasil.

Varieties of Democracy. (2025). Informe sobre la democracia. Instituto V-DEM.

The Economist. (2025, August 30). What Brazil Can Teach America – the trial of Jair Bolsonaro.

Throughout much of the 20th century, democracy in Latin America was battered by military dictatorships that seized power through thunderous coups, marked by the march of boots and the roar of tanks. Today, in the 21st century, democratic decline unfolds more quietly and, paradoxically, with legitimacy: it is no longer the military that intervenes, but citizens themselves who, through the ballot box, elect narcissistic leaders that turn politics into a personalistic project.

Democracy no longer collapses in the shadows of military barracks, but amid applause, viral campaigns, and promises of national salvation. Although coups have become rare, there remain politicians, candidates, and parties that openly and unabashedly defend dictatorial processes and trivialize the genocides committed by Latin American dictatorships, as in Argentina and Chile.

In contemporary times, we observe a global trend in which societies blindly elect leaders of a new right wing. These figures promise paradise on earth, order, a firm hand, and a return to so-called Western values—a vision that often resembles the Middle Ages or the 1950s, when religion permeated political life at every level.

Through this moralized rearview mirror, narcissistic and populist figures ascend to power with the intention of hollowing out democracy and reshaping it into a mechanism designed to elevate – exclusively – themselves and preserve their hold on power. The clearest example is Viktor Orbán in Hungary, idolized by figures of the ascendant new right, who advanced a political, social, and cultural project under the banner of illiberal democracy. The outcome has been the consolidation of a narcissistic leadership style that disregards boundaries, thrives on conflict, and turns politics into a mirror reflecting only his own image: violence, anger, insecurity, rage, and a destructive impulse.

The Elected Messiahs

Developing autocracies and theocracies require only the ballot box, social discontent, and an army of trolls on social media. Once elected, the messiahs deploy a discourse that fuses indignation with promises of a better past. Yet their real transformation begins by dismantling everything capable of limiting their power: troublesome parliaments, independent judges, critical media, and political opponents. Order becomes a pretext for legitimizing the concentration of power, and what is most serious is that many societies buy into it. Politics, marked by a marked proneness toward autocracy, is reconfigured through a friend-enemy logic in which dissent is treason and democracy is weakness.

The profile of these new authoritarian regimes—perfectly exemplified by Donald Trump—reveals unmistakable traits: they are personality-driven politicians who refuse to govern through proposals or consensus, relying instead on messianic narratives and hate speech that swiftly transform into hate crimes. The narcissistic politician does not listen—he dictates. He does not negotiate—he imposes. Social media becomes his preferred stage, where every speech, gesture, and provocation is meticulously crafted to maximize attention and adoration, feeding his fractured ego and driving the destruction of the other, the enemy. Within this ecosystem, data and human rights matter less than the currency of likes, while the republic surrenders to a grotesque spectacle that summons inquisitions and imposes morality through power.

This political machinery thrives on constant conflict. Calm is the enemy of narcissistic leadership, for without crisis its figure loses relevance. Hence enemies are invented, threats exaggerated, and polarization deliberately inflamed. Democracy is transformed into a battlefield between irreconcilable sides, where the adversary ceases to be a holder of different ideas and becomes an enemy to be defeated or expelled from the public sphere.

We, the Good Ones

The discourse is reduced to its most extreme simplicity: us—the good, the decent, the true nationals—against them—the caste, the traitors, the anti-patriots, the mental parasites. This division is not accidental but a deliberate strategy of power: it obstructs agreements, demolishes bridges, and legitimizes authoritarian measures under the pretext of “defending the people”.

In this process, institutions cease to function as guarantors of rights and are recast as obstacles. Congress is depicted as a nest of corrupt individuals; the justice system as a network of sell-out judges; regulatory agencies as useless bureaucracies; and journalism as nothing more than personal persecution of the leader of the political cult. The goal is unmistakable: to concentrate power in the leader and drain any structure capable of limiting it. Dissenters are silenced, publicly shamed, or prosecuted. Ideas cease to be debated: voices are eradicated. The democratic architecture remains standing but is stripped of its foundations.

None of this would be possible without a segment of society willing to applaud it. Authoritarianism cannot exist without an audience. A portion of citizens, driven by fear, frustration, or fatigue, accepts the whip as a cure for uncertainty, while others openly celebrate it. The problem lies not only in the fragility of institutions, but also in the erosion of democratic culture. We have forgotten that democracy is not merely about voting; it is about accepting limits on power, coexisting with dissent, and safeguarding the human rights we have achieved—even for those who do not think or live as we do. Without that collective memory, authoritarian experiments appear seductive… until the moment arrives when it is too late.

Re-learning liberal democracy requires acknowledging that it is not a natural state but a fragile construct—one that must be nurtured—sustained by rules, tolerance, and active participation. Its defense also requires dismantling political narcissism, which in turn calls for a more demanding and more critical citizenry, one less dependent on the myth of the savior. 

We do not need messiahs to embody the nation; what we need are solid institutions, a free and responsible press, an end to political bullying and hate speech, societies prepared to abandon mythical thinking, and politicians who recognize that power does not belong to them.

Forms of Democracy

All of this requires us to clarify what we mean when we speak of democracy. Democracy is not an ideology; that much is evident. It entails the capacity to debate ideologies within a framework of tolerance, without jeopardizing the fundamental conditions that make such dialogue possible. Democracy, in reality, is a system of government founded on the principle that power originates with the people—the inhabitants of a territory—who participate in decision-making either through direct voting or through elected representatives. There are multiple forms of democracy – direct, representative, and mixed systems – and today, as mentioned before, even the concept of illiberal democracy has entered the discourse.

Modern democracy rests on the principle of universal suffrage, granting all citizens the right to vote regardless of gender, economic status, or skin color. What we call democratic states are systems founded on human and civil rights, safeguarded and codified in a constitution—an agreement that defines relations between society and government. This framework establishes rules that regulate governance, delineate citizens’ rights, explain the division of power, and specify the protections available to individuals.

History reminds us that democracy was not born perfect or inclusive. As Franklin and Higginbotham (2010) note, Jefferson—the man who declared that “all men are created equal”—owned hundreds of slaves and treated Black people with cruelty. The authors describe that “Slavery in the United States has always been the great wound of the original sin, a scar running from top to bottom across a body otherwise admired and emulated.”

Power and Society

The persecution of those who resisted segregationist policies exposed the United States’ stark double standards. While promoting a democratic ideal that proclaimed the equality of all people, the nation simultaneously repressed the rights of its own citizens.

In essence, democracy is a political system that grants citizens the power not only to choose who governs their country but also who must cease to do so. Mudde and Rovira Kaltwasser (2017) contend that democracy, without adjectives, is best defined as the union of popular sovereignty and majority rule—nothing more, nothing less. Consequently, they argue, democracy may take direct or indirect forms, and may be liberal or non-liberal. 

In fact, the very etymology of the term points to the idea of self-government by the people—that is, a political system in which the people themselves govern.

It is no coincidence that most basic definitions regard democracy, above all, as a method for selecting rulers through competitive elections. As such, free and fair elections constitute a defining feature of democracy: rather than changing rulers through violent conflict, citizens agree that those who govern should be chosen by majority rule—without forgetting that this does not grant them absolute power, nor does it transform them into monarchs.

And it is certain: democracy is about the right to vote, yet the history of suffrage is complex. Even the 18th-century revolutions, inspired by ideals of equality and freedom, failed to extend voting rights beyond white men of legal age. During the 19th century, various movements fought for the expansion of voting rights. Groups such as abolitionists in the United States, who defended the right of Black people to vote, and suffragettes, who fought to extend voting rights to women, played an indispensable role in broadening this fundamental right.

“Cultural Decline”

Within this conceptual framework, Viktor Orbán’s notion of illiberal democracy consists of electing a despot who imposes a nationalist, xenophobic, homophobic, and conspiracy‑driven agenda while dismantling democratic institutions at will. It becomes a form of democratic despotism, supported by allies abroad who likewise proclaim that their actions are “for the defense of freedom,” insisting that supposed threats endanger “Western civilization”.

It is the actors embedded within illiberal democracy and the new right who seek to redefine hard-won personal freedoms, recasting them as if they were symptoms of what they themselves label cultural decline. In this context, the very concept of democracy is manipulated: reduced to a mere ritual of ballot boxes stripped of political liberalism, to permanent plebiscites that legitimize power while dismantling the checks and balances meant to restrain it.

That this can occur in any society is not mere speculation; it is a warning grounded in historical evidence. Anne Applebaum (2021) emphasized that any society can abandon democracy, and that no one is immune. History suggests, she asserts, that in the long run all societies are vulnerable to such trajectory.

The tradition of political thought had already anticipated this dilemma. Montesquieu drew a clear distinction between monarchical government and despotism. In his view, republics rest on virtue, monarchies on honor, and despotisms on fear. 

While the actions of a king in a monarchical system are constrained by law and tradition, the rule of a despot is marked by arbitrariness and caprice, with power concentrated in the hands of a single individual or a small elite, and with no meaningful limits to their authority. The novelty of the 21st century is not despotic logic—which is ancient—but its packaging: electoral procedures staged as mere spectacle and social media serving as a permanent amplifier of the cult of the leader.

El Salvador and the Democratic Drift

It is worth pausing to examine a case that illustrates this drift: El Salvador under Nayib Bukele. Bukele has consolidated power in an authoritarian and abusive manner, relying on his popularity. He proclaimed himself the winner of the presidential elections, secured re-election, and claimed nearly all seats in the Legislative Assembly even before the “official numbers” were released. His method for consolidating power involved dissolving the Supreme Court of Justice, disregarding the constitutional principle of alternation in power, diverting public funds to his campaign, and intimidating the magistrates of the Supreme Electoral Tribunal.

In Bukele’s own words following his re‑election: “It would be the first time in El Salvador that there is a single political party in a democratic system, with the entire opposition crushed”. 

In Bukele’s conception of democracy, he alone speaks while others are expected merely to take notes. Behind the propaganda, the country’s economy has deteriorated, and poverty has risen. Bukele governs with a small circle of confidants—his brothers—in a style that reflects a deeply personalistic vision of democracy. His vision is contested, and although homicide rates have dropped, humanitarian organizations criticize his heavy-handed policies for violating fundamental rights and affecting innocent citizens.

Aligned with the rhetoric of new authoritarianism, Bukele has blamed external enemies—ranging from NGOs to George Soros and the media—while dismissing his critics as members of the elites. His government has been accused of consolidating increasingly authoritarian power, seeking to isolate the country from the international financial system and criminalizing criticism and independent journalism.

El Salvador has fallen thirty places in the press freedom index. Thousands of Salvadorans have been expelled, many of whom are now seeking political asylum abroad. The government is increasingly described as a rising dictatorship, marked by the militarization of both the police and society.

A few months ago, Bukele—in characteristic new right-wing fashion—demonstrated his government’s embrace of religion, effectively ending secularism. As he declared: “God wanted to heal our country, and he did. Let us give glory to God if we so desire. Why does that bother you; why does that affect you? Perhaps it affects you because the people of your countries, whom you have indoctrinated with atheism, might return to believing in God.” Today in El Salvador, a moralistic and corrupt cult has taken hold, where public displays of devotion are fused with political obedience, and sacred rhetoric serves as a shield against any form of criticism.

The Illiberal Thread

Despots do not view elections as a temporary delegation of authority, but rather as a blanket endorsement for their rule. Within this framework, elections cease to be genuine competitions between political projects and instead become plebiscites designed to reaffirm the leader’s power. In the end, despots will not risk their power in fair elections; instead, they will use the authority they already hold to turn elections into a farce that merely validates their rule—just as Hugo Chávez once did and Nicolás Maduro continues to do in Venezuela, Daniel Ortega in Nicaragua with his dictatorship, and Vladimir Putin in Russia. In all these cases, a democratic façade is preserved—ballot boxes, voter rolls, campaigns—while genuine pluralism is extinguished through the banning of opponents, judicial capture, media censorship, and the persecution of civil society.

At first glance, majority rule is honored; yet in reality, alternation is abolished and rights are emptied of substance. The common thread is unmistakable: first, define the adversary as an internal enemy or foreign agent; second, transform checks and balances into obstacles to governance; third, invoke an existential threat—cultural decline, globalist conspiracy —; fourth, centralize authority; fifth, sacralize power. The outcome is a democracy stripped of liberalism, a despotism with ballot boxes. 

For all these reasons, defending democracy today requires more than the mere demand for regular elections. It calls for the rebuilding of democratic culture: accepting limits on power even when those we favor are in office; insisting that constitutions remain living documents that broaden protections rather than rigid excuses for closing the political game. It also demands dismantling the emotional machinery of political narcissism: no leader can resolve complexity, no savior can restore order by decree without cost.

A Response to the “Excesses” of Modernity

The only mature path forward is to strengthen institutions, professionalize administrations, safeguard judicial independence, protect the press, and cultivate education for pluralism. This is not about returning to an idealized past—a past that never truly existed, or that was ideal only for the few who benefited from it—but about honoring the sole legacy that has advanced democracies: the expansion of rights and the limitation of arbitrary power.

Ultimately, the illiberal boom and the cultivation of political narcissism are neither accidental, nor simply responses to modernity’s “excesses.” They are the contemporary face of ancient despotism: a fusion of nationalist mythology, punitive moralism, institutional engineering, and digital spectacle. In light of this project, it is worth recalling historical experience: democracy is rarely destroyed overnight, but it is rather drained away little by little. It does not collapse solely through the will of a tyrant, but through the gradual renunciation of citizens to defend it. The solution, then, is not to passively await the cycle of disappointment to run its course, but to act in advance: to embed tolerance into daily practice, to insist on transparency, to value political sobriety over incendiary rhetoric, and above all, to reject the emotional shortcut offered by the strongman.

Democracy is civilized conflict, not perpetual cultural war; it is pluralism governed by rules, not submission through fear; it is alternation under constraints, not obedience to a leader chosen for the epic task of “saving the homeland.” History reminds us that democracy rarely collapses in a single blow—it erodes step by step, until reaction comes too late. That is why defending it, without hesitation or detours, must take place now.

Bibliography

Applebaum, A. (2021). El ocaso de la democracia. Debate.

Franklin, J. H., & Higginbotham, E. (2010). From Slavery to Freedom. McGraw Hill.

Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Authoritarianism is making a comeback in Latin America. Increasingly, countries are transitioning toward less pluralistic forms of government. Yet, given the resilient and enduring presence of the Cuban regime, one must ask whether authoritarianism ever truly disappeared from the region. The 1970s marked a bleak chapter in Latin America, dominated by authoritarian regimes—military, sultanistic, or civilian—that imposed order from the right at the expense of repression and enforced silence. At the same time, radicalized guerrilla movements and repressive reactionaries with military backing assaulted the fragile Spanish American republics from opposite ends of the political and ideological spectrum.

This situation began to shift with the so-called third wave of democratization in the 1980s, which carried hopes of openness, pluralism, and political freedoms. Yet the process revealed clear limits: transitions unfolded mainly at the national level and failed to fully transform entrenched institutional structures, particularly those rooted at the subnational level. As the literature on authoritarian enclaves demonstrates (Garretón, 2010; Benton, 2012), in many countries the institutional legacies inherited from the authoritarian past persisted, while territories under the control of caciques or hegemonic parties continued to uphold authoritarian practices intact. In Chile, for instance, lifetime senate seats and the binomial electoral system obstructed democratic progress. In Mexico, meanwhile, states such as Veracruz and the State of Mexico remained firmly under control of the dominant party even after the national political alternation of 2000.

Even with these limitations, the region experienced what many observers described as a Latin American democratic celebration. In the first decade of the 21st century, elections multiplied, political rights expanded, and electoral democracy appeared to consolidate. Yet beneath the surface, troubling signs emerged: in Venezuela, Nicaragua, and Bolivia, democratically elected leaders began to concentrate power, weaken checks and balances, and erode the institutions that sustained democratic equilibrium.

Old Practices, New Forms

Today, Latin America is undergoing a period of tension shaped by regional and global trends toward autocratization (Wiatr, 2019; Croissant & Tomini, 2024), democratic erosion, and the resilience of certain regimes, as highlighted in the 2025 Varieties of Democracy Report (Nord et al., 2025). Citizen disillusionment, enduring inequality, and the failure of democratic governments to adequately address social demands have opened the door to the resurgence of authoritarian and populist leadership. In several countries, old authoritarian practices have been reconfigured in ways that exploit democratic rules to undermine them: manipulation of electoral systems, restrictions on press freedom, subordination of the judiciary, and the dismantling of accountability mechanisms. The cases of El Salvador, Nicaragua, and Venezuela are the most evident, though far from the only ones.

These transformations cannot be understood apart from the broader international landscape: Latin American democracy today confronts challenges that transcend national borders. The reconfiguration of the global geopolitical order—with the rise of authoritarian powers such as Russia and China, the crisis of democratic leadership in the United States, and the weakening of multilateral institutions—has eroded the framework of incentives and support that once favored democratic expansion in the 1990s. Programs designed to promote democracy have weakened, while initiatives that tolerate authoritarianism and advance illiberal agendas have become increasingly visible. In this context, Latin American democracies struggle not only with their internal legacies but also with a global environment that has grown increasingly unfavorable to democracy.

In this context, the article offers a historical overview of authoritarianism in Latin America from the 1970s to the present, demonstrating that, far from disappearing, it has continuously reshaped itself by adopting new forms and strategies. The narrative begins with the right‑wing authoritarianism that dominated Latin America in the 1970s and early 1980s, marked by military dictatorships and repressive regimes. Even with the subsequent wave of democratization, the text contends that authoritarianism never fully disappeared, surviving instead in subnational enclaves where entrenched local power structures endured. Thus, between 1980 and 2000, democratic expansion and the diversification of political regimes gave way to a period in which democratic practices coexisted with the reconfiguration of authoritarianism. In the first decade of the 21st century, democratic optimism persisted, yet it was accompanied by new forms of power concentration—particularly within left-wing governments—that began to erode the rules of the democratic regime. 

Finally, between 2020 and 2025, the region has witnessed the emergence of diverse forms of authoritarianism. No longer sustained by a single model or ideology, these multiple expressions—whether from the right, the left, or more ambiguous currents—have developed in close connection with the shifting global geopolitical (dis)order. Indeed, the erosion of Western leadership, the diffusion of illiberal narratives, and the weakening of multilateral institutions have fostered an environment in which Latin American authoritarian leaders can secure support, claim legitimacy, and maneuver to subvert democratic institutions under a veneer of legality—riding what academics have termed the third wave of autocratization (Lührmann & Lindberg, 2021).

From Reactionary Dictatorships to Democratic Transitions and the New Forms of Autocratization

As various authors have noted (Mainwaring and Pérez-Liñán, 2013), the triumph of the Cuban Revolution set in motion a process of radicalization among broad sectors of the urban middle classes, intellectual circles, and left‑wing organizations. These groups identified U.S. imperialism, Latin American oligarchies, and much of the national political class and institutions as representatives of a reactionary order that had to be overthrown. In response, the armed forces—backed by the bourgeoisie, broad sectors of the middle class, and even portions of the popular classes—carried out coups d’état and engaged in transnational collaboration to repress what they perceived as a subversive threat. The establishment of the so-called national security regimes, marked by widespread repression and political violence, defined the 1970s.

From the mid‑1980s to the early 1990s, military regimes and civil wars opened the way—as a result of a combination of social struggles and political agreements—to processes of democratic transition and peace agreements. These introduced polyarchic institutions and processes, as well as human rights, as guiding principles of legitimate political action for national development.

Within the framework of the Contadora agreements in Central America, the third wave of democratization reached Latin America through the return of civilian governments in the Southern Cone. Argentina (1983), Brazil and Uruguay (1985), Paraguay (1989), and Chile (1990) raised hopes for governments founded on respect for rights and freedoms, designed to restrain leaders’ ambitions to concentrate power in a single group.

At its peak—at the beginning of the 21st century—Latin America was largely governed by electoral democracies, with scores ranging from 0.5 to 0.87 on a scale from 0 to 1. On this scale, 0 (red in Map 1) represents the absence of electoral democracy, while 1 (deep purple) indicates the full realization of its ideal. As Map 1 illustrates, only Cuba appears in red, while most Latin American countries are shaded in varying tones of purple.

MAPA

This phase of democratic recovery (1980–2000) unfolded alongside the weakening of the state under neoliberal policies, producing a paradox: civil and political citizenship expanded, while social citizenship and the welfare state stagnated or even regressed. The resulting imbalance fostered citizen disenchantment with democracy and opened the door to the rise of populist or openly authoritarian leaders.

Unfulfilled Expectations

Thus, over time, elections and newly established democratic institutions proved insufficient to meet citizens’ expectations. In several countries, this disillusionment led people to enthusiastically support authoritarian alternatives at the ballot box. At the dawn of the new century (2000–2010), Latin America experienced the coexistence of expanding democracy—symbolized by the approval of the Inter‑American Democratic Charter and the pressure exerted within the OAS against Fujimori’s authoritarian and neoliberal populism—and the rise of self‑proclaimed progressive leaders such as Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, and Néstor and Cristina Kirchner. Yet these leaders increasingly moved toward a reconfiguration of authoritarianism through models of governments of the people.

From 2010 onward, the region experienced a pronounced shift toward autocratization, spearheaded by left-wing governments in Bolivia, Nicaragua, and Venezuela. These regimes employed elections and democratic institutions to alter the rules of the game, marginalize opposition forces, capture the judiciary, and concentrate authority in the executive branch. This trend was replicated by other leaders in Latin America, including Rafael Correa in Ecuador, Nayib Bukele in El Salvador, and Andrés Manuel López Obrador in Mexico. In these cases, authoritarian drift did not rely on coups or tanks in the streets, but rather on constitutional reforms and the manipulation of institutions to consolidate and legitimize majority electoral support.

“Revolutionary” Autocracies Are Taking Shape in the Region

During the second decade of the 21st century, a clear trend became more pronounced: the autocracies of Cuba, Nicaragua, and Venezuela consolidated further, accompanied by a progressive closure of political and civic space. This evolution manifested in the regimes’ tightening control and persistent harassment of civil society.

These “revolutionary” autocracies have also succeeded in building effective regional coordination. They sustain active ties through forums such as the São Paulo Forum and the Puebla Group, while forging alliances with authoritarian global powers—including Russia, China, and Turkey—as well as with ideologically aligned democratic governments in Latin America, such as Colombia, Brazil, and Mexico, alongside sympathetic parties and movements. By contrast, the political right lacks a network of comparable reach and influence.

On the intellectual front, the authoritarian left benefits from coordinated support. It receives organized backing from institutions such as the Latin American Council of Social Sciences, while also enjoying spontaneous support through its overrepresentation in academia and the cultural sphere (Grundberger, 2024). Taken together, these networks surpass initiatives like the Atlas Network—associated with libertarians, populists, and right‑wing authoritarians—in their capacity for articulation and consistency.

This is not to imply that one form of authoritarianism is preferable to another, as such a claim would lack ethical and ideological foundation. Nevertheless, it is evident that contemporary left-wing autocracies enjoy greater advantages in terms of coordination across global, regional, intellectual, and social spheres.

Varieties of Authoritarianism and the New World Order

Latin America today exhibits a spectrum of authoritarian regimes, ranging from closed autocracies to governments transitioning toward competitive or electoral authoritarianism on both the left and the right. This diversity reflects a contemporary phenomenon characterized by the coexistence and expansion of multiple forms of authoritarian rule. Regardless of ideological orientation, these regimes share a common objective: the concentration of power and the erosion of institutional checks and balances. Thus, rather than adhering to a specific ideological orientation, these regimes operate through an illiberal logic that erodes democratic norms from within, exploiting the very rules of democracy. Across the left and the right, such varieties of authoritarianism deploy strategies, discourses, and legal justifications to establish governments that restrict pluralism, judicial independence, and civil liberties.

Across both the global North and South, figures such as Donald Trump, Viktor Orbán, Nayib Bukele, Javier Milei, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, and Andrés Manuel López Obrador advance an anti‑political narrative that delegitimizes and erodes representative institutions, undermines checks and balances, and disregards pluralism. In this way, 21st‑century authoritarianism cloaks itself in popular legitimacy and constitutionalism, adopting hybrid forms that fuse democratic procedures with illiberal practices.

This scenario has been reinforced by the decline of U.S. hegemony and the global advance of governments with authoritarian traditions, notably China and Russia. Their rise has fragmented the liberal international order that had sustained and promoted democratic expansion since the end of the Cold War. The emerging world (dis)order is marked by competition among political models and the normalization of authoritarian regimes as legitimate actors on the global stage. With Trump in power, the United States ceased to appear as a promoter of democracy in regions such as Latin America. On the contrary, it has engaged in collaboration with authoritarian governments like that of Nayib Bukele, with illiberal leaders such as Javier Milei, and has even shown full identification with coup-related causes such as Jair Bolsonaro’s in Brazil.

Authoritarianism and Democracy

Authoritarianism, like democracy, forms part of the political DNA of societies. Human history does not follow a predetermined path that guarantees the inevitability of one particular way of conceiving and exercising power. Nor can any legitimizing ideology claim inherent superiority over another. The analysis of the ideological dimension of authoritarianism, as proposed by Freeden and Stears (2013) and more recently by Sajó, Uitz, and Holmes (2022), suggests evaluating any specific -ism across three interrelated levels. The first is the normative level, which refers to the ends proclaimed by the ideology: the grand ideals, political values, and goals that publicly define the cause. The second is the pragmatic level, which focuses on the means chosen to achieve those ends, involving the agendas, strategies, resources, and actors mobilized in the execution of ideological programs. Finally, the historical level assesses the concrete results obtained by the promoters of the ideology, considering the consistency between means and ends throughout the process and the ex post consequences for the people and communities affected.At each of the three levels—normative, pragmatic, and historical—no ideology, whether right-wing or left-wing, can claim absolute democratic legitimacy when embodied in specific political regimes and agendas. While institutional development may be problematic in moderate right-wing and left-wing governments—as illustrated by the shortcomings of Mauricio Macri and Lula da Silva—in their more extreme versions, democratic progress is entirely absent. The trajectories of Bukele and Maduro provide clear evidence of this reality.

The Normalization of Authoritarianism

Over the past fifteen years, efforts have been undertaken to normalize authoritarianism as a viable, effective, and legitimate mode of governance. This process of normalization has extended across diverse political ideologies and has been amplified by far-reaching media narratives. From both the right and the left, in their illiberal or anti‑liberal versions, authoritarian currents tend to converge around certain common themes, which they adapt to their specific contexts. These include: (a) the invocation of national sovereignty, embodied in the state or government, allegedly threatened by the advance of globalism, progressivism, or neoliberalism; (b) the pursuit of a new world order opposed to the actors, values, and institutions of the liberal order; and (c) the persistent delegitimization of the principles, functioning, and outcomes of liberal democracies, which are portrayed as inferior to authoritarian governance that asserts the supremacy of a single and exclusive leadership, organization, or idea.

In the current context, various Latin American governments are capitalizing on global fragmentation to diversify their alliances. By seeking economic, technological, and political support from countries such as China and Russia, these regimes gain greater room for maneuver when confronted with international pressure regarding human rights and democracy. This realignment of international ties reflects not only a pragmatic strategy, but also an insertion into a world where liberal democracy is no longer serves as the sole horizon of legitimacy.

In this way, the authoritarian rise in Latin America forms part of a global order with fewer democratic references to rely on. This development renews long-standing trends embedded in the DNA of the secular struggle (Fung, Moss, and Odd, 2024) between democracies and their adversaries. Confronted with such a scenario—distinct from those of 1933, 1974, or 1989—the articulation of a transideological solidarity between the moderate left and right, united in defense of democracy and in opposition to any actor, discourse, or process that advances autocracy (regardless of its –ism), represents both the intellectually and civically correct stance.

References

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Croissant, A., & Tomini, L. (Eds.). (2024). The Routledge handbook of autocratization. Routledge.

Freeden, M., & Stears, M. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of political ideologies. Oxford University Press.

Fung, A., Moss, D., & Westad, O. A. (2024). When democracy breaks: Studies in democratic erosion and collapse, from ancient Athens to the present day. Oxford University Press.

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Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2021). A third wave of autocratization is here: What is new about it? Democratization, 28(2), 305-325.

Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2013). Democracies and dictatorships in Latin America: Emergence, survival, and fall. Cambridge University Press.

Nord, M., Altman, D., Angiolillo, F., Fernandes, T., God, A. G., & Lindberg, S. I. (2025). Democracy report 2025: 25 years of autocratization – Democracy trumped? V-Dem Institute, University of Gothenburg.

Sajó, A., Uitz, R., & Holmes, S. (Eds.). (2022). Routledge handbook of illiberalism. Routledge.

Wiatr, J. J. (Ed.). (2019). New authoritarianism: Challenges to democracy in the 21st century. Barbara Budrich Publishers.

The Darkening of International Relations

The geopolitical turn in international relations (IR)—marked by a renewed emphasis on coercion, transactionalism, hard power, and spheres of influence—has revived a fundamental concept long dormant in the field: anarchy. Before the war in Ukraine, for many observers, anarchy appeared to have been largely relegated, neutralized by an expanding body of international legal norms and a cooperative habitus deeply embedded in much of the world. At least in Europe—the most constructivist region in the world—violent rivalry between states had largely been contained and transformed within the framework of the EU. From Brussels, Berlin, Paris, or Madrid, it seemed that the European Union’s liberal institutionalism—the belief that anarchy could be overcome through international organizations and agreements based on free trade, universal suffrage, civil liberties, and sovereign equality—would eventually be embraced by the rest of the world as the superior model for interstate relations. History, it seemed, would continue to move in the right direction as long as the European Union prospered, and the EU viewed itself as the embodiment of what Hanns Maull (2007) termed a “civilian power” (Zivilmacht). Nowhere was this belief more deeply held than in Berlin—the soft-power superpower.

However, this liberal-institutionalist worldview made it difficult for Europeans to grasp why other regions of the world perceived their surroundings – and the international order more broadly – in fundamentally different ways. Higher levels of mistrust among state actors outside Europe, combined with their proximity to illiberal geoeconomic poles in an increasingly multipolar world, meant that non-Western regions were better prepared for the new international order. What Europe perceives as a “darkening” of international relations can appear, from other regions, as the continuation and reinforcement of long-standing strategies and power structures. As the old realist maxim reminds us, “the strong do what they can, and the weak suffer what they must” (Thucydides). The non-European world has long experienced a more anarchic reality than Europe—or at least than the version of Europe that emerged after 1945.

It is clear that the war in Ukraine has disrupted not only Europe’s security order but also, more profoundly, the EU’s conception of its role in the world. The notion of restoring amicable relations with Russia through open channels of communication and restrictions on Ukraine’s offensive potential has, at present, come to be viewed as a form of appeasement toward Moscow. This behavior, however, stemmed from the liberal-institutionalist mindset of interdependence—symbolized until 2022 by the “partnership for modernization” (Modernisierungspartnerschaft)—and rooted in the 1990s conviction that economic exchange (natural gas for technology) would catalyze liberalization and stability in Russia (Scianna 2024). The key question, then, is what the escalating great-power rivalry and the emergence of this new geopolitical era mean for German foreign policy and, by extension, for European foreign policy.

A Displaced World Order and the Emerging Authoritarian Coalition

China and the United States are rewriting the global rules

Despite the grim realities of the full-scale war in Ukraine since 2022, the current strategic challenge to the liberal international order operates along two main axes. First, under Xi Jinping’s leadership, China has abandoned the path of a “peaceful rise” and assumed a far more assertive role, both regionally and globally. Second, under the Trump administration, the United States abandoned its role as a “status quo power” and started actively rewriting the rules of global governance, especially in trade and security. Since 2016, Carlo Masala has referred to this new reality as a “global disorder” (Masala 2025).

Regionally – particularly in the South China Sea – Beijing has pursued a more forceful posture, even while sustaining deeply interconnected and broadly benign trade relations with neighboring states for more than twenty years. Despite their complicated historical relations with China, Taiwan and Japan emerged as the country’s main sources of foreign direct investment. However, following its 2009 assertion of sovereignty over the majority of the South China Sea—including the Paracel and Spratly Islands, along with Taiwan and the Senkaku/Diaoyu (or the Pinnacle) Islands—through the “nine-dash line,” China began fortifying islets in the area, increasing the frequency of clashes with Philippine and Japanese coast guard forces. All this is happening as Beijing undertakes major modernization efforts to turn the People’s Liberation Army into a world-class military force able to rival that of the United States (Stumbaum/de Cet 2025).

China’s neighbors—from ASEAN to Taiwan, South Korea, and Japan, as well as India, Australia, and the Pacific states—have responded to Beijing’s growing assertiveness through various hedging strategies, including bilateral free trade agreements, multi-alignment, and increasingly deep security cooperation with the United States (Short 2025).

At the same time, countries across the region have sharply expanded their defense budgets. Notable modernization initiatives are underway among ASEAN members—most prominently Vietnam—and NATO+ partners such as Japan, South Korea, and, increasingly, Australia. Nevertheless, these efforts remain comparatively limited when measured against the scope of Beijing’s defense modernization.

Finally, major extra-regional powers—including Germany— have expanded their presence in the South China Sea through joint exercises and freedom of navigation operations aimed at upholding international law and reinforcing regional and global norms of conduct (Grossmann 2020). Tensions, therefore, continue to rise.

China’s offensive in international organisations

On the global stage, China has spent the past two decades steadily challenging Western dominance in international organizations. It has done so, for instance, by promoting the appointment of Chinese nationals to key positions in institutions such as the World Health Organization (WHO) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); by obstructing the dispute settlement mechanism of the World Trade Organization (WTO); and by assuming a more prominent role in the global fight against climate change, both within and beyond the framework of the Paris Agreement.

Beijing has also established “parallel organizations”, such as the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), founded in 2015 to rival the Japan-led Asian Development Bank (ADB), which was established in 1966 and modeled on the World Bank. Beijing’s ambition to become a “polar power” by 2030, its leading role in the recently expanded BRICS group and the Shanghai Cooperation Organization (SCO), as well as its Global Governance Initiative (GGI), all underscore China’s expanding international profile (Lagarda 2025). Other examples include the ambitious Belt and Road Initiative (BRI)—possibly the largest infrastructure development initiative in history—and China’s growing influence in Latin America. Grounded in economic interdependence but reinforced by sustained military diplomacy, both initiatives have enabled Beijing to achieve a significant degree of political influence in participating countries.

Trump’s transactional order and the authoritarian international

In response to China’s ascent, the Trump administration used America’s dominant position in the global economy to shape a new geoeconomic order – one that was more transactional and less institutionalized. Washington’s capacity for economic, political, and military coercion—evident in the use of tariffs as an economic weapon (India, Brazil, USMCA), the strategic deployment of military aid (through NATO and to Ukraine), and threats of intervention (toward Mexico and Venezuela)—has enabled it to secure concessions from both allies and adversaries.

Washington’s shift in military posture across the Western Hemisphere aims to reinforce the Monroe Doctrine and could prove decisive in a more militarized campaign against the transnational narco-economy. In the not-too-distant future, it may also push economic competitors out of its sphere of influence. The global consequences have been significant: the United Nations system is in disarray, emerging powers are deepening their multi-alignment strategies beyond Washington’s sphere, and NATO’s European members are bolstering their strategic autonomy in case of a U.S. military pullback.

Levels of trust toward Washington have fallen dramatically. Its new posture could leave the United States with fewer allies and increased international isolation. In an increasingly multipolar world, China has succeeded in establishing a sphere of influence and building an international coalition of like-minded states, while the United States has, through its use of coercive tools, undermined the liberal international order and effectively renounced its role as a global leader (Daalder/Lindsay 2018).

For Europeans, this new United States will remain a challenging partner, which in turn heightens the importance of Europe’s relations with like-minded countries in Latin America and the Indo-Pacific. The Trump administration’s shifting and unpredictable support for Ukraine complicates internal EU negotiations on strengthening defense policy, as European states are increasingly required to shoulder a larger share of military aid to Kyiv. This has diverted European attention from Beijing’s efforts to construct an alternative global order, which, while less immediate, pose a deeper and more enduring challenge for Europe, given its reliance on an effective multilateral system. Meanwhile, Russia has deepened its alliances with China, North Korea, and Iran to sustain its war against Ukraine. Moscow is pursuing the creation of an “authoritarian international,” composed of the CSTO military alliance with Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Armenia; Iranian-supplied armed drones; North Korean artillery; and dual-use technologies provided by Beijing. Angela Stent has termed this emergent grouping “CRINK” (Stent 2025).

Germany’s Multinational Response to Russian Hegemony

The Zeitenwende: from incrementalism to radical change

Germany’s response to the rise of the so-called “authoritarian international” has primarily taken the form of a strengthening of its conventional defense posture, with particular emphasis on NATO’s eastern flank. Germany’s defense budget began to rise gradually after 2014, following Russia’s annexation of the Crimean Peninsula (Sasse 2023). However, these gradual measures were insufficient to significantly enhance the Bundeswehr’s deterrence capabilities, which continue to suffer from critical gaps and a shortage of strategic enablers (Burilkov/Rieck 2023).

The situation changed at the end of February 2022, when, just days after Russia’s large-scale invasion of Ukraine, Chancellor Olaf Scholz declared that Europe was undergoing a Zeitenwende—a historic turning point in defense policy (Bundesregierung 2022). In response, he established a €100 billion special fund (Sondervermögen) aimed at modernizing the Bundeswehr and reconstituting Germany’s territorial defense capabilities. For the Bundeswehr, this represented a profound transformation, after nearly three decades of structuring its organization, training, and equipment around stabilization missions abroad (Neitzel 2025: 100–105). At the European level, Germany also moved switfly: in August 2022, it launched the European Sky Shield Initiative (ESSI), envisioned as an integrated air and missile defense system for the continent.

Brigade in Lithuania and the Berlin-Warsaw Axis

The most tangible manifestation of this paradigm shift in security and defense is the German-led deployment of a new heavy brigade in Lithuania. For the first time in the history of the German army, German troops will be permanently stationed outside national territory—and, notably, in a region once occupied by the Wehrmacht during World War II. In 2026, NATO’s current multinational Enhanced Forward Presence (eFP) in Lithuania will be incorporated into this new 45th Armored Brigade. Although the deployment will strengthen the defense of the Baltic states—whose armed forces are limited in size – doubts persist about NATO’s ability to supply them through the Suwałki Corridor or by sea in wartime conditions, given the proximity of Russia’s Kaliningrad stronghold.

The new federal government, led by Chancellor Friedrich Merz, has introduced a second special fund for the armed forces, a sustained increase in defense spending to 3.5% of GDP over the coming years (€83 billion in 2024), and the reintroduction of compulsory military service (Bundesregierung 2025). Germany will thus once again possess the largest conventional army in Europe and, in the event of conflict, serve as a logistical “turntable” for reinforcing NATO’s eastern flank.

Close ties with Poland under Prime Minister Donald Tusk—reinforced by mechanisms such as the Multinational Corps Northeast in Szczecin—provide a strong foundation for this role. There is strong consensus between Berlin and Warsaw, particularly on defense matters, such that Germany’s Zeitenwende complements Poland’s significant rearmament, also focused on NATO’s eastern flank: Poland’s defense budget increased from $10 billion in 2014 to $15 billion in 2022, reaching $38 billion in 2024 (World Bank 2025).

Europe strengthens its defence architecture

In line with its traditional foreign policy approach, Berlin has taken advantage of the Zeitenwende to reinforce European integration mechanisms, advancing a more capable defense posture within the EU and consolidating Germany’s central role in NATO (Rathke/Luetkefend 2025). U.S. pressure and the challenges arising from the war in Ukraine have prompted European allies to commit to substantial increases in defense spending—up to 3.5% of GDP for core military capabilities, plus an additional 1.5% for associated civil infrastructure.

This revitalization of NATO has coincided with another Zeitenwende, perhaps even more consequential, within Brussels itself. Since 2019, the self-styled “Geopolitical Commission,” chaired by Ursula von der Leyen, has enhanced the role of the European Defence Agency (EDA) in military planning, research, and development. In addition, the European Peace Facility (EPF), an extra-budgetary mechanism designed for conflict prevention, has been converted into a funding source for Ukraine’s arms procurement – given that EU treaties forbid using the EU budget for military purposes. In October 2023, it launched EDIRPA, a European law to strengthen the defense industry through the joint procurement of military equipment.

In 2024, the EU established its first Commissioner for Defense, and in May 2025, it launched the Security Action for Europe (SAFE), a supranational financial instrument designed to speed up the defense readiness of Member States. This instrument enables urgent and strategic investments in the European defense industry, with particular emphasis on critical capabilities (European Commission 2025). This does not constitute a militarization of the EU, but rather represents a significant shift in its function as a strategic actor in European defense. By opening these instruments to non-NATO partners, the EU also aims to strengthen ties with like-minded states beyond the Euro-Atlantic sphere, particularly in the technological domain, which could represent a significant opportunity for the European defense sector in the Indo-Pacific (Besch 2025) and, to a lesser extent, in Latin America.

The war against Ukraine is testing the resolve of NATO, a military alliance that, at least in Europe, has operated in a peacekeeping mode since the end of the Cold War. The size of the armed forces has been considerably reduced, the operational readiness of military equipment remains limited, procurement procedures are slow, and the defense industry’s production capacity is insufficient. While the recent changes have been both profound and necessary, their implementation has been slow, prompting some observers to speak of the “death” of the Zeitenwende (Tallis 2024). Limitations persist in both industrial capacity for weapons production and military recruitment, although financing is no longer the critical bottleneck it was before 2022 (Matlé 2025).

Redefining its Foreign Policy Self-conception

From Zivilmacht to realism: redefining German power

Germany needs to redefine its self-conception and its role in a global context where the conditions for projecting soft power are rapidly deteriorating. Since reunification in 1990, Berlin has carved out a distinctive role in international relations: emphasizing soft power and non-coercive influence, it has prioritized development cooperation, science diplomacy, and economic interdependence as functional substitutes for power politics.

Within this framework, Germany has viewed itself as a civil power (Zivilmacht): a benign middle power that, through diplomacy, development, and defense, invests in regional and global institutions to provide global public goods. Its leadership in climate diplomacy and its position as one of the world’s largest donors of official development assistance clearly reflect this role.

This set of liberal and institutionalist foreign policy tools was well suited to the early post–Cold War decades and helped consolidate Germany’s position as one of the world’s leading economic and political powers. However, this success also reinforced a self-conception that, grounded in values Berlin regarded as universally benign, has often resulted in a notable degree of moralism.

This conception of Zivilmacht, while still valid—since the provision of global public goods continues to rely on collective and consensual action—is nevertheless insufficient in the face of the current rivalry among major powers (Maull 2025). In order for German civil power to maintain its influence, its liberal-institutionalist core must be complemented by tougher realist components.

In other words, soft power requires hard power as its foundation, serving as the foundation that allows it to be projected effectively in the current geopolitical environment. Other middle powers, such as the United Kingdom and France, learned this lesson long ago; for Germany’s political elites and civil society, however, it demands a profound reassessment of the values and interests shaping its foreign policy. In this context, the war in Ukraine has effectively opened the door to a genuine Zeitenwende: a fundamental paradigm shift in German defense policy.

Strategic solidarity with the enlarged West

Confronted with illiberal coalitions and authoritarian associations like CRINK, Germany’s defense spending can be seen as a contribution to NATO’s collective burden-sharing, enabling other allies to concentrate on the Indo-Pacific region. These actions also serve as signals of Germany’s commitment to NATO+ partners in the region (alliance signaling), demonstrating strategic solidarity and reinforced by a larger—though non-aggressive—presence of the German Armed Forces. 

The concept of strategic solidarity within an “enlarged West” also offers a useful framework for German policy toward Latin America: neither Germany nor Europe can play a leading role in the region’s security policy, since military cooperation with the United States—except in Cuba, Nicaragua, and Venezuela—is highly institutionalized and, despite periodically resurgent anti-American rhetoric, generally accepted.

The potential for cooperation with Europe also lies in the areas of strategic raw materials—particularly lithium and rare earths—trade, and technology. Given China’s economic influence in Latin America and Europe’s reliance on Chinese primary goods to achieve technological autonomy, the EU–Mercosur free trade agreement no longer appears as a partnership grounded in shared democratic values, but rather as a pragmatic process of geo-economic risk reduction (de-risking) for both regions.

The FTA enhances the economic, technological, and ultimately military resilience of the broader West. In my view, this should involve greater cooperation on armaments with Latin American states seeking partnerships for military modernization – which would at least require, as in the Indo-Pacific, a liberalization of Germany’s arms export policy.

Global alliances for an anarchic world

Despite its shortcomings, the Zeitenwende represents a crucial milestone in German foreign policy, as it can revitalize Germany’s hard power not only within European and transatlantic frameworks, but also globally, where it may amplify its traditional soft power.

Like the emerging international alignments, this realistic rethinking must also adopt a genuinely global perspective: it entails redefining Germany’s alliances, complementing traditional partnerships—based on shared values within the G7 and among democratic partners—with more transactional arrangements with like-minded countries in other regions, particularly Latin America and the Asia-Pacific, where many stakeholders in the liberal international order are concentrated.

Although Germany may not be able to offer cooperative frameworks comparable to AUKUS—where the United States transfers nuclear submarine technology to Australia—this new approach requires rethinking its foreign policy tools and adopting a more realistic perspective: redesigning policies on aid, science and technology, and arms exports to provide more attractive avenues for cooperation in areas that are priorities for its partners. Many of these lessons must be—and are already beginning to be—integrated into strategic planning in Brussels, NATO, and the EU.

Major non-NATO allies such as Japan and Australia, as well as Argentina and Brazil, deserve far greater attention from Berlin and Brussels, as they lie on the front lines of great-power competition. I believe this calls for a more robust German hard power foundation: militarily effective, capable of global deployment, and coordinated within international alliances and partnerships. The world may be growing more anarchic, yet, as Alexander Wendt (1992) observed, anarchy is ultimately what states choose to make of it.

Bibliography

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For more than a century, the United States’ influence in Latin America and the Caribbean (LAC) stood as an unquestioned cornerstone of international politics. However, China’s entry into the World Trade Organization (WTO) in 2001 marked the start of a quiet yet profound transformation that is reshaping the region’s geopolitical landscape. This shift does not represent a simple succession of hegemonies, but rather a complex process of reconfiguration in which geopolitics and geoeconomics intersect, producing a more complex and dynamic geopolitical board.

The evidence of this transformation is overwhelming. In just two decades, China has evolved from a marginal actor to South America’s principal trading partner since 2010, and the second largest in the broader Latin American region—projected to surpass the United States by 2035. This meteoric rise is underpinned by a multifaceted and far-reaching strategy, in contrast to what many analysts view as strategic neglect on the part of Washington.

Trade as the Driving Force

Trade volume offers the clearest indication of this structural transformation. Trade between China and LAC has experienced exponential growth: from a modest $ 12 billion in 2000, it surged to $450 billion in 2023 and reached a historic high of $ 518 billion in 2024.

This rapid growth reflects a highly complementary, yet potentially problematic, relationship. Latin America primarily exports raw materials—with five products accounting for 67.2% of total exports: copper, soybeans, iron ore, crude oil, and refined copper—while importing high-value manufactured goods such as electrical machinery, mechanical equipment, and vehicles (see Figures 1 and 2).

This trade pattern has generated substantial surpluses for commodity-exporting countries such as Brazil and Chile, where surpluses often exceed 2% of GDP, but it has exacerbated structural deficits in more industrialized economies like Mexico, which recorded nearly -6% of GDP in 2023.

Trade between the United States and LAC, in turn, reflects a structural pattern that highlights both the priorities and vulnerabilities of the two parties. Over the past decade, trade has grown in absolute terms, but its underlying structure has remained unchanged: the United States primarily exports high value-added industrial goods—machinery, electrical equipment, and manufactured products—while importing natural resources, energy, and food from the region (see Figure 3). This trade structure underscores LAC’s significance as a strategic supplier of raw materials essential to U.S. energy and food security, while simultaneously revealing Latin American countries’ reliance on international markets to sustain their export‑oriented economies.

Nevertheless, what matters is not only the volume of trade, but also the geopolitical competition embedded within it. While U.S. trade with Latin America has grown, its relative weight has declined in the face of China’s rise —a rise driven not only by its demand for natural resources but also by its expanding presence in manufacturing and finance.

The paradox is striking: despite sustaining substantial trade with LAC, the United States has been unable to convert this economic presence into renewed strategic influence. China, by contrast, has moved more assertively to seize emerging opportunities, positioning itself as a strategic counterweight to Washington’s long-standing centrality in the region.

The United States’ trade relationship with the region is marked by its maturity and structural stability, whereas China’s is more recent and rapidly expanding. Washington primarily exports capital goods, advanced machinery, and industrial components, many of which feed into regional value chains, particularly in Mexico and Central America under the USMCA framework. This creates a productive interdependence that goes beyond simple exchange.

Import Patterns: Diversification vs. Primary Concentration

When it comes to imports, both countries acquire commodities, though with distinct areas of emphasis. The United States maintains a diversified import profile from LAC—energy, strategic minerals, agro-industrial products, and basic manufactured goods—aligned with its energy and food security priorities. China, by contrast, focuses on large-scale imports of primary resources – soybeans from Brazil and Argentina, copper from Chile and Peru, and oil from Venezuela and Brazil—which are essential for sustaining its industrial and urban growth. Such concentrated demand exerts an immediate and significant impact on international commodity prices and reshapes production incentives across the region.

The outcome is a segmented regional trade pattern, in which China’s economic complementarity reinforces primary-export growth, whereas the relationship with the United States remains important but its relative share in regional trade declines. While the United States maintains a more integrated and diversified trade portfolio, China operates as a concentrated engine of demand, capable of reshaping Latin America’s export structure and expanding its influence over the region’s economic and political agenda.

The Evolution of Investments: from State Loans to Strategic Sectors

China’s strategy in the region extends well beyond trade and is particularly evident in its investment footprint. Although Chinese FDI accounted for only 2% of total inflows in 2024, according to ECLAC, this figure significantly understates its real impact. Much of China’s investment is routed through third countries or recorded as concessions and construction contracts, thereby falling outside conventional FDI classifications. The real stock of Chinese investment reveals a different picture: it grew from $126.3 billion in 2015 to over $600 billion in 2023.

The qualitative evolution of China’s investment strategy is evident in its shift from predominantly large state loans to direct investments in new plants operated by companies in high value-added sectors. Companies such as BYD and Great Wall Motors are establishing electric vehicle plants in Brazil and Mexico; Huawei is deploying 5G infrastructure across the region; and investments in critical minerals, including lithium in the Lithium Triangle and copper in Peru, are rapidly increasing. Geographically, these investments are concentrated in the largest economies: Brazil (34% of the total between 2020 and 2023), Argentina (22.5%), Mexico (15%), and Peru (11%).

The Paradox of the Largest Investor Losing Influence 

As China diversifies and deepens its investment presence in the region, the United States faces a unique paradox. In 2024, Washington remained the main foreign investor in the region, accounting for 38% of total investment, equivalent to $188.962 billion. However, this leadership position has coincided with a relative decline in influence, particularly in South America, where China has steadily expanded its presence. This contradiction—holding the position of largest investor yet losing strategic centrality— reflects dynamics that extend well beyond economics.

On the commercial front, the United States retains its historical strengths, yet it now faces growing competition from China. Although the United States was long regarded as the region’s natural strategic partner, Beijing has surpassed Washington as the leading trading partner in countries such as Brazil, Chile, and Peru, and is now the second largest in Mexico. North American trade policies — often associated with the America First doctrine and perceived as aggressive due to tariff measures — have encouraged Latin American producers to redirect their attention toward Asian markets. As a result, numerous governments and economic sectors in LAC perceive that Washington has deprioritized the region. 

Chinese Agility vs. U.S. Standards 

The differences in operational frameworks are also significant. While Chinese companies tend to operate faster and with fewer political, environmental, or labor constraints, U.S. companies face stricter standards for transparency and sustainability. Although these requirements contribute positively to governance, they can also reduce the relative competitiveness of U.S. companies when compared with their Chinese counterparts.

In this context, U.S. investment is increasingly directed toward strategic sectors connected to national security priorities and the restructuring of global supply chains. Notable examples include projects in Mexico and Costa Rica aimed at strengthening the semiconductor supply chain, as well as initiatives in Brazil designed to advance critical mining operations under environmentally responsible extraction standards.

Flagship Projects: The Geopolitics of Cement and Steel

The competition between China and the United States is increasingly visible in infrastructure projects that are transforming the region’s economic landscape. The port of Chancay in Peru, developed by cosco with an investment of $3.5 billion, represents far more than a conventional port facility: it constitutes a strategic hub that will shorten shipping times to Shanghai by ten days, intentionally bypassing the Panama Canal. The project generates economic dependencies, expands influence, and provides a tangible logistical advantage that disrupts established trade flows.

The Central Bioceanic Corridor, in turn, illustrates China’s broader ambition to reconfigure South America’s logistical landscape. By establishing an efficient terrestrial route for Brazilian raw materials to access the pacific, the project disrupts long-standing Atlantic-oriented trade flows and deepens South America’s economic ties with Asia, further sidelining routes that have traditionally benefited the United States and Europe.

For more than a century, the Panama Canal has stood as a quintessential symbol of American power and engineering prowess. Today, however, it faces indirect competition from the new trade routes promoted by China. Chancay and the Bioceanic Corridor form part of a calculated strategy to dodge the Panama Canal thereby diluting its geoeconomic monopoly and reducing strategic dependence on a route historically controlled by one of Washington’s closest allies.

Financing, Debt and Internationalization of the Yuan 

In terms of financing, debt, and the internationalization of the yuan, Chinese policy banks have extended loans exceeding $120 billion since 2005, with some estimates reaching upwards of $141 billion. The primary recipients of these loans were Venezuela, with approximately $60 billion, and Brazil, with $31 billion.

Although loans from Chinese policy banks have dropped sharply in recent years—falling to nearly zero for Belt and Road Initiative (BRI) projects in 2020, with only a slow post-pandemic recovery—they were instrumental in enabling China to expand its influence in the region through infrastructure diplomacy. Factors contributing to this decline include diminished demand for Chinese financing in LAC, changes in the management of China’s foreign exchange reserves, and a more cautious approach to risk by Chinese lenders.

Currently, China’s financing strategy is supported by new lines of credit. At the China-CELAC Forum held in Beijing in May 2025, Chinese President Xi Jinping announced the creation of new yuan-denominated credit lines. The total of these lines amounts to ¥66 billion, equivalent to approximately US$9.2 billion, aimed at supporting infrastructure development, poverty reduction, and digital transformation.

In addition to these credit lines, China has deepened its financial ties and advanced the internationalization of its currency, the renminbi (RMB), through the signing of currency swap agreements. By 2022, China had concluded bilateral local currency swap agreements with the central banks of Argentina, Brazil, Suriname, and Chile. These agreements seek to expand the use of the yuan in cross-border transactions. A notable example of such agreements is the one signed by China and Brazil in February 2023. The two countries agreed to a currency swap worth R$157 billion (approximately US$28 billion), set to remain in effect for five years. 

The U.S. Response: Limited Initiatives and Structural Challenges

President Joe Biden—who, as vice president, had already advocated for revitalizing U.S. influence in the region to offset China’s growing presence—framed China as a strategic rival and committed to reinforcing partnerships in the Western Hemisphere. In 2021, working alongside G7 partners, the administration launched the Build Back Better World (B3W) initiative as an alternative to China’s Belt and Road Initiative (BRI), aiming to finance infrastructure projects in low- and middle-income countries, including those in Latin America. However, its initial impact was largely symbolic: only $6 million was committed in the first year—a negligible amount compared to the hundreds of billions mobilized by Beijing. The initiative was later rebranded as the Partnership for Global Infrastructure and Investment.

At the 2022 Summit of the Americas, President Biden announced the launch of the Americas Partnership for Economic Prosperity, an initiative aimed at enhancing regional economic competitiveness. At the same time, legislative proposals such as the Western Hemisphere Nearshoring Act (H.R. 772) were introduced in the 118th Congress to establish permanent trade partnerships and encourage the reshoring or nearshoring of supply chains from China to countries closer to the United States. Yet, these initiatives have stalled in Congress, underscoring internal limitations and the absence of political consensus around a more ambitious strategy supported by adequate resources.

The DFC Paradox: Investment Without Reach

One of Washington’s primary instruments is the U.S. International Development Finance Corporation (DFC), which oversees financing for projects abroad. One example often cited as a success is the approval of $30 million for a cobalt and nickel mining project in Brazil, intended to support the production of lithium-ion batteries. Yet this example remains an exception. Under its current mandate, the DFC considers every Latin American nation, apart from Bolivia, Honduras, Nicaragua, and Haiti, too wealthy to qualify for most of its funding programs. The Brazilian project secured approval only after an extraordinary multi-agency review.

This structural limitation creates a gap that China has been quick to exploit. Guyana offers a telling example: despite being a strategic partner where U.S. companies like ExxonMobil and Hess extract vast oil reserves, the country was denied DFC financing for an oil port expansion due to its newly acquired oil wealth. This rejection paved the way for Chinese contractors to undertake critical infrastructure projects. As Ryan Berg of the Center for Strategic and International Studies observes: “The United States extracts the oil, while China builds much of the infrastructure.” This paradox highlights the disconnect between Washington’s strategic rhetoric and the reality of its foreign policy tools, which are often inflexible, resource-constrained, and unable to match China’s combination of no-strings-attached approach and bureaucratic agility.

This contrast (see Table 1) helps explain why the Chinese model has proven so effective in quickly gaining ground, particularly in a context where many countries face urgent infrastructure needs and demand immediate financing.

Conclusion

Studying the competition between the United States and China in Latin America and the Caribbean reveals not only the dynamics of their bilateral relationship but also broader transformation in the international system. While Washington continues to hold quantitative advantages in foreign investment and in sectors such as financial services and semiconductors, Beijing has steadily built a multifaceted presence that integrates trade, infrastructure, technological innovation, and cultural outreach.

Rather than a simple hegemonic succession, what emerges is a landscape of overlapping spheres of influence, in which each power occupies distinct niches and regional countries exercise significant agency.

In Brazil, for instance, China has become a central trading partner, while the United States remains a major investor in strategic industries. In Mexico, structural dependence on the U.S. economy coexists with China’s growing role in manufacturing. Across the Andean nations, efforts to secure financing for infrastructure and critical mining projects often involve parallel negotiations with both Washington and Beijing.

The key conclusion is that the future of Latin America and the Caribbean will depend not only on the intensity of U.S.–China competition, but also on the region’s ability to articulate its own strategy for international integration.

Such a strategy must balance the pursuit of diversification with the need to avoid new forms of dependency, while aligning economic objectives with environmental, social, and democratic governance priorities.

In this sense, Latin America and the Caribbean is not merely a passive stage for great-power rivalry, but an active player whose capacity to maneuver can help shape the rules of an evolving international order.

A cuatro días de haber iniciado su gobierno, el 13 de noviembre de 2025, Rodrigo Paz declaró que había encontrado una “cloaca de dimensiones extraordinarias” para referirse a la situación del país y la herencia de dos décadas del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder.

A partir de ese momento muchas de las acciones del nuevo presidente se enfocaron en fiscalizar la gestión de los exmandatarios Luis Arce, actualmente detenido, y Evo Morales, resguardado por sus seguidores, en la región del Chapare, y con una orden de captura activa. Esta “autopsia administrativa”, como la llamó Paz, fue develando supuestos casos de corrupción que ahora están en investigación.

Como era de esperarse, este arranque dejó en claro que el gobierno movería muchas fichas para cimentar su nueva visión de país y dejar en el recuerdo el “Estado Plurinacional” que el MAS  se empeñó en defender.

Diplomacia de puertas abiertas

La principal expectativa recae en el restablecimiento de los embajadores de Bolivia y Estados Unidos, luego de una ruptura de 18 años. El anuncio es oficial y se espera que pueda concretarse a la brevedad. Sin embargo, esto no significa un distanciamiento con China, principal financista bilateral de la deuda externa, con 1.240 millones de dólares invertidos principalmente en carreteras e infraestructuras mineras.

Con Chile, el ambiente propiciado entre Rodrigo Paz y el presidente electo José Antonio Kast proyecta un óptimo acercamiento. Este hecho sería histórico considerando que desde 1978, debido al diferendo marítimo, ambas naciones no cuentan con embajadores.

Respecto a Perú se hizo efectivo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, luego de tres años de ruptura durante la gestión de Luis Arce. Y Brasil no estuvo al margen, pues se dieron acercamientos para potenciar acuerdos estratégicos de comercio, energía e infraestructura.

[Lee: El mapa de los alineados: ¿cómo está Latinoamérica y Estados Unidos?]

En la lógica de mantener las puertas abiertas a todos, Bolivia también reanudó relaciones diplomáticas con Israel, tras haberlas roto en octubre de 2023 debido a la ofensiva en Gaza.

Estas son las señales más fuertes del viraje anunciado en política exterior para reemplazar la denominada “diplomacia de los pueblos”, que mantuvo la izquierda en consonancia ideológica con los regímenes de Venezuela, Nicaragua e Irán.

El objetivo de Bolivia es cambiar su imagen ante el mundo, pero también presentarse como un interlocutor válido para la financiación en la palestra internacional.

Salvataje económico

Uno de los mayores desafíos para la administración de Paz es sin duda salir de la crisis económica. Para esto, la medida más radical que asumió fue la eliminación de la subvención de los combustibles, un paso que según el gobierno significó un ahorro fiscal de 400 millones de dólares (Bolivia tuvo en 2025 un gasto público de unos 42.610 millones de dólares).

Sin embargo, esta decisión estuvo acompañada de alta conflictividad que solo se logró apaciguar con algunas negociaciones y concesiones a los entes sindicales que protagonizaron las protestas. “Hemos hecho una revolución sin un tiro. Estamos cambiando la economía sin un tiro, con diálogo, con consenso y con una cultura de la confianza”, dijo el presidente Paz en una entrevista con El País.

Por otro lado, el salvataje en gran parte se está consolidando a través del financiamiento externo, aunque Rodrigo Paz durante su campaña había prometido un plan de estabilización sin necesariamente tomar este camino. Bolivia logró asegurar más de 8.000 millones de dólares con diferentes préstamos que buscan reactivar sectores productivos y fortalecer las finanzas públicas. Las críticas no faltan, pero el mandatario defiende su postura asegurando que es un “endeudamiento productivo”.

Inflación y recesión

Sin embargo, la inflación sigue siendo un problema importante. En enero alcanzó el 1,3%, con una acumulada a 12 meses del 19,64 %.

Además, quedan pendientes reformas estructurales en materia fiscal y cambiaria. Es decir, la implementación de políticas que impulsen el crecimiento económico y no solo atiendan la contención de la crisis.

Si bien los números y algunas calificaciones internacionales pueden ser optimistas respecto a las medidas económicas, la incertidumbre es una constante en la ciudadanía, que siente con más peso estas decisiones en aspectos claves de su economía familiar como el aumento de transporte público y el alza de los precios de productos básicos.

En su primer informe de 2026, el Banco Mundial advirtió que Bolivia será el único país de Sudamérica con su economía en recesión.

Transparencia cuestionada

El 21 de enero se conoció que una exdiputada ingresó a Bolivia en un vuelo chárter con más de 30 maletas provenientes de Miami, haciendo uso irregular de un pasaporte diplomático y evadiendo controles de la Policía y Aduana. A la fecha, las investigaciones sobre los presuntos hechos de narcotráfico y corrupción judicial avanzan con lentitud y sin las aclaraciones necesarias de las autoridades. Mientras tanto, la exlegisladora y un juez fueron encarcelados.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para 2025, Bolivia ocupa el puesto 136 de 182 países, con una puntuación de 28 sobre 100, la misma de 2024. El combate a este flagelo podría ser uno de los grandes problemas de Paz en este año.

El otro caso que ya se califica como escándalo es la comercialización de gasolina de “mala calidad” por parte del Estado. Centenares de vehículos sufrieron daños en sus motores con afectaciones económicas variadas y ahora buscan negociar con el Ejecutivo una compensación por los daños. Las versiones del gobierno se manejaron de manera improvisada y fueron contradictorias generando el enojo de los choferes que exigen transparencia.

Algunos datos apuntan a la falta de mantenimiento en tanques de almacenamiento, pero también surgió la narrativa gubernamental de un posible sabotaje interno por funcionarios ligados a administraciones previas del MAS, que aún se mantienen en esta gestión.

Aprobación de Paz y oposición de su vicepresidente

El vicepresidente Edmand Lara ha dado más que hablar por sus arremetidas contra Rodrigo Paz, que por sus propias labores como el segundo al mando del país. Desde la declaración de enemigo o la acusación de corrupto, hasta el pedido de un diálogo para superar sus diferencias, los mensajes de la autoridad, emitidos en TikTok, se han caracterizado por la incongruencia y la falta de pruebas.

La aparente sinergia de esta dupla, que ganó las elecciones de 2025 con el 54,96%, quedó desvanecida a pocos días de iniciar el gobierno. Actualmente Lara es el mayor opositor del gobierno, aunque resulte paradójico.

Con este distanciamiento también se pone en juego el funcionamiento del Legislativo que evidencia un fraccionamiento tras estos primeros 100 días. Si el oficialismo no cuenta con mayoría en el Congreso, se prevé dificultades para la aprobación de reformas trascendentales. Entre estas: leyes de inversiones, hidrocarburos, energía y minería.

Según un estudio realizado por la empresa Ipsos- Ciesmori, entre el 16 y el 28 de enero, los bolivianos que viven en ciudades del eje central aprueban la gestión del presidente Paz en un 65%.

El gobierno suma expectativas, pero todavía le persigue el pasado de la izquierda hegemónica y el desafío mayor de la estabilización económica y social con un manejo transparente.

Lo que viene

Las elecciones locales del 22 de marzo 2026 serán decisivas para garantizar la gobernabilidad de los próximos años. En estos comicios se elegirán los gobiernos y asambleas legislativas de los 9 departamentos de Bolivia y sus 336 municipios. En total, unas 4962 autoridades políticas entre titulares y suplentes.

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La eurodiputada Dolors Montserrat es una de las figuras políticas más relevantes del Partido Popular español y del Partido Popular Europeo. Su recorrido profesional que va desde la abogacía hasta algunos de los cargos más altos de la política española como ministra de sanidad (2016-2018) o diputada en varias legislaturas (2008-2019), la posiciona como una referente de los debates contemporáneos en torno a la democracia liberal, la gobernanza y el papel de Europa en un mundo en transformación.

En entrevista con Diálogo Político, la española reflexiona sobre cómo integrar la centroderecha europea con la de América Latina y la revitalización de la política para los jóvenes y las nuevas generaciones.

Centroderecha entre Europa y Latinoamérica

¿Todavía hay espacio para la centroderecha en un mundo cada vez más polarizado?

—Absolutamente. Europa es un ejemplo. El PPE es mayoritario en las instituciones europeas, especialmente en el Consejo Europeo, donde hoy tenemos 14 primeros ministros del PPE, mientras que en la legislatura anterior teníamos cinco (son 27 en total).

¿Por qué existe el populismo? Primero, por el fracaso de la izquierda y del comunismo. Sus políticas solo nos dejaron con más pobreza, desigualdad, precariedad, burocracia, impuestos e intervencionismo. El populismo, los extremos y la extrema derecha están usando el miedo y esa frustración que siente la sociedad. Por lo tanto, nosotros, desde la centroderecha, estamos haciendo lo que siempre hicimos: primero, decir la verdad a los ciudadanos; segundo, defender con convicción nuestros principios y valores, comenzando por el hecho de que somos demócratas, creemos en democracias liberales, en la libertad individual de cada ciudadano, en la defensa del estado de Derecho y en la supremacía de la ley. Fuera del estado de Derecho, solo existen regímenes totalitarios.

Esa izquierda que fracasó y esos extremos que explotaron el miedo de la población son fuerzas que se alimentan mutuamente. De ahí surge la importancia de la centroderecha en ofrecer soluciones para los problemas reales de las personas en todos los rincones del mundo bajo el amparo de la democracia y del estado de Derecho.

[Lee: Diego Schalper: “La centroderecha cree en las reformas, no en las revoluciones”]

Soluciones a problemas

¿Cómo integrar la centroderecha europea con la latinoamericana?

—En Europa, está más consolidado el sistema bipartidista y, sobre todo, la cultura partidaria. El PPE es el líder en las instituciones europeas, pero también en cada uno de los países. ¿Cuál es el primer paso? Estar en este Congreso de la CDI-IDC. Lo importante es que nosotros, políticos de todos los partidos que creemos en democracias liberales y en soluciones reales para los problemas de nuestros ciudadanos, nos unamos sin miedo. La mejor política social que podemos dejar a nuestros ciudadanos es el empleo de calidad. Así, los jóvenes tendrán un progreso vital, no solo en la carrera profesional, sino también en el desarrollo personal, familiar e individual.

Participar en este Congreso en San Pablo se convierte en una acción por la libertad y por el estado de Derecho. Por eso, desde el PEE, queremos mantener nuestra afiliación a la CDI y por eso es importante nuestra participación en la comunidad internacional, porque de esta forma compartimos experiencias y defendemos juntos aquello en lo que creemos, que es la libertad, la democracia y la búsqueda de soluciones para los problemas reales de las personas.

Jóvenes, comunicación y política

Se nota una ausencia de figuras juveniles. ¿Cómo atraer a los jóvenes hacia la política tradicional y hacia la centroderecha?

—Lo primero es hablar con ellos, y de forma clara. Los jóvenes están hartos de discursos y quieren acción. Están hartos del hecho de que no estamos resolviendo sus problemas. En primer lugar, necesitan oportunidades, empleos de calidad. Para que puedan desarrollarse no solo profesionalmente, sino también personalmente, y para que no tengan que hacer las maletas y dejar el país porque este no les ofrece oportunidades. Tenemos que explicarles que, al fin y al cabo, el socialismo y el comunismo han sido una fábrica global de pobreza, inseguridad, exceso de regulación, atraso tecnológico y estrangulamiento económico. Cuando la centroderecha gobierna, mostramos que somos capaces no de crear muros y dividir las sociedades, sino de gobernar para todos, especialmente para los jóvenes, para que tengan un futuro en sus países.

Para ello, necesitamos estar donde ellos están. Por lo tanto, en las redes sociales. Y no solo eso. El cara a cara sigue siendo importante: estar en el terreno, junto con ellos, explicando cuáles son nuestros principios, valores, soluciones y nuestro proyecto para el país. Ya estamos viendo estos cambios en Europa, como en los Países Bajos, que cayó en manos de la extrema derecha hace dos años y, ahora, el gobierno de extrema derecha perdió las elecciones. ¿Y quién ganó? Un partido liberal. Los jóvenes nos escucharon porque hablamos desde un lugar de verdad, principios y valores, con un proyecto nacional y, sobre todo, ofreciendo soluciones para los problemas reales que enfrentan. Lo que quieren es empleo de calidad, vivienda accesible y seguridad en las calles.

Formación de jóvenes

Usted menciona las redes sociales. ¿Cómo hacer esta comunicación en un contexto de desinformación y burbujas informativas?

—Primero, necesitamos estar unidos, porque así nos comunicamos y alcanzamos a más jóvenes. Por ejemplo, a través del PPE no alcanzamos solo a jóvenes españoles, sino también a jóvenes franceses, y los alcanzamos a través del idioma, también por ser franceses. Hablamos con jóvenes en la República Checa y en Eslovaquia en sus propios idiomas. Hay fuerza en la unión. Tenemos que unirnos; por eso este Congreso en San Pablo es tan importante. Hoy mismo, un colega de Colombia nos explicó que, en el país, hay cerca de cien candidatos compitiendo por la Presidencia (91 precandidatos se presentaron para las elecciones de 2026).

El problema es que no nos libraremos de la izquierda si no nos unimos, alcanzaremos a los jóvenes a partir de nuestros puntos fuertes. Vamos a tratar a los jóvenes como los adultos que son. Siempre digo que lo mejor que podemos hacer como partidos políticos es invertir en la educación de nuestros jóvenes cuando estamos en el gobierno. No necesitamos enseñarles qué pensar, sino cómo tener un pensamiento crítico.

[Lee: El peso del centro en la definición electoral de América Latina]

Multilateralismo y aislamiento

¿Es posible hablar de unión en un contexto internacional cada vez más hostil a la globalización y al multilateralismo y que predica el aislamiento, como los EE. UU. de Donald Trump, por ejemplo?

—Obviamente nosotros, en Europa, consideramos a Estados Unidos un socio transatlántico con quien siempre trabajamos juntos. Al mismo tiempo, sin embargo, seguimos abriendo mercados. El acuerdo Mercosur-UE une a América Latina con Europa y promueve nuestros valores democráticos, derechos humanos, comercio justo y legal, con el propósito de que los emprendedores y los jóvenes también tengan un futuro y no tengan que hacer las maletas e irse. Mientras otros países se están cerrando, Europa se está abriendo. Estamos trabajando para establecer importantes relaciones políticas y comerciales con otras partes del mundo, como América Latina.

Tenemos el acuerdo que ya conquistamos con Chile; ahora el con el Mercosur, después de 20 años; el acuerdo con México, que probablemente se hará realidad hasta 2026. Y ese debe ser el camino a seguir. Por eso el PPE está en San Pablo. Queríamos estar presentes en la CDI y también estaremos en Washington pronto. Queremos estar presentes dentro de nuestras familias políticas a nivel global, seguir trabajando lado a lado con todos nuestros partidos para abrirnos y ayudarnos mutuamente para que los jóvenes puedan vislumbrar un futuro.

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Para quienes soñamos con una transición de Cuba hacia la democracia, los últimos acontecimientos invitan a realizar un análisis actualizado. El bloqueo a la llegada de petróleo, el envío de asistencia humanitaria a través de la Iglesia y las señales —todavía ambiguas— de diálogo entre autoridades de Estados Unidos y Cuba obligan a repensar escenarios posibles.

Este ejercicio no es solo académico. Es, sobre todo, una invitación a los ciudadanos cubanos —y en particular a la sociedad civil independiente— a abrir un debate estratégico que permita comprender cómo estos factores inciden en la dinámica interna del régimen, en la presión internacional y en los eventuales espacios de transición o cambio.

Impacto de la crisis energética

La presión de Estados Unidos para cortar o dificultar la llegada de petróleo a Cuba ha tenido efectos agudos y visibles en la vida cotidiana. El país atraviesa una crisis energética severa, con apagones prolongados, racionamiento de combustibles y afectación directa de servicios básicos como el transporte y la producción agrícola. La ONU ha advertido sobre el riesgo de un colapso humanitario derivado de esta situación, lo que deja en claro que ya no se trata únicamente de un problema económico, sino de una amenaza directa a las condiciones de vida básicas de la población.

La reducción de suministros provenientes de países aliados, sumada a la presión ejercida sobre proveedores como México para que detengan los envíos, intensifica aún más el impacto.

Este tipo de presión produce un doble efecto. Por un lado, económico y social: se profundizan las deficiencias estructurales que el régimen ya enfrentaba —escasez de combustibles, apagones, dificultades para el transporte y la producción— y crece el malestar ciudadano. Por otro, político: un régimen incapaz de sostener servicios básicos pierde legitimidad social y deja en evidencia la inviabilidad de su modelo de gestión. Esto crea condiciones propicias para el descontento, incluso entre sectores que históricamente se habían mantenido pasivos o resignados.

Erosión del monopolio estatal

Vinculado a este bloqueo energético —cuyo objetivo declarado es presionar al régimen y no a la población—, el gobierno de Estados Unidos ha decidido canalizar asistencia humanitaria —alimentos, insumos y recursos básicos— a través de la Iglesia Católica y organizaciones como Cáritas. En ese mismo marco, el Encargado de Negocios en La Habana, Mike Hammer, ha recorrido distintas regiones del país atendiendo de manera directa las necesidades del ciudadano común.

Al utilizar a la Iglesia como canal, Washington busca que la ayuda llegue efectivamente a las personas, sin pasar por intermediarios estatales que puedan desviar o politizar los recursos. Este mecanismo debilita la capacidad del régimen para monopolizar la asistencia social y abre espacios de legitimidad ciudadana alternativos al Estado. Cuando la Iglesia distribuye ayuda sin mediación gubernamental, actúa como una institución civil autónoma con impacto social visible.

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La Iglesia no es percibida —al menos por una parte significativa de la población— como un actor político partidario, sino como una mediadora social. Esto permite que la ayuda tenga un efecto más genuinamente humanitario y menos instrumentalizado, aunque las autoridades cubanas la hayan calificado como “hipócrita” o insuficiente.

La combinación de crisis energética y apoyo humanitario externo contribuye así a erosionar el monopolio de legitimidad del Estado, al demostrar que otras instituciones pueden atender necesidades básicas sin control gubernamental.

¿Señales de diálogo?

Las últimas noticias también indican que, pese a la escalada de tensiones, existen señales de contactos y cierta disposición al diálogo. El gobierno cubano ha manifestado su apertura a conversar con Estados Unidos, aunque bajo condiciones estrictas de respeto a la soberanía y sin “presiones”. Al mismo tiempo, voces internacionales —incluido el papa León XIV— han insistido en la necesidad de un diálogo “sincero y eficaz” para evitar el sufrimiento del pueblo y escenarios de violencia.

Sobre la base de este diagnóstico, pueden proyectarse tres escenarios posibles.

Primer Escenario: Transición pactada desde arriba (salida negociada)

Este escenario corresponde a una transición negociada, controlada y elitista, con analogías en los casos de Chile (1988–1990) y España (1976–1978).

La dinámica se daría bajo una fuerte presión internacional —sanciones personalizadas, aislamiento financiero y amenaza de judicialización internacional— orientada directamente al núcleo real del poder: Alejandro Castro Espín (hijo de Raul Castro y coordinador del coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional) y el complejo militar, empresarial y de inteligencia. La oferta implícita sería clara: garantías personales y patrimoniales, una salida ordenada del poder y el levantamiento progresivo de sanciones, a cambio de la liberación de presos políticos, la legalización de partidos y un referéndum vinculante o elecciones supervisadas internacionalmente.

En este contexto, Díaz-Canel quedaría reducido a una figura transicional o sería removido silenciosamente, permaneciendo en Cuba o saliendo al exilio. Alejandro Castro Espín cumpliría un rol clave como arquitecto de la retirada, asegurando la cohesión de los aparatos de seguridad. No se trataría de una democratización por convicción, sino por cálculo de supervivencia.

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Entre las ventajas se encuentran la minimización de la violencia, la posibilidad de una transición institucional y una reinserción internacional relativamente rápida. Entre los riesgos, una democracia tutelada, altos niveles de impunidad y la continuidad de élites económicas del régimen.

La probabilidad de este escenario es media, dada la presión actual de Estados Unidos. Su condición clave es la existencia de garantías creíbles y una presión internacional coordinada.

Rol de la sociedad civil

Para la sociedad civil independiente, las estrategias centrales serían:

1. Convertirse en un actor inevitable mediante la unificación de demandas mínimas comunes —libertad de presos políticos, elecciones libres, garantías cívicas— evitando maximalismos ideológicos y hablando en clave de derechos, no de revancha.
2. Blindar el proceso con exigencias verificables: cronogramas públicos, etapas claras, observación internacional y garantías legales para la participación ciudadana, rechazando aperturas sin plazos ni mecanismos.
3. Internacionalizar la legitimidad a través del accionar de la diáspora —tanto histórica como reciente— como vocera, garante y archivo vivo de memoria y pruebas, incidiendo en la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo y la Santa Sede.

El indicador de éxito de este escenario es claro: que la sociedad civil se siente a la mesa de negociación, y no quede relegada a la sala de espera.

Segundo Escenario: Colapso controlado y transición desde abajo

Este escenario corresponde a una transición por implosión del régimen, con analogías en Europa del Este (1989) o Perú (2000).

La dinámica se desencadenaría por la combinación de presión externa, una crisis económica terminal, la incapacidad del Estado para sostener lealtades y protestas sociales recurrentes y descentralizadas. Alejandro Castro Espín perdería el control efectivo de la cadena de mando, mientras sectores de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior optarían por no reprimir o por negociar con actores emergentes. Estados Unidos endurecería las sanciones personales y ofrecería reconocimiento inmediato a un gobierno provisional civil.

En este escenario, Alejandro Castro Espín dejaría de ser un actor decisivo para convertirse en un factor de bloqueo, probablemente huyendo junto al resto del clan a Rusia u otro país aliado. Díaz-Canel podría correr la misma suerte o ser utilizado como chivo expiatorio.

Ruptura total

Las ventajas serían una ruptura real con el pasado, mayor legitimidad popular del nuevo orden y la posibilidad de reformas profundas desde el inicio. Los riesgos incluyen caos institucional, violencia puntual —especialmente provocada por sectores del régimen que “pateen el tablero”— y vacíos de poder, dado que la oposición ha sido sistemáticamente silenciada, censurada y forzada al exilio durante más de seis décadas.

La probabilidad es media-baja, condicionada a un quiebre en las fuerzas de seguridad.

En este escenario, la sociedad civil debería concentrarse en evitar el caos y capturar legitimidad: construir autoridad moral y organizativa con portavoces claros (no caudillos), comunicar un mensaje único de orden democrático y no de venganza, y desactivar el miedo al “caos postrégimen”. También sería clave la creación de redes de contención social a través de las Iglesias, las familias y la organización comunitaria barrial.

El indicador de éxito sería el paso de la protesta a la participación ciudadana, asegurando gobernabilidad democrática.

Tercer Escenario: Endurecimiento autoritario y transición postergada

En este tercer escenario no habría una transición democrática real, sino un autoritarismo defensivo, con analogías en Nicaragua, Bielorrusia o Irán.

Alejandro Castro Espín optaría por cerrar filas, aumentar la represión y profundizar la dependencia de China, Rusia u otros actores no democráticos, reforzando el discurso nacionalista y antiestadounidense. Dado el contexto de la guerra en Ucrania, es poco probable que Rusia incremente sustancialmente su ayuda.

Díaz-Canel podría mantenerse o ser reemplazado por otra figura civil funcional a un régimen cada vez más militarizado. Alejandro Castro Espín se consolidaría como el hombre fuerte en las sombras. El régimen dejaría de ser totalitario para convertirse en una dictadura militar comunista sostenida casi exclusivamente por la violencia.

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La ventaja sería una mayor visibilización internacional, incluso en el sistema de la ONU, del carácter criminal del régimen. Los riesgos incluyen una radicalización del conflicto, un empobrecimiento extremo, aislamiento internacional total y la posibilidad de una transición futura más violenta.

La probabilidad es media-alta, condicionada a la existencia de un apoyo externo mínimo que sostenga la cohesión represiva.

En este escenario, la sociedad civil debería orientarse a resistir, documentar y persistir: reducir la exposición de quienes permanecen en la isla, priorizar redes pequeñas y descentralizadas, acciones de bajo riesgo y alta resiliencia. La documentación sistemática de violaciones a los derechos humanos —como la realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Archivo Cuba— es fundamental para preparar futuros procesos de justicia transicional.

Un indicador de éxito sería que la sociedad civil no solo sobreviva, sino que comience a ser reconocida masivamente por la ciudadanía.

Presión sobre el poder

La presión de Estados Unidos no garantiza una transición democrática, pero sí fuerza una definición. Alejandro Castro Espín enfrenta el dilema clásico de las élites autoritarias: salir negociando mientras conserva margen, o resistir hasta perderlo todo.

La transición cubana no dependerá únicamente de Washington, pero sin una presión externa focalizada sobre el poder real, difícilmente ocurrirá. La incógnita no es si el régimen cambiará, sino cómo y a qué costo.

Las estrategias transversales pasan por reconstruir una unidad mínima —no unanimidad— en torno a puntos irrenunciables, como ocurrió en iniciativas previas. La sociedad civil deberá encarnar una ética pública distinta, sin reproducir lógicas autoritarias ni cultos personalistas: la democracia comienza antes de llegar al poder.

Los puentes con la Iglesia Católica, la diáspora organizada y los organismos internacionales serán decisivos. La sociedad civil cubana no controla el ritmo del cambio, pero sí puede influir en su forma. En las transiciones, quien llega preparado define el futuro; quien no, lo padece. El error sería esperar el momento perfecto. La tarea es acumular capacidad democrática, incluso bajo autoritarismo.

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Tras la intervención militar en Venezuela analistas prevén que se enfríen las pretensiones territoriales de Caracas sobre el Esequibo. Guyana podría beneficiarse de un menor riesgo para el flujo de inversiones petroleras que catapultan sus ingresos.

El 6 de enero, apenas tres días después de la fulminante operación en Venezuela, el secretario de Estado Marco Rubio conversó telefónicamente con el presidente guyanés Irfaan Ali. Reafirmó “el compromiso de Estados Unidos de profundizar la cooperación en materia de seguridad con Guyana”. Ali, por su parte, agradeció el respaldo de Washington: “En defensa de nuestra soberanía e integridad territorial”. Una clara alusión a la disputa territorial por el Esequibo, de tierra y mar.

Origen del conflicto

Desde 1962, Venezuela rechaza la decisión del tribunal internacional que en 1899 adjudicó el Esequibo a Guyana, entonces colonia del Imperio Británico. En 1966, tras la independencia de Guyana, ambos países firmaron el Acuerdo de Ginebra, comprometiéndose a encontrar una solución práctica y mutuamente satisfactoria. En 1970 se proclamó la República Cooperativa de Guyana.

Sin acuerdo posible, la controversia pasó a los buenos oficios de la ONU, y en 2018 Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia, que Venezuela desconoce. Entre 1999 y 2013, la disputa quedó en pausa por las buenas relaciones entre Hugo Chávez y Georgetown. Por afinidad política, en 2004, el mandatario venezolano llegó a expresar en Guyana que Venezuela no sería obstáculo para proyectos de desarrollo en Esequibo si beneficiaban a la población guyanesa. Pero el conflicto resurgió en 2015 cuando la estadounidense ExxonMobil descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo que se extiende hasta la zona que Caracas reclama.

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El bloque Stabroek, frente a la costa de Guyana, alberga 11.000 millones de barriles. El pequeño país, que tiene en los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo dos terceras partes de su territorio, ya produce 900.000 barriles diarios mediante un consorcio liderado por ExxonMobil, junto a Chevron, otra gigante estadounidense y la china CNOOC, el mayor productor de petróleo y gas natural en alta mar de la potencia asiática.

El interés de Caracas

Venezuela, por su parte, ha reclamado la explotación petrolera en áreas que considera suyas en el Esequibo. Es una región rica en recursos naturales como oro y diamantes, además de sus vastas reservas de crudo. Nicolás Maduro llegó a llamar a Irfaan Ali “el Zelenski del Caribe”, insinuando la posibilidad de una acción militar y aprobó la creación de un Estado venezolano en el territorio en disputa.

Además, el petróleo del Esequibo es de alta calidad y relativamente fácil de extraer. Por lo tanto, las ganancias son altas. Mientras, el petróleo del Orinoco es pesado, de baja calidad y caro de extraer. Por eso Caracas ha tenido tanto interés en el petróleo del mar en la zona que está en disputa.

Riesgo contenido

Un elemento a considerar es que el gobierno tutelado e interino de Delcy Rodríguez concentra sus esfuerzos en garantizar la permanencia del chavismo en el poder y retrasar una transición democrática en Venezuela. Bajo esa lógica, asuntos como el Esequibo tienden a quedar relegados a un segundo plano.

Eileen Gavin, analista principal para América de Verisk Maplecroft, firma especializada en inteligencia de riesgos, considera que el derrocamiento de Maduro apunta a un congelamiento de las pretensiones venezolanas y a una mayor seguridad para las compañías petroleras que operan en Guyana.

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“En algunas oficinas, especialmente sobre el terreno, se habrán exhalado suspiros de alivio, porque esa es una amenaza constante tanto al intentar manejar la logística como al asegurarse de que los barcos circulen con seguridad”, afirmó Gavin en declaraciones a CNBC.

Allen Good, director de investigación de renta variable en Morningstar, sostuvo que las advertencias de Caracas sobre el Esequibo nunca tuvieron un carácter práctico. En su análisis, explicó que “con Venezuela ya en la mira de Estados Unidos y Exxon como el mayor operador en Guyana, cualquier agresión probablemente habría provocado una respuesta estadounidense”.

Añadió que el nuevo escenario reduce aún más las posibilidades de una acción militar por parte de Caracas. “Ahora, con la intención de Estados Unidos de controlar el país, cualquier acción de Venezuela se vuelve aún más remota, eliminando una molestia para Exxon y Guyana”.

Esperando a la Corte

Todo indica que la controversia se resolverá en la Corte Internacional de Justicia. Tras su fallo, se abrirá la posibilidad de que Venezuela y Guyana alcancen acuerdos en distintas áreas.

Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas, afirma: “No descarto que una vez emitida la sentencia, que no determinará la nulidad del laudo de 1899, haya espacio para que ambos países delimiten equitativamente la plataforma continental y alcancen acuerdos ganar-ganar en materia petrolera y de generación eléctrica”.

El exembajador y diplomático venezolano Oscar Hernández sostiene que, para la administración de Delcy Rodríguez, “el conflicto con Guyana dejó de ser centro de atención. No tiene justificación para usarlo como expediente narrativo y como recurso político en el plano internacional como lo hizo Maduro en distintas oportunidades”.

“Dudo que Estados Unidos no mantenga su posición de acercamiento con Georgetown, con relación al petróleo y como detente con la actual administración en Caracas. Estados Unidos seguirá apoyando a Guyana”, añade.

La apuesta de Trump

Washington empezó a vender el petróleo venezolano a precios de mercado e intervenir en el cobro y la transferencia de fondos. Al mismo tiempo, la administración Trump instó a las compañías estadounidenses a invertir en Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del mundo, cuya producción se desplomó bajo el chavismo.

En teoría, el interés por el control del negocio petrolero y el entendimiento con la administración de Delcy Rodríguez podría derivar en algún cambio en el apoyo de la administración de Washington a Guyana. Pero la dinámica del sector indica que esa posibilidad enfrenta obstáculos de peso.

Según datos de la OPEP, Venezuela produce 934.000 barriles diarios, apenas un tercio de lo que extraía antes de la llegada del chavismo en 1999. Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, señala que elevar la producción hasta 4 millones de barriles diarios requeriría inversiones de unos 100.000 millones de dólares y diez años de trabajo continuo.

El gobierno de Delcy Rodríguez continúa siendo ilegítimo, y las grandes petroleras —entre ellas Exxon— han advertido que no darán el paso hacia inversiones de largo plazo mientras no exista un marco sólido que las respalde. Incluso Chevron, que ha mantenido operaciones en Venezuela, todavía no contempla desembolsos significativos.

El gobierno venezolano planea reformar su Ley de Hidrocarburos para atraer inversión, pero el panorama sigue siendo incierto en medio de la inestabilidad política. En contraste, Guyana se presenta como un destino seguro para grandes capitales.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de Diálogo Político ni de la Fundación Konrad Adenauer.

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La operación estadounidense en Venezuela en enero de 2026 no debe considerarse un incidente aislado. Más bien, es sintomática de un cambio más profundo y estructural en el sistema internacional.

El mundo se adentra en una fase de retorno de las esferas de influencia política, en la que el poder se redistribuye entre las grandes potencias. Este cambio desafía directamente la universalidad del derecho internacional, socava la ya debilitada cooperación multilateral y erosiona la soberanía de los Estados que no son potencias, incluidos los de América Latina.

Del orden liberal a la lógica territorial del poder

Durante décadas tras el fin de la Guerra Fría, el orden internacional basado en reglas, al menos a nivel normativo, funcionó como un sistema de principios universales. La soberanía estatal formal, el derecho internacional público y los mecanismos multilaterales de cooperación y resolución de conflictos se consideraban sus bases. Aunque estas normas se han violado ocasionalmente, estas acciones se han presentado típicamente como excepciones, con costos políticos y críticas internacionales para sus impulsores.

Sin embargo, a principios de 2026 se hace evidente que se produce un cambio cualitativo. El derrocamiento de Nicolás Maduro y la posibilidad, abiertamente discutida, de establecer el control estadounidense sobre Groenlandia deben interpretarse como señales claras de un retorno a la lógica de las esferas de influencia. Independientemente de las justificaciones utilizadas, el mensaje es claro: se reafirma la idea de que las grandes potencias tienen un derecho especial a intervenir directamente y a tomar decisiones sobre territorios formalmente soberanos.

Un legado histórico que resurge

La política de esferas de influencia no es un fenómeno nuevo. En los siglos XIX y XX sirvió como pilar de las relaciones internacionales, basándose en la idea de que la estabilidad del sistema dependía del reconocimiento de los intereses particulares de las grandes potencias en determinadas regiones. Una gran potencia se definía principalmente por su poderío militar, complementado por su influencia económica y política, así como por su capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras.

En el siglo XIX, esta lógica se manifestó en la expansión colonial y en el equilibrio de poder europeo. En el siglo XX, adoptó la forma de bloques, alianzas y acuerdos explícitos o implícitos sobre zonas de responsabilidad, particularmente durante la Guerra Fría. Durante este período, las esferas de influencia sirvieron simultáneamente como territorios de confrontación global y como mecanismo de contención, ayudando a evitar enfrentamientos directos entre las superpotencias.

¿Una lógica desaparecida?

Muchos analistas sostienen que la lógica de las esferas de influencia nunca ha desaparecido por completo. En Europa, Rusia, incluso antes de la llegada al poder de Vladimir Putin, insistió en la existencia de su propia esfera de influencia en el llamado «exterior cercano», que abarcaba el espacio postsoviético. En este contexto, Moscú justificó su guerra contra Ucrania argumentando que Kiev intentaba ignorar esta realidad geopolítica. Al mismo tiempo, China fortaleció constantemente su posición en Asia y el Pacífico, siguiendo una estrategia claramente orientada a la formación de una esfera de influencia regional.

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En este contexto, la novedad no reside tanto en la existencia de estas prácticas, sino en la forma en que fueron interpretadas en el orden internacional anterior. Tanto la guerra de Rusia contra Ucrania como la política de expansión regional de China fueron ampliamente condenadas como violaciones de las normas internacionales. En el caso ruso, los costos fueron particularmente elevados: sanciones, la exclusión de múltiples formatos europeos e internacionales y un profundo aislamiento político. Estas reacciones se explican en gran medida porque la imposición de una esfera de influencia mediante el uso abierto de la fuerza seguía considerándose una transgresión inaceptable del orden normativo vigente.

Hoy, sin embargo, ese consenso se erosiona: el mundo está cambiando y, con él, los límites de lo que se considera políticamente tolerable.

Rusia y China en la región

El regreso de la lógica de las esferas de influencia al hemisferio occidental tendrá consecuencias para las políticas de Rusia y China en América Latina. Su ventaja relativa es que no se trata de una lógica nueva: ambos actores la conocen y la han practicado.

En este contexto, Rusia puede volver a estrategias de reciprocidad bien conocidas de la Guerra Fría, basadas en la acción indirecta mediante el apoyo y la movilización de sectores políticos, sociales y mediáticos críticos con EEUU. En términos operativos, ello implica reforzar su presencia informativa y simbólica. Herramientas como Russia Today, Sputnik Mundo y sus plataformas asociadas se consolidan como canales clave de influencia, orientados a fragmentar el consenso público. A diferencia de la diplomacia tradicional, estas prácticas resultan más difíciles de regular y de hacer plenamente visibles.

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Para China, la lógica de adaptación es distinta, aunque se inscribe en la misma dinámica estructural. Pekín también enfrentará el aumento de los límites a su presencia política directa en la región, pero dispone de palancas económicas considerablemente más poderosas. A medida que se normalicen las esferas de influencia, es previsible que China intensifique el uso de instrumentos económicos para fomentar dependencias y lealtades sostenibles sin recurrir a una confrontación política abierta con EEUU. A diferencia de la influencia informativa rusa, la estrategia china se apoya en incentivos materiales y en una interconexión económica asimétrica, lo que la hace menos visible, pero potencialmente más eficaz para mantener el equilibrio de poder basado en la lógica de las esferas de influencia.

2026, el punto de inflexión

Este año podría ser un punto de inflexión. Las esferas de influencia dejarán de percibirse como excepciones condenables y comenzarán a normalizarse como las nuevas «reglas del juego». Si este proceso se consolida, la arquitectura global experimentará una profunda transformación. Los Estados con una capacidad sostenible para proyectar poder obtendrán una ventaja estructural, mientras que el margen de maniobra de las potencias medianas y pequeñas se reducirá drásticamente.

El panorama inmediato se presenta sombrío. La pregunta central ya no es si las esferas de influencia están regresando, sino cómo los Estados que no pertenecen a las grandes potencias se adaptarán a un orden internacional en el que el poder vuelve a ocupar un lugar central y abierto. Aún no hay una respuesta clara. Para muchos países, en particular en América Latina, el desafío clave será preservar al menos elementos mínimos de autonomía en un sistema cada vez más jerárquico y menos universalista.

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América Latina entra en 2026 en un momento crítico. El Índice de Riesgo Político América Latina 2026, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) describe un contexto marcado por alta volatilidad interna y presión externa. ¿De qué debemos preocuparnos? En principio, impactos directos sobre la gobernabilidad, la inversión y la estabilidad democrática en la región.

El documento señala que esta dinámica global (marcada por tensiones estratégicas entre Estados Unidos, China y Rusia) afecta directamente a la región, condicionando su capacidad para tomar decisiones autónomas en política exterior, comercio e inversiones.

Los principales riesgos identificados

El informe organiza su análisis en diez factores de riesgo político que orientarán los desafíos de este año:

1. Crimen organizado y captura del Estado: identificado como el principal riesgo de la región. El crimen organizado amenaza la seguridad ciudadana, erosiona la legitimidad de las instituciones y dificulta respuestas efectivas por parte de los gobiernos.
   
2. Violencia política y erosión democrática: la violencia contra actores políticos y la debilitación de mecanismos democráticos ponen en riesgo los procesos electorales y la representatividad.
   
3. Vulnerabilidad fiscal de los Estados: muchos países enfrentan presiones presupuestarias y niveles de deuda altos, limitando su capacidad de respuesta ante choques externos o internos.
   
4. Instrumentalización política de la migración: el tema se ha convertido en un recurso utilizado con fines políticos, agravando tensiones sociales y polarización.
   
5. Fragilidad ante el cambio climático: la región es especialmente vulnerable a eventos extremos, lo que no solo tiene impactos ambientales sino también socioeconómicos y políticos.
   
6. Debilitamiento del sistema internacional y redefinición del comercio global: la erosión del multilateralismo complica la cooperación regional y la inserción de América Latina en las cadenas globales de valor.
   
7. Creciente presión de EEUU y China: la rivalidad entre estas potencias redefine alineamientos estratégicos y plantea dilemas para los países latinoamericanos.
   
8. Escalada de tensión regional: conflictos y disputas entre Estados de la región aportan un componente adicional de inestabilidad.
   
9. Fragmentación regional y pérdida de peso global: la falta de una agenda integrada limita la influencia de América Latina en foros internacionales.
   
10. Falta de capacidad frente a la inteligencia artificial: la rápida expansión de tecnologías disruptivas sin una preparación institucional adecuada representa un riesgo estratégico emergente.
    

Este esquema no solo ordena los riesgos cuantitativamente, sino que permite visualizar cómo estos factores se solapan. La inseguridad, la fragilidad institucional y las tensiones externas convergen y se refuerzan mutuamente.

Influencia de la segunda administración Trump 

El contexto global en 2026 está siendo profundamente transformado por una recomposición del orden internacional. La evolución de la política exterior estadounidense bajo la segunda administración de Donald Trump ejerce la transformación global y condiciona las dinámicas políticas de América Latina. 

Se identifica un debilitamiento del multilateralismo, una competencia estratégica más intensa entre potencias y el retorno de Estados Unidos como actor central bajo una lógica más unilateral y transaccional.

La Casa Blanca ha adoptado una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que reinterpreta y actualiza la histórica Doctrina Monroe para el siglo XXI. Bajo esta lógica estratégica, América Latina deja de ser percibida simplemente como un socio o socio comercial. Vuelve a ser concebida por Washington como su zona de influencia, donde busca asegurar intereses de seguridad, económicos y estratégicos mediante una mezcla de incentivos y acción directa.

El informe interpreta el caso venezolano como la aplicación prácticade la Doctrina Donroeen un laboratorio político real, con efectos que van más allá de Caracas. La política exterior de EEUU apunta a garantizar el acceso a recursos estratégicos, imponer alineamientos geopolíticos y ejercer control directo sobre espacios considerados críticos para la competencia con China y Rusia.

[Lee: La Doctrina Monroe en acción]

La influencia de la segunda administración Trump introduce un factor de inestabilidad sistémica. Normaliza la intervención como instrumento político, subordina el respeto al derecho internacional a la lógica del poder, y propone una visión en la que la región debe navegar entre presiones externas crecientes sin perder autonomía ni debilitar sus instituciones democráticas. De todos modos, Trump enfrentará un año políticamente definitorio, marcado por las elecciones legislativas de medio periodo de noviembre. El proceso podría reconfigurar el control del Congreso y condicionar la capacidad del Ejecutivo para implementar su agenda durante la segunda mitad del mandato.

Año electoral decisivo en la región

El 2026 es parte del segundo año del superciclo electoral en la región, con comicios clave en países como Brasil, Colombia, Perú y Costa Rica que pueden redefinir equilibrios internos y dinámicas políticas.

El informe señala que las elecciones no solo definirán gobiernos, sino que actuarán como factores de amplificación del riesgo político en contextos ya atravesados por fragilidad institucional, violencia y polarización.

Los procesos electorales previstos se desarrollan en un escenario marcado por desconfianza ciudadana hacia las élites políticas, debilitamiento de los sistemas de partidos y creciente cuestionamiento a la legitimidad de las reglas democráticas. En este marco, las elecciones dejan de funcionar exclusivamente como mecanismos de canalización institucional del conflicto y pasan a convertirse, en algunos países, en focos de inestabilidad política y social.

El informe advierte que la violencia política asociada a los procesos electorales, que incluye intimidación, amenazas y asesinatos de candidatos o funcionarios. Este fenómeno pone en riesgo la integridad de los comicios y erosiona la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de competencia democrática.En este sentido, el informe sostiene que ganar una elección no equivale necesariamente a gobernar con estabilidad, especialmente en contextos de alta fragmentación política.

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La noche de los Premios Grammy 2026 marcó un hito simbólico: Bad Bunny ganó el codiciado premio a álbum del año por Debí Tirar Más Fotos. Este logro es un claro ejemplo de soft power latino, ya que se convirtió en el primer artista que lo hizo con un álbum predominantemente en español en la historia del principal premio musical de Estados Unidos.

Más allá de las estatuillas, este momento resume una transformación mayor: la cultura latinoamericana ya no es únicamente un receptor pasivo de influencias provenientes de Nueva York, Londres o París, sino un emisor global con impacto propio.

Esta dinámica, en donde una cultura históricamente «receptora» en términos de su efecto global, empieza a permear y moldear el imaginario mundial. Lo que ocurrió tiene raíces profundas y diversas expresiones, aunque Bad Bunny sea hoy su ejemplo más visible y viral.

Bad Bunny como síntoma cultural

Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) ha trascendido el estatus de artista popular para convertirse en una figura cultural global. Su reconocimiento representa más que un logro personal. Es la expresión de una música y una identidad lingüística que ya no necesita traducirse para ser válida en el centro de la industria cultural occidental.

Sus discos y giras (incluyendo presentaciones masivas en Estados Unidos y Europa) consolidan un hecho: el español y las narrativas latinas no son un subproducto de la cultura angloparlante dominante, sino una fuerza central en la creación contemporánea.

Este fenómeno va más allá de la mercadotecnia y permea la política y la expresión social en general. En el discurso de aceptación del Grammy, Bad Bunny hizo un llamado político criticando la dureza en las políticas de inmigración y reivindicando la condición latina como parte integral de la sociedad estadounidense.

La evolución del soft power latino

Durante décadas, el flujo cultural fue mayoritariamente unidireccional. Estados Unidos y Europa exportaban sus productos (música, cine, televisión, costumbres) que llegaban a América Latina en forma masiva. Las industrias culturales latinoamericanas, si bien vibrantes, operaban en muchos casos en circuitos segmentados o alternativos. Hoy ese campo se ha reconfigurado.

La globalización, internet y la proliferación de plataformas de streaming democratizaron el acceso y redujeron las barreras de entrada. Ya no es imprescindible adaptar un producto al mercado anglosajón para que este lo “acepte”. Los productos latinos pueden imponerse en su forma original. El fenómeno de artistas como Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro o incluso bandas que transitan géneros alternativos, ilustra que la música latina atraviesa mercados, idiomas y contextos culturales sin subordinación al canon dominante.

En Europa también se observa esta expansión contra la anterior asimetría en la circulación cultural global. El español, el portugués y otras lenguas regionales ya no son un obstáculo para la construcción de audiencias transnacionales.

¿Búmeran cultural o hegemonía compartida?

La metáfora del búmeran (lo que una vez fue importado regresa transformado) es útil para explicar parte de lo que está ocurriendo. Pero hay que matizarla. No se trata simplemente de que Estados Unidos y Europa “reciban de vuelta” la influencia cultural que alguna vez impusieron. La realidad es que se están reconfigurando los centros de producción cultural, con múltiples polos emergentes que interactúan entre sí.

Antes, artistas latinos tenían que “cruzar” al mercado anglo para consolidarse. Hoy, muchos logran impacto global sin renegar de su identidad idiomática o cultural, ni ajustar su mensaje para sistemas de producción cultural hegemónicos.

Bad Bunny y otros artistas no solo exportan música. Narran experiencias y subjetividades que resuenan con públicos plurales. Esa capacidad de contar historias desde perspectivas propias, sin traducirlas al gusto mainstream, es una forma de soft power auténtica. Surge del reconocimiento cultural, no de imposición política o económica.

Otros ejemplos

Si bien la música es la punta del iceberg, el soft power latino se extiende a otras esferas:

• Cine y televisión: Brasil: Aun Estoy Aquí (de Walter Salles) ganó el Oscar a Mejor Película Internacional (2025), la quinta latinoamericana desde 1986. Series y filmes latinoamericanos con elevada audiencia en catálogos globales de Netflix (como la argentina El Eternauta), Amazon (la brasileña September Mornings) y HBO (la mexicana Chespirito o la colombiana La Vorágine) sin doblaje ni adaptación cultural, consolidando audiencias no hispanohablantes.
• Literatura: Dahlia de la Cerda (México): finalista del Booker Internacional 2025, con traducción al inglés. Guadalupe Nettel (México): ganadora del Premio Jan Michalski (Suiza), uno de los grandes premios literarios europeos. Fernanda Trías (Uruguay): novelas traducidas a múltiples idiomas y circulación sostenida en Europa y EE. UU.
• Gastronomía, moda y arte: Central (Perú), considerado el mejor restaurante del mundo, marcó tendencia global. El diseñador Willy Chavarria (México) lleva estética latina a las pasarelas de París y Nueva York. La artista y poeta Cecilia Vicuña (Chile) ganó el León de Oro en Venecia, epicentro del canon internacional.
• Deporte: En las Major League Baseball, figuras como Ronald Acuña Jr. (Venezuela) y Juan Soto (República Dominicana) se consolidaron como rostros de la liga, arrastrando audiencias jóvenes en EE. UU. y transformando el marketing del béisbol con una estética y narrativa abiertamente latina. En la Major League Soccer el 30% de los seguidores son latinos y figuras como Lionel Messi en el Inter Miami triplican la audiencia. En Europa, el crecimiento de la industria del fútbol incorpora talento y capital latino: el desembarco de propietarios mexicanos y brasileños en clubes medianos, el impacto comercial de jugadores como Vinícius Jr. (Brasil) en el Real Madrid y la expansión de academias con enfoque latino muestran una influencia cultural.

Latinoamérica deja de ser solo “audiencia” para instalarse como creadora de formatos que se imitan, consumen y adaptanen el mundo.

¿Por qué es importante?

El ascenso del soft power latino tiene implicaciones políticas profundas. Culturalmente, desdibuja la idea de una hegemonía occidental monolítica. Políticamente, introduce en las agendas temas, identidades y narrativas que antes eran marginadas o exotizadas.

Esto no significa que la influencia cultural norteamericana o europea haya desaparecido (ni se ve en el horizonte que esto suceda en el corto y mediano plazo), pero sí ha perdido su carácter exclusivo. Las audiencias globales ahora buscan productos culturales que reflejen diversidad de experiencias. La cultura latina no solo participa en este mercado, sino que lo reconfigura desde adentro.

El español global

La victoria de Bad Bunny en los Grammy 2026 no es un hecho aislado ni un simple logro artístico. Es un síntoma de una transformación cultural más profunda. Latinoamérica ha pasado de ser un receptor de influencias a convertirse en un motor creativo global con un soft power propio. El español (junto con las identidades, historias y afectos) está dejando de ser un “idioma periférico” para posicionarse como un medio legítimo de producción cultural global.

Es laexpansión de uncampo cultural que siempre existió, pero que hoy tiene las herramientas, plataformas y audiencias globales para imponerse en igualdad de condiciones. La cultura latina ha crecido hasta convertirse en una fuerza ineludible en Estados Unidos y Europa, no como réplica de un modelo, sino como alternativa creativa.

Y en ese proceso, figuras como Bad Bunny son apenas el rostro más visible de una transformación que continuará redefiniendo el paisaje cultural mundial en los años por venir.

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El nuevo mapa político de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y América Latina revela un cambio de paradigma que no se veía desde los años más crudos de la Guerra Fría. El escenario actual, marcado por una polarización con escasos matices, describe una región que ha dejado de ser un bloque geográfico para convertirse en un tablero de ajedrez donde Washington ha decidido mover sus piezas con una velocidad y pragmatismo renovados.

La relación entre Latinoamérica y Estados Unidos es clave para entender los recientes reacomodos. Bajo la actual administración de Donald Trump, la política exterior hacia el continente ya no se mide en términos de cooperación multilateral, sino en control de recursos estratégicos, seguridad fronteriza y lealtades ideológicas.

El eje del Sur: Argentina

El dato más disruptivo de este análisis es la consolidación de Argentina como el principal referente de Estados Unidos en la región. Con un apoyo financiero de 20 mil millones de dólares y una alineación total entre los presidentes, el país austral ha pasado de la ambivalencia a ser el portaaviones ideológico de la Casa Blanca en el Cono Sur.

Esta relación no es solo simbólica; es una apuesta estratégica que busca desplazar los ejes de poder tradicionales (México y Brasil) y establecer un contrapunto a la influencia china en el Atlántico Sur. Encuentra además un apoyo estratégico con la sintonía del gobierno de Paraguay, el único país latinoamericano invitado a la Cumbre por la Paz en Medio Oriente, un espacio de alta significación para la política exterior de los Estados Unidos.

En un lugar similar se encuentra Bolivia, que, tras la llegada del nuevo presidente de derecha, prioriza un acercamiento con los Estados Unidos a contrapelo de la histórica sociedad del Movimiento al Socialismo con regímenes como el de Venezuela o Cuba.

El caso de Perú merece una mención aparte. El impulso para designarlo como Aliado Principal No-OTAN eleva al país andino a un nivel de asociación militar y tecnológica superior, similar al que ostentan potencias fuera de Europa. Esto, sumado al alineamiento de Ecuador en temas de seguridad y presencia de tropas extranjeras, sugiere la creación de un nuevo corredor de seguridad en el Pacífico liderado por Washington.

Grandes economías

En contraste, el gigante regional, Brasil, clave en la estrategia de disminuir la dependencia regional de China, se encuentra en una posición de rivalidad. Aunque las sanciones a los jueces de la Corte Suprema por el juicio contra Jair Bolsonaro se han retirado y se negocia un alivio arancelario para minerales críticos, la relación está marcada por la desconfianza. La Casa Blanca entiende que no puede ignorar a Brasil en el andamiaje del vínculo entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por eso, ha decidido tratarlo como un competidor comercial difícil más que como un socio natural.

De acuerdo a la Nueva Estrategia de Seguridad de 2025, los Estados Unidos ven a México como un socio bajo presión, no un enemigo ni un aliado modelo. México es pieza central para la defensa del territorio, la lucha contra carteles, la contención migratoria y el control regional, pero se exige más cooperación, resultados concretos y carga compartida. Los intercambios con la presidenta Claudia Scheinbaum así lo han mostrado en 2025. El peso de México le permite establecer rivalidades en temas de recursos estratégicos. En medio de esas presiones han logrado una convivencia de momento pacífica.

Venezuela y Colombia

El escenario más dramático se vive en el Caribe. La captura de Nicolás Maduro y la presión ejercida sobre el régimen de Venezuela marca un hito histórico. La administración Trump no solo ha tomado el control del flujo comercial de petróleo, sino que ejerce una tutela directa sobre las acciones del gobierno encargado para provocar el desmontaje del chavismo. Este movimiento envía un mensaje inequívoco al resto del continente: la soberanía tiene límites cuando se cruzan las líneas rojas.

Colombia, históricamente el aliado más consecuente de EE. UU. en Sudamérica fue descertificada por sus magros resultados en la guerra contra las drogas. Además, las tensiones ganaron relieve tras el discurso del presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York pidiendo a los soldados estadounidenses no participar en el conflicto de Gaza. Este giro radical dejó al gobierno colombiano en una posición de extrema vulnerabilidad, intentando reorganizar una relación que lucía irreconciliable. Sin embargo, una llamada entre Trump y Petro en enero y su la posterior visita del colombiano a Washington el 3 de febrero, ayudó a aliviar las tensiones. Colombia es un país que requiere el soporte logístico de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. En esa línea, el establecimiento de un punto de contacto lo inscribe en un terreno neutral.  

Mano dura en el Caribe

La categoría de enemistad está colmada por Cuba y Nicaragua, regímenes autocráticos socialistas que cuentan con el rechazo de la administración Trump, especialmente en el caso de La Habana, donde el impacto de la presión sobre Venezuela ocasiona efectos importantes.

En República Dominicana, la Casa Blanca encuentra un socio estratégico alineado además en lo ideológico y el estilo empresarial del gobierno. Mantiene una relación estrecha, profundamente cooperativa que comparte la estrategia de contención de Haití, donde Estados Unidos tiene un vínculo marcado por la crisis del colapso estatal y el condicionamiento de recibir asistencia humanitaria si coopera en la lucha contra el crimen. La estabilidad de Haití es un interés estratégico propio.

Finalmente, Jamaica es un aliado estratégico relevante ante el incremento del crimen en la zona. Durante la visita del secretario Marco Rubio en mayo de 2025, destacó la amistad histórica además de ampliar cooperación económica, logística, energética y de formación laboral.

Centroamérica: filtro estratégico

Para la Casa Blanca, Centroamérica es hoy un filtro migratorio y un muro contra la influencia de China.

Guatemala, a pesar de estar bajo un gobierno de izquierda, ha emergido como pieza clave por su firme postura pro-Taiwán y pro-Israel. Mientras que El Salvador es el aliado y embajador ideológico en la región bajo una lógica de seguridad transaccional: apoyo político a cambio de detención de deportados y cooperación en seguridad. En esa línea, se da por descontado que el cambio de gobierno de Honduras (con la reciente llegada de Nasri Asfura, quien fue explícitamente apoyado por Trump) se sume a esa línea.

Panamá, tras superar fricciones por el control del Canal a principios de 2025, se reintegró al bloque de aliados estratégicos. Con esto se aseguró que la vía interoceánica permanezca bajo una supervisión favorable a los intereses estadounidenses. Costa Rica por su parte, mantiene su estatus de aliado pragmático, demostrando que la estabilidad institucional y la alineación son los activos más valorados en Washington.

En cuanto a Belice, en octubre de 2025 firmó el Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, permitiendo que algunos solicitantes de asilo que llegan a EE. UU. sean trasladados a Belice para procesar sus solicitudes. Es un socio estratégico en migración, seguridad regional y asuntos hemisféricos.

El pragmatismo de la izquierda

Es notable la performance de neutralidad que mantienen países como Chile y Uruguay o de alianza estratégica como Suriname y Guyana. Esos cuatro tienen gobiernos de izquierda. En estos casos, la administración Trump parece haber optado por un dejar hacer, permitiendo que las relaciones fluyan por canales estrictamente comerciales, siempre y cuando no se conviertan en obstáculos para la agenda de seguridad estadounidense. Chile, a pesar de las tensiones arancelarias, ha logrado mantener un diálogo pragmático que protege sus exportaciones. Uruguay, que en los grandes temas globales se ha alineado a Brasil, ha sorteado una relación pragmática con miras a no tensionar en extremo su vínculo con los Estados Unidos.

En el caso de Suriname un país con potencial petrolero y gasífero, el Comando Sur de EE. UU. mantiene visitas constantes para fortalecer la cooperación militar bajo la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe contra el narcotráfico y para contrarrestar el influjo chino. Por su parte, Guyana es un socio estratégico crítico cuya importancia reside en su capacidad de suministrar energía y su posición geográfica clave frente a las tensiones regionales como la crisis con Venezuela. Vale decir que en ambos países domina más el clivaje étnico que ideológico y por tanto su flexibilidad pragmática es mayor.

Conclusión

Este nuevo mapa es el retrato de una América Latina fragmentada. La estrategia de Estados Unidos ha pasado de la diplomacia del apretón de manos a la diplomacia de la condicionalidad. Esto ha quedado expresamente suscrito en la Nueva Estrategia de Seguridad 2025 que redefine la política exterior estadounidense y pone el vecindario como prioridad máxima con un enfoque de poder duro, contención de actores externos (especialmente China), control de migración, combate a carteles y fortalecimiento de aliados.

Quienes se alinean reciben financiamiento y mejoría en su estatus militar y comercial. Por otro lado, quienes disienten enfrentan sanciones, descertificaciones o, en el caso excepcional del régimen venezolano, la intervención directa. En este nuevo orden regional, la neutralidad es cosa de pocos y la alineación se convierte en la moneda de cambio para la estabilidad económica. América Latina ha vuelto a ser el escenario principal de una doctrina de seguridad nacional estadounidense que no admite zonas grises.

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La democracia se sostiene en dos pilares esenciales: elecciones y un estado de Derecho con un poder judicial independiente. En México, este último elemento fue derrumbado con la reforma judicial de 2024.

El país empieza el 2026 con desafíos importantes que pueden marcar de manera significativa el inicio de la consolidación de un régimen autoritario. Iniciaremos el año con una reforma constitucional de gran calado al sistema electoral. Al centro del debate están tres aspectos fundamentales: el sistema de representación proporcional; el financiamiento público para partidos políticos; y el modelo de gobernanza electoral.

Para una reforma electoral que busca cambiar las bases del sistema que permitió a México transitar pacíficamente del autoritarismo electoral y la hegemonía priísta a la democracia, la presidenta creó una comisión electoral. Por primera vez en la historia de las reformas electorales, esta comisión está integrada únicamente por personas afines al partido de la presidenta, Morena. La oposición ha quedado completamente marginada y deslegitimada por el gobierno. La comisión inició su encomienda con la organización de foros ciudadanos para modelar el proyecto de reforma señalando que el partido en el poder tiene “la fuerza política»: «Y la vamos a ejercer. No va a ser producto de un conciliado de camarillas”.

Además de excluir a la oposición, según se observa en la organización de los foros, también a la ciudadanía crítica con el cierre del sistema electoral. Aún no hay una propuesta definida por la comisión. Sin embargo, su proyecto se inspira en aquella iniciativa de reforma presentada el 5 de febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el denominado Plan C, un conjunto de reformas constitucionales que cambian la naturaleza del régimen político.

Contra la pluralidad

El sistema electoral que permitió a México transitar de un régimen hegemónico a una democracia es un sistema mixto que combina principios mayoritarios y de representación proporcional. Esta arquitectura institucional no fue un diseño accidental, sino una respuesta deliberada a décadas de exclusión política y concentración del poder. Su objetivo central fue garantizar la pluralidad, incluyendo las minorías políticas.

Las propuestas impulsadas desde el grupo político de la presidenta, Claudia Sheinbaum, apuntan a reducir de manera significativa, e incluso eliminar, los escaños de representación proporcional. Los principales argumentos son la austeridad y la reducción del gasto público. Sin embargo, un cambio de esta naturaleza tendría efectos profundos: concentraría los asientos en las cámaras legislativas en uno o pocos partidos, sobrerrepresentando a las mayorías y subrepresentando a las minorías.

La evidencia comparada y la propia experiencia mexicana muestran que los sistemas predominantemente mayoritarios tienden a producir legislativos menos diversos y más alineados con el partido dominante. En el caso mexicano, esta reforma implicaría un retroceso histórico, acercando al país a un escenario similar al existente antes de la reforma política de 1977, cuando amplios sectores sociales y políticos quedaban excluidos del Congreso.

No sorprende que esta iniciativa haya generado resistencias más allá de los partidos de oposición, también entre los partidos que integran la coalición gobernante. Particularmente la presencia legislativa del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo dependen en gran medida del sistema de representación proporcional. Aun así, Morena parece decidido a avanzar en esta ruta, enfrentándose tanto a las propuestas alternativas de los partidos afectados como a una iniciativa de reforma ciudadana que ha logrado reunir más de 130 mil firmas de personas electoras y que, conforme a la ley, deberá ser discutida en el Congreso.

Financiamiento público a partidos políticos

Otro de los ejes centrales de la reforma electoral propone la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, nuevamente bajo el discurso de la austeridad. El efecto de una reducción sustantiva del financiamiento público es bien conocido en el país. Lejos de generar una competencia más justa, tiende a profundizar las asimetrías entre partidos, beneficiando de manera sistemática al partido en el gobierno. Morena, al contar con una amplia red territorial, acceso privilegiado a la visibilidad mediática, capacidad de movilización desde el aparato estatal y vínculos con gobiernos locales afines, enfrenta menores costos relativos de operación política. En contraste, los partidos de oposición —y especialmente los partidos pequeños— dependen en mayor medida del financiamiento público para pagar campañas y competir en condiciones mínimamente equitativas.

La disminución del financiamiento público también incrementa los incentivos para recurrir a fuentes privadas de financiamiento opacas o ilegales, abriendo la puerta a la penetración del dinero ilícito en la política, especialmente del crimen organizado.

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En términos de pluralidad, el impacto es claro: menos recursos para los partidos implica menos voces en el debate público, menor capacidad de organización para las fuerzas minoritarias y una competencia crecientemente desigual. No hay cancha pareja cuando el partido en el poder compite con ventajas estructurales mientras el resto de los actores enfrenta restricciones financieras severas. Paradójicamente, una reforma que se presenta como una medida de austeridad y moralización de la vida pública puede terminar creando un sistema de partidos más concentrado y menos representativo.

Modelo de gobernanza electoral: quiebre de la independencia

Finalmente, uno de los cambios más delicados de la reforma se relaciona con la gobernanza electoral y la independencia de la autoridad encargada de organizar las elecciones. De acuerdo con el llamado Plan C, el Instituto Nacional Electoral (INE) sería sustituido por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), integrado por personas consejeras electas mediante voto popular.

Aunque la elección directa de autoridades puede parecer una medida democratizadora, la evidencia del proceso de elección judicial que vivió México en 2024 muestra un resultado claro e indisputable: la politización y la subversión de la independencia política del órgano. De hecho, siguiendo el modelo de la elección judicial, las personas consejeras serían seleccionadas para competir en elecciones a partir de listas propuestas por comisiones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, poderes que actualmente se encuentran bajo control de Morena.

A ello se suma la propuesta de desaparición de los 32 organismos públicos electorales locales, nuevamente justificada en términos de austeridad. Estos organismos son responsables de organizar las elecciones subnacionales —gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos— y cuentan con conocimiento técnico, experiencia territorial y capacidades operativas específicas. La concentración de todas estas funciones en un INEC centralizado, sin experiencia subnacional suficiente ni el presupuesto adecuado, pone en riesgo la integridad, la legalidad y la confiabilidad de los procesos electorales.

El regreso al pasado autoritario: una amenaza latente

En conjunto, las propuestas de reforma electoral no pueden entenderse como medidas aisladas de ahorro o austeridad, mucho menos democráticas. Su orientación apunta a un cambio de régimen político, en donde se reduce la equidad en la competencia y erosiona la independencia de las instituciones electorales. Los efectos acumulados de estas reformas podrían comprometer seriamente uno de los principales logros del proceso democrático mexicano: la construcción de elecciones competitivas, creíbles y capaces de canalizar pacíficamente la diversidad política y la circulación de las elites sin violencia.

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Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en la primera vuelta con el 48,33% de los votos y logró obtener la mayoría de escaños en el parlamento. El candidato del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN) que quedó de segundo, consiguió un resultado históricamente bueno. Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 1 de febrero de 2026 marcaron así un punto de inflexión en la historia política de Costa Rica.

El país, que durante décadas fue considerado un fenómeno democrático excepcional en Centroamérica, ha experimentado unas elecciones que van mucho más allá de la decisión sobre las personas y los colores de los partidos. Se trató de la cuestión fundamental de cómo debería gobernarse Costa Rica en el futuro: mediante el diálogo institucional, la separación de poderes y el consenso, o mediante una política centrada en el poder que se base en la confrontación y la reestructuración estructural del sistema.

De los aproximadamente 5,2 millones de habitantes de Costa Rica, 3.731.788 personas tenían derecho a voto. La participación electoral del 69,10% fue significativamente mayor que en eventos anteriores (históricamente el más bajo fue el 59,71% en 2022).

El proceso electoral se caracterizó por campañas altamente personalizadas y un elevado número de indecisos. Aunque entre octubre y diciembre seguía siendo entre el 40 y el 55% de los votantes quienes decían no saber por qué candidato ni por qué partido querían votar, tres días antes de las elecciones seguían mostrando un 32% de indecisos.

Los números de la elección

La candidata del gobierno, Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano, PPSO), lideró las encuestas desde octubre de 2025 con una gran diferencia respecto a sus 19 competidores. Sin embargo, inicialmente estuvo muy por debajo del umbral del 40% necesario para ganar en la primera vuelta, lo que finalmente ocurrió. Álvaro Ramos, que quedó segundo en las encuestas, obtuvo consistentemente solo entre el 8 y el 10% de los votos. Hasta el día de las elecciones, los candidatos lucharon por el grupo de candidatos indecisos para llegar a una segunda vuelta contra Laura Fernández.

El resultado es histórico por varias razones. Desde 2010, ningún candidato ha conseguido más del 40% de los votos en la primera vuelta, por lo que en las tres últimas elecciones presidenciales siempre ha habido una segunda vuelta. Una mayoría tan alta de escaños también es única en el pasado reciente de Costa Rica.

El proceso electoral confirmó la fortaleza de las instituciones costarricenses. El Tribunal de Elecciones (TSE) lo organizó de manera transparente, libre y justa. Observadores electorales nacionales e internacionales, incluida una misión experta de la UE, acompañaron en el terreno. La información falsa difundida por el presidente y sus partidarios sobre supuestos problemas técnicos o manipulaciones fue públicamente refutada por el tribunal electoral. Por primera vez en Costa Rica se registró en redes sociales un número excepcionalmente alto de casos de violencia verbal con motivación política (especialmente contra mujeres), así como campañas de trolls.

Peculiaridades de la campaña electoral

Costa Rica ha sido una república presidencial sin fuerza militar desde 1949, con sólidas instituciones constitucionales y conocida por su defensa de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la tolerancia y el pacifismo. Pero en los últimos años, la cultura política ha cambiado fundamentalmente: el presidente Rodrigo Chaves inició y alimentó enfrentamientos con el parlamento, el poder judicial, otras instituciones democráticas y los medios de comunicación durante todo su mandato. Estas numerosas disputas alimentan las tensiones en la sociedad y socavan la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Como Chaves no pudo volver a presentarse, envió a su exministra presidencial, Laura Fernández, a la contienda.

La campaña electoral 2025/26 difirió significativamente de las elecciones anteriores en Costa Rica. Fue excepcionalmente personalizada, muy polarizada y digitalizada. Aunque al presidente Chaves no se le permitió presentarse ni intervenir activamente en la campaña electoral según la constitución, siguió atrayendo la atención pública. Dos mociones para levantar la inmunidad del presidente fracasaron en los últimos meses debido a la falta de una mayoría de dos tercios en el parlamento.

Más recientemente, fue el tribunal electoral quien pidió al parlamento que lo hiciera, porque más de veinte ciudadanos denunciaron al presidente Chaves por beligerancia política. La controversia que siguió entre el tribunal electoral y el presidente acaparó los titulares. Como vínculo simbólico, el presidente Chaves visitó a Nayib Bukele en El Salvador y lo invitó a Costa Rica para una visita de regreso apenas dos semanas antes de las elecciones. Esto también causó revuelo y fue visto por los analistas como un apoyo indirecto a la campaña electoral y a la narrativa de seguridad del candidato del gobierno.

Urgente: seguridad y economía

La campaña electoral y los debates presidenciales estuvieron dominados por los temas que más preocupan a la población: falta de empleo, alto coste de la vida, marcada desigualdad y un sistema sanitario y educativo que se ha deteriorado drásticamente durante años. Pero el tema que claramente dominaba la agenda era la lucha contra la creciente inseguridad y violencia del crimen organizado.

Los caminos propuestos por los candidatos individuales para lograr este objetivo son diferentes. Mientras el chavismo se centró en intensificar la aplicación de la ley y la construcción de una gran prisión basada en el modelo salvadoreño, que es extremadamente controvertido internacionalmente debido a su falta de cumplimiento del Estado de derecho, los candidatos de la oposición incluían medidas preventivas y sociales. Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también dependió de la cooperación internacional con la Unión Europea para combatir las exportaciones de drogas a Europa, también con la ayuda de las fuerzas policiales europeas en el puerto de Moín.

¿Cómo quedó la Asamblea Legislativa?

Según el resultado preliminar, solo cinco partidos diferentes estarán en la Asamblea Legislativa con 57 escaños. El PPSO ha emergido como la fuerza más fuerte, pero es poco probable que alcance su objetivo de mayoría cualificada con 40 escaños. La mayoría absoluta de 30 escaños otorgará al gobierno un poder considerable en las comisiones parlamentarias y en la adopción de leyes.

Sin embargo, no será suficiente para impulsar reformas constitucionales ni para elegir o destituir jueces de la Corte Suprema, que requieren al menos 38 votos. Por tanto, se espera que los enfrentamientos por parte del gobierno y su partido, tanto con la oposición en el parlamento como con el poder judicial, continúen en el nuevo periodo legislativo.

La oposición

El PLN obtuvo 18 escaños, el Frente Amplio 7 y la Coalición Agenda Ciudadana entró en el parlamento con un escaño. El Partido Nueva República y el Partido Liberal Progresista, así como el Partido Progreso Social Demócrata, que Rodrigo Chaves utilizó como «taxi» en 2022 para participar en las elecciones presidenciales y del que se retiró en 2023, ya no estarán representados. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), miembro de la Unión Demócrata Internacional Centrista (IDC) y la Unión Internacional para la Democracia (IDU), sufrió un duro golpe. De los nueve legisladores actuales, solo tendrá un diputado para la nueva legislatura.

Junto con el PLN, el PUSC es uno de los dos partidos tradicionales que moldearon el panorama político y electoral desde los años 80 hasta 2014. Su candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, se centró en promover la competitividad económica, la justicia social y combatir la inseguridad y la delincuencia transnacional. A pesar de los problemas relevantes y de un candidato que sabía de forma creíble cómo promover el programa electoral, el PUSC fracasó debido a su discordia interna.

Los riesgos del populismo autoritario

Aunque Costa Rica es una de las democracias más antiguas del mundo, no es una excepción a los riesgos y peligros del populismo autoritario. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos recientes por fortalecer los programas sociales y económicos, invertir en el desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de la población, el creciente descontento de los ciudadanos generó resentimiento y desconfianza, que el presidente Chaves explotó rápida y hábilmente. Aunque Laura Fernández no es muy carismática se beneficia del apoyo y la popularidad de su mentor.

La oposición no logró formar una alianza común como alternativa electoral políticamente eficaz, y su presencia fragmentada la debilitó. Los partidos tradicionales sufrieron no solo una pérdida de confianza y conflictos internos, sino también una posición poco clara entre gobierno y oposición, incluyendo deserciones de algunos alcaldes y parlamentarios hacia el chavismo. Esto debilitó su credibilidad y limitó su capacidad para posicionarse como una alternativa real al gobierno. Aunque los principales candidatos de los partidos de la oposición intentaron desactivar sus conflictos y enfatizar las similitudes democráticas en la campaña electoral tardía, esto tuvo un significado más simbólico y solo pudo movilizar a los votantes en una medida limitada. Con la excepción del candidato Álvaro Ramos, que pudo mejorar significativamente más allá de las encuestas, los demás candidatos estaban dentro del rango de cifras obtenidas en las distintas encuestas de opinión de la última semana de enero.

Estrategia y visión del chavismo

El presidente Rodrigo Chaves y sus partidarios dependen de desacreditar el sistema político, posicionándose como representantes del «pueblo llano» y trabajando con el elemento estilístico de la imagen del enemigo que tienen las élites. El PPSO utiliza una retórica que describe el modelo político actual de Costa Rica como una «dictadura» o un «statu quo» incapaz de reformarse. Chaves también culpa a instituciones como el parlamento, el poder judicial y la prensa por agravios que su gobierno no puede remediar. Esta crítica sistemática y la representación del propio movimiento y proyecto político como una «revolución pacífica y democrática» buscan presentar los obstáculos institucionales existentes como ilegítimos.

Politólogos y otros expertos advierten contra la mayoría absoluta del PPSO en la Asamblea Legislativa. Ven esto como un intento de obtener un control casi hegemónico sobre los poderes. Esto podría pretender reestructurar fundamentalmente el sistema político al estilo de los gobiernos populistas de América Latina e impulsar proyectos que cambien la constitución sin una resistencia parlamentaria efectiva. Sin una mayoría cualificada en el parlamento, el gobierno se ve ahora obligado a cooperar —ya sea con fuerzas opositoras moderadas o mediante mayorías selectivas— para hacer realidad la visión de la presidenta electa: «fundar la Tercera República», como declaró en su discurso de victoria la noche electoral. Sin embargo, un estilo de gobierno confrontacional podría conducir a bloqueos institucionales y agravar aún más la polarización política.

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El editorial del The New York Times del 8 de diciembre de 2025, America Must Prepare for the Future of War (América debe prepararse para el futuro de la guerra), parte de una preocupación inmediata sobre la pérdida relativa de ventajas militares de Estados Unidos frente a China. Bajo la fachada de una invencibilidad histórica, EEUU enfrenta una realidad alarmante: los juegos de guerra del Pentágono sugieren que el país perdería un conflicto directo con China.

Para revertir este declive, el consejo editorial del diario sostiene que el país debe desmantelar su anquilosado complejo industrial-militar y priorizar la agilidad sobre la tradición. Esto implica reformar los procesos de adquisición del Pentágono para incluir a empresas jóvenes y tecnológicas, exigir que el Congreso deje de priorizar intereses electorales en el gasto de defensa y revitalizar la base manufacturera nacional.

No obstante, el verdadero alcance de lo expuesto es más profundo. El texto periodístico expone un problema estructural del orden internacional contemporáneo: la brecha creciente entre un sistema global construido bajo supuestos de estabilidad, interdependencia y superioridad tecnológica occidental, y una realidad marcada por la conflictividad permanente, la competencia industrial y la erosión de los mecanismos de gobernanza.

La editorial es una hoja de ruta para la guerra para el gobierno estadounidense. “En los juegos de guerra, grandes buques como el U.S.S. Gerald R. Ford suelen ser destruidos. Aun así, la Armada planea construir al menos nueve portaaviones adicionales de la clase Ford en las próximas décadas. Estados Unidos debe adoptar métodos de guerra nuevos y más ágiles. Esto implica, al mismo tiempo, ganar la guerra para construir nuevas armas autónomas y liderar el mundo en su control. Lograrlo requerirá desafiar el statu quo en el diseño y la fabricación de armas”.

Ya no es cómo sino cuánto

Sin embargo, leído en clave analítica, también es un diagnóstico sobre el retorno de la guerra como organizador central de la política internacional. La cuestión ya no es solo cómo se combate, sino qué tipo de Estados, economías y estructuras sociales pueden sostener una competencia prolongada en un mundo más violento, fragmentado e imprevisible.

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Su diagnóstico trasciende ampliamente el plano estrictamente castrense. Leído con atención, el texto expone un problema estructural en torno a la desalineación entre el orden internacional heredado de la posguerra fría y un mundo que ha vuelto a organizarse alrededor del conflicto, la competencia industrial y la coerción estratégica.

La guerra ha dejado de ser un episodio excepcional para convertirse en una variable permanente del sistema internacional, con efectos profundos sobre la economía política global, las cadenas de valor, las finanzas públicas y las jerarquías de poder entre Estados.

La transformación del escenario militar como síntoma

Uno de los puntos centrales del debate actual es la mutación del campo de batalla. La incorporación acelerada de inteligencia artificial, drones de bajo coste, sistemas autónomos y capacidades cibernéticas ha erosionado la lógica tradicional de la superioridad militar basada en plataformas costosas, escasas y altamente sofisticadas. Sin embargo, este cambio tecnológico no es un fenómeno aislado: es la expresión militar de transformaciones más amplias vinculadas a la fragmentación productiva y la aceleración de los ciclos de innovación.

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El editorial de The New York Times advierte que EEUU continúa atrapado en un modelo heredado, priorizando sistemas “exquisitos” que resultan cada vez menos sostenibles frente a un adversario capaz de producir en volumen, adaptarse rápidamente y asumir mayores niveles de desgaste.

La discusión no se limita a qué armas son más eficaces, sino a qué tipo de Estado, economía e institucionalidad puede sostener una competencia prolongada en un entorno de incertidumbre permanente.

Guerra, industria y economía

La reaparición de la guerra como eje de las relaciones internacionales ha revalorizado un elemento frecuentemente subestimado en la globalización: la capacidad industrial. Los conflictos han demostrado que, en guerras largas, la ventaja decisiva no reside únicamente en la tecnología de punta, sino en la capacidad de producir, reponer y adaptar recursos a gran escala.

Este punto es central en el diagnóstico estadounidense sobre China, pero también revela una tensión más profunda del capitalismo contemporáneo. Durante décadas, las economías avanzadas privilegiaron la eficiencia, la externalización y la reducción de costos, debilitando sus bases industriales. Hoy ese modelo choca con un entorno donde la resiliencia, el control de insumos estratégicos y la capacidad manufacturera se han convertido en activos geopolíticos.

Auge y contradicción

En este contexto de creciente conflictividad, la industria armamentista ha registrado ganancias históricas. Según un informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en 2024 las ventas globales de armas alcanzaron los 679.000 millones de dólares, impulsadas por la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, el rearme europeo y el aumento generalizado de los presupuestos de defensa. Empresas europeas, asiáticas y nuevos actores tecnológicos registraron crecimiento, sin embargo, no debe leerse únicamente como un indicador de fortaleza.

Estas cifras récord ocultan una fragilidad subyacente. Parte del aumento de ingresos se explica por el encarecimiento de los insumos, los retrasos productivos y la reconfiguración forzada de las cadenas de suministro. El boom del sector no refleja necesariamente una mayor capacidad de producción efectiva, sino una economía de guerra inflacionaria y cada vez más dependiente de recursos escasos.

Las cifras récord conviven con retrasos crónicos, sobrecostes estructurales y cuellos de botella productivos, especialmente vinculados a la escasez de minerales críticos y a cadenas de suministro cada vez más politizadas. El aumento de ingresos refleja tanto la demanda como el encarecimiento de producir en un mundo fragmentado, donde la interdependencia ya no garantiza acceso estable a insumos clave. La actual puja estratégica de EEUU y China por recursos y la nueva estrategia de EEUU sobre Venezuela y Groenlandia son prueba fehaciente de ello.

Un orden más violento y menos gobernable

El trasfondo de esta propuesta racionalizada es la percepción de que el orden internacional liberal atraviesa una fase de erosión acelerada. El aumento de los conflictos armados, el regreso explícito de la disuasión nuclear y la proliferación de frentes simultáneos indican que las normas, instituciones y mecanismos de contención construidos en décadas anteriores han perdido eficacia.

Este escenario no implica necesariamente un colapso inmediato del sistema, pero sí una transición hacia una normalidad más inestable, donde la coerción gana peso frente a la cooperación y donde los Estados priorizan la seguridad y la autonomía estratégica por sobre la eficiencia económica o la gobernanza global.

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Para los países no centrales y gran parte del llamado Sur Global, este cambio de paradigma plantea desafíos específicos. Aunque algunos Estados emergentes han logrado capitalizar el nuevo contexto desarrollando industrias de defensa propias o ampliando su margen de maniobra diplomático, la mayoría enfrenta mayores limitaciones estructurales. En un mundo más militarizado, el acceso al financiamiento, al armamento y a los espacios de decisión se vuelve más restrictivo, mientras que los costos de la inestabilidad aumentan de forma desproporcionada.

El problema no es únicamente cómo debe prepararse EEUU para la guerra del futuro, sino qué tipo de orden internacional está emergiendo. La centralidad creciente del conflicto, la industria y la coerción revela un mundo menos previsible, más desigual y difícil de gobernar.

En este escenario, la guerra deja de ser un evento excepcional para convertirse en un componente estructural. Comprender esta transformación resulta fundamental para analizar las nuevas jerarquías de poder y las opciones, cada vez más limitadas, de los países que quedan fuera del núcleo central del orden global.

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El manual Inteligencia artificial y el futuro de la política, escrito por Ximena Docarmo, es una obra fundamental para comprender cómo la transformación tecnológica redefine la práctica política en América Latina y el mundo. Publicado por Diálogo Político dentro de su serie Manual DP Campus, este documento se convierte en una guía estratégica diseñada especialmente para líderes, tomadores de decisión, comunicadores y equipos políticos que enfrentan el desafío de integrar la IA en su trabajo diario.

Con un enfoque metodológico claro y cuatro grandes bloques conceptuales —alfabetización, experimentación, regulación y aplicación—, el manual ofrece un mapa integral para navegar la intersección entre inteligencia artificial y política, explorando oportunidades, riesgos, dilemas éticos y marcos de gobernanza necesarios para el uso responsable de estas tecnologías en democracias modernas.

Contenido clave del manual

La autora presenta una mirada profunda sobre la evolución histórica de la IA, sus ciclos de desarrollo, las capacidades actuales de los modelos generativos y las tensiones políticas que genera su implementación. Además, el texto incluye ejercicios prácticos, glosarios y modelos de análisis pensados para fortalecer la toma de decisiones en gobiernos, parlamentos, partidos y campañas electorales.

El manual aborda cuestiones como:

• El impacto de ChatGPT y los modelos de lenguaje en la comunicación política.
• Los sesgos algorítmicos y sus riesgos para la equidad democrática.
• Las tendencias globales de regulación, especialmente la Ley de IA de la Unión Europea.
• Las brechas de talento y gobernanza digital en América Latina.
• El potencial de la IA para campañas, participación ciudadana y toma de decisiones estratégicas.

Valoración general

Este manual es una referencia imprescindible para cualquier profesional interesado en el futuro de la democracia y la gobernanza tecnológica. Su equilibrio entre teoría, práctica y análisis comparado lo convierte en una herramienta útil tanto para formación política como para diseño de políticas públicas. La claridad pedagógica de Docarmo y su experiencia internacional hacen que este texto sea especialmente relevante en un contexto donde la inteligencia artificial y política son ya inseparables.

Datos editoriales

• Autora: Ximena Docarmo
• ISBN: 978-9915-9707-8-3
• Número de páginas: 89.
• Mes y año de publicación: Enero, 2026
• Editorial: Fundación Konrad Adenauer – Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina
• Colección: Manual DP Campus

“Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción. Pero también les diré que los demás países, en particular las potencias intermedias como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que integre nuestros valores”.

Mark Carney

El discurso del primer ministro canadiense Mark Carney en el Foro Económico Mundial de Davos de 2026 puso en relieve una alternativa para todos los países que no quieren o no pueden depender de las superpotencias globales. Con su acción, puso sobre la mesa a la corrección política como un tema relevante para discutir en la actualidad.

El impacto de su mensaje radicó en la transparencia: dijo en voz alta lo que muchos gobiernos asumen en privado. El primer ministro instaló un nuevo marco de interpretación. Hasta el momento, los líderes globales hablaban de crisis, tensiones y cambios respecto al orden internacional. Carney habló de “ruptura”. 

Otros líderes se posicionaron en consonancia con Carney. Entre ellos, el canciller alemán, Friedrich Merz, legitimando la nueva narrativa con foco en el rol de las potencias medias: «La calma y la paz aquí arriba, en la “montaña mágica” de Davos, contrastan marcadamente con un mundo cuyo viejo orden se está desmoronando a un ritmo vertiginoso».

Nuevo encuadre: ruptura 

Para Carney y Merz el orden internacional basado en reglas, instaurado en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la sucesión de conflictos internacionales, llegó a su fin. 

Según el primer ministro canadiensa el mundo vivía una “ficción útil” que buscaba el “beneficio mutuo a través de la integración” pero con normas aplicadas “de forma asimétrica”. Para el alemán, el orden internacional se trataba de un sistema que “siempre ha sido imperfecto”. 

Ambos líderes plantean que el mundo viró hacia la rivalidad y el poder sostenido desde la fuerza por sobre la búsqueda de consensos. Un ejemplo cercano es el caso venezolano, donde Estados Unidos se involucra con intereses geopolíticos para recuperar su influencia en la región. La lógica es extrapolable a Gaza y Ucrania, como otros conflictos vivos y globales. 

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Desde esta perspectiva que se aleja de la corrección política, se replantea la legitimidad del multilateralismo y el rol de los organismos internacionales en el futuro inmediato. También, se vuelve evidente la necesidad de no depender de un solo garante, como EEUU, para asegurar el intercambio económico y la seguridad de los Estados. Esto explica por qué el discurso fue especialmente bien recibido por las potencias medias, fuera del eje EEUU–China.

Jugada de las potencias medias 

Ante la “ruptura” del orden (adjudicada a Donald Trump, aunque sin nombrarlo), lejos de un mensaje pesimista, Carney plantea una visión estratégica alternativa. 

Los países, especialmente las potencias medias, deben fortalecer su autonomía estratégica (energía, alimentos, tecnología, defensa) en lugar de depender únicamente de grandes aliados o mercados. Como alternativa a las instituciones multilaterales debilitadas (ONU y OMC) propone formar coaliciones flexibles, basadas en intereses y valores compartidos, y la diversificación internacional como eje en política exterior.  

Friedrich Merz, por su parte, propone reconocer el valor del poder europeo, basado en la seguridad, competitividad y unidad, y convertir a Europa en un jugador clave de nuevo. Plantea “invertir masivamente” en defensa, aumentar la competitividad económica europea y fortalecer la unión interna y entre los socios afines. El canciller afirma que Alemania trabaja en todas esas líneas. 

En cuanto a América Latina, Merz lamentó la fragmentación europea ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur luego de firmarlo en Asunción. El Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo a revisión por la Justicia del bloque, obstaculizando la concreción de la mayor zona de libre comercio. Los sectores políticos más radicalizados votaron a favor de la revisión del acuerdo para demorarlo. 

Alianzas entre iguales

Al reconocer la ruptura del orden internacional, tanto Carney como Merz abren la jugada hacia nuevas estrategias. Pero no proponen una acción política contraria al marco interpretativo ya conocido. Es decir, no ponen en cuestión la corrección política, sino que plantean un camino alterno. Para Carney, las potencias medias deben actuar juntas: “Porque si no estás en la mesa, estás en el menú”. Para Merz, la “mayor fortaleza” aún sigue siendo “la capacidad de construir asociaciones y alianzas entre iguales basadas en la confianza y el respeto mutuos”, en una agenda sin cabida para el proteccionismo. 

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Sin apelar al radicalismo, el discurso de Carney marcó el encuentro en Davos este 2026. Como actor del sistema, mostró una postura autocrítica y escéptica del orden internacional al que él mismo pertenece: “Hemos alabado sus principios y nos hemos beneficiado de su previsibilidad”. Carney no es un outsider. Canadá es miembro del G7 y un socio importante de EEUU y Europa. No se trata de un reclamo del Sur Global o un rival sistémico. Su voz tiene credibilidad. 

Su discurso le puso nombre a lo que ya sucede en la realidad: una guerra de Ucrania estancada, la rivalidad entre las potencias y sus zonas de influencia, el regreso de la lógica transaccional y el uso abierto de sanciones para negociar. 

Con el fin de la corrección política y el reconocimiento de la realidad, un líder moderado logra ser escuchado.

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Costa Rica entró a la recta final de la campaña electoral que culminará con las votaciones del 1 de febrero próximo para elegir al nuevo gobernante y los cargos legislativos. La campaña ha estado marcada por una alta polarización, ataques personales entre los candidatos y las intervenciones proselitistas del presidente Rodrigo Chaves, transgrediendo disposiciones jurídicas de no beligerancia de parte de los mandatarios.

Tensiones entre poderes estatales

La campaña electoral ha transcurrido con tensiones entre el mandatario Rodrigo Chaves y otros poderes, como la Asamblea Legislativa y el Tribunal de Elecciones. Hubo confrontaciones públicas entre el mandatario y sus seguidores con diputados de la oposición y el propio presidente del legislativo, así como con los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Más de una veintena de ciudadanos denunciaron al presidente Chaves por beligerancia política, dando lugar a una revisión y advertencias de parte del TSE, que el mandatario calificó como el intento de amordazarlo. Además, las alusiones personales a la presidenta del órgano electoral y a la credibilidad de este, le valieron un fuerte pronunciamiento de esa institución.

Las disputas con el legislativo han girado sobre acusaciones mutuas, investigaciones por corrupción y abuso de poder, así como por la aprobación de leyes relacionadas con temas sensibles como la seguridad y las finanzas públicas. La tirantez ha llegado al punto de dos intentos fallidos para desaforar a Chaves, malogrando las relaciones entre ambos poderes estatales.

Opinión pública

Al escenario se suman las desavenencias del presidente Chaves con el periodismo y los medios independientes, a quienes incluso ha llamado “prensa canalla” en varias ocasiones. Por otra parte, la opinión pública se ha sorprendido con las acusaciones a instituciones públicas de exceder sus funciones para interferir la campaña. Más recientemente, con la investigación de un supuesto intento de magnicidio involucrando a una conocida periodista.

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Esta polarización y tensiones entre poderes estatales se trasladó al ámbito electoral con mensajes y discursos descalificadores entre los candidatos a la presidencia y el bajo entusiasmo ciudadano por las votaciones. La candidata del partido oficialista Pueblo Soberano, Laura Fernández, se ha negado a participar en los debates públicos con otros contendientes, lo cual generó fuertes críticas de parte de los demás competidores, los medios y distintos sectores de la población. Finalmente anunció que participaría solamente en cuatro de los debates programados.

De acuerdo con declaraciones de diputados y del propio presidente Chaves, el propósito de Pueblo Soberano es asegurar su continuidad al menos durante tres períodos presidenciales y lograr la mayoría legislativa.

La volatilidad del voto ciudadano

Del lado de los votantes, el panorama todavía es incierto en las preferencias electorales. Las encuestas de opinión más recientes estiman que los indecisos ascienden al 30%. Los cinco candidatos que tienen mayores probabilidades en la intención de votos son Laura Fernández, de la continuidad oficialista; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, uno de los más grandes y con larga historia política; Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, de Frente Amplio.

La intención de voto se inclina mayoritariamente hacia Laura Fernández, mientras los demás candidatos alcanzan porcentajes bastante por detrás. Distintos análisis coinciden que la competencia podría resolverse en primera vuelta si la intención de votos sigue favoreciendo a Fernández. Otros estiman, de manera más cauta, que el voto de los indecisos puede modificar estas previsiones forzando a una segunda vuelta que se programaría para abril de 2026. Es un escenario probable considerando la negativa de la candidata de Pueblo Soberano para participar en los debates, la desfavorable opinión sobre las actuaciones del presidente y el mejor desempeño de otros candidatos presidenciales en sus comparecencias públicas refiriéndose a los temas que más interesan a la población.

A diferencia de otras votaciones calificadas como “fiestas cívicas”, esta vez se observa bajo entusiasmo entre los costarricenses y se prevé una alta abstención. De manera que en las semanas más recientes se han intensificado las campañas y los llamados a votar.

Otra característica de esta campaña es que partidos tradicionales como Liberación Nacional (PLN) o Unidad Social Cristiana (PUSC) perdieron simpatizantes que parecen haber trasladado su intención de voto a otros partidos del amplio espectro de más de treinta organizaciones partidarias en la competencia.

Los debates presidenciales efectuados revelan que para la ciudadanía los temas más sensibles son la inseguridad y violencia, extendida en todo el país, las dificultades económicas y la falta de empleo, las limitadas oportunidades para las generaciones jóvenes, las necesarias reformas del sistema de justicia, así como el funcionamiento eficiente de los sistemas de salud y educación.

La resiliencia democrática costarricense

Recientes informes como el Estado de la Nación han señalado los desafíos y riesgos que enfrentan la democracia e institucionalidad costarricense, así como la urgencia de atender problemas clave como el de la educación, antes que el país se sume a la tendencia autoritaria que envuelve a Centroamérica. Las preocupaciones y advertencias no están alejadas de la realidad.

La democracia costarricense ha sido considerada una excepción en la región centroamericana y en Latinoamérica. Pero desde inicios del siglo XXI, el nivel de satisfacción de sus ciudadanos con el desempeño democrático ha disminuido significativamente. Por otra parte, la arquitectura del sistema político está cambiando. Han nacido numerosas organizaciones partidarias a nivel nacional y local, restándole peso al tradicional bipartidismo dominado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Las históricas adscripciones políticas familiares también han cambiado y en comicios anteriores personas de la misma familia ondeaban banderas de organizaciones partidarias distintas.

En medio del desencanto ciudadano con la democracia surgió la figura del actual presidente Rodrigo Chaves, señalado de arrastrar al país hacia el autoritarismo. Lo cierto es que el presidente y algunos de sus voceros han manifestado su intención de reformar la Constitución para dar lugar a la reelección inmediata, rediseñar el poder judicial y amenazar con la posibilidad del destierro a los opositores.

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Chaves es admirador de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, y su modelo de seguridad. Llegó a condecorarlo e invitarlo recientemente al acto de inicio de la construcción de una mega prisión en Costa Rica similar al CECOT en El Salvador.

En un contexto de desafíos complejos, que van desde el deterioro en las condiciones de seguridad hasta la calidad de la educación y la erosión de la democracia, diversos sectores esperan que el sistema democrático que prevalece en el país sea lo suficientemente resciliente para subsistir y superar los crecientes riesgos que amenazan la democracia.

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