La historia política moderna conoce bien las dictaduras clásicas: el caudillo, el partido único, la ideología totalitaria, la represión visible. Conoce también las ocupaciones: la bota extranjera, el gobierno impuesto, la administración directa. Pero hay una figura más ambigua, más corrosiva y, por ello mismo, más peligrosa para el porvenir de los pueblos: el autoritarismo o la dictadura tutelada. Y en Venezuela hoy se asoma esa figura histórica.

No se trata de una dictadura en sentido tradicional, ni de una transición democrática propiamente dicha. Se trata de una forma intermedia de dominación, en la que el poder no se ejerce plenamente desde dentro ni se impone formalmente desde fuera, sino que se ejerce a control remoto bajo la disuasión que causa la fuerza. El tutelaje suspende la soberanía sin abolirla, congela la voluntad popular sin negarla explícitamente y posterga el futuro bajo el lenguaje de la prudencia, el orden y la prosperidad económica; o, lo que es más claro (o cínico), detrás del argumento de la ineptitud cívica de la nación. En ese proceso, la Constitución deja de operar como norma de regeneración del poder ciudadano y se convierte en letra muerta, formal y sin capacidad regeneradora de la justicia y de la libertad.

¿Quién gobierna y desde dónde?

La extracción de Nicolás Maduro, combinada con la permanencia de Delcy Rodríguez como figura de continuidad del antiguo régimen autocrático y con la voracidad petrolera de una lógica trumpiana abiertamente transaccional, no inaugura una liberación democrática real. Por lo menos no hasta ahora. Inaugura, más bien, una zona de indeterminación histórica. El régimen cae, pero el tiempo no avanza. El dictador se va, pero la historia no retoma su curso de justicia, ni el orden constitucional recupera su función esencial de devolver el poder a los ciudadanos.

Desde la filosofía de la historia, el problema no es únicamente quién gobierna, sino desde dónde se gobierna el tiempo. Las naciones no existen solo como estructuras institucionales o territorios soberanos; existen como comunidades que se reconocen a sí mismas en un discurso fundacional compartido, en una continuidad moral que enlaza pasado, presente y porvenir. Cuando esa narración es interrumpida y sustituida por una racionalidad externa —geopolítica o populista— lo que emerge no es una transición democrática, sino una distorsión histórica, en la que la legalidad subsiste, pero la legitimidad queda en suspenso.

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Delcy Rodríguez encarna esa distorsión en Venezuela. No es una figura carismática ni la jefa de un proyecto político: es una albacea del remanente del chavismo, una funcionaria del después. Su papel, en la lógica del tutelaje, no es refundar ni cerrar un ciclo, sino garantizar que nada esencial cambie mientras todo parece cambiar. Su continuidad representa la transformación del régimen en uno supuestamente menos épico, menos brutal, pero quizás más insidioso: preserva el control político sin restituir el principio constitucional de soberanía popular.

El tutor

Toda dictadura tutelada necesita, sin embargo, un tutor. Y aquí aparece la segunda dimensión del problema: la reducción de Venezuela a objeto estratégico, a activo energético disponible para una negociación de intereses —foráneos o locales— sin horizonte moral. En esa mirada, el país no es una comunidad política devastada que debe reconstruirse, sino un “problema de gestión” y una oportunidad de extracción de riqueza. El petróleo deja de ser un recurso nacional sujeto a deliberación democrática y se convierte en la moneda de cambio que justifica la postergación de la soberanía popular.

La historia ofrece antecedentes inquietantes. Existieron protectorados, transiciones administradas, regímenes interinos con resultados mixtos. Uno tuvo un final feliz, como Japón, con una transición tutelada extraordinariamente exitosa. Los otros son: Afganistán (2001–2021), Irak (2003–2011) e incluso Puerto Rico (desde 1898), este último sin ocupación militar hasta la actualidad, pero sí soberanía limitada. En estos últimos casos el daño no fue solo institucional, sino antropológico. Los pueblos aprendieron a no decidir. A esperar. A delegar su destino. El tutelaje produce orden sin ciudadanía, estabilidad sin responsabilidad, normalidad sin autogobierno efectivo.

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En Venezuela, el riesgo es aún mayor porque la nación llega a este umbral ya profundamente erosionada. El chavismo no solo destruyó instituciones; deformó la venezolanidad, sustituyendo la cultura del autogobierno por la dependencia, la pérdida de responsabilidad y la resignación. Una dictadura tutelada no corrige esa deformación: la normaliza bajo un nuevo lenguaje. Donde antes se hablaba de revolución, ahora se hablará de orden. Donde antes se invocaba al pueblo, ahora se invocará al mercado. Pero la negación del principio constitucional de decisión colectiva permanece intacta.

La reconstrucción moral de la república

Por eso este problema descrito no es táctico ni coyuntural. Es un problema histórico en sentido pleno. Una nación no se recupera cuando cambia de administrador, sino cuando recupera la capacidad de decidir sobre sí misma. Sin elecciones libres, sin un horizonte constitucional claro, sin un plazo estricto y vinculante que reactive el mandato constitucional de elegir, el tutelaje se convierte en una forma sofisticada de dominación: más aceptable, más silenciosa, pero igual de deshumanizante.

Las zonas grises no absuelven a la historia. La historia no las recuerda como prudencia, sino como oportunidades perdidas. La pregunta que se abre ante Venezuela no es si el tutelaje es preferible a la dictadura, sino si es compatible con la reconstrucción moral de la república. Todo indica que, hasta donde hemos visto, no.

Una supuesta transición que no devuelve el tiempo a los ciudadanos, que no restituye la decisión y que no permite elegir, es una transición que congela la historia. Y un país sin historia propia —aunque exporte petróleo y mantenga el orden— es un país que ha renunciado a su porvenir. Ese es el verdadero peligro de la dictadura del tutelaje: no que gobierne demasiado, sino que nos acostumbre a no gobernarnos nunca más.

* Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de Diálogo Político ni de la Fundación Konrad Adenauer.

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A un año del inicio de la segunda administración de Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y América Latina giró hacia una política de poder más directa, bilateral y abiertamente orientada por criterios de seguridad y competencia geopolítica. 

Este nuevo mandato ha redefinido los márgenes de autonomía de la región y afirmó el regreso de la superpotencia hemisférica. La política latinoamericana comenzó a ser más relevante para Washington aunque no en una relación de iguales, sino entre un hegemón que impone las condiciones y unos países que las asumen o se someten a la máxima presión. 

En su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, 2025) la Casa Blanca subrayó que América Latina vuelve a ocupar un lugar central en su política exterior como escenario estratégico. La región se convirtió en un frente activo de la competencia entre grandes potencias, con China como telón de fondo. Un hecho que potenció este reordenamiento es el triunfo de la derecha en las elecciones de 2025, excepto en Suriname.

Algunos países que antes de enero estaban muy lejos de Washington ahora son sus principales defensores, como Argentina y El Salvador. Otros se hicieron aliados: Paraguay, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Ecuador. Y otros intentan acomodarse a la nueva realidad, como México, Brasil, Chile y Guatemala. Con la implementación de aranceles, negociaciones bilaterales, la salida de organismos multilaterales y un nuevo acento en la importancia de la seguridad y defensa, el presidente estadounidense instauró nuevas normas globales. 

Aranceles y proteccionismo

Donald Trump inició su segundo mandato con aranceles unilaterales al resto del mundo, un instrumento de presión política más que una herramienta estrictamente comercial.

En el caso de América Latina, casi toda la región recibió 10% de incremento de aranceles. Las excepciones fueron Guyana (38%), Nicaragua (18%) y Venezuela (15%). México se exceptuó de este listado general dado que el país ya estaba sujeto a un arancel general del 25% para productos fuera del Tratado de Libre Comercio con Canadá y EEUU. 

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La política arancelaria de Trump acentuó las diferencias entre los países latinoamericanos, premiando a los aliados estratégicos y amenazando a quienes mantienen posiciones más autónomas o vínculos estrechos con actores extra hemisféricos. 

El regreso de la Doctrina Monroe

La administración Trump dejó claro que América Latina es zona de interés vital para la seguridad nacional de Estados Unidos y su alineamiento estratégico no es negociable.

La nueva política exterior es más unilateral y transaccional, donde la cooperación se ofrece como incentivo condicionado y la presión —económica, diplomática o incluso militar— reaparece como herramienta legítima. 

Así, la amenaza sobre tomar el control del Canal de Panamá que derivó en un acuerdo entre ambos gobiernos; o las tensiones diplomáticas con Brasil tras el choque por aranceles que terminaron en mayor contacto y cercanía entre Trump y Lula, fueron dos ítems que ejemplifican bien la nueva relación de poder.

Un hito nítido de la influencia político-económica estadounidense en 2025 fue el rescate a la economía argentina con 20 mil millones de dólares, pactado con el presidente argentino Javier Milei previo a la elección legislativa de ese país. Otro, el apoyo explícito del presidente Trump  al candidato presidencial de Honduras, Nasri Asfura. 

Sin embargo, ha sido el caso de Venezuela el hito de mayor fuerza en Latinoamérica. Primero con el despliegue naval estadounidense sin precedentes en las costas del Caribe en frente de Venezuela y Colombia y las operaciones en el Pacífico cerca de Ecuador. Y luego con la acción militar directa para extraer a Nicolás Maduro y la intervención del gobierno Trump como tutor del negocio petrolero con la promesa de un cambio de régimen. Esto ha ocasionado un quiebre en los límites tradicionales de la intervención hemisférica y envía una señal al resto de la región sobre el carácter de los nuevos tiempos.

Récord de deportaciones

El día de su investidura, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, Protecting the American People Against Invasion, para declarar la llegada irregular de migrantes como una “invasión” y fijar las deportaciones como objetivo de seguridad nacional.

Este es uno de los puntos clave en la agenda interna estadounidense (con impacto en la política exterior). La administración republicana rompió el récord de ciudadanos deportados en 2025. Entre el 20 de enero y el 10 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó 605 mil deportaciones. La política de deportación ha estado caracterizada por la agresividad de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener inmigrantes ilegales, las movilizaciones ciudadanas contra el accionar del Estado y el control de las protestas a través del despliegue de tropas militares bajo órdenes federales en algunos estados de la unión.

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El crecimiento histórico de las detenciones y deportaciones migratorias tuvo su correlato en América Latina. Por un lado, el acuerdo con El Salvador para albergar inmigrantes y criminales deportados en el controvertido Centro del Confinamiento del Terrorismo, y por el otro las tensiones con los principales países receptores, entre ellos Venezuela y Colombia. De acuerdo con un informe de American Immigration Council, el número de personas detenidas por la Agencia Federal de Inmigración (ICE) aumentó casi un 75% en menos de un año, alcanzando los niveles más altos de detención migratoria en la historia del país. 

Un balance incómodo para la región

A un año del inicio del segundo mandato de Trump, el balance para América Latina es desafiante. Por un lado, la región volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda estadounidense. Por el otro, esa prioridad se enmarca en una lógica de control, presión y alineamiento, por encima del fortalecimiento institucional, el desarrollo económico o la integración regional. Todavía es pronto para ver el efecto económico de la reconfiguración arancelaria y los nuevos enroques con países aliados, sin embargo, lo que sí está claro es que esta nueva administración republicana no perderá de vista los movimientos internacionales de sus vecinos. 

El regreso de gobiernos de derecha en varios países latinoamericanos y la expectativa ante el posible fin del gobierno chavista en Venezuela es una oportunidad que Washington se ha planteado como oportunidad para afirmar su poder y asegurar su perímetro de influencia en oposición a China. En este contexto, queda una pregunta difícil de responder: ¿la revalorización estratégica se traducirá en una pérdida sostenida de autonomía?

En un artículo anterior explicamos por qué todas las negociaciones entre el régimen chavista y la oposición democrática en Venezuela fracasaron hasta ahora. Concluíamos que el desbloqueo de la situación requería invertir la asimetría existente en la capacidad para ejercer la fuerza, que hasta ahora ha favorecido al chavismo.

Ese desbloqueo solo ha sido posible con la intervención de los Estados Unidos. La fulgurante Operación Resolución Absoluta conducida el 3 de enero de 2026 logró la extracción de Nicolás Maduro para conducirlo a enfrentar un proceso penal por narcotráfico en Nueva York. Al menos 32 militares cubanos murieron en el ataque, evidenciando así lo que se rumoraba hacía años: la soberanía de Venezuela había sido intervenida por Cuba al más alto nivel.

La captura de Maduro cambió por completo la dinámica de la conflictividad política en Venezuela y genera dilemas inéditos en el chavismo. La cooperación forzada que le imponen ahora los norteamericanos acarrea profundas diatribas y recelos mutuos entre los principales líderes del régimen: por un lado, los dispuestos a acatar órdenes de Washington, y por el otro quienes no lo están.

Nuevo posicionamiento de Estados Unidos

Cuando no hay acuerdo en torno a las reglas, estas las dicta quien se impone por la fuerza. Y las que ahora mismo imponen los Estados Unidos no están principal ni exclusivamente orientadas a detener la migración masiva, frenar el narcotráfico o recuperar la democracia para los venezolanos. Más allá de todo lo anterior, Venezuela es una piedra fundamental para construir el nuevo posicionamiento de EEUU en el mundo, lo cual amerita el pleno restablecimiento de su hegemonía en las Américas y el control indisputado del Caribe.

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Este objetivo empezó a concretarse con la recuperación del Canal de Panamá (primer destino en el extranjero visitado por Marco Rubio tras asumir la jefatura del Departamento de Estado en enero de 2025), desarrollado con el despliegue operativo del Comando Sur en aguas caribeñas y consolidado con el desmontaje progresivo del régimen chavista, principal proxy en la región de los rivales extrahemisféricos (Rusia, China, Irán) y benefactor de la Cuba castrista.

El desmontaje de un régimen autocrático y enemigo de los EEUU no es tarea sencilla. La prioridad para Washington es que dicho proceso tenga lugar de forma controlada y acorde con su propio interés nacional. De ahí que el presidente Trump haya indicado que su gobierno estará a cargo de dirigir a Venezuela hasta que se consolide la democracia en dicho país.

Transición por rupt-forma

El escenario planteado en Venezuela no muestra una transición por reforma (como suele suceder cuando una dictadura negocia y planifica su salida), ni por ruptura (lo que pasa cuando una autocracia colapsa). Se observa más bien una rupt-forma: el régimen negocia a la baja tras verse obligado a ello por actores a los que no puede someter. Y para acometer este cambio, el secretario de Estado Marco Rubio ha indicado que existe un plan general, compuesto por tres fases: estabilización, recuperación y transición.

La fase de estabilización está pensada para el corto plazo, y se propone impedir la caída del país en una anarquía propiciada por los múltiples grupos armados que operan en el seno del régimen chavista. Se espera que Delcy Rodríguez —vicepresidenta de Maduro que quedó a cargo— controle a esa variedad de grupos militares, paramilitares y criminales, cuyos líderes temen ahora ser expulsados del sistema o entregados a los estadounidenses.

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La estabilización pasa también por el control directo y temporal de los norteamericanos sobre las exportaciones de petróleo crudo y sus ingresos, que serán manejados en un principio a través de cuentas estadounidenses. Al administrar directamente el petróleo venezolano, Washington intenta cortarle al chavismo sus fuentes de financiamiento y nexos económicos con sus socios. El petróleo no sólo le servirá a EEUU para hacer negocios. Sino también como arma geopolítica contra autocracias petroleras como Rusia o Irán, que lo usan de igual modo contra Occidente.

La segunda fase es de recuperación. Prevé el reingreso progresivo de Venezuela a los mercados y la banca internacional, así como la reparación de la infraestructura crítica y el restablecimiento gradual de los derechos civiles y políticos. Washington quiere propiciar la inversión masiva de las compañías petroleras estadounidenses mientras presiona por la liberación de los presos políticos, que actualmente oscilan entre 800 y 1000. Ya han sido excarceladas varias decenas de presos, incluyendo ciudadanos europeos que el chavismo ha empleado como fichas de cambio.

La fase de transición, sobre la que se han ofrecido menos detalles, implicaría la realización de elecciones y la restitución del ejercicio efectivo de la soberanía a los venezolanos.

Viabilidad del plan

Desde la lógica formal del control político, el plan descrito tiene sentido. Pero su viabilidad depende, por un lado, de la voluntad (forzada o no) que quienes hoy lideran al chavismo demuestren a la hora de cooperar con la administración Trump. ¿Quieren hacerlo, luego de que las demás opciones pierdan factibilidad tras la captura de Maduro? Y de ser así, ¿pueden hacerlo? Por otro lado, depende también de que los venezolanos y los demócratas del mundo perciban que el proceso en general respeta la soberanía e involucra al liderazgo legítimo y electo por el pueblo de Venezuela.

El primer punto no está claro. En primer lugar, porque los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) nunca destacaron por su moderación. Sus vínculos históricos con los aspectos más radicales de la Revolución Bolivariana son abundantes e innegables. En segundo lugar, la ruta pautada por Estados Unidos será efectiva en la medida en que los hermanos Rodríguez dobleguen a sectores como los que lidera el ministro de interior, Diosdado Cabello, que actualmente controlan múltiples medios de coacción en el país. Todo esto está aún por probarse.

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En cuanto al rol de la soberanía popular de Venezuela, el país se ha articulado orgánicamente a través del liderazgo ejercido por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el presidente electo Edmundo González. Dicha articulación se hizo necesaria para superar la represión chavista y hacer posible la victoria electoral de julio de 2024. Fue un logro del que millones de venezolanos se sienten partícipes. Son muy pocas las transiciones que pueden contar con un liderazgo democrático tan nítido y orgánicamente constituido.

El papel de este liderazgo en la ruta definida por Washington aún no está claro. Pero su participación explícita es la única seña visible y concreta que puede emerger en el camino, tanto para los venezolanos como para los gobiernos extranjeros y los mercados internacionales, de que la transición tutelada por EEUU es legítima ante los venezolanos y que podrá conducir efectivamente a un cambio sustancial, y no a algún tipo de continuidad del régimen chavista.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de Diálogo Político ni de la Fundación Konrad Adenauer.

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Las manifestaciones contra el régimen islámico de Irán comenzaron a finales de la década de 1990. Alcanzaron su punto álgido con la muerte de Mahsa Amini y el posterior surgimiento del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. A lo largo de estos años, la maquinaria represiva del Estado ha reprimido las protestas y ha conseguido mantener intactas las estructuras del poder.

Sin embargo, las reivindicaciones actuales surgen en un nuevo contexto en el que las autoridades iraníes, por primera vez, se están mostrando desbordadas. La crítica situación económica por la que atraviesa el país ha actuado como desencadenante para que todos los sectores críticos se sumen a las protestas y que las manifestaciones se sucedan por todo el país.

La incapacidad del gobierno alimenta el descontento entre la población y favorece que las demandas ciudadanas vayan mucho más allá del plano económico, exigiendo inminentes cambios políticos. A pesar de ello, los máximos dirigentes del país siguen confiando en las medidas represivas que tan buenos resultados les han proporcionado hasta la fecha. Como consecuencia de ello, los muertos en las últimas semanas se cuentan por miles. Todo indica que, en esta ocasión, la represión no va a ser suficiente para frenar las ansias de libertad de una sociedad reprimida.

Escalada de protestas en Irán

¿Por qué no ha caído el régimen?

Los continuos desafíos que ha enfrentado la cúpula del poder iraní no han conseguido derrocar al régimen. El líder supremo, Alí Jamenei, ha forjado su fortaleza, en la creación de una férrea estructura que ha consolidado a través del Consejo de Guardianes y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La existencia de estos órganos permite dirigir las decisiones políticas, limitar las capacidades del presidente, Məsud Pezeşkian, y controlar los principales sectores estratégicos. Para ello, la resiliencia del régimen se ha basado en tres pilares: la economía pretoriana, la ausencia de una alternativa interna, y la narrativa estatal.

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La economía pretoriana situó al IRGC al frente de un conglomerado empresarial que gestiona las principales empresas del país, ejerciendo un control directo sobre la energía, las telecomunicaciones, o las fundaciones caritativas (Bonyads). El monopolio económico ostentado por el IRGC permite a Alí Jamenei ejercer un poder absoluto que va desde lo espiritual a lo ejecutivo, con plenos poderes en aspectos económicos y de seguridad.

Represión y el rol de la oposición

Por otro lado, la acción represiva ha conseguido frenar el surgimiento de nuevos liderazgos políticos, y ha permitido judicializar la disidencia, impidiendo la formación de alternativas políticas. Los sindicatos y las pequeñas asociaciones estudiantiles cuentan con capacidad para impulsar movilizaciones, pero carecen de estructura para liderar una alternativa de poder que pueda gestionar una transición.

Como consecuencia, muchos ciudadanos sitúan sus esperanzas en los grupos opositores que operan desde el exilio, llegando incluso a valorar la restauración de la monarquía. No obstante, la oposición en el exilio tiene visibilidad mediática, pero su arraigo real dentro del país es incierto.

El tercer pilar del régimen se construye a partir de la narrativa centrada en la retórica de la resistencia frente a la interferencia extranjera. A través de la victimización, el poder iraní busca incrementar el respaldo interno y la legitimización de sus políticas. Consignas como la dignidad nacional frente a las sanciones pretenden que la población acepte las dificultades económicas como un sacrificio para preservar la soberanía del país. De esta manera el gobierno se presenta como garante de la estabilidad y del orden frente al caos.

¿Por qué ahora podría caer el régimen?

Con las manifestaciones actuales, el régimen ya no combate solo una protesta, sino una erosión de sus mecanismos de supervivencia. Los ayatolás se enfrentan al fin de su contrato social y a la desacralización del poder. La mayoría de la población ya no ve al Líder Supremo como una figura sagrada, sino como un obstáculo político. El rechazo al hiyab (velo islámico) comienza a ser entendido como el derribo del principal símbolo de autoridad de la teocracia.

A la situación interna se ha de sumar la debilidad militar mostrada frente a las ofensivas israelíes y estadounidenses, que no solo destruyeron radares y plantas, sino el mito de la protección del Estado. Un régimen que no puede proteger sus propias fronteras pierde el respeto de sus ciudadanos.

[Lee: Las posiciones de América Latina ante el conflicto Israel-Irán]

Otro aspecto a tener en cuenta es la avanzada edad del líder supremo y las tensiones desencadenadas por su sucesión. Las permanentes pugnas han llevado a que, en ocasiones, el aparato de poder esté más preocupado por las guerras intestinas que por sofocar las calles de forma coordinada.

Hasta ahora, la represión funcionaba porque el régimen podía apagar las protestas y volver a la normalidad. En 2026, esto ya no sucede, al encontrarse con unas fuerzas de seguridad exhaustas y con una economía de supervivencia. Por lo que el régimen ve limitados sus recursos para comprar lealtades y para superar las sanciones internacionales.

Esta situación podría llevar a que las protestas evolucionaran hacia posiciones radicales que incitaran al uso de la fuerza, e impulsaran la insurgencia en provincias como Sistán y Baluchistán y el Kurdistán iraní.

Equilibrio catastrófico

Irán se encuentra en un equilibrio catastrófico: el régimen ya no tiene legitimidad para gobernar, pero aún conserva las armas para no caer. La sociedad tiene voluntad de cambio, pero carece de la organización política para ejecutarlo. El futuro dependerá de la capacidad de la oposición interna para unificar sus diversas ideologías en una plataforma común que ofrezca algo más que el fin de la teocracia: una garantía de integridad territorial y orden social.

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El financiamiento partidario en la mayoría de los países de la región es un tema relevante debido a los riesgos que éste implica en el manejo de la política y quienes la financian. En el Perú, esta preocupación es importante debido al potencial riesgo que existe de infiltración del financiamiento de actividades ilegales en las elecciones. Ante ello, es vital que en las elecciones generales de 2026 la transparencia sea piedra angular de las campañas presidenciales de los partidos políticos, así como de los candidatos a senadores, diputados y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Con el apoyo del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y la colaboración de profesionales expertos en la materia, se ha desarrollado este documento sobre financiamiento partidario y rendición de cuentas de acuerdo con el marco normativo vigente en el país.

Este trabajo se desarrolla con el objetivo de servir como herramienta para los candidatos presidenciales, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, y así puedan conocer con mayor detalle el correcto financiamiento de los partidos políticos, las campañas de los candidatos y la rendición de cuentas en el contexto de las elecciones generales en el Perú.

Vivimos una época donde las narrativas extremas dominan el escenario político. Las redes premian la hipérbole, las emociones se privilegian por encima de los argumentos y los discursos que apelan al miedo o la furia parecen ser los únicos capaces de movilizar masas. En ese contexto, la centroderecha enfrenta un dilema existencial: ¿cómo ser competitiva sin renunciar a sus valores?, ¿cómo hablar con el lenguaje de la sensatez en un entorno gobernado por el ruido?

El relanzamiento reciente del Partido Acción Nacional (PAN) en México representa una apuesta inusual: actualizar imagen, discurso y presencia mediática sin ceder a la tentación de polarizar. En un continente donde las opciones políticas tienden a radicalizarse, el caso mexicano ofrece una señal clara: es posible construir una narrativa de centroderecha que resulte atractiva, actual y coherente. Es posible —aunque no fácil— que el sentido común vuelva a tener valor político.

La paradoja de la centroderecha: pensar sin gritar

La centroderecha, entendida no como una ubicación aritmética en el espectro ideológico sino como una tradición filosófica y política, se ha caracterizado históricamente por su defensa de la libertad individual, el Estado de derecho, la propiedad privada con responsabilidad social, la subsidiariedad y los derechos humanos. Se basa en el principio de gradualidad como forma de transformación y en el respeto a las instituciones como marco de cambio.

[Lee:Juan Carlos Hidalgo: “El modelo tradicional de hacer política no aplica más”]

Sin embargo, estas mismas características la colocan hoy en una posición compleja. En un entorno saturado de relatos confrontativos, la propuesta de “mejorar sin destruir”, de “avanzar sin desmantelar”, parece menos seductora. En contraste con los discursos autoritarios, los populismos de derecha en ascenso o la narrativa victimista de las izquierdas radicalizadas, la moderación suena aburrida. Defender derechos humanos cuando Estados Unidos expulsa migrantes en masa o cuando regímenes autoritarios en Latinoamérica encarcelan sin debido proceso, es percibido por muchos como ingenuidad, cuando en realidad es una afirmación civilizatoria.

La paradoja es evidente: la centroderecha posee una oferta sólida en términos éticos y prácticos, pero le falta una narrativa que la vuelva culturalmente relevante. De ahí la importancia del caso mexicano.

El relanzamiento del PAN: imagen, narrativa y sentido

El relanzamiento del PAN en México no fue únicamente un ejercicio de diseño gráfico o mercadotecnia política. Si bien se actualizaron elementos visuales —logotipo, tipografía, espectaculares, presencia digital—, el cambio más profundo fue narrativo: contar de nuevo una historia sin alterar la esencia. Y es que el reto de una organización como el PAN —que lleva más de 86 años siendo partido— no es renunciar a sus valores, sino, narrarlos en un lenguaje contemporáneo.

La narrativa construida parte de una premisa simple pero poderosa: cambio sin traición. No se trata de un nuevo PAN”que niegue su historia, sino de un PAN que retoma sus raíces para proyectarse al futuro. En lugar de competir en el terreno del escándalo o de replicar los modos de comunicación de los extremos, el PAN busca reivindicar el terreno de la sensatez y del compromiso institucional.

En términos narrativos, esto supone una sofisticación importante: el PAN no adopta una narrativa tecnocrática. Adopta una centrada en valores que siempre han sido del PAN y de la centroderecha: patria, familia y libertad. En otras palabras, no comunica soluciones, comunica sentido. Además todo el concepto se engloba bajo un concepto épico: defender a México.

Esta narrativa se estructura a partir de causas y valores, no de ideas abstractas. Apuesta por el ciudadano común y no por el mesías político. Se centra en problemas reales —seguridad, salud, educación, medio ambiente, justicia— y no en etiquetas ideológicas. Presenta a los liderazgos como personas con historia, con rostro, con voz humana. Se recupera el principio de que la política debe ser razonable, no ruidosa. Emocional, pero no amarillista.

A la par, se abre un camino de participación a patir de una aplicación (App) para teléfonos móviles desde donde puedes afiliarte, participar e incluso inscribirte como posible candidato.

Este relanzamiento no es espontáneo. Es el resultado de más de un año de trabajo en la redefinición del discurso político panista, articulado en torno a una doctrina viva, actualizable, pero inalterable en sus fundamentos. El análisis profundo de los resultados electorales de 2024 fue básico ya que se hicieron escuchas de militantes, análisis electorales, comparativos con otros partidos y estrategias similares en el mundo, estudios axiológicos y reuniones con los principales académicos de México.

La apuesta no es por un partido que diga lo que el algoritmo exige, sino por uno que represente un ethos reconocible: el del México responsable, trabajador, democrático y solidario, el ethos del esfuerzo.

Una propuesta para América Latina: centroderecha con alma

Lo iniciado por el PAN en México no debe verse únicamente como un caso nacional, sino como una propuesta extrapolable a otras realidades latinoamericanas. En buena parte del continente, la centroderecha enfrenta dos tentaciones: o renunciar a su identidad para adaptarse a la polarización, o refugiarse en una tecnocracia que desconecta del electorado. El relanzamiento panista muestra una tercera vía: mantener principios, renovar narrativas, y humanizar la política.

Este modelo rescata la noción de una política de sentido común, en la que la libertad no se confunde con el egoísmo y el orden no equivale al autoritarismo. Una política que defiende instituciones porque reconoce que son las únicas garantes de la libertad individual. Una narrativa que no es reactiva, sino propositiva. Que no vive de la denuncia, vive del anuncio.

América Latina necesita partidos de centroderecha que no sean meras marcas electorales, sino plataformas de pensamiento político. Necesita proyectos que hablen más claro y no griten más fuerte. En este sentido, el PAN ofrece una ruta: un partido con identidad doctrinal, con causas claras, con estrategias de comunicación modernas y con capacidad de renovación interna.

Aunque no abundaré en el presente texto al respecto, el relanzamiento narrativo también incluye otros dos temas sumamente relevantes: la defensa de los gobiernos panistas y el manual de voceros para tener semántica y sentido homogéneo. Uno de los grandes problemas de la centroderecha es que no suele tener una comunicación organizada y por ello no suele posicionar términos o marcos conceptuales.

Cuando el centro tiene rostro

La batalla política de nuestros días no es únicamente electoral, también es una batalla narrativa. Se libra en el campo de las ideas, de las emociones, de los imaginarios colectivos. En ese campo, la centroderecha ha estado ausente o mal representada. Pero el caso mexicano puede iluminar y demostrar que es posible presentarse con fuerza, con rostro humano y con relato coherente.

[Lee: Nadia Blel: “Los partidos de centroderecha le hemos dado la espalda a los ciudadanos”]

El PAN ha decidido volver a contar su historia: una historia de libertad responsable, de gradualismo reformador, de humanismo político. Lo ha hecho con imagen fresca, con estructura comunicacional renovada, con un equipo de voceros jóvenes y con un compromiso inalterable con sus valores. Eso, en sí mismo, ya es una buena noticia para México. Pero también lo es para América Latina.

Porque si el futuro es de quienes logren contar mejor sus causas, entonces es hora de que el centro vuelva a tener voz, y sobre todo, rostro.

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El avance de la inseguridad, empujado por el crimen organizado, preocupa en Costa Rica, un país que durante décadas se posicionó como las democracias más estables en América Latina. Hoy, con tasas de homicidios en alza, puertos convertidos en nodos del narcotráfico y un electorado crecientemente desencantado, la seguridad se ha convertido en el principal campo de disputa política.

En ese contexto, Juan Carlos Hidalgo, precandidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana, propone romper con los esquemas tradicionales: desde la idea de una policía europea operando en el Puerto Limón hasta una revisión del rol del Estado en materia de seguridad y cooperación internacional. 

En esta entrevista, Hidalgo reflexiona sobre la corresponsabilidad de Europa en la lucha contra el narcotráfico, los límites del modelo Bukele, la crisis de representación de los partidos de centro y la necesidad de asumir una radicalidad democrática frente al avance del populismo autoritario.

Para Hidalgo, el modelo tradicional de hacer política ya no alcanza para enfrentar amenazas como el narcotráfico, que desafían la soberanía y llevan al electorado a buscar soluciones rápidas.

La bandera de la seguridad

Como precandidato, plantea la necesidad de crear una policía europea en el puerto de Costa Rica para frenar el fenómeno del crimen organizado. Para Europa la prioridad es Ucrania y la agenda con Estados Unidos, ¿cómo se la puede seducir para colaborar con América Latina?

—Bueno, aquí el tema es que esta es una lucha compartida. Los países latinoamericanos por décadas hemos estado poniendo a los muertos para evitar que tanto estadounidenses como europeos consuman cocaína. Y ese no es nuestro problema, en cuanto a ser la fuente del consumo. Pero somos países productores y países de tránsito y en nuestros países se origina una violencia terrible que deja cientos de miles de muertos en toda la región. En el caso particular de Costa Rica, nos hemos convertido en uno de los principales focos de exportación de cocaína a Europa.

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Costa Rica es exitoso como exportador principalmente de productos agrícolas; piña, banano, café, frutas, helechos. Y los carteles han identificado que es muy fácil contaminar estas exportaciones legítimas con cocaína. Lamentablemente, las fuerzas policiales de Costa Rica tienen la capacidad de controlar el único puerto que nosotros tenemos en el Caribe (Puerto Limón), que es la fuente de todas las exportaciones a Europa. 

Es por eso que, apelando a que esto es un problema compartido, que requiere soluciones compartidas, planteamos la presencia de un cuerpo policial de la Unión Europea en nuestro puerto, para que los europeos garanticen que las exportaciones no vayan contaminadas a sus tierras. Es un puerto pequeño para los estándares europeos. Solo a través de la cooperación internacional vamos a poder derrotar a un enemigo que no respeta fronteras. 

Apela al principio de la corresponsabilidad: no hay venta sin comprador. Pero, ¿qué tanto peso político tiene al momento de llegar a acuerdos? 

—También hay que apelar a los intereses de los europeos. Yo estas conversaciones ya las he tenido con nuestros partidos hermanos, con eurodiputados, con el Comisionado Europeo de Asuntos Interiores, entre otros. Y el raciocinio es muy simple: a la Unión Europea le es más conveniente tratar de garantizar la seguridad de un puerto pequeño en Costa Rica que tratar luego de andar jugando de gato y ratón en puertos enormes como los de Hamburgo, Amberes, Rotterdam, entre otros. Entonces, incluso desde un punto de vista meramente pragmático, dejando de lado el principio de solidaridad y corresponsabilidad que debe primar en la lucha contra el crimen organizado, es incluso en el interés de la Unión Europea dedicar sus recursos de una manera más eficiente a blindar los puertos donde está saliendo la droga en América Latina.

Al mismo tiempo, esto se plantea en un año en el que hubo críticas y recortes en cooperación internacional. ¿Cómo observa esta situación? 

—Nosotros somos conscientes de que en este momento Europa también se encuentra en una situación delicada. Está experimentando una guerra por violación de fronteras, la primera de la Segunda Guerra Mundial. Los presupuestos de defensa en la Unión Europea y en los países de la OTAN vienen subiendo, se habla hasta del 5%. Y por supuesto que en un mundo de recursos limitados esto requiere recortar la ayuda en otros ámbitos. Entonces somos conscientes que la época de la cooperación internacional generosa ya probablemente no está sobre la mesa. Sin embargo, nuevamente, creo yo que el tema del crimen organizado no solo es un problema de América Latina. El impacto del narcotráfico también se siente adentro de Europa. 

Y recordemos otra cosa también, mucha de la droga que llega a Europa se va a Medio Oriente. Se está consolidando como uno de los principales mercados de consumo de cocaína. Por lo tanto, tenemos que apelar a esta cooperación intrafronteriza para hacerle frente a este flagelo. 

El modelo Bukele, ¿una referencia?

Comenta que Costa Rica pasó de ser la Suiza de Centroamérica a el segundo país con mayor tasa de homicidios en la región. Cercanos a El Salvador, ¿qué opina sobre el modelo Bukele y que dirigentes latinoamericanos hayan expresado la intención de aplicarlo en sus países?

—Bueno, ahí enfrentamos una muy cruda realidad y es el hecho de que efectivamente El Salvador se pacificó. Pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a uno con la menor tasa de criminalidad de las Américas. Pero esto se logró de una manera brutal, prácticamente destruyendo la democracia de El Salvador. Nayib Bukele es tremendamente popular en su país y eso le ha permitido desmantelar de manera sistemática todos los pesos y contrapesos de la democracia. Y esa popularidad se siente en todas partes, también en Costa Rica.

De hecho, la popularidad del presidente Chávez se disparó 10 puntos porcentuales en noviembre del año pasado, cuando tuvo visita de Estado a Nayib Bukele. Nayib Bukele incluso está empezando a interferir en el proceso electoral costarricense, mandando mensajes de apoyo a la candidata de gobierno. Entonces sí, es una situación muy complicada porque en Costa Rica también la gente está apelando a la mano dura y a un modelo como el de Bukele para combatir el crimen organizado. 

Irónicamente, si usted ve las decisiones que ha tomado la administración Chávez en combate al crimen organizado, más bien ha sido facilitador del crimen organizado. Desmanteló el servicio de guardacostas de Costa Rica y por lo tanto la droga está entrando libremente por nuestras fronteras. Retiró a la policía el control de drogas de aeropuertos y fronteras. Pasamos de ser uno de los países que más incautaba cocaína en la región a uno de los que menos. Entonces, no vemos que el modelo de Bukele más bien está siendo implementado, más bien todo lo contrario. Vemos acciones facilitadoras por parte de Chávez que están dando como resultado que el deterioro en la seguridad sea cada vez más grande. 

Sin embargo, ¿piensa que algo se puede rescatar del modelo Bukele? 

—Obviamente necesitamos un endurecimiento de la política hacia el crimen organizado. Como costarricenses, que por tantos años nos hemos apreciado de ser un país que no tiene fuerzas armadas y civilista, nuestra policía ha sido débil. Tenemos que replantearnos eso: necesitamos cuerpos policiales robustos, cuerpos policiales sofisticados. Necesitamos hacer una gran inversión en seguridad y para ello tenemos que tener conversaciones difíciles en materia presupuestaria dentro de nuestro país. Obviamente apelamos a la cooperación internacional para ciertas cosas. Pero tenemos que hacer la tarea: endurecer leyes, necesitamos un poder judicial que garantice justicia pronta y cumplida que en este momento no la tenemos. En fin, necesitamos cambios radicales pero todo en el marco de las tradiciones republicanas y la democracia. 

Los desafíos de ser candidato

Actualmente, en su moderación, a los dirigentes de centro les cuesta ser populares y movilizar al electorado. Incluso, como precandidato, no tiene muchos seguidores en redes sociales. ¿Por qué pasa esto y cómo puede volverse más atractivo el centro hoy?

—Bueno, no es nuestra naturaleza pegar gritos. No es nuestra naturaleza volvernos locos. Nosotros, en el caso del Partido Unidad Social Cristiana en Costa Rica, somos una opción que siempre va a apelar a soluciones concretas a los problemas que tenemos. Eso no quiere decir que vamos a ser tímidos a la hora de plantear reformas que son muy necesarias en Costa Rica. Tal vez ese ha sido el pecado de la centroderecha en nuestro continente, que hemos sido tímidos, que hemos presentado propuestas más tendientes a administrar problemas que a resolverlos.

Tenemos que apelar a la radicalidad en algunos casos, para generar empleo, para generar crecimiento económico, para traer prosperidad a nuestros países. El populismo autoritario no ocurre en un vacío. El populismo autoritario echa raíces cuando hay desencanto popular, desencanto ante una clase política que no da respuestas a la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que jalar para nuestro saco, y admitir que el modelo tradicional de hacer política no aplica más y que necesitamos ser mucho más atrevidos, mucho más radicales en las propuestas que presentamos.

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Las encuestas de opinión pública muestran un porcentaje alto de indecisos y fragmentación política. ¿Es normal que esto suceda en una de las democracias más plenas de América Latina?

—Ha sido la característica de las últimas tres elecciones. Esperan hasta la última semana, que es cuando ocurren los debates presidenciales, para tomar la decisión. Esa ha sido la tónica en las últimas tres elecciones. 

En ese sentido, ¿qué reflexión hace sobre el electorado? 

—Bueno yo creo que yaese es el nuevo normal. Los tiempos en que la gente nacía en un partido político ya no van a regresar. Nosotros tenemos que acostumbrarnos como partidos políticos. Esto no es una acusación contra los partidos políticos. No conozco ninguna democracia robusta en el mundo donde no haya un sistema de partidos políticos robusto. Pero están esperando soluciones concretas a los problemas que nos están afligiendo. No podemos hablar de las glorias de antaño. Ahora tenemos que decir qué vamos a hacer para solucionar esta grave crisis de seguridad que tenemos. Qué vamos a hacer para enfrentar un declive enorme que ha experimentado el sistema educativo nacional, la seguridad social entre otros debates. Ser el que tiene el mejor programa de gobierno y ser el que tiene la mejor visión país.

Esta entrevista fue realizada en el marco del Foro América Libre, en octubre de 2025.

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La extracción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 marca un hito en la historia política latinoamericana reciente. No solo por haber depuesto al líder del régimen chavista —en una operación que rememora la captura de Manuel Noriega ejecutada por Washington hace más de tres décadas en Panamá—, sino también por reconfigurar el mapa político regional y exhibir que el corolario Trump a la Doctrina Monroe ha entrado en una fase de aplicación efectiva a lo largo y ancho del Hemisferio Occidental.

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Ciertamente, la caída de Maduro supone un reequilibrio inmediato del poder político en Venezuela y abre la posibilidad de una transición democrática largamente postergada. También apunta, de manera invariable, al debilitamiento de los socios regionales del chavismo. En este sentido, el fin abrupto del régimen venezolano debe leerse menos como un acontecimiento aislado que como un shock estructural para un entramado de alianzas autoritarias sostenidas durante años por recursos energéticos, respaldo diplomático y afinidades ideológicas. Entre los actores más expuestos a esta nueva coyuntura se encuentran Cuba y Nicaragua.

Cuba, ¿el principio del fin?

Tras la caída de la Unión Soviética, Cuba perdió de forma abrupta a su principal sostén económico. Esto dio inicio al Período Especial, marcado por la escasez, el colapso productivo y la contracción del Estado. En ese contexto, la llegada de Hugo Chávez al poder permitió a La Habana recomponer un esquema de subsidio externo que replicó, bajo nuevas coordenadas políticas, la antigua dependencia soviética. Desde los acuerdos firmados a partir del año 2000 entre Chávez y Fidel Castro, Venezuela asumió progresivamente el rol de principal sostén energético y financiero de la isla.

Lejos de tratarse de una alianza diplomática convencional, la relación entre ambos regímenes constituyó una simbiosis autoritaria. Durante más de dos décadas, los envíos de petróleo venezolano cubrieron una parte sustantiva de las necesidades energéticas cubanas. Funcionaron, además, como fuente de liquidez mediante su reventa o triangulación con terceros países, particularmente China. A cambio, Cuba aportó misiones médicas, asistencia técnico-ideológica y apoyo político y de seguridad, consolidando un esquema profundamente asimétrico de “petróleo por personas y políticas”.

La operación estadounidense de extracción de Nicolás Maduro, sin embargo, ha actuado como una clarificadora radiografía de esa interdependencia. El hecho de que un número significativo de agentes de seguridad cubanos hayan sido abatidos durante la incursión, y que Washington haya vinculado explícitamente la asistencia de La Habana con el sostenimiento del chavismo, devela el carácter profundo, material y operativo de una cooperación muchas veces descrita más en términos ideológicos que concretos.

En este nuevo contexto, pueden colegirse al menos dos consecuencias fundamentales para Cuba. La primera es la pérdida abrupta de un suministro energético esencial, con efectos inmediatos sobre la generación eléctrica, la movilidad y la ya precaria logística productiva de la isla. La segunda es la erosión acelerada de la influencia regional de La Habana, directamente asociada a la orden de la administración Trump de expulsar a los agentes cubanos y poner fin a las misiones médicas politizadas en Venezuela, desmontando así uno de los principales instrumentos de proyección hemisférica del régimen poscastrista.

Sin embargo, no todo apunta a un colapso inmediato del régimen. La pérdida de su principal benefactor histórico profundizará la crisis económica, energética y social que atraviesa la isla. Pero no la convierte, por sí sola, en un escenario de derrumbe inminente. La persistencia de apoyos externos —entre los que destaca México mediante el suministro de petróleo— permite al régimen amortiguar parcialmente el impacto del shock venezolano y ganar tiempo. Con todo, la presión acumulada y el creciente descrédito internacional, podrían abrir la puerta a concesiones específicas, como la liberación de presos políticos, sin que ello implique aún una apertura negociada.

Nicaragua: aumento de la presión

Si bien el caso de Nicaragua suele aparecer de forma colateral en los análisis sobre las consecuencias regionales de la caída de Maduro, la realidad sugiere que la Doctrina Donroe se ha desplegado con particular asertividad en Managua. La administración Trump ha comenzado a emplear instrumentos comerciales y financieros para presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vinculando de manera explícita el acceso al mercado estadounidense con el respeto a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho.

En diciembre pasado, en el marco de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Washington adoptó una acción final que determinó que las prácticas del régimen nicaragüense resultan incompatibles con un comercio justo, al distorsionar las condiciones de competencia y afectar de manera directa los intereses comerciales estadounidenses en la región. En consecuencia, se habilitó la imposición de aranceles progresivos a exportaciones nicaragüenses fuera del amparo del CAFTA-DR. También, la aplicación de sanciones individuales contra funcionarios responsables, erosionando uno de los principales pilares económicos del régimen.

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Estas medidas serán potencialmente reforzadas por la creciente preocupación de Washington ante la presencia de actores extrahemisféricos en Nicaragua. Managua se ha consolidado como uno de los principales puntos de apoyo de la Federación Rusa en América Latina en ámbitos sensibles como la vigilancia, la inteligencia y el espionaje. También ha fortalecido sistemáticamente el vínculo con la República Popular China.

A lo largo de 2025, la dictadura nicaragüense profundizó su alineamiento con Pekín, estableciendo una Zonas Económicas Especiales (ZEE) vinculadas a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), y aumentando las concesiones mineras a empresas chinas en áreas naturales protegidas. Este acercamiento podría ser leído en Washington como un desafío directo a su influencia en Centroamérica, particularmente tras la presión ejercida sobre Panamá para abandonar la propia IFR.

La frontalidad de las acciones norteamericanas contra la influencia china y rusa en el hemisferio, potenciada tras el éxito de la incursión en Venezuela, sugiere, pues, que el régimen Ortega-Murillo enfrentará medidas coercitivas aún más severas si persiste en su trayectoria de alineamiento estratégico con estas potencias.

El necesario horizonte democrático

Con todo, conviene no perder de vista que el objetivo último de las incursiones de Trump en América Latina no debería agotarse en la mera deposición de liderazgos autoritarios hostiles a Washington, ni en su eventual sustitución por élites favorables a la potencia norteamericana. El horizonte deseable para las sociedades venezolana, nicaragüense y cubana sigue siendo la recuperación de la institucionalidad democrática, acompañada de procesos sostenidos de reconstrucción económica y social.

En este sentido, la presión ejercida por Estados Unidos y sus aliados solo resultará políticamente defendible si se traduce en incentivos claros hacia la apertura. Medidas como la excarcelación de presos políticos —anunciada en Nicaragua el pasado 10 de enero y parcialmente implementada en Venezuela— deben ser exigidas con transparencia, verificación y carácter permanente, como condición mínima para cualquier transición tutelada.

De lo contrario, el riesgo es sustituir un autoritarismo antioccidental por arreglos igualmente iliberales, carentes de legitimidad interna y sostenibilidad democrática.

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El Índice de Riesgo Político de América Latina celebra su sexto año, consolidándose como una herramienta esencial para los tomadores de decisiones en los sectores público y privado. A lo largo de este periodo, ha logrado identificar con precisión los principales riesgos políticos que impactan a la región, generando tanto oportunidades como desafíos para el clima de negocios y las inversiones, al tiempo que pone a prueba la gobernabilidad.

El año 2026 se perfila como un período marcado por la complejidad, volatilidad e incertidumbre, en un contexto geopolítico global en plena transformación. Vivimos una época de cambio profundo. El mundo enfrenta un panorama con barreras cada vez más bajas para los conflictos, donde el derecho internacional es frecuentemente ignorado, los organismos multilaterales han quedado relegados al rol de meros espectadores, la carrera armamentista avanza sin control, y el desarrollo nuclear opera bajo mínimas restricciones.

En este contexto, se vuelve indispensable para gobiernos, empresas e inversionistas contar con una lectura rigurosa de los riesgos políticos y de las oportunidades estratégicas que definirán el desempeño económico y el comportamiento de los mercados latinoamericanos a lo largo del presente año.

En paralelo, América Latina transitará el segundo año del actual superciclo electoral (2025–2027), en un marco de crecimiento económico mediocre y un clima social particularmente desafiante. Si bien este entorno plantea riesgos significativos, también abre una ventana de oportunidad para reposicionar a la región como un actor relevante en la economía internacional, siempre que los países logren ofrecer estabilidad política y gobernabilidad efectiva, previsibilidad económica y regulatoria, seguridad jurídica y entornos de negocios favorables.

El nuevo esquema político en Venezuela, luego de la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, dejó a la oposición fuera de la mesa inicial de reestructuración. El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó que la líder de la oposición María Corina Machado no tiene la fuerza suficiente para tomar el control del país en este momento.

La decisión de la administración Trump de coordinar directamente con Delcy Rodríguez deja interrogantes respecto al rol de la oposición en este proceso. ¿Cuál es el margen de acción real de las fuerzas democráticas? ¿Cómo se redefine su rol frente a un proceso tutelado por un actor extranjero? ¿Bajo qué condiciones pueden reincorporarse institucionalmente?

Para abordar estas preguntas, Diálogo Político conversó con Paola Bautista Alemán, doctora en Ciencias Políticas y asociada al partido de oposición venezolano Primera Justicia.

A partir del nuevo escenario político, Alemán señala que la comunidad internacional debe “trascender los análisis condenatorios” de la intervención de EEUU y observar la nueva realidad como una “oportunidad” para recuperar la soberanía. Desde la posición “desafiante” en la que quedó la oposición, cree que el bloque debe exigir lo que sea posible y mantener la unidad para alcanzar la restauración democrática.

Escenario político inmediato

¿Cómo evaluás que quedó posicionada la oposición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro y la posterior colaboración entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, como actor del oficialismo, dejando de lado a la oposición? 

—Bueno, yo creo que el primer paso de la oposición venezolana es identificar el momento político que estamos viviendo ¿Cómo se llegó a este momento político? Después de que Nicolás Maduro desconociera los resultados electorales del 28 de julio y que ese desconocimiento transformara a Venezuela en un país con espacio para la acción política muy limitado, mediado por la represión del régimen de terror y en donde lamentablemente el hito liberador de nuestro país necesariamente tenía que pasar por la implementación de la fuerza. Y eso fue lo que pasó el 3 de enero.

EEUU tuvo una acción militar en nuestro país que sacó del poder al dictador, pero dejó a la dictadura y a la estructura. La persona designada para reemplazar a Nicolás Maduro fue Delcy Rodríguez, una figura particular en el proceso político porque carece de la misma legitimidad democrática que tenía Nicolás Maduro. Es decir, Rodríguez es una déspota en un gobierno de facto que cuenta con el tutelaje de EEUU para, según lo que Marco Rubio y el presidente Trump han dicho, adelantar medidas de reformas que permitan estabilizar al país para luego avanzar hacia la democracia. 

Este proceso tiene el gran desafío de incorporar a la oposición venezolana, que representa el querer democrático de todo el país. La reestructuración deberá tener una dimensión popular y democrática que debe incorporarse al proceso, inestable, difícil y que todavía no ha entrado en la lógica política. Todavía estamos en la lógica de la fuerza. 

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Pero, ¿ves viable que se incorpore la oposición en este proceso? 

—No solamente lo veo viable, sino que lo veo necesario. Es necesario porque, justamente, para ganar estabilidad y prosperidad, lo que la administración Trump ha comentado, se necesitan fuerzas democráticas representativas que tengan participación vía institucional en el país. Es un requerimiento insustituible en el proceso que se inició el 3 de enero. 

¿Y en qué circunstancia podría incorporarse? 

—Bueno, el 5 de enero Delcy Rodríguez se juramentó como presidente provisional de un gobierno interino en Venezuela, regido por unos tiempos constitucionales que establece nuestra Carta Magna. Esos tiempos constitucionales son más o menos siete meses. Quiere decir que en siete meses los venezolanos deberemos acudir a las urnas para tener elecciones y ser nuevamente dueños de nuestro destino y recuperar lo que es la soberanía nacional. 

Mientras tanto, Trump dejó por fuera a la oposición en este primer proceso de reestructuración. ¿Crees que eso le quita costo político a la oposición? ¿Se puede ver como un activo? 

—Para la oposición, sin duda alguna, es una posición desafiante, es difícil. Pero la oposición venezolana está acostumbrada a trabajar en espacios no institucionales, teniendo capacidad de representación real de la gente. Y yo creo que este momento histórico nos pide lo mismo. Nos pide que mientras tengamos una dictadura, que sigue en pie tutelada por una fuerza extranjera, nosotros podamos ser parte del proceso de reestructuración levantando la voz por la gente. ¿Y eso qué significa? Exigiendo la liberación de todos los presos políticos, exigiendo que se abran los espacios de participación ciudadana de acuerdo con los tiempos constitucionales, exigiendo las reformas institucionales que se necesitan para llegar en siete meses a una elección presidencial con los derechos políticos y civiles reestablecidos. 

Hay un espacio muy amplio en el que la oposición venezolana puede participar, que trasciende a los espacios políticos que el presidente Trump ha delimitado en esta etapa. Nosotros no tenemos obstáculo para participar y ser parte. Trump, por medio del uso de la fuerza, ciertamente está teniendo un tutelaje hasta ahora muy eficiente con la dictadura venezolana, pero no tiene el monopolio de los espacios de participación política que existen en nuestro país. 

Reordenamiento interno

Hasta el momento, la oposición mantenía unión ante un enemigo común. Con el cambio de fuerzas, ¿la oposición corre el riesgo de fragmentarse?

—Creo que todo lo contrario. La oposición ahora tiene mayor necesidad de permanecer unida para la recuperación de la soberanía nacional. Nuestra prioridad como venezolanos es volver a ser dueños de nuestro propio destino, en el ámbito cívico, económico y social. Y para eso, todo venezolano que entienda que nuestra prioridad es la recuperación de nuestra soberanía debe formar parte de este gran movimiento nacional de democratización. Eso es desde el punto de vista moral pero también práctico.

Todavía no está claro cuál va a ser el destino de lo que queda del chavismo hacia el futuro. Muy probablemente serán una fuerza que participará en procesos electorales. Para ello, la oposición va a tener muy probablemente que mantener el esquema de una unidad electoral para ser competitivos y derrotarlos en las urnas. La verdad es que el chavismo en Venezuela es minoría. No sabemos en perspectiva histórica cómo va a seguir participando en procesos electorales y por eso vamos a tener que estar muy unidos desde el punto de vista práctico. 

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Además, con esta redefinición política, ¿el liderazgo de María Corina Machado entra en disputa? ¿Qué rol debería tener en el futuro? 

—Mira, María Corina Machado sin duda alguna es un liderazgo que está anclado en el corazón de los venezolanos. Es un liderazgo que mueve conciencias, que logró contener el mal que ha intentado hacerse de nuestro país, que no depende de la legitimidad externa. Es un liderazgo libre e independiente y muy venezolano. Es la líder de este gran movimiento de liberación. 

Lo que ha ocurrido llama a un proceso de reconfiguración y de institucionalización de las fuerzas políticas. El movimiento de liberación venezolano hasta Nicolás Maduro estaba constituido por la Plataforma Unitaria, conjunto de partidos políticos todos proscritos. Es de esperar que en este proceso de reinstitucionalización del país los partidos políticos volvamos a ser legales. Eso necesariamente traerá un proceso de reconfiguración unitaria que con mucha madurez vamos a tener que gestionar y que va a estar anclada en la capacidad de representación que tenga cada partido político. 

De modo que, para responder sucintamente tu pregunta, María Corina Machado es la líder. Los partidos políticos que la acompañamos estamos preparados para ese momento en que podamos estar legalizados y, desde nuestra capacidad de organización y representación real, enfrentaremos los desafíos electorales que vengan. 

¿Qué opinás sobre su expresión de compartir el Nobel de la Paz con Trump? 

—Creo que es una expresión práctica que busca sellar una alianza política con la persona y el país que puso el hito de fuerza que los venezolanos no podíamos poner y que hay que evaluar esa decisión con un sentido muy práctico. 

Dimensión internacional

Justamente, aunque la oposición trabaja intensamente desde hace años, el fin para Maduro llegó mediante la intervención de EEUU. ¿Qué dice esto sobre la comunidad internacional? 

—La comunidad internacional debe trascender los análisis condenatorios sobre lo que ocurrió el 3 de enero y debe analizar los límites de la resiliencia democrática en contextos autoritarios. Es decir, ¿qué puede hacer la comunidad internacional cuando hay un país que está decidido a ser libre? Lo hizo todo para llegar a ese destino y se encontró con la tozudez, la violencia y el inmovilismo de una dictadura que permanecía en el poder, no solamente con sus propias herramientas, sino con el apoyo de la solidaridad de las autocracias del mundo. 

El caso venezolano cristalizó que en el siglo XXI las autocracias son muy eficientes apoyándose en China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte. Son estructuras de mal que operan en el mundo con una capacidad de solidaridad que parece ilimitada. Mientras, las democracias del mundo son paquidérmicas y parecen agotarse en unos procesos que se llevan a cabo en instancias internacionales que lo más lejos a lo que pueden llegar es a sanciones o comunicados. Y pareciera que en el mundo existen dictaduras para las que ese antídoto es insuficiente para recuperar la democracia.

De modo que, la comunidad internacional, y los mismos venezolanos, debe trascender el análisis condenatorio, que sin duda se comprende. Soy empática con ese análisis porque es muy preocupante lo que pasó el 3 de enero. Pero también es muy preocupante que en un país como el nuestro hayan matado, torturado, mandado al exilio, violado los derechos humanos, y que la comunidad internacional no haya podido reaccionar. Eso también es muy preocupante. 

De todas maneras, ¿cómo piensa la oposición el riesgo de la pérdida de la soberanía política del país?

—Es que nosotros perdimos la soberanía hace mucho. Perdimos la soberanía con Hugo Chávez. El primer acuerdo que Chávez firmó con Cuba fue en el 2000. Cuando EEUU fue a buscar a Nicolás Maduro, no mató a venezolanos, mató cubanos, porque la guardia presidencial en Venezuela estaba en manos de un país foráneo. Nosotros ya estábamos invadidos. Hay que ver hacia dónde nos lleva la intervención de Trump, pero también es una oportunidad para recuperar la soberanía. Nicolás Maduro es un dictador que le entregó todos nuestros recursos a las potencias autocráticas del mundo, petróleo, coltán, oro, tierras, todo. 

Venezuela perdió su soberanía hace mucho tiempo y estamos en un proceso de recuperación. El hito de recuperación era de fuerza, necesariamente, y ese hito, quien tuvo la valentía de hacerlo, fue la administración del presidente Trump. Ahora nosotros tenemos que seguir este camino de recuperación de la soberanía. De modo que, cuando veo a tanta gente preocupada por el petróleo venezolano y por la soberanía venezolana, caramba, debieron preocuparse antes. ¿Dónde estuvo Lula el 28 de julio? ¿Dónde estuvo Petro? ¿Dónde estuvo Biden? Ese fue el día que se reselló la pérdida de nuestra soberanía, no ahorita cuando se fue el dictador. 

En este escenario de tutela internacional estadounidense, ¿la oposición debería exigir nuevas elecciones o el respeto al proceso anterior? 

—Lo que sea posible. La oposición tiene que exigir lo que sea posible entre todos los actores que forman parte de esta realidad que es tan compleja y que estamos descubriendo día a día. Evidentemente los resultados del 28 de julio son motivo de orgullo. Ese espíritu de valentía ciudadana lo podemos reeditar y el número de votos que sacamos ahí estoy segura que lo vamos a duplicar, va a salir mucho mejor. Entonces ¿qué es lo que los venezolanos pedimos? Rescatar nuestra soberanía y la soberanía reside en el voto de los venezolanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Como sea posible y como convenga para garantizar la estabilidad de este proceso de reinauguración democrática. 

La semana pasada se produjo la primera liberación de algunos presos políticos en Venezuela. ¿Este tipo de gestos de la restauración pueden generar las condiciones para que exiliados, como vos, puedan pensar en retornar al país?

—Detrás de cada preso político hay una familia entera que sufre y esas son las familias que están en Venezuela. Liberar a todos los presos políticos debe ser una prioridad dentro de la agenda de reinstitucionalización de nuestro país y junto con la liberación de los presos políticos la restitución de los derechos políticos y ciudadanos de todos los venezolanos y el cierre de lo que son las instituciones de represión que el chavismo ha instalado en nuestro país durante tanto tiempo. 

La flexibilización tiene que ser estable para que el país entre en un camino de verdadera paz y de justicia. Eso es complejo porque Delcy Rodríguez como déspota tutelada tiene el gran desafío de honrar los compromisos de democratización que selló con la administración Trump al tiempo que mantiene lo que es la moral de quienes integran a la dictadura. Ella tiene que complacer al imperio manteniendo tranquilo al antiimperialismo.

Volviendo a la pregunta entonces: no ves en el corto o mediano plazo un retorno de exiliados al país. 

—Dependerá de cómo se gestione lo que es la flexibilización autocrática y cómo se reduzcan los riesgos de represión.

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La defensa de los derechos humanos por parte del sistema internacional se ha mostrado ineficiente y estructuralmente más lenta que el avance del crimen organizado y la consolidación de regímenes autoritarios.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos —más allá de las valoraciones políticas que suscite— expone un choque directo entre principios fundamentales del orden internacional. Por un lado, la soberanía territorial y la prohibición del uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad. Por otro, la violación sistemática de la soberanía popular, los derechos humanos y la ausencia de rendición de cuentas frente a crímenes de lesa humanidad.

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En pocas palabras, el mundo vuelve al dilema que planteó Kofi Annan tras el genocidio de Ruanda: si la intervención humanitaria es un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo debe responder la comunidad internacional ante un genocidio o ante violaciones masivas y sostenidas de derechos humanos?

Soberanía en tensión

De ese debate surgió, en términos políticos —aunque no jurídicos—, la idea de una tensión entre dos dimensiones de la soberanía: la soberanía estatal (territorio, gobierno, no intervención) y la soberanía popular o humana (los derechos fundamentales de las personas).

Está claro que el exsecretario general de la ONU no defendía capturas unilaterales de jefes de Estado, intervenciones armadas sin autorización del Consejo de Seguridad ni que un Estado extranjero “represente” la soberanía del pueblo de otro país. Sin embargo, ese mismo debate interpela hoy a la comunidad internacional: si hubo una reacción inmediata ante una acción unilateral de Estados Unidos en Venezuela por considerarla una violación de la soberanía territorial —llegando incluso algunos a calificarla como “golpe de Estado”—, esa misma contundencia debió existir frente a la violación flagrante de la soberanía popular perpetrada por Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024, cuando quedó en evidencia ante el mundo un fraude electoral con alevosía, también calificado por muchos como un golpe de Estado.

Incapacidad del derecho internacional

Las declaraciones, informes y pronunciamientos de la ONU durante los últimos años no impidieron la existencia de más de mil presos políticos, prácticas sistemáticas de tortura ni el ejercicio de una política de terror. La ineficiencia o insuficiencia del sistema de derecho internacional puede leerse como inacción: inacción no por falta de normas, sino por la incapacidad política de aplicarlas.

Esa incapacidad es especialmente evidente cuando no se activa la Responsabilidad de Proteger / Responsabilidad de Responder (R2P/R2R), principio impulsado por el propio Kofi Annan. Según este enfoque, cuando un Estado no puede proteger a su población, no quiere hacerlo o es el principal perpetrador de violaciones graves de derechos humanos, la comunidad internacional adquiere una responsabilidad subsidiaria de actuar.

En el caso venezolano, la prolongada inacción frente a violaciones graves de derechos humanos no demuestra la caducidad del derecho internacional, sino la urgencia de replantear los mecanismos de poder y decisión del sistema internacional para superar los límites actuales de su aplicación.

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Esto obliga a reabrir un debate largamente postergado: la reforma de las Naciones Unidas, en particular de un Consejo de Seguridad inoperante, cuya estructura de vetos bloquea la aplicación efectiva de la R2P u otros mecanismos que, alineados con el derecho internacional, permitan intervenir para salvaguardar la vida y la integridad física de miles de inocentes. Inocentes que murieron, fueron torturados o se vieron forzados —más de siete millones de venezolanos— a abandonar su país en el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.

A ello se suma la falta de voluntad política internacional para avanzar en nuevos mecanismos de prevención y combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, fenómenos que hoy amenazan no solo a Venezuela, sino también a democracias de la región como México, Ecuador o Bolivia.

Soberanía, ¿responsabilidad o escudo?

Lo que está en juego no es solo un país. Está en juego la credibilidad del sistema internacional como marco capaz de poner límites reales al poder. Está en juego la idea misma de que el crimen organizado no puede capturar al Estado sin consecuencias. Y está en juego si los gobiernos autoritarios pueden permanecer impunes indefinidamente mientras controlen la violencia, el dinero ilícito y los vetos diplomáticos.

Si la comunidad internacional reacciona con firmeza únicamente cuando se viola la soberanía territorial, pero tolera durante años la violación sistemática de la soberanía popular, el mensaje es devastador: los derechos humanos se vuelven retóricos,  la legalidad se vuelve selectiva,  y la impunidad se vuelve negociable.

En ese escenario, la soberanía deja de ser responsabilidad —como planteó Kofi Annan— y vuelve a ser escudo. No para proteger a los pueblos, sino para blindar a quienes los victimiza.

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Después de 25 años de arduas negociaciones, finalmente ha llegado el momento: el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros ante la Unión Europea ha aprobado el acuerdo comercial con el Mercosur. El objetivo es crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de habitantes. Este pacto entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) es mucho más que un simple tratado comercial. Es una ganancia para todos los involucrados: económica, geopolítica y culturalmente.

En un acuerdo mixto como este existen diferentes vías de ratificación: la parte comercial puede ser aprobada a nivel de la UE y entra en vigor rápidamente, mientras que la parte política requiere también la aprobación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Esta división ofrece la ventaja de que pronto se podrán aprovechar las oportunidades económicas inmediatas, mientras que las demás directrices comunes seguirán su camino a través de las instituciones democráticas.

Beneficios mutuos

Las economías del Mercosur y la UE se complementan perfectamente. Mientras las empresas europeas exportan principalmente maquinaria, automóviles y productos químicos a través del Atlántico, los países del Mercosur exportan principalmente materias primas a Europa. Hasta el último momento se discutieron las cuotas de exportación de carne vacuna, pero mucho más importante es el acceso de Europa a recursos críticos y energía de Sudamérica, mientras que el Mercosur espera un impulso de inversiones desde Europa.

[Lee: El comercio se impone a la política en el acuerdo UE-Mercosur]

Actualmente, el volumen anual de comercio supera los 100 mil millones de euros y sigue creciendo. Con la eliminación del 91% de los aranceles, los productos se comercializarán mucho más baratos. Esto traerá nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas y más opciones a precios más bajos para los consumidores. La Comisión Europea estima que las exportaciones de la UE a los países del Mercosur podrían aumentar hasta un 39% (unos 49 mil millones de euros adicionales) gracias al acuerdo, un impulso enorme que asegurará y creará nuevos empleos. Al mismo tiempo, aumentan las oportunidades de exportación para los productos sudamericanos en Europa. A largo plazo, el comercio simplificado también reduce los costos de transacción y acerca más a las regiones económicas. En conjunto, el libre comercio entre la UE y el Mercosur genera ganancias de bienestar a ambos lados del Atlántico.

Reafirmar el multilateralismo

En un mundo lleno de incertidumbre y cambios geopolíticos, se necesitan socios confiables con intereses comunes. Europa y los países del Mercosur envían con este acuerdo una señal fuerte de apertura, multilateralismo y cooperación entre aliados. En tiempos de volatilidad global, dos regiones amigas se unen y apuestan por la cooperación en vez de la confrontación. Ambos socios comparten el interés de mantener el orden mundial liberal basado en un multilateralismo regulado. “Este acuerdo no es solo de naturaleza económica, sino que tiene una dimensión geopolítica”, destacó acertadamente en los años noventa el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.

Además, el acuerdo Mercosur fortalece la soberanía estratégica de Europa, forjando nuevas alianzas y reduciendo la dependencia de otras grandes potencias. Es una señal clara de que el libre comercio y los valores compartidos son mejores recetas para la prosperidad y la estabilidad que el aislamiento y el proteccionismo. No por casualidad, el acuerdo fue calificado por la parte europea como un “hito” en la política comercial, un paso importante para consolidar la posición de Europa en el comercio mundial.

Hito histórico

Que este pacto se haya concretado es especialmente notable dada su historia. La gestión del acuerdo llevó casi un cuarto de siglo. Hubo repetidos retrocesos y demoras, especialmente los largos procesos de coordinación interna en la UE resultaron ser un obstáculo. Hubo que conciliar intereses divergentes. Por ejemplo, las preocupaciones agrícolas y ambientalistas en Europa provocaron retrasos. Los mecanismos internos de coordinación de la UE a menudo resultaron engorrosos, lo que hizo que las negociaciones fueran lentas. Además de Francia, principalmente Polonia, Hungría, Austria, Bélgica e Irlanda se opusieron al acuerdo, mientras que España y Alemania fueron sus mayores defensores.

[Lee: Acuerdo Mercosur–EFTA, una alianza estratégica que avanza]

Para los socios latinoamericanos, esta incertidumbre no fue fácil. Las largas dudas de los europeos afectaron temporalmente la imagen de la UE en la región.

Con el avance en el acuerdo Mercosur, la UE demuestra a sus amigos latinoamericanos que, a pesar de los debates internos, es capaz de una línea estratégica común. Este acuerdo también genera confianza y eleva las relaciones entre Europa y Sudamérica a un nuevo nivel. Se puede calificar sin exagerar como un paso histórico, comparable a cómo generaciones anteriores forjaron grandes alianzas. Ahora surge un espacio económico transatlántico que crea nuevos hechos y apunta al futuro.

Trabajar en un futuro común

Pocas regiones del mundo están tan estrechamente vinculadas culturalmente como Europa y el área del Mercosur. Millones de personas en países como Argentina, Uruguay, Paraguay o Brasil tienen raíces europeas. A su vez, muchos europeos se sienten muy conectados con América Latina. Idioma, religión, arte y estilo de vida: en todos estos ámbitos hay un intercambio activo y una historia común. Estos lazos culturales generan comprensión y confianza a través de los océanos. Constituyen una base natural sobre la que puede construirse una cooperación más intensa.

El nuevo acuerdo no solo fortalecerá los flujos comerciales. A largo plazo también fomentará el intercambio humano y cultural. Cuando empresas, estudiantes, turistas y artistas de ambos continentes se encuentren más fácilmente, crecerá una comprensión mutua que va mucho más allá de cifras y contratos. Por eso es apropiado que este acuerdo comercial se haya firmado precisamente entre socios de valores como la UE y el Mercosur, y que se pueda trabajar en un futuro común.

Este artículo es una editorial del director de Diálogo Político, Henning Suhr.

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Durante buena parte de la modernidad, la política se pensó a sí misma como un ámbito de decisiones graves, irreversibles y costosas. Un ambiente en el que se juegan bienes fundamentales y los conflictos son estructurales. Dramática en sus decisiones, conflictiva en sus lenguajes, atravesada por antagonismos duros, por pasiones ideológicas fuertes, por proyectos históricos que pretenden más que administrar lo dado, transformarlo.

Pero hoy, sin embargo, algo se ha desplazado en su núcleo mismo. La política ya no se vive como proyecto, sino como espectáculo. Al menos de forma dominante. No se vive como confrontación de ideas, sino como gestión de emociones y relatos. Este desplazamiento no es casual ni superficial: expresa una transformación cultural más profunda, vinculada al dominio de las lógicas de la publicidad comercial sobre el conjunto de la vida social y política.

[Lee: La comunicación política de 2025: entre trends, storytelling y experiencias virtuales]

Gilles Lipovetsky lo ha formulado con claridad: vivimos en la sociedad del “gustar y emocionar”, una sociedad donde la seducción ya no es solo una estrategia del mercado, sino un principio organizador de la economía, la cultura, la educación y también de la política. En este nuevo régimen simbólico, convencer deja paso al impactar. La verdad cede terreno frente a lo “viral”. La argumentación racional se vuelve secundaria o innecesaria frente a la capacidad de generar adhesión afectiva inmediata.

No estamos simplemente ante una degradación moral del discurso político, ni ante una mera banalización mediática, sino ante una transformación estructural de la cultura política. Es producida por la hegemonía de un modelo comunicacional dominado por el marketing, las redes sociales, la economía de la atención y la lógica del entretenimiento.

La “seducción triste” de la política contemporánea

Lipovetsky habla, con una expresión tan potente como inquietante, de la “seducción triste” de la política. Triste no porque haya dejado de emocionar, sino porque ha perdido densidad, espesor simbólico, capacidad de proponer horizontes de sentido duraderos. La política, atrapada en la lógica publicitaria, ya no moviliza grandes relatos, sino micro emociones fluctuantes. Ya no interpela convicciones profundas, sino simpatías volátiles. No busca formar ciudadanos, sino seducir públicos.

En este contexto, la comunicación política adopta los códigos del marketing comercial: segmentación de audiencias, storytelling emocional, construcción de marca personal, fabricación de empatía, espectacularización del conflicto. El dirigente deja de ser, ante todo, un mediador entre proyectos colectivos y voluntades ciudadanas. Se convierte en un producto simbólico que debe resultar atractivo y deseable: importa más cómo se aparece que lo que dice. 

Uno de los efectos más profundos de esta transformación es el desplazamiento del sujeto político, donde el ciudadano que era la figura central de la tradición republicana, es progresivamente reemplazado por el consumidor. Ya no se espera que se sepa debatir, que se delibere, que se contrasten argumentos. Mucho menos que se asuman responsabilidades a largo plazo. Simplemente se reacciona, se opina rápidamente sin mucha reflexión. Se compra una narrativa.

La promesa política ya no es tanto transformación estructural como satisfacción inmediata de expectativas. El votante se comporta cada vez más como un cliente: volátil, impaciente, exigente, dispuesto a cambiar de opción con la misma rapidez con la que cambia de marca en el supermercado de ofertas.

Comunicación sin espesor, sin profundidad

El régimen publicitario que rige el espacio mediático impone sus propias reglas: velocidad, impacto, simplificación, reiteración. La comunicación política, al adaptarse a estos formatos, se ve obligada a sacrificar la complejidad y la profundidad del análisis. No hay tiempo para el matiz, ni lugar para dudar, mucho menos para la pausa y el silencio. Y así, el resultado es una política de consignas, de frases recortables, de indignaciones rápidas que se sustituyen por otras rápidamente.

[Lee: La paradoja del “desmuteo”: más información no significa mejor información]

Pero el problema no es que la política seduzca y busque manipular el voto, porque siempre lo hizo, sino qué tipo de seducción produce, con qué fines y con qué espesor cultural: “Cuanto menos poder de controlar el curso de las cosas tienen los políticos, más exhiben su persona, más se aplican a modelar su imagen en una carrera sin fin en pos de la visibilidad mediática. Cuando la política ya no hace soñar, triunfan las políticas de la imagen: el desencanto político ha abierto la época de la dominación de la imagen mediática”.

El populismo como síntoma

En este clima, el auge de los populismos no puede leerse solo como un accidente político o como el extravío irracional de las masas. Es también un síntoma estructural del nuevo ambiente comunicativo. El populismo triunfa allí donde la política ya se ha convertido en espectáculo, donde la apelación directa a las emociones sustituye al trabajo lento de las mediaciones institucionales. Este proceso se ve amplificado por plataformas que premian la polarización emocional, el conflicto permanente, la simplificación moral del adversario.

La lógica publicitaria necesita antagonismos claros: buenos y malos reconocibles, héroes y villanos identificables. No por convicción ética, sino por rendimiento comunicativo. El conflicto ya no organiza la política en función de proyectos sobre el bien común, sino en función de su capacidad de captar atención.

Uno de los efectos más inquietantes de este proceso es la inversión entre forma y contenido. Tradicionalmente, la forma estaba al servicio del contenido. Hoy, el contenido queda subordinado a la forma. No se comunica lo que es verdadero, sino lo que funciona. No se dice lo que se cree, sino lo que impacta. Esto no solo empobrece la deliberación democrática, sino que transforma la psicología misma de los actores políticos. El dirigente vive bajo la presión constante de la exposición, de la aprobación inmediata, de la evaluación algorítmica permanente.

Cuando la esfera pública se coloniza por la lógica del mercado, la comunicación deja de orientarse por la verdad y se orienta por el éxito. Lo que importa ya no es el mejor argumento, sino el argumento más eficaz, donde la democracia deliberativa se degrada así en democracia escénica.

Emociones políticas: ¿cuáles priorizar?

La paradoja es evidente: nunca la política había sido tan emocional, y nunca había generado tan poco sentido. La seducción se multiplica, pero el horizonte existencial y social se reduce. Se produce un hiperestímulo afectivo sin profundidad simbólica. Mucha emoción, poco proyecto, mucha visibilidad y poca visión. Palabras cada vez más vacías por ausencia de sentido.

No se trata de abolir la seducción que es constitutiva de lo humano, sino de discutir su orientación. No se puede erradicar las emociones de la vida política, sino de preguntarnos qué emociones queremos cultivar cívicamente. Porque también hay emociones políticas nobles: la esperanza, la indignación moral frente a la injusticia, la compasión, el deseo de verdad, el compromiso con lo común. El problema de la política publicitaria no es que emocione, sino que empobrece el repertorio emocional, lo reduce a estímulos de consumo rápido.

Lipovetsky propone al final del libro el concepto de una “seducción aumentada”, una seducción enriquecida por la cultura, el saber, la creatividad, capaz de ofrecer atractivos más altos que los del mero consumo. Trasladado al terreno político, esto equivale a una pregunta decisiva: ¿es posible una comunicación política que vuelva a seducir desde la inteligencia y no solo desde el impacto?  Y aquí se juega en gran medida, el futuro de la democracia. Porque sin afecto no hay política viva, pero sin verdad no hay comunidad duradera. Sin emoción no hay movilización, pero sin proyecto no hay esperanza ni sentido para vivir junto a otros.

Política en la era de la responsabilidad

Nada de esto implica nostalgia por una política puramente intelectual y racionalista. La política siempre fue mezcla de razón y pasión, de interés y creencia, de cálculo y convicción. Lo nuevo no es que la política emocione, sino que sea prisionera de una emocionalidad diseñada por una lógica mercantil. Aquí la pregunta ética que se abre es ineludible: ¿qué tipo de sujetos políticos estamos formando en este régimen comunicativo? ¿Ciudadanos capaces de deliberar, o audiencias entrenadas para reaccionar? ¿Comunidades políticas con memoria, o públicos sin pasado ni futuro, solo atrapados en el flujo de la información efímera y de un presente fragmentado?

Aquí será siempre fundamental la responsabilidad de los medios, de los partidos, de los dirigentes, pero también de las instituciones educativas. Sin formación crítica, sin alfabetización mediática, sin cultivo del juicio, la seducción publicitaria de la política se vuelve casi irresistible.

Tal vez el principal desafío no consista en volver a una política sin estética, porque sería ingenuo, sino en recuperar profundidad en la estética política. Que la forma vuelva a estar al servicio del contenido y que la emoción vuelva a estar conectada con un horizonte de sentido. Necesitamos que la seducción política no sea solo el arte de captar adhesiones, sino también de elevar la mirada, de ensanchar horizontes. Porque cuando la política se reduce a una competencia de impactos, de relatos simplificados y de emociones prefabricadas, no solo se empobrece el debate público, sino que se empobrece toda la vida común y la democracia se vacía por dentro.

La visibilidad social no solo seduce a los electores, sino a los propios políticos, como instrumento de autoseducción: “Cuantas menos grandes ideas tienen los políticos, más intentan alcanzar una alta visibilidad y más se angustian ante la idea de quedarse en la sombra. Cuando las grandes ambiciones de cambiar el mundo desaparecen, queda la magia de la celebridad, que permite sentir el júbilo de hacerse ver, mostrarse, sentir el goce narcisista de convertirse en vedete”.

Una tarea ética y cultural

Tal vez la tensión decisiva de nuestro tiempo sea entre una política cada vez más fascinante y una política cada vez menos significativa, entre la seducción permanente y la dificultad creciente de construir una verdad compartida. Recuperar una cultura política que combine emoción y verdad, forma y contenido, impacto y proyecto, no es tarea meramente técnica, sino una tarea ética y cultural de largo aliento. Implica preguntarnos no solo cómo comunicamos en política, sino para qué comunicamos, al servicio de qué tipo de comunidad y de qué idea de sociedad y de futuro. Porque, en última instancia, no se trata solo de cómo ha cambiado la comunicación política, sino de cómo está cambiando nuestra manera de comprender la vida en común bajo el dominio de las lógicas publicitarias. Y aquí se juega, silenciosamente, algo más que una estrategia electoral: se juega la forma misma de nuestra convivencia democrática.

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La segunda presidencia de Donald Trump marca un giro explícito hacia una política exterior más transaccional y coercitiva en América Latina. Lejos del lenguaje multilateral, Washington volvió a operar bajo una lógica binaria: recompensar a los aliados funcionales y presionar a los gobiernos díscolos. 

Con la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Trump revive la lógica de la Doctrina Monroe, donroe en términos trumpistas. Aunque también se observa en la relación con otros países de la región.

La lógica del premio: aliados útiles

Entre los países recompensados, el caso más emblemático es Argentina. El país fue beneficiado con una línea de crédito de 20.000 millones de dólares con el fin de fortalecer al gobierno de Javier Milei previo a las elecciones legislativas de medio término en octubre de 2025. Ambos países mantienen un alineamiento económico, retórica promercado y respaldo a la agenda estadounidense en foros internacionales.

[Lee: El negocio del petróleo y el dilema venezolano]

El Salvador también mantiene una relación de amistad con Estados Unidos. Sobre todo por cambios concretos, como la mejora en las advertencias de viaje y los pagos vinculados a la detención de migrantes deportados. Esto refleja una relación centrada especialmente en seguridad y control migratorio. Por el momento, Washington prioriza la eficacia operativa del gobierno salvadoreño por sobre las objeciones institucionales y democráticas de su modelo político.

Entre la amenaza y la negociación

En amarillo se ubican los países sometidos a una estrategia ambivalente. México es un ejemplo clave: aranceles sobre productos estratégicos (con excepciones para bienes compatibles con el T-MEC) conviven con una presión constante en materia migratoria y de combate al narcotráfico. La relación no se rompe, pero se mantiene bajo tensión permanente, con Estados Unidos usando su peso comercial como palanca política.

[Lee: ¿Cómo salir de una dictadura? Cinco experiencias en América Latina]

Brasil refleja otra variante del mismo enfoque. Tras imponer sanciones y aranceles punitivos vinculados a decisiones del Supremo Tribunal Federal, Washington alivió las tarifas a cambio de cooperación en minerales críticos. No se trata de afinidad política, sino de acceso a recursos estratégicos en un contexto de competencia global con China.

Presión directa: sanciones, bloqueos y aislamiento

Entre los países que reciben los castigos más duros por parte de EEUU, Venezuela pasó a ser el caso más extremo. La escalada culminó con la captura de Nicolás Maduro, precedido por el bloqueo petrolero y meses de presión militar creciente. Con la operación, Estados Unidos volvió a utilizar la intervención directa para forzar cambios de régimen. Y, a pesar de que el escenario de transición es aún incierto, Donald Trump expresó sin matices su interés por controlar el petróleo venezolano. 

De este modo, Cuba vuelve a ocupar un lugar central, con el bloqueo al petróleo venezolano destinado a la isla, restricciones a importaciones y la ratificación de su estatus como “Estado patrocinador del terrorismo”. La relación se define exclusivamente en términos de castigo.

También Nicaragua aparece como objetivo de nuevas sanciones y aranceles, confirmando que los gobiernos autoritarios no alineados quedan fuera de cualquier esquema de negociación.

Países bajo advertencia

En 2025, Colombia fue descertificada en la lucha contra el narcotráfico y se le retiró la visa a su presidente, Gustavo Petro. Estas sanciones directas muestran cómo Estados Unidos vuelve a utilizar instrumentos de disciplinamiento político. Pero, además, luego de la reciente intervención en Venezuela, Trump amenazó con que una intervención militar similar “suena bien” incluso para Colombia. 

Panamá, que logró la transición democrática a partir de la intervención estadounidense en 1989, fue presionada en 2025 para desplazar a China de las operaciones del Canal de Panamá. En la práctica, esta presión llevó a que Panamá anunciara que no renovará su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta con China. La disputa geopolítica global entre EEUU y China se proyecta, en este caso, sobre infraestructuras clave de la región.

Una doctrina sin eufemismos

El mapa expone cómo EEUU concibe la región. América Latina reaparece como zona de influencia directa, donde la soberanía es negociable y el acceso a beneficios depende de la alineación estratégica. 

En comparación con los orígenes del concepto de “Amércia para los americanos”, formulada por el entonces presidente James Monroe, la adaptación de Trump tiene un acento más ofensivo que defensivo. 

Además, en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, publicada en diciembre de 2025, se afirma que se sumará un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Busca restaurar la preeminencia estadounidense en América Latina, contener la influencia de potencias extra hemisféricas (China y Rusia) y garantizar el control de rutas críticas como el Canal de Panamá.

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El petróleo aún es un pilar central de la economía y la geopolítica mundial, aunque la diversificación energética haya crecido en el siglo XXI. Hoy, lo que domina el mercado es una interacción compleja entre acuerdos de cuotas, competidores no alineados, sanciones políticas y cambios estructurales en la demanda energética.

Negocio petrolero: cuotas y mercado

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su ampliación, conocida como OPEP+ (que incluye a grandes productores como Rusia y Kazajistán), son los principales actores que coordinan la producción global. Este grupo se fundó en 1960 en Bagdad entre Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. En su configuración reciente, controla alrededor del 80% de las reservas conocidas de petróleo, con Venezuela en primer lugar, y 36% del mercado en producción de crudo. 

Las cuotas de producción son mecanismos por los cuales estos países fijan límites voluntarios a la extracción, con el objetivo de sostener los precios internacionales del crudo y evitar una sobreoferta perjudicial para sus ingresos. Aunque en los últimos años la OPEP+ mantuvo un esquema de restricciones para apoyar los precios, también hubo debates internos sobre aumentos de producción, reflejo de la tensión entre mantener precios altos y recuperar participación de mercado frente a productores externos, especialmente Estados Unidos. De hecho, aumentó la producción progresivamente durante 2025.

Lista de productores

Más allá de las reservas, la producción efectiva de petróleo define el poder energético global. No todos los países con grandes reservas producen mucho, ni todos los grandes productores dependen del petróleo de la misma manera. En este plano, el mapa del negocio petrolero revela asimetrías clave.

Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, debido al desarrollo del petróleo de esquisto (shale oil). Desde su auge, en la primera década del siglo XXI, la producción estadounidense creció de forma acelerada y convirtió al país en un actor decisivo del mercado, aun sin integrar la OPEP. Esta condición le permite aumentar o reducir su producción con mayor rapidez que los productores tradicionales, introduciendo un factor de flexibilidad y volatilidad en la oferta global.

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Detrás de Estados Unidos se ubican Arabia Saudita y Rusia, los dos grandes productores convencionales que históricamente han ejercido un rol estabilizador —y político— sobre el mercado. Arabia Saudita conserva una ventaja estratégica: es uno de los pocos países con capacidad ociosa significativa, es decir, puede aumentar producción rápidamente si el mercado lo requiere, una herramienta clave dentro de la OPEP. Rusia, en cambio, mantiene altos niveles de producción incluso bajo sanciones, reorientando sus exportaciones hacia Asia.

Otros productores relevantes incluyen a Canadá, impulsado por arenas bituminosas; Irak y Emiratos Árabes Unidos, con costos de extracción relativamente bajos; Brasil, que ha ganado peso por sus yacimientos offshore; e Irán, cuya producción está condicionada por sanciones internacionales.

Este panorama muestra una producción altamente concentrada: un grupo reducido de países explica una parte sustantiva del crudo que se extrae diariamente en el mundo. Sin embargo, los modelos productivos son muy distintos. Mientras el shale estadounidense es intensivo en inversión privada y sensible al precio, el petróleo convencional de Medio Oriente depende más de decisiones estatales y acuerdos políticos.

¿Venezuela promete prosperidad?

En el caso de Venezuela, la brecha entre reservas y producción es especialmente marcada. A pesar de ser el país con mayores reservas a nivel mundial, su producción es baja y marginal en el total mundial. Esto se debe a una combinación de factores: infraestructura deteriorada, falta de inversión, sanciones, problemas de gestión (sobre todo a partir del gobierno de Hugo Chávez en 1999) y la complejidad técnica del crudo extra pesado. En términos geopolíticos, Venezuela hoy no incide por lo que produce, sino por lo que podría producir en un escenario de normalización política y económica.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó ayer en su red social que “las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”. Días previos, en rueda de prensa, aseguró: “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”. 

Sin embargo, las reservas de crudo no aseguran su retorno a la estabilidad. El exministro de Planificación de Venezuela, Ricardo Hausmann, reflexionó para The Economist que «la prosperidad no proviene del petróleo, ni de los decretos, ni siquiera de gobernantes benévolos. Proviene de los derechos». Como explica, la producción de petróleo «requiere inversión a largo plazo. Y para ello, la seguridad jurídica«, perdida durante los gobiernos chavistas. «Las petroleras, que no responden a los presidentes, sino a los accionistas, los reguladores y los tribunales, no invertirán capital en un vacío legal. Sin un sistema legal legítimo, la idea de que las reservas petroleras pueden rescatar a Venezuela —y generar ingresos para Estados Unidos— se derrumba bajo escrutinio», señaló en su columna Hausmann.

Aunque Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, su interés en el crudo venezolano responde a razones estratégicas más que a una necesidad inmediata de abastecimiento: la complementariedad entre crudo pesado y shale, el peso de Venezuela como reserva futura y el valor geopolítico de influir sobre uno de los mayores activos energéticos del planeta.

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Las transiciones del autoritarismo a la democracia en América Latina durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI han seguido patrones diversos, influenciados por factores internos y externos. Aunque cada país presenta particularidades, es posible identificar modelos que explican las dinámicas predominantes en la región. Entre ellos destacan la transición pactada, la transición por colapso, la transición controlada y la transición impulsada por movilización social. Cada uno refleja diferentes grados de negociación, conflicto y participación ciudadana.

Transición pactada

Este modelo se caracteriza por acuerdos entre sectores del régimen autoritario y actores de la oposición para garantizar una salida ordenada hacia la democracia. El objetivo principal es evitar una ruptura violenta y preservar ciertos intereses de las élites gobernantes. 

[Lee: ¿Cómo y para qué? Los intentos de negociación en Venezuela]

En América Latina, el caso paradigmático es Chile. Tras años de dictadura militar bajo Augusto Pinochet, la transición se inició con el plebiscito de 1988, donde la opción por el cambio ganó de manera pacífica. Sin embargo, el pacto incluyó garantías para los militares, como la permanencia de Pinochet como comandante en jefe y la existencia de senadores designados. Algo similar sucedió en Uruguay con el Pacto del Club Naval en 1985. 

Este tipo de transición suele generar democracias con limitaciones iniciales, donde persisten enclaves autoritarios y estructuras heredadas del régimen anterior. La ventaja es la estabilidad inicial, pero el costo es una democratización incompleta que requiere reformas posteriores para profundizar la participación y la rendición de cuentas.

Transición por colapso

En este modelo, el régimen autoritario se derrumba debido a crisis económicas, pérdida de legitimidad y fracturas internas, sin que exista un pacto formal con la oposición. La caída del régimen abre espacio para una democratización rápida, aunque con riesgos de inestabilidad.

Un ejemplo es Argentina en 1983. La dictadura militar, debilitada por la derrota en la Guerra de las Malvinas y una grave crisis económica, perdió apoyo social y político, lo que obligó a convocar elecciones sin condiciones. La transición fue abrupta y permitió un cambio profundo, pero también dejó desafíos como la falta de mecanismos para procesar las violaciones de derechos humanos y la necesidad de reconstruir instituciones democráticas desde cero. 

Este modelo tiende a generar democracias más abiertas en el corto plazo, aunque vulnerables a crisis posteriores por la ausencia de consensos básicos entre actores políticos.

Transición controlada (desde arriba)

En este caso, el régimen autoritario dirige el proceso de apertura política de manera gradual y bajo su control, buscando mantener influencia en el nuevo sistema. Se trata de una liberalización limitada que avanza en etapas, con reformas institucionales diseñadas para proteger a las élites salientes. 

México es un ejemplo emblemático. Durante décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerció un control hegemónico, pero a partir de los años ochenta inició reformas electorales que permitieron mayor competencia política. La transición culminó en el año 2000 con la victoria de la oposición, pero el proceso fue largo y marcado por la persistencia de prácticas clientelares y estructuras corporativas. 

Este modelo ofrece estabilidad y continuidad institucional, pero puede retrasar la consolidación democrática y perpetuar desigualdades en el acceso al poder.

Transición impulsada por movilización social

Este modelo surge cuando la presión popular, a través de protestas masivas y movimientos sociales, fuerza la apertura política y la salida del régimen autoritario. A diferencia del colapso, aquí la sociedad civil desempeña un papel central y organizado, articulando demandas de democratización. 

El caso de Bolivia en los 80 ilustra esta dinámica. Tras una serie de dictaduras militares, las movilizaciones sindicales y populares, junto con la crisis económica, obligaron a los militares a convocar elecciones y entregar el poder. Este tipo de transición fortalece la legitimidad democrática inicial, pero también puede generar tensiones si las expectativas sociales no se cumplen rápidamente. Además, la falta de acuerdos institucionales previos puede derivar en inestabilidad política y conflictos recurrentes.

Transición por intervención extranjera

Otro tipo de salida del régimen autoritario, que no encaja plenamente en los modelos clásicos de transición, es la transición inducida por intervención extranjera. En estos casos, el quiebre del régimen se produce por la acción decisiva de un actor externo que altera el equilibrio de poder interno.

El caso paradigmático en América Latina es Panamá en 1989. Tras más de dos décadas de control militar, primero bajo Omar Torrijos y luego bajo Manuel Antonio Noriega, el régimen panameño colapsó a partir de la invasión militar de Estados Unidos, Operación Causa Justa. La intervención derrocó al régimen, capturó a Noriega e instaló en el poder a Guillermo Endara, vencedor reconocido de las elecciones anuladas meses antes.

[Lee: Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025: ¿cómo impacta a Latinoamérica?]

La transición panameña no fue negociada ni conducida por la oposición local. Tampoco fue el resultado directo de una movilización social capaz de imponer una salida democrática. Fue, más bien, una ruptura exógena, impulsada por una decisión geopolítica que desmanteló el núcleo del poder autoritario y forzó una reorganización institucional bajo tutela externa.

Un rasgo distintivo de esta transición fue la abolición de las Fuerzas Armadas, una decisión inédita en la región que redujo drásticamente la capacidad de veto militar y facilitó la estabilización democrática posterior, ya que el actor coercitivo fue eliminado. Sin embargo, el proceso dejó una relación estructuralmente asimétrica con Estados Unidos, por dependencia en materia de seguridad.

El caso panameño muestra que la intervención extranjera puede garantizar estabilidad democrática, pero introduce un costo persistente en términos de soberanía.

¿Transición ideal?

Las transiciones democráticas en América Latina confirman que el fin de un régimen autoritario no garantiza, por sí solo, una democracia plena. El modo de salida —negociado, colapsado, controlado, movilizado o inducido— define tanto las reglas del nuevo sistema como sus límites estructurales. La región enseña que la democracia puede estabilizarse incluso en condiciones adversas, pero también que ninguna transición es neutral: cada una redistribuye poder, legitimidad y soberanía, y deja abiertas preguntas que solo el tiempo y la política pueden responder.

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¿Cómo dialogo la cultura popular con los dilemas políticos y sociales actuales?

El Consejo de Redacción de Diálogo Político comparte breves reseñas del rubro audiovisual contemporáneo. Desde distintas estéticas y géneros, los contenidos permiten asomarse a preguntas contemporáneas respecto al pasado, sobre el poder y la identidad ciudadana.

En un ecosistema audiovisual cada vez más poblado, las películas y las series no solo entretienen: construyen sentidos, instalan debates y ponen en escena las tensiones de nuestra vida pública.

Núremberg 

Este thriller político está basado en el libro The Nazi and the Psychiatrist y se enfoca en los famosos juicios de Núremberg (1945) a la cúpula nazi luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero la narrativa se cuenta desde la mirada del psiquiatra del ejército estadounidense Douglas Kelly (Rami Malek).

Hermann Göring (Russell Crowe) y otros altos cargos fueron sometidos a análisis de personalidad, por varios meses, llegando a la conclusión de que sí eran aptos para ser juzgados. Los interrogatorios y el rol de la justicia dan vida a escenas poderosas y emocionales que no solo se cuestionan el pasado desde la violencia sino el presente desde las complejidades del ser humano.

Una batalla tras otra

Una película entretenida y con una crítica mordaz que, a pesar de estar ambientada en los años 80, refleja la complejidad del contexto sociopolítico actual de Estados Unidos.

La trama central podría resumirse en la lucha constante y a veces delirante, contra el orden establecido, pero sin dejar de lado problemáticas profundas como el racismo, la violencia estatal, la inequidad social, el fortalecimiento de grupos extremistas y por supuesto, la crisis migratoria.

Bob Ferguson (Leonardo Di Caprio) como parte del “French 75″, el grupo terrorista ficticio del film, enfrenta batallas en medio de la decadencia social. Más allá de lo ideológico también aterriza en la realidad del fracaso personal tan inherente de este tiempo, pero al final reivindicado por el valor de la familia. Los niveles de emoción van desde la euforia del poder hasta la utopía de la revolución.

No digas nada (Disney+)

Esta serie de nueve episodios está basada en el libro del estadounidense Patrick Radden Keefe sobre el conflicto de Irlanda del Norte. Tiene como punto de partida el secuestro de Jean McConvill por parte de miembros del IRA, la organización paramiliar republicana de Irlanda, en 1972. Este suceso en contra de una viuda, madre de diez hijos, marcó a la sociedad norirlandesa y desencadenó en una ola de violencia que cobró la vida de más de 3500 personas.

Como todo conflicto armado, la miniserie devela traiciones, pactos de silencio, violencia extrema y el costo emocional de la lealtad a una causa. Una historia que en el presente aún puede ser sombra en Irlanda del Norte adapta la investigación periodística de Radden Keefe sobre el sangriento enfrentamiento. 

8 meses

Este thriller político sueco está basado en la novela homónima de Magnus Montelius. La protagonista es la joven periodista Nina Wedén (Josefin Neldén), quien a través de una primicia pone fin a la carrera del ministro de Asuntos Exteriores de ese país.

En medio de intrigas y tensión, la historia avanza con una propuesta para que la reportera se convierta en la secretaria de prensa del nuevo ministro, envuelto en opacidad. Estar en medio del sistema estatal, abre un dilema entre la ética periodística y la lealtad al gobierno. El poder, la burocracia y el precio de la verdad se ven reflejados en este film de ficción con alta carga de suspenso.

Machos Alfa (Netflix)

Esta serie, que en el fondo parece una comedia ligera, es en realidad una disección bastante satirizada de lo que el feminismo ha producido en el imaginario masculino occidental. Cuatro amigos entrados en la cuarentena intentan redefinir su papel en un mundo donde las reglas de la masculinidad tradicional se derrumban a velocidad de vértigo. Pero lo que podría haber sido un panfleto ideológico se convierte en espejo, donde el humor sirve como mecanismo de autocrítica.

La serie funciona como una caja de resonancia de la crisis de identidad del varón contemporáneo: entre la culpa heredada, la inseguridad afectiva, la cancelación simbólica y la torpeza emocional que muchos arrastran. Su mérito está en no burlarse de las nuevas reglas ni de los antiguos códigos, sino en poner a ambos a convivir. Y en medio de la carcajada, se cuela la pregunta: ¿cómo se reinventa el hombre? 

Las muertas (Netflix)

La serie, inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, se adaptada a una sensibilidad visual que claramente busca entrar al mercado entre escenas eróticas injustificadas (que no son parte del libro) y exageraciones. Pero tiene potencia porque es una historia que en México todos han oído pero pocos conocen. La narración se mueve entre la sordidez de un crimen y la dignidad de unas vidas invisibles.

Se acerca al feminismo en tanto es un retrato que tiene como principales responsables a dos hermanas. Es una ficción que apenas se disfraza de documental pero se basa en hechos reales.

Severance (Apple TV+)

Es una distopía elegante, lenta como una meditación y fuerte por su concepto central. Su premisa es tan inverosímil como inquietante: dividir radicalmente la conciencia entre vida laboral y personal. Pero lo que parece ciencia ficción se convierte en una metáfora de la vida moderna: donde uno se vacía para rendir, donde uno renuncia a ser para cumplir.

El trabajo ya no aliena al sujeto, lo fragmenta. El Yo de oficina no recuerda a su Yo de casa, y viceversa. ¿Qué dice esto de nosotros, que ya vivimos así? La serie no busca respuestas, solo hace la pregunta insoportable: ¿quién eres cuando nadie te ve?, ¿cuánto de ti se pierde cada lunes por la mañana?

Tehran (Apple TV+)

Más que una serie de espionaje, Tehran es un tratado sobre la identidad en tiempos de guerra tecnológica. Una joven agente israelí infiltrada en Irán, con una herencia persa que le complica la misión tanto como su conciencia. El enemigo tiene rostro familiar, acento de madre, y un dolor que resuena en ambos lados del conflicto.

En un mundo donde ya no hay buenos ni malos, solo narrativas opuestas, Tehran se atreve a cuestionar la lógica del héroe y la utilidad de la guerra. Aquí, la traición no es un acto de cobardía, sino una forma de lealtad desgarrada. Es una serie que muestra que el verdadero campo de batalla ya no es la ciudad, es el alma.

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En el marco del cincuentenario de la muerte de Francisco Franco, el historiador español Julián Casanova publicó este año Franco. La obra no busca reabrir trincheras ideológicas, sino que ofrece una lectura documentada, desapasionada y rigurosa sobre uno de los personajes más decisivos —y polémicos— del siglo XX hispánico.

Para América Latina, donde la democracia ha oscilado tantas veces entre promesas de libertad y tentaciones autoritarias, este libro funciona como un recordatorio oportuno: la historia no se repite, pero rima. Y entender a Franco es una forma de entender mejor las derivas autoritarias en nuestra propia región.

Un joven forjado en África

Casanova subraya con particular claridad un dato que suele perderse en los relatos escolares: Franco no se hizo en España, sino en África. Su participación en las campañas del norte de Marruecos, especialmente en la Guerra del Rif, moldeó no solo su estilo militar —disciplinado, jerárquico, obsesionado con el orden— sino su visión del mundo. Allí conoció la violencia colonial, la guerra dura, el mando sin democracia, y construyó una mentalidad que veía el conflicto no como una anomalía sino como un instrumento legítimo para imponer orden.

[Lee: A 50 años del “españoles, Franco ha muerto”, ¿la transición fue un modelo?]

Ese Franco “africanista” explica después su actuar en la Guerra Civil: la dureza, la disciplina absoluta, la falta de límites en el uso de la fuerza. Casanova no hace juicios, pero la relación es evidente: África fue el laboratorio donde se formó un líder militar que después trasladaría sus métodos a la política española.

España antes de Franco

Otro aporte central del libro es desmontar la idea de que la Guerra Civil fue inevitable. España no era una prolongación de la Primera Guerra Mundial, ni vivía las tensiones ideológicas al estilo de la Europa de entreguerras. Su conflicto era, más bien, el resultado de una modernización incompleta, desigual y acelerada. De una República que buscó reformar demasiado rápido a una sociedad demasiado diversa. Y de élites que, a izquierda y derecha, no siempre creyeron que la democracia fuera la mejor vía para resolver las tensiones.

Casanova insiste en que, aunque existían fracturas profundas, España no estaba condenada al enfrentamiento total. Franco y los militares que se sublevaron no fueron producto mecánico de una fatalidad histórica. Tomaron decisiones concretas, con consecuencias concretas.

El franquismo como autoritarismo

A lo largo del libro, Casanova documenta con precisión el funcionamiento del régimen: su mezcla de autoritarismo burocrático, control militar, nacionalcatolicismo y censura sistemática. El franquismo no fue un régimen totalitario en el sentido clásico de los fascismos europeos, pero sí un autoritarismo férreo, enemigo de las libertades básicas y sostenido en una mezcla de represión, legitimidad militar y apoyo de ciertos sectores económicos y sociales.

Sin embargo, la reseña de Casanova no cae en maniqueísmos. Explica también cómo el régimen fue mutando, cómo se abrió de manera pragmática al exterior en los años cincuenta, y cómo esa apertura económica convivió con un atraso político que se prolongó hasta la transición democrática.

Una biografía para pensar América Latina

Quizá el mayor mérito del libro —y la razón de su pertinencia para el público latinoamericano— es que muestra cómo figuras como Franco no surgen en un contexto vacío. Surgen cuando las instituciones se debilitan, cuando la polarización convierte al adversario en enemigo, cuando la política deja de ser un espacio de mediación y se transforma en una batalla existencial.

En sociedades como las nuestras, donde la tentación populista y autoritaria está siempre al acecho —venga envuelta en discursos de izquierda o de derecha—, la obra de Casanova recuerda algo fundamental: los liderazgos fuertes pueden ser necesarios en momentos de crisis. Pero cuando se vuelven incontestables, dejan de ser fuerza y se vuelven amenaza.

Memoria sin revancha, historia sin propaganda

Desde una posición de centroderecha democrática, la lectura del libro deja una enseñanza clara: no se trata de revivir viejos rencores, sino de aprender del pasado para evitar repetirlo. En tiempos de polarización, conviene mirar la historia con precisión y serenidad, sin caer en simplificaciones ni en nostalgias artificiales. El franquismo fue un régimen autoritario que trajo orden para algunos, pero al precio de la libertad de todos. Y la libertad, en cualquier tradición democrática —conservadora, liberal, socialcristiana o progresista—, es siempre un valor irrenunciable.

Ficha

Editorial: Crítica

ISBN: 978-84-9199-756-6

Nº de páginas: 543

Publicación: febrero, 2025

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La conversación pública se nutre de buenas lecturas. Por eso, el Consejo de Redacción de Diálogo Político comparte aquí una serie de libros para pensar el momento político y social que atravesamos.

La consagración de la autenticidad

La moda, el arte, el bienestar, la alimentación, el trabajo y las relaciones afectivas se presentan hoy como caminos para encontrarse a uno mismo. A esto se suma la industria del entretenimiento, que amplifica el culto a la autenticidad mediante figuras que exhiben versiones supuestamente genuinas de sí mismas. Cuanto más se difunde la autenticidad en la vida cotidiana, más pierde densidad conceptual y se transforma en un eslogan adaptable a cualquier mercado o causa.

Ese es el punto de partida de Gilles Lipovetsky. El filósofo y sociólogo francés analiza cómo el ideal de “ser uno mismo” se convirtió en un valor normativo central de la sociedad contemporánea. En un contexto de aceleración, incertidumbre y el debilitamiento de los grandes relatos, la autenticidad aparece como respuesta al malestar y promesa de estabilidad. También atraviesa la política: explica el atractivo de liderazgos populistas que se presentan como expresiones auténticas del pueblo. Para Lipovetsky, el problema no es buscar una vida coherente, sino haber convertido ese ideal en sustituto de la política y de las respuestas colectivas.

La conquista de la madurez

De Francisco Ugarte y José Antonio Lozano Díez, es un libro profundamente humanista que propone la madurez no como una meta alcanzable, sino como un camino permanente de crecimiento en diez dimensiones: intelectual, de la voluntad, emocional, física, intrapersonal, profesional, interpersonal, social, ecológica y espiritual. Los autores proponen que la madurez es el verdadero camino a la felicidad, y que sus enemigos son el hedonismo, el narcisismo, la polarización, la sobreprotección y el individualismo.

Con una base filosófica, teológica y científica, el texto está repleto de citas, estudios y ejemplos que muestran cómo se ha erosionado el desarrollo integral del ser humano en el mundo moderno. Cada tipo de madurez se explora con profundidad y sentido práctico, convirtiendo este libro en un mapa necesario para quien quiera vivir con profundidad en un tiempo marcado por la ansiedad y el ruido.

La dictadura germinal

De Héctor Aguilar Camín, este diario político, del 2018 al 2024 documenta el deterioro democrático de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aguilar Camín ofrece una bitácora lúcida, sin retoques retrospectivos, de cómo el autoritarismo se fue instaurando por omisión, por pequeñas reformas y por acumulación de poder, hasta llegar a lo que él llama una dictadura germinal.

No es un libro de ensayo tradicional, sino una compilación de columnas que permite comprender el clima de opinión, los temores sociales y la falta de contrapesos que caracterizó esta etapa. Resulta una lectura valiosa tanto por su registro testimonial como por su advertencia: la democracia no se pierde de golpe, sino por desgaste sistemático.

El poder desmedido

Con claridad admirable, Fernando Rodríguez Doval analiza cómo la democracia mexicana fue desmantelada sin estridencia ni épica. El libro denuncia una regresión autoritaria que no llegó por ruptura, sino por absorción paulatina del poder, donde la pluralidad y los contrapesos fueron suplantados por la lógica hegemónica del obradorismo.

La obra evita la caricatura: identifica engranajes, no anécdotas. Militarización, captura del INE (árbitro electoral), persecución del disenso y uso instrumental del discurso público son síntomas de un régimen que niega la pluralidad. En su capítulo final, propone una segunda transición democrática, esta vez más compleja, más realista y menos ingenua.

Gabriel Zaid en Letras Libres

Esta compilación, editada por Fernando García Ramírez, es un homenaje en vida al último sabio mexicano. Reúne columnas que demuestran que la erudición no es pedantería, sino, la capacidad de mirar con lupa y con telescopio a la vez. Desde la poesía a la economía, y desde la política al mercado editorial, Gabriel Zaid logra articular saberes diversos con una prosa accesible e iluminadora.

Más que un libro de ensayos, es un caleidoscopio de ideas: genealogías lingüísticas, análisis sobre la lectura, desmontaje de mitos culturales y propuestas radicales sobre pobreza, desarrollo y cultura. Un texto que demuestra que la inteligencia, cuando se combina con la humildad, no necesita espectáculo para brillar.

Crisis o apocalipsis

Este libro, de Javier Sicilia y Jacobo Dayán, es un diálogo entre dos miradas profundamente marcadas por el dolor y la memoria. Desde los campos de concentración europeos hasta las fosas mexicanas, los autores entrelazan historia, filosofía y experiencia personal para advertir que la violencia que vive México no es solo crisis: es el desfondamiento de una civilización.

Con ecos de Levi, Wiesel y Adorno, sostienen que el mal no desapareció con Auschwitz, solo mutó. Es un libro incómodo, oscuro, profundamente honesto, que denuncia la indiferencia social y el fracaso ético de un proyecto civilizatorio basado en el individualismo. Una lectura imprescindible para quienes aún se atreven a mirar el horror de frente.

Esperanza. La autobiografía

El papa Francisco narra su vida y cómo vive la virtud de la esperanza: esperando y confiando. No es un libro confesional, sino un testimonio de humanidad, marcado por la migración, la guerra, el dolor y la fe. Cada anécdota personal —como el barco que no abordaron sus abuelos— es leída como signo providente.

Desde Lampedusa hasta la política global, el papa advierte sobre el populismo, el miedo y el olvido de los descartados. Pero también canta a la belleza, al cine neorrealista, a la memoria y a la estética de la fe. Un texto que, en tiempos oscuros, invita a seguir creyendo en el otro y en el mañana.

¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?

Adela Cortina se adentra en el debate ético más urgente del siglo XXI: la inteligencia artificial. Advierte contra dos extremos ideológicos —el apocalipticismo y el transhumanismo— y propone una ética crítica que recupere la autonomía humana frente al imperio de los algoritmos.

Con su claridad habitual, la autora defiende una “razón cordial” que combine inteligencia y empatía. La IA no toma decisiones, solo produce resultados: el juicio y la responsabilidad siguen siendo humanos. El libro alerta también sobre la educación algorítmica y el riesgo de una libertad domesticada por plataformas que “deciden” por nosotros.

Fascismo y populismo

Antonio Scurati desmonta la ilusión de que el fascismo quedó en el siglo XX. En este ensayo, señala que su lógica afectiva y política sigue viva en muchos populismos contemporáneos. La exaltación del líder, la simplificación de la política en dicotomías, la emoción sobre la razón son síntomas de una herencia no asumida.

Sin caer en el alarmismo, Scurati propone una lectura profunda: no hay que buscar fascistas literales, sino detectar las formas en que reaparece el autoritarismo bajo envolturas democráticas. Una advertencia lúcida para sociedades que olvidan que toda política sin pluralismo se aproxima peligrosamente a la obediencia ciega.

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En tiempos de cambios acelerados es oportuno reflexionar sobre los supuestos de nuestra convivencia. Así lo propone el excanciller uruguayo Omar Paganini en Democracia y libertad para un mundo en crisis. La democracia y la libertad están desafiadas en la actualidad, con situaciones inéditas que apelan a la creatividad y el compromiso con valores que hoy vemos cuestionados. Tambalea la globalización que prometía oportunidades para todos y resurgen peligrosos nacionalismos que se expresan en conflictos locales que pueden rápidamente extenderse y descontrolarse.

El libro de Paganini comprende una decena de capítulos en los que el autor recorre diversos temas, presentando referentes históricos y una interesante bibliografía. Desde su formación como ingeniero, refiere a los logros y desafíos tecnológicos y su repercusión en el sistema político. Y, desde su experiencia en las relaciones internacionales, ofrece una mirada global, indispensable en un pequeño país inserto en un barrio complejo. Paganini subraya el riesgo que implica la aceleración de los cambios y las enormes repercusiones, tanto para el Uruguay como para otros países.

Fin del orden

El autor recorre los supuestos de un sistema democrático y republicano, de una economía de mercado y de los valores que permiten la convivencia en paz. Identifica riesgos, incluso peligros para la estabilidad, pero también oportunidades de corregir la situación. Por un lado están las estrategias disruptivas, como los aranceles y guerras comerciales que parecían imposibles hace pocas décadas. Por otro, ve en los Estados democráticos una pieza fundamental para un orden basado en reglas; revitalizar el comercio internacional y permitir una globalización transparente e inclusiva.

El autor identifica la economía de mercado como el sistema más eficiente. El aislamiento no es la respuesta adecuada ni para las crisis actuales ni para las que vendrán. Advierte que las crisis siempre llegan, y que las autocracias tan de moda actualmente no tendrán las herramientas necesarias para administrarlas. La ausencia de mecanismos de transparencia y control ciudadano propician la instalación de la corrupción y de los problemas de liderazgo.

Paganini señala el peligro populista cuando una vanguardia captura la utopía y se adjudica el derecho a interpretar interés general. El freno a las pretensiones totalitarias es el Estado de derecho y la Constitución a la que todos los actores deben someterse, aun desde una legítima defensa de sus intereses particulares. En este sentido, subraya el rol del Estado como ordenador y administrador de recursos y conflictos. Al mismo tiempo, advierte que éste debe ser habilitador de la libertad de los ciudadanos y respetar los fundamentos básicos para el desarrollo como la propiedad, justicia independiente y la libertad de expresión, reunión y asociación. El Estado debe ofrecer “una red de contención para los desfavorecidos, un piso indispensable, ya que sin las necesidades básicas cubiertas no se puede ejercer la libertad”.

Sin embargo, el autor señala el peligro de que en algún momento los derechos no sean financiables. Un exceso de discriminación positiva puede generar dependencia y podría desfavorecer a ciudadanos que asumen riesgos por cuenta propia.

Al autor destaca el rol de los partidos políticos en la construcción conjunta alternativa a la fragmentación y las promesas del populismo. Una educación inclusiva y crítica constituye uno de los desafíos ineludibles para la formación de los ciudadanos del futuro.

El libro concluye con un llamado al control ciudadano en la utilización inteligente de la neurociencia, la inteligencia artificial y la genética. La separación de poderes, el debate abierto entre intereses contrapuestos y las garantías de los individuos constituyen el marco indispensable.

Ficha

ISBN: 978-9915-43-244-1

Nº de páginas: 330

Publicación: julio, 2025

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Nathalie Peter, coautora de El poder de la cultura, comparte un resumen de su libro con Diálogo Político.

En un mundo interdependiente y digital, la cultura se ha convertido en un recurso estratégico para la inserción internacional. La internacionalización cultural implica mucho más que exportar bienes: supone proyectar artistas, obras y contenidos en circuitos globales, generar alianzas y ampliar audiencias. En paralelo, la diplomacia cultural permite a los Estados transmitir identidad, valores e imagen, fortalecer vínculos y ejercer soft power. Desde un enfoque estratégico, varios países han logrado combinar la diplomacia cultural con una efectiva internacionalización de su cultura, transformando sus productos culturales en una fuente significativa de ingresos y crecimiento económico.

[Lee: A 50 años del “españoles, Franco ha muerto”, ¿la transición fue un modelo?]

Luego de un profundo análisis teórico, concluimos que la cultura emerge como un componente fundamental en las principales corrientes de las relaciones internacionales. Incluso en los períodos históricos en los que predominaban las explicaciones basadas en factores de hard power, como la teoría realista, la cultura desempeñó un rol relevante. Por ello, más allá de la orientación teórica de los decisores, la cultura y el soft power son piezas esenciales de toda diplomacia que aspire a cumplir los objetivos nacionales y mejorar el posicionamiento internacional del país.

Soft power, hard power y el caso de Uruguay

El análisis empírico concluye que no existe una relación directa entre el hard power y el soft power: disponer de poder duro no reemplaza las estrategias de poder blando. Y la ausencia del primero no impide alcanzar un buen posicionamiento en el sistema internacional mediante el segundo.

Uruguay constituye un ejemplo paradigmático: a pesar de no contar con grandes recursos de poder duro, su producción cultural e intelectual le ha permitido proyectar influencia efectiva, alcanzando estos logros con apenas el 0,03% de la población mundial. El estudio estadístico realizado sobre 190 países reveló que únicamente 13 poseen el denominado poder duro. Para la mayoría de los Estados, no solo Uruguay, la única vía posible de posicionamiento en el sistema internacional es el poder blando. Esto subraya la relevancia estratégica de la diplomacia cultural. Incluso los países que concentran la mayor parte de los recursos de poder duro invierten en diplomacia cultural. Los logros derivados del poder coercitivo tienden a ser efímeros, mientras que el poder blando, aunque más lento de construir, ofrece resultados más duraderos.

Medición del impacto y construcción de imagen externa

Uno de los hallazgos más importantes es la existencia de métodos que permiten identificar qué factores culturales moldean la imagen externa de un país y medir el impacto de sus acciones. Evaluar percepciones internacionales es clave para conocer el estado del soft power, orientar la estrategia y priorizar destinos. La diplomacia cultural es medible, y su eficacia depende de decisiones basadas en evidencia.

El estudio estadístico de percepciones sobre Uruguay permitió proponer acciones concretas para cada dimensión e indicador del Global Soft Power Index (GSPI), directamente vinculadas con la cultura y adaptadas a distintos destinos. Este enfoque es replicable para cualquier país y demuestra que conocer cómo se es percibido en cada mercado permite elegir con mayor precisión qué contenidos promover y dónde concentrar esfuerzos.

Manual para la internacionalización cultural

Una estrategia cultural solo funciona si define con precisión qué mensaje transmitir, a quién dirigirlo y qué objetivo persigue. Las tecnologías digitales han transformado radicalmente la circulación de contenidos, globalizando audiencias y demandando enfoques específicos. Un contenido puede tener éxito comercial y, aun así, aportar poco a los objetivos diplomáticos si no está alineado con ellos.

El libro ofrece una guía práctica para diseñar proyectos culturales internacionales. Destaca la importancia de estructurar proyectos con una visión integral: una idea clara, un análisis profundo de públicos objetivos, una estrategia de comunicación efectiva y herramientas digitales que potencien la difusión. La sostenibilidad de los proyectos depende en gran medida de estos elementos.

La internacionalización cultural requiere recursos. La combinación de fondos públicos, inversión privada, patrocinios y mecanismos innovadores como el crowdfunding es clave para sostener proyectos. Diversificar las fuentes de ingreso es esencial. A ello se suma la creciente relevancia de la propiedad intelectual en un entorno digital: garantizar los derechos de autor y gestionar adecuadamente los activos culturales es fundamental. Las agencias de gestión y los marcos normativos internacionales juegan un rol decisivo en la protección y monetización de la creatividad.

Como sintetizó el filósofo Alfred North Whitehead (1949), la proyección cultural exige ofrecer algo comprensible, algo distinto y algo admirable. Esa fórmula sigue siendo la base de una acción cultural exterior efectiva: “Los hombres requieren de sus vecinos algo suficientemente afín para ser comprendidos, algo suficientemente diferente para provocar atención y algo suficientemente grande para producir admiración”.

Aportes y aspiraciones del libro

Dirigido a gestores culturales, artistas, diplomáticos, docentes, estudiantes y todas las personas interesadas en el estudio y la práctica de la internacionalización de la cultura y la diplomacia cultural, el libro plantea que la cultura debe considerarse una herramienta central de la política exterior.

Diferencia conceptual y operativamente la Internacionalización de la Cultura de la Diplomacia Cultural. Combina teoría y práctica para ofrecer una visión operativa, desde los fundamentos hasta los instrumentos concretos, integrando diversas escuelas de pensamiento —realismo, idealismo, soft power e interdependencia compleja— para comprender el rol estratégico de la cultura en las relaciones internacionales. Presenta, además, a la cultura como motor económico a través de su contribución a las exportaciones, las inversiones, el turismo, el empleo y la marca país. Asimismo, aporta una metodología para el diseño de estrategias de Diplomacia Cultural, incluyendo criterios para la selección de contenidos y destinos, así como un enfoque de evaluación que incorpora herramientas como rankings de soft power, indicadores de comportamiento, reputación e influencia, demostrando que es posible medir el impacto de la diplomacia cultural.

Destaca también el entorno digital como espacio central de proyección cultural, reivindica la profesionalización de la gestión cultural internacional y ofrece instrumentos para la elaboración de proyectos culturales internacionales. Finalmente, advierte sobre la necesidad de una coordinación estratégica ante la creciente multiplicación de actores culturales no estatales.

Ficha

Autores: Nathalie Peter y Facundo de Almeida.

Editorial: Taurus

ISBN: 9789915697772

Nº de páginas: 288

Publicación: 2025

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En el panorama actual, la comunicación política ha sido radicalmente transformada por la era digital. Esto desafía los métodos tradicionales y abre nuevas avenidas para el compromiso cívico. En un mundo saturado de marketing, lograr que los votantes conozcan a un candidato es más difícil que nunca. Requiere un conocimiento profundo de múltiples plataformas como el correo electrónico, la televisión, la radio, el marketing móvil y las redes sociales, cada una con sus propias reglas de interacción.

Este escenario digital no solo presenta oportunidades sin precedentes para la difusión de información, sino también problemas y dificultades como la desinformación y la polarización. El enfoque se desplazó hacia las audiencias más jóvenes. Específicamente la Generación Z y la Generación Alpha, los nuevos consumidores políticos cuyo compromiso es crucial para el futuro de la democracia.

Nuevos consumidores políticos

La Generación Z o Centennials (1997-2010) y la Generación Alpha (2010-2024) representan la demografía más joven y digitalmente nativa en el panorama político actual. Se trata de segmentos que han crecido en un entorno siempre conectado, donde los smartphones y las plataformas digitales son parte inseparable de sus vidas. Para la Generación Z, YouTube, TikTok e Instagram son las más populares y se han convertido en fuentes primarias de información política pese a la imposición del formato corto y el mensaje condensado, muchas veces carente de contextualización.

Por su parte, la Generación Alpha, aunque aún muy joven para la participación política formal, ya muestra una marcada conciencia y sensibilidad hacia los derechos humanos y la división política, influenciada por eventos globales y el entorno de la era de la IA, a través de otros canales menos convencionales y más complejos como Discord, Roblox o Minecraft, por ejemplo.

El poder de los trends y el contenido viral

En los tiempos que corren, las campañas políticas se parecen cada vez más a las estrategias de los influencers o creadores de contenido en plataformas. Canales digitales como TikTok, Instagram y YouTube Shorts son cruciales porque sus algoritmos favorecen el contenido emotivo, controversial y condensado, más que el análisis profundo. Esto convierte el debate político en una competencia por la viralidad.

En consecuencia, los candidatos y partidos están adoptando un enfoque digital-first, donde las figuras políticas se convierten en un creadores de contenido. Esto se manifiesta en:

• Memes y videos cortos: se usan para moldear narrativas políticas, haciendo que los votantes recuerden imágenes, eslóganes y momentos divertidos. La campaña de Zohran Mamdani, por ejemplo, adoptó por una parte una «estrategia centrada en memes» con TikToks y reels que mezclaron humor con mensajes políticos. Por ejemplo, su video «Subway Takes» con casi un millón de reproducciones en TikTok. Otro caso similar es el del Partido Liberal de Australia.
• Contenido orgánico y auténtico: plataformas como TikTok, Facebook e Instagram prohibieron la publicidad política, empujando a las campañas hacia videos orgánicos de formato corto que resuenen auténticamente con los votantes, especialmente los más jóvenes. Los equipos de campaña ahora confían en personal joven, nativo digital, para participar en tendencias virales y crear contenido más auténtico y relacionable. Josh Shapiro, por ejemplo, utilizó una cuenta de BeReal y TikTok para mostrar autenticidad a los jóvenes.
• Influencers accidentales: en un contexto determinado por la economía de la atención, jóvenes que no buscan ser figuras políticas se convierten en una suerte de prescriptores accidentales cuando su contenido amateur se vuelve viral, a veces superando el alcance de las publicaciones oficiales de los partidos. Estos individuos, sin la rendición de cuentas de los periodistas o políticos, tienen la capacidad de moldear opiniones e impactar en la opinión pública de forma más efectiva.

Conectar: storytelling y la autenticidad

Por si no fuera poco, la autenticidad se ha vuelto una moneda de cambio clave y un reclamo en la comunicación política. Las redes sociales permiten a los candidatos hablar directamente con los votantes, realizar encuestas y compartir momentos de la campaña, fomentando una sensación de participación. Las técnicas narrativas deben centrarse en la humanización y la conexión personal:

• Historias personales: contar experiencias personales y ofrecer soluciones a problemas específicos puede resonar profundamente con los votantes.
• Contenido detrás de cámaras: clips informales que muestran a los candidatos con sus seres queridos humanizan las figuras políticas.
• Relatabilidad: carisma y apariencia cercana o de igual a igual (no paternalista) se traducen bien en las pantallas. Coherencia entre la imagen digital y la analógica.
• Compromiso multicultural: recurrir a diferentes idiomas y demostrar fluidez para conectar con comunidades inmigrantes a través de referencias culturales relevantes.
• Prescriptores políticos: los influencers y creadores de contenidos se han convertido en nuevos líderes de opinión, siendo activamente cortejados por las campañas. Su impacto radica en su capacidad para generar contenido atractivo, que muchas veces es priorizado sobre los medios tradicionales. Estas colaboraciones deben siempre alinearse con los valores del candidato para mantener la credibilidad.

Experiencias inmersivas y virtuales: la política en el metaverso

Más allá de las redes sociales convencionales, los metaversos y plataformas virtuales emergen como espacios donde el mensaje político se convierte en una experiencia activa y envolvente para el usuario.

Por referir algunos casos en concreto, la campaña de reelección del presidente francés Emmanuel Macron creó su propio mundo en Minecraft, conocido como el «Macronverso». Permitía a los votantes potenciales explorar una ciudad virtual con la oficina de campaña, un cine (con enlaces a videos de YouTube de Macron) y NPCs que compartían mensajes positivos sobre las políticas gubernamentales. Esta estrategia buscaba llegar a votantes más jóvenes. Se trata de una plataforma, que no simple videojuego, que también ha sido utilizada por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras para sortear la censura, creando una «Biblioteca sin Censura» para albergar periodismo censurado.

Otro ejemplo es la iniciativa «Virtual Vote» en Roblox. Es una colaboración entre desarrolladores de juegos y la organización sin fines de lucro HeadCount, que buscó fomentar la inscripción de votantes en Estados Unidos. Los jugadores podían interactuar con un guía (Sam el Águila) para verificar su estado de registro y explorar mapas interactivos con reglas de votación, ganando premios y recompensas. Este enfoque de gamificación de la participación cívica tiene un gran potencial para moldear las opiniones políticas y el compromiso en el mundo real de los jóvenes.

Asimismo, en el contexto de la campaña de Kamala Harris en las presidenciales estadounidenses de 2024, también se lanzó un mapa personalizado en Fortnite. Evidencia la tendencia de estas estrategias por explorar estos entornos virtuales emergentes.

Desafíos

El escenario digital de la comunicación política, especialmente para las generaciones más jóvenes, presenta desafíos significativos que deben abordarse para asegurar la vitalidad de la democracia:

En primer lugar, está la pérdida de confianza y polarización. La satisfacción de los jóvenes con la democracia está disminuyendo a nivel mundial y la omnipresencia de la información en línea y los algoritmos pueden exacerbar la polarización y crear cámaras de eco. Los usuarios se ven expuestos solo a opiniones que confirman sus creencias, limitando la exposición a diversas perspectivas.

[Lee: ¿Cómo Discord y las redes se convirtieron en la plaza pública de la Generación Z?]

La desinformación y verdades performativas constituyen otro problema grave. Las redes sociales carecen de los mecanismos de verificación de hechos de los medios tradicionales, lo que facilita la rápida propagación de noticias falsas y contenido engañoso. La performace y el showmanship pueden primar sobre las propuestas sustantivas, además, la aparición de contenido generado por inteligencia artificial puede desdibujar la línea entre la realidad y la ficción. Aunque estos espacios ofrecen una inmersión y conexión únicas, también plantean desafíos, como la trivialización de temas serios como la controversia de Jess Glynne y el uso de su canción por la Casa Blanca para un video sobre deportaciones de ICE sobre la lógica del trend de TikTok “Jet2 Holiday” y la dificultad de asegurar la precisión de la información.

Por su parte, los algoritmos de las plataformas tienen un poder de conocimiento masivo. A partir de la recolección constante de datos para perfilan y dirigen a los usuarios, que anticipa y manipula el comportamiento humano. Las decisiones algorítmicas sobre la monetización del contenido (basadas en la idoneidad para los anunciantes) pueden afectar directamente la visibilidad y el alcance de los videos. Se favorece el contenido familiar y mainstream sobre temas más controvertidos o políticos, lo que puede también derivar en la auto-censura de los creadores.

Lo que se puede hacer

En consecuencia, es imprescindible aumentar la educación política para estas generaciones. Fomentar el pensamiento crítico, el análisis de políticas y la comprensión de los valores democráticos, así como profundizar en la alfabetización digital.

[Lee: La paradoja del “desmuteo”: más información no significa mejor información]

A medida que las plataformas digitales continúan evolucionando y la Generación Alpha se acerca a la edad de votar, los actores políticos deben priorizar la autenticidad, la inmersión y la educación cívica en sus estrategias. El objetivo no es solo alcanzar a los votantes jóvenes, sino también nutrir su confianza en las instituciones democráticas y empoderarlos para participar de manera informada y significativa. Es importante asegurar que su optimismo y su deseo de cambio se canalicen hacia soluciones reales en un futuro que no se parezca a un presente caótico y polarizado.

La clave radica en una evolución constante de las estrategias, con una atención meticulosa a las plataformas, los mensajes y los prescriptores que resuenan con las preferencias y valores de las nuevas generaciones.

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Este año dejó huella en naciones y territorios poco considerados en el debate latinoamericano. Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Belice son países poco visibles en la agenda regional, pero vivieron un año de definiciones.

En Georgetown, Irfaan Ali profundizó la sintonía con Washington; en Paramaribo, Jennifer Simons buscó equilibrio entre deuda y alianzas; en Cayena, Gabriel Serville desafíó a París; y en Belice, Johnny Briceño preservó la estabilidad democrática.

En conjunto, muestran cómo la bonanza energética, la fragilidad fiscal, el reclamo de autonomía y la estabilidad democrática conviven en un Caribe sudamericano y centroamericano en ebullición.

El rumbo de Guyana

La reelección de Irfaan Ali en 2025 confirmó el rumbo de Guyana como potencia emergente en el mapa energético global. Con una sólida mayoría parlamentaria, el oficialismo abrió un nuevo mandato con la promesa de transformar la bonanza petrolera en desarrollo social. Ali insistió en que los próximos cinco años serán “los más trascendentales” para reducir la pobreza y consolidar un Estado capaz de sostener la expansión económica.

[Lee: Ali reelecto y los dilemas en una Guyana emergente]

El eje central de su estrategia internacional ha sido el alineamiento con Estados Unidos. Georgetown firmó acuerdos militares y de cooperación antinarcóticos, recibió respaldo explícito de Washington en la disputa por el Esequibo y se proyecta como socio estratégico en el Caribe. En septiembre, Ali anunció junto al secretario de Estado Marco Rubio una alianza contra el narcotráfico, en la que Guyana adoptó la narrativa estadounidense sobre el Cartel de los Soles y otras redes criminales que “socavan la democracia y el estado de derecho”. La alianza se profundizó en diciembre, cuando Georgetown firmó un convenio que permite al personal de seguridad estadounidense interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

Al mismo tiempo, Guyana mantiene vínculos estrechos con China, que financia infraestructura y minería, lo que obliga a una diplomacia flexible para evitar quedar atrapado en la rivalidad entre ambas potencias.

La presencia de ExxonMobil y Chevron, las dos grandes multinacionales estadounidenses, junto a la estatal china CNOOC, en el bloque Stabroek convierte a Guyana en escenario de la competencia energética global. Este colosal yacimiento simboliza mucho más que reservas de petróleo: es el punto donde se cruzan las ambiciones de Washington y Pekín en el Caribe.

Guyana alcanzó una producción de 900 mil barriles diarios, y las proyecciones apuntan a que podría superar los 1,7 millones por día hacia 2030. Estas cifras proyectan a Georgetown como actor clave en las rutas del petróleo y refuerzan la idea de que el crudo guyanés será un polo de poder en la próxima década.

Bonanza en espera para Surinam

La llegada de Jennifer Simons a la presidencia en julio de 2025 inauguró una etapa inédita. A sus 71 años, se convirtió en la primera mujer en gobernar Surinam, respaldada por dos tercios del Parlamento. Su mandato arranca en medio de una crisis fiscal que exige pagos anuales de unos 400 millones de dólares en deuda externa. Es una cifra que equivale a 10% del PIB y que limita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo.

Simons debe navegar entre Estados Unidos y China. Con EEUU ha intensificado su acercamiento con gestos diplomáticos y promesas de inversión. Y China es su principal acreedor y socio en infraestructura tras la reestructuración de la deuda en 2024. Esa doble dependencia coloca a Paramaribo en una posición frágil. Necesita recursos frescos para sostener la estabilidad, pero no puede romper con Pekín ni desaprovechar la oportunidad de diversificar alianzas con Washington.

La apuesta por el petróleo es el gran horizonte de Surinam. En octubre de 2024, TotalEnergies y APA Corporation anunciaron una inversión de 10.500 millones de dólares para desarrollar un yacimiento ubicado a 150 kilómetros de la costa. La producción está prevista para 2028, y se espera que convierta al país en un nuevo exportador relevante de crudo en Sudamérica.

Esa expectativa de ingresos futuros alimenta la narrativa oficial y se presenta como la salida a la pesada carga de deuda que hoy limita las finanzas públicas. Pero la verdadera prueba de Simons será demostrar que el petróleo no es solo promesa, sino oportunidad para redefinir el rumbo de Surinam en su medio siglo de independencia.

Autonomía en disputa en Guyana Francesa

En 2025 la Guayana Francesa intensificó su reclamo de un marco institucional propio. El precedente abierto por Nueva Caledonia, “Estado” dentro de la República francesa, alimentó las demandas de un estatus que permita a Cayena ejercer competencias más amplias. El presidente del parlamento local, Gabriel Serville, y el diputado Jean-Victor Castor, se han convertido en las voces más visibles de esa presión. Articularon propuestas que incluyen mayor control sobre tierras, recursos naturales y planificación regional.

La tensión con París se hizo evidente en foros nacionales e internacionales. Serville advirtió que, si no hay un compromiso firme llevará el caso a la ONU para que el territorio sea considerado dentro de la lista de regiones a descolonizar. El gobierno francés, consciente de que la cuestión de los territorios de ultramar ya no puede postergarse, abrió grupos de trabajo para evaluar reformas constitucionales, aunque el camino sigue empinado.

El reclamo político se nutre de una realidad social crítica. Más de la mitad de los 292 mil habitantes vive bajo el umbral de pobreza, la minería ilegal y la migración indocumentada presionan las fronteras. Y las tasas de homicidios superan ampliamente el promedio francés. La desconexión territorial, con infraestructura limitada más allá de la base espacial de Kourou, refuerza la sensación de aislamiento.

La Guayana Francesa se presenta así como un territorio en disputa. Entre la dependencia financiera de París, la aspiración de autonomía y la urgencia de atender demandas sociales acumuladas durante décadas. El desenlace dependerá de si Francia está dispuesta a replicar el modelo de Nueva Caledonia o si seguirá calibrando el alcance de un cambio que parece inevitable.

Estabilidad con desafíos para Belice

En marzo de 2025, Belice reeligió con una amplia mayoría parlamentaria al primer ministro Johnny Briceño y el Partido Unido del Pueblo. La continuidad política se da en un entorno centroamericano marcado por crisis institucionales y retroceso de la democracia. Esto refuerza la imagen del país como excepción regional. Briceño, en el poder desde 2020, anticipó que este será su último mandato, lo que añade un aire de transición a su liderazgo.

La economía mostró un repunte notable tras la pandemia, con tasas de crecimiento que devolvieron dinamismo al turismo y al comercio. Sin embargo, la desigualdad social sigue siendo el gran desafío. La pobreza multidimensional descendió en los últimos años, pero persisten brechas profundas entre áreas rurales y urbanas. Y la cobertura de la protección social continúa siendo limitada. El reto inmediato es sostener la estabilidad política mientras se amplía la inclusión económica.

En el plano externo, Belice cultiva una identidad híbrida como miembro tanto de CARICOM como del SICA. Esto le permite al país actuar como puente entre dos espacios regionales con agendas distintas. Su diplomacia combina pragmatismo y continuidad. Mantiene vínculos estrechos con Estados Unidos en seguridad y migración, refuerza la cooperación con Taiwán en comercio e infraestructura, y ha abierto canales con Cuba.

El desenlace de este nuevo ciclo político marcará si Belice logra traducir su estabilidad institucional en un desarrollo más equitativo, consolidando su lugar como un país de estabilidad democrática en Centroamérica y el Caribe.

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