Hace 23 años el Partido Conservador colombiano no logra retomar el gobierno del país. Su último representante fue el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002). 

Ante las elecciones presidenciales de 2026, y llegando al final del primer gobierno de izquierda en Colombia, el 8 de marzo de 2026 habrá una consulta interpartidista entre partidos de derecha y oposición al presidente, Gustavo Petro. 

El Partido Conservador tiene hasta el momento cinco candidaturas: Carlos Felipe Córdoba, excontralor general de la República, Efraín Cepeda, expresidente del Congreso y hace una semana presidente del Partido Conservador, Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura, Juana Carolina Londoño, representante a la Cámara, y Carlos Alfonso Velásquez, coronel retirado. Aunque ninguno de ellos tiene una posición relevante en las encuestas de opinión pública. 

En entrevista con Diálogo Político, Nadia Blel, senadora y expresidenta del partido, reconoce el debilitamiento de la centroderecha, en parte por perder el vínculo ciudadano. Cree que tener varias candidaturas posiciona al Partido Conservador como “atractivo” pero también reconoce la posibilidad de resignar a las candidaturas propias y unificar la oposición para enfrentar el bloque izquierdista del Pacto Histórico.

Lecciones de ser oposición

En 2022, el Partido Conservador inició el periodo presidencial de Gustavo Petro como un aliado del gobierno. No fue el único partido alejado ideológicamente que tomó esta posición. ¿Cómo fue posible que sectores tan diferentes hicieran parte de una misma coalición?

—En ese momento, ante la amenaza que existía en el país —de un gobierno totalmente diferente, pero también que logró una votación nunca antes vista— el Partido Conservador y otras fuerzas también vieron la necesidad de entender qué querían los colombianos en ese momento. Buscaban un cambio o darle una oportunidad a algo distinto, que ellos prácticamente desconocían. Por parte de los partidos políticos se pensó en la posibilidad de poder construir, no de hacer una oposición férrea, ante la incertidumbre frente a un gobierno de izquierda. 

La directiva del partido pensó que era necesario estar cerca del gobierno para tratar de hacer un contrapeso o ser parte en la construcción de esas nuevas políticas a las cuales nos enfrentaríamos. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo nos dimos cuenta de que éramos demasiado distintos. No compartíamos nuestros principios ni ideales. No podíamos ser parte de una estrategia que buscaba atentar contra nuestra democracia, libertades e instituciones. Y por eso desde el partido nos hicimos a un lado.

De cara a las elecciones de 2026, ¿qué lecciones dejó el intento de hacer una coalición desde el distanciamiento ideológico?

—Creo que siempre es bueno pensar en unidad. A pesar de que en ese momento esa estrategia no funcionó, hoy los colombianos nos piden precisamente que estemos unidos, pero que estemos unidos quienes somos afines. Sabemos que hay diferencias, que no somos todos iguales, pero en el fondo todos somos defensores de la democracia, de la libertad, del orden. Entonces sí es importante estar unidos para defender a aquello que nos hace fuerte, nuestros principios. Que no haya funcionado en ese momento, no significa que no pueda funcionar ahora cuando el país nos exige unidad en la defensa de las instituciones.

¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar a la izquierda y su pacto histórico?

—Creo que no hay una receta perfecta para enfrentarlo y si la existiera creo que ya en América Latina y en otros países lo hubiéramos hecho. Foros como este (Foro América Libre) nos permiten escuchar qué ha pasado en otras regiones o en otros países para saber cómo afrontar estos grandes desafíos. 

Que tengamos un gobierno de izquierda en Colombia nos da la oportunidad —y un desafío— de reevaluar lo que hicimos mal en el pasado y mejorarlo con aras de cambiar para el futuro. Por ejemplo, ellos son muy buenos en materia de comunicaciones y nosotros en la derecha fallamos en eso, porque a veces no sabemos o porque venimos de tradiciones con lenguajes y formas que no nos permiten llegar a la ciudadanía. Ellos son muy hábiles en llegar al ciudadano a pie, al particular, a conocer sus necesidades. Los partidos de centroderecha, y todavía lo seguimos haciendo, le hemos dado la espalda a los ciudadanos. Hacemos a veces foros o encuentros para nosotros, que hacemos parte del partido, pero en realidad no damos apertura para que el colombiano de a pie sea parte también de esas decisiones importantes que tomamos. 

Repensar la derecha

¿Es más elitista la derecha?

Yo creo que en algún momento sí, llegamos a serlo. 

Pero, conceptualmente, desde sus valores. 

—Desde sus valores, siento que no. Hoy en día valores como la familia, el orden, la libertad, están más vigentes que nunca. Sin embargo, sí creo que nosotros como partido político le hemos dado la espalda a los ciudadanos. Y es necesario que volvamos a nuestras raíces, especialmente nosotros que hacemos parte de un partido que es de región. 

Por eso, desde que llegué a la presidencia del partido, he decidido que este no es un partido de escritorios. No podemos estar encerrados en una oficina en Bogotá. Tenemos que estar en el territorio donde está nuestra gente, donde está nuestra militancia, escucharlos. Porque, en la medida que podamos tener esa relación con los ciudadanos, sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que apuntar. Y en eso la izquierda es muy hábil, sobre todo con los estudiantes. Los partidos de centroderecha le dimos la espalda a la educación y ellos se han apoderado precisamente de nuestras instituciones y han sabido llegarle a los jóvenes. Ahí nosotros también tuvimos una falencia y debemos recuperar ese camino para que nuestros jóvenes puedan crecer con esos principios que hoy están más vigentes que nunca. 

[Lee: Efraín Cepeda: “Colombia tiene que demostrar que va a contener el narcotráfico”]

¿Qué significa el concepto conservador hoy? ¿Qué hay que conservar?

—Vale la pena conservar la familia, el orden, nuestra democracia y sobre todo vale la pena conservar la libertad. Los regímenes de izquierda, los totalitaristas, los autoritaristas, lo primero que hacen es robarnos eso, la libertad de elegir, de ser como cada uno quiere ser. 

Por ejemplo en Colombia han tratado de impulsar tres grandes reformas: una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma a la salud. Y en esas tres reformas se está coartando la libertad. En el régimen de salud, ya no te van a permitir escoger a qué médico o a qué hospital quieres ir, sino que te van a decir a dónde tienes que ir. En el régimen pensional, te van a decir a dónde vas a tener que cotizar tu pensión. Y en régimen laboral, no te van a dar un abanico de posibilidades para poder elegir cómo quieres trabajar. Eso es lo primero que atacan y es lo primero que nosotros tenemos que tratar de conservar: nuestras libertades. 

El Partido Conservador no gobierna Colombia hace 23 años. Sin embargo, aún mantiene poder territorial. ¿Pero por qué tienen dificultad de volver al poder nacional?

—De pronto en algún momento nos supimos a hacer la lectura del país. Hoy tenemos candidatos conservadores, hombres y mujeres, que quieren llegar al poder bajo la tolda conservadora. Pero es importante a veces dejar el orgullo de lado y mirar qué es lo que más conviene al país. En estos momentos el partido obviamente está decidiendo a través de un proceso interno quién va a ser ese candidato conservador. Pero, cuando llegue el momento, tenemos que tener la grandeza de decir si va a ser nuestro candidato o si va a ser otro que nos permita en unidad poder gobernar y que los principios y la ideología de centroderecha puedan materializarse.

¿Te referís a la junta interpartidista del año 8 de marzo? ¿Es en esa instancia en la que se podría habilitar una alianza entre partidos de derecha?

—Así es. Y creo que lo necesitamos. Estamos en un momento en el que no hay un camino intermedio. Hay extremos: la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero ninguna de las dos va a tener la fuerza de poder ganar las elecciones. Y ahí nosotros tenemos que ser inteligentes para construir y hacer alianzas con quienes sean similares a nosotros. Tenemos que tener la grandeza para formar esa unidad y pensar en lo que más le conviene al país.

¿Los conservadores avanzarían con la extrema derecha en ese caso? 

—Coincidimos en muchas cosas. En su momento, luego de un proceso interno, nosotros podemos sobre todo llegar a esa alianza pensando siempre en lo que sea más conveniente para nuestro partido, para nuestra militancia y para lo que necesitan los colombianos. 

Conflictos locales

¿Cómo se paran los conservadores ante el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe? 

—Somos respetuosos de las instituciones y del proceso, pero rodeamos a la figura del presidente Uribe y a su familia en estos momentos. Así lo hemos hecho, no solamente desde el Partido Conservador, pero particularmente cada uno de los congresistas que integran nuestra bancada, porque coincidimos con él en muchos aspectos. Hemos dado grandes batallas juntos en la defensa de nuestras instituciones, de la democracia, de la libertad y esperamos que su proceso tenga la oportunidad de defenderse en equidad, en transparencia y sobre todo en legalidad. 

¿Qué consecuencias puede tener la posición internacional de Petro al levantar la bandera palestina, en los conflictos con Estados Unidos, el alejamiento de la OTAN?

—Mira, yo siempre he dicho que Petro siempre y los gobiernos de izquierda siempre necesitan un enemigo y cuando no es el congreso de la república él trata de buscar esos enemigos afuera, en la comunidad internacional y hoy lo está haciendo, por ejemplo con el tema de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ha sido incluso generoso, pero sobre todo ha honrado esa trayectoria de relaciones bilaterales que hemos tenido con ellos a lo largo de muchísimos años. Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia y por lo menos ahorita tenemos algunas sanciones y eso, pero en realidad ellos han sido generosos con nosotros, han sido respetuosos honrando esa gran historia, a pesar de las afrentas de las ofensas del presidente.

El presidente está buscando un enemigo, sobre todo, y esto es muy peligroso, para despertar el sentimiento nacionalista, el patriotismo entre los colombianos, con el fin de minar un camino o de allanar un camino para ganar las elecciones el próximo año. Entonces, en este momento es muy importante que nosotros no caigamos en ese juego. 

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El 12 de marzo de 2025, Belice celebró elecciones generales que confirmaron la hegemonía del Partido Unido del Pueblo (PUP), liderado por Johnny Briceño, con 26 de los 31 escaños en la Cámara de Representantes. En medio de la fragilidad institucional en Honduras y Guatemala, la dictadura en Nicaragua y la deriva autoritaria en El Salvador, el pequeño país centroamericano reafirmó su estabilidad democrática en un vecindario convulso.

Belice, conocido hasta 1973 como Honduras Británica, alcanzó el autogobierno ese año y la independencia plena el 21 de septiembre de 1981. Desde entonces funciona como una democracia parlamentaria con la monarquía británica en un rol ceremonial. El rey designa al gobernador general, pero la conducción efectiva del país recae en el primer ministro, su gabinete y los alcaldes.

Gracias a la sólida mayoría en el Parlamento, Johnny Briceño, en el poder de 2020, juró como primer ministro para un nuevo mandato de cinco años. Pero anunció que este sería su último período, añadiendo un matiz de transición a su liderazgo. La popularidad de Briceño, graduado en administración de empresas en la Universidad de Texas, se comprende claramente al revisar el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre Belice. Tras el duro impacto de la pandemia, bajo su gobierno, la economía ha mostrado una recuperación significativa.

Hegemonía partidaria

El PUP y el Partido Democrático Unido (UDP) han dominado el escenario político en los últimos cuarenta años en un esquema donde las lealtades suelen ser más personales y familiares que ideológicas. Tanto el PUP como el UDP han buscado atraer a todos los sectores sociales y se han apoyado en un modelo económico basado en la empresa privada y la inversión extranjera. El UDP se ha mostrado históricamente más explícito en su rechazo al comunismo y en su cercanía con Estados Unidos. Pero ambos partidos han sabido manejar los conflictos y mantener la estabilidad política.

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Un rasgo característico es la flexibilidad de sus discursos: cuando están en la oposición tienden a identificarse de manera vehemente con las demandas de los trabajadores y los sectores populares, mientras que al llegar al poder adoptan posiciones que buscan consenso con los empresarios.

El desafío de la pobreza

Entre 2021 y 2023 el PIB creció más de 30%, impulsado por el repunte del turismo, el comercio y el transporte, y en 2024 avanzó 8,1%. La inflación se moderó mientras que la deuda pública descendió notablemente consolidando un escenario de mayor estabilidad en las cuentas nacionales.

Sin embargo, la desigualdad y la precariedad siguen presentes en el panorama social. Desde 2021 el gobierno mide la pobreza multidimensional, que bajó de 35,7% a 22,1% en 2024. Pese a esa mejora, las brechas permanecen: en las zonas rurales la incidencia alcanza el 30,9% frente al 9,7% en las urbanas, y más de una cuarta parte de los niños continúa viviendo en situación de pobreza.

Esa fragilidad se refleja en un sistema de apoyo estatal muy limitado: la red de protección social apenas llega a un tercio de la población y su cobertura es desigual, pues solo alcanza al 24% de las mujeres frente al 37% de los hombres.

Las proyecciones del FMI indican que la economía comenzará a crecer a tasas en torno al 2%, reflejo de las limitaciones para sostener una expansión más acelerada, lo que dificulta reducir la pobreza y la desigualdad en el corto y mediano plazo. Superar ese techo de crecimiento exige enfrentar los cuellos de botella que frenan al turismo —motor central de la economía— mediante inversiones en infraestructura, mayor acceso al financiamiento privado y la creación de nuevas oportunidades laborales, especialmente para ampliar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

Entre Centroamérica y el Caribe

Belice ocupa una posición singular en el mapa hemisférico: es miembro tanto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) como de la Comunidad del Caribe (CARICOM), lo que le otorga una doble pertenencia poco común. Esa condición le permite proyectarse como puente entre dos regiones que suelen transitar agendas distintas, y al mismo tiempo reforzar su identidad híbrida, marcada por el inglés como lengua oficial y una fuerte presencia cultural hispana.

Durante la presidencia pro témpore del SICA en 2022-2023 Johnny Briceño impulsó una agenda orientada a estrechar vínculos con CARICOM y a proyectar a Belice como articulador entre ambos espacios. En sus intervenciones destacó la necesidad de atender la migración y reforzar la seguridad democrática, al tiempo que subrayó la urgencia de una respuesta regional frente al cambio climático.

Briceño ha subrayado que “con múltiples crisis, ahora más que nunca necesitamos un SICA eficaz, fuerte y resiliente”, una afirmación que puede interpretarse como una alusión indirecta a la fragilidad institucional en varios países centroamericanos. En línea con esa visión, Belice ha mantenido históricamente un perfil bajo en la confrontación política regional, reforzando su imagen de país estable capaz de sostener relaciones diplomáticas funcionales con todos sus vecinos, incluso en un entorno marcado por el retroceso de la democracia en la región.

Diplomacia estratégica

La política exterior de Briceño ha buscado equilibrar pragmatismo y continuidad. Belice ha reafirmado su reconocimiento a Taiwán, uno de sus socios más cercanos, con quien mantiene cooperación en infraestructura, comercio y asistencia técnica.

Briceño ha expresado su solidaridad frente a las presiones de Pekín y ha promovido la ampliación de las exportaciones beliceñas hacia el mercado taiwanés, en particular de productos del mar, azúcar y cítricos. A su vez, Taiwán ha invertido en proyectos clave de infraestructura y ha apoyado iniciativas de financiamiento y capacitación empresarial.

Con Estados Unidos, la relación se ha profundizado en torno a la seguridad regional, la lucha contra el crimen organizado y la gestión de la migración. Con ocasión de la reelección de Briceño, el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó: “Valoramos la sólida cooperación de Belice en la lucha contra el crimen transnacional y esperamos seguir trabajando juntos para combatir el tráfico ilícito, el lavado de dinero y la corrupción”.

En paralelo, Briceño ha fortalecido los vínculos con Cuba. Durante la visita oficial de Miguel Díaz-Canel a Belice en 2023 —la primera de un jefe de Estado cubano al país— se suscribieron acuerdos de cooperación en materia de salud, que marcaron el inicio de la asistencia de médicos cubanos al sistema sanitario beliceño.

Los retos para Briceño, más allá de sostener una política internacional pragmática y fluida, se concentran en el plano interno: impulsar reformas que reduzcan la desigualdad, atraer mayor inversión extranjera y asegurar la estabilidad política. El desenlace de ese esfuerzo marcará si Belice conserva su imagen de país estable en una región donde la democracia se debilita.

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La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS 2025) redefine su política exterior con un enfoque centrado en el hemisferio occidental y la defensa estricta del interés nacional. Dentro de sus directrices, que regirán la política general del gobierno norteamericano en el mundo, América Latina se convierte en terreno de competencia estratégica.

El documento prioriza la contención de potencias extra hemisféricas como China y Rusia, refuerza el control migratorio y apuesta por la reconfiguración de cadenas de suministro mediante nearshoring en América Latina. Este giro doctrinal, que revive la lógica de la Doctrina Monroe, plantea oportunidades económicas para la región, pero también debates en soberanía y autonomía, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y competencia tecnológica.

Un giro doctrinal

La NSS 2025 marca una ruptura con el enfoque globalista y multilateral que caracterizó la política exterior estadounidense desde los años noventa. El documento abandona la narrativa de liderazgo benevolente y adopta un marco realista centrado en la defensa estricta del interés nacional, bajo el principio rector “America First”. Este cambio implica priorización selectiva, autosuficiencia económica y militar, y una visión soberanista que redefine las relaciones internacionales.

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¿Cuáles son las claves?

1. Reafirmación de la Doctrina Monroe
   El hemisferio occidental ocupa un lugar central. La estrategia introduce el “Corolario Trump”, que busca restaurar la preeminencia estadounidense en América Latina, contener la influencia de potencias extra hemisféricas (China y Rusia) y garantizar el control de rutas críticas como el Canal de Panamá.
2. Seguridad fronteriza y migración
   La migración masiva se define como amenaza primaria. Se plantea reforzar fronteras y autorizar operaciones en terceros países para frenar flujos migratorios, vinculando este fenómeno con narcotráfico y crimen organizado.
3. Competencia económica y tecnológica
   Frente a China, la NSS apuesta por contención económica sin confrontación militar, mediante innovación tecnológica y reconfiguración de cadenas de suministro. Se promueve el nearshoring y friendshoring en América Latina para reducir dependencia asiática.
4. Reducción del intervencionismo global
   Se prioriza el hemisferio occidental sobre escenarios como Oriente Medio y África, y se cuestiona la utilidad de compromisos multilaterales (Acuerdo de París, foros globales).
5. Control de recursos estratégicos
   La estrategia busca impedir que actores no hemisféricos controlen puertos, infraestructura crítica y minerales esenciales para la transición energética.
6. Distancia con Europa

La nueva visión internacional pone en cuestión la histórica alianza de EEUU con Europa, que marcó la ruta de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. El presidente republicano cuestiona la posición de Europa ante la guerra en Ucrania y la política migratoria del bloque, dibujando un cuadro apocalíptico sobre la civilización europea.

¿Qué implica para Latinoamérica?

1. Mayor presión geopolítica
   Países latinoamericanos enfrentan un escenario donde EEUU condicionará cooperación económica y de seguridad a la alineación con su agenda hemisférica. Esto incluye restricciones a inversiones chinas en telecomunicaciones, puertos y minería.
2. Oportunidades económicas
   La NSS abre espacio para integrar manufacturas, agroindustria y servicios en cadenas de suministro dirigidas al mercado estadounidense. Colombia, por ejemplo, es catalogada como “socio amigo” prioritario, con potencial en infraestructura, ciberseguridad y minerales críticos.
3. Riesgos en soberanía y autonomía
   La reinterpretación de la Doctrina Monroe plantea tensiones sobre la autonomía regional. El uso de instrumentos como presencia militar, condicionalidad económica y sanciones podría generar fricciones diplomáticas y debates sobre injerencia.
4. Migración y seguridad interna
   El énfasis en frenar migraciones masivas anticipa mayores controles en pasos como el Darién y cooperación en retornos, lo que impactará en políticas migratorias y derechos humanos en la región.
5. Relación con China y Rusia
   América Latina se convierte en terreno de competencia estratégica. Proyectos vinculados a infraestructura crítica y tecnología serán objeto de escrutinio, limitando márgenes para la diplomacia multi alineada.

Desarollo con condiciones

La relación entre Estados Unidos y América Latina ha estado históricamente marcada por intervenciones, recelos y desequilibrios de poder. Si bien existen lazos económicos y culturales, así como dependencias y vínculos derivados del flujo de millones de migrantes, el legado de injerencias pasadas y la percepción de dependencia han alimentado un escepticismo profundo en la región respecto a las verdaderas intenciones de Washington. Sin embargo, existe también un pragmatismo ampliamente extendido que acepta la hegemonía estadounidense, ya que promete estabilidad económica y posibilidades de ascenso social, aunque ello implique someterse a los intereses de EEUU. 

Conviene subrayar que tanto la Doctrina Monroe como su reciente actualización responden, ante todo, a intereses nacionales estadounidenses, no a una visión panamericana compartida. La NSS es clara: el desarrollo hemisférico es bienvenido solo en la medida en que no contradiga los objetivos estratégicos de Estados Unidos. El crecimiento regional, por tanto, queda supeditado a la óptica de seguridad y prosperidad de la potencia del norte. 

La NSS no se queda en el plano discursivo: bajo la actual administración, la presencia estadounidense en América Latina se ha intensificado, tanto en el ámbito empresarial como en el político y estratégico-militar. La tensión naval en el Caribe, la presión sobre Panamá para limitar la influencia china en infraestructuras estratégicas o los incentivos económicos condicionados a la afinidad política son ejemplos palpables de que la estrategia ya está en marcha. América Latina se convierte así en un tablero de competencia real. 

¿Aspectos positivos? 

El renovado compromiso de EEUU con la región podría ser positivo si contribuye a consolidar la democracia, el Estado de derecho y una economía de mercado robusta. La estrategia estadounidense es tajante en su rechazo a la presencia de China, Rusia e Irán en el continente, considerando sus actividades como amenazas directas. No obstante, el documento omite un reconocimiento positivo al papel de Europa en la región. Indirectamente, Europa es considerada socia en la medida en que su actuación no entre en conflicto con los intereses de Washington. 

Ante este escenario, Europa y América Latina comparten raíces históricas, culturales y filosóficas. La visión de democracia y Estado de derecho es, en gran medida, un patrimonio común a ambos lados del Atlántico. En un mundo dominado por grandes potencias que desconfían del multilateralismo, la alianza euro-latinoamericana puede convertirse en un contrapeso relevante. Por tanto, parece que el contexto apremia el momento de que ambas regiones profundicen su cooperación, apoyándose en valores compartidos y defendiendo un orden mundial basado en normas y reglas internacionales. 

En definitiva, el renovado interés estadounidense puede abrir puertas, pero exige a América Latina y a Europa actuar con realismo, sin falsas expectativas y con una visión clara de sus propios intereses y valores. 

Algunas conclusiones

La NSS 2025 redefine la política exterior estadounidense con un enfoque hemisférico, pragmático y soberanista. Para América Latina, esto significa un escenario dual: oportunidades en comercio e inversión bajo esquemas de nearshoring, pero también riesgos de subordinación estratégica y tensiones por la exclusión de actores extra hemisféricos. Los países deberán equilibrar su cooperación con EEUU y preservación de autonomía, en un contexto donde la seguridad se entrelaza con economía, migración y geopolítica. Una oportunidad puede estar en profundizar el acercamiento con Europa, sin embargo, queda mucho trabajo por hacer.

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En 2025, el mapa ideológico de América Latina registró algunos cambios relevantes. De las cuatro elecciones presidenciales que hubo este año, en todas ganaron candidatos de derecha. ¿La región comenzó una nueva ola conservadora?

Para el politólogo Daniel Zovatto los movimientos se encausan en el marco del superciclo electoral (2025-2027) que abarca 11 proceso electorales presidenciales y legislativos. 

[Lee: La paradoja del “desmuteo”: más información no significa mejor información]

El triunfo de figuras relevantes para la derecha política regional como José Antonio Kast en Chile o Rodrigo Paz en Bolivia —que puso fin a dos décadas del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce— muestran que la región se encuentra ante un escenario distinto. Estas derechas intentan mostrarse más pragmáticas y han llegado al poder a lomo de la búsqueda de soluciones a problemas elementales que son responsabilidad del Estado: seguridad y economía.

Continuidad en Ecuador y Surinam

El año electoral inició en Ecuador, con la reelección de Daniel Noboa desplanzando a la candidata del correísmo Luisa González. A pesar de sus múltiples dificultades en la gestión de la crisis de violencia que azota al país y problemas en servicios públicos clave como la electricidad y el agua, Noboa logró retener el gobierno. Sin embargo, fracasó en su intención de aprobar vía referendum varias propuestas estructurales, como convocar una Asamblea Constituyente, eliminar el financiamiento público a los partidos, permitir bases militares extranjeras y reducir el tamaño del Parlamento. Este nuevo periodo representa un desafío enorme para la gestión de Noboa, un aliado de Donald Trump en la región.

Surinam también tuvo elecciones presidenciales, aunque no se considera parte de América Latina. Si bien el país se mantuvo en la izquierda, la victoria de Jennifer Simons (Partido Nacional Democrático) representó el retorno del bloque nacional-popular, desplazando al perfil más reformista y liberal del gobierno de Chan Santokhi. Es, en todo caso, una izquierda que ha estado vinculada con el chavismo en Venezuela y el castrismo en Cuba.

¿Dónde hubo giros ideológicos?

Las experiencias más llamativas para el mapa ideológico fueron los giros de la izquierda hacia la derecha. El caso más emblemático ocurrió en Bolivia, donde el triunfo de Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) abre una nueva etapa orientada a un modelo promercado, menos estatista y más favorable a la inversión privada.

En Honduras, el regreso del Partido Nacional con la victoria de Nasry Asfura refleja el desgaste del proyecto del izquierdista LIBRE y la presidenta Xiomara Castro, sobre todo por el impacto de la inseguridad y el narcotráfico.

Chile cerró el ciclo electoral de 2025 con un apabullante triunfo de José Antonio Kast sobre la comunista Jeannette Jara. La baja aprobación del gobierno de Gabriel Boric y las distintas divisiones internas y crisis de la administración nacional, sirvieron para catapultar al candidato de derecha y consolidar un avance importante en la región. Kast, además, se muestra como una figura afín a Donald Trump. En los tiempos que corren, así como ya lo ha hecho Javier Milei en Argentina, representa un alineamiento que modifica el panorama geopolítico.

Perú sigue siendo un caso excepcional, atravesado por una crisis institucional y una transición de momento sin elecciones. Tras la destitución de Dina Boluarte, la asunción interina de José Jerí y Somos Perú marca la consolidación de un perfil derechista, aunque sin mandato electoral pleno y sobre una institucionalidad profundamente debilitada.

¿Por qué tanto cambio político?

El bajo crecimiento económico, la inflación persistente y el endeudamiento elevado han debilitado la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas sociales. Al mismo tiempo, la creciente dependencia del comercio global ha vuelto a las economías latinoamericanas más vulnerables a los vaivenes externos, generando frustración en amplios sectores de la población.

A esta fragilidad se suma un segundo factor decisivo que ayuda a comprender los cambios del mapa ideológico: la expansión del crimen organizado, el narcotráfico y el aumento de la violencia urbana se han convertido en uno de los factores más decisivos del cambio político. En numerosos países, la inseguridad ha pasado a dominar la agenda electoral y ha favorecido discursos de mano dura, orden y control.

Sobre este telón actúan problemas de la corrupción estructural, junto con la desigualdad social y la debilidad de los servicios públicos, que ha profundizado el descontento ciudadano. Esta combinación de malestar social, pérdida de confianza institucional y fatiga política ha impulsado el voto de castigo y la búsqueda de alternativas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.

Avance de la derecha

En el balance regional de 2025 se evidencia el fortalecimiento de las llamadas “nuevas derechas” en varios países. Se trata de fuerzas políticas que combinan un discurso de orden y seguridad, la promesa de mano dura contra el crimen y el narcotráfico, un perfil económicamente liberal y una retórica que puede versar, dependiendo del caso, entre la antipolítica, anticorrupción y antiélites. A diferencia de las derechas tradicionales, estos proyectos no siempre se estructuran en partidos históricos, sino que suelen adoptar formas personalistas, populistas o disruptivas. Por ejemplo, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador o Daniel Noboa en Ecuador.

Para el politólogo Zovatto, hay tres elementos a considerar al analizar los giros ideológicos u alternancias: la gestión de los gobiernos (premiados o no en las urnas), la capacidad de la oposición para percibirse como una alternativa real y los cambios en las agendas ciudadanas (que hoy preferencia la agenda conservadora).

Al mismo tiempo, la izquierda atraviesa una crisis profunda. La socialdemocracia y los sectores identificados con el progresismo han perdido capacidad de movilización y de seducción, especialmente entre los sectores populares.

En definitiva el mapa ideológico de la región se movió hacia un escenario marcadamente polarizado, caracterizado por el enfrentamiento entre proyectos de derecha y otros asociados a la izquierda con un perfil debilitado. La línea que hace un corte transversal es que tenemos electorados cada vez más volátiles, un debilitamiento de los partidos tradicionales y un uso intensivo de discursos emocionales, identitarios y de confrontación.

La continuación del ciclo

En 2026 habrá elecciones en Costa Rica, Colombia, Brasil y Nicaragua, mientras que en 2027 habrá presidenciales en Argentina, El Salvador y Guatemala. 

En paralelo, Donald Trump presentó su Estrategia de Seguridad Nacional y corolario de la Doctrina Monroe, documentos en los que muy explícitamente señala que está dispuesto a colaborar con gobiernos de su afinidad ideológica.

José Antonio Kast, de profesión abogado, compitió por tercera vez en una elección presidencial (2017, 2021 y 2025). En su último intento le ganó a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, con más del 58% de los votos.

Por efecto de la inscripción automática y voto obligatorio se convirtió en el presidente más votado de la historia de Chile. Tuvo 7,2 millones de preferencias electorales y una diferencia de casi 2 millones respecto a Jara. Además, participaron 5 millones de personas más que en las presidenciales de 2021.  

[Lee: ¿El fin del centro político en Chile?]

Esta contundente victoria debe matizarse considerando los resultados de la primera vuelta. En la de 2021, con voto voluntario, Gabriel Boric tuvo menos del 26% de los votos y la aprobación promedio durante su gestión estuvo cerca del 30%. Ahora, Kast consiguió el 23,9%, y entre noviembre y diciembre subió más de 4 millones de votos. Esto implica que la mayoría de su electorado del domingo se compone por personas que en primera vuelta se inclinaron por otras opciones. Este dato es clave para analizar la adhesión y la firmeza de ese vínculo a lo largo de su mandato.

De todas formas, el triunfo de Kast fue categórico: se impuso en todas las regiones y en más del 90% de las comunas del país.

¿El nuevo clivaje?

Una de las palabras más utilizadas durante la campaña presidencial ha sido el concepto de “clivaje”, que intenta explicar el comportamiento de actores y electores. Históricamente, el desarrollo y la competencia del sistema de partidos en Chile se puede estructurar en base al conflicto iglesia/Estado, de clases urbano y de clases rural. A fines de los ochenta, surge una nueva diferenciación autoritarismo/democracia que se habría mantenido vigente durante las últimas décadas.

Sin embargo, el plebiscito para aprobar o no la propuesta de nueva Constitución en 2022, de carácter refundacional, que fue apoyada los sectores más duros de la izquierda y que terminó con el 62% de rechazo por parte de la ciudadanía, habría significado no solo una derrota para el gobierno de Boric, si no que un hito en la reconfiguración del sistema político nacional, con fuerzas políticas agrupadas en torno a esas posiciones o categorías.

Así, fuerzas de centroizquierda se movieron hacia al centro político y formaron alianzas con partidos de derecha para las pasadas elecciones legislativas. Y en la presidencial apoyaron en primera vuelta a Evelyn Matthei y en el balotaje a Kast. 

Con los resultados de la elección, estudios preliminares (Faro UDD) indican que habría una alta relación entre los votos del rechazo 2022 y los votos en segunda vuelta de Kast en 2025.

El desafío de las derechas

En este contexto, al presidente electo le tocará gobernar sin mayoría propia en el Congreso y deberá formar alianzas políticas o coyunturales según la agenda. Las primeras palabras del presidente electo invitan a pensar en formas de cooperación a nivel de gobierno o legislativo entre la nueva derecha y la derecha más tradicional. Pero falta mayor reflexión y debate en ambos sectores.

Con todo, es preciso indicar que José Antonio Kast no es un actor político nuevo. Surgido desde uno de los dos partidos tradicionales de la derecha, creó su propio espacio ante su disconformidad por el rumbo de esas organizaciones. A lo largo de estos años ha mostrado vocación opositora. Ahora deberá tener la capacidad para gobernar y formar mayorías, con un congreso fragmentado y en un contexto económico difícil.

¿Quién es José Antonio Kast?

Anteriormente, Kast fue concejal entre 1996 y 2000. Luego ejerció como diputado durante cuatro períodos consecutivos entre 2002 y 2018, como militante del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI). En dos ocasiones intentó sin éxito ser presidente de la UDI. Desde el Congreso Nacional destacó como un firme detractor de las reformas educacional y tributaria que impulsó el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018).

Renunció a la UDI en 2016 y en 2018 formó el movimiento Acción Republicana que terminaría desembocando en la creación del Partido Republicano en 2020, que encabezó hasta 2022. En 2020, dicho partido se declaró como oposición al gobierno del centroderechista Sebastián Piñera con fuertes críticas por su actuación en el estallido social y por dar inicio al proceso constitucional. Para las recientes elecciones legislativas de este año, Republicanos hizo alianza con el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, obteniendo más de un cuarto de la Cámara de Diputados, y compitiendo contra la derecha tradicional de Chile Vamos. 

Luego de perder ante Gabriel Boric en 2021, Kast quedó situado como una de las posibles cartas de la oposición para competir en esta elección presidencial. No obstante, que el partido Republicano liderara el segundo proceso constitucional en 2023 tuvo costos y su imagen se vio afectada. Hasta que a mediados de este año comenzó a repuntar en las encuestas, superando a los otros candidatos de las derechas (Matthei y Kaiser).

A diferencia de su anterior postulación, en esta oportunidad evitó entrar en los denominados temas valóricos. Enfocó su campaña en la idea de un “gobierno de emergencia” para enfrentar las crisis que vive el país en materia de seguridad, inmigración y economía. Sus posiciones más conservadoras quedaron relegadas a un segundo plano y no se movió de ese discurso a pesar de que sus rivales intentaron llevarlo a ese terreno.

Hitos republicanos

Finalmente, es importante mencionar que la elección se desarrolló sin mayores problemas y los primeros cómputos se empezaron a conocer transcurrida menos de una hora desde que cerraron las mesas de votación. Los resultados definitivos llegaron con rapidez, la candidata oficialista reconoció su derrota y el presidente Boric saludó por teléfono al presidente electo. Hubo un encuentro privado entre los dos candidatos y Kast cerró el día con un discurso desde su comando. A la mañana siguiente, Boric le hizo un recorrido a Kast por el palacio de La Moneda. Nuevamente la democracia chilena y su institucionalidad electoral demostró su fortaleza y este tipo de gestos la refuerzan.

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Chile cerró una jornada electoral que marca un giro significativo respecto al gobierno del presidente saliente, Gabriel Boric. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso con más del 58% de los votos frente a la exministra de Estado del Partido Comunista, Jeannette Jara, que obtuvo alrededor del 41%, según el escrutinio casi completado.

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Kast, conocido por su discurso firme en torno a la seguridad pública, control migratorio y una agenda claramente conservadora, se convierte en el presidente más inclinado hacia la derecha desde el retorno a la democracia en 1990. Su triunfo ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana por delitos violentos y presión migratoria, temas que dominaron el debate público de la campaña electoral.

Impacto del voto obligatorio

Las elecciones presidenciales de 2025 fueron además la tercera experiencia nacional consecutiva en Chile bajo el régimen de voto obligatorio, reinstaurado en 2022 tras una década de sufragio voluntario. La medida modificó el mapa electoral: la participación superó por cinco millones de electores la votación presidencial de 2021, incorporando a sectores históricamente más alejados de la política institucional.

En 2021, Boric superó a Kast en la segunda vuelta electoral por casi 10% de los votos; con 55,87% ante 44,13%. Ahora, el conservador duplicó la diferencia ante Jara y revertió la tendencia hacia la derecha.

Este electorado ampliado, menos politizado, respondió a las preocupaciones inmediatas como la seguridad, el costo de vida y la migración. Por lo que el impacto del voto obligatorio es una de las claves que explica el triunfo Kast. A diferencia de elecciones anteriores, la campaña no se disputó únicamente en el eje izquierda-derecha tradicional, sino también en la capacidad de interpelar a votantes obligados a concurrir a las urnas, muchos de ellos con escasa identificación partidaria.

Escenario parlamentario

El gobierno de Kast enfrentará un Parlamento fragmentado y una oposición debilitada, pero con sectores que buscarán reposicionarse.

En Diputados, la cámara estará compuesta por un número significativo de escaños para partidos de derecha (Chile Grande y Unido y Cambio por Chile) u oposición a Unidad por Chile, la alianza progresista. Sin embargo, sectores como el Partido de la Gente pueden actuar como bancadas bisagra. En el Senado, los escaños quedaron más equilibrados entre fuerzas de derecha y de centroizquierda, sin una mayoría clara.

En principio, la derecha tendría cierta ventaja, aunque no suficiente como para controlar sin negociar. El Parlamento estará fragmentado, con más de 10 partidos y varios grupos que deberán buscar acuerdos para avanzar.

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El próximo año, Paraguay tendrá elecciones municipales. Y, aunque parezca un aspecto menor en la política regional, para los partidos políticos locales es importante cambiar la correlación de fuerzas para generar alternancia en el poder. 

El Partido Colorado de Paraguay, del presidente Santiago Peña, lleva más de 70 años de hegemonía. En ese contexto, las municipales son la prueba estratégica previa a las presidenciales de 2028 para agrupaciones como Patria Querida. El partido nació hace 25 años como una alternativa a los partidos tradicionales paraguayos, el Partido Colorado y el Partido Liberal. 

Stephan Rasmussen, presidente de Patria Querida y exsenador nacional, explicó a Diálogo Político que el foco estratégico está en “unificar la oposición”, dado que el sistema político paraguayo no tiene instancia de segunda vuelta electoral. 

Para el dirigente, el principal desafío de Paraguay es la alternancia del Partido Colorado, que, manifiesta, es liderado no por Peña, si no, por el presidente del partido, Horacio Cartes.

Romper la hegemonía

¿Cómo se para Patria Querida ante la hegemonía del Partido Colorado? 

—El Partido Colorado está en el poder desde hace 70 años; 35 años de dictadura (1954 al 1989) y casi ya 35 años desde el retorno de la democracia. Hubo un período en el que ganó la oposición, del 2008 al 2013. El principal desafío político de Paraguay es justamente la alternancia. Que un partido esté tantos años en el poder no es saludable ni para el país, ni para la democracia, ni para el partido político mismo.  

De cara a las elecciones municipales de 2026, en Patria Querida estamos cambiando la estrategia. Estamos buscando articular a todos los espacios democráticos fuera del Partido Colorado para hacer un frente electoral. En Paraguay no tenemos balotaje. Una presidencia se puede ganar con, por ejemplo, 35% de los votos. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales, en 2023, las dos fuerzas opositoras tuvieron más votos que el Partido Colorado. Pero, como no hay balotaje y no se llegó a un acuerdo entre la oposición, ganó nuevamente el Partido Colorado. 

Estamos tratando de que toda la oposición esté unida. Actualmente, somos cerca de 15 grupos, entre partidos, movimientos y sectores políticos. Entonces, la idea es llegar con una lista unificada de junta municipal, de concejales, y tener un solo candidato a intendente municipal. Esa es la forma que podemos hacer frente al Partido Colorado. Además, la persona que más mide hoy en las encuestas creemos que puede hacer un buen gobierno municipal. No es solamente ganar por ganar, o la alternancia por la alternancia. Hay que encontrar referentes políticos que, llegando al poder, puedan hacer una mejor gestión. 

¿Hay algún nombre específico?

—La persona que más mide hoy es Soledad Núñez, un perfil joven, que, de hecho, fue candidata a vicepresidenta de la república por la oposición en las últimas elecciones. Hay también otros candidatos. Pero estamos buscando la forma de llegar con una candidatura única. 

A veces la dificultad de las coaliciones es lograr que, luego, las alianzas electorales aseguren gobernabilidad. ¿Cómo son las divergencias internas?

—Generalmente, las alianzas electorales se hacen dos o tres meses antes de las votaciones. Y nosotros comenzamos a dialogar dos años antes. Eso tiene su pro y su contra, porque hay bastante desgaste. Pero, por el lado positivo, yo creo que se va ganando cohesión y confianza entre los actores. Entonces, eso es fundamental para después poder tener gobernabilidad.

Ser oposición ante poder concentrado

Como partido joven, entre lo tradicional y lo nuevo, ¿qué representa Patria Querida?

—Yo creo que es un desafío muy grande que un partido político sobreviva en el tiempo. Cuando el fundador del partido, Pedro Fadul candidato a presidente en dos períodos, comenzó a alejarse de la política, planteaba que el partido desapareciera. Muchos partidos caen en esa en esa muerte infantil. No pueden hacer permanecer los valores, y mucha gente comienza a utilizarlos para canalizar aspiraciones electorales. 

En Patria Querida logramos que esos valores se mantengan; honestidad, solidaridad, trabajo por el bien común. Pero, sobre todo, del tema de la honestidad y de hacer una política de manera diferente. No servirse de la política, sino servir a través de la política. Yo creo que ese es un desafío permanente que tenemos en el partido.

¿Cuál es la principal crítica hacia el Partido Colorado hoy?

—El Partido Colorado fue mutando en los últimos 30 años. Actualmente, hay una situación particular, porque quien realmente gobierna Paraguay no es el presidente de la república, sino el presidente del partido, el expresidente Horacio Cartes. Durante su presidencia (2013-2018) intentó cambiar la constitución vía una enmienda inconstitucional. De hecho, se quemó el Congreso, o sea, hubo manifestaciones muy importantes. Planeaba ser reelecto, una persona bastante autoritaria. Como no pudo cambiar la constitución, finalmente entró la disidencia colorada a la presidencia en 2018, el expresidente Mario Abdo Benítez. En 2023 volvieron a ganar con Santiago Peña, que lastimosamente no tiene autonomía ni autoridad. Eso es muy peligroso porque quien gobierna no tiene que dar la cara, entonces toman decisiones fuera de las instituciones que se tienen.

Política exterior

América Latina está muy influenciada China y Estados Unidos, y Paraguay reconoce a Taiwán como Estado. ¿Cómo queda su posición internacional? 

—Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China porque reconoce a Taiwán como Estado. Y la presencia diplomática de China-Taiwán es muy importante en el Ejecutivo, en el Legislativo. De hecho ahora el presidente de la República en la Asamblea de Naciones Unidas pidió que China-Taiwán tenga un lugar en Naciones Unidas como Estado. Esa es la línea histórica de Paraguay. Hay obviamente siempre varias discusiones respecto a si hay que cambiar o no. 

¿Le es conveniente?

—Económicamente Paraguay tiene mucho mercado de exportación, y mucha sale a través de Uruguay. Los principales productos son la soja y la carne vacuna. Y tiene mucho mercado ahora. Rusia era un comprador importante de carne; Chile; también se abrió un mercado en Estados Unidos. 

En una opinión personal, no creo que China tenga mucho interés ni mucho beneficio directo para hacer ese cambio. Ellos obligan romper relaciones diplomáticas con Taiwán y no reconocerle como Estado para comerciar. Además la línea diplomática de Paraguay se basa también en los valores de la democracia y de las libertades. Entonces no es simplemente un tema de cambiar de equipo, es una cuestión mucho más profunda. 

[Lee: El comercio se impone a la política en el acuerdo UE-Mercosur]

¿Cómo ves el rol del Mercosur en este momento de reconfiguración geopolítica y ante la posible firma del acuerdo con la Unión Europea?

—Lastimosamente el Mercosur quedó como una gran promesa, respecto a cuando se firmó el primer tratado. Se esperaba libre comercio, se esperaba libre circulación de las personas, inclusive en algún momento una misma moneda; lo finalmente pasó con la Unión Europea. Pero yo creo que es el camino. Hay que seguir insistiendo en tener un comercio mucho más fluido. Creo que sería muy beneficioso para los pueblos, para los ciudadanos, bajar las barreras arancelarias, y también de circulación de personas. 

Comercio y expansión

Este año Brasil firmó un memorando con China para analizar hacer un corredor bioceánico hasta Perú. A su vez, existe otro proyecto similar, conocido como corredor Capricornio, que atraviesa Paraguay. ¿En qué situación se encuentra esto? 

—Sí, de hecho hace hace varios años se está preparando ese corredor bioceánico, que es una ruta asfáltica. Se invirtió cerca de 500 millones de dólares y pasa por el Chaco paraguayo con frontera en Brasil, en Puerto Montiño, pasa hasta Argentina y termina en Chile. Es algo que está en desarrollo, la mitad del tramo ya se concluyó y ahora se está trabajando en el otro tramo. Es un tema que lleva varios años, pero se está trabajando.

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¿Se estima cuándo podría estar listo? 

—Estimo que en dos o tres años. No sé cómo están las negociaciones después de la logística; si habrá un problema por ejemplo en China por pasar por Paraguay. La parte de la negociación geopolítica la deconozco. Pero el tramo está y se está trabajando. De hecho, se amplió una ruta que va justo antes de Asunción al Chaco, por montos importantes para Paraguay. 

¿Cuál es el potencial de Paraguay para la región? 

—Paraguay creció mucho en las últimas décadas. Tenemos alguna fortaleza: macroeconomía muy importante, una moneda que no se devalúa, una inflación controlada entre el 3% y 5% hace más de una década. La exportación es importante y mejoró toda la parte productiva, sobre todo la agroganadera. Se están recibiendo muchas inversiones de toda Latinoamérica, sobre todo de Argentina, Brasil y Uruguay, en inversiones inmobiliarias y también ganaderas y agrícolas. Pero yo creo que tenemos que seguir profundizando esa integración, para que lleguen más inversores y haya mayor comunicación.

Lo otro muy importante es todo el tema de seguridad jurídica; que funcionen las instituciones, las empresas, el derecho. 

Un déficit importante son las conexiones aéreas, es terrible. Tenemos un aeropuerto que tiene 60 años y hace rato se habla de uno nuevo, que nunca se hace por mezquindades políticas. Pero tenemos un gran potencial, un gran potencial que todavía no lo explotamos de todo.

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En América Latina existe una paradoja inquietante: líderes electos democráticamente han concentrado poder, debilitado instituciones y restringido libertades mientras sostenían altos niveles de apoyo popular. De Bukele a Chávez, y de López Obrador a Bolsonaro. Al mismo tiempo, países con instituciones democráticas consolidadas, como Chile, atraviesan profundas crisis de insatisfacción con la democracia. ¿Cómo entender esta desconexión entre el andamiaje institucional y la satisfacción ciudadana?

Parte de la respuesta está en las expectativas que la ciudadanía tiene sobre la democracia, así como lo que entiende de esta. Una democracia puede cumplir con las reglas electorales y aun así generar desencanto si fracasa en producir justicia, inclusión o aspectos más sustantivos como la igualdad. Y al revés: un gobierno que viola límites constitucionales puede conservar apoyo si promete orden, protección o redistribución.

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Esto revela una encuesta a 432 líderes sociales y comunitarios de diez países en América Latina y la región amazónica del Observatorio para la Democracia en América Latina, de la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina (AUSJAL). En la encuesta se preguntó sobre sus ideas, valoraciones y expectativas de la democracia y sus instituciones a lideres sociales, por ser actores clave en la mediación entre ciudadanía e instituciones y también porque suelen percibir antes que nadie las fracturas y las posibilidades del sistema político.

Democracia: lo que se espera y lo que se tiene

Antes de evaluar el apoyo a la democracia surge una pregunta inevitable: ¿de qué democracia estamos hablando? El término admite múltiples definiciones, no siempre compatibles entre sí. Por ello es importante saber qué entienden las y los líderes cuando hablan de democracia para saber qué esperan de ella.

Para los líderes sociales, la primera palabra asociada con la democracia ofrece una radiografía elocuente. La participación aparece como el núcleo de la democracia. Pero también destacan la libertad, en especial la libertad de expresión, así como la igualdad, justicia, derechos, el bien común y el diálogo. Es decir, para estos liderazgos, la democracia es un arreglo sustantivo que debe garantizar derechos, generar inclusión y permitir que la ciudadanía influya de forma real en las decisiones públicas.

Este mapa conceptual revela un punto crucial: los liderazgos sociales latinoamericanos tienen una visión exigente y sustantiva de la democracia, que va más allá de sus dimensiones electorales y que mide su calidad por los resultados que produce para la sociedad. Entender esta mirada es clave para interpretar tanto el tipo de apoyo como las críticas que formulan hacia el funcionamiento de las democracias en la región. La ciudadanía no ha renunciado a la democracia. Ha renunciado a creer que basta con votar.

La dimensión más valorada es también la más incumplida

El énfasis en aspectos sustantivos como la participación, la justicia, las libertades o la igualdad contrastan con el enfoque dominante en buena parte de la literatura académica y del discurso político, que suele definir la democracia como competencia electoral. Entre los liderazgos sociales, en cambio, las nociones más institucionales tienen una presencia mínima. Por ejemplo, apenas el 13% de las y los encuestados mencionó las “elecciones libres y competidas” como la mejor descripción de una “verdadera democracia”. Sin embargo, cuando se les preguntó qué tipo de democracia existe en sus países, las respuestas son contrastantes: 63% considera que viven en una democracia principalmente electoral. Solo 16,5% cree que se trata de una democracia participativa. Un 8% es altamente crítico y afirma que su país ninguno de los dos tipos. Esto último se verificó sobre todo para el caso de Venezuela y El Salvador.

A partir de estos hallazgos, emerge una conclusión inquietante: en buena parte de la región hay democracias que cumplen los procedimientos electorales hasta cierto punto y fallan en sus promesas sustantivas. Son democracias que preservan elecciones, pero no garantizan derechos, que reconocen a los ciudadanos en la ley, pero no en la experiencia cotidiana. Así, la mayoría (63,7%) de los líderes sociales encuestados afirman que las democracias que existen en sus países son “democracias con grandes problemas”, mientras que casi un cuarto (23%) afirma que “no es realmente una democracia”.

Estas evaluaciones y expectativas “incumplidas” de la democracia se convierten en un  terreno fértil para la seducción autoritaria, que promete soluciones rápidas donde las instituciones democráticas parecen no haber respondido.

Cerrar la brecha: agenda desde la ciudadanía

Si se quiere revertir el actual proceso de erosión democrática en América Latina se debe tomar en serio las expectativas ciudadanas. La democracia electoral es indispensable, pero no es suficiente. Si la democracia no garantiza libertades, justicia, participación, igualdad, otros actores —a menudo autoritarios y populistas— ocuparán ese vacío prometiendo satisfacer esos reclamos. Los líderes sociales entrevistados no reclaman un retorno a modelos populistas ni una ruptura del orden constitucional. Reclaman una democracia más sustantiva, que no se agote en la competencia por el poder, sino que se exprese en el acceso real a derechos y libertades.

La defensa de la democracia no puede seguir descansando únicamente en el diseño institucional. Debe conectar con las expectativas y prácticas cotidianas de quienes sostienen la vida social. Reconstruir la confianza democrática exige fortalecer canales de participación real, garantizar justicia accesible y equitativa, proteger libertades en contextos de inseguridad y polarización y construir Estados capaces de responder efectivamente. Esa es la democracia que los líderes sociales defienden. Esa es la democracia que la región aún tiene pendiente.

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Entre 1870 y 1930, alrededor de 13 millones de europeos emigraron a América Latina en busca de nuevas oportunidades. Italianos, españoles, portugueses y alemanes llegaron en masa a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, huyendo de la pobreza y la inestabilidad política que caracterizaban al continente europeo en el período posindustrial. Estos flujos contribuyeron de manera decisiva a la formación de las economías y sociedades latinoamericanas, generando dinastías empresariales, industrias básicas y redes comerciales que se convirtieron en pilares del desarrollo regional de estos países.

Hoy, sin embargo, el vector histórico se invierte. Europa envejece y necesita nuevas manos, mientras que América Latina madura y forma profesionales altamente cualificados. El continente europeo, en particular Alemania, España, Portugal e Italia, se enfrenta a un déficit creciente de trabajadores. Se estima que, para 2035, Alemania, por ejemplo, necesitará siete millones de nuevos profesionales solo para mantener su nivel actual de productividad .

En este contexto, abrir las puertas a la inmigración latinoamericana no es solo una medida pragmática, sino una respuesta histórica. Un siglo después, las corrientes migratorias podrían fluir en sentido inverso, esta vez llevando a Europa no a los desposeídos de la era industrial, sino a sus descendientes que un día fueron acogidos al otro lado del Atlántico.

El envejecimiento pide jóvenes

Los datos de Eurostat (2024) indican que más del 21,3% de la población de la Unión Europea tiene 65 años o más. La edad media del bloque supera los 44 años, y las proyecciones muestran que, para 2050, habrá dos personas mayores por cada joven en edad de trabajar en la Península Ibérica e Italia.

Esta tendencia plantea profundos retos a los sistemas de seguridad social, la productividad y la sostenibilidad fiscal de los Estados. El Banco Central Europeo advierte que, sin una ampliación de la mano de obra extranjera, la economía europea podría perder hasta un punto porcentual de crecimiento anual en las próximas dos décadas.

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Por lo tanto, la inmigración no debería considerarse un dilema moral, sino un instrumento de política económica. El problema es que las políticas migratorias de la UE son excesivamente restrictivas y fragmentadas, centradas en barreras administrativas y criterios que privilegian a los profesionales de países anglófonos o asiáticos, descuidando el potencial de América Latina.

Valores comunes

La inmigración latinoamericana presenta una ventaja comparativa que rara vez se destaca: la proximidad cultural y lingüística con una parte importante de Europa. El portugués, el español, el italiano y el francés derivan de raíces latinas comunes. Las sociedades latina y europea comparten una matriz de valores similares, además de la tradición humanista y democrática. Una rara excepción en este contexto es Alemania, que ya cuenta con una legislación abierta a los inmigrantes, pero que sufre la barrera del idioma.

Estos elementos reducen las barreras de integración de los inmigrantes en la sociedad y facilitan la acogida social, minimizando las resistencias internas que, en otros contextos, han alimentado tensiones políticas y discursos xenófobos. Además, hay una dimensión genealógica a tener en cuenta: millones de latinoamericanos son descendientes directos de ciudadanos europeos y, en muchos casos, ya tienen doble nacionalidad, lo que favorece su inserción en el mercado laboral formal.

Estas características confieren a la inmigración latina un carácter de retorno histórico y no de desplazamiento externo, sino de reaproximación a la herencia civilizacional europea. La integración, en este caso, es más fluida, simbólica y políticamente sostenible.

América Latina es una región con un capital humano infrautilizado. El Banco Mundial (2023) señala que más del 40% de los profesionales cualificados latinoamericanos trabajan en áreas de menor complejidad debido a la escasez de oportunidades. En Brasil, casi el 60% de los ingenieros no trabajan en el área en la que se formaron.

Al desbloquear las políticas de movilidad laboral y atraer a estos profesionales, la Unión Europea ganaría un contingente de trabajadores listos para contribuir en sectores estratégicos: desde la transición energética hasta la digitalización industrial. Países como España, Portugal y Alemania ya han iniciado programas piloto de reconocimiento de títulos latinoamericanos, pero aún a una escala muy tímida. Si se institucionalizara, un Acuerdo Transatlántico de Movilidad Laboral UE-América Latina podría beneficiar a ambas partes. Europa satisfaría su demanda demográfica y América Latina encontraría una nueva vía de ascenso social y profesional, reduciendo también sus tasas de desempleo y subempleo cualificado.

Estrategia de reequilibrio geopolítico

En el panorama internacional contemporáneo, la relación entre Europa y América Latina cobra nueva relevancia. El fortalecimiento de los lazos entre ambas regiones es una estrategia de reequilibrio geopolítico, sobre todo ante la expansión oriental y la creciente influencia de las potencias asiáticas y de Oriente Medio.

La presencia de latinoamericanos integrados en las sociedades europeas crea puentes diplomáticos y culturales que amplían el alcance de las políticas exteriores del Viejo Continente. Estos grupos actúan como mediadores naturales: conocen las dinámicas locales, los mercados emergentes y las complejidades sociales latinoamericanas. En otras palabras, la inmigración latina no es solo una política laboral, sino un instrumento de poder blando.

Al igual que los inmigrantes europeos ayudaron a moldear nuestro capitalismo, los latinoamericanos pueden ahora revitalizar la economía y el espíritu europeo, en un nuevo pacto atlántico de prosperidad mutua, con beneficios para ambas partes.

Al abrirse a la inmigración latina, la UE no solo responderá a un imperativo económico. También reafirmará su vocación humanista y su vínculo con un mundo que ayudó a formar. Se trata de una política de futuro, anclada en el pasado, capaz de unir eficiencia, solidaridad e identidad. Es hora de que Europa ofrezca a sus descendientes latinoamericanos la oportunidad de participar en la reconstrucción del continente. Al fin y al cabo, también es suyo. Lo que antes era el camino de la partida, ahora se convierte en el camino del reencuentro.

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En el último Congreso IDC-DCI, tres nombres concentraron los reflectores: el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, el presidente del Partido Social Democrático de Brasil, Gilberto Kassab, y el secretario de Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. Entre paneles de discusión y entrevistas colectivas, las tres referencias en centro y centroderecha conversaron con Diálogo Político, en una entrevista que se transformó en un diálogo sobre el futuro de la centroderecha latinoamericana.

Gilberto Kassab fue alcalde de São Paulo, la mayor ciudad de América Latina, ministro de Estado y se consolidó como el nombre de la centroderecha brasileña. Su partido, el PSD, nunca eligió un presidente de Brasil desde que fue fundado en 2011, pero no existe gobierno sin que el partido esté en la base. Kassab es uno de los nombres de la gobernabilidad brasileña y, por eso, es categórico al decir que no existe el «fin del centro» en la región. En las elecciones municipales del año pasado en Brasil, el 80% de los alcaldes electos eran de centro, centroizquierda y centroderecha. El propio PSD, de centroderecha, eligió casi mil alcaldes y hoy ya tiene 1.300. El espacio crece.

Él es corroborado por el expresidente, diplomático y miembro del Partido Conservador Colombiano, Andrés Pastrana. «Es el centro el que está definiendo las elecciones en América Latina», dice. Pastrana ejemplifica con las elecciones de este año en Chile, donde fueron al segundo turno la comunista Jeannette Jara y el candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Para vencer, será necesario conquistar los votos valiosos de los candidatos moderados que quedaron fuera de la disputa final. «Kast tiene 58% de los votos por causa del centro. Quien conquiste el centro ganará las elecciones», razona.

Kassab asiente mientras escucha y añade otro ejemplo: las elecciones presidenciales brasileñas. «Jair Bolsonaro se eligió en 2018 con el centro golpeando al PT. Lula volvió al poder en 2022 con el centro, agregó a Geraldo Alckmin, que tiene esa imagen de centrista, y llevó los votos del centro. Ahora, de nuevo, quien lleve el centro ganará la elección».

El actual secretario especial de Proyectos Estratégicos del Estado de São Paulo y exministro, Guilherme Afif Domingos, coincide. Afirma que, históricamente, Brasil es un país que rechaza los extremos y obliga a cualquier fuerza extremista a ceder a la moderación. «Brasil siempre busca la conciliación», dice el secretario. «Y ahora la tendencia hacia una centroderecha tiene mucha más fuerza, porque hay una revuelta de la sociedad contra el exceso de Estado. Con exceso de Estado me refiero a más impuestos. Hay una cierta ansia por mejor legitimidad de representación. Había una fuerte tendencia que estaba a la izquierda, que fue al centro y que ahora camina hacia la centroderecha», reflexiona.

Regionalización de la centroderecha

La conversación con DP se dio en medio del encuentro del IDC-DCI (Internacional Demócrata de Centro) y el Foro Concertación Democrática organizado en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer, en el hotel Renaissance, en São Paulo. Un evento, según los tres políticos, que promueve la integración regional de las centroderechas latinoamericanas y mundiales.

«El Centro Internacional para la Democracia reúne 113 partidos de más de 80 países. Por lo tanto, no es solo una organización regional, sino global», celebra Pastrana. «Creo que es la organización política más importante del mundo actualmente, justamente por lo que representamos. En nuestra organización, no hay solo un partido en muchos países; hay dos o tres partidos, como en el caso de Colombia, que comparten los mismos principios y valores en apoyo y defensa de la democracia».

«El objetivo del foro era comenzar a reflexionar hacia dónde vamos, qué podemos hacer y qué necesitamos cambiar para crear alternativas políticas eficaces. Y creo que ya estamos viendo eso en la región’, completa el exlíder colombiano.

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El evento contó con representantes de partidos de centroderecha no solo de América Latina. Hubo participantes de Indonesia, España, Bulgaria y República Checa. Pastrana también destaca la presencia de partidos diversos en términos religiosos. Aunque comenzó como una organización cristiana, el grupo hoy congrega partidos de identificación budista y musulmana. «Esos diferentes partidos se sientan para pensar cuáles principios y valores nos unen y nos identifican para presentarnos como una alternativa al mundo, que es de hecho lo que queremos hacer», concluye el expresidente.

Guilherme Afif Domingos añade que este es el momento en el que el péndulo ideológico mundial está nuevamente apuntando hacia la centroderecha y es el momento de aprovecharlo. «Se agotó el modelo del socialismo y de la propia socialdemocracia», dice.

Kassab recuerda que recientemente, una investigación conducida por el think tank More in Common en asociación con Quaest mostró que la mayoría de los brasileños no se identifica con los extremos y está en contra de la polarización. Según el estudio, el 54% de los brasileños dicen no identificarse ni con la derecha ni con la izquierda. «Una tendencia mundial», completa Afif Domingos. El estudio, sin embargo, resalta que no identificarse con ninguno de los dos polos no significa que estos 54% sean de centro, sino que son identificados como «invisibles«, como si estuvieran fuera de las disputas ideológicas.

Reconquistar la juventud

Para la centroderecha, una preocupación es el rescate de los jóvenes. Hoy, la juventud, especialmente su parcela masculina, es la que más se involucra en movimientos extremos. La campaña del presidente de Argentina, Javier Milei, fue casi enteramente conducida por jóvenes. En Estados Unidos, los jóvenes han llevado al Partido Republicano más a las profundidades del trumpismo.

«El joven vive hoy en un mundo muy diferente del que vivimos, que es el mundo digital«, dice Afif Domingos señalando a los tres caciques de la política. «Ellos tienen una increíble facilidad de asimilar tecnología diferente a nuestras generaciones. Solo que hoy los jóvenes carecen de visión estratégica«.

«Es necesaria una alianza de los más jóvenes con los más viejos. Esa convivencia es muy importante en la atracción de los jóvenes. Ya no se ve al joven yendo a la calle por cualquier causa. Está más preparado y más consciente de que ya fue usado otras veces y no quiere ser usado más. Veo con mucho optimismo el trabajo que tenemos que hacer con los jóvenes para que se conviertan en seres agregados», completa el secretario.

Pastrana hace una lista de lo que debe hacerse para atraer a los jóvenes. Primero, modernizar los partidos políticos. Otro punto es invertir en la capacitación de los jóvenes para entrar en la política. «Y en ese aspecto es fundamental el trabajo de las fundaciones, como la Konrad Adenauer», señala. El siguiente ítem es evaluar el financiamiento estatal en las campañas. «La política se ha vuelto tan cara que es imposible para un joven entrar. Un joven que quiere ser concejal o diputado federal, y estoy hablando específicamente de Colombia, necesita muchos recursos para publicidad, vallas, camisetas y material de campaña. ¿Quién proporciona esos recursos? El narcotráfico», continúa. Por último, el expresidente señala la necesidad de que los partidos tradicionales vuelvan a dominar la comunicación y las redes digitales. «Un discurso de más de un minuto y medio o dos minutos en Instagram o TikTok no surte efecto. El mensaje no llega», completa.

Para finalizar la conversación antes de dirigirse al segundo panel del foro, Afif recuerda que conoció a Gilberto Kassab cuando le dio al hoy bastión de la política brasileña una oportunidad cuando él aún era muy joven y participaba en un grupo de jóvenes emprendedores de una asociación comercial. «La experiencia en la entidad hizo que él, con su talento político, se desarrollara para convertirse en un político nacional de verdad, pero comenzó allí en la juventud», afirma Afif. Kassab asiente y completa con una sonrisa: «Eso es oportunidad».

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El libro Por qué fracasan los presidentes (Why Presidents Fail, 2024) de Christopher Martínez se adentra en una de las preguntas más persistentes de la ciencia política latinoamericana: ¿por qué algunos mandatarios logran completar su mandato mientras otros son arrastrados por la crisis?

Martínez es profesor de la Universidad de Concepción en Chile . Desde hace años se dedica al estudio del poder presidencial, las crisis gubernamentales y la consolidación democrática en América Latina.

Lejos de las explicaciones anecdóticas, el autor propone un enfoque estructural que desplaza la mirada panorama hacia el sistema y se concentra en mirar el papel de los partidos políticos.

El argumento central es provocador: la supervivencia presidencial depende menos del carisma o la habilidad personal y más del grado de institucionalización del sistema de partidos. Cuando los partidos son sólidos, la cooperación prevalece sobre el conflicto. Cuando son extremadamente débiles, la caída es casi inevitable.

Lo original del libro

El hallazgo más original de Martínez es que el mayor riesgo se concentra en un punto intermedio: sistemas parcialmente institucionalizados que 1) generan incertidumbre y fragilidad, 2) donde las alianzas se deshacen con rapidez y 3) las crisis se vuelven letales.
La innovación del libro radica en combinar teoría política con herramientas analíticas poco exploradas en estudios presidenciales.

Martínez introduce modelos de análisis de supervivencia —habituales en epidemiología y biología— para medir la resistencia de las presidencias bajo condiciones de estrés político. Este enfoque permite calcular probabilidades de colapso en función de variables institucionales y contextuales, ofreciendo una lectura dinámica que supera las explicaciones estáticas tradicionales.

[Escucha: Por qué fracasan los presidentes]

Metodológicamente, el autor construye una base de datos comparada que abarca varias décadas y diversos países latinoamericanos. Aplica técnicas estadísticas avanzadas para identificar patrones invisibles a simple vista. El uso de curvas de riesgo y estimaciones temporales aporta una dimensión predictiva inédita. No solo explica por qué se produce la caída, sino cuándo es más probable que ocurra. Esta perspectiva convierte el libro en una herramienta relevante para investigadores, asesores y actores políticos que buscan anticipar vulnerabilidades y diseñar estrategias de gobernabilidad.

En tiempos de volatilidad institucional, Por qué fracasan los presidentes es doblemente valioso. Combina rigor empírico con una reflexión estratégica sobre cómo fortalecer la democracia y reducir el riesgo de crisis terminales. Una obra de interés para quienes buscan entender, y quizá prevenir, la inestabilidad presidencial en la región.

Ficha

Editorial: Stanford University Press

ISBN: 978-150-363-9560

Nº de páginas: 324

Publicación: Agosto, 2024

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La política antiinmigrante de Donald Trump marcó un giro drástico en la gestión fronteriza. Hacia el final de su primer año en la Casa Blanca el apoyo inicial de la opinión pública hoy empieza a mostrar signos de desgaste.

Una parte de la ciudadanía —que se percibe amenazada, con razones o sin ellas— empieza a trazar un límite ético: apoya el mayor control migratorio, pero rechaza la persecución del inmigrante cuando implica vulnerar garantías mínimas o degradar su condición humana.

Rechazo a los métodos extremos

Una encuesta de Harvard-Harris, conocida el mes pasado, muestra que un 44% de los estadounidenses aprueba en general la gestión de Trump. Representa una caída de ocho puntos porcentuales con relación a la misma medición de febrero pasado, el mes siguiente de la asunción a su segundo mandato, y de dos puntos respecto a setiembre.

La aprobación de Trump ahora está por debajo del 50% en todos los temas clave, aunque obtiene sus mejores valoraciones en lucha contra el crimen e inmigración, 49% y 47%, respectivamente.

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Aunque el respaldo a sus acciones en control migratorio se mantiene por encima de su aprobación general, empieza a mostrar un declive.

Tras un pico inicial por encima del 55%, el apoyo se estabilizó en torno al 50% y luego retrocedió. Esta fotografía sugiere una opinión pública que, en líneas generales, valora el retorno de control tras una etapa percibida como caótica o desbordada bajo la administración demócrata, pero que a la vez rechaza los rasgos más duros del enfoque republicano.

En ese sentido, la gestión migratoria de Trump podría estar comenzando a ser vista como cercana a un estado policíaco en materia de arrestos y deportaciones. La sociedad está marcando límites frente a los procedimientos más extremos. Que la tensión central no esté en el objetivo, sino en mecanismos concretos cuestionados por la falta de garantías básicas, revela el malestar de fondo con el estado de cosas que Trump heredó y que una parte del electorado consideraba insostenible.

Un control razonable

El termómetro social puede estar marcando un fuerte respaldo al éxito del control en los pasos de frontera calientes en los límites con México, donde el gobierno estadounidense ha logrado avances significativos, con sus niveles más bajos en 50 años. 

Y esta percepción ciudadana a favor del control migratorio razonable no nace solo del miedo, la inseguridad o la manipulación. Surge de un proceso largo, profundo y transformador que la política fue incapaz de prever y conducir.

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Es justo reconocer que el presidente demócrata Joe Biden intentó sin éxito avanzar en una ley de amplio alcance sobre inmigrantes que sufrió la parálisis de la polarización, incluso en su propio partido.

El látigo verbal del presidente no surge de la nada. Responde a un clima que empezó a tomar forma en los años 90, cuando muchos creyeron que el fin de la Guerra Fría y la expansión del libre comercio abrían la puerta a una prosperidad casi garantizada.

Chivo expiatorio

El cambio en la estructura económica dejó oxidado el cinturón industrial tradicional y expuso a millones de trabajadores a una competencia feroz, acelerada por China y por una revolución tecnológica que alteró tanto la producción como el imaginario social del trabajo.

Estados Unidos, aun siendo la cuna del desarrollo tecnológico, vio cómo se erosionaba el polo fabril del Medio Oeste. Los impactos económicos, sociales y culturales que terminaron repercutiendo en la política. Ese declive no fue leído a tiempo por las élites políticas, que durante años subestimaron su carga simbólica.

En ese contexto, los inmigrantes pobres e indocumentados —atraídos por la promesa de oportunidades y por la imagen de un país próspero y libre— se volvieron el blanco más fácil para explicar el deterioro económico y un malestar social más amplio. No fueron la causa de esos problemas, pero quedaron en el centro de un conflicto que mezcla frustración económica, ansiedad cultural y la falta de un rumbo claro en la principal potencia del mundo.

Trump ha sabido capitalizar la incertidumbre y el desasosiego que dejaron los cambios económicos y culturales. No necesitó probar causalidades ni desplegar datos. Le alcanzó con activar un marco emocional. Su retórica antiinmigrante convierte el desánimo de comunidades estancadas en una certeza simple y poderosa: el indocumentado como explicación y amenaza.

En ese sentido, el presidente no descubrió el malestar, pero sí lo amplificó con precisión. No persuadió con argumentos, sino que ordenó una experiencia ya moldeada por temores previos. Su fortaleza estuvo en transformar una inquietud difusa en un relato nítido y movilizador.

El delincuente y el jardinero

También hay que decir que, si las encuestas leen bien el clima social, la ciudadanía empieza a cuestionar el enfoque más extremo de su presidente. Como sintetizó un editorial de The Washington Post  al describir las críticas que comienza a aflorar, “los estadounidenses ven la diferencia entre detener a un violador y deportar al jardinero del barrio que paga impuestos”.

En cualquier caso, es razonable sostener la necesidad de controles migratorios. Tanto por el funcionamiento del estado de derecho como por la convivencia democrática, la transparencia económica e incluso por razones éticas. Un país gobernado por la ley puede enfrentar efectos corrosivos si decide mirar hacia otro lado ante los 14 millones de extranjeros sin papeles que tenía EEUU en 2023, récord necesario de atender.

La cuestión de fondo no es controlar o no, sino cómo hacerlo sin convertir un problema real en una cruzada que fracture a la sociedad. Y ese es el poderoso mensaje que está enviando la opinión pública al gobierno republicano.

El punto medio entre ejercer el control fronterizo con firmeza, pero no perseguir a una maestra en Chicago hasta las propias instalaciones del edificio educativo. Y por ello,  es probable que los ciudadanos rechacen el anuncio de Trump de “detener permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”. La expresión del presidente respondía al reciente ataque a dos guardias nacionales —uno murió y otro fue herido— por parte de un exmilitar afgano y excolaborador de la CIA, refugiado en EEUU.

La ciudadanía parece empezar a decir que proteger la frontera no exige desconocer la dignidad de quienes ya forman parte de la vida económica y social del país.

Son jardineros y plomeros, trabajadores agrícolas y de la construcción. Son quienes sostienen hoteles, cocinas y servicios, quienes tienden las camas y limpian las habitaciones. La retórica política que justifica las acciones antiinmigrantes puede omitirlo, pero la economía y la vida cotidiana lo recuerdan cada día.

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Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Honduras indican un claro giro hacia la derecha. La pregunta ahora es hacia qué partido. Según el último corte oficial divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y luego de varios cambios y demoras en el procesamiento de los datos, con 88.2% de los votos escrutados el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, supera por poco al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. En porcentaje, Asfura ha obtenido 40,2% de los sufragios frente a 39,5% de Nasralla.

Las elecciones, en las que también fueron elegidos los 128 diputados al Congreso Nacional y 298 alcaldes, marcaron el retorno de la derecha tras cuatro años de gobierno de izquierda. La nota relevante fue el descalabro de la izquierda, abanderada por la candidata Rixi Moncada —ministra de Defensa bajo el gobierno de Xiomara Castro—del partido oficialista LIBRE. Moncada retuvo el tercer lugar con 19%.

¿A qué se deben las demoras?

El CNE admitió que el sistema de transmisión de resultados (TREP) sufrió varias “caídas” y “problemas técnicos” durante el escrutinio. El organismo responsabiliza a la empresa colombiana ASD, contratada para la transmisión de los datos preliminares, el escrutinio general y la divulgación de resultados de los comicios.

Estas críticas fueron respaldadas por la Misión de Observación de la OEA, la cual denunció «la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas» durante los comicios.

Además, en la localidad de San Antonio de Flores, a unos 80 kilómetros al sureste de Tegucigalpa, hubo una serie de denuncias de irregularidades que obligaron a suspender las votaciones. Aquí, los comicios se repitieron este domingo 7 de diciembre. Ahora, los 4,996 electores registrados en esta población rural podrán inclinar la balanza hacia un lado u otro.

También, el escrutinio se demora por denuncias de inconsistencia en algunas actas, lo que obliga a hacer un conteo voto por voto.

Desconfianza en el sistema

Las elecciones se desarrollaron en medio de una atmósfera polarizada. Previo a los comicios, organizaciones de derechos humanos advirtieron que el entorno de presión política y denuncias de irregularidades institucionales podían afectar la calidad del sufragio. El país arrastra un historial de comicios cuestionados y rupturas institucionales, como el golpe de Estado de 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro.

La gobernanza del CNE, responsable de organizar los comicios, carece de un árbitro independiente, ya que los tres principales partidos se reparten el control de los órganos electorales, lo que incrementa el escepticismo sobre la transparencia del proceso. Además, el CNE tardó en publicar los resultados preliminares debido a un clima de desconfianza que se instauró antes de los comicios.

[Lee: Elecciones en Honduras: entre el desinterés y la desconfianza]

Sin embargo, las elecciones transcurrieron sin incidentes graves. Debido al estado de excepción impuesto por la presidenta, Xiomara Castro, la jornada electoral tuvo la presencia de militares. Además, Castro les atribuyó la custodia de las actas hasta su publicación, medida que generó una gran controversia en la población hondureña ya que no es una tarea asignada por ley.

Mientras, los hondureños esperan la última palabra del CNE y el recuento de las actas electorales de los más de 6,5 millones de electores llamados a votar.

Intervención de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó explícitamente a Asfura, empresario ligado al sector de la construcción que gobernó la capital del país, Tegucigalpa, durante dos periodos hasta 2022. “¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia y elija a Tito Asfura como presidente!”, publicó Trump la semana pasada en Truth Social. Además anunció que, de ganar Asfura, Estados Unidos daría “fuerte apoyo” a Honduras y prometió indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EEUU por narcotráfico.

Respecto a los otros dos candidatos, Trump acusa a Moncada de “comunista” y a Nasralla de “casi comunista”. “Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura”, expresó Trump. “Su principal oponente es Rixi Moncada, quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras lo rechazaría y elegiría a Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla”, agregó el mandatario estadounidense.

Última actualización: 4/12/2025 a las 12:00 pm

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Cuando está por concluir su segundo año de gobierno, con un liderazgo disruptivo, Javier Milei finalmente encontró el norte de su mandato: selló una alianza sin fisuras con los Estados Unidos de Donald Trump.

El entendimiento tiene fuertes implicancias geopolíticas para la región y se cristaliza tanto en el plano de las ideas —aunque con contradicciones— como en la faz operativa. Incluye un acuerdo comercial que algunos sectores de la oposición argentina califican como un “contrato de adhesión”.

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Para Milei, haber atado su destino al trumpismo le dio, en principio, un buen resultado. El apoyo condicionado de la Casa Blanca fue decisivo para que una porción mayoritaria del electorado argentino apoyara al gobierno en las elecciones legislativas del 26 de octubre, motivados por el factor del miedo a la desestabilización económica. La presión alcista sobre el tipo de cambio, aplacada tras la victoria del gobierno en los comicios, había generado un clima preelectoral tormentoso para Milei. Pero los nubarrones se despejaron con el auxilio de Trump.

Cancillería condicionada

El acuerdo comercial fue trabajado durante meses por un equipo comandado por el excanciller Gerardo Werthein. Pero al momento de la firma el que puso la cara para la foto fue Pablo Quirno, el nuevo jefe de la diplomacia argentina, quien quiso participar, sin éxito, de las negociaciones cuando era funcionario del ministerio de Economía. Los embajadores de carrera advierten que los problemas internos en la Cancillería son una desventaja para establecer conversaciones con delegaciones extranjeras.

“La Cancillería se transformó en un apéndice de Economía”, repiten los diplomáticos en los pasillos del Palacio San Martín, la sede del ministerio de Relaciones Exteriores. Allí prima, sobre cualquier situación, la alianza a rajatablas con EEUU. Así lo comprobó un embajador extranjero que fue a pedirle al canciller Quirno el apoyo argentino para el nombramiento de un connacional en un organismo multilateral. “Si Washington lo apoya, nosotros también”, fue la cruda respuesta que recibió en el edificio de Retiro.

Sin embargo, la amalgama entre Buenos Aires y Washington tiene sus contradicciones. Mientras la administración de Milei la concibe desde una postura librecambista al extremo, la gestión de Trump exhibe otro enfoque, vinculado al proteccionismo de su actividad económica y a los aranceles frente a los productos que le llegan desde todos los puntos cardinales del planeta. Por eso, en la Casa Rosada festejaron que la Secretaría de Comercio norteamericana haya accedido a cuadruplicar el acceso de la carne argentina como parte del acuerdo.

En efecto, uno de los 12 puntos del memorando —que tiene un modelo base utilizado por los estadounidenses con otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala— lleva de 20.000 a 80.000 las toneladas anuales de carne argentina que ingresarían al mercado norteamericano, por supuesto con los aranceles del rigor trumpista, que no fueron reducidos de manera sustancial. En la carta de intención también figura el delicado asunto de los medicamentos y sus patentes, y se trasluce el interés de Washington por los minerales raros como el litio.

Impacto geopolítico en la región: Brasil

La alianza política y económica que tejió EEUU con la Argentina refleja, en los hechos, el mayor intervencionismo de la Casa Blanca en la región. Un ejemplo viene al caso: los diplomáticos dicen por lo bajo que el Departamento de Estado envió redactado un documento que terminó siendo una declaración conjunta de apoyo al nuevo gobierno de Bolivia, que firmaron sin modificar Argentina, Paraguay y Ecuador. “La relación se va a profundizar, porque así lo quieren en Washington”, sostuvo un embajador, que pidió reserva de identidad.

La Casa Rosada accede a ese encuadramiento con convencimiento y pragmatismo. En el gobierno argentino se entiende que Trump espera que Milei se transforme en un contrapeso para el liderazgo histórico que ejerce el brasileño Lula da Silva en la región. Tanto es así, que algunos observan la mano de la Casa Blanca en la resistencia argentina —en dupla con Paraguay— a firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Lula ya le puso fecha y lugar al acto formal: pretende que sea el 20 de diciembre en Brasilia.

[Lee: Lula versus gobernadores: ¿quiénes se perfilan como candidatos presidenciales en Brasil?]

Pero Milei y su mesa chica, que integran su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prefieren mantener como estaba prevista la cumbre del Mercosur la semana próxima, el 2 de diciembre, en Foz de Iguazú, con tal de no darle a Lula el escenario deseado para firmar el acuerdo con la UE en la capital de su país. La tensión entre la Argentina y Brasil permanecerá en el tiempo, dadas las proyecciones de una victoria de Lula en 2026 y el campo político despejado que se le abre a Milei ante una crisis espiralizada de la oposición argentina.

De fondo aparece China, la otra gran potencia global, que tiene una fuerte presencia en la Argentina y que procura reactivar inversiones estratégicas como las represas cuyas obras están paralizadas en Santa Cruz. Se trata de un desafío abierto para Milei, porque Trump le demanda poner en el freezer esos proyectos, mientras que los gobernadores provinciales presionan por su continuidad, necesitados del financiamiento que cortó de cuajo la motosierra libertaria. En esa intersección, ya no hay dudas del camino que tomará el presidente argentino.

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El primer gobierno de la izquierda en Colombia se asoma al final del periodo. Mientras, el país se prepara para las elecciones de 2026, con una primera vuelta el 31 de mayo y una segunda el 31 de junio.

No fueron años fáciles para Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Principalmente porque la coalición se fracturó y la promesa de alcanzar la llamada paz total no se cumplió. Incluso fue sancionado por la descertificación de Donald Trump. Enfrentar esta problemática es, sin dudas, el mayor desafío del país. Además, se ha convertido en un conflicto cada vez más tenso, ahora con la vigilancia de Estados Unidos en el Caribe. 

Ante esta situación, las primeras encuestas sugieren que la oposición puede tener ventaja sobre la coalición de izquierdas y su precandidato Iván Cepeda.

¿Cómo se observa esto desde la centroderecha? Para el expresidente del Senado y ahora precandidato del Partido Conservador, Efraín Cepeda, Petro deja un “legado de destrucción total” ante el que se propone “ordenar la casa”. Además, plantea fortalecer las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, incentivar inversiones privadas y revertir reformas petristas en salud, vivienda y educación. 

Su principal desafío es tener influencia entre los más de 90 precandidatos que se enfilan hacia las elecciones interpartidarias de marzo de 2026.

Política exterior de Petro

Colombia pasó de ser la puerta de la OTAN, como un único socio en Latinoamérica, a alejarse de esta potencia. ¿Cómo debería reposicionarse a nivel internacional y fortalecer sus relaciones con Occidente, Europa y la OTAN?

 —En 200 años de vida republicana, es el primer gobierno que se autodenomina progresista, pero es un progresismo de línea dura. Es, como llamaba Vargas Llosa, un progresismo carnívoro, que mira todos los dictámenes del Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla. Ejerce un autoritarismo extremo. Tanto que Petro se constituyó en un día, siendo yo presidente del Congreso hace unos pocos meses, asumió los tres poderes públicos en un solo acto. Había presentado una consulta popular (para convocar una reforma laboral) y se la negamos en el Senado de la República. Entonces firmó lo que se denominó el decretazo: asumió que se debía hacer la consulta popular, que requería visto bueno previo del Senado y se le había negado. Eso demuestra el autoritarismo en el que está Colombia.

Los gobiernos habían sido de centro, de centroderecha. Este es el primer gobierno de izquierda que tenemos, y por supuesto hubo un viraje en la visión de las relaciones internacionales y con los organismos multilaterales.

Además, Petro también ha generado varias rispideces con Estados Unidos. ¿Cómo afecta a Colombia?

—Tiene un profundo desprecio al capitalismo de EEUU y Europa. Por eso, el presidente ha tenido varias confrontaciones. La primera fue cuando venían dos aviones con migrantes a Colombia que él había autorizado y luego, de madrugada, decidió que no y devolvió esos aviones. Yo era presidente del Congreso en ese momento, hace unos meses. Rápidamente constituí una comisión de amistad del Senado de Colombia con el Congreso de EEUU. Nos fuimos allí a entrevistarnos con varios congresistas, demócratas como republicanos, a expresar claramente que no era la posición de Colombia. Es más, constituí esa comisióncon nueve partidos políticos para demostrar que realmente estos nueve partidos estábamos muy en contra de la distancia de Petro, en su ideología, con EEUU.  

Además, se fue a la ONU a defender a Palestina mientras Colombia se incendia dentro de un mar de narcotráfico y grupos armados. Está bien si esa es su ideología, pero va a los consejos de ministros y pone las banderas de Palestina. No contento con eso, se fue a la manifestación callejera a expresarle a las fuerzas militares de EEUU que desobedecieran las órdenes de su presidente. Una gravísima intromisión en los asuntos internos, yo creo que falla en temas penales. La reacción del gobierno estadounidense fue inmediatamente retirarle la visa, lo mismo a algunos otros ministros, algunos terminaron renunciando. Esa ideologización, esa extrema izquierda lo lleva al delirio de pensar que esas confrontaciones con países aliados pues le dan réditos. Ahí está la teoría del imperialismo.

Y quiero anotar algo. EEUU es el principal socio comercial de Colombia. O sea que de eso depende el empleo de cientos de miles de ciudadanos. Si Trump nos hace un incremento en los aranceles, muchos de los productos colombianos no serán competitivos.

En otra línea del ámbito geopolítico, ¿considera que sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China puede conllevar problemas futuros de soberanía y dependencia económica para Colombia?

—Sí. La ideología lo lleva a acercarse cada día más a China. Pues cuando miramos la balanza comercial con China es supremamente desequilibrada y, pues, Petro le da prioridad a las relaciones con China. 

El Partido Conservador

Usted se presentó como candidato para las elecciones de 2026 por el Partido Conservador, ¿qué se propone para generar una coalición que se mantenga en el tiempo y que asegure gobernabilidad?

—Ciertamente, estamos en conversaciones con varios partidos políticos, buscando confluencia. Pero no solamente es entre los partidos. En Colombia existe un esquema en el que se puede recoger cierto número de firmas ciudadanas y con eso no se requiere el aval de un partido para ser candidato. Hay al menos una decena de candidatos en ese proceso, y deberán ser avalados por el Consejo Nacional Electoral. De manera que con todos ellos ha habido diálogos. 

Las consultas interpartidistas serán el 8 de marzo del 2026, el mismo día de las elecciones parlamentarias. Yo he expresado que lo peor que nos puede pasar a la centroderecha es llegar divididos a la primera vuelta; diez o doce candidatos de la centroderecha y uno solo de la izquierda, (se escogió a Iván Cepeda en el Pacto Histórico de octubre). Como en la democracia, esto es con votos. Nos vamos a una consulta en marzo y el que gane será el candidato que enfrente a la izquierda. 

[Lee: ¿El fin del centro político en Chile?]

Pero, concretamente, ¿con qué partidos o aliados se podría proyectar el Partido Conservador? 

—Nosotros hemos venido hablando originalmente con el Partido Liberal, el Partido de la U, Nuevo Liberalismo, el Cambio Radical y el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe.

Ordenar Colombia

¿Cuál es la propuesta diferente del conservadurismo?

—Mi partido es el partido del orden. Tenemos que llegar a ordenar la casa. Petro nos deja un legado de destrucción total. Destruyó el sistema de salud, destruyó la vivienda popular, destruyó la educación de jóvenes, y la posibilidad de estudiar con créditos de bajo costo, y así podemos hacer un recorrido por varios temas. 

Además, su ideología no le permite que el sector privado esté manejando dineros públicos. No ha habido en este gobierno una sola obra de relevancia, cero inversión. Destruyó la vivienda popular, para las clases bajas de la población, imagínese el contrasentido. Eran construidas por el sector privado con un subsidio del Estado. Petro prefirió, pues, acabar con la vivienda popular. Hay que reconstruir estos temas inmediatamente; el sistema de salud, volver a la vivienda popular, volver a los créditos a los estudiantes universitarios con tasas de interés subsidiadas, que estuvieron vigentes hasta hace un par de meses. Y la generación de empleo, Petro pretende tapar huecos con reformas tributarias. 

Yo lo que creo, es que hay que invitar nuevamente al sector privado a que invierta. Por ejemplo, las autopistas llamadas 5G se venían haciendo en un esquema de alianzas público-privadas. Esas alianzas van a retornar en el gobierno del partido conservador, y, con esa inversión, pensamos que con un crecimiento de cinco puntos del producto interno bruto podemos tener recursos para evitar reformas tributarias que ahuyentan la inversión privada. 

Contra el narcotráfico

¿Y respecto al narcotráfico?

—Es fundamental el tema de cómo han crecido los cultivos ilícitos. Se han fortalecido los grupos armados narcotraficantes en un esquema que Petro denominó paz total, que es negociar con las guerrillas, con los narcotraficantes. Y practicó durante varios meses el cese al fuego bilateral, que amarraba las manos de las fuerzas militares mientras la guerrilla seguía delinquiendo. Hoy hay más de cuatrocientos municipios con una fuerte influencia de los grupos alzados en armas. 

Lo primero que vamos a hacer es acabar con el embeleco del proceso de paz y soltarle las manos a las fuerzas militares, rearmarlos con los recursos que vienen de los Estados Unidos. Narcotraficantes a la cárcel o extraditados y los ciudadanos a la calle. 

[Lee: DP Enfoque 18: De las calles al Estado]

¿Apelan a una colaboración con Europa para enfrentar este problema? 

—Sí, yo creo que esto requiere un curso internacional, porque la droga nuestra no solamente se exporta a EEUU como principal mercado, sino a Europa. El 67% de la coca que se mueve en el mundo proviene de Colombia. Y, pues, esas bandas criminales narcotraficantes cuentan con el apoyo de Venezuela y el Cártel de los Soles. Por allá ahí sale muchísima droga. Según EEUU está comandado por el mismo presidente Nicolás Maduro.

Me parece muy importante, es un tema que hemos mencionado en campaña, el apoyo de la Unión Europea, porque tenemos que reconstruir nuestras fuerzas militares, tenemos que hacer un reclutamiento de soldados muy rápidamente, porque los vamos a combatir. 

El peligro hoy es que puedan participar de las elecciones por la comunidad. Tenemos que ganar en 2026, perseguirlos, encarcelarlos, bajar los cultivos. Y ante lo que llaman erradicación voluntaria, vamos a fumigar, insulso con drones.  

¿Cuál debería ser el rol de Colombia en el mundo? 

—Colombia primero tiene que demostrar que va a contener el narcotráfico. Pero es un país con unos productos exportables maravillosos; el café, las flores, las ventanas, petróleo, gas, que hoy no se explora. Y, por supuesto, tenemos que jugar fuertemente en organismos multilaterales. No nos puede ganar la izquierda en 2026 porque corremos el riesgo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, incluso el de Bolivia, que soportó veinte años una izquierda ideologizada. Pues este país lo terminan de destruir. Yo seré el candidato del orden que vamos a iniciar la reconstrucción de Colombia.

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La COP30, la conferencia de países impulsada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estuvo marcada por protestas, pocas resoluciones y la ausencia de líderes clave como Donald Trump. Como asunto central, este encuentro, que exigió un esfuerzo logístico sin precedentes en la Amazonía y que fue duramente cuestionado por fallas en la organización, tuvo como conclusión principal una falta: la de no generar un compromiso claro y vinculante para abandonar los combustibles fósiles, el punto más esperado por expertos y negociadores.

Si bien la coordinación regional latinoamericana ganó visibilidad y algunos gobiernos reforzaron su articulación hacia el futuro, el balance general quedó marcado por la decepción y la falta de un giro político capaz de responder a la urgencia climática.

Las claves

Lo siguiente resume lo más relevante de los acuerdos alcanzados en la conferencia:

La COP30 no logró acordar una hoja de ruta global y vinculante para la eliminación progresiva del consumo de carbón, petróleo y gas. Esta fue una de la principal crítica al resultado final.

¿Pero qué sí se hizo? Se creó el Paquete de Belén para impulsar tasas de reducción de emisiones más ambiciosas, una transición energética justa y la protección de la Amazonía. Se reforzaron plataformas de trabajo en metano, bosques, agricultura sostenible, transporte y ciudades, con seguimiento periódico.

[Lee: ¿El fin del centro político en Chile?]

De igual forma, se fijó el compromiso de movilizar US$ 1,3 billones anuales para 2035, priorizando instrumentos que no generen más deuda.

También se determinó la decisión de mutirão (unir manos para el bien común), que incluye instrumentos como la Misión de Belén, destinada a mantener vivo el objetivo de contener en 1,5 grados centígrados el incremento de la temperatura mediante presión política y seguimiento continuo.

Se renovó el Plan de Acción de Género, con más recursos y la obligación de integrarlo en adaptación, financiamiento y pérdidas y daños. Compromiso para combatir la desinformación y reforzar la transparencia y el respaldo científico.

¿Qué ha fallado?

Aunque la COP30 dejó compromisos relevantes y algunos avances técnicos, persiste una sensación de sombras en América Latina. Lo más importante es la imposibilidad de acordar un calendario claro y vinculante parala transición de los combustibles fósiles. La mayoría de los países latinoamericanos votó en contra. La única excepción fue México.

En materia de financiamiento climático, las promesas no cubrieron las necesidades reales de mitigación, adaptación y compensación de pérdidas en los países más vulnerables de la región. La cumbre también puso en evidencia divisiones políticas internas en América Latina. Entre las controversias, destacó la confrontación de Colombia con la conducción del evento, acusando falta de ambición y proponiendo una hoja de ruta alternativa para eliminar los combustibles fósiles. Sin embargo, no obtuvo respaldo.

Posiciones de los países Latinoamericanos

La COP30 evidenció que América Latina no actúa como un bloque unificado. Aunque la región comparte vulnerabilidades en adaptación, bosques y financiamiento, sus prioridades políticas y económicas son muy distintas.

Brasil, como país anfitrión, intentó ejercer liderazgo situando la Amazonía en el centro, pero su ambición climática chocó con la continuidad del desarrollo petrolero y las presiones del sector agroindustrial.

Argentina tuvo una participación discreta y envió señales políticas mixtas, centrada en la estabilización económica. Su decisión, junto con Paraguay y otros países, de añadir notas al pie a la declaración final para limitar el uso del término “género” provocó críticas dentro de la cumbre.

Chile se mantuvo como un actor constructivo, impulsando energías renovables, hidrógeno verde y políticas técnicas de descarbonización.

Colombia adoptó una postura crítica: consideró insuficiente el acuerdo final, defendió una transición acelerada y propuso organizar una conferencia internacional para pactar la eliminación de los combustibles fósiles, lo que intensificó tensiones dentro de la región.

México fue el único país latinoamericano que apoyó un calendario para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Su posición internacional fue más ambiciosa que su realidad interna, que sigue dependiendo fuertemente de hidrocarburos.

En conjunto, la COP30 mostró una región con prioridades divergentes y sin una estrategia común, lo que limitó su capacidad para proyectarse como un frente sólido en un momento clave para la gobernanza climática global.

¿Qué se puede esperar en el futuro?

Diez años después del acuerdo de Paris, la COP30 en Belém inauguró una nueva fase donde el foco pasa de las grandes declaraciones a la implementación real.  

Mirando hacia la COP31 que se celebrará en Turquía, los países deberán presentar nuevos avances en transición justa, deforestación y ejecución de planes climáticos nacionales, mientras se espera mayor presión social y climática para traducir compromisos en resultados concretos. En América Latina, estos debates serán especialmente relevantes. La región buscará asegurar más financiamiento para adaptación, fortalecer la cooperación amazónica y posicionarse como actor clave en la transición energética global. No obstante, sin unificar una agenda regional de prioridades las posibilidades de incidencia real serán, cuando menos, limitadas.

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A 7.000 kilómetros de París, entre Brasil y Surinam, se extiende un territorio donde circula el euro, despegan cohetes espaciales, se aplican las leyes del Código Civil francés y la tensión política se intensifica. Es la Guayana Francesa, un departamento de ultramar de Francia donde el reclamo de mayor autonomía gana fuerza al calor del precedente abierto por Nueva Caledonia.

Tras las violentas protestas que en 2024 paralizaron Nueva Caledonia y generaron pérdidas por 2.000 millones de euros, el parlamento francés se apresta a aprobar una reforma constitucional que reconoce al archipiélago como un “Estado” dentro de la República. Aunque no implica independencia, el nuevo estatus permitirá a Nueva Caledonia ejercer competencias ampliadas y ser reconocida por la comunidad internacional, aunque sin ser independiente.

Independentistas lideran la autonomía

Este giro institucional es impulsado por la presión de los sectores independentistas. Ha generado demandas de autonomía en Guayana Francesa, donde se elige un parlamento local, con pocas competencias, y dos diputados y dos senadores para representar al territorio en el Parlamento francés.

El reclamo está encabezada por Gabriel Serville, presidente de la Asamblea Territorial desde 2021, y por el diputado Jean-Victor Castor, representante del territorio en la Asamblea Nacional francesa y miembro del partido independentista Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES).

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Aunque Serville proviene de la izquierda guayanesa, evita encasillar en categorías tradicionales al partido político que fundó en 2019, Péyi Guyane. Inspirado en el modelo organizativo de En Marche —la plataforma fundada por el presidente francés Emmanuel Macron—, Serville propone una estructura abierta, territorial y construida desde la sociedad civil. El partido se articula en torno al lema Panga, un acrónimo que remite a la frase “Compartamos el futuro de una Guayana Francesa amazónica”.

El pasado 5 de noviembre, mientras Emmanuel Macron participaba en la cumbre de líderes de la COP30 en Brasil, Serville alzó la voz en el XXI Congreso de las Regiones de Francia, celebrado en Versalles. Allí se pronunció con dureza: “Nos dicen que cuando una región gana, Francia gana. Pero también quisiera decir que cuando una región pierde, toda Francia pierde. La Guayana Francesa lleva al menos 70 años esperando beneficiarse de un marco institucional que se ajuste directamente a su realidad”.

Serville elevó el tono del reclamo y lanzó una advertencia directa al gobierno central: “He dado un ultimátum al Presidente de la República y hoy he informado a mis colegas Presidentes Regionales. Si, para el 31 de diciembre de 2025, el Presidente Macron no nos ofrece un compromiso firme con nuestro territorio, me reservo el derecho de convocar al Congreso de funcionarios electos de la Guayana Francesa para que adopte una resolución que me permita acudir a la ONU a solicitar que la Guayana Francesa sea reintegrada en la lista de territorios a descolonizar”, añadió.

El proyecto guyanés

Las limitaciones del parlamento local de Guayana están especificadas en el artículo 73 de la Constitución de Francia. Expresamente prohíbe todo lo relacionado a “la nacionalidad, los derechos civiles, las garantías de las libertades públicas, el estado y la capacidad de las personas, la organización de la justicia, el derecho penal, el procedimiento penal, la política exterior, la defensa, la seguridad y el orden públicos, la moneda, el crédito, las divisas, así como el derecho electoral”.

El proyecto de autonomía para Guayana, perfeccionado entre mayo de 2023 y abril de 2024 en tres congresos de funcionarios electos, propone la creación de un estatus sui generis similar al de Nueva Caledonia. Este nuevo marco institucional sería implementado mediante una ley orgánica consultada con la población local y permitiría a la futura comunidad ejercer “poder normativo autónomo” para promulgar leyes adaptadas a su realidad.

Entre las competencias a transferir, figuran la planificación regional, el transporte, la agricultura, la pesca y la gestión de recursos naturales, mientras que cooperación regional y seguridad se compartirían con el Estado francés. El plan también contempla la transferencia de tierras —más del 90% del territorio está en manos del Estado— y una reforma fiscal que duplicaría el presupuesto actual, estimado en 870 millones de euros. Guayana mantendría su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, preservando así el acceso a fondos europeos.

La posibilidad de que Guayana Francesa logre un cambio institucional en el corto plazo sigue siendo incierta. El presidente Emmanuel Macron ha dejado atrás su negativa a reformar la Constitución y propuso la creación de grupos de trabajo específicos para Martinica, Guayana y Guadalupe, con el objetivo de evaluar posibles reformas constitucionales. De todos modos, el camino hacia una transformación efectiva sigue siendo empinado.

“Emmanuel Macron ha abierto muy claramente la puerta a una enmienda constitucional sobre el tema”, aseguró Davy Rimane, diputado por Guayana Francesa. Sin embargo, el proceso requerirá discutir la propuesta, obtener el respaldo del parlamento local y, posteriormente, lograr su aprobación en el parlamento francés.

Economía y exclusión

El deseo de cambio político en Guayana se nutre de una realidad social marcada por la precariedad. Según el informe 2024 del Instituto de Emisión de los Departamentos de Ultramar, el 52% de los 292 mil habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. La migración indocumentada y la minería ilegal de oro en la frontera con Brasil figuran entre los principales desafíos estructurales, mientras que las tasas de homicidios superan en diez veces el promedio de Francia.

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Los residentes denuncian la insuficiencia de inversiones en infraestructura y en el sistema de salud. Salvo la carretera que conecta con la base espacial de Kourou —principal plataforma de lanzamiento de satélites y cohetes europeos—, prácticamente no existen vías de comunicación con el interior del país. Esta desconexión territorial se traduce en menor desarrollo y en una situación de aislamiento para sectores de la población.

El diputado Jean-Victor Castor estuvo al frente de una misión de investigación sobre el “desarrollo sostenible del territorio” y en noviembre del año pasado presentó conclusiones. El informe propone cinco áreas clave: reforzar la seguridad frente a la minería ilegal, nuevas infraestructuras y energías renovables, impulsar la agricultura local para mayor autonomía, mejorar la educación con más escuelas y personal, y ampliar el acceso a vivienda y salud. Todo ello bajo la premisa de adaptar las normas nacionales a las realidades guyanesas para una gestión más eficaz.

Territorios de ultramar

El pasado 14 de octubre, durante su discurso de política general ante el Parlamento, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió —en referencia a Nueva Caledonia— que “sería un error pensar que se trata de un caso aislado: la cuestión de los territorios de ultramar es igualmente urgente”. Al referirse a las demandas de cambios institucionales en Guayana, Martinica y Guadalupe, concluyó con una señal de respaldo: “Debemos apoyarlas”.

¿Está Francia preparada para concretar una reforma constitucional en el corto plazo, o seguirá calibrando el alcance del cambio?

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A pesar no ser una zona de guerra desde los años noventa, Centroamérica es una de las más violentas del mundo. La mayor parte de las naciones centroamericanas experimentan niveles de violencia endémica, acorde al criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al superar el umbral de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta violencia históricamente se ha concentrado en el llamado Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala. Aquí, las tasas de homicidio están fuertemente vinculadas a las maras o pandillas y han sido escandalosamente altas. El sur, conformado por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ha sido mucho más pacífico tradicionalmente.

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No obstante, en la última década, la tranquilidad del sur está en cuestión. Pese a las mejoras en diversos indicadores de seguridad en el norte, la problemática no tiene miras de ser pronto saldada.

El norte avanza, el sur retrocede

El Triángulo Norte continúa siendo una zona violenta, aunque en años recientes hubo importantes avances si tomamos como referencia la tasa de homicidios, especialmente por el caso de El Salvador, aunque no libre de controversias. Honduras también ha mostrado importantes avances, mientras que Guatemala vive una especie de estancamiento, que algunos especialistas consultados asocian con el deterioro institucional de gobiernos previos.

Mientras tanto en el sur, aunque la situación continúa siendo relativamente mejor, Costa Rica o Panamá muestran una tendencia hacia la convergencia con las escandalosas cifras del norte. El deterioro de la seguridad está ligado a una mayor presencia del crimen organizado, con vínculos entre agrupaciones locales e internacionales. Mientras, las autoridades no parecen poder responder al reto.

Costa Rica, una de las democracias más consolidadas del continente y otrora nación pacífica, en 2023 vivió el año más violento en su historia reciente. 70% de los homicidios ocurridos en este país está ligado al narcotráfico. Se concentra en la zona portuaria del Caribe y es un importante nodo en el trasiego de drogas que ingresa por el Pacífico desde Suramérica y se dirige a Europa y Estados Unidos.

En el caso de Panamá, tres cuartas partes de los homicidios se concentran en la provincia capital y la de Colón, contigua al Canal. De acuerdo con el balance de homicidios de 2024 de InSight Crime, las bandas locales además de competir por el control territorial en Colón, “se han infiltrado en el puerto (homónimo) corrompiendo a los empleados que reciben las drogas y las introducen en los contenedores”.

En cuanto a Nicaragua, la situación es sui generis. Aunque por años ha reportado buenos niveles de seguridad, desde 2018 se ha vuelto casi imposible comprobar esto en forma independiente. El hermetismo del gobierno, el cierre de medios independientes y la criminalización de voces críticas impide evaluar adecuadamente la situación en el país.

El modelo Bukele que se quiere imitar

Desde marzo de 2022 a la fecha rige en El Salvador un estado de excepción, continuamente prolongado hasta ahora. Esta medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, ha ampliado las facultades de las fuerzas policiales y armadas para perseguir a presuntos delincuentes. Como resultado, más de 90 mil personas han sido apresadas, haciendo de El Salvador el país con la mayor proporción de población carcelaria del mundo.

El estado de excepción no ha estado exento de críticas. Organizaciones locales e internacionales han denunciado la vulneración de derechos básicos. Además, si bien han reconocido la disminución de la inseguridad y los homicidios, están en duda las estadísticas oficiales. El gobierno las contabiliza en forma diferente: no reporta como parte de los homicidios las muertes de pandilleros.

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Adicionalmente al estado de excepción, El Salvador ha presentado una nueva y enorme prisión de máxima seguridad, denominada como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Las imágenes de su interior, que muestras a reclusos con el cabello rapado, vestidos de blanco y fuertemente custodiados, han logrado consolidar la imagen de un gobierno fuerte ante el crimen.

Estas imágenes, la reducción de los homicidios y la mejoras de otros indicadores de seguridad son elementos que han querido ser replicados por otros países. Honduras, por ejemplo, estableció su estado de excepción en diciembre de 2022, prorrogado en 24 ocasiones hasta la fecha, con el cual ha reducido la criminalidad. Costa Rica, por su parte se propone construir una versión local del CECOT salvadoreño. Incluso Argentina se ha visto seducida por el “modelo” salvadoreño.

¿Puede ser copiado?

La seguridad no puede ser vista como un producto de exportación. Incluso en regiones pequeñas como Centroamérica, los desafíos de Costa Rica guardan distancia a los de El Salvador u Honduras. El país de la “pura vida” resulta atractivo para el narcotráfico por sus costas en el Pacífico y Caribe, por sus puertos en esta última y por un mercado interno de consumo de droga bastante lucrativo, según refirió el experto Carlos Torres, especialista costarricense, docente de relaciones internacionales.

El mismo especialista señaló otras necesidades: mayor capacitación de las fuerzas de seguridad, mejor gestión presupuestaria, solventar el déficit de efectivos y mejorar la articulación interinstitucional, lo que pasa por reformas de marcos legales y de actuación de todo el sector seguridad. Es decir, se requiere una política pública en materia de seguridad integral.

Aunque estas necesidades pudieran parecer genéricas y extrapolables a cualquier país de la región, los requerimientos locales difieren. Las políticas públicas deben tener como punto de partida la realidad sobre la que se quiere incidir, más allá de tomar como referencias experiencias internacionales valiosas. El reto de la región está en generar políticas coherentes con sus desafíos, sus recursos y realidades, poniendo atención en las causas y no solamente las consecuencias de la inseguridad.

Este artículo hace parte de un análisis más amplio de Expediente Abierto, sobre los esfuerzos en materia de seguridad y defensa de Centroamérica, que será publicado en las próximas semanas.

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El Caribe, durante décadas visto como un corredor comercial y turístico, se ha transformado en una región clave para comprender las dinámicas de seguridad del hemisferio. Su ubicación estratégica, conectando América del Norte, América del Sur y el Atlántico, lo convierte en un punto donde confluyen flujos comerciales, operaciones militares y disputas entre potencias globales. Lo que alguna vez se consideró un espacio periférico hoy emerge como un escenario decisivo para la estabilidad regional.

La importancia geoestratégica del Caribe se evidencia en la concentración de infraestructuras críticas como puertos, refinerías, bases militares y cables submarinos También, en la capacidad limitada de varios Estados para vigilar sus amplias zonas económicas exclusivas, lo que abre espacio para actividades ilícitas y para la competencia entre grandes jugadores internacionales. En este contexto, Puerto Rico, Colombia y las islas caribeñas representan nodos esenciales en la arquitectura de defensa del hemisferio, al tiempo que influyen directamente en la agenda política latinoamericana.

La crisis de seguridad: factores y riesgos

La vulnerabilidad del Caribe se explica por la confluencia de amenazas persistentes y nuevas presiones geopolíticas. Uno de los factores más importantes es la expansión del crimen organizado transnacional. La región funciona como un corredor de tráfico de drogas, armas y migrantes. Las organizaciones criminales se aprovechan de la porosidad marítima y de la capacidad limitada de algunos gobiernos insulares para ejercer vigilancia efectiva (U.S. Southern Command, 2025). Las características geográficas del Caribe, con miles de islas pequeñas y extensas rutas de tránsito marítimo, facilitan el movimiento clandestino. Otro factor determinante es la creciente militarización de zonas estratégicas. Lo que en un principio se vinculaba principalmente a operaciones antinarcóticos ha evolucionado hacia la incorporación de ejercicios militares complejos, despliegues navales y alianzas geopolíticas. Estados Unidos mantiene una presencia robusta con unidades navales, aéreas y logísticas.

[Lee: DP Enfoque 18: De las calles al Estado]

A la vez, potencias como China y Rusia utilizan inversiones portuarias, acuerdos energéticos y cooperación militar para ampliar su influencia en la región. Esto alimenta tensiones y despierta preocupación entre actores hemisféricos.

La disputa por recursos naturales añade un nivel adicional de riesgo. Nuevos descubrimientos de petróleo y gas en aguas profundas generan oportunidades económicas, pero también conflictos entre países por la delimitación de fronteras marítimas. El caso del Esequibo entre Venezuela y Guyana ilustra este tipo de tensiones. Empresas internacionales se convierten en actores relevantes en áreas donde la estabilidad política es frágil.

A lo anterior se suman las amenazas derivadas del cambio climático. Huracanes cada vez más intensos, erosión costera y daños a ecosistemas marinos afectan infraestructuras portuarias, sistemas energéticos y la seguridad alimentaria. La seguridad climática se vuelve inseparable de la seguridad nacional y regional.

Despliegue logístico y militar

El Caribe experimenta un incremento considerable en su actividad logística y militar. Sus principales puertos, entre ellos Kingston, Freeport, Cartagena y San Juan, cumplen un papel determinante en la conectividad global. Funcionan como puntos de tránsito esenciales para mercancías que circulan entre el Atlántico, el Canal de Panamá y América del Norte. Esta relevancia ha impulsado inversiones de potencias extrarregionales interesadas en asegurar su acceso y presencia.

La postura de fuerzas del U.S. Southern Command, plasmada en recientes visualizaciones de despliegue, confirma la creciente densidad militar en el área. La visualización presenta un entramado de activos navales, aéreos y logísticos distribuidos desde Florida hasta el Caribe insular. Puerto Rico aparece como un punto focal, con plataformas de ataque, vigilancia, inteligencia y unidades anfibias listas para el despliegue. La presencia del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN‑78) y de destructores y submarinos equipados con misiles Tomahawk muestra la magnitud de la capacidad naval disponible.

El mapa también destaca bombarderos estratégicos como los B-52 y B-1, capaces de lanzar misiles de largo alcance, así como unidades del Cuerpo de Marines preparadas para operaciones expedicionarias. Estos elementos se integran con recursos de la Guardia Costera y con fuerzas especiales que operan de manera permanente en la región. La imagen evidencia que el Caribe es un eje central para la proyección de poder de Estados Unidos. Y no solo en términos defensivos, sino también en el marco de la competencia estratégica con actores como China y Rusia.

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Los países latinoamericanos participan en este entorno de manera desigual. Colombia posee una de las armadas más importantes del Caribe sur y desempeña un rol clave en la interdicción marítima y en la vigilancia de su archipiélago. No obstante, la extensión de la zona demanda mayores capacidades coordinadas. El resultado es una región altamente militarizada donde cada movimiento estratégico tiene efectos políticos inmediatos.

Geopolítica y defensa: ¿qué debe mirar América Latina?

América Latina necesita reevaluar su lectura del Caribe. Su estabilidad es determinante para la seguridad continental. Para ello, hay varios aspectos cruciales que requieren atención.

Primero, es necesario fortalecer la cooperación marítima para enfrentar amenazas comunes. La limitada capacidad de vigilancia de algunos estados insulares los expone a actividades ilícitas. La integración con países continentales, especialmente con Colombia y México, podría mejorar el monitoreo regional.

Segundo, la región debe observar con cuidado la competencia entre potencias globales. Las inversiones chinas en puertos y sistemas de telecomunicaciones plantean interrogantes sobre dependencia estratégica. La presencia rusa, aunque más reducida, tiene efectos políticos relevantes. América Latina debe evitar convertirse en escenarios pasivos de rivalidad y mantener márgenes de autonomía.

Tercero, deben gestionarse con anticipación los desafíos derivados del auge energético. Las nuevas exploraciones petroleras y gasíferas pueden generar tensiones diplomáticas y riesgos de escalada. Se requieren mecanismos de resolución de disputas más sólidos.

Cuarto, la seguridad climática debe integrarse de forma plena en las agendas de defensa. El Caribe es altamente vulnerable a fenómenos extremos que afectan infraestructuras críticas y operaciones militares. La resiliencia climática será un indicador clave de estabilidad regional.

El Caribe como prueba de fuego

El Caribe emerge como un espacio decisivo para comprender el nuevo orden geopolítico. En esta región convergen la competencia entre potencias, la presencia del crimen organizado, la disputa por recursos estratégicos y el impacto acelerado del cambio climático. Puerto Rico, Colombia y las islas caribeñas son nodos esenciales para la defensa hemisférica. También representan puntos de inflexión para la política latinoamericana en un entorno internacional cada vez más volátil.

El Caribe ya no es un borde geográfico. Es un centro estratégico cuya dinámica influirá directamente en la seguridad de América Latina y en su capacidad para actuar con coherencia frente a los desafíos globales.

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Durante las transiciones democráticas de la llamada tercera ola, América Latina vivió una revolución silenciosa pero trascendental: las transformación y empoderamiento del poder judicial. Desde los regímenes autoritarios del Cono Sur hasta los autoritarismos electorales de larga data, como el mexicano, las reformas judiciales de los años noventa buscaron crear contrapesos reales y fortalecer la independencia de los jueces.

Se crearon cortes constitucionales, se establecieron mecanismos de selección más técnicos y se amplió el control judicial sobre los actos del Ejecutivo y el Legislativo. Las y los jueces comenzaron a tener una voz en los debates públicos, definiendo el alcance de políticas de seguridad, programas sociales o decisiones sobre derechos humanos. Las cortes, tradicionalmente subordinadas al poder político, se convirtieron en una arena relevante para la defensa de la democracia y los derechos.

Este nuevo protagonismo generó, sin embargo, un efecto colateral: los tribunales comenzaron a incomodar a quienes ocupaban el poder. En una región donde los liderazgos fuertes han sido la norma, muchos presidentes no soportaron que sus decisiones fueran revisadas o declaradas inconstitucionales. A partir de entonces, se desencadenó un nuevo ciclo: el de los ataques y la captura política del poder judicial.

Erosión y captura: cuando el poder no tolera límites

Con discursos populistas que apelan a la voluntad del pueblo, líderes democráticamente electos han cuestionado la legitimidad democrática de los jueces y han promovido reformas que debilitan la independencia judicial. Su estrategia ha combinado ataques retóricos y ataques institucionales al poder judicial, particularmente, a las altas cortes.

Estos líderes con pocas credenciales democráticas primero lanzan ataques retóricos: los jueces son “corruptos”, “protectores de privilegios”, “la élite mejor pagada” o “enemigos del pueblo”. Critican y desacatan abiertamente las sentencias, alegando que los tribunales obstaculizan el mandato popular. Después, impulsan reformas institucionales para controlar la composición de las cortes o limitar sus competencias. En la última década los ataques del gobierno al poder judicial se han verificado en países como Argentina, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Perú y más recientemente, en Costa Rica.

Un estudio de V-Dem hace un análisis comparativo de los ataques gubernamentales al sistema judicial. Los valores más cercanos al cero indican que los ataques eran diarios o con asiduidad semanal.

El Salvador: la purga institucional de Bukele

El caso salvadoreño refleja un proceso de ataques retóricos e institucionales con un ritmo acelerado. Desde su llegada al poder en 2019, Nayib Bukele convirtió a la Sala de lo Constitucional en su principal adversario. Los magistrados le pusieron límites a su política de seguridad, Plan Control Territorial, y anularon decretos de confinamiento por violar derechos fundamentales. Bukele respondió con desobediencia y ataques desde sus redes sociales, afirmando que los jueces protegían criminales.

En mayo de 2021, una vez que su partido Nuevas Ideas logró mayoría en el Congreso, el presidente ordenó la destitución de los magistrados de la Sala y del fiscal general, acabando con la independencia judicial. Los nuevos jueces, afines al Ejecutivo, no tardaron en fallar a favor del gobierno. Entre sus primeras decisiones estuvo habilitar la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución salvadoreña la prohíbe expresamente. Con ese movimiento, Bukele eliminó el principal contrapeso institucional de su mandato. Hoy El Salvador vive bajo un régimen de facto autoritario, donde el poder judicial funciona como un brazo del poder presidencial.

México: la reforma que desmantela la independencia

Tras años de atacar a la Suprema Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador cerró su sexenio con una reforma constitucional que reconfiguró por completo el sistema judicial mexicano. Aprobada en menos de 15 días por un Congreso dominado por su partido, Morena, la iniciativa eliminó la carrera judicial, destituyó a más 1600 personas juzgadoras, disolvió la independencia judicial instaurando la elección popular de todos los jueces del país, incluidos los ministros de la Corte.

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El argumento: “democratizar” la justicia. Pero en realidad el cambio concentra el poder en manos del Ejecutivo y los partidos. La elección judicial se convirtió en la primera elección no democrática de México después de la transición, pues el partido en el gobierno movilizó su estructura para inducir el voto y logró colocar a sus leales en los cargos de las más altas cortes, incluidas la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.

Perú: entre el asedio y la captura

En Perú, el deterioro del poder judicial es más complejo. Proviene tanto del Ejecutivo como del Congreso como entidades separadas y no controladas por un solo partido. Durante el gobierno de Pedro Castillo, la narrativa oficial acusaba al poder judicial de “mafia” y de actuar contra el pueblo. Cada vez que un juez o fiscal investigaba actos de corrupción, el presidente respondía con acusaciones de persecución política. Al mismo tiempo, el Congreso inició su propio proceso de captura institucional. Desde 2020 busca debilitar a la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de nombrar y evaluar a jueces y fiscales. En 2024, destituyó a dos de sus miembros, afectando su funcionamiento, y propuso reemplazarla por una entidad dependiente del Legislativo.

En 2022, los congresistas completaron la captura del Tribunal Constitucional, al nombrar a seis de sus siete integrantes en un proceso carente de transparencia. Desde entonces, el Tribunal ha emitido sentencias alineadas con las preferencias políticas del Congreso: ha debilitado el control judicial sobre funcionarios y avalado decisiones que concentran poder en el Legislativo.

Costa Rica: ataques inéditos al poder judicial

Incluso en democracias consolidadas como Costa Rica, el poder judicial no está a salvo. Desde la llegada de Rodrigo Chaves en 2022, el Poder Judicial costarricense es objeto de ataques desde el Ejecutivo y violencia del crimen organizado. Según el Quinto Informe Estado de la Justicia, se trata de un hecho sin precedentes en la historia política: el presidente y sus colaboradores han usado el pódium presidencial para atacar, deslegitimar y subvertir la independencia al poder judicial.

Esta ofensiva ha generado un debilitamiento claro en la separación de poderes. Aunque Costa Rica aún goza de niveles de democracia relativamente altos en el ámbito regional, este nuevo escenario se suma a otros en la región en donde se han ya verificado regresiones democráticas usando el mismo manual de ataque a las cortes.

Resiliencia en Brasil

A pesar de este panorama sombrío, existen ejemplos en la región que muestran que la independencia judicial puede resistir, incluso en contextos de alta polarización. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal (STF) fue blanco de ataques constantes. El expresidente promovió juicios políticos contra magistrados y alentó campañas de desinformación para desacreditar al tribunal. Sin embargo, la respuesta del STF fue firme.

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Lejos de ceder, el STF defendió las instituciones. Por ejemplo, tras los ataques del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, la Corte condenó los hechos como un intento de golpe de Estado. El caso de Brasil demuestra que la fortaleza institucional y el compromiso con principios democráticos son condiciones necesarias para independencia judicial.

Entre la resiliencia y la captura judicial

La historia reciente de América Latina muestra que la erosión democrática rara vez ocurre de forma súbita. Empieza con ataques retóricos —con la descalificación del juez incómodo o del tribunal que limita al gobernante— y avanza con reformas que parecen técnicas y democráticas, pero que concentran el poder y silencian las voces críticas.

Las democracias latinoamericanas enfrentan hoy una prueba crucial: proteger a sus tribunales de los proyectos de captura que buscan subordinar la justicia al poder político. La resiliencia judicial, como muestra el caso de Brasil, es posible. Pero depende no solo de los jueces, sino también de una sociedad civil que entienda que sin justicia independiente y asertiva no hay democracia posible.

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Cuando el 20 de noviembre de 1975 Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno español, anunció en televisión pública la muerte del general Francisco Franco, se marcó el fin de casi cuatro décadas de dictadura militar surgida de la brutal Guerra Civil. En aquel día histórico, los españoles se debatían entre el luto profundo y la celebración en las calles.

Hoy, cincuenta años después de la muerte del dictador, la gestión del legado de un pasado represivo y, en particular, la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos sigue siendo un tema altamente controvertido en la sociedad y la política española.

Golpe, guerra y represión

Durante la Guerra Civil —iniciada por un golpe militar el 18 de julio de 1936 por generales antidemocráticos y anticomunistas contra el gobierno democraticamente elegido de la Segunda República— ambos bandos cometieron graves violaciones. La victoria de las tropas franquistas el 1 de abril de 1939 marcó el inicio de la dictadura. La represión bajo el régimen de Franco fue sistemática e institucionalizada y continuó tras la guerra.

Entre 1936 y 1945 se produjo una persecución masiva de opositores políticos mediante juicios sumarísimos y ejecuciones. Después de la guerra, la campaña de “depuración” se prolongó con métodos como asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y encarcelamientos masivos en campos de concentración, prisiones y batallones de trabajo forzado.

El objetivo principal no era solo la eliminación física, sino también la exclusión del poder de todo lo relacionado con la Segunda República y la erradicación de las ideas liberales, democráticas, socialistas y comunistas. Así, se llevaron a cabo purgas de funcionarios, se restringieron severamente los derechos civiles y políticos como la libertad de prensa y de reunión, se prohibieron los partidos políticos y se confiscaron sus bienes. Además, el régimen impuso una narrativa oficial de exaltación propia y construyó la imagen de Franco como salvador de la nación.

La transición española, ¿un modelo?

La muerte de Franco fue un catalizador de reformas dentro de la continuidad institucional. Entre el gobierno, representantes del antiguo régimen y fuerzas de la oposición se acordó una “ruptura pactada” con el sistema político anterior que se realizó dentro del marco legal franquista. El rey Juan Carlos, designado por Franco como su sucesor, llamó a la reconciliación entre los españoles y anunció su apoyo a las reformas democráticas.

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En 1976 nombró a Adolfo Suárez, procedente de las élites franquistas pero con espíritu reformista, como presidente del Gobierno. Ese mismo año se propuso la Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes franquistas y refrendada en referéndum popular con más del 95 % de apoyo. Esta ley abrió el camino para el regreso y la promoción de grupos políticos y sociales perseguidos por el franquismo. Se concedieron leyes de amnistías, incluyendo al mismo tiempo a presos politicos como funcionarios del régimen.

Aunque el proceso fue visto con ambigüedad por los partidos democráticos tradicionales y los nacionalistas moderados del País Vasco y Cataluña, finalmente participaron conscientes de que las élites franquistas seguían controlando el poder militar y civil. Esto otorgó legitimidad adicional a la democratización.

Las elecciones a un nuevo parlamento democrático y representativo se celebraron en junio de 1977, y posteriormente comenzó la redacción de una nueva Constitución. La Constitución de 1978 se construyó sobre un consenso respaldado por una amplia mayoría debido al referéndum con un apoyo de 87,8% de los 15,8 millones de votantes, convirtiendo a España en una monarquía parlamentaria.

Pacto de silencio

La reconciliación nacional, acompañada del consenso de dejar el pasado atrás y no reabrir heridas —el llamado pacto de silencio para no poner en riesgo la Transición— fue considerada una prioridad por todas las fuerzas democráticas, la iglesia católica y otros actores sociales. Durante muchos años, el discurso dominante presentó la Transición y el consenso sociopolítico por la paz y la reconciliación nacional como algo positivo y como modelo para otros países.

Sin embargo, desde finales de la década de 1990 se han multiplicado las críticas del precio que se pagó por la democratización y la estabilidad, ya que el consenso se logró silenciando el pasado y convirtiendo los crímenes de Franco en un tabú.

El acuerdo informal entre las élites políticas para dejar el pasado atrás empezó a generar debates académicos, algunos incluso hablando de un pacto de olvido, un proceso activo de ignorancia colectiva. Criticando que la amnistía, celebrada entonces como pacto de reconciliación, trajo consigo una amnesia colectiva que impidió un verdadero ajuste de cuentas social y político con el pasado, constituyendo un déficit de la democracia española actual.

Las dificultades de España para afrontar su pasado

Desde comienzos del nuevo siglo, España ha pasado del consenso político basado en el “perdón y olvido” hacia esfuerzos de justicia reparadora y restitución. Este proceso cobró fuerza en los años 2000, impulsado por organizaciones civiles lideradas por nietos y nietas de víctimas del franquismo que promovían exhumaciones de fosas comunes.

Tras años de bloqueo durante el gobierno del Partido Popular, la administración del PSOE en 2004 reabrió el asunto, culminando en la Ley de Memoria Histórica de 2007. Este marco propuso medidas simbólicas y materiales, pero no satisfizo las demandas de las asociaciones de víctimas, al no cuestionar la ley de amnistía ni permitir justicia penal.

En octubre de 2019 las autoridades exhumaron los restos de Franco del mausoleo del Valle de los Caídos donde estaba enterrado junto a miles de víctimas de la Guerra Civil. El acto, un espactaculo público transmitido en directo, fue alabado por algunos como un paso necesario. A la vez, fue criticado por otros como un gesto populista del gobierno del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y una reactivación innecesaria de conflictos superados.

En octubre de 2022 se aprobó una nueva Ley de Memoria Democrática para sustituir a la de 2007. Entre otras disposiciones, declara ilegales el régimen franquista y sus tribunales, anulando todas sus condenas. Así, el Estado asume la búsqueda de desaparecidos y crea una base de datos de ADN. Además, establece una Fiscalía para investigar violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

Y, finalmente, introdujo sanciones por enaltecimiento del franquismo. Además, se convocó un concurso internacional para resignificar el mausoleo franquista renombrado a Valle de Cuelgamuros, donde aún reposan más de 33.000 cuerpos de ambos bandos, para convertirlo en un lugar de memoria.

Entre politización y polarización

Aunque en las últimas décadas la sociedad civil ha logrado que la cuestión de la dictadura se incluya en la agenda política y, tras años de falta de voluntad política, se han aprobado leyes importantes, España sigue enfrentando grandes retos para afrontar su propia historia.

La politización de este proceso, que es un compromiso estratégico de algunos partidos, suele tener el efecto contrario. Profundiza la división y aumenta la polarización social. Para avanzar hacia una verdadera reconciliación, es necesario dar un paso claro hacia la despolitización del pasado, acompañado del reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y de las víctimas por parte de actores políticos y élites sociales de todas las tendencias.

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En la elección en Venezuela en julio de 2024 el régimen chavista tuvo que enfrentar a un movimiento ciudadano bien organizado y con un liderazgo claro, capaz de derrotarlo en las urnas y de probar su victoria de forma inapelable. El régimen desató una escalada represiva desde entonces. Y ahora, proliferan las noticias sobre actividades narcotraficantes y la administración Trump responde con un inusual despliegue militar en el Caribe.

Ante semejante panorama, surgen nuevamente voces a favor de una negociación en Venezuela. No es la primera vez. En varias oportunidades la voluntad revolucionaria del régimen chavista, decidido a modificar los equilibrios regionales, ha generado conflictos que propiciaron diálogos y negociaciones que incorporaron facilitación foránea. Revisamos a continuación dichas experiencias.

Seis intentos formales

Durante el presente siglo, en Venezuela se han desarrollado seis procesos de diálogo con facilitación externa entre el régimen chavista y la oposición política. Solo uno de ellos tuvo lugar durante los 14 años de Hugo Chávez en el poder. Los otros cinco sucedieron durante los 12 años y medio de Nicolás Maduro. El proceso conducido durante el período de Chávez se denominó Mesa de Negociación y Acuerdos. Se inició el segundo semestre de 2002, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la sazón el expresidente colombiano César Gaviria, y el Centro Carter como principales instancias facilitadoras. Condujo a la realización del referéndum revocatorio de agosto de 2004.

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Años después, ya con el sucesor de Chávez en el Palacio de Miraflores, se desarrollaron la Conferencia Nacional por la Paz (2014), la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017), la Mesa de Diálogo en República Dominicana (2017-2018), el Mecanismo de Oslo (2019) y el Proceso de Negociación y Diálogo en México (2021-2023). Durante los dos primeros, la UNASUR proporcionó un marco general para los diálogos, mientras que el gobierno de República Dominicana hizo lo propio en el tercero y el Reino de Noruega en los últimos dos.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue protagonista del segundo y tercer diálogo durante el período de Maduro. Además, operó de diversos modos durante casi todos estos procesos, sobre todo en la liberación de varios presos políticos que el régimen ha usado como rehenes.

Durante el cuarto y el quinto proceso de negociación fue esencial el papel del diplomático noruego Dag Nylander. Previamente había fungido como representante de Noruega en los diálogos por la paz en Colombia —celebrados en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2012-2016)— y de Naciones Unidas para la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela (2017).

Asimetría y negociación ineficaz

La negociación con facilitación foránea dentro de un conflicto intra-estatal suele aplicarse principalmente en conflictos armados, donde existe cierta equivalencia de fuerzas y medios de lucha entre las partes enfrentadas. Pero este no es el caso de la Venezuela del siglo XXI, donde lo que se ha producido es una reversión autoritaria drástica y sostenida durante un cuarto de siglo, y donde un gobierno autoritario concentra todos los medios para ejercer violencia contra una población depauperada —como consecuencia de sus políticas— y un movimiento democrático esencialmente ciudadano y pacífico.

Como consecuencia de esta profunda asimetría, los seis diálogos han seguido un patrón más o menos similar. En un primer momento, la protesta popular ante el avance autoritario pone en riesgo la estabilidad presidencial. Propicia así una represión estatal y paraestatal que despierta preocupación internacional. Se inicia entonces un diálogo facilitado desde el exterior, durante el cual las protestas pierden momentum y las tensiones tienden a disminuir. Al final, los diálogos suelen terminar sin compromisos sólidos ni eficaces, mientras la oposición se divide ante la falta de resultados concretos. Solo en el primero y en el sexto de los procesos aquí reseñados las partes suscribieron acuerdos (en buena medida como consecuencia de una facilitación mejor diseñada). Pero en ambos casos el chavismo violó integralmente tales acuerdos.

Tal como se aprecia en el diagrama anexo, ninguno de los seis procesos en cuestión ha servido para ayudar a detener la grave reversión autoritaria que experimenta Venezuela. Según V-Dem, todas las dimensiones de la democracia empeoraron sin que estos diálogos pudieran evitarlo.

Negociación prodemocracia

En el primero de estos seis procesos de diálogo, el miembro más joven de la comisión negociadora del chavismo fue Nicolás Maduro. Allí constató el potencial de estos procesos para reequilibrar a la autocracia chavista en momentos críticos. Y tras fallecer Chávez, cuando le tocó a él dirigir la nave en medio de aguas turbulentas, aplicó varias veces el mecanismo con una notable habilidad para sacarle partido.

¿Cómo? Llamar como facilitadores a extranjeros relativa o abiertamente afines. Procurar que los diálogos sean más bien informales. Aprovechar la jefatura del Estado para cohesionar a los suyos y tratar de ganar legitimidad. Emplear la asimetría de poder para dividir al oponente y al entorno internacional mediante la combinación de incentivos positivos y negativos. Y, emplear los diálogos para ganar tiempo en medio de coyunturas críticas.

No extraña entonces que, ante una nueva dificultad para el régimen de Maduro, emerjan nuevamente las voces que claman por un diálogo. Por lo general se trata de compañeros de viaje del chavismo, actores pragmáticos que se benefician de la ausencia de estado de derecho en Venezuela, o bien figuras que ante el peso de la represión interna han preferido convertirse en socios más o menos voluntarios de la autocracia.

Pero la gran mayoría de los venezolanos no encuentran beneficio alguno en estas componendas. Ya dejaron claro, en las presidenciales de 2024, que quieren otra cosa. Esa enorme mayoría del país apoyará, únicamente, una negociación orientada al restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Un escenario que luce del todo improbable sin antes invertir la asimetría en la capacidad para el uso de la fuerza.

El presente artículo expresa únicamente la opinión del autor y no representa necesariamente la postura de Diálogo Político.

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En las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, la mayoría de los chilenos optó por posiciones extremas. Jeannette Jara, candidata de la coalición de izquierda Unidad por Chile y miembro activo del Partido Comunista desde los 14 años, competirá en la segunda vuelta del 14 de diciembre contra el candidato ultraconservador de extrema derecha del Partido Republicano, José Antonio Kast. La clara perdedora de la elección es la coalición de centroderecha moderada Chile Grande y Unido, representada por la candidata Evelyn Matthei.

La mayoría de los chilenos se pronunció en las elecciones del pasado domingo en contra de una política moderada de centro. En su lugar prevalecieron candidatos con posiciones claramente polarizadas: propuestas radicales en materia de seguridad para combatir el crimen organizado, representadas por los candidatos Kast y el populista de derecha Johannes Kaiser, así como propuestas sociopolíticas orientación socialista por parte de Jara, se impusieron con claridad por sobre el programa matizado y moderado de la candidata Matthei.

El resultado de las elecciones muestra claramente que Chile está fuertemente polarizado. A nivel regional también se observan patrones de votación muy distintos. En el norte del país, los votantes apoyaron abrumadoramente a Parisi. En las regiones centrales más pobladas, Jara resultó ganadora, mientras que Kast obtuvo una victoria clara en casi todas las regiones del sur.

Es probable que Chile sea gobernado por José Antonio Kast a partir de marzo de 2026. La suma de los votos de Kast, Kaiser y Matthei supera el 50% del sufragio. Parisi es difícil de ubicar políticamente, pero muchas de sus posturas se inclinan hacia posiciones situadas a la derecha del centro.

Elecciones con voto obligatorio

Las elecciones del 16 de noviembre de 2025 en Chile se realizaron bajo condiciones inéditas. Por primera vez, en una elección presidencial y parlamentaria se introdujo el voto obligatorio junto con el registro automático de todos los votantes habilitados a partir de los 18 años. Cerca de cinco millones de chilenos y extranjeros con residencia, que hasta ahora no participaban regularmente en las elecciones, fueron incorporados al proceso electoral y se vieron obligados a emitir su voto. Mientras, las infracciones se sancionan con multas. La participación de este grupo de votantes, anteriormente inactivo, dificultó realizar pronósticos confiables y aumentó de manera considerable la imprevisibilidad de los resultados.

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Según el Servicio Electoral (Servel), 15,7 millones de personas estaban habilitadas para votar. Cerca de 13,4 millones emitieron su voto, lo que corresponde al 85 % del padrón, una cifra históricamente alta. En comparación, la participación electoral en 2021 estuvo cerca de los siete millones de votantes, equivalentes al 47 % del padrón. Especialmente decisiva fue la Región Metropolitana, que con el 38,9 % de los votantes registrados, representa una proporción sobredimensionada de los votos emitidos y ejerce, por ende, una influencia determinante sobre el resultado a nivel nacional.

Jara, ¿en el podio?

La ganadora de la elección presidencial, con el 26,85 % de los votos emitidos, es la candidata Jeannette Jara de la coalición de izquierda Unidad por Chile, compuesta por siete partidos del espectro político de izquierda, entre ellos el Partido Socialista, el Frente Amplio, partido gobernante del presidente Gabriel Boric, y el Partido Comunista, de orientación marxista-leninista, al cual Jara pertenece desde su juventud. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) también forma parte de la coalición, lo que implica un abandono definitivo de los valores y principios tradicionales de la Democracia Cristiana.

Como candidata presidencial del oficialismo, Jara surgió como ganadora de una primaria interna a fines de junio de 2025. Contra todas las encuestas, la comunista se impuso sobre la candidata moderada socialdemócrata Carolina Tohá. Los simpatizantes de la izquierda optaron por nominar a la candidata considerablemente más radical. Aunque, hasta hoy sigue incierta la verdadera ubicación política de Jara. Durante la campaña electoral se distanció públicamente de posiciones marxistas-leninistas. Contrariamente a la postura oficial de su partido, por ejemplo, expresó críticas hacia los regímenes actuales de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

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Por otro lado, es cuestionable si una política que se identificó durante casi cuarenta años con los ideales marxistas-leninistas del Partido Comunista puede realmente ejecutar un giro tan marcado hacia posiciones moderadas socialdemócratas. Para muchos observadores y expertos de la política chilena, este supuesto cambio de rumbo constituye una maniobra política poco creíble.

Segundo lugar

El segundo ganador de la elección presidencial es el candidato ultraconservador de extrema derecha José Antonio Kast del Partido Republicano. Con aproximadamente el 23,92 % de los votos emitidos, Kast logró también pasar a la segunda vuelta.

El candidato de 59 años es considerado un político experimentado. Perdió por estrecho margen en la última elección presidencial contra el actual presidente Gabriel Boric. Su campaña se centró en propuestas económicas y sociales orientadas a reducir drásticamente el gasto público y disminuir el tamaño del aparato estatal. Sin embargo, el foco de su campaña fue el combate al crimen organizado, recuperar la seguridad interna y en la inmediata expulsión de inmigrantes ilegales a sus países de origen. En materia migratoria y respecto a la protección de Chile frente a la migración irregular, Kast admira a Viktor Orbán. Durante los últimos años participó activamente en varias ediciones de la Conservative Political Action Conference (CPAC). Su último viaje al extranjero antes de la elección lo llevó a Italia, en una visita privada a la primera ministra Giorgia Meloni.

A pesar de la radicalidad de muchas de sus declaraciones y propuestas, Kast —de ganar la segunda vuelta del 14 de diciembre— probablemente no cuestionará las instituciones chilenas construidas con dificultad y estabilidad desde el retorno a la democracia en 1990. Como representante de una línea dura, Kast seguramente agotará todos los instrumentos permitidos por la Constitución para alcanzar sus objetivos políticos, sin quebrar el orden jurídico. Aunque es un político ultraconservador —también en temas sociales como la interrupción del embarazo— no actuará como un transformador del sistema.

Ganador sorpresa

Completamente sorprendente fue el resultado del candidato políticamente indefinido Franco Parisi, del Partido de la Gente, una colectividad que no tiene representación en el parlamento actual. Sin embargo, Parisi no es un desconocido: en la elección presidencial de 2021 obtuvo un 12,80 % de los votos. Entonces, realizó su campaña exclusivamente desde Estados Unidos, ya que se le había negado la entrada a Chile debido al impago de pensiones alimenticias. En la elección presidencial actual obtuvo un 19,70 % de los votos, ubicándose en tercer lugar. Parisi es considerado populista y representante del movimiento antisistema. Define a los partidos políticos como prescindibles y corruptos. Sus votantes son principalmente jóvenes de protesta que desean reformar o incluso abolir el establishment político.

Su estrategia de campaña se basó principalmente en una presencia intensa en medios digitales, especialmente en redes sociales. Los mensajes de Parisi durante la campaña parecían, en muchas ocasiones, confusos y caóticos. Propuso eliminar el impuesto al valor agregado para medicamentos y pañales y la instalación de minas antipersonales en la frontera chileno-boliviana para evitar la entrada de migrantes irregulares. Franco Parisi fue el claro ganador en las regiones del norte de Chile, colindantes con Bolivia.

La candidata que perdió el rumbo

La perdedora indiscutible de la elección presidencial es la candidata de la coalición Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei. Obtuvo un resultado inesperadamente bajo con el 12,47% de los votos. Su coalición incluye al partido de centroderecha Renovación Nacional (RN), el único partido popular de Chile; al liberal Evópoli; a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI); y al partido de centro derivado de la Democracia Cristiana, Demócratas. La candidatura de Matthei también fue respaldada por el partido de centro Amarillos por Chile.

Matthei lideró la carrera presidencial hasta mayo de 2025 con holgada ventaja. En las encuestas figuraba claramente por delante y era considerada la favorita indiscutida. Sin embargo, durante la campaña no logró posicionarse de manera clara como la representante de la centroderecha liberal-conservadora. Durante demasiado tiempo coqueteó con las posiciones de extrema derecha de sus contrincantes Kast y Kaiser. Con frecuencia intentó igualar —o incluso superar— sus propuestas radicales en materia de seguridad interna y lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, se manifestó públicamente a favor de la pena de muerte y defendió el golpe militar de Pinochet. Estas posturas provocaron que Matthei perdiera su orientación política y, con ello, muchos votos del centro político.

Nunca logró establecer un vínculo emocional con el electorado; con frecuencia pareció fría y distante, sus mensajes a veces resultaron erráticos y confusos, pocas veces asociados a mensajes de esperanza y expectativas positivas. Su campaña también estuvo marcada por contradicciones y controversias dentro del equipo. Numerosos voceros abandonaron la campaña, lo que generó en los votantes la impresión de que Matthei era una candidata sin rumbo y sin capacidad de liderazgo para enfrentar los problemas actuales de Chile. En las últimas semanas antes de la elección, numerosos simpatizantes de Matthei y miembros de su propia coalición anunciaron públicamente que en la primera vuelta votarían por Kast. La razón fue el rápido aumento en las encuestas del populista de derecha Johannes Kaiser. Para evitar un escenario de segunda vuelta entre la comunista Jara y Kaiser, no pocos votantes del espectro de centroderecha optaron por apoyar a Kast.

El susto de Kaiser

Sin embargo, este temor resultó infundado. El resultado del populista de derecha del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quedó muy por debajo de las expectativas. Recibió un 13,94 % de los votos, quedando en cuarto lugar. Su imagen como la nueva estrella ascendente de la política chilena parece haberse debilitado por el momento. Sus posiciones políticas no solo son radicales y populistas de derecha, sino que —a diferencia de Kast— ponen en riesgo las instituciones chilenas.

Probablemente, Kaiser exageró en las últimas semanas antes de la elección con sus mensajes radicales. En los últimos días de campaña amenazó, por ejemplo, con retirar a Chile de las Naciones Unidas, del Acuerdo de París de 2015 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También anunció que cerraría las fronteras con Bolivia y pondría fin a las relaciones pacíficas con el país vecino: «No le vamos a dar paz a La Paz», declaró. En su discurso de cierre de campaña sonó la tercera estrofa del himno nacional, que durante la dictadura militar era un símbolo de los seguidores de Pinochet y que hoy ya no se interpreta públicamente.

Las declaraciones populistas de Kaiser convencieron a muchos chilenos, especialmente a votantes de la clase media baja, pero la mayoría se distanció de él al momento de votar. A pesar de su derrota electoral, el político de 49 años logró consolidarse como un referente populista de derecha. Preocupa, en este sentido, que el Partido Republicano de Kast y el Partido Nacional Libertario de Kaiser hayan formado una alianza a nivel parlamentario, presentando candidatos —diputados y senadores— en una lista conjunta.

Nuevas correlaciones de poder en el Parlamento

Paralelamente a la elección presidencial, el 16 de noviembre también se renovó el Parlamento. En la Cámara de Diputados se eligieron los 155 escaños, mientras que en el Senado se renovó casi la mitad de los escaños: 23 de un total de 50, distribuidos en siete regiones del país. Se inscribieron 1.096 candidaturas para la Cámara de Diputados y 125 para el Senado. La elección parlamentaria estuvo marcada por una fuerte fragmentación partidaria: además de las cinco coaliciones registradas, otras seis colectividades se presentaron sin alianzas, junto con numerosas candidaturas independientes.

Los cinco pactos inscritos en Servel fueron:

1. Cambio por Chile – partidos de extrema derecha: Partido Republicano (PR), Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL)
2. Chile Grande y Unido – coalición moderada de centroderecha: Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Demócratas
3. Unidad por Chile – coalición de izquierda mayormente afín al gobierno: Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL) y Partido Demócrata Cristiano (DC)
4. Verdes, Regionalistas y Humanistas – Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH)
5. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista – Partido Humanista (PH) y Partido Igualdad (PI)

Además, otros partidos pequeños se presentaron de manera independiente, entre ellos Amarillos por Chile y el Partido de la Gente (PDG) del candidato presidencial Franco Parisi.

La elección parlamentaria en Chile condujo a una reorganización de fuerzas en la Cámara de Diputados. La alianza de extrema derecha Cambio por Chile, integrada por los partidos Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, obtuvo 42 escaños, mientras que la coalición moderada de centroderecha Chile Grande y Unido, compuesta por Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Demócratas, obtuvo solo 34 escaños.

En total, los bloques de derecha alcanzaron 76 de los 155 escaños, claramente por debajo de las expectativas de una mayoría holgada. Unidad por Chile obtuvo 61 escaños. El PDG de Franco Parisi tuvo un fuerte desempeño con 14 escaños, logró por primera vez una presencia significativa en el Parlamento y podría desempeñar un papel decisivo dada la estrechez de las mayorías. Si los diputados del PDG se alinearán con la oposición o mantendrán una posición independiente será determinante para las decisiones políticas en la Cámara de Diputados.

En el Senado, tras la elección, las fuerzas se encuentran prácticamente equilibradas: los partidos de derecha y centroderecha alcanzaron 11 escaños —Cambio por Chile obtuvo 6 y Chile Grande y Unido, 5—. La coalición de izquierda Unidad por Chile, junto con la coalición Verdes, Regionalistas y Humanistas, obtuvo 12 escaños. A esto se suman dos senadores independientes. El resultado es un equilibrio casi exacto entre bloques políticos.

La composición del nuevo Parlamento apunta a un período legislativo complejo, en el que las negociaciones transversales adquirirán mayor importancia. Uno de los principales desafíos será alcanzar no solo mayorías simples en la Cámara y en el Senado, sino también mayorías legislativas estables que permitan avanzar en los objetivos políticos. Tanto entre bloques políticos como dentro de las alianzas de derecha existen diferencias significativas. En particular entre las fuerzas tradicionalmente conservadoras y las populistas de derecha, cuyas posturas difieren considerablemente. La capacidad del futuro gobierno para implementar su agenda dependerá de la disposición de estos grupos a coordinar posiciones y alcanzar compromisos viables.

Los resultados de la elección parlamentaria representan, al mismo tiempo, un claro revés para el centro político. Partidos pequeños como Amarillos por Chile y el liberal Evópoli, que no alcanzaron el umbral legal del 5% requerido para mantener representación parlamentaria, deberán disolverse y no estarán presentes en el Parlamento. Resta ver si los partidos restantes del centro político cooperarán con el gobierno en temas clave o si se posicionarán como oposición.

¿Fin del centro?

Quizás la conclusión más alarmante de esta elección es la debilidad del centro político. El columnista político Tomás Mosciatti describe esta situación como un «vacío del centro político». Los partidos pequeños de centro, Amarillos por Chile y Demócratas, enfrentan la posibilidad de desaparecer. El partido de centroderecha Renovación Nacional, el único partido popular de Chile, sufrió un revés significativo en el Parlamento y perdió numerosos escaños en ambas cámaras. La nueva composición del Congreso hará que gobernar en Chile sea más complejo que antes.

Aún es temprano para analizar el futuro de las fuerzas moderadas del espectro de centroderecha. Renovación Nacional elegirá una nueva directiva en marzo. La nueva dirigencia deberá decidir si cooperará activamente con un eventual gobierno liderado por José Antonio Kast o si se ubicará en la oposición. El ambiente dentro del partido está dividido, y esta decisión podría representar una prueba de cohesión interna. Sin embargo, algo es seguro: la carrera política de Evelyn Matthei se acerca a su fin.

Una renovación y rejuvenecimiento de los partidos del centro político y del espectro de centroderecha es urgentemente necesaria. En Renovación Nacional, numerosos alcaldes jóvenes y exitosos de diversas regiones se encuentran preparados para asumir nuevos desafíos. Durante la campaña, apenas se les brindó la oportunidad de participar activamente en el debate electoral o en la elaboración del programa del partido. Quizás la derrota electoral represente una oportunidad para darles un espacio y permitirles consolidarse políticamente a nivel nacional.

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El viraje hacia la derecha es un hecho en América Latina y en el mundo. En Chile, el candidato conservador Antonio Kast tiene la oportunidad llegar a la presidencia. Bolivia enterró dos décadas de izquierda con la victoria de Rodrigo Paz Pereira. Nayib Bukele arrasa en El Salvador con su mano dura contra las maras, aun a costa del Estado de derecho. Javier Milei, bendecido por Trump y el Tesoro estadounidense, desmantela el peronismo estatista y navega con viento a favor y mucho apoyo popular. Ecuador resiste los embates del crimen organizado con el derechista Daniel Noboa.

¿Qué significa, entonces, la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York? Luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y la derecha liberal-conservadora imponiéndose en gran parte del continente americano, la ciudad eligió como alcalde a un joven, musulmán, socialista, populista y sin disculpas. “Me niego a pedir perdón por nada de esto”, declaró a CNN. Su victoria rompe el molde y obliga a repensar la cartografía con la que se mueven los analistas y los estrategas.

Las viejas categorías derecha e izquierda  deben ser cuestionadas. ¿De qué forma la utilización de las nuevas tecnologías de la información y cómo se informa a la ciudadanía, a través de las pantallas y lo algoritmos, comienza a repercutir en el comportamiento electoral?

Tecnología en la definición política

La humanidad experimenta cambios sustanciales en el mundo de las comunicaciones, la información y tecnología, el trabajo y los derechos, o la falta de ellos. Todo influye en la política y en las decisiones a la hora de votar.

El filósofo uruguayo Javier Mazza, en su último libro Somos tecnología (Taurus, 2025), escribe: “Las interpretaciones arqueológicas y antropológicas contemporáneas sostienen que el uso de herramientas alteró significativamente los cerebros de los primeros homínidos y continúa haciéndolo en la actualidad. La tecnología no es meramente un productor de la evolución humana, es simultáneamente un agente de esa evolución”.

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Los pensamientos del filósofo uruguayo sirven para preguntarse si, tal vez, la academia y los estrategas políticos debieran incorporar en sus análisis izquierda-derecha una variable interviniente y decisiva: el uso de la tecnología. Está remodelando el comportamiento humano y, por transitiva, las razones por las que elegimos a quién votar.

Tal vez el verdadero eje sea mucho más complejo que izquierda-derecha. Trump, Milei Paz y Mamdani: todos ganaron en las pantallas y con acciones lejos de las viejas formas de hacer política (mítines, entrevistas en medios tradicionales, publicidad en los diarios). Todos acertaron en la forma de entregar el mensaje. Los libros que puedan explicar esto aún no se han escrito. Pero hay una revolución silenciosa en el aire. No la maneja nadie y no responde ni a la izquierda ni a la derecha, sino, al uso de la tecnología.

Desempatar el centro

Uruguay, una excepción a la regla latinoamericana, no vira a la derecha ni se aferra a la izquierda: se centra. En ese centro, aunque aburridísimo, la estabilidad institucional sigue siendo su mayor capital, gobierne la izquierda o la derecha.

Y aquí entra un dato clave. Uruguay resiste la ola conservadora que corren los jóvenes, pero el centro avanza y la transmisión partidaria se debilita. Según un artículo de UyPress —basado en encuestas de Equipos Consultores, Latinobarómetro y análisis académicos—, los jóvenes uruguayos, aunque siguen más a la izquierda que los adultos, se desplazan al centro desde la pandemia.

Luis Lacalle Pou (2020-2025) gobernó como un centroderechista moderno: apertura económica, reformas institucionales, sensibilidad social. Su “libertad responsable” evitó cierres autoritarios durante la pandemia, manejó responsablemente la economía, recuperó empleo y habló directamente al ciudadano con selfies como herramienta de cercanía y conferencias sin filtro. Rechazó autoritarismos en foros internacionales y se mantuvo deliberadamente lejos de cualquier extremismo. Hoy, fuera del poder, es la figura política más popular del país. Sin embargo, su alta aprobación no alcanzó para que el candidato de su Partido Nacional, Álvaro Delgado, ganara en 2024 ante Yamandú Orsi, el elegido de José Pepe Mujica.

Moderación estructural

Delgado habló de “inercia demográfica” como obstáculo para el triunfo de la Coalición Republicana que lideraba. Un informe que maneja para explicar su derrota afirma que los jóvenes votaron a la izquierda que representaba Orsi. Aunque, en parte, tiene razón, debería reconocer que es una puerta de vaivén. En 2024, con el voto a Lacalle Pou, los jóvenes alcanzaron la posición más a la derecha desde 1996.

La lealtad generacional se erosiona: el 90% de los mayores de 50 años de hogares frentistas vota Frente Amplio; entre los jóvenes, cae al 80 %. No hay derechización como con Milei o Trump, pero sí moderación estructural.

Según un trabajo y análisis de Equipos Consultores, la misma inercia opera también en sentido inverso para el Frente Amplio. Uno de sus directores, Ignacio Zuasnabar, lo explicó al semanario Búsqueda como la “estabilidad de las identidades ideológicas”.

Agrega: “La izquierda gana el gobierno, pero no hay variaciones fuertes en términos de la matriz de identidad social. Entonces, la centroderecha y derecha derrotada en el día después se encuentra con una base social e ideológica igual de fuerte que cuando ganó en 2019 y cuenta con un liderazgo fuerte como el de Lacalle Pou. Desde ese punto de vista, más allá de lo duro de las derrotas, la oposición está parada en un lugar de más fortaleza que la que tenía la oposición en 2005”.

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Parece entonces que no solo triunfan las ideologías, ni en el caso de Trump, Milei, Paz y Mamdani. Juega la maestría en la forma de canalizar los descontentos populares en pantallas y algoritmos. Esta revolución silenciosa, impulsada por la tecnología como agente evolutivo, como postula Massa, no desempata en izquierda o derecha. Redefine el eje electoral en torno al mensaje que penetra las nuevas generaciones que se revelan más libres de ataduras y de categorías que como izquierda o derecha que cada día explican menos los cambios.

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