El lunes 15 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia. El Departamento de Estado publicó el memorando Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Mayor o Producción Ilícita de Drogas para el Año Fiscal 2026. Se manifiesta que el país “falló de manera demostrable” en la lucha contra el narcotráfico y se sumó así a esta lista junto con países como Afganistán, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
El documento enfatiza en que el cultivo y la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro y la crisis ha aumentado por sus intentos de negociación con “grupos narcoterroristas”. Sin embargo, reconoce que “la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales”. Es decir, informan un waiver o medida de excepción que le permite continuar la cooperación bilateral, aunque esto implique mayor control.
Además, aclaran que considerarán cambiar la decisión si el Gobierno colombiano toma medidas inmediatas. Por ejemplo, acciones agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y responsabilizar organizaciones criminales. Al respecto, el Departamento de Estado distingue entre el gobierno nacional y las demás entidades. Pues resalta el valor y la destreza de las instituciones de seguridad y las autoridades locales para enfrentar estas amenazas.
Volver a la descertificación: volver a una crisis
La primera vez que Colombia fue descertificada fue en 1996 y luego en 1997. En marzo de ese año, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que afirmaba que el país “era el mayor exportador de cocaína y no se comprometía a profundidad en la lucha contra el narcotráfico”. Era el único país en América Latina. La principal razón fue el conocido Proceso 8.000, escándalo por financiación ilícita de la campaña presidencial del entonces presidente Ernesto Samper por parte de carteles de narcotráfico.
Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), desde los 80 hubo un deterioro en la lucha conjunta contra las drogas que se incrementó con la presidencia de Samper. Así pues, la descertificación implicó suspensión de una parte de la ayuda económica y militar, y restricciones al acceso a financiamiento multilateral. No obstante, el presidente Clinton otorgó exenciones, tal como está pasando actualmente con el gobierno de Trump, para mantener programas. La recertificación se adquirió hasta 1998 con el cambio de gobierno de Samper a Pastrana.
Política de drogas de Petro: innovación y preocupación
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia es el principal productor mundial de cocaína y representa casi dos tercios de la producción global. En 2023, se registraron 252.572 hectáreas de coca, 9.8% más respecto al año anterior, y una producción potencial de 2.644 toneladas de cocaína pura, un incremento del 53% respecto al año anterior.
Desde su llegada, Petro apostó a una política de drogas novedosa con un enfoque integral. Sin embargo, la ejecución incluyó puntos críticos para EEUU en lo referente a la sustitución voluntaria y la interdicción. Una de las cifras más alarmantes es que de una meta de erradicación de cultivos ilícitos de 30.000 hectáreas, sólo lograron 3.636 hectáreas según el Ministerio de Defensa.
El Gobierno apostó a un tránsito de las economías lícitas negociado con campesinos cocaleros. Pero esto no tuvo éxito porque el Estado no sustituyó la gobernanza criminal de los grupos armados según expertos como Luis Fernando Trejos. Ante estos escenarios y una posible descertificación, el presidente Petro planteó la opción de fumigar vía aérea en zonas críticas en las primeras semanas de septiembre. Pero ya era tarde.
Implicaciones de la descertificación
El anuncio de la descertificación llegó y generó alerta en todo el país. Esta decisión podría generar graves efectos en múltiples niveles. La ley estadounidense establece que, al anunciar la descertificación, se podría activar una reducción de hasta el 50% de la ayuda. La cooperación anual supera los 450 millones de dólares. De manera directa, la asistencia en seguridad se vería particularmente afectada en lo que respecta a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El director de Análisis de Riesgos Globales de Control Risk, Theodore Kahn, advierte que los efectos no son solo económicos, sino también en la disminución o suspensión de operaciones estratégicas.
Existen escenarios alarmantes a nivel económico y financiero más allá de la cooperación, confirmado por el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. La afectación en la credibilidad internacional podría generar condicionamiento en el financiamiento multilateral o incluso el bloque estadounidense en organizaciones como el BID o el FMI. Tal como ha sucedido en el pasado. La dificultad de acceso a crédito podría retrasar o suspender proyectos de desarrollo en el país.
A nivel comercial, la descertificación podría ser la razón para que el presidente Trump imponga mayores aranceles como hizo con India. Según estimaciones de AmCham, el turismo de Colombia podría perder hasta 1.000 millones de dólares anuales por las alertas de viajes. Esto, sin mencionar la posibilidad del endurecimiento de los requisitos de visas a ciudadanos del país.
La descertificación de Colombia era un escenario esperado para el Gobierno Petro. No solo por el incumplimiento en la meta de erradicación, sino también por las crisis diplomáticas que ha enfrentado con Trump en 2025. A pesar de que los efectos económicos y técnicos pueden ser alarmantes, el Departamento de Estado fue claro en la excepción que concede y la posibilidad de replantear la decisión ante una mejor respuesta del Estado Colombiano en la lucha contra las drogas. Será un momento decisivo para Petro en su último año presidencial.
