Pese a las diferencias discursivas, las administraciones estadounidenses, demócratas o republicanas, han optado por mantener una dura política migratoria en la práctica. Para el año fiscal 2024 (octubre 2023 a septiembre 2024), la administración Biden deportó 271,484 personas. Superó así cualquier cifra de la primera administración Trump, cuyo máximo fue de 267,258 en 2019. Incluso está última cifra resultó ser inferior a las registradas en la mayoría de los años de la presidencia de Barack Obama.
Donald Trump, durante su primer mandato (2017-2021), ya mantenía una retórica agresiva contra la migración irregular. Sin embargo, para muchos especialistas, su retorno a la Casa Blanca en enero pasado estuvo acompañado de la promesa de una agenda mucho más rígida. A los pocos días de volver al Despacho Oval, el republicano firmó una serie de ordenes ejecutivas y giró orientaciones para que la maquinaria burocrática a su mando comenzara a materializar sus promesas en ese asunto.
Tolerancia cero
Tan solo en la primera semana de su segundo mandato, Trump anunció el despliegue de militares en la frontera con México. Mientras, el Departamento de Defensa informó que facilitaría aeronaves para la deportación de inmigrantes. También se detuvo el procesamiento de migrantes y de solicitantes de asilo y se ordenó el fin del programa de “parole humanitario”, que permitió el ingreso regular y temporal a más de medio millón de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Además, se ampliaron las potestades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) para realizar arrestos de residentes irregulares.
En sintonía con lo anterior, funcionarios estadounidenses de alto rango, como el secretario de Estado Marco Rubio, realizaron sus primeros viajes internacionales hacia la región. Así, sugirieron que frenar la inmigración irregular hacia EEUU es una de las prioridades de la actual administración. De esta gira, Rubio obtuvo el compromiso de Panamá y Guatemala de aceptar deportados extranjeros provenientes de EEUU.
En forma similar, firmó con El Salvador un acuerdo por el cual el país centroamericano se comprometió a recibir deportados a cambio de 20,000 dólares anuales por cada uno de ellos. Por su parte, Costa Rica, ratificó su compromiso de cooperar con las autoridades estadounidenses. Aceptó recibir deportados de origen asiático, africano y de Oriente Medio.
Migrantes centroamericanos
Según datos del Migration Policy Institute (MPI), en 2023 habitaban 47.8 millones de inmigrantes en EEUU, de los que 4.3 millones (9%) eran centroamericanos.
Desde 1980 a 2023, la población centroamericana en EEUU se multiplicó por más de 12, y desde 2010 creció un 42%. La migración, especialmente de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, ha estado incentivada no solo por razones económicas, sino también por conflictos armados (durante finales del siglo XX), la inseguridad en el norte de la región (sobre todo durante el siglo XXI) y la crisis política que experimenta Nicaragua desde 2018.
Según los datos de MPI, los centroamericanos en EEUU, en su mayoría, se encuentraban en edad laboral (80%), presentaban dificultades en el dominio del inglés (67% de los llegados hace cinco años o más) y cerca de la mitad no terminaba la secundaria (46%). Sus ingresos eran menores al promedio y 19% de ellos eran pobres. El MPI estimó que 3.8 millones de centroamericanos se encontraban sin autorización migratoria, representando un 28% de los 13.7 millones de inmigrantes no autorizados en el país.
Menos migrantes
Desde mediados de 2024 el flujo de migrantes hacia EEUU ha perdido dinamismo, hecho que ha sido especialmente notorio en la migración irregular que parte o cruza por Centroamérica. Para poner algunos números en contexto, en 2023 se registró una cifra récord de personas atravesando la selva del Darién, en Panamá, con más de medio millón de migrantes, siendo en su mayoría venezolanos (más de 320,000).
También se registraron importantes flujos de nacionales de Ecuador, Haití, China, Vietnam, Afganistán y del continente africano. No obstante, el año pasado, la cifra se ubicó en torno a las 302,000 personas, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Esta reducción coincidió con el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Biden y más recientemente por Trump. Este último ha ejercido mayor presión sobre los países de tránsito para frenar la migración irregular, lo que se ha traducido en un accionar más activo por parte de autoridades como las panameñas o mexicanas, por ejemplo.
Como reflejo de la actual postura de Washington, 2025 con seguridad se convertirá en un año de récords. Durante los primeros 200 días, la administración Trump arrestó a más de 352,000 inmigrantes y deportó a 324,000. Estas políticas estarían contribuyendo a que, por primera vez desde los 60, la población migrante en EEUU se haya reducido, concretamente en alrededor de 1.4 millones, al haber pasado de 53.3 millones en enero a 51.9 millones en junio, según estimaciones del Centro de Investigación Pew.
A corto y mediano plazo
Países desarrollados requieren de la inmigración para contrarrestar los efectos de las bajas tasas de natalidad en sus economías. Téngase presente que muchas veces lo migrantes aportan desde puestos de trabajo que no son cubiertos por locales. Sin dudas, en este punto la discusión no está saldada, y hará falta encontrar un nuevo enfoque que, satisfaciendo los requerimientos de seguridad, cumplas con las necesidades económicas de la potencia norteamericana.
Por otro lado, los incentivos que impulsan la emigración no han desaparecido, pese a las mayores dificultades del presente. En lo que respecta a Centroamérica, hoy por hoy enfrenta renovados retos que amenazan su gobernanza democrática y ponen en peligro su estabilidad. A ello podría sumarse la política proteccionista estadounidense que, con aranceles comerciales y presiones para repatriar la producción de bienes y servicios en el exterior, podrían agravar las carencias económicas en la región e impulsar la migración en masas.
EEUU requiere gestionar cuidadosamente su política migratoria, comercial y exterior para evitar resultados contraproducentes. A la par, los gobiernos de la región tienen la responsabilidad de ofrecer propuestas realistas a sus ciudadanos, para que estos puedan encontrar oportunidades en sus propias tierras y dejen de ser, como sucede en algunos casos, el más rentable producto de exportación de sus países, en virtud de las remesas enviadas desde EEUU.
