Al igual que muchos otros países sudamericanos, Chile es independiente desde hace poco más de doscientos años. Durante este tiempo, el país ha existido como una república no menos de cinco veces, con Constituciones cambiantes. Tras el fin de la dictadura militar en 1990, la Constitución actual ha sido reformada decenas de veces.
Actualmente se está preparando un referéndum que se celebrará el 4 de septiembre para decidir una «Constitución Política de la República de Chile» completamente nueva. Este referéndum es precedido por un proceso de casi un año, en el que 155 representantes elegidos en una Convención específicamente para preparar una nueva Constitución redactaron el texto.
La votación para la creación de una nueva Constitución en 2020 y la elección de la Convención Constituyente en 2021 se dieron en el contexto de un Chile que enfrentaba una situación política y económicamente tensa. Las protestas sociales que comenzaron a finales de 2019 se extendieron, seguidas de enfrentamientos a veces violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Varias personas perdieron la vida en el proceso. La situación se desactivó a mediados de noviembre de 2019 con el acuerdo bipartito «Por la paz social y una nueva Constitución», en el que se decidió un referéndum que preguntaba al pueblo por la necesidad de formular un nuevo texto constitucional.
¿«Constitución Pinochet»?
En el debate sobre la reforma constitucional, la Constitución actual se denomina a menudo, casi que de manera unilateral, como la «Constitución de Pinochet». Es cierto que esta se adoptó en 1980, por lo que su versión original se remonta al periodo de casi 18 años del régimen militar y llevaba la firma del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Sin embargo, también es cierto que ha sido modificada más de 50 veces desde entonces, bajo varios presidentes elegidos democráticamente. Esta Constitución de la ahora quinta república chilena ha formado así un marco estable para un Chile económicamente fortalecido durante los últimos 32 años. Varios elementos especialmente criticados de la «Constitución de Pinochet» (como la elección de senadores vitalicios) han sido abolidos hace tiempo.
La (dos veces) presidenta chilena Michelle Bachelet había declarado como objetivo una nueva Constitución. Cinco días antes de terminar su segundo mandato, la presidenta presentó un proyecto de reforma en 2017 que no encontró la mayoría necesaria para su aprobación.
Muchos observadores ven en una modernización equilibrada de la Constitución chilena, una oportunidad para un contrato social más justo. Al inicio del proceso constitucional en 2021, el presidente conservador Sebastián Piñera aún confiaba en que una reforma constitucional adoptada democráticamente ofrecería una oportunidad de ser reconocido y respetado por todos.
De hecho, existen reformas pendientes para reforzar el autogobierno local, dar a la población indígena una voz moderada en los aspectos que les afectan y salvaguardar mejor las normas de derechos humanos reconocidas, entre algunos de los temas a resaltar. Pero, sobre todo, este nuevo proyecto constitucional buscaba, idealmente, remediar el defecto de nacimiento de la actual Constitución, desde su creación durante la dictadura militar.
Convención de izquierda
Sin embargo, la sociedad chilena sigue dividida sobre la necesidad de una reforma constitucional. Los partidarios de la reforma ganaron el referéndum de octubre de 2020 sobre la redacción de una nueva Constitución con casi 80% de votos. Sin embargo, la participación apenas superó el 50%. En el mismo referéndum, la mayoría de los ciudadanos votó por una Asamblea Constituyente recién elegida en lugar de una Convención Constitucional mixta de parlamentarios y ciudadanos.
Al mismo tiempo que las elecciones municipales de mayo de 2021, tuvo lugar una elección separada de los 155 miembros de la Convención Constitucional. De los 155 elegidos, 17 asientos se reservaron para representantes indígenas, considerando que, en el último censo, el 9% de los chilenos se identificaron como pertenecientes a la población indígena.
La mayoría de los candidatos elegidos para la Convención Constitucional eran independientes y candidatos de la izquierda política. Los representantes de los partidos establecidos del espectro de centroderecha estuvieron claramente subrepresentados. Esto es, en primer lugar, culpa de los propios partidos, ya que no se posicionaron con la suficiente fuerza ante unas elecciones tan emblemáticas.
Sin embargo, también hay que decir que es bastante común en América Latina que el péndulo oscile fuertemente de izquierda a derecha (y viceversa) de elección en elección. A menudo, los gobiernos y presidentes de derecha e izquierda (a veces extremadamente) se turnan. La elección de la Convención Constitucional tuvo lugar varios años después de la elección de un presidente más conservador, por lo que el péndulo de la voluntad electoral volvió a girar hacia la izquierda. En el momento de estas elecciones —más de un año después del inicio de la pandemia mundial de COVID, especialmente virulenta en América Latina— no sólo los más desfavorecidos, sino también amplios sectores de la clase media, sentían las aflicciones por las crecientes carencias económicas y castigaron electoralmente a los responsables políticos del momento.
Puntos clave
El alcance de la propuesta de reforma constitucional es abrumador. Un total de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias se incluyeron en el texto final. Un pequeño libro de más de 160 páginas fue entregado ceremoniosamente al nuevo (e izquierdista) presidente Gabriel Boric el 4 de julio de 2022.
Pero no solo es el volumen lo que hace dudar de cuántos ciudadanos han leído realmente el texto, lo que es digno de mención:
Una serie de palabras clave dan al proyecto de Constitución un carácter que en muchos aspectos lo hace aparecer como un contramodelo del ordenamiento básico existente. La nueva Constitución quiere ser plurinacional, intercultural, ecológica, regional. La representación equitativa también ocupa mucho espacio, al igual que los términos género y perspectiva de género (sin que este último término se describa con suficiente detalle).
El proyecto comienza clásicamente con la siguiente primera frase: «Chile es un Estado social y democrático de derecho». En cuanto a la protección de los derechos fundamentales, ha surgido un texto constitucional completamente moderno.
Otro aspecto positivo es el planteamiento de conceder más derechos a la población indígena, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Esto se refiere, entre otras cosas, al uso de su propia lengua, especialmente el mapudungun de los mapuches que viven en el sur de Chile, con más de un cuarto de millón de hablantes. Estas lenguas autóctonas deberían tener un estatus de protección. Además de los mapuches, la Constitución nombra a otros diez «pueblos y naciones indígenas», de ahí el término plurinacionalidad, que también utiliza Bolivia.
Además, a la «naturaleza» se le concede su propia subjetividad jurídica, es decir, se la hace portadora de sus propios derechos. Esto debe considerarse en el contexto del rápido desarrollo de la legislación medioambiental, especialmente en América Latina, donde en Colombia, Brasil y Ecuador ya hay varias decisiones judiciales al respecto. Chile quiere dar un paso más y establecer su propia jurisdicción medioambiental.
El texto constitucional hace referencia en varias ocasiones a la cultura jurídica, a los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Este fenómeno del pluralismo jurídico, poco conocido en Europa, tampoco es una peculiaridad chilena, sino que se discute en casi todos los Estados latinoamericanos.
Tribunal Constitucional
En la medida en que el proyecto de Constitución sólo menciona los conceptos fundamentales y exige en general su cumplimiento, no hay nada que decir en contra. El marco constitucional se completará con leyes subordinadas, más específicas. Es más difícil si se establecen requisitos muy específicos en el texto constitucional. Por ejemplo, el artículo 350 estipula un mínimo del 50% de mujeres para todas las «instituciones estatales autónomas». En marzo de 2022, los expertos en derecho constitucional de la Comisión de Venecia, a la que se pidió que evaluara la situación, señalaron que, aun reconociendo todos los esfuerzos deseables para lograr una representación equitativa en el nombramiento de los cargos públicos, la decisión de una cuota rígida de género ante el criterio de competencia profesional podría perjudicar el funcionamiento eficaz del sistema.
Algunas disposiciones en el ámbito del Poder Judicial siguen pareciendo problemáticas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional (cuyo nombre se va a cambiar), que en la práctica ha dictaminado de forma bastante conservadora, debe renunciar a algunas de sus competencias. Los derechos de participación de los distintos órganos del Estado (que han garantizado un cierto equilibrio de las distintas posiciones políticas) en los nombramientos de cargos en la judicatura deben limitarse y, en su lugar, agruparse y transferirse a un Consejo Judicial. No se sabe si este consejo tomará entonces decisiones independientes y equilibradas.
Por último, varias disposiciones del proyecto de Constitución parecen innecesarias, por cuanto no representan realmente ninguna protección constitucional. Un ejemplo es el artículo 60(1), según el cual toda persona tiene derecho a practicar «deporte, actividad física y ejercicio».
Intereses particulares
Las críticas al proyecto constitucional son múltiples. Al (no sorprendente) rechazo del proyecto por las fuerzas que no se sienten suficientemente representadas en la Convención Constitucional, se suman otras voces de la política y la sociedad. Varios chilenos que no se oponen fundamentalmente a la reforma no consideran acertado el texto que ahora se somete a votación, al menos en esta forma.
El intento de dotar a Chile de más paz social y de un marco sólido para años y décadas con una nueva Constitución debe considerarse probablemente ya —incluso antes del referéndum— un fracaso.
Este texto constitucional lleva demasiado la firma de solo una parte del espectro político chileno. Hay un intento excesivo de anclar ciertas posiciones políticamente controvertidas de forma inalterable junto a ideas y elementos modernos (jurisdicción medioambiental, protección de los derechos fundamentales). ¿Debe realmente establecerse en la Constitución una cuota de paridad de al menos el 50% de mujeres en los cargos públicos? ¿Hay que dar un espacio tan amplio a la cuestión de género, que también es controvertida en América Latina?
De este modo, ciertas cosas quedan expuestas como lo que son: Intereses particulares que se deben cimentar constitucionalmente aquí. Una buena Constitución, sin embargo, vive del hecho de que (solo) proporciona un marco que deja espacio para futuros desarrollos y no se anticipa inadmisiblemente y reduce el margen de maniobra a cero en algunas cuestiones.
Probablemente, la Ley Fundamental Alemana también ha resultado especialmente duradera porque el estancamiento entre los principales partidos en el Consejo Parlamentario obligó a los participantes a llegar a un acuerdo y ninguna de las partes consiguió poner su propio sello en el texto desde el principio. Esto es diferente en Chile 2022.
A la vista de la historia reciente de Chile, algunas de las exigencias formuladas en el proyecto de Constitución pueden parecer comprensibles. Sin embargo, un marco constitucional no debe estar inspirado en deseos, sino que debe ser, sobre todo, capaz de funcionar y perdurar.
¿Cuál será el resultado?
Precisamente esto parece cuestionable. Una posible erosión del Estado de derecho, un número creciente de cargos y autoridades, cuotas fijas, derechos de veto de gran alcance, intervenciones unilaterales en los procesos de libre mercado, como un derecho de huelga extremadamente amplio, y otros elementos del proyecto constitucional chileno 2022 parecen un modelo de (otra) Constitución latinoamericana que no está a la altura de su pretensión de ser la base de un país en desarrollo con éxito.
La decepción de los numerosos desfavorecidos que esperan una rápida mejora de sus condiciones de vida gracias a la reforma constitucional parece ya preprogramada.
El entusiasmo por una nueva Constitución ha ido disminuyendo desde el referéndum de 2020, y el éxito del proyecto de reforma es actualmente todo menos seguro. Las últimas encuestas predicen un resultado ajustado. El bando del «rechazo», es decir, en contra del texto, sigue actualmente con casi 5 puntos porcentuales de ventaja sobre los partidarios del «apruebo».
La expresidenta Bachelet, ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espera una victoria del bando reformista. Varios otros expresidentes se están posicionando en contra del proyecto.
El actual presidente chileno Boric había calificado relativamente pronto el éxito de este proceso de reforma como una elección del destino. En recientes declaraciones de finales de julio (antes del referéndum), ya hablaba de las modificaciones necesarias para volver a cambiar el texto constitucional tras la votación. De este modo, intenta que la opinión pública se incline por una mayoría a favor de la nueva Constitución. Para Chile, sin embargo, solo cabe esperar un documento más equilibrado.
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