El 17 de diciembre próximo en Chile se realizará el plebiscito acerca de la propuesta constitucional, en medio de un contexto en que los sondeos de opinión advierten que los chilenos están desinteresados y desean cerrar la discusión. En efecto, un 47% de la gente declaró estar no muy interesada o nada interesada en el proceso, según la encuesta CEP de septiembre-octubre de 2023.
Una de las razones del escepticismo frente al proceso constitucional es que existe una interpelación al gobierno, y los poderes del Estado en general. Se espera que se aboque a los temas que les apremian: la crisis en el proceso de desmunicipalización de la educación; la inminente quiebra del sistema de salud privado (ISAPRES), que no sólo afectaría a sus más de tres millones de usuarios, sino también a todo el sistema de salud del país; la necesidad de impulsar políticas relativas a la inmigración descontrolada; o fortalecer una acción decidida en contra del crimen organizado, entre otros.
Al respecto, tanto la alternativa «En contra», que representa a los partidos oficialistas, como la «A favor» que está en la oposición al Gobierno, han entregado argumentos para convencer al apático electorado de representar de mejor manera el cierre de la discusión constitucional. Se trata de un debate que lleva más de cuatro años en la escena nacional. Desde el estallido social de 2019, el gobierno del presidente Piñera y la mayoría de los parlamentarios acordaron una salida institucional a la crisis de gobernabilidad. Dieron curso así a una consulta ciudadana para abrir un proceso constitucional que aún no cierra.
¿Cuándo se cierra del proceso constitucional?
Las narrativas de los bloques políticos se han ajustado más bien a las disputas electorales. La campaña ha sido breve y se ha optado poco por la racionalidad y la argumentación del texto vigente, en comparación con el propuesto. Se ha preferido apostar por empatizar con el cansancio ciudadano en materia constitucional.
Los partidos de gobierno adaptaron su posición histórica frente a la Constitución vigente. La consideran aceptable y mejor que la propuesta realizada por el Consejo Constitucional. Y se comprometen a no abrir prontamente un nuevo debate constitucional sin establecer claridad en los tiempos. Cabe mencionar la excepción del oficialista Partido Comunista, que ha comunicado que luego de un eventual triunfo de la opción «En contra» impulsará un nuevo proceso constitucional.
La posición de «A favor» al texto propuesto intenta convencer al electorado que su opción es una derrota para el Gobierno. Con ello intenta convocar a la mayoría de la ciudadanía (62%) que se manifiesta en las encuestas en una posición reprobatoria al Gobierno.
Por lo tanto, es poco lo que se ha debatido respecto al contenido de la Constitución. Esta se gestó en democracia y contó con doce bordes constitucionales y un tribunal de admisibilidad (al que no fue necesario recurrir).
Mayorías y minorías
El Consejo Constitucional contó con una mayoría relativa de representantes del Partido Republicano. En alianza con los partidos de la derecha tradicional (excoalición de Chile Vamos: RN, UDI y Evópoli), consiguieron una representación mayoritaria que les permitió aprobar la propuesta constitucional.
Por otro lado, la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista en alianza con el socialismo democrático (PS) quedaron en una posición minoritaria. Esta finalmente se inclinó por estar en contra del texto.
Resulta evidente que no se consiguió un acuerdo transversal en el sistema político, es decir, una propuesta constitucional que nos una mayoritariamente como nación. En tal sentido, la lógica y dinámica de la polarización se impuso entre los representantes políticos.
Por lo tanto, el escenario luego del proceso constitucional seguirá polarizado. En ese contexto, si se impone el «A favor», el Gobierno y el Congreso Nacional deberán velar por la implementación de la nueva carta magna. Esto significará una etapa de arduo trabajo legislativo. Por otro lado, si se impone el «En contra», se mantendrá la incertidumbre institucional, que muy posiblemente proyectará una señal a la nación y al sistema internacional de que el proceso sigue abierto.
A pocos días de la elección (17 de diciembre) el resultado se nos presenta incierto. Los sondeos discrepan en los resultados y en las proyecciones. Como botón de muestra, la encuestadora CADEM en su último estudio publicado antes de la elección proyectó una diferencia favorable de 10 puntos para el «En contra». Mientras tanto, la encuestadora PARTNER sostuvo que el «A favor» está por sobre el 50% de las preferencias.
Acerca de la nueva Constitución
El nuevo proyecto de nueva Constitución tiene más de doscientos artículos. No es posible comentarlos todos en esta columna. Sin embargo, cabe observar tres ejes principales: cómo afecta a la democracia y a la calidad de la política, cómo incide en el desarrollo del país y si posibilita la creación de un Estado social y democrático de derechos.
Cabe observar cómo se pretenden canalizar las demandas ciudadanas presentando el desafío de ajustar la tradición constitucional. Esta nos brinda sentido de pertenencia e identidad al país, con la incorporación de asuntos propios de la agenda contemporánea.
Un buen ejemplo es la propuesta institucional que respondería a la necesidad de contrarrestar la corrupción. Para ello se promueve la creación de la Agencia Nacional Contra la Corrupción, que coordinaría a todos los órganos públicos en ese objetivo.
En la perspectiva de la propia estabilidad de la democracia, el texto intenta responder a las dificultades de consensos que han caracterizado al sistema político durante décadas. En efecto, el sistema de partidos y el sistema electoral se han transformado en dificultades reales para propiciar las condiciones de entendimiento.
Reforma del 2015
En 2015, Chile promulgó una reforma al sistema electoral (ley 20.840). Esta sustituyó el sistema binominal que condicionaba a los partidos a ubicarse entre dos bloques políticos por uno de carácter proporcional inclusivo, al objeto de fortalecer la representatividad del Congreso Nacional. Esta legislación permitió la ampliación del número de partidos (22) que hoy vemos en el Congreso Nacional. La fragmentación política constituye una de las dificultades que desincentivan los acuerdos políticos, fomentan la polarización, el clientelismo y complejizan la gobernabilidad.
La propuesta actual reduce el número de parlamentarios y exige a los partidos un mínimo de 5% de la votación según el padrón electoral del proceso anterior. Además, el texto incorpora la iniciativa popular de ley. Esto facultaría a los ciudadanos el poder de organizarse al objeto de proponer proyectos al Congreso. Todo ello con el ánimo de revitalizar los acuerdos y canalizar por nuevas vías la participación ciudadana, buscando renovar el compromiso con la democracia participativa.
Desde otra perspectiva, lo que pareciera sustancial en materia de desarrollo no está en los principios u órganos que contiene la propuesta. Más bien cabe esperar que el acuerdo constitucional sea leído como un renovado compromiso con lineamientos institucionales que despeje la incertidumbre jurídica.
Al respecto, quienes están por la opción «En contra» dicen que lo anterior no se consigue sin un documento que tenga apoyo transversal entre las distintas fuerzas políticas. Por tanto, han definido la propuesta actual como «partisana», por lo que una eventual aprobación traería mayor inestabilidad al país.
Falta de acuerdos
No obstante, la carencia de acuerdos al nivel de actores políticos sería una de las razones de la crisis institucional de 2019. La frustración que la motivó tiene relación con la imposibilidad de la elite política de alcanzar consensos en asuntos ampliamente demandados por la población. Este es uno de los motores de la polarización y crispación de la sociedad. Camino que desembocó en el estallido de violencia social y política de corte insurreccional.
Por último, la propuesta constitucional reconoce en su artículo primero al Estado de Chile como un Estado social y democrático de derechos. Sin embargo, para quienes se oponen al documento, ello se contradice al permitir que las personas elijan entre la atención pública y privada. A su juicio, la Constitución no garantizaría prestaciones que debieran ser una obligación para el Estado. Sin embargo, el texto es explícito en reconocer el derecho, pero ello no lo riñe con la capacidad de elección de las personas entre el ámbito público o privado en materia de salud, educación y sistema de pensiones.
En tal sentido, el texto constitucional propuesto en los ámbitos de las pensiones obligaría la creación de un proveedor público estatal que no existe actualmente.
Estado social y democrático
En consecuencia, el proceso constitucional en Chile ha sido extenso y se ha dado en un contexto de polarización complejo que dificulta alcanzar acuerdos. Por tanto, cualquiera sea el resultado dejará ganadores y perdedores. Ello es la antítesis del ideal constitucional, ya que este debiera representar los cimientos para la convivencia de una nación.
Un escenario posible es que luego de cuatro años todo quede igual constitucionalmente, es decir, que se mantenga la agonía de una institucionalidad que no está legitimada por la ciudadanía y que los propios poderes del Estado tienden a incumplirla. Sería, por tanto, una situación peor que como se inició la crisis de gobernabilidad del país, que se expresa principal y cotidianamente en una anomia de los actores públicos y privados de la sociedad.
La otra alternativa es un nuevo texto constitucional no consensuado transversalmente. Resistido por las actuales fuerzas oficialistas, por tanto, un acuerdo democrático precario. Sin embargo, de imponerse el «A favor» podría ser un primer paso para salir del estancamiento y la incertidumbre política, social y económica en los que Chile se ha sumergido.
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