México es un país que permaneció con el mismo grupo en el poder por más de 70 años. No fue sino hasta el año 2000, con la elección del panista Vicente Fox, cuando verdaderamente se dio una transición a la democracia y pasó a un equilibrio de poderes, aunque con tareas pendientes.
A partir de ese momento se establecieron una serie de controles y contrapesos durante los gobiernos emanados de Acción Nacional que permanecen en el tiempo. A paso lento, pero los cambios ya se vivían.
Hoy la democracia se ve desafiada por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder con todas las credenciales y de forma pacífica, gracias a un árbitro electoral fuerte y autónomo, el Instituto Nacional Electoral.
Lo que AMLO aprendió
Desde los primeros días de mandato y al estilo del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, López Obrador lanzó un «informe de estado» televisado denominado «las mañaneras», espacio que utiliza para marcar la agenda pública de comunicación. A menudo incurre en descalificaciones a periodistas y a polarizar con la oposición. El mandatario se reserva el derecho a decidir quién pertenece al pueblo, quién tiene autoridad moral para opinar, para cuestionar y quién es parte de un grupo que tramposamente llama «conservador».
Llamativo y no sin precedentes en la región es además la designación amañada e inconstitucional de un nuevo consejo electoral y el intento de introducir un modelo socioeconómico de carácter estatista que somete a las fuerzas productivas a sus lineamientos sectarios.
Un contrapeso disminuido
López Obrador, también trató de tener el control de la Suprema Corte. Primero anunció una reforma que le daría más del 50% de los votos de la nueva conformación y finalmente logró el nombramiento de cuatro de once ministros, cuando legalmente sólo debió nombrar a tres. El cuarto ministro fue resultado de una «casual» investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (dependiente del Ejecutivo y encargada de detectar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita) que articuló una investigación en contra del ministro, Eduardo Medina Mora, y que finalizó con la renuncia de este sin un aparente motivo.
Un Congreso a la medida
El presidente de igual modo ha tratado de disminuir la fortaleza del Legislativo como contrapeso a su poder. En los primeros tres años de gobierno (2018-2021) el número de congresistas a su favor era el suficiente para que pudiera realizar casi cualquier reforma. En este segundo periodo (desde el 2021) el desencanto de muchos arrepentidos le quitó la mayoría calificada de la Cámara de Diputados Federal, por lo que ahora su táctica es minimizar al legislativo y amenazar con «no cambiar ni una sola coma» a sus iniciativas presentadas con la alevosía de una mayoría simple.
Seguridad jurídica en riesgo
En cuanto a justicia, otro de los elementos que preocupan no es solo la inseguridad que se vive en el país, sino las decisiones que se toman para combatirla. El modelo mexicano ha inclinado la balanza hacia la militarización casi absoluta de la seguridad pública, ya que desde 2020 un 75,8 % de la Guardia Nacional era personal proveniente de las fuerzas armadas. México hoy cuenta con un modelo similar a países como Arabia Saudita, Corea del Norte, Angola, Nicaragua, Irán, Vietnam o Siria.
La seguridad jurídica también se ha visto doblegada por una serie de acciones dirigidas desde el Ejecutivo, sobre todo en el marco normativo mexicano. El ejemplo más emblemático se dio en noviembre de 2021, cuando se publicó un decreto por el que se consideró omitir cualquier procedimiento legal para cumplir la terminación de las obras consideradas como prioritarias en los tiempos establecidos. Esta acción inconstitucional no solo invadió la división de poderes; también ha sido el acto más confrontativo en contra de la seguridad jurídica.
Oposición y presidenciales
Otro adversario frecuente de este gobierno es el árbitro electoral, respecto del cual ha iniciado una campaña para su disolución y/o control en la víspera de las siguientes elecciones federales para la presidencia de la República que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024. Esto se facilita por la transición propia de cuatro consejeros electorales el próximo abril; proceso en el que ye empezó a irrumpir y que se teme sean a modo del presidente.
Los pasos hacia un sistema autoritario, en el atardecer del este sexenio, son evidentes. Hoy el reto de la oposición es seguir conteniendo las acciones autoritarias del ejecutivo de cara a las elecciones de 2024, con la consigna de evitar que los resultados de esa contienda conlleven más regresión, y retomar los cambios positivos de una democracia sana.
.
