Desde el comienzo de la Guerra Fría, las universidades estadounidenses han sido un vehículo fundamental en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por casi 60 años, la promoción de intercambios educativos fue clave para desplegar el poder blando ante el poder duro militar estadounidense.
Generaciones de cuadros de élite formadas en EEUU, como los llamados Chicago Boys chilenos, han replicado conceptos aprendidos en aulas norteamericanas en sus países de origen. Asimismo, instituciones no estatales como la Fundación Ford financiaron en distintos países latinoamericanos literales revoluciones en la manera de concebir la investigación, cimentándose y ampliándose así la influencia político-cultural estadounidense sobre la región.
Igualmente, durante la Guerra Fría la universidad estadounidense fue un centro de acogida para intelectuales extranjeros disidentes. Muchos eran críticos no solamente de sus gobiernos de origen, sino especialmente de la política exterior estadounidense.
Cambio de rumbo
En la actualidad, este sistema de relaciones se encuentra en crisis debido a cambios políticos en EEUU.
Tras reasumir el poder en enero, el gobierno de Donald Trump lanzó una campaña de reforma del sistema universitario estadounidense. Entre los cambios, tres son particularmente importantes para América Latina. Se proponen nuevos criterios de admisión y políticas de diversidad, equidad, e inclusión (DEI). Comienza a haber restricciones a estudiantes extranjeros. Y, además, se imponen recortes presupuestarios. La región, por su parte, observa los cambios desde una posición de absoluta desventaja estratégica sin que ninguna universidad latinoamericana figure dentro del top 100 mundial de rankings universitarios prestigiosos.
Las presiones del gobierno para forzar estos cambios se fundamentan en sanciones por supuestas violaciones de instituciones durante las protestas propalestinas de 2023 y 2024. Los casos de Columbia y Harvard, los de más alto perfil, involucran sanciones que totalizan cerca de 700 millones de dólares entre ambas instituciones.
Motosierra de recortes
Además, el gobierno decidió congelar o eliminar el financiamiento federal de becas y contratos de investigación. Estos cortes se efectuaron durante los primeros días de la nueva administración por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, todavía liderado por Elon Musk. Según datos del Center for American Progress (CAP), se anunciaron cancelaciones de entre 6.9 y 8.2 billones de dólares que, considerando fondos destinados a proyectos en marcha, implicaría ahorros futuros de entre 3.3 y 3.7 billones de dólares. Aunque, una base de datos del New York Times indica que el financiamiento federal total para universidades en 2024 fue de 600 billones de dólares. Esto sugiere que los cortes representarían solamente un 0.6% del gasto federal en investigación.
Los recortes han puesto a universidades y académicos a la defensiva no solo por la pérdida de recursos, sino por los cambios sustantivos en las prioridades de financiamiento de proyectos. En línea con ataques contra la gestión pandémica, la administración liderada por Robert Kennedy Jr. eliminó 1 billón de dólares en fondos de investigación en ciencias de la salud destinados a vacunas de ARN. En humanidades y ciencias sociales, las investigaciones financiadas con fondos federales deben resaltar la “grandeza” estadounidense. Así, el 7 de agosto, un decreto presidencial anunció mayor control federal sobre financiamiento de investigación delineando qué temas pueden o no recibir dinero.
Una tercera categoría de recortes incluye los fondos destinados al desarrollo internacional. Aunque es difícil cuantificar cuánto dinero de la finada USAID estaba vinculado a investigación universitaria, el daño a investigación sobre semovientes más resistentes ha sido bien documentado.
Restricciones en admisiones
Otra de las reformas pretendidas por la administración Trump implica nuevos criterios de admisión y políticas de DEI. El gobierno emitió directrices que declaran ilegales muchos programas de diversidad, equidad e inclusión. Argumentan que usaban criterios basados en la raza que violan la ley de derechos civiles. Un memorando presidencial de agosto de 2025 exige que las universidades presenten más datos de admisión al Departamento de Educación para garantizar que no se utilicen criterios raciales. Estas medidas han ido de la mano con restricciones para estudiantes internacionales. Las órdenes ejecutivas firmadas en junio de 2025 intensificaron las restricciones a la admisión, movilidad, y el ingreso al país de estudiantes extranjeros.
Junto a la pérdida de fondos de investigación, la potencial pérdida de ingresos por matrícula y manutención pagados por estudiantes extranjeros puede afectar el mix financiero universitario. Especialmente a nivel de pregrado.
La trayectoria del deterioro financiero universitario dependerá de la composición de esa peculiar mezcla de poder financiero que hace difíciles de igualar a las universidades estadounidenses: fondos federales, estatales, ingresos por matrícula (segmentados por residencia), donaciones, retornos de inversiones y utilización de endowments.
Acuerdos unilaterales
En casos como Harvard, su endowment alcanza 53 billones de dólares a junio de 2024. Representa más que el PBI anual de países como Guatemala, Bolivia, Paraguay o El Salvador. Universidades como Johns Hopkins, que obtiene 87% de sus fondos de investigación de arcas federales, pueden verse afectadas en esa área, mientras otras partes de la experiencia universitaria estadounidense—que a nivel de grado rara vez se restringe a investigación—podrían resistir mejor el shock de Trump.
A la fecha, las presiones del gobierno han resultado en acuerdos con las universidades de Brown, Columbia, y Pennsylvania. Brown y Columbia pactaron pagar multas de 50 y 200 millones de dólares respectivamente. Penn aceptó cambiar sus políticas de deportes universitarios. En Harvard, estudiantes y profesores peticionaron a los líderes universitarios para evitar pagar un acuerdo de 500 millones de dólares a la Administración Trump.
La combinación de recortes presupuestales que ponen en riesgo la innovación en sectores críticos, y la ejecución de mecanismos para remover el estatus de estudiantes extranjeros políticamente activos contribuye a un cambio de la percepción internacional acerca del sistema universitario estadounidense.
El efecto en Latinoamérica
Los recortes, la eliminación de políticas de DEI y la reducción del visado de estudio y trabajo para extranjeros en EEUU tendrán un efecto directo en América Latina. Lamentablemente, la falta de previsión estratégica latinoamericana no permite ser optimista sobre la capacidad de sus países de capitalizar plenamente las oportunidades generadas por la reforma trumpista.
En un mundo ideal, las universidades latinoamericanas estarían pescando el talento que las estadounidenses no pueden contratar debido a incertidumbres actuales. Pero no es así. No están en condiciones de absorber profesores o investigadores, que renuncian a universidades estadounidenses trasladándose a Canadá, Europa o Asia. A lo sumo, se verá la repatriación de estudiantes y egresados latinoamericanos que apuntaban a permanecer en EEUU.
Tampoco se hay opciones para atraer estudiantes talentosos y con recursos de otras partes del mundo. Más aún, aunque la situación actual reduciría el número de latinoamericanos estudiando en EEUU, la falta de opciones regionales hará que los principales beneficiarios del talento local sean universidades de canadienses o europeas.
La restricción de estudiantes e investigadores latinoamericanos pueden impactar el desarrollo de ideas y tecnologías para el avance de la región o la resolución de los problemas que sus países enfrentan. Y la disminución de cuadros latinoamericanos formándose o trabajando en EEUU podría también reducir la influencia político-cultural estadounidense.
Oportunidad para la región
Para transformar riesgos en oportunidades, universidades y diseñadores de políticas públicas en América Latina deberían generar condiciones para preservar potenciales estudiantes que puedan aportar recursos a sus instituciones. Con recursos que, potencialmente, no se perderían frente a instituciones extranjeras, podrían lograr un salto cualitativo. Permitirían así que alguna institución regional se sitúe dentro del top 100 universitario global en los próximos cuatro años.
La reforma universitaria de Trump representa tanto una crisis como una oportunidad histórica para América Latina. ¿La región sabrá aprovecharla o simplemente observará pasar otra oportunidad estratégica?
