En México, mientras que la opacidad gubernamental avanza, la libertad de expresión para los periodistas y medios de comunicación peligra.
Desde finales del año pasado, se alcanzaban a percibir los efectos de una amenaza a los contrapesos gubernamentales y a la democracia. Se eliminaron siete órganos autónomos, entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). También otros que funcionaban a manera de instituciones, ajenas a las decisiones del Ejecutivo, para la regulación y vigilancia de los poderes del Estado, así como de la evaluación de políticas públicas, la regulación de competencia económica y de recursos como las telecomunicaciones, electricidad e hidrocarburos.
La propuesta de la eliminación de estos organismos fue una herencia que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a su sucesora, Claudia Sheinbaum. El mandatario envió una propuesta de reforma legislativa para ser eliminados y absorbidos por otras instancias de gobierno. Consideraba que eran “inútiles” y representaban un gran gasto presupuestario.
Eliminación del IANI
Durante la reforma fue aprobada por las cámaras del Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024. Esto provocó el desmantelamiento paulatino del INAI, pese a ser la única institución en México encargada de supervisar el derecho a la información pública y vigilar los cumplimientos de transparencia y rendición de cuentas de los tres poderes del Estado, así como la protección de los datos de todos los ciudadanos.
Sin el INAI no hay ente garante del derecho a la información y la fiscalización ciudadana de las acciones del gobierno. A partir de solicitudes de información, las personas podían preguntar a sus gobernantes sobre el uso de recursos públicos, contratos, funcionarios y decisiones de gobierno. El INAI funcionaba a manera de árbitro para defender al ciudadano por su derecho a saber.
Aunque estas tareas —en el papel de la nueva ley— no van a desaparecer, quedarán a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la creación de un nuevo órgano: Transparencia para el Pueblo. Se encargará de mediar el acceso a la información cuando se trate de autoridades federales y cada estado deberá replicar la misma figura.
Sin embargo, ambas instituciones funcionarán como subordinadas al gobierno federal aunque ello ponga en riesgo su independencia. María Tanivet Ramos Reyes, nueva titular del organismo recién creado fue nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el INAI los consejeros eran sometidos a un proceso de selección por los legisladores. Este cambio amplía la incertidumbre sobre su autonomía para fiscalizar las labores de gobierno.
Debilitamiento periodístico
Las mejores investigaciones periodísticas, que han tenido impactos sobre las políticas públicas del país o incluso han develado escándalos de corrupción y el involucramiento de funcionarios públicos, se han dado a partir de solicitudes de acceso a la información y la transparencia gubernamental.
Como ciudadanos, las y los periodistas ejercemos nuestro derecho a la información. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia hacemos peticiones al gobierno federal y dependencias locales para conocer aquello que no es revelado por canales oficiales. Por ejemplo, información de contratistas, el destino de recursos públicos, el perfil y capacitación de funcionarios, estadísticas delictivas no contabilizadas por las autoridades, entre otros tópicos que resultan de interés público.
Algunas investigaciones periodísticas hechas con transparencia revelaron desvíos de recursos públicos, compras a sobreprecio de medicamentos y su escasez en diversos hospitales públicos, ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército y la mala gestión de recursos durante la pandemia de covid-19.
La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, publicado por el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, mostró el conflicto de interés en la adquisición de una lujosa mansión que fue construida por un contratista beneficiado con numerosos contratos durante la gestión del mandatario. El acceso a la información fue la herramienta clave para la realización de este trabajo.
Derecho a reservar información
Sin embargo, esta nueva reforma aprobada y en ejecución pone en vilo el cumplimiento de la transparencia en México. No solo porque no habrá un mediador entre el ciudadano y el gobierno. Además, se aumentaron las causalidades por las que las dependencias públicas pueden negar la obtención de datos o documentos alegando “poner en riesgo” obras prioritarias, programas de defensa o presuntos actos de corrupción que aún no estén avalados por tribunales.
Esto quiere decir que la autoridad tiene permitido reservar información que consideren sensible de cinco a diez años. Por ejemplo: datos sobre las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional o los costos de obras públicas en construcción.
Sin el derecho a la información se vulnera al periodismo al dejarlo sin un instrumento idóneo para su labor. Pero, sobre todo, a la ciudadanía. Afecta su derecho a información y a conocer las labores de gobierno para la toma de decisiones en la construcción de sociedades democráticas.
Ley de telecomunicaciones
Un anuncio antiinmigrante del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitido en cadena nacional en la televisora más grande de México fue el pretexto para la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este spot, Kristin Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, lanzó una amenaza contra la migración indocumentada: “Los delincuentes no son bienvenidos a Estados Unidos, si intentas entrar ilegalmente vas a ser capturado, deportado y nunca más podrás regresar”.
En respuesta, la presidenta de México afirmó que en el país no se hará propaganda política de otro país a través de medios de comunicación. Aprovechó el momento para enviar al Congreso una nueva Ley de Telecomunicaciones.
Organizaciones internacionales, como Artículo 19, que trabaja por la libertad de expresión y prensa, han alertado que esta nueva normativa pone en riesgo el futuro democrático de México al consolidar un poder político que “margina la ciudadanía y debilita las instituciones”, al no discutirse a través de un Parlamento Abierto que considere a todas las partes involucradas.
Deliberaciones de Morena
El artículo 109 es de los más alarmantes. Pues abre la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales y páginas de internet si así el gobierno lo decide. La redacción de este apartado fue considerada como “una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet” por la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Se podrán retirar contenidos sin la necesidad de una orden judicial que determine una acción es ilegal.
Ante la polémica, el gobierno de Sheinbaum informó la eliminación del artículo. Sin embargo, se mantiene en discordia entre la reforma y los dueños de medios de comunicación. A partir del órgano autónomo de vigilaba el uso del espectro radioeléctrico, sus funciones pasarán a manos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones subordinada del ejecutivo como única figura política de regulación.
Esta nueva normativa se ha calificado como regresiva. Tiene restricciones arbitrarias de censura y pone en riesgo de poner el control absoluto de los medios televisivos a manos del Estado. La premura por una aprobación fast track sin la consulta o diagnóstico de todas las partes, así como la falta de contrapesos en el Legislativo, ha dado pie a deliberaciones absolutas del partido Morena y sus aliados, quienes ostentan la mayoría de representación en las cámaras.
Aunque en el Senado esta Ley se ha enfrentado a cerca de 500 observaciones en más de 80 artículos, su aprobación se prevé como casi un hecho, al concentrarse la mayoría del poder político en la misma dirección del poder presidencial.
