A pesar de las carencias de los gobiernos, la adopción de IA avanza rápidamente en la región. Veinticuatro países de América Latina y el Caribe ya utilizan herramientas de IA en la administración pública. Un informe del PNUD indica que estas aplicaciones cubren desde servicios al ciudadano (30% de los casos) y funciones económicas (26%), hasta seguridad pública (18%), sanidad (8,5%), educación (8%) y protección social (3%).

Es decir, los gobiernos están experimentando con IA en muchos frentes: chatbots de atención al público, modelos predictivos para políticas económicas, sistemas de vigilancia e incluso algoritmos que asignan recursos en salud o bienestar. El impulso es real pero desigual, con proyectos piloto aislados que conviven con áreas enteras del Estado aún analógicas.

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En la práctica, los países incorporan IA sobre bases frágiles. En la región la norma son datos de mala calidad, trámites engorrosos, brechas de conectividad y personal no capacitado. Así, la IA muchas veces se limita a automatizar procesos defectuosos, sin transformarlos en lo esencial. 

Oportunidades y riesgos

El estudio “Gobernar con la inteligencia artificial” de la OCDE, si bien destaca beneficios tangibles de la IA para agilizar procesos internos y optimizar decisiones públicas, también advierte obstáculos graves. ¿Cuáles son? Sesgos algorítmicos que amenazan derechos fundamentales, falta de transparencia que erosiona la rendición de cuentas, brechas digitales que pueden ahondar desigualdades, e instituciones poco preparadas para gestionar estos sistemas.

En América Latina, estos problemas no son teóricos, sino la realidad cotidiana de muchos Estados. Dicho esto, una administración 2.0 basada en IA corre el riesgo de acelerar las disfunciones en lugar de resolverlas. 

Esta brecha la evidencia el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), elaborado por CEPAL y CENIA Chile. Su edición de diciembre 2025 evaluó la preparación de 19 países frente a la IA, y los resultados revelan profundas disparidades.

Chile lidera como pionero con 73 puntos sobre 100, seguido de Brasil (69) y Uruguay (65). En un segundo grupo de adoptantes figuran Argentina, Colombia y México (51 a 56 puntos), evidenciando una brecha notable respecto a los líderes. La mayoría del resto de países obtienen calificaciones muy por debajo de 50, lo que los sitúa en niveles incipientes de madurez digital.

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Varios países latinoamericanos permanecen en el nivel más bajo de preparación (exploradores), con ecosistemas de IA apenas emergentes y capacidades institucionales muy limitadas.

I+D o la clave de todo

La inversión en ciencia y tecnología es otro talón de Aquiles. América Latina representa cerca del 6,6% del PIB mundial, pero apenas recibe el 1,12% de la inversión global en inteligencia artificial. Esto se refleja en un gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) muy bajo.

La mayoría de los países latinoamericanos invierte menos del 0,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Esta falta de inversión público-privada se traduce en infraestructura precaria, sistemas gubernamentales obsoletos y pocos profesionales especializados. Intentar gobernar con IA sin invertir primero en capacidades básicas es como construir castillos de arena en la orilla del mar. 

La brecha no es solo tecnológica o financiera, también es organizacional. La madurez del gobierno digital en Latinoamérica es baja en términos comparativos. Por ejemplo, el Digital Government Index de la OCDE (2025) promedia apenas 0,60 sobre 1 en América Latina, muy por debajo del promedio 0,70 de los países OCDE o del 0,90 que tienen los líderes. Pocos países superan el umbral de 0,5 (Brasil, Argentina) mientras que la gran mayoría obtiene puntajes bajos que reflejan digitalizaciones incipientes.

Gobiernos que no aprovechan la IA

En cuanto a servicios públicos proactivos (que incluye la utilización estratégica de IA para anticipar necesidades ciudadanas), el desempeño regional es el peor, con una puntuación media de solo 0,21en 1. Esto sugiere que los gobiernos latinoamericanos aún no aprovechan la IA para anticiparse ni personalizar trámites, quedándose en usos muy básicos.

Peor aún, solo el 22% de los países de Latam ha establecido una estrategia nacional de IA para el sector público, y cerca del 78% carece de marcos o directrices para el uso ético y confiable de algoritmos en sus instituciones.

Con este panorama, la IA corre el riesgo de amplificar las ineficiencias estatales existentes en lugar de solucionarlas. Si un procedimiento burocrático es lento y opaco, la IA no lo vuelve transparente ni ágil por arte de magia. Puede, simplemente, automatizar la opacidad y la lentitud a mayor escala.

Los algoritmos entrenados con datos incompletos o sesgados replicarán esas mismas distorsiones de forma sistemática. Según la OCDE muchos proyectos gubernamentales de IA quedan estancados en fase piloto por carencias de datos de calidad, aversión al riesgo, marcos normativos engorrosos y tecnología obsoleta en las instituciones públicas. A ello se suma la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de resultados.

Fortalecer antes de apostar

Es fácil que las herramientas de IA refuercen sesgos sociales y amplíen brechas de desigualdad preexistentes si no se gestionan con cuidado. Digitalizar un trámite mal diseñado sin rediseñarlo previamente es poner la tecnología por delante del proceso, una receta para resultados decepcionantes. La IA no corrige un procedimiento defectuoso, solo lo ejecuta más rápido, con los mismos errores.

¿Hay alternativa para evitar que la IA gubernamental se convierta en un amplificador de problemas?

Los estudios citados coinciden en que la clave está en fortalecer los cimientos institucionales antes de apostar todo a la automatización inteligente. La capacitación del capital humano es crucial. Es urgente invertir en infraestructura digital (conectividad, sistemas interoperables, datos abiertos de calidad) y en establecer mecanismos de gobernanza responsable (transparencia, participación, control).

La inteligencia artificial puede ser una poderosa aliada para mejorar la gestión pública en América Latina, pero no es una cura mágica para los males administrativos. Sin reformas profundas como simplificación de trámites, modernización de sistemas, mejora de los datos, profesionalización del servicio civil, la IA solo acelerará procesos disfuncionales en lugar de transformarlos. En consecuencia, la región corre el riesgo de ver pasar el tren de la revolución digital.

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Desde hace un año, al menos, asistimos la ruptura paradigmática del orden multilateral basado en reglas, el orden liberal de la post Guerra Fría, en el que Estados Unidos desempeñaba un rol central. Bajo la segunda administración de Donald Trump, la potencia instrumentalizó la imposición de aranceles comerciales para presionar a competidores y aliados, desmanteló los mecanismos de asistencia internacional, como USAID, que durante décadas forjaron los esfuerzos de cooperación internacional. Así es como se rompieron los compromisos de apoyar la promoción de la democracia y los derechos humanos.

En paralelo a la hegemonía de EEUU, la caída de la Unión Soviética dio paso al ascenso China y Rusia en oposición a la expansión del modelo occidental de economías globalizadas. El blanco de las críticas no se limitaba al capitalismo global, sino a su expresión política: la democracia liberal. Los esfuerzos encabezados principalmente por EEUU se tradujeron en la construcción de un aparato de financiamiento de asistencia y promoción de la democracia liberal a nivel mundial dotado de una estructura tanto o más poderosa que la del sistema de las Naciones Unidas.

El multilateralismo fue una de las herramientas que contribuyeron a la construcción del orden mundial basado en reglas que hemos tenido hasta ahora. En sus inicios, representó una estrategia de cooperación y de construcción de relaciones diplomáticas y una iniciativa para superar las debilidades de las experiencias históricas previas, como la de la Liga de las Naciones. Sin embargo, en el contexto actual, el retiro de facto de los Estados Unidos de los esfuerzos de cooperación internacional plantea interrogantes similares sobre la capacidad del sistema multilateral para sostener su relevancia y eficacia.

¿El ocaso?

El escenario contemporáneo presenta una profunda crisis del multilateralismo. La evaluación del desempeño, de las agencias como de los mecanismos de reforzamiento, muestra la debilidad para hacer efectivos los compromisos, ya sea por la negativa de actores nacionales o por la falta de formalidad de las reglas para obligar al cumplimiento de los compromisos, como lo señala el Índice de Multilateralismo de 2024.

A ello se suma la crisis de financiamiento, con capacidades cada vez más limitadas para ampliar operaciones y para mantener las existentes. Esto afecta seriamente la operatividad. En estas circunstancias, la capacidad de respuesta de las Naciones Unidas y sus agencias se percibe como ineficaz. El efecto es una fragmentación geopolítica, de la que surgen otros esquemas multilaterales regionales e incluso unilaterales.

Sin embargo, el Índice apunta a que la crisis del multilateralismo no es de participación, sino de efectividad y legitimidad. Por un lado, hay una proliferación de crisis que el sistema es incapaz de contener por la vía de la mediación de conflictos. Por otro, hay un conjunto de consecuencias en el ámbito humanitario que el sistema responde con una respuesta limitada en gran medida debido a restricciones institucionales y normativas que dificultan la adopción de decisiones oportunas y efectivas, por ejemplo, el mecanismo del poder de veto.

La inercia de diferentes conflictos bélicos inconclusos como los de Ucrania, Gaza o Irán, hace que la fragmentación geopolítica tome cuerpo en regiones percibidas como ajenas a los intereses de quienes dominan las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo que, en espacios como el Mercosur o los BRICS se están gestando alianzas y compromisos que aspiran a alcanzar objetivos difíciles de canalizar en otros foros internacionales.

¿Recuperar legitimidad?

En momentos en que la ONU se prepara para elegir al próximo/a Secretario/a General, que suceda a António Guterres, los cuatro candidatos principales deberán responder al cuestionamiento sobre la vigencia del multilateralismo.

Por primera vez Latinoamérica destaca con tres candidatos. La chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan, y el senegalés Macky Sall encabezan la definición. El contexto de fondo es el retiro de EEUU del protagonismo global, en medio de la profunda crisis financiera que aqueja al sistema.

Además, la ONU no solo enfrenta el reto de recuperar su legitimidad en la gestión de conflictos. También debe recuperar su autoridad para encarar las demandas que el multilateralismo regional todavía no está en condiciones de sortear.

Resulta inevitable no mirar el débil desempeño del sistema de las Naciones Unidas durante la pandemia de covid-19 y los conflictos internacionales posteriores. La pérdida de terreno del multilateralismo tiene mucho que ver con la inercia de la ONU ante la fragmentación geopolítica y los recientes avances unilaterales de EEUU.

La segunda administración de Trump ha provocado una profunda polarización en Latinoamérica. Esto llevó a algunos gobiernos a plegarse a los principios del Corolario Trump y generar un fuerte alineamiento.

¿Qué puede pasar?

Resulta prematuro inferir que la actual crisis del multilateralismo implica su ocaso definitivo. Pero es cierto que hay un hastío ante la incapacidad de los mecanismos regionales y globales para dar respuesta a conflictos que son de su competencia. La consolidación de la fragmentación unilateral y regional responde justamente a esas debilidades y desencuentros. Se terminan deslegitimando las capacidades de la ONU y de agencias fundamentales, como la Organización Mundial de la Salud o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En ocasión del Día del Multilateralismo, y con el inicio del proceso de selección del próximo líder de la ONU, resulta oportuno hacer votos para que se ratifique el compromiso principista que dio origen al sistema y convocar a todos los países miembros a su apoyo.

* Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de Diálogo Político ni de la Fundación Konrad Adenauer.

En la última década (2015-2025) Venezuela pasó de ser un país históricamente con bajas tasas de emigración a vivir la dolorosa salida del 28% de su población. Consecuentemente, Colombia, de escasa tradición de recepción migratoria, se convirtió en el principal destino de una diáspora que hoy supera las ocho millones de personas. Este fenómeno migratorio demuestra, una vez más, que Colombia y Venezuela son países espejo. Cuando sucede algo al interior de uno, se refleja en el otro.

La migración no es un fenómeno aislado. Se inserta en la erosión democrática y la ruptura progresiva del orden institucional en Venezuela, en la transformación de la relación colombo-venezolana y en la configuración de la crisis humanitaria. Comienza en 2015, con el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro. Avanza año a año, mostrando cómo la crisis se transforma, se profundiza y obliga a Colombia a innovar en política pública.

Crisis por etapas

10 años de la respuesta de Colombia a la migración venezolana es un libro cronológico, contextual y con un enfoque institucional y normativo para delimitar un tema inabarcable. Reconoce que la respuesta migratoria de Colombia a la migración ha involucrado a muchos más actores y sectores que han tenido una labor muy importante: la Banca Multilateral y la Cooperación Internacional, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades religiosas, y la academia.

El libro recorre las distintas etapas de la respuesta. Inicia con un breve contexto migratorio e institucional con el que contaba Colombia antes de 2015. Seguidamente aborda el período 2015–2017, con la crisis de retornados y refugiados desde Venezuela y la respuesta a esta emergencia humanitaria. En este período se encuentran pistas valiosas que mostrarían el talante de la respuesta posterior. Los años más agudos de la crisis de movilidad humana fueron 2018 y 2019. El Estado colombiano dio un giro hacia la regularización desde la política pública y mostró un firme liderazgo en la internacionalización de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.

Posteriormente, aborda los desafíos de la pandemia y la fuerte tensión que se dio entre el cierre sanitario y la movilidad humana. Continúa con dos años dinámicos y prolíficos en política pública. En ese momento se desarrolló el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y se encaminaron varias políticas hacia la integración. Finalmente, analiza el periodo 2023–2025, de fuertes cambios en la arquitectura institucional migratoria. Tras el estatuto, fue desafiante en temas de integración y sostenibilidad. La línea argumentativa es un recuento de los principales instrumentos creados por el Estado colombiano como permisos especiales, registros administrativos, documentos de política pública, leyes, decretos, resoluciones, circulares, algunas sentencias y, por supuesto, el ETPV.

Detrás de la política migratoria

La investigación logró identificar e incluir 131 instrumentos normativos principales que hacen o en algún momento hicieron parte de la política migratoria de la década. De esta muestra, el 9% son leyes, el 26% son decretos emitidos desde el Ejecutivo y 58% son resoluciones y circulares de menor jerarquía legal.

[Lee: El fin del orden]

El 84% de dichas políticas pueden ser derogadas con la expedición de una nueva norma, la estabilidad de la política migratoria colombiana aun está en construcción. Su naturaleza ha dependido mucho de la voluntad de las últimas tres administraciones presidenciales. Si bien en muchos momentos la creación de normas de menor orden ha permitido una respuesta rápida y eficaz a los procesos migratorios, también, la insuficiente jerarquía legal de las normas comprometen su permanencia y solidez institucional. Una situación que es muy riesgosa en coyunturas en donde por decisiones políticas la agenda migratoria pierde importancia o se cambian enfoques de derechos humanos por visiones securitistas o incluso criminalizantes de la migración.

Enfoque de integración

En un contexto global en donde predominan narrativas de contención, expulsión y securitización de la migración, Colombia adoptó —con limitaciones y tensiones— un enfoque predominantemente orientado a la regularización y la integración. A pesar de ser un país con profundas desigualdades, con un conflicto interno no resuelto y con limitaciones fiscales estructurales.

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La política migratoria no ha sido lineal. Tuvo avances, retrocesos, rupturas y continuidades entre gobiernos. En diez años, hubo momentos de liderazgo político decidido y momentos de subordinación del tema migratorio a otras agendas diplomáticas. La migración venezolana no es un fenómeno coyuntural ni transitorio, es un proceso estructural que transformó la demografía, el mercado laboral, los sistemas de salud y educación, y las dinámicas territoriales en Colombia. Es una historia que merece ser contada porque preserva la memoria de una década que transformó a Colombia y que además lo seguirá haciendo. La memoria importa. Documentar lo ocurrido es una forma de proteger los aprendizajes institucionales y evitar retrocesos.

El libro recuerda algo esencial: la migración no es únicamente un fenómeno social y demográfico, es un espejo de las democracias. En el caso venezolano es evidente. La fortaleza o debilidad de la democracia es factor de expulsión o atracción migratoria. La manera en que responde un país a quienes necesitan protección internacional dice mucho sobre su sistema político y su proyecto de sociedad. Colombia eligió —con tensiones, debates e imperfecciones— un camino distinto al de la exclusión. Ese camino debe ser evaluado, corregido y fortalecido, pero también debe ser reconocido.

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El presidente Javier Milei ganó ampliamente la elección legislativa de medio término en octubre pasado, lo cual le dio un fuerte impulso político para avanzar con su ambiciosa agenda de reformas. Logró aprovechar ese capital político para hacer aprobar varias leyes este verano en sesiones extraordinarias, sobre todo una profunda reforma laboral.

Sin embargo, dichos avances no están siendo acompañados por el apoyo de la opinión pública. El último registro del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella (marzo 2026) detectó una nueva retracción, sumando cuatro meses seguidos. En este caso fue más profunda que las mediciones anteriores, ubicándose a esta altura ligeramente por debajo del mismo hito que el gobierno del expresidente Mauricio Macri, es decir, el marzo posterior a la legislativa de medio término.

Hay tres detalles para atender. El descenso más pronunciado fue en el ítem “evaluación general del gobierno”, que marcó por debajo de los dos puntos (de cinco), un retroceso del 9%. El aspecto peor evaluado continúa siendo “preocupación por el interés general” (cayó 6%), que debe ser leído como falta de sensibilidad. El segundo dato es que en el segmento de 18 a 29 años el índice cayó un 25%, el grupo etario que más apoyaba a la administración libertaria. Y, en tercer lugar, si bien el índice no va de la mano automáticamente con el de satisfacción del consumidor, llevan dos meses de descenso conjunto.

Las sombras

¿Por qué se produce este descenso en el apoyo desde diciembre, luego de ganar con comodidad la elección legislativa de octubre? En primer término, desde hace ya muchos meses la demanda social está centrada en la cuestión socioeconómica, específicamente el deterioro salarial y el miedo a perder el empleo. Existen varios datos que dan cuenta de un estancamiento en la microeconomía. Es lógico pensar que mientras no se vean mejoras la aprobación seguirá deteriorándose.

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En segundo lugar, la mayoría le dio al presidente el crédito que solicitó. En consecuencia, la sociedad elevó su exigencia. Por lo tanto, luego de dos años de esfuerzos frente al ajuste, era de esperar que la paciencia social no sea tan laxa como en la primera parte del mandato.

En tercer término, otro tema que preocupa es la corrupción. Sobre este aspecto el gobierno sufre algunos contratiempos. Esto involucra a todos los asuntos relacionados con el jefe de gabinete —incondicional de Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia—, Manuel Adorni: el viaje con su pareja a Nueva York, un viaje en avión privado a Punta del Este en el verano y la compra de propiedades que podrían no ser sustentables con su ingreso como funcionario. A esto se suman las novedades continuas sobre el famoso Libragate, un caso de supuesta estafa a través de una criptomoneda que promocionó el propio primer mandatario.

Narrativa contradictoria

Existe un elemento del marco que complejiza la situación. El presidente, en su discurso del primero de marzo, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso, anunció “la moral como política de Estado”. Más allá de dónde desemboquen los casos Libra y Adorni judicialmente, desde el punto de vista de la mayoría social se está produciendo una contradicción entre una actitud impoluta que promueve Milei y estos acontecimientos.

Recuérdese que uno de los puntales del relato libertario es su lucha contra “la casta”, referenciándose en las conductas y privilegios de la clase política tradicional. Los casos comprometedores opacan la imagen del oficialismo. El año pasado estuvo teñido de supuestas coimas en la agenda de discapacidad o la candidatura fallida de José Luis Espert por eventuales vinculaciones con un narcotraficante. Esta es la dinámica que complica el juego al gobierno de Milei, pese a que está mucho más sólido políticamente que en su primera fase.

Falta de adversarios

A favor del gobierno nacional está la ausencia de una oposición renovada y competitiva de cara a la elección presidencial de 2027. Por el lado del peronismo y kirchnerismo, la detención domiciliaria de Cristina Kirchner y el conflicto entre las huestes de la expresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene a ese movimiento político sin la suficiente capacidad de reacción para capitalizar los errores del oficialismo. El resto del espectro político aun está lejos de una articulación virtuosa. Sin una base política de sustentación amplia, comienzan a circular versiones sobre eventuales outsiders, emulando en cierta medida al propio fenómeno que representó Milei.

Este escenario de dificultades por ambos bandos, oficialismo y oposición, se está volviendo bastante habitual en la política contemporánea: nadie está muy fortalecido, lo que genera interrogantes sobre la gobernabilidad. Recordemos que en muchas de las últimas elecciones presidenciales en la región se ha impuesto la idea del menos malo, como plebiscitos en contra del mal mayor. En el caso argentino, Javier Milei cuenta a su favor con el fresco recuerdo de la crisis económica heredada de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Si la elección fuese hoy, el mandatario libertario llevaría las de ganar frente a la imagen negativa de la principal fuerza opositora, pese al desgaste.

De todos modos, en las últimas semanas varios estudios de opinión comenzaron a detectar que estarían siendo mayoría quienes creen que la responsabilidad de la actual situación económica se debe más a Milei que a su antecesor. El tiempo pasa y siempre termina complicando a quien está en el poder.

El gasto militar global alcanzó los 2,6 billones de dólares en 2025, con un crecimiento interanual del 2,5%. El dato lo aporta The Military Balance 2026, un informe del International Institute for Strategic Studiesde Inglaterra. El dinero destinado a la defensa viene en ascenso continuo desde 2021. En 2024, alcanzó los 2,7 billones de dólares, con un salto interanual cercano al 10%.

Latam: un actor marginal

América Latina aparece como una región de bajo gasto relativo y limitada proyección militar, tanto en términos absolutos como comparativos. En un contexto de aumento del gasto global, América Latina es de las pocas regiones donde el gasto se mantiene relativamente estancado.

De momento no hay datos claros para 2025. En el caso de 2024, la región de América Central y el Caribe tuvo un desembolso de 19,80 mil millones de dólares y 53,60 mil millones para América del Sur según datos del Stockholm International Peace Research. Esto ubica a la región en un gasto un poco superior a los 70 mil millones de dólares anuales, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años. 

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Según esa misma fuente, en 2024 a nivel mundial el gasto en defensa fue de 2718,2 mil millones de dólares. ¿Qué representa América Latina en esa cifra?

En términos de esfuerzo económico, América Latina destina en promedio entre el 1% y 1,5% del PIB a defensa, ubicándose por debajo de EEUU (3,4%), la OTAN (2% y presionada por EEUU para aumentar al 5% para 2035) Rusia (7%) y China (del 1,5%).

A nivel país, los casos más relevantes muestran variaciones. Colombia es el Estado que más invierte en la región: 3,4% de su PIB y el 10% del presupuesto nacional. La necesidad de fortalecer la defensa está vinculada a los conflictos internos con el narcotráfico y grupos armados. Brasil, aunque supera a Colombia en gasto en dólares, deriva 1% de su PIB y 2% de su presupuesto nacional, asemejándose a varios Estados europeos.

¿A dónde va el gasto? 

En Latinoamérica el gasto en defensa no está orientado a capacidades de proyección militar, sino más bien, a control territorial, seguridad interna, apoyo a fuerzas policiales y gestión de crisis (narcotráfico, fronteras, desastres). El gasto no se traduce en poder militar como sucede en otras regiones.

La baja inversión en seguridad de los países latinoamericanos es compensada por el apoyo de proveedores externos, especialmente en equipamiento militar. Los principales proveedores de los Estados latinoamericanos están en EEUU, China y Francia.

A diferencia de Europa, que pese a su dependencia busca mayor autonomía, América Latina carece de una industria de defensa integrada y competitiva. En Occidente, mientras Estados Unidos y Europa amplían sus esfuerzos y su gasto en defensa ante cambios en el entorno de seguridad, América Latina mantiene un perfil de baja militarización relativa. Esto implica la continuación del limitado peso militar y la dependencia, como también el desfase de la agenda global, con una tendencia clara a priorizar el fortalecimiento de las fuerzas de defensa. Mientras el mundo discute disuasión y conflictos interestatales, América Latina sigue centrada en seguridad interna y otras prioridades, como el crecimiento económico y servicios sociales. 

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En este contexto, el debate sobre el gasto en defensa en la región no responde tanto a una lógica de competencia internacional, sino a dinámicas domésticas y restricciones fiscales, lo que refuerza su posición periférica en el sistema de seguridad global.

Nueva lógica

A partir de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU (2025), la región se ve inserta en una nueva lógica de interés, que implica reforzar la influencia estratégica de la potencia norteamericana. En los últimos meses el gobierno de Donald Trump intervino en la política doméstica latinoamericana con la militarización del Mar Caribe, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el bloqueo naval a Cuba, los casos más evidentes. 

En marzo, la Casa Blanca reunió a 12 países en la alianza del Escudo de las Américas, cuyo objetivo es el trabajo conjunto frente a organizaciones criminales, un pacto en el que países como Ecuador destacan en su alineación con Washington. A pesar de la marcada asimetría tecnológica y estratégica, la mayoría de los países, movidos por el giro ideológico de los gobiernos, han buscado una nueva alineación para compensar sus carencias.

El gasto en defensa latinoamericano no solo es menor en volumen, sino también en capacidad operativa, lo que limita el alcance, la modernización de las fuerzas armadas y la dependencia en un entorno bélico y criminal cambiante, con mayor exigencia de tecnología e inteligencia.

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El 12 de abril se celebraron en Perú las elecciones presidenciales y parlamentarias. El escrutinio en curso apunta a una victoria en primera vuelta de Keiko Fujimori, de la fuerza conservadora Fuerza Popular, con aproximadamente el 17% de los votos. Ante este resultado, será necesaria una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio. Aún está por definirse quién pasará a esa instancia como segundo candidato: el izquierdista Roberto Sánchez o el conservador Rafael López Aliaga. Se disputan el segundo lugar en un ajustado “mano a mano”, con alrededor del 12% cada uno. Será necesario esperar el cómputo completo de los votos.

Una ganadora y posibles contrincantes

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori —quien gobernó el Perú entre 1990 y 2000 de forma cada vez más autoritaria—, gana por cuarta vez consecutiva la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas. Dado que su resultado está lejos de la mayoría absoluta, deberá competir nuevamente en una segunda vuelta. Hasta ahora, Fujimori no ha logrado imponerse en una segunda vuelta debido al fuerte antifujimorismo existente en el país. Sin embargo, es posible que este año se repitan algunos de los factores que en su momento contribuyeron a la elección de su padre. El deterioro de la situación de seguridad es percibido por la ciudadanía como uno de los principales problemas del país, y muchos desean una política de “mano dura”, que Keiko —como suele ser llamada— promete aplicar.

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Mucho dependerá de quién sea su rival en la segunda vuelta. Al cierre de este artículo, el 16 de abril, se había escrutado el 92% de las actas, con los siguientes resultados: Keiko Fujimori, 17,05%; Roberto Sánchez, 12,05%; Rafael López Aliaga, 11,86%. El conteo paralelo de la organización nacional de observación electoral Transparencia y del instituto Ipsos, publicado ya el 13 de abril, muestra un resultado similar y confirma la tendencia que se perfila en el escrutinio oficial: Roberto Sánchez levemente por delante de Rafael López Aliaga en el segundo lugar. Dada la estrecha diferencia, es necesario esperar el recuento completo para determinar con claridad quién ocupará el segundo puesto.

El candidato de izquierda Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se considera a sí mismo heredero político del desafortunado Pedro Castillo. El expresidente electo en 2021 fue destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y actualmente se encuentra en prisión. Castillo había prometido representar, ante todo, los intereses de la población rural e indígena.

Escenarios posibles

Una segunda vuelta —por el momento la más probable— entre la conservadora Fujimori y el izquierdista Sánchez devolvería al Perú al escenario de 2021, cuando Keiko compitió con Castillo y perdió. El rechazo común a Fujimori permitió entonces el triunfo del outsider Castillo. Esto podría repetirse ahora. Sin embargo, muchos votantes tienen presente la acelerada inestabilidad política que siguió a su elección. Tras Castillo, otros dos presidentes fueron destituidos por el Congreso. De modo que el Perú ha sido gobernado en el actual período por ya cuatro mandatarios. Es posible que, en esta ocasión, el temor a una nueva etapa de inestabilidad pese más que el antifujimorismo y que Keiko logre finalmente ganar la presidencia en su cuarto intento.

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Una eventual segunda vuelta entre Fujimori y también el conservador López Aliaga se movería dentro del mismo espectro ideológico, aunque con bases electorales distintas. López Aliaga cuenta con apoyo principalmente en las clases media y alta de Lima, mientras que Fujimori tiene mayor respaldo entre la población de menores ingresos del área metropolitana de Lima, así como del norte, centro y la región amazónica del país. En ese escenario, el eje central sería la movilización de las respectivas bases electorales y la captación adicional del electorado de la sierra sur.

Congreso con nuevas perspectivas

Nuevas perspectivas para la política peruana podrían surgir a partir de la composición del Congreso, que ha ganado peso de forma creciente. Con las elecciones parlamentarias celebradas simultáneamente, se reintrodujo el Senado. Asimismo, el umbral electoral del 5% fue complementado con requisitos adicionales para acceder a ambas cámaras del Congreso. Esta barrera reforzada ya muestra resultados y, según estimaciones preliminares, reducirá a cinco o seis el número de partidos representados, aproximadamente la mitad de los actuales. Si bien existen críticas a este endurecimiento del umbral, también se asocian a él expectativas de menor fragmentación y mayor estabilidad política.

De acuerdo con las primeras proyecciones, los dos partidos conservadores Fuerza Popular y Renovación Popular obtendrían alrededor de la mitad de los escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Aproximadamente un tercio de los mandatos correspondería a partidos de centroizquierda —Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación— y cerca de una cuarta parte a la fuerza de izquierda Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez. De cara a una mayor estabilidad futura, será necesario forjar alianzas, algo que podría resultar más sencillo en un Congreso menos fragmentado. El nuevo presidente deberá tener esto en cuenta desde el momento de formar gobierno.

Seguridad, economía y justicia social

Según una encuesta reciente del instituto Ipsos, el 68% de la población peruana considera que la delincuencia y la violencia son los problemas más urgentes a abordar. La corrupción es percibida como un problema estructural, y la gestión gubernamental es evaluada como ineficiente. Como consecuencia, existe desconfianza hacia la política y, en parte, hacia la democracia. En consonancia con estas prioridades, casi todos los candidatos situaron la seguridad pública y la lucha contra la criminalidad (organizada) en el centro de sus campañas. Otros temas relevantes fueron el desarrollo económico y el empleo, la salud pública y el sistema educativo.

Keiko Fujimori destacó el orden y la seguridad, así como la educación, la salud y la reducción de la burocracia. A diferencia de campañas anteriores, en las que había tomado cierta distancia de la línea de su padre, en esta ocasión buscó más bien establecer vínculos con ella. Roberto Sánchez se posicionó claramente a la izquierda, promoviendo sobre todo la justicia social y anunciando una profunda reforma del Estado mediante una asamblea constituyente. López Aliaga, al igual que la mayoría de los candidatos, hizo hincapié en la seguridad, propuso reducir el tamaño del Estado —entre otras medidas mediante una drástica disminución del número de ministerios— y planteó la expulsión de migrantes en situación irregular. Además, subrayó valores conservadores y cristianos fundamentalistas, sin rehuir la polémica.

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El escenario político peruano en 2026 ha sido un laboratorio de innovación en la región. La fragmentación partidaria extrema y un ecosistema digital saturado han llevado a actores políticos y sociales a buscar nuevos canales de mediación.

En este contexto, la experiencia de Perú City en Roblox y la tecnología financiera, como Yape, fueron entretenimiento y claves para formar preferencias entre públicos emergentes. A finales de 2025, Perú tuvo 28.4 millones de usuarios digitales activos, el 82% de la población. Los jóvenes, nuevos votantes en 2026, son los más activos. El 12.6% de la población tiene entre 5 y 12 años, el 8.3% entre 13 y 17 años, y el 11.5% entre 18 y 24 años. Más del 30% usa Roblox regularmente.

Roblox es una plataforma global, del ecosistema del metaverso, destinada a la socialización y compromiso de los usuarios con experiencias interactivas. En el tercer trimestre de 2025, tenía 151.5 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, quienes pasan casi tres horas al día en ella.

Recientemente, Roblox se convirtió en un canal importante para marcas y empresas peruanas que buscan llegar a públicos que no alcanzan por otros medios. En política, las simulaciones electorales y las interacciones en mundos virtuales han animado a los jóvenes a participar en debates reales. A nivel global, en plataformas del metaverso como Fortnite y Minecraft, la opinión pública y la política están creciendo.

Perú City como plaza pública virtual

En el Perú, para las elecciones presidenciales de 2026, la atención política se centró en Perú City. Es una recreación arquitectónica y espacio de gobernanza simulada en Roblox.

Los usuarios interactuan con instituciones, realizado trámites ficticios y participado en la vida económica del juego, replicando tensiones y dinámicas de la sociedad peruana. En un país con alta desconfianza hacia las instituciones políticas, estos espacios virtuales ofrecen un «terreno de juego» seguro donde los ciudadanos pueden explorar su rol político sin las características del discurso tradicional.

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La hegemonía de TikTok, Instagram y YouTube ha sido clave para el éxito. Los contenidos en Roblox han trascendido y se han viralizado a través de ellos. Esta interconexión de plataformas creó un ciclo de retroalimentación en el que la experiencia lúdica se convierte en contenido político consumible por millones fuera del metaverso.

Irrupción de Yape en aras del voto consciente

La implementación de la aplicación de pagos móviles Yape en Perú City ha sido una estrategia de comunicación política y corporativa disruptiva en la campaña de 2026. A diferencia de la publicidad tradicional, Yape promovió el voto consciente mediante candidatos ficticios y propuestas como áreas verdes y museos virtuales.

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La genialidad ha radicado en que las propuestas ganadoras se implementaron tras el sufragio digital, lo que evidenció el impacto de las decisiones colectivas. Este enfoque didáctico ha enseñado la relación entre el voto y la realidad, a menudo perdida en las promesas electorales abstractas.

Mientras tanto, los tutoriales comunitarios han permitido conocer cómo recargar saldo, constituyendo un mecanismo de alfabetización digital y financiera junto con la política. Este modelo cívico ha buscado conectar además a los jóvenes con fuentes oficiales, como el Jurado Nacional de Elecciones, y servir de puerta de entrada al ecosistema electoral formal.

Simulacro electoral, pedagogía ante la complejidad técnica

Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 fueron de una gran complejidad. La cédula de votación incluyó la elección de un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos. Ante este reto, el simulacro electoral realizado en Perú City cobró un gran sentido.

La simulación permitió al joven elector comprender cómo podía invalidar el voto. Como beneficios, promovió:

• Participación activa: ya que, a diferencia del consumo pasivo de televisión o radio, Roblox exige que el usuario tome decisiones constantes, reforzando la retención de información e impidiendo la procrastinación.
• Entorno de experimentación seguro: porque el simulacro electoral ha permitido cometer errores en el sufragio sin consecuencias legales, fomentando el aprendizaje por ensayo y error.
• Desarrollo de competencias ciudadanas: porque la estrategia de Yape ha fomentado el pensamiento crítico al obligar al usuario a elegir entre planes de gobierno con recursos limitados.

Sin embargo, existe el riesgo de que la gamificación simplifique en exceso los problemas estructurales del Estado. Puede crear una falsa percepción de que la gestión pública puede resolverse con la misma velocidad o eventual simplicidad con la que se construye un edificio en un mundo virtual. Esto exige un mayor compromiso en campañas de alfabetización digital.

Al margen de la activación de Yape, el tramo final de la campaña fue el escenario de un despliegue inusual de esfuerzos para puentear lo físico con lo digital. Mientras Rafael López Aliaga cerró en el emporio de Gamarra y Roberto Sánchez en la Plaza 2 de Mayo, con un caballo en un gesto simbólico de cercanía rural, las réplicas de estos eventos en Perú City permitieron a miles de jóvenes participar virtualmente en los mítines. Incluso, el candidato presidencial Jorge Nieto optó por un cierre de campaña exclusivo en Roblox, buscando consolidar su imagen como el representante de la innovación y la tecnología.

Estas acciones, aunque parezcan marginales, son claves para movilizar a la Generación Z. Su participación es menor que la de grupos mayores, pero puede definir quién pasa a la segunda vuelta el 7 de junio. También se convierten en referentes para una Generación Alfa que hacia 2029 podrá participar electoralmente.

Con TikTok e Instagram se ha establecido que la comunicación política no puede ser unidireccional. Y en plataformas como Roblox, el contenido es la experiencia, involucrando al usuario, lo que refuerza este principio. El elector emergente exige autenticidad, interactividad y transparencia, y responde a estas iniciativas.

La lúdica como salvaguarda de la democracia

La experiencia de Perú City en Roblox y la integración de estrategias como las de Yape se convirtieron en mecanismos de resiliencia democrática. Ante una oferta electoral inmanejable y un sistema institucional en crisis, la gamificación asume un rol educativo que el sistema escolar formal y los medios tradicionales no han logrado cubrir con la misma efectividad.

Al transformar al joven de un espectador pasivo a un actor que evalúa planes de gobierno y practica el sufragio en una cédula compleja, se mitiga el riesgo de una desafección política total. No obstante, la sostenibilidad de este modelo dependerá de su capacidad para no trivializar la política y de mantener siempre un vínculo sólido con la realidad institucional y la rendición de cuentas.

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En política, pocas cosas son tan reveladoras como aquello en lo que un gobierno insiste. Y si algo ha sido constante en el oficialismo mexicano desde su llegada al poder en 2018 es su obsesión por reformar el sistema electoral.

No es casual. Las reglas electorales no son neutrales: determinan quién compite, en qué condiciones y con qué probabilidades de ganar. Modificarlas no es un acto técnico o de austeridad como quieren hacer parecer, es una decisión profundamente política. Como lo ha mostrado la teoría institucional, cambiar las reglas del juego no solo altera procesos, altera resultados.

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Desde el inicio del sexenio pasado, y ahora con la reforma impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, el patrón es claro: bajo el discurso de austeridad, modernización o democratización, se han intentado rediseñar los equilibrios del sistema político mexicano. El objetivo de fondo no parece ser únicamente reducir costos, sino modificar las condiciones de competencia.

La historia reciente de la reforma electoral en México puede leerse en tres momentos: la reforma que no se aprobó durante el gobierno de AMLO, la reforma recientemente aprobada (al tratarse de una reforma constitucional, aún debe ser aprobada por al menos 17 congresos estatales para entrar plenamente en vigor) y las consecuencias de lo aprobado. Ahí está la clave para entender hacia dónde se mueve el sistema político mexicano.

La reforma que no prosperó

El llamado Plan A (que fracasó y pasó a ser llamado Plan B en el segundo intento de reforma) representaba una transformación profunda del sistema electoral mexicano. No se trataba de ajustes marginales, sino de un rediseño integral de las reglas de representación, financiamiento y operación electoral.

Entre sus elementos más relevantes estaba la modificación en la integración del Congreso, la eliminación de figuras de representación proporcional en el Senado, la reducción del financiamiento a partidos, la eliminación del Programa de Resultados Preliminares (con los que se tenía el resultado electoral la misma noche de la votación), la disminución de tiempos en radio y televisión y la ampliación de mecanismos como la revocación de mandato.

Bajo una narrativa de eficiencia y ahorro, la propuesta apuntaba a varios efectos estructurales: reducir espacios de representación política, particularmente para fuerzas minoritarias; debilitar capacidades técnicas e institucionales del sistema electoral; y disminuir contrapesos en el Congreso y en los órganos electorales. El problema de fondo no era cada medida en lo individual, sino su combinación. Analizadas en conjunto, estas propuestas implicaban una reducción del pluralismo político y una mayor concentración del poder.

Desde una lógica de teoría de juegos, lo que se intentaba modificar eran tres elementos clave del sistema: el número de jugadores, las reglas de competencia y la distribución de recursos. Es decir, no se trataba de cambiar una política pública, sino de reconfigurar el equilibrio del sistema.

La falta de consensos legislativos impidió que esta reforma prosperara. De hecho, fueron los partidos aliados del gobierno quienes retiraron su apoyo porque era un suicidio político. Pero el intento dejó claro el sentido de la estrategia: si no se podía cambiar todo el sistema de una vez, se buscaría hacerlo por partes.

La reforma que sí se aprobó

Tras el fracaso del plan A, el oficialismo impulsó una versión más acotada. El plan B formalmente se presentó como una reforma de austeridad y reducción de privilegios. Sustantivamente, mantuvo la lógica de reconfiguración del poder político.

De la propuesta original, se aprobaron medidas como: límites salariales para funcionarios electorales, topes al presupuesto de congresos locales, reducción de regidurías en ayuntamientos, recorte progresivo al presupuesto del Senado.

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A primera vista, todas estas medidas pueden parecer razonables bajo el discurso de eficiencia del gasto. Sin embargo, su efecto político es más profundo. El análisis conjunto de estas decisiones muestra un patrón consistente: centralización del poder (prácticamente son puras medidas que afectan en lo local), debilitamiento de estructuras locales y reducción de espacios de representación. 

En términos estructurales, esto tiene efectos. La reducción de presupuestos debilita la capacidad operativa de congresos locales y gobiernos municipales. Al disminuir las regidurías reduce el número de actores políticos relevantes a nivel local. Los recortes al Senado afectan su función como contrapeso federal.

Esto no es menor. En cualquier sistema político, el control del presupuesto es control del poder. Y al concentrarse los recursos, se concentra también la capacidad de decisión.

No está de más recordar que la propuesta original del plan B, presentado por Sheinbaum, estaba tan mal que acababa aumentando los puestos locales en la mayoría de los municipios y solo los reducía en menos de 60 (de 2,478).

Pero no se aprobó todo lo propuesto, como la ampliación de la revocación de mandato, también es relevante. Su rechazo muestra que aún existen límites políticos dentro del propio bloque oficialista. Pero no cambia la dirección general de la reforma.

Las consecuencias

El efecto más importante de la reforma no está en cada medida aislada, sino en el equilibrio que produce en el sistema político.

Cuando se reducen actores, se concentran recursos y se modifican las condiciones de competencia, el resultado es un sistema con menor pluralismo y mayor concentración de poder. El análisis desde teoría de juegos es particularmente útil aquí: la reforma modifica simultáneamente el número de jugadores, la matriz de pagos y las reglas del juego.

Esto tiene tres consecuencias principales:

• Menor competencia política territorial. Al reducirse estructuras locales y espacios de representación, disminuye el número de actores capaces de competir. Menos jugadores implica menor competencia y mayor previsibilidad electoral.
• Centralización del poder político. La concentración del presupuesto en el nivel federal incrementa el poder relativo del Ejecutivo frente a estados y municipios, debilitando el federalismo.
• Debilitamiento de contrapesos democráticos. Los recortes a congresos locales, al Senado y a órganos electorales reducen su capacidad técnica y política, afectando su función de control.

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El resultado es un nuevo equilibrio político: más concentrado, con menos actores relevantes y con menor competencia efectiva. Y aquí está el punto clave: este equilibrio no depende de una elección específica. Depende de las reglas. Una vez que cambian, cambian también los resultados futuros del sistema.

Las reformas electorales siempre se presentan como ajustes técnicos. Pero en realidad son decisiones sobre el poder.

Lo que hemos visto en México en los últimos años no es una reforma aislada, sino una estrategia sostenida: primero intentar rediseñar el sistema completo, luego avanzar parcialmente en la misma dirección.

La reforma que no pasó mostró la ambición. La que sí pasó muestra el método. Y sus consecuencias muestran el destino. Cuando cambian las reglas, cambia el juego.

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La inteligencia artificial es omnipresente, como promesa o pesadilla. Se la asocia con las perspectivas de resolver problemas tediosos, de aprovechar mejor los recursos materiales y ahorrar tiempo. A la par, surgen preocupaciones de que sustituya a los seres humanos, ocasione desocupación masiva y liquide la creatividad y la libertad.

Muchos ven amenazada la sociedad por algoritmos que pueden potenciar, pero también manipular y sustituir a la inteligencia humana. Si definimos democracia como un debate, una conversación sobre ideas, ¿qué impacto tendrá el que nuestro interlocutor sea una máquina, un dispositivo sin sentimientos? ¿Cómo negociar sobre planes de gobierno y asignar recursos con un artefacto sin pasado ni responsabilidad respecto al futuro?

La inteligencia artificial irrumpe en tiempos signados por la amenaza de la guerra en un contexto de problemas ambientales, energéticos y civilizatorios globales. La ia se presenta como herramienta de una mejor gestión, pero exige una toma de conciencia sobre los riesgos que conlleva su aplicación sin respaldo institucional.

Desde nuestro compromiso con la democracia, en Diálogo Político queremos animar a un intercambio fundado en diversas perspectivas. Para esto invitamos a una decena de expertos internacionales. «Para prosperar en la era digital, las democracias deben fomentar una cultura de pensamiento crítico y alfabetización mediática entre sus ciudadanos», afirma la politóloga estadounidense Sarah Kreps, que analiza en este número la incidencia de la ia en elecciones mediante la utilización sistemática de deepfakes. El director ejecutivo de Transparencia Electoral,

Jesús Delgado Valery, agrega que el uso de la ia puede transformar las campañas mediante herramientas que permiten identificar grupos de votantes y apropiarse de sus datos personales.

El filósofo Daniel Innerarity duda de que «los algoritmos puedan hacerse cargo de todo el proceso político, con la eficacia que a veces prometen y con la legitimidad que debería justificar ese nuevo régimen». Para resolver esto tenemos que examinar las expectativas de la gobernanza algorítmica y sus límites.

«El poder transformador y el potencial disruptivo de la ia requieren de una gobernanza ética. La anticipación responsable y el uso alfabetizado Democracia artificial del futuro son elementos clave en la formulación de políticas», sostiene la experta Lydia Garrido.

La ia es parte de una transición que es necesario regular. Ximena Docarmo, de InnovaLab, pone la mira sobre algunos modelos normativos posibles.

Por otro lado, Denisse Rodríguez-Olivari expone sobre el potencial de la ia en la lucha contra la corrupción que aqueja a la institucionalidad democrática. El análisis eficiente de grandes cantidades de datos permite identificar rápidamente anomalías y actuar en consecuencia.

Otro tema que afecta a las democracias en el continente es la seguridad. Gustavo Flores-Macías y Bárbara Hernández destacan en su capítulo la necesidad del uso de la ia en forma responsable y ética para maximizar sus beneficios y mitigar los riesgos que plantea a las libertades civiles en las democracias latinoamericanas.

El filósofo Miguel Pastorino advierte sobre el potencial de secuestrar la verdad y la libertad de los seres humanos. En la misma línea, Christoph Nehring, experto del programa Disinformation, de la kas, explora los efectos y las implicaciones de la desinformación generada por la ia y el especial rol de influencers y periodistas en la identificación y combate de este fenómeno.

La democracia aprende de los errores y crea un marco para dirimir diferencias y conflictos. En la transparencia en la búsqueda de soluciones, de los procesos de toma de decisión y en la rendición de cuentas se basa su legitimidad. Esto requiere de una ciudadanía informada y activa. Como dice nuestro entrevistado, el experto Lars Zimmermann, «La tecnología no nos eximirá de las tareas de la democracia».

Las certezas que durante décadas sostuvieron el orden internacional parecen desvanecerse ante nuestros ojos, dejando al descubierto un escenario marcado por la incertidumbre y la fragmentación. Tras la Guerra Fría, la hegemonía estadounidense y el multilateralismo ofrecieron un marco relativamente estable: reglas claras, instituciones fuertes y una narrativa que vinculaba la apertura económica con la expansión democrática. Hoy, ese relato se resquebraja. Las tensiones geopolíticas, el auge de potencias emergentes y la erosión de consensos globales anuncian el fin de una era.

Este cambio es también simbólico. Las ideas que legitiman el orden liberal —la cooperación, la interdependencia, la fe en el progreso democrático— se enfrentan a una realidad donde prevalecen la competencia estratégica, el nacionalismo económico y la lógica transaccional. La globalización se convierte en terreno de disputa. Las cadenas de suministro se reconfiguran, los acuerdos comerciales se politizan y la tecnología se transforma en arma geopolítica. En este tablero, China emerge como actor central, mientras Estados Unidos redefine su papel, oscilando entre el repliegue y la confrontación. El resultado es un mundo menos previsible y más proclive al conflicto.

América Latina observa este proceso desde una posición ambigua. Por un lado, la región es objeto de interés en la competencia global: recursos estratégicos, mercados en expansión y un espacio geopolítico codiciado por las grandes potencias. Por otro lado, enfrenta sus propias debilidades internas: democracias fatigadas, instituciones frágiles y una ciudadanía que oscila entre la apatía y la indignación. El auge de liderazgos personalistas y discursos iliberales revelan un malestar profundo con los modelos tradicionales de representación. La promesa democrática, lejos de consolidarse, parece atrapada en una espiral de desconfianza y polarización.

¿Es posible conciliar las exigencias de la geopolítica con los ideales democráticos? Esta pregunta recorre las páginas de esta edición especial de Diálogo Político. No se trata solo de describir el declive del orden liberal, sino de interrogar sus implicaciones para nuestras sociedades. ¿Qué significa el nuevo sistema internacional para países con economías dependientes y democracias frágiles? ¿Cómo inciden las tensiones globales en la configuración de élites, en la distribución del poder y en la narrativa política? ¿Estamos ante el final de un ciclo histórico o frente a la gestación de un nuevo paradigma?

Los análisis aquí reunidos ofrecen claves para comprender esta transición. Desde la redefinición del comercio mundial y el papel de China, hasta la expansión de los brics y la centralidad de la energía en la disputa global.

Se examinan también los fenómenos internos: el retorno del autoritarismo, la construcción del narcisismo político y la incertidumbre sobre el rol de Brasil como potencia regional. Cada contribución ilumina una arista de un problema común: la tensión entre un orden que se desvanece y otro que aún no termina de nacer.

Reflexionar sobre el fin del orden no implica nostalgia por el pasado ni resignación ante el caos. Significa reconocer que las reglas que nos parecían inmutables son, en realidad, contingentes. Que la democracia, lejos de ser un punto de llegada, es un proyecto en disputa. Y que América Latina, en este contexto, debe decidir si será espectadora pasiva de la reconfiguración global o protagonista de su propio destino. El desafío es enorme: articular intereses nacionales con principios democráticos en un escenario donde la fuerza y la negociación reemplazan a la cooperación. Pero también es una oportunidad para repensar nuestras estrategias, renovar nuestras instituciones y recuperar la confianza en la política como herramienta de transformación.

América Latina atraviesa un giro político hacia la derecha. Tras el desgaste de varios gobiernos de izquierda, fuerzas conservadoras y populistas de derecha han ganado terreno desde 2025. Este cambio sucede después de la llamada marea rosa de los años 2000 y se ve impulsado por el descontento ciudadano, el auge de líderes disruptivos y una nueva política exterior de Estados Unidos.

De las 15 democracias analizadas, nueve han cambiado de orientación política desde 2022, en su mayoría de izquierda a derecha. Figuras como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador encarnan este nuevo clima político con estrategias populistas, mientras que líderes como Luis Abinader en República Dominicana representan una derecha moderada que apuesta por la estabilidad y el pragmatismo.

Frustración y deseo de cambio

El cambio no responde únicamente a un entusiasmo ideológico por la derecha, sino también a un voto de protesta contra gobiernos de izquierda que no cumplieron con las expectativas. En muchos casos, los votantes castigaron a los oficialismos por crisis económicas, corrupción o falta de resultados. Como señaló un analista chileno, “el deseo de cambio es el partido más grande de América Latina”.

La política exterior de Estados Unidos también ha influido. La administración Trump adoptó una postura más activa en la región, apoyando a gobiernos afines a la derecha y confrontando a regímenes de izquierda. El ataque militar que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026 marcó un punto de inflexión simbólico. Esta nueva postura de Washington, sumada a la disolución del “socialismo del siglo XXI”, envió un mensaje claro contra la izquierda tradicional.

La nueva derecha latinoamericana es diversa. Incluye desde populistas radicales hasta conservadores moderados. Milei, un economista libertario sin partido tradicional, ganó apoyo con un discurso antisistema y promesas de reducir drásticamente la intervención estatal. Bukele, autoproclamado “el dictador más cool del mundo”, es popular por su mano dura contra las pandillas y su uso hábil de las redes sociales. Ambos son considerados populistas de derecha, aunque difieren en estilo y enfoque.

Una derecha más institucional

Al mismo tiempo, líderes conservadores moderados han prosperado electoralmente. Luis Abinader en República Dominicana, Daniel Noboa en Ecuador y Rodrigo Paz en Bolivia representan una derecha más institucional, centrada en la estabilidad económica, la lucha contra la corrupción y la gestión técnica. Su éxito demuestra que el giro a la derecha no es solo fruto del enojo ciudadano, sino también de un deseo de liderazgo pragmático y predecible.

Pese a sus diferencias, los gobiernos de derecha comparten prioridades comunes: seguridad, crecimiento económico y rechazo al legado de la izquierda. La mayoría de los nuevos mandatarios ganó prometiendo mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. También promueven políticas de libre mercado que buscan atraer inversión y reactivar las economías. Además, se presentan como defensores de valores tradicionales como la familia, la religión y la identidad nacional frente a las agendas progresistas.

Otro rasgo común es el pragmatismo. Muchos líderes de la nueva derecha intentan suavizar la imagen elitista o insensible asociada históricamente a los conservadores. Buscan mostrarse cercanos al pueblo y flexibles, evitando ser percibidos como indiferentes a las necesidades de los más pobres. En su oposición firme a la izquierda tradicional, encuentran un terreno común que cohesiona sus discursos y estrategias.

La izquierda y su poco peso

La izquierda, por su parte, ha perdido impulso. Con la excepción de Lula da Silva en Brasil, los líderes de izquierda actuales tienen menor peso político. La verdadera fuerza motriz del cambio político proviene ahora de la derecha. Las redes de partidos de izquierda, como el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, han perdido influencia, y sus representantes enfrentan dificultades para renovar su mensaje.

En este contexto, los partidos de centro y centroderecha tradicionales enfrentan un dilema: aliarse con los nuevos populistas de derecha para mantener relevancia, o distanciarse para preservar su identidad. Partidos conservadores tradicionales en Argentina y Chile se aliaron con Milei y Kast, respectivamente, logrando derrotar a la izquierda, pero perdiendo votos y liderazgo. En México, la alianza entre el PAN y el PRI fue percibida como un acto de desesperación y fracasó rotundamente.

El reto para estos partidos es articular una visión propia de reforma y estabilidad, basada en principios democráticos, que compita con las narrativas populistas sin perder credibilidad. De lo contrario, corren el riesgo de volverse irrelevantes si se limitan a secundar a fuerzas radicales o si se niegan a evolucionar.

Seducción de los jóvenes

Un rasgo notable de esta derechización es la participación de las nuevas generaciones. Los votantes jóvenes, incluso muchos primerizos, han mostrado poca aversión a respaldar candidatos de derecha o antisistema. En varios países, los menores de 40 años componen la mayor base de apoyo de líderes derechistas, lo que apunta a un cambio en el clima político generacional. La narrativa progresista de cambio social que seducía a la juventud hace una década ha perdido brillo, dando paso a una apertura hacia soluciones no convencionales.

Estos jóvenes no recuerdan las dictaduras militares del siglo XX, por lo que esas experiencias negativas de la derecha no pesan en su memoria colectiva. En cambio, han crecido viendo escándalos de corrupción, crisis económicas y estancamiento social bajo gobiernos de izquierda. Las redes sociales han sido catalizadoras del cambio, permitiendo a los candidatos derechistas llegar a jóvenes con mensajes emocionales y simples, que captan el espíritu del momento y se viralizan rápidamente.

El ambiente derechista también se ha visto reforzado por un giro en la política de Estados Unidos hacia la región. Los nuevos gobiernos de derecha buscan relaciones cercanas con Washington, viendo más oportunidades que riesgos en alinearse con la Casa Blanca. La administración Trump ha declarado su intención de apoyar a fuerzas afines en el hemisferio occidental, impulsar el comercio y estabilizar a sus aliados en Latinoamérica. Aunque su estilo confrontativo genera inquietud, los gobiernos derechistas han respondido de forma pragmática, acercándose a Washington para aprovechar respaldo económico y estratégico.

¿Cambio duradero?

La gran pregunta es si este giro a la derecha será sostenible y generará mejoras reales en la vida de los ciudadanos, o si terminará siendo una fase pasajera más en el ciclo pendular de la región. La respuesta dependerá de la capacidad de gobierno de estos nuevos líderes y de su compromiso con los principios democráticos. Si logran resultados en seguridad y crecimiento económico sin socavar las instituciones, podrían consolidar una nueva derecha estable. De lo contrario, podrían avivar otra ola de descontento y abrir paso al resurgimiento de la izquierda.

Versión resumida del artículo “Polarisation, Populism, Pragmatism Latin America’s Party Landscape Shifts to the Right” publicado en International Reports (1/2026).

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Durante años, la presencia de Irán en América Latina apenas ocupó titulares. Era un asunto periférico, más vinculado a relaciones diplomáticas que a dinámicas de seguridad. Ese panorama cambió en 2026. La combinación de la guerra en Medio Oriente y transformaciones políticas en la región, especialmente en Venezuela, puso a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en el centro del debate.

Sin embargo, conviene evitar una lectura simplista, ya que el nuevo contexto no supone el fin de la influencia iraní en América Latina. Por el contrario, revela su capacidad de adaptación.

El punto de inflexión más visible fue la decisión del gobierno argentino, en abril de 2026, de declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Más allá de sus efectos jurídicos, el mensaje fue inequívoco al confirmar que Irán dejó de ser percibido como un actor lejano para convertirse en un asunto de seguridad. Esta decisión responde a la presión impulsada desde Estados Unidos e Israel para limitar la proyección global de Teherán. A la vez, acentúa una realidad regional en la que las redes vinculadas a la IRGC han dejado de ser marginales.

Por tanto, el marco de análisis ha cambiado. La presencia iraní ya no se interpreta en clave diplomática, sino en términos de seguridad, de inteligencia y de economías ilícitas.

Hezbollah: menos jerarquía, más red

El principal instrumento utilizado por el IRGC para extender su influencia en América Latina ha sido Hezbollah. La organización de origen libanés y vinculada con Irán desarrolló una estructura flexible informal en el hemisferio occidental que contrasta con el carácter jerárquico que mantiene en el Líbano. Aquí opera como una constelación flexible de grupos con autonomía operativa, integrados en dinámicas locales. En la práctica, esto implica su participación en actividades como el contrabando, el narcotráfico o el lavado de activos, que constituyen la base de su financiación y la clave de su resiliencia.

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Los principales focos de acción de Hezbollah en la región son la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y Venezuela, que durante años ofreció un entorno especialmente propicio para su expansión. A ello se suma la existencia de comunidades de origen libanés en distintos países latinoamericanos que en algunos casos han servido como entorno de apoyo o cobertura.

Este modelo descentralizado tiene una ventaja decisiva al ser muy difícil de desmantelar. Incluso si Hezbollah sufre retrocesos en Oriente Próximo, sus redes en América Latina pueden seguir operando, confirmando una lógica económica que se aleja de la concepción militar.

Venezuela: de aliado estratégico a escenario incierto

Durante más de veinte años, Venezuela fue el principal punto de apoyo de Irán en América Latina. La alianza con el régimen chavista permitió a Teherán acceder a infraestructuras, redes financieras y cobertura diplomática. Ese equilibrio ha cambiado, la salida de Nicolás Maduro y la nueva orientación del gobierno de Delcy Rodríguez hacia Estados Unidos introducen una clara incertidumbre sobre el respaldo del gobierno venezolano a la presencia iraní.

[Lee: Edición Especial: El fin del orden]

Sin embargo, las redes constituidas durante años no se desmontan por decreto. Las conexiones logísticas, comerciales y financieras continúan existiendo, si bien a partir de ahora deberán afrontar un nuevo escenario con menor protección política y mayor presión externa. De esta forma, Venezuela deja de ser un refugio seguro para convertirse en un espacio en disputa, donde los distintos actores buscan reposicionarse.

Crimen organizado, donde todo converge

El factor que mejor explica la persistencia de la presencia iraní en América Latina es su convergencia con el crimen organizado con el que ha desarrollado alianzas funcionales. Las organizaciones criminales aportan rutas, infraestructura y capacidad de operar en la clandestinidad, mientras que las redes vinculadas con Irán ofrecen conexiones internacionales y mecanismos de financiación orientados al blanqueo de capitales.

El resultado es una zona gris donde lo criminal y lo geopolítico se entrelazan. Y es precisamente en ese espacio donde los Estados encuentran mayores dificultades para actuar. Además, esta convergencia reduce la dependencia de Irán respecto a gobiernos aliados. Incluso en escenarios de pérdida de apoyo político, como el caso venezolano, estas redes permiten mantener su presencia.

Más presión, pero no menos presencia

El contexto internacional actual tampoco favorece a la Guardia Revolucionaria. La guerra iniciada en febrero de 2026 ha incrementado la presión sobre su estructura a través de ataques selectivos, del debilitamiento de su liderazgo y de un mayor aislamiento diplomático. Sin embargo, esta presión tiene un efecto paradójico, ya que lejos de reducir su presencia en América Latina, aumenta el valor de sus redes externas. La región no es un frente prioritario, pero sí ofrece financiación, movilidad y menor visibilidad.

A ello se suma una dimensión emergente como el ciberespacio. Los recientes incidentes sugieren que la IRGC ha ampliado su actuación más allá del terreno físico, favoreciendo la proyección iraní en los ámbitos digitales.

En este contexto, la clave para entender la presencia de la Guardia Revolucionaria en América Latina se centra en entender que no depende de un único factor. La IRGC se apoya en la combinación de actores estatales, redes ilícitas y estructuras descentralizadas. Por eso, cuando uno de estos pilares cambia —como ocurre ahora en Venezuela—, la red no colapsa, sino se transforma.

Este es el verdadero desafío para los Estados latinoamericanos. No se enfrentan a una estructura rígida, sino a un entramado flexible, capaz de adaptarse y operar en los márgenes. La cuestión no es solo cuánto poder tiene Irán en la región, sino qué capacidad tienen los Estados para responder a amenazas que no siguen lógicas tradicionales. En el mundo actual, las redes se mueven más rápido que los Estados. Y la Guardia Revolucionaria ha aprendido a operar en ese espacio.

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Perú se enfrenta este domingo 12 de abril a unas nuevas elecciones generales en la que se elegirá al próximo presidente de la República, dos vicepresidentes, 190 congresistas y cinco representantes ante el Parlamento Andino. 

El país se arrastra en la inestabilidad política desde 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció a su mandato. Los ocho mandatarios próximos tampoco terminaron su periodo de gobierno. Recientemente, a dos meses de las elecciones, el Congreso destituyó a José Jerí, presidente interino luego de la destitución de Dina Boluarte quien a su vez convocó las elecciones anticipadas del domingo. 

¿Cuál es el contexto electoral y qué puede esperarse?

Mapa de candidatos 

El contexto político electoral peruano presenta una alta proliferación de candidatos, volatilidad electoral y dificultad para identificar bloques ideológicos estables. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó la lista oficial de 35 candidatos presidenciales, reflejando un proceso fragmentado y competitivo.

En el campo de la derecha, vuelve a aparecer la figura de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular y tres veces candidata presidencial. Lidera las encuestas con 15% de intención de voto manteniendo un electorado fiel. En segundo lugar, figura Carlos Álvarez, que llega como candidato de País Para Todos, centroderecha, como outsider político. Es comunicador social, actor y con una extensa trayectoria en medios. Además, sectores vinculados a la derecha dura o al discurso de seguridad han ganado visibilidad, en un contexto regional donde la agenda de orden público se ha vuelto central. En esa línea se encuentra el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga por Renovación Popular. 

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La última encuesta de Ipsos y Perú 21 también incluye a Ricardo Belmont (exalcalde de Lima), Alfonso López Chau (Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería), Roberto Sánchez (Exministro de Comercio Exterior de Castillo) y Jorge Nieto (exministro de Cultura y Defensa de Pedro Pablo Kuczynski). 

Por el lado de la izquierda, el escenario es fragmentado luego de la experiencia de Pedro Castillo. Sin un liderazgo dominante, distintas corrientes buscan representar el voto de protesta, el interior del país y los sectores excluidos del crecimiento económico. 

Dado el escenario actual, es altamente probable que la elección se defina en una segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.

El regreso del Senado

Uno de los elementos más relevantes de esta instancia electoral es la aprobación del retorno a la bicameralidad en el Congreso, que se implementará a partir del próximo lustro. Perú volverá a contar con un Congreso dividido en dos cámaras (Diputados con 130 miembros y Senado con 60) luego de más de tres décadas de unicameralidad, establecida en la Constitución de 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Los partidos deberán superar el 5% de votos a nivel nacional o alcanzar al menos siete escaños en la Cámara de Diputados o dos en el Senado.

La reforma busca mejorar la calidad legislativa, introducir mayores controles internos y reducir la volatilidad del sistema político. La Cámara de Diputados será el órgano de representación territorial mientras que el Senado funcionará como una Cámara de revisión parlamentaria con proyección sobre el interés nacional, con la posibilidad de rechazar leyes propuestas por Diputados. Incluso el Senado no podrá ser disuelto por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados sí. 

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¿La bicameralidad puede afectar la gobernabilidad? Existen dudas sobre su impacto real. En un sistema político fragmentado y con partidos débiles, la bicameralidad no garantiza por sí sola mayor estabilidad. El riesgo es que la fragmentación se reproduzca en ambas cámaras, manteniendo los problemas de gobernabilidad. 

Aunque los sondeos sugieren una segunda vuelta presidencial, con la nueva conformación del Congreso, esta primera instancia electoral cambia la dinámica del poder político parlamentario.

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La llamada cultura de la cancelación puede entenderse como intento de purificación moral inmediata en un contexto donde las instituciones parecen lentas o ineficaces. Pero cuando la sanción social reemplaza al debido proceso, el derecho pierde su sentido garantista. Por otra parte, el llamado negacionismo puede surgir como reacción frente a una inflación retórica que trivializa el concepto de violación de derechos. Si todo es presentado como agravio máximo, nada termina siéndolo realmente. La sospecha se generaliza y la memoria de las víctimas se relativiza, instalándose la indiferencia y el escepticismo. Ambos fenómenos, lejos de fortalecer los derechos humanos, los desgastan. Uno por negarlos, otro por banalizarlos.

En un momento en que el lenguaje de los derechos humanos oscila entre la consigna moral y la sospecha sistemática, el libro El asedio contemporáneo a los derechos humanos. Reflexiones filosóficas desde América Latina (PUCP, 2026) ofrece una lectura particularmente lúcida del clima ético de nuestra época. Entre sus contribuciones, el capítulo del filósofo peruano Miguel Giusti, “Entre el negacionismo y la cultura de la cancelación”, resulta especialmente iluminador para comprender el tipo de deterioro cultural que atraviesan nuestras democracias.

Respuestas simétricas de la misma debilidad

Para Giusti el negacionismo y cultura de la cancelación no son simples excesos retóricos amplificados por redes sociales. Son síntomas de una crisis más profunda: la creciente dificultad para sostener una relación compartida con la verdad, con el reconocimiento y con la convivencia democrática.

En el debate público contemporáneo, ambas expresiones circulan como etiquetas morales listas para usar. Se acusa de negacionista a quien relativiza determinados consensos históricos; se denuncia como cancelador a quien promueve sanciones simbólicas o sociales sin esperar procesos institucionales. Parecen fenómenos opuestos, casi irreconciliables. Pero Giusti propone mirarlos no como extremos que se excluyen, sino como respuestas simétricas a una misma fragilidad cultural.

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En ambos casos, la verdad deja de ser el resultado de un proceso compartido y pasa a convertirse en una afirmación identitaria. El negacionismo no es mera ignorancia: es una práctica activa de relativización del testimonio y de erosión del estatuto moral de las víctimas. La cancelación, por su parte, suele presentarse como justicia correctiva frente al daño negado, pero corre el riesgo de prescindir del trabajo paciente de la deliberación y del procedimiento. En un caso se niega la verdad; en el otro se la da por definitivamente establecida sin mediaciones. La consecuencia es similar: el espacio público se transforma en un campo de exclusiones. El otro deja de ser interlocutor posible y se convierte en enemigo moral. Y cuando el adversario se convierte en enemigo, el lenguaje de los derechos deja de ser un puente y pasa a ser un arma arrojadiza.

El desgaste de las mediaciones

Uno de los aportes más finos del análisis de Giusti es su señalamiento del desgaste de las mediaciones clásicas de la verdad: historia, ciencia, periodismo, justicia. Durante décadas —con todas sus imperfecciones— estas instituciones funcionaron como instancias de validación pública. Hoy son objeto de sospecha sistemática abiertamente. No porque hayan sido neutrales o infalibles, sino porque han perdido autoridad simbólica en un ecosistema dominado por la inmediatez y la fragmentación.

Se ha instalado la idea de que toda mediación es sospechosa, todo procedimiento es una maniobra, toda institución es un dispositivo de poder. ¿Exageración? Tal vez. Pero basta recorrer cualquier discusión pública para advertir que el descrédito ya no distingue entre crítica legítima y demolición sistemática.

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Cuando las mediaciones se debilitan, la verdad se vuelve frágil. Y cuando la verdad se vuelve frágil, proliferan narrativas que simplifican la complejidad moral de los hechos en esquemas binarios: víctimas absolutas y culpables irredimibles; negadores cínicos y justicieros morales. La deliberación se reemplaza por la denuncia; el procedimiento por la presión social.

Lo paradójico es que en nombre de los derechos —que históricamente supusieron procedimientos, garantías y debido proceso— se termina celebrando la condena instantánea. ¿En qué momento la defensa de derechos pasó a confundirse con la eliminación del adversario? ¿Desde cuándo la indignación sustituye al juicio?

De límites al poder a expansión del deseo

El diagnóstico de Giusti sobre el deterioro del espacio público no se agota en esta cuestión, pero permite abrir otra discusión más amplia sobre el modo en que hoy entendemos los derechos humanos.

Los derechos humanos surgieron históricamente como límites al poder. Su función era proteger a la persona frente a la arbitrariedad del Estado, frente a la violencia institucional, frente a la opresión estructural. Su lógica era defensiva, de reconocimiento, universal y prudente. Nadie hablaba de derechos para ampliar el poder propio, sino para frenar el poder ajeno.

En el debate contemporáneo, los derechos tiendan a presentarse como extensión del poder individual. Se formulan nuevas reivindicaciones en lenguaje de derechos que no derivan de la necesidad de resguardar la dignidad frente a un abuso, sino de la afirmación de deseos subjetivos que reclaman reconocimiento jurídico inmediato. En esta línea de análisis, autores europeos de filosofía del derecho ven un problema creciente para el reconocimiento y el respeto por la dignidad humana, por un desplazamiento subjetivista e individualista en la concepción de los derechos humanos.

El desplazamiento es sutil pero decisivo. Cuando el derecho deja de entenderse como garantía frente al poder y comienza a concebirse como validación de preferencias individuales, su estructura cambia. Lo que antes estaba protegido por el principio de indisponibilidad —por respeto a la dignidad humana— empieza a interpretarse como objeto de libre decisión. La indisponibilidad no es la negación de la autonomía, sino el reconocimiento de que la dignidad no es mera producción subjetiva de la voluntad.

Así, prácticas que durante décadas se consideraron problemáticas por su impacto en la dignidad y en la vulnerabilidad comienzan a formularse exclusivamente en clave de autonomía. El argumento suele ser lineal: si es mi proyecto de vida, es mi derecho. Punto.

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¿Punto? ¿No hay nada más que discutir? ¿Condiciones sociales, económicas o culturales que incidan en esas decisiones? ¿No hay bienes que trascienden la pura voluntad? ¿No hay otros afectados, visibles o invisibles? ¿Y qué pasa con los otros?

Cuando la autodeterminación se convierte en el criterio último de legitimidad, el derecho corre el riesgo de desligarse de toda referencia al bien común. Y cuando eso ocurre, el lenguaje de los derechos comienza a inflarse hasta perder precisión. Se corre el riesgo de que todo se formule en clave de derecho. Y cuando todo es derecho, el concepto se vuelve elástico, casi intercambiable.

Autonomía hipertrofiada y subjetivismo cómodo

La filósofa española Victoria Camps, en su reciente ensayo La sociedad de la desconfianza (2025), hace un agudo análisis sobre cómo la concepción de la libertad ha ido mutando hacia un reduccionismo que erosiona la convivencia social y la democracia: “Todo apunta a que a la democracia y a la manera de vivir que se ha instalado en la sociedad de consumo le falta cooperación y le sobra egoísmo. Por eso el clima generalizado es de desconfianza… El problema que hoy tenemos con la libertad es que ha conformado un tipo de sujeto insensible hacia las necesidades ajenas, que va a lo suyo y no se siente concernido ni comprometido con problemas que no le afecten directamente”.

Camps ve en la deriva ultraliberal un reduccionismo de la concepción tradicional del liberalismo, donde la libertad apuntaba a la posibilidad de poder pensar y expresarse libremente, de poder asociarse y participar de la vida pública, pensar y decidir por uno mismo, ahora se identifica libertad con la satisfacción inmediata de deseos individuales sin importar en absoluto lo que sucede a los otros.

“El malestar que mucha gente siente viene de pensar como sujetos aislados. La capacidad de escuchar, de intentar comprender al otro, de creer que el oponente quizá tenga algo de razón, no son rasgos habituales… Si los derechos humanos no significan nada en la vida cotidiana de la gente, no significan nada en ningún sitio”, agrega Camps.

Se ha instalado una idea que rara vez se discute: que la libertad es buena en sí misma, independientemente del contenido de lo elegido o de lo que suceda con los otros. Como si bastara con decidir para que lo decidido adquiriera dignidad moral automática. Pero la libertad sin referencia a bienes objetivos no es neutral, es vacía. Y una libertad vacía es fácilmente colonizable por intereses económicos, presiones culturales o modas ideológicas. Llamar “elección libre” a toda decisión individual puede ser, en ocasiones, una manera elegante de no mirar las condiciones de vulnerabilidad e injusticias que la rodean.

Al mismo tiempo, predomina un subjetivismo radical que convierte la perspectiva emocional en criterio último de verdad. Si yo lo siento así, debe ser verdad. La empatía se confunde con asentimiento y el desacuerdo se interpreta como agresión.

¿Es posible sostener una democracia deliberativa cuando disentir equivale a negar la identidad del otro? ¿Puede sobrevivir el pluralismo si toda discrepancia es leída como violencia simbólica?

Aquí el diagnóstico de Giusti sobre la cancelación y el negacionismo puede ponerse en diálogo con una reflexión antropológica que trasciende la cuestión de su texto, y es que cuando la verdad se subjetiviza y la libertad se absolutiza, el conflicto se vuelve inevitablemente moralizado. No discutimos ideas, discutimos identidades.

Derechos fragmentados, sensibilidades selectivas

En este clima, los derechos humanos corren el riesgo de fragmentarse en reivindicaciones sectoriales. Cada colectivo defiende con intensidad su causa, pero no siempre muestra la misma sensibilidad ante los derechos fundamentales de quienes considera adversarios, que también son seres humanos con derechos que deben ser reconocidos y respetados.

Se tiene una extrema sensibilidad para determinadas opciones y una llamativa indiferencia para dramas que no encajan en la narrativa dominante, o porque “no son de los nuestros”. La universalidad se convierte en retórica, mientras la práctica es selectiva.

Y aquí conviene una pregunta incómoda: ¿seguimos hablando de derechos humanos o estamos hablando de deseos individualistas revestidos de lenguaje jurídico? ¿Estamos defendiendo la dignidad común o estamos expandiendo la gramática de la reivindicación hasta convertirla en un catálogo de preferencias?

No se trata de negar injusticias reales ni de descalificar luchas legítimas. La historia de los derechos humanos es también la historia de su expansión frente a nuevas formas de vulneración. La cuestión no es frenar esa expansión, sino evitar que el concepto mismo de derecho pierda densidad normativa. Se trata de preservar el fundamento que hizo posibles los derechos humanos como conquista histórica y devolverles su valor en la vida cotidiana. Porque si todo se reduce a voluntad, lo único que queda es la fuerza —sea del Estado, de la mayoría o de la opinión pública.

Reconocimiento y límites

Giusti propone el paradigma del reconocimiento recíproco como alternativa. Reconocer implica aceptar la realidad del daño, pero también sostener procedimientos. Implica denunciar injusticias sin caer en tribalismos. Implica distinguir entre responsabilidad y expulsión definitiva. El paradigma del reconocimiento no excluye la discusión sobre los límites de la autonomía, sino que la presupone, porque el reconocimiento no puede sostenerse en el vacío. Necesita un concepto de dignidad que no dependa exclusivamente de la voluntad individual. Necesita un mínimo horizonte común acerca de lo humano.

Tal vez la cuestión decisiva de nuestro tiempo sea recuperar la conciencia de lo común, de la igual dignidad, del valor intrínseco de cada persona y que cada injusticia cotidiana es una forma de no reconocimiento de esa dignidad.

Porque la historia muestra algo que conviene no olvidar: los derechos humanos surgieron para proteger a los vulnerables frente a la arbitrariedad del Estado. No para legitimar cualquier deseo como si toda preferencia individual equivaliera automáticamente a un derecho humano, no para cancelar al discrepante, no para relativizar el daño. Surgieron como respuesta a formas concretas de violencia. ¿Honramos ese origen o se diluye en una inflación conceptual que, a la larga, los vuelve irreconocibles?

Quizás el verdadero asedio contemporáneo a los derechos humanos sea haberlos diluido en conceptos vacíos que cualquiera puede usar para defender acciones opuestas. Defenderlos hoy exige algo menos ruidoso que la indignación permanente y algo más exigente que la simple proclamación. Exige tomárselos en serio en todos los niveles de la vida y una profunda reflexión sobre lo que entendemos por dignidad humana y derechos. Y ello no implica retroceder en conquistas, sino cuidar su fundamento para que sigan siendo universales.

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La plataforma X permite desde 2023 alternar entre un feed cronológico (pestaña “Siguiendo”) y un feed algorítmico (pestaña “Para ti”), lo que creó la oportunidad de estudiar cómo estos algoritmos influyen en la opinión pública. El estudio The political effects of X’s feed algorithm, publicado el 18 de febrero de este año en la revista Nature, reclutó a casi 5.000 usuarios activos de X en EEUU y los dividió al azar en dos grupos, asignando a cada uno exclusivamente el uso del feed cronológico o del algorítmico durante siete semanas.

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En efecto, la pestaña “Para ti” (feed algorítmico) mantuvo a los participantes más enganchados a X y, sobre todo, generó cambios significativos en algunas de sus posturas políticas. La probabilidad de priorizar los temas de la agenda conservadora (como la inmigración, la inflación o la delincuencia) aumentó en 4,7%. La proporción de participantes que consideraron “injustas” o “inaceptables” las investigaciones penales contra Donald Trump subió 5,5%. Y la valoración positiva del presidente ucraniano Volodímir Zelenski disminuyó 7,4% en el grupo con feed algorítmico, en comparación con quienes mantuvieron el orden cronológico.

Dicho de otro modo, en solo unas semanas el algoritmo había movido el dial de la opinión pública en temas sensibles. Además, los participantes expuestos a “Para ti” comenzaron a seguir a más cuentas de activistas políticos conservadores en X (un 3,7% más de usuarios incorporaron por lo menos una cuenta de derecha a sus seguidos). Y nada de esto se revirtió al desactivar el algoritmo: el grupo que pasó de “Para ti” a “Siguiendo” no mostró cambios significativos en las mismas métricas, ya que los usuarios siguieron viendo a las cuentas conservadoras que habían comenzado a seguir y mantuvieron sus nuevas posturas políticas.

Principales hallazgos

• Mayor uso de X y opiniones más conservadoras entre los usuarios con el feed “Para ti”.
• Tras siete semanas con feed algorítmico: prioridades de agenda republicana +4,7%; rechazo a investigaciones contra Trump +5,5%; apoyo a Ucrania –7,4%.  
• Usuarios con “Para ti” siguieron 3,7% más cuentas de activistas conservadores.
• Apagar el algoritmo no produjo cambios equivalentes ni revirtió las nuevas preferencias políticas adquiridas.
• Las publicaciones con contenido progresista (“izquierda”) tuvieron solo un aumento marginal en su visibilidad en el feed algorítmico: apenas un 1% más de probabilidad de aparecer, frente al 2,9% de aumento para contenido conservador.
• Entre los usuarios que inicialmente usaban el feed cronológico y fueron expuestos al algoritmo, el contenido conservador aumentó más que el progresista, incluso entre usuarios demócratas.

Un feed político

La explicación parece estar en los contenidos que muestra el algoritmo. Este feed personalizado presenta mucha más información política (especialmente de orientación conservadora) y menos publicaciones de medios noticiosos tradicionales. Según los datos, un tuit con sesgo conservador tiene casi un 20% más de probabilidades de aparecer en la pestaña “Para ti”, frente a un aumento de solo un 3% para un tuit de índole progresista.

Paralelamente, las publicaciones de medios informativos convencionales fueron casi un 60% menos visibles en el feed algorítmico que en el cronológico, mientras que los contenidos de activistas políticos aparecieron alrededor de un 27% más. Con esta nueva dieta mediática orientada por el algoritmo, muchos participantes descubrieron y siguieron a nuevas voces conservadoras, por lo que continuaron expuestos a sus mensajes incluso tras volver al feed cronológico. Eso explica la persistencia del efecto y por qué apagar el algoritmo no alteró las opiniones: para entonces los usuarios ya habían incorporado esas fuentes persuasivas a su timeline.

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El experimento no cambió la identidad política fundamental de los usuarios, ni su afiliación partidaria ni el nivel de polarización entre demócratas y republicanos. En otras palabras, el algoritmo no convirtió a demócratas en republicanos (ni viceversa), pero sí cambió el foco y el tono de sus debates en torno a políticas y hechos de actualidad.

Conservador o progresista

El estudio no encontró un efecto equivalente en la promoción de posturas progresistas. Aunque el algoritmo de X también incrementó levemente la visibilidad de contenido etiquetado como liberal (1%), este aumento fue considerablemente menor al observado para el contenido conservador (2,9%). Además, no se registraron cambios significativos en la probabilidad de que los usuarios comenzaran a seguir cuentas progresistas ni en la presencia de activistas de izquierda en los feeds. Incluso entre usuarios demócratas, el algoritmo tendió a amplificar más el contenido conservador que el progresista. Esto sugiere que, en el contexto del estudio, el algoritmo de X no operó de manera equilibrada entre ambos espectros ideológicos.

La pregunta de fondo es: ¿quién controla esos algoritmos y con qué fines? Bajo el mando de Elon Musk (quien se presenta como paladín de la “libertad de expresión” pero ha sido criticado por amplificar voces de extrema derecha en X), la plataforma ha demostrado una clara tendencia a favorecer contenidos de derecha incluso entre audiencias no conservadoras.

Otras redes sociales podrían tener sesgos diferentes. Pero la lección de este estudio es que un simple ajuste técnico puede reconfigurar la conversación pública de forma imprevista. Si consideramos que hoy una cuarta parte de los estadounidenses se informa principalmente a través de las redes sociales, entender y vigilar la influencia de los algoritmos es un imperativo cívico. Exigir transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales sobre cómo moldean lo que vemos resulta crucial para proteger la salud de la democracia en la era digital.

¿Y América Latina?

Aunque el estudio se realizó con 5.000 usuarios de EEUU, sus hallazgos resuenan en América Latina. El uso de redes sociales como X, Facebook o TikTok es masivo y creciente. En la región estas plataformas se han convertido en canales centrales para el consumo de noticias políticas. Especialmente entre jóvenes y sectores con menor acceso a medios tradicionales.

Si el desarrollo de algoritmos como el de X avanzan hacia moldear las prioridades políticas y amplificar ciertas voces sobre otras, entonces su impacto en democracias latinoamericanas (muchas de ellas marcadas por la polarización, la desinformación y la debilidad institucional) podría ser profundo. En contextos donde los marcos regulatorios son más laxos y la transparencia algorítmica es prácticamente inexistente, el riesgo de que estas tecnologías refuercen sesgos, radicalicen discursos o distorsionen el debate público es especialmente preocupante.

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Mientras los titulares globales siguen el pulso de los conflictos en Medio Oriente, una guerra silenciosa se libra en los servidores de Silicon Valley. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará al campo de batalla, hace tiempo que está ahí. La pregunta que sacude a millones de usuarios, gobiernos y tomadores de decisión en todo el mundo es: ¿qué valores están dispuestas a defender las empresas que controlan estas tecnologías, y a qué costo?

Esta no es una discusión técnica. Es una discusión política, ética y geopolítica,  y su impacto se siente con igual fuerza en la Unión Europa y en América Latina. Mientras Europa avanza hacia una regulación ambiciosa de la IA y América Latina empieza a construir sus propias posiciones institucionales, las decisiones de países como Estados Unidos redefinen el tablero global antes de que la mayoría de los países hayan tenido oportunidad de sentarse a la mesa.

Europa ante el dilema: regular sin quedarse atrás

La Unión Europea fue pionera en intentar poner orden en el ecosistema de la IA. El AI Act europeo, que entró en vigor de forma gradual desde 2024, es el marco regulatorio más ambicioso del mundo en esta materia. Prohíbe explícitamente ciertos usos de la IA que considera incompatibles con los derechos fundamentales. Entre ellos, los sistemas de puntuación social y la vigilancia biométrica masiva en espacios públicos.

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Sin embargo, el conflicto entre Anthropic y el gobierno de EEUU expone una tensión que Europa no puede ignorar. Las herramientas de IA que utilizan las instituciones, ejércitos y ciudadanos europeos, en su mayoría, son de origen estadounidense. La soberanía tecnológica es uno de los grandes debates de la política digital europea. Cobra una dimensión completamente nueva cuando esas herramientas empiezan a operar bajo contratos con el Departamento de Guerra de EEUU, con o sin «líneas rojas» negociadas.

La pregunta que varios gobiernos europeos se hacen hoy es legítima y urgente. Si las empresas que proveen la infraestructura de IA pueden ser presionadas por un gobierno para retirar salvaguardas éticas, ¿qué garantías reales tiene Europa sobre el uso de estas tecnologías en su propio territorio y en sus operaciones de cooperación internacional?

América Latina: dependencia y oportunidad

En América Latina, la discusión sobre IA y conflicto armado tiene una textura particular. La región no es ajena a la militarización de la tecnología. Brasil, Chile, Colombia y Mexico usan la IA para identificar amenazas en tiempo real, proteger la infraestructura crítica nacional y desarrollar drones para la vigilancia de fronteras. Sin embargo, en general la región no cuenta aún con marcos regulatorios robustos. Tampoco con una industria de IA propia capaz de competir a escala global.

Lo que sí tiene la región es una posición geopolítica que podría ser estratégica. América Latina no es parte directa de los grandes bloques en conflicto. Eso le da, en teoría, margen para construir una agenda propia en torno a la gobernanza de la IA, que respete parámetros éticos asegurando la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.

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El gran reto de los gobiernos lationamericanos es estar a la vanguardia de los usos y regulaciones de la IA en el espectro geopolítico de defensa, sin perder de vista el sentir de los ciudadanos (usuarios). La deserción masiva de usuarios de ChatGPT tras el acuerdo con el Departamento de Guerra, y el entendimiento de que los datos pueden ser usados para procesos de vigilancia masiva, no fue solo un fenómeno norteamericano, fue global. Habla de una conciencia ciudadana creciente sobre el vínculo entre las plataformas de uso diario y las decisiones geopolíticas que se toman en su nombre.

América Latina no puede darse el lujo de ser espectadora en la gobernanza global de la IA. Su historia con modelos autoritarios que restringen libertades individuales obliga a tener voz propia.

IA en defensa y seguridad: no es reciente

Las alertas de la comunidad internacional sobre el uso de la IA en defensa y seguridad comenzaron en 2012, con la publicación de la Directiva No. 3000.09 del Departamento de Defensa de EEUU. Establece políticas para el desarrollo y uso de funciones autónomas y semiautónomas en sistemas de armas. Sin embargo, fue la aceleración exponencial de los modelos de IA generativa, y su integración en aplicaciones civiles de uso masivo,  lo que transformó este debate de nicho en una conversación de alcance global.

No existe aún un acuerdo global sobre la definición de los Sistemas de Armas Autónomas (AWS, por sus siglas en inglés). El Ministerio de Defensa del Reino Unido los definió en 2011 como sistemas capaces de comprender la intención de un nivel superior y tomar acciones adecuadas para lograr el estado deseado. El Departamento de Defensa de EEUU, en una actualización de 2023, los describe como sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención adicional de un operador humano.

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Esta ausencia de definición compartida no es un detalle técnico, es una brecha política. Impide construir marcos de regulación efectivos a nivel internacional, y que deja a los países en desarrollo en una posición de particular vulnerabilidad frente a las decisiones de los actores más poderosos.

Carrera global por la IA en un contexto de conflicto activo

Hoy, la IA se utiliza en defensa y seguridad de múltiples maneras: optimizando logística, procesando inteligencia masiva, comandando sistemas de drones y dando forma a decisiones estratégicas en tiempo real. Empresas como Palantir, que coopera estrechamente con EEUU, Ucrania y la OTAN, consolidaron un modelo de negocio basado en el análisis de datos para la recopilación de inteligencia, vigilancia y contra el terrorismo.

Con el estallido del conflicto entre EEUU, Israel e Irán, otros actores de IA generativa entraron al debate público. Y las decisiones tomadas por las dos empresas más influyentes del sector, Anthropic y OpenAI, ilustran de forma nítida las tensiones que atraviesan todo este ecosistema.

OpenAI y Anthropic: dos respuestas ante la misma presión

Desde 2024, Anthropic cooperaba con el Departamento de Defensa de EEUU. Su modelo Claude fue adoptado por agencias de seguridad nacional para aplicaciones de misión crítica: análisis de inteligencia, modelado y simulación, planificación operativa y operaciones cibernéticas. Sin embargo, cuando la empresa intentó negociar condiciones que prohibieran el uso de su tecnología para vigilancia ciudadana y para el desarrollo de armas autónomas sin supervisión humana, la respuesta del gobierno fue contundente.

El secretario de Defensa Pete Hegseth calificó a Anthropic como «riesgo en la cadena de suministro». El presidente Trump fue más directo: «¡No lo necesitamos, no lo queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!». La empresa fue, en la práctica, expulsada del ecosistema de contratación federal.

OpenAI tomó el camino opuesto. Firmó un acuerdo con el Departamento de Guerra cuyo objetivo declarado es apoyar al ejército estadounidense ante las crecientes amenazas de posibles adversarios. El acuerdo establece tres «líneas rojas» que el Departamento de Defensa supuestamente no cruzará:

• No utilizar la tecnología OpenAI para la vigilancia doméstica masiva.
• No utilizar la tecnología OpenAI para dirigir sistemas de armas autónomos.
• No utilizar la tecnología OpenAI para decisiones automatizadas de alto riesgo, como los sistemas de crédito social.

La reacción fue inmediata: en los dos días siguientes al anuncio, más de 1.5 millones de usuarios abandonaron la plataforma. El mercado habló en términos comerciales y políticos.

Quién decide cuando deciden los algoritmos

La cuestión central no es si las máquinas son mejores que los humanos. Es cómo opera actualmente el equipo humano-máquina, cómo se configurará en el futuro y qué consecuencias tienen esas configuraciones. EEUU afirma que siempre habrá un humano informado cuando la IA tome decisiones sobre si matar o no a alguien. Pero lo fáctico es que quien pueda observar, pensar y decidir más rápido ganará la batalla, y el humanos puede ralentizar ese proceso.

Una de las preocupaciones centrales de Anthropic es que el gobierno pueda usar la IA para socavar los valores democráticos a través de la vigilancia masiva de ciudadanos, el análisis de datos para fines de control político, y el desarrollo de armas totalmente autónomas que no pueden ejercer el juicio crítico de un ser humano.

En este nuevo contexto, no se ha decidido cuál será el papel de los humanos en la guerra. Esa indefinición dificulta escribir las reglas del uso de la IA en conflictos armados con antelación, y con legitimidad democrática.

Agenda común para Europa y América Latina

Frente a este panorama, Europa y América Latina comparten más intereses de los que a veces reconocen. En gran medida, ambas regiones son usuarias y no productoras de las tecnologías de IA más avanzadas. Ambas tienen tradiciones democráticas y marcos de derechos humanos que entran en tensión directa con los usos militares y de vigilancia de la IA. Y ambas están siendo excluidas de facto de las decisiones más importantes sobre cómo se gobiernan estas tecnologías.

Construir puentes entre la regulación europea y las demandas emergentes de América Latina podría ser una de las contribuciones más significativas al debate global. No para frenar la IA, sino para asegurarse de que su desarrollo no reproduzca, ni amplíe, las desigualdades y violencias que ya conocemos.

La guerra que se libra hoy en los servidores de Silicon Valley no es ajena a nadie. Sus consecuencias llegarán. En muchos casos, ya llegaron a cada ciudadano que usa un chatbot, a cada gobierno que contrata servicios en la nube, y a cada comunidad que vive bajo la sombra de un conflicto armado. La pregunta es si vamos a seguir siendo espectadores, o si vamos a tomar asiento en la mesa de discusión y decisión. 

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesa uno de los momentos de mayor transformación estratégica desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. La salida de la antigua guerrilla del mapa del conflicto dejó vacíos de poder en varias regiones del país que el ELN ha aprovechado para expandir su presencia territorial y fortalecer su estructura organizativa. Al mismo tiempo, la organización ha consolidado una capacidad de operación cada vez más transfronteriza, vinculada al control de economías ilícitas y a la fragilidad institucional en las zonas de frontera.

Hoy, el ELN no puede entenderse únicamente como una insurgencia colombiana. Distintos estudios han señalado que se trata de una organización armada con proyección regional, con presencia estable en zonas de Colombia y Venezuela y con conexiones emergentes en redes criminales que operan en Ecuador.

Organización armada híbrida del ELN

En este contexto, varios centros de análisis han comenzado a caracterizar al ELN como una organización armada híbrida. Combina elementos propios de una insurgencia política con dinámicas características del crimen organizado. Esta hibridez se refleja en su capacidad para mantener un discurso ideológico y estructuras de mando de inspiración guerrillera, mientras participa activamente en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Esta doble lógica le permite al grupo mantener presencia territorial, asegurar fuentes de financiación y adaptarse a contextos políticos y criminales cambiantes.

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De acuerdo con estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz, el ELN cuenta actualmente con alrededor de 6.800 integrantes entre combatientes y redes de apoyo, lo que lo convierte en la segunda organización armada ilegal más grande del país después del Clan del Golfo. Esta expansión ha estado acompañada de una creciente inserción en economías ilícitas, particularmente en territorios vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Expansión territorial y control de economías ilícitas

Tras la desmovilización de las FARC, el ELN logró ocupar espacios estratégicos en distintas regiones del país. Según Ideas para la Paz, el grupo mantiene presencia en más de 200 municipios de Colombia y en al menos 22 departamentos, especialmente en zonas de frontera y territorios con economías ilícitas consolidadas.

Entre las regiones donde el grupo mantiene mayor influencia se encuentran el Catatumbo, Arauca, el Chocó y el sur de Bolívar. Estas zonas comparten una característica fundamental: su ubicación estratégica dentro de corredores utilizados para el tráfico de drogas y otras economías ilegales.

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El contexto del narcotráfico ha reforzado esta dinámica. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, la cifra más alta de su historia reciente. Este crecimiento ha intensificado la competencia entre grupos armados por el control de territorios vinculados a la cadena del narcotráfico.

En este contexto, el ELN ha consolidado una estrategia basada en el control territorial y la regulación de economías ilícitas. Como señalan distintos análisis sobre crimen organizado en Colombia, el grupo combina una narrativa política insurgente con prácticas propias de organizaciones criminales, lo que le permite mantener legitimidad en ciertos territorios mientras diversifica sus fuentes de financiación. Esta combinación de insurgencia, control social y economías ilegales ha llevado a varios analistas a describir al ELN como uno de los ejemplos más claros de hibridación entre insurgencia y crimen organizado en América Latina.

El impacto geopolítico de la captura de Maduro

El equilibrio regional cambió de forma abrupta tras el operativo del 3 de enero de 2026, en el que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas para enfrentar cargos judiciales en Estados Unidos. Este hecho alteró profundamente el escenario político en Venezuela y generó nuevas incertidumbres para los actores armados que operan en la frontera colombo venezolana.

Durante años, distintos informes han documentado la presencia del ELN en territorio venezolano. Investigaciones de InSight Crime indican que la organización mantiene presencia en al menos ocho estados venezolanos, incluyendo Zulia, Táchira, Apure y Bolívar, donde participa en economías ilegales como la minería y el contrabando. De acuerdo con diversos medios, el ELN ha consolidado en Venezuela una retaguardia estratégica que le ha permitido entrenar combatientes, refugiar mandos y controlar rutas de movilidad a lo largo de la frontera.

La captura de Maduro alteró este equilibrio. Ante el riesgo de una mayor presión internacional, informes de seguridad señalaron que algunas estructuras del ELN comenzaron a reorganizar sus movimientos en la frontera y a reforzar su presencia en zonas estratégicas del lado colombiano.

Al mismo tiempo, el nuevo escenario abre la posibilidad de una mayor cooperación internacional contra el grupo. Analistas han advertido que la reorganización política en Venezuela podría facilitar operaciones coordinadas entre EEUU, Colombia y un eventual gobierno venezolano en transición, orientadas a debilitar las redes armadas que operan en la frontera.

Sin embargo, materializar este tipo de cooperación no será sencillo. La detención de Nicolás Maduro y la posible reconfiguración del poder en el vecino país abren interrogantes sobre las implicaciones que este nuevo contexto podría tener para la seguridad de Colombia. Diversos análisis señalan que buena parte del Comando Central y de la Dirección Nacional del ELN se desplaza o mantiene presencia en territorio venezolano, lo que ha convertido históricamente a ese país en una retaguardia estratégica para la organización. En ese sentido, aunque un cambio político en Caracas podría aumentar la presión internacional sobre la guerrilla, también es probable que el proceso genere un periodo de incertidumbre en el que las dinámicas del conflicto en la frontera permanezcan volátiles y difíciles de prever.

Disputas territoriales y transformación del conflicto

La expansión del ELN también ha generado disputas con otros grupos armados ilegales, especialmente con disidencias de las FARC.

Uno de los principales escenarios de estas confrontaciones es el Catatumbo, una región que concentra una parte significativa de los cultivos de coca del país y que constituye un corredor estratégico hacia Venezuela.

La Fundación Ideas para la Paz ha documentado que estas disputas han generado desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y episodios recurrentes de violencia en distintas zonas de Norte de Santander.

Estas dinámicas reflejan una transformación más amplia del conflicto armado colombiano. Según el International Crisis Group, las economías ilícitas se han convertido en uno de los principales motores de la violencia contemporánea en el país.

El cálculo político del ELN frente a las elecciones en Colombia

Mientras enfrenta nuevas presiones regionales, el ELN también ajusta su estrategia frente al contexto político colombiano. El ciclo electoral de este 2026 abre una ventana de oportunidad para que la organización intente reposicionarse como actor político.

Históricamente, el ELN ha buscado mantener una identidad política que lo diferencie de organizaciones criminales puramente económicas. Esta narrativa se refleja en su insistencia en promover procesos de diálogo y acuerdos políticos que, según el grupo, deberían abordar problemas estructurales del país.

En el contexto actual, la organización parece combinar dos estrategias paralelas. Por un lado, mantiene su capacidad militar y su control territorial en regiones estratégicas. Por otro, intenta proyectarse como un actor con propuestas políticas dentro del debate público.

Conexiones emergentes con Ecuador

La expansión regional del ELN también se manifiesta en sus vínculos con redes criminales en Ecuador. Aunque el grupo no mantiene allí una presencia estructurada comparable con la de Colombia o Venezuela, diversos informes han identificado alianzas operativas con organizaciones criminales ecuatorianas vinculadas al narcotráfico.

La creciente violencia asociada al narcotráfico en Ecuador refleja la importancia de estas rutas. Según datos recopilados por InSight Crime, el país pasó de registrar 6,9 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019 a más de 45 por cada 100.000 en 2023, una de las tasas más altas de América Latina.

Cuando las fronteras dejan de contener el conflicto

La evolución reciente del ELN confirma una tendencia cada vez más evidente en la región andina: la transformación de los actores armados en organizaciones híbridas, capaces de combinar objetivos políticos, control territorial y participación en economías ilícitas.

Con cerca de siete mil integrantes, presencia en más de doscientos municipios y capacidad de operar en territorios fronterizos, el ELN se ha consolidado como una de las organizaciones armadas más resilientes del país.

Su presencia en Venezuela y sus conexiones con redes criminales en Ecuador reflejan una organización capaz de adaptarse a entornos geopolíticos cambiantes y aprovechar las oportunidades que ofrecen las economías ilícitas regionales.

Este escenario plantea desafíos importantes para la seguridad regional. Las estrategias centradas exclusivamente en el ámbito nacional resultan cada vez menos eficaces frente a organizaciones que operan a través de múltiples fronteras. En este contexto, la cooperación regional en materia de inteligencia, control fronterizo y lucha contra el crimen organizado será cada vez más determinante para contener la expansión de estos grupos armados.

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De cara a las elecciones presidenciales en Brasil el 4 de octubre de 2026, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro aparecen empatados con 41% en un sondeo divulgado por Quaest y Genial Investimentos.

Pero las prioridades electorales han cambiado mucho en Brasil.

A principios de 2025, el presidente Lula atravesaba uno de los peores momentos de su mandato. La oposición lograba difundir la noticia falsa de que el sistema de pagos PIX estaría sujeto a impuestos. En realidad es 100% gratuito. La popularidad de Lula, que ya no era la mejor, cayó aún más y se mantuvo así durante bastante tiempo.

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Unos meses más tarde, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, se había autoexiliado en Estados Unidos siguiendo una falsa narrativa de persecución política. Mientras tanto, Eduardo consiguió acceso a la Casa Blanca, que impuso severos aranceles al comercio exterior brasileño, bajo la alegación de persecución política a los Bolsonaro. En consecuencia, las élites políticas, económicas y sociales se unieron. Con mucha dedicación por parte de la diplomacia brasileña, los aranceles se redujeron significativamente. Incluso hubo una reunión entre Lula y Donald Trump, algo inimaginable meses antes.

Los cielos de Brasilia han cambiado mucho desde entonces y el presidente Lula ha vuelto a ver cómo sus logros se reducían tras tres factores importantes. En primer lugar, la implicación de su hijo mayor en un escándalo de malversación de pensiones dentro de la Seguridad Social del Gobierno Federal. Segundo, la candidatura presidencial del senador por Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, el primero de los cuatro hijos de Jair Bolsonaro. Tercero, pero no menos importante, el desfile de una escuela de samba que rindió homenaje a Lula en el carnaval de Río de Janeiro el mes pasado. La Acadêmicos de Niterói, que acabó descendiendo a segunda división en el concurso, ironizó al público conservador brasileño. Este desfile vinculó la imagen de Lula a una crítica con la que él no se ha mostrado de acuerdo.

Puentes con el electorado evangélico

Desde el comienzo de su tercer mandato, Lula ha tratado de tender puentes con el electorado evangélico a un alto costo. Es un público que vota mayoritariamente a Bolsonaro. Poco a poco, ha logrado revertir una pequeña parte de este escenario, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Y un desfile del carnaval de Río de Janeiro, sobre el que no tenía ningún control (pero que aprobó que se celebrara) lo echó todo por tierra. Así lo indican las encuestas de opinión, para desesperación del Gobierno.

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Pero lo que más ha asustado a la base gubernamental es la candidatura de Flávio Bolsonaro. Se consideraba un fracaso desde el principio, pero ahora se presenta como realmente competitiva para las próximas elecciones.

Flávio siempre ha sido considerado el hijo más moderado, el dialoguista, a diferencia de los demás Bolsonaro, mucho más radicales. Esto no significa que tenga ideas distintas a las del resto de miembros de la familia. De todos modos lleva el apellido tras un período político turbulento, con el intento de golpe de Estado, el encarcelamiento de su padre y los líos de su hermano en el extranjero. Nueve de cada diez analistas políticos creían que cualquier candidatura Bolsonaro estaría condenada al fracaso. Sin embargo, se equivocaron al ignorar que el antipetismo sigue siendo muy fuerte y que este votante, por muy centrista que sea, puede estar dispuesto a votar de nuevo a un Bolsonaro. Esto depende del barniz que se le dé durante la campaña electoral.

La estrategia de la tercera vía

Paralelamente, el PSD de Gilberto Kassab logró unir a tres de los cinco gobernadores precandidatos a la presidencia, en un gesto muy poco común de unión de la tercera vía. El acuerdo es que solo uno será el candidato, con las apuestas, hasta esta semana, a favor de Ratinho Jr, gobernador de Paraná, que renunció a la disputa, abriendo espacio para Ronaldo Caiado. ¿Dónde quedó Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y principal nombre de la oposición para las elecciones? Recogió sus cosas y volvió a su campaña de reelección. Al fin y al cabo, es el único mandatario estatal capaz de ser reelecto.

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Tarcísio conoce el costo político-electoral de traicionar a la familia Bolsonaro y no quiere correr ese riesgo, sabiendo que no faltan personas que tienen los ojos puestos en su puesto. Prefirió, con mucha resistencia, declarar su apoyo a Flávio y presentarse a unas elecciones que están prácticamente garantizadas. Por lo tanto, en este caso, el pragmatismo prevaleció sobre la ambición inmediata.

Por su parte, el PSD ve la candidatura presidencial más como una forma de atraer votos para su bancada de diputados federales. La dualidad entre Lula y Bolsonaro es mucho más fuerte que la posibilidad de que una tercera vía de centroderecha crezca entre el electorado brasileño. Sin mencionar que, hasta ahora, no hay una definición clara sobre quién será el candidato, a pesar de las apuestas, en este momento, para Ronaldo Caiado(mientras Lula y Flávio ya están haciendo sus respectivas campañas).

La verdad es que Flávio Bolsonaro, mismo con algunos problemas recientes con la justicia, como el reparto de los salarios de sus asesores cuando era diputado estatal en Río de Janeiro, o la controvertida compra de su mansión en Brasilia, parece ignorar el techo de cristal que le rodea a él y a sus familiares. Y el votante anti-Lula también.

El libro Por qué estamos en política, de Hugo Jofré Rodríguez, propone una reflexión sobre el sentido de la actividad política, sus desafíos y su dimensión formativa. A partir de referencias teóricas, experiencias personales y el análisis de la política chilena reciente, el autor examina las debilidades doctrinarias y estratégicas de la centroderecha. Asimismo, señala la necesidad de renovar ideas, liderazgos y proyectos políticos.

La obra plantea que muchos de los problemas del sector no se explican por falta de gestión o de cuadros técnicos. Más bien surgen por una comprensión insuficiente de la política como fenómeno complejo, vinculado a la construcción de sentido, proyectos colectivos y relatos movilizadores. En ese marco, el autor propone superar la mirada tecnocrática. Además, invita a recuperar una visión integral de la política como herramienta de transformación social orientada al bien común.

Hugo Jofré propone superar la mirada tecnocrática y recuperar una visión integral de la política como herramienta de transformación social orientada al bien común.

Más allá del diagnóstico político, el libro funciona también como un llamado a la formación de nuevas generaciones de dirigentes, con vocación de servicio, claridad de ideas y compromiso con una visión de sociedad. En definitiva, se trata de una reflexión sobre por qué vale la pena involucrarse en política. También reflexiona sobre la responsabilidad de quienes deciden hacerlo.

Datos editoriales

Autor: Hugo Jofré Rodríguez

ISBN 978-956-7684-47-2

Número de páginas: 160

Editorial: Fundación Konrad Adenauer, KAS Chile

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Occidente enfrenta un tablero petrolero convulso. Las sanciones a Moscú recortan las exportaciones de Rusia. Además, el boom del shale en Norteamérica muestra signos de agotamiento. Por otro lado, la guerra en Medio Oriente, con el cierre del estrecho de Ormuz y el ataque a instalaciones petroleras, expone como nunca la inestabilidad árabe. En este contexto, Sudamérica emerge como un actor estratégico. Es capaz de atraer inversión, aumentar la producción y convertirse en proveedor confiable.

El analista Juan Pablo Spinetto escribió en Bloomberg que “las dramáticas imágenes de misiles dirigidos a varios países del Golfo, un recordatorio del conflicto en Europa tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, resaltan el valor perdurable de América Latina como una región de relativa paz, geografía estratégica y abundantes recursos”.

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Aunque la participación del petróleo en la matriz energética mundial ha disminuido, su consumo sigue creciendo. Hoy el mundo utiliza casi el doble de crudo que en los años setenta. Esto confirma que la transición energética avanza más lentamente de lo que sugieren algunos pronósticos. La demanda del barril es ahora más rígida, concentrada en transporte y petroquímica, sectores que todavía carecen de sustitutos masivos.

Las grandes multinacionales petroleras ya están posicionadas en Sudamérica. Según proyecciones de Rystad, Brasil, Guyana y Argentina serán responsables de más del 80% del crecimiento de la producción mundial de crudo fuera de la OPEP en los próximos cinco años. Además, a este escenario se suma el aumento de la producción. Tras la flexibilización de sanciones de Estados Unidos, se contempla para Venezuela —el país con las mayores reservas de petróleo del planeta— y la entrada de Surinam en el mapa energético regional.

Distintas realidades

Brasil apostó por explorar su costa sur y Petrobras. Con mayoría accionaria del Estado, se convirtió en pionera mundial en perforación en aguas profundas. Transformó el petróleo en motivo de orgullo nacional. Entre 2006 y 2010 llegaron los grandes descubrimientos del “presal”, una capa bajo el lecho marino que disparó expectativas y llevó a The Economist a retratar al Cristo Redentor como un cohete. En 2025, la producción promedió 3,7 millones de barriles diarios. Esta cifra es superior a la de Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Las proyecciones apuntan a que en 2030 Brasil producirá cerca de 5 millones de barriles diarios. Para sostener ese crecimiento más allá de esta frontera, la OPEP considera clave el Margen Ecuatorial. Es una zona próxima a la desembocadura del Amazonas con reservas estimadas en 10.000 millones de barriles. En octubre de 2025 el gobierno autorizó la exploración. En la subasta, Petrobras, Exxon Mobil y Chevron obtuvieron derechos para iniciar operaciones en varios de los bloques ofrecidos.

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La decisión enfureció a los ecologistas. Aunque la cuenca Foz do Amazonas está a 500 kilómetros del río, los ambientalistas advierten que un eventual derrame podría ser arrastrado rápidamente por las corrientes hacia el caudal de agua dulce. Esto pondría en riesgo un ecosistema frágil y vital para las comunidades indígenas que dependen de la pesca. Sin embargo, la dirección del gobierno brasileño, al menos por ahora, se mantiene firme.

Apodada la “Patagonia Saudí”, Vaca Muerta concentra la segunda mayor reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. La cuenca empezó a desarrollarse hace una década, pero controles de capital, impuestos y la volatilidad económica frenaron su expansión. Con la llegada de Javier Milei y un giro promercado, la expectativa es que el yacimiento acelere su crecimiento. Hoy produce unos 440.000 barriles diarios y podría superar el millón en 2030. La EIA estima que Vaca Muerta cuenta con 16.000 millones de barriles técnicamente recuperables. Esto coloca a Argentina entre los cinco países con mayores recursos de hidrocarburos no convencionales.

En la Argentina Week realizada en Nueva York, Jacob Helberg, subsecretario de Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado, destacó: “La Argentina, en el hemisferio occidental, tiene mucho potencial porque está más cerca de casa. Tiene muchas afinidades culturales con Estados Unidos, y también cuenta con una enorme cantidad de recursos”.

Entre los focos de atención también resalta Guyana. Este país de solo 800 mil habitantes realizó una conferencia energética en febrero a la que asistieron ejecutivos petroleros de las grandes multinacionales. Exxon, Chevron y China National Offshore Oil Corporation lideran los proyectos en marcha. La producción de 900 mil barriles diarios aumentará hasta 1,3 millones de barriles en 2027.

En paralelo el descubrimiento de petróleo en Surinam incrementa la relevancia de los pequeños países de la región. En octubre de 2024 la multinacional francesa Total Energies anunció inversiones por 10.500 millones de dólares en Surinam para explotar un bloque aguas afuera con capacidad de generar 200.000 barriles diarios de petróleo. Dichos barriles comenzarán a exportarse a partir de 2028.

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La joya en cuanto a reservas y potencial es Venezuela. Si bien la producción colapsó y hoy es de solo un millón de barriles diarios, firmas como Síntesis Financiera proyectan que tras el tutelaje de Estados Unidos, un cambio legal que abrió el sector a la empresa privada y la inversión anunciada por Repsol, ENI, Chevron y Maurel & Prom, el país aumentará la producción hasta 1,3 millones de barriles este año. Además, en 2027 superará los 1,5 millones de barriles.

A mediano plazo, si Venezuela es capaz de atraer inversión de manera constante y masiva, en diez años el país podría alcanzar los 4 millones de barriles diarios. Así lo señalan estimaciones de expertos como Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice.

Colombia ocupa un lugar intermedio en el mapa petrolero latinoamericano. No es un gigante exportador, pero tampoco depende de las importaciones como la mayoría de sus vecinos. Esa posición hace que los shocks internacionales tengan efectos ambiguos. Un barril caro puede mejorar la recaudación fiscal, pero al mismo tiempo encarece el gas que tiene que comprar en el exterior.

Los afectados

Mientras los productores de la región refuerzan su peso geopolítico y se preparan para ingresos adicionales, los importadores de petróleo observan cómo una escalada sostenida del barril amenaza con acelerar la inflación a través del encarecimiento de la energía.

En una entrevista con CNN, Francisco Monaldi advirtió que en países como Chile, Uruguay, Perú, centroamericanos y caribeños, incluida República Dominicana, no hay alternativa. Si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y el precio del barril sigue en alza, el costo de la energía terminará trasladándose directamente a los consumidores.

El impacto de un barril más caro no se siente de inmediato. Las reservas y los cargamentos en tránsito amortiguan la presión, y cada país aplica su propio esquema de ajuste. En Uruguay, por ejemplo, el precio se fija tomando el promedio del mes anterior y se mantiene estable durante dos meses. Así, la baja de febrero se reflejó en marzo. El próximo ajuste recién llegará el 1 de mayo, cuando se sabrá si la crisis fue pasajera o si marca una escalada prolongada.

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 Pablo Zeballos es experto en crimen organizado, inteligencia y terrorismo. Con Douglas Farah, publicaron De las calles al Estado, el DP Enfoque 18 de Diálogo Político, investigación en la que analizan la cuarta ola de crimen organizado en América Latina. 

Luego de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Zeballos analiza la dimensión geopolítica del caso, que se da en paralelo a un nuevo orden hemisférico liderado por Estados Unidos y la ambición de Donald Trump de liderar la política regional de seguridad. 

Lógica hemisférica del crimen organizado

¿Por qué es pertinente analizar el caso Marset desde una perspectiva geopolítica?

—En la actual reconfiguración que observamos del crimen organizado trasnacional, vamos a ver cada vez más casos como Marset, y otros casos menos mediáticos. Pero ambos representan el mismo fenómeno: criminalidad que ya no cabe dentro de la frontera de un solo país. Por lo tanto, no cabe dentro de las capacidades de una sola policía o un único sistema de investigación penal. Se trata más bien de operadores conectados a flujos, en este caso de cocaína, entre Sudamérica y Europa y a profundas redes de lavado dinero que utilizan sistemas financieros internacionales, incluso de países con altos estándares de exigencia. Se complementan con complejas redes de protección. Son además redes capaces de operar entre varios países simultáneamente. 

Por eso el caso Marset es importante. Estas redes de protección permitieron que él operara entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y también en Estados Unidos, donde existen acusaciones fundadas que evidencian que él, o su entorno, lavó varios millones de dólares a través del sistema financiero de ese país. Este caso deja de ser un asunto netamente criminal y se convierte en una pieza dentro de la seguridad hemisférica y ahí su importancia en la dimensión geopolítica de la criminalidad. 

La captura de Marset ocurrió seis días después de la cumbre de lanzamiento del Escudo de las Américas. ¿Coincidencia o estrategia?

—No existe evidencia para afirmar que la captura fue planificada como un operativo directo del Escudo de las Américas. Lo que sí podemos afirmar, sin ninguna duda, es que cualquiera haya sido el origen del operativo, el hecho adquirió rápidamente un valor narrativo absolutamente estratégico, tanto para el gobierno boliviano, recién asumido por el presidente Paz, como para Washington, que enmarca este proceso en una nueva fase de cooperación regional. 

Es importante entender que una cumbre de seguridad no genera en pocos días una investigación capaz de ubicar y capturar un objetivo criminal de alto valor. Lo que sí puede generar es algo distinto; tensiones, filtraciones, quiebres dentro de las redes de protección que durante años permitieron que este actor permaneciera prófugo. Quizás la coincidencia no está en la captura, sino en la forma en que se construyó el relato político alrededor de esta captura. 

Disputa por el relato de la seguridad 

Aunque la DEA oficialmente solo actuó en el traslado de Marset de Bolivia a EEUU, el gobierno de Donald Trump sostuvo: “El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”. ¿Cómo leer esa declaración? 

—Esa frase es relevante no porque prueba una autoridad operativa norteamericana en la captura de Marset. Refleja algo que es mucho más importante: la disputa por el relato que tiene el presidente Trump respecto a la seguridad. Bolivia fue clara al señalar en más de una oportunidad que la DEA no participó en la detención, sino, únicamente en el traslado posterior hacia EEUU. Sin embargo, desde Washington, el caso fue presentado como un éxito de la cumbre. 

Desde una perspectiva geopolítica, esto sugiere que EEUU busca mostrar resultados rápidos para legitimar esta coalición de seguridad y reafirmar su liderazgo regional. Esa es la diferencia entre lo que ocurrió operativamente con lo que se construyó políticamente a partir de este hecho. Ambas dimensiones importan, pero no son lo mismo. 

Si iniciativas como el Escudo de las Américas reúne principalmente a gobiernos alineados con Washington, ¿existe el riesgo de que la lucha contra el narcotráfico funcione también como mecanismo de alineamiento político? 

—Sí, pero no es un riesgo nuevo. Cuando la arquitectura de seguridad reúne principalmente a gobiernos políticamente cercanos, en este caso a Washington, la cooperación antidrogas puede operar en dos niveles. Uno que es generalmente funcional: compartir información de inteligencia, mayor confianza para perseguir redes criminales. Y otro, más bien político, orientado a ordenar afinidad y reconstruir la influencia regional bajo un liderazgo que en este caso de EEUU. 

Pero existe un problema conceptual mucho más profundo según lo que hemos visto en el Escudo de las Américas: estamos reduciendo el crimen organizado solamente al narcotráfico. Y el narcotráfico es una expresión del crimen organizado, pero esa actividad se sostiene en otras economías ilícitas mucho más dañinas, que dañan específicamente a las poblaciones más marginalizadas, como la extorsión, el contrabando, la minería ilegal, en este caso la destrucción de la Amazonía, el tráfico de personas, corrupción institucional que daña el estado de Derecho. Entonces, limitar la estrategia de lucha contra el crimen organizado al narcotráfico nos devuelve una lógica que no funcionó, de los años 80, sentada en los carteles colombianos y que deja fuera gran parte de las economías criminales que hoy afectan a la democracia de las comunidades. 

De hecho, en algunos países las ganancias por otras economías ilícitas desplazan al narcotráfico. El caso de Perú, por ejemplo, donde las ganancias por la minería ilegal del oro están desplazando a las ganancias que provienen de la cocaína en un país que produce cocaína. 

Respecto a este mismo punto, también es llamativo que en esta coalición no participen países que son clave para la lucha contra el crimen organizado, como Brasil, México y Colombia. Además son las mayores economías del hemisferio. Pues la red de Marset operaba precisamente en territorios que conectaban Bolivia con Paraguay y Brasil, por ejemplo. 

Finalmente yo sumaría un último elemento. En las redes criminales extrarregionales participan cada vez más grupos que provienen de Italia, la mafia albanesa o de los Balcanes, grupos rusos y también estructuras criminales asiáticas. Por eso, pretender enfrentar este fenómeno solo con una arquitectura exclusivamente americana y dejar fuera a Europa y Oceanía es desde el punto de vista estratégico un error súper importante. 

El rol de Bolivia y el cambio con Paz

Rodrigo Paz retomó la cooperación con la DEA después de 17 años. ¿Qué señal política y estratégica envía? 

—Creo que hay dos, una señal de ruptura y otra de reubicación. La ruptura, obviamente, con la etapa abierta por el presidente Evo Morales a partir del 2008, cuando expulsa a la DEA de Bolivia. Y la reubicación del presidente Paz o de Bolivia dentro de una arquitectura de seguridad más cercana con Washington. Por eso la cooperación se retomó recién el 24 de febrero del 2026, apenas un par de semanas antes de la captura. Esta es evidentemente la manifestación política de esa reubicación de Bolivia. 

Una señal se dirige hacia afuera, donde Bolivia quiere mostrar confiabilidad como socio de seguridad. La otra, hacia adentro, donde el presidente Paz busca instalar que el crimen organizado exige capacidades externas que el país por sí solo no tiene plenamente consolidada, después de 17 años de ausencia de la cooperación con la DEA. Pero eso tiene un costo político doméstico fuerte para el presidente Paz y que es lo que hay que observar. Porque durante años del gobierno del MAS, pese a las fracturas internas que conocimos entre los expresidentes Evo Morales y Liber Arce, ese periodo generó indudablemente algún tipo de dinámicas de protección en uno de los tres países productores de hoja de coca y, por ende, cocaína. O sea, alguna dinámica de protección para articulaciones criminales. ¿Estos vínculos permanecen independientemente de quién sea el gobierno de Bolivia? 

¿Es plausible pensar que contó con protección política, institucional o criminal? 

—Es una hipótesis muy fuerte y yo diría que hoy día con algunos elementos es casi innegable, pero debe formularse con responsabilidad y también con precisión. 

Marset estuvo prófugo durante años. En 2021 fue detenido en Dubái porque portaba un pasaporte paraguayo que era falso. Pero pudo salir legalmente para recibir un pasaporte uruguayo. Es un episodio que generó una crisis en Uruguay que derivó en renuncias de altos funcionarios públicos. Un ministro boliviano, Marco Viedo, afirmó que en Bolivia Marset tuvo protección del anterior gobierno. Pero esas son afirmaciones políticas, no una conclusión judicial probada. Hoy se tiene que avanzar en poder entender si la duración de su fuga, con los antecedentes que se tengan después de su detención, permiten inferir que efectivamente existen zonas de facilitación o protección que deben ser judicialmente acreditadas. País por país, no es solo Bolivia, y esa investigación es tan importante como la captura misma de Marset. 

Combate cooperado

La acusación más fuerte contra Marset fue presentada en Estados Unidos, en una corte federal de Virginia. ¿Qué implica que la causa termine en la justicia estadounidense?

—Implica varias cosas. EEUU logró construir jurisdicción a partir del uso del sistema bancario norteamericano para lavar dinero proveniente del narcotráfico en América del Sur. Eso es muy importante, porque cuando estos flujos financieros pasan por bancos o plataformas que operan bajo la jurisdicción de regulación americana, ellos pueden activar su jurisdicción extraterritorial y perseguir penalmente estos delitos. Incluso si lo hecho ocurre en otros países. Así vemos que este caso se traslada a un sistema judicial que tiene definitivamente mayores capacidades para rastrear dinero, activos, redes financieras complejas. El sistema federal norteamericano cuenta con herramientas muy desarrolladas que le permiten seguir el rastro del dinero y eso es interesante en el caso de Marset y su implicancia en otros países. 

Lo complejo surge por dos cosas: el liderazgo procesal se desplaza fuera de Sudamérica por delitos muy graves que Marset cometió dentro de Sudamérica y, con la extradición de Marset a EEUU, el caso convive con señales contradictorias en la política regional. No olvidemos que hace muy poco se generó el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández que estaba condenado en EEUU por delitos vinculados al narcotráfico. Este tipo de decisiones introduce un ruido político en un escenario donde la cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado requiere consistencia y credibilidad.

En casos como este, ¿queda expuesta cierta dependencia de los países sudamericanos respecto a Estados Unidos para combatir el narcotráfico transnacional?

—No creo que en forma generalizada, pero en algunos países existen ciertos niveles críticos. Cuando se trata de consolidar una persecución penal sobre el lado transnacional, circuitos bancarios y cooperación multinivel, EEUU sigue siendo el actor de mayor capacidad de arrastre en la región. Este expediente contra Marset en Virginia generó además una recompensa de dos millones de dólares que ofreció el Departamento de Estado y obviamente la coordinación de la DEA con Europol, por ejemplo. Eso refleja justamente que la jurisdicción y capacidad de primer nivel la tiene EEUU. Eso no significa que sin EEUU no exista acción posible. Hay países que demuestran una autonomía superior. Lo que sí podemos ver es que, en ciertos casos de mayor complejidad, la arquitectura de persecución sigue siendo absolutamente asimétrica en comparación con las capacidades de algunos países en América Latina con la de EEUU.

¿Qué tan determinante fue el rol de las fuerzas locales, bolivianas, en comparación con el apoyo o la coordinación internacional?

—Por lo que se conoce públicamente del caso, la captura fue ejecutada por fuerzas bolivianas y fue una captura perfecta, por así decirlo, sin bajas, y la internacionalización del caso fue estadounidense y aparentemente multinacional. La DEA no participó en el arresto y es algo que Bolivia ha remarcado explícitamente, pero sí estuvo involucrada en el traslado posterior. Esto nos permite reconocer el peso operativo local sin desconocer la presión internacional previa. Es lo más importante porque probablemente fue lo que elevó los costos para Marset, redujo su espacio de refugio y ayudó a cerrar el cerco donde se encontraba. Las fuerzas bolivianas ejecutaron la captura, eso es innegable, pero quizás la arquitectura que permitió ese momento fue controlada durante meses con información e inteligencia que provino de varios países, no solo EEUU. 

¿Es conveniente que América Latina profundice alianzas con EEUU para combatir el narcotráfico? 

—Las alianzas serán siempre útiles si son equilibradas y si fortalecen las capacidades locales. La región necesita cooperación en inteligencia financiera, en trazabilidad de activos, en análisis digital, en protección de fiscales e investigadores, en detección de activos criminales operando en diferentes países. Pero si esa cooperación no deja instituciones locales más fuertes en los países donde están operando, entonces solo vamos a tener victorias tácticas, pero no una autonomía estratégica para la persecución del crimen organizado. En otras palabras, si la cooperación internacional no fortalece las capacidades locales, la región va a ganar en operaciones, indudablemente sobre ciertos caudillos, pero va a perder grandes espacios de soberanía en materia de seguridad. 

La investigación por el fiscal Pecci

Marset tiene causas abiertas por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. ¿Cómo puede seguir esa ramificación? ¿Queda en segundo plano? 

—Esto es importante y no debería quedar en segundo plano. El asesinato de un fiscal o de cualquier investigador que enfrenta redes criminales y redes de poder constituye un ataque directo al estado de Derecho y la institucionalidad democrática de cualquier país. Cuando el crimen organizado decide eliminar un fiscal, el mensaje es único y claro: intimidar a quienes investigan y denuncian y a través de eso debilitar la capacidad que tiene el Estado. 

Sin embargo, existe el riesgo de que el proceso judicial en EEUU priorice aquellos delitos que caen directamente dentro de la jurisdicción americana y que, por lo tanto, van a resultar más fáciles de probar. Es el caso del lavado de dinero, la complicación financiera o el uso del sistema bancario norteamericano para monetizar ganancias del narcotráfico. 

También decir que, hasta el momento, Sebastián Marset no ha sido formalmente imputado en ninguna causa por el asesinato del fiscal Pecci. Existen menciones en el plano político, existen hipótesis investigativas que lo vinculan indirectamente con el entorno criminal que podría haber estado tratando el crimen, pero no una exclusión judicial directa en su contra. Por lo tanto, hay que estar atento en si Marset decide cooperar con las autoridades estadounidenses como parte de una estrategia de defensa o para negociar beneficios procesales. Podría utilizar el caso del fiscal Pecci. 

Este escenario podría abrir nuevas líneas de investigación y en ese contexto yo creo que es fundamental avanzar en el esclarecimiento completo de su homicidio, no sólo para identificar a los autores materiales que de alguna forma ya están condenados e identificados, sino también para confirmar o descartar la participación de autores intelectuales o estructuras de poder que pudieron sentirse amenazados por las investigaciones que llevaba adelante el valiente fiscal Pecci. Esclarecer plenamente este crimen es una señal política y ética, porque cuando el crimen organizado tiene la capacidad de matar un fiscal la respuesta del sistema de justicia debe ser proporcional a la gravedad de ese desafío.

Los 50 años del inicio de la última dictadura (1976-83) encuentran a la Argentina en medio de una extendida controversia sobre los alcances de la batalla cultural que emprendió el presidente Javier Milei. ¿Incluye la irrupción del fenómeno libertario una revisión sobre el papel de los victimarios y las víctimas de aquel sangriento ataque contra la sociedad? Inicialmente el gobierno lo hubiera deseado, pero hoy apenas puede afrontar los graves problemas del presente.

De hecho, el consenso democrático que emergió en la década del 80 bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, con el grito del Nunca Más y los Juicios a las Juntas que son referencia en materia de derechos humanos a escala mundial, se mantiene firme entre los argentinos. Las encuestas de opinión reflejan que una base de 7 de cada 10 consultados rechaza a la dictadura y que la relaciona directamente con el significante “desaparecidos”. De acuerdo con un estudio de Pulsar UBA, también aparecen los términos “represión” y “violencia” como identitarios de aquel período histórico.

Lógica del amigo-enemigo

Sin embargo, un sector de la sociedad argentina y de la dirigencia sigue aplicando la lógica binaria del amigo-enemigo al hacer diagnósticos y propuestas políticas y electorales. No es una categoría exclusivamente local, como lo expone brutalmente la influencia global de Donald Trump. Pero la eliminación o exclusión del adversario cuenta con impulsores a ambos extremos del arco ideológico nacional. Con el agregado de que, en la actualidad, el poder político está en manos de la derecha radical.

Milei se ufana de que las fuerzas de seguridad “bañan a los zurdos” en cada manifestación frente al Congreso y desfinancia las políticas de derechos humanos. Su administración habla de la “memoria completa” y deja correr rumores sobre un pronto desalojo del edificio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura. Fue el más emblemático centro clandestino de detención donde fueron torturadas y asesinadas centenares de personas.

El Gobierno libertario aduce que los organismos de derechos humanos tienen filiación política (que están ligados al peronismo o a la izquierda). Argumenta, como lo hizo en el pasado cercano el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), que fueron cooptados por las administraciones kirchneristas (2003-2015) y el último gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). Pero si bien hay sospechas y aún se desarrollan juicios por el manejo de fondos, pareciera que el símbolo de los “pañuelos blancos” no se ha manchado.

En las calles de Buenos Aires y de todo el país, en las canchas de fútbol y en las manifestaciones populares, siguen exhibiendo los pañuelos como un homenaje a Madres y Abuelas (de Plaza de Mayo; organización de DDHH) que resistieron a la opresión de la dictadura y pidieron por un hijo o un nieto del cual no tenían noticias. Y que, en tiempos de dictadura, las mismas autoridades que tenían que ofrecer respuestas eran las responsables de las desapariciones.

Ascenso del terror

El Estado argentino inició un proceso de reparación para esas familias diezmadas ni bien cayó la dictadura, tras la derrota militar en las Islas Malvinas (1982). Pero en muchos casos las respuestas tardaron décadas. Tanto es así, que este mismo año la Justicia identificó a 12 personas que estaban en condición de desaparecidas y cuyos restos fueron identificados en fosas comunes del centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. En esa docena de casos, la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 30 años, estudiantes y obreros que los militares consideraban enemigos.

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Si bien el último gobierno peronista de la década del 70, que encabezó María Estela Martínez de Perón tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, estuvo signado por una explosión de violencia en el propio movimiento justicialista y el predominio de grupos guerrilleros como Montoneros y el izquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo cierto es que la Junta Militar que tomó de facto el poder el 24 de marzo de 1976 extendió los tentáculos de la represión como un castigo a vastos sectores de la sociedad.

Por eso la prensa fue silenciada o sometida a censura previa, el Congreso reemplazado por una comisión legislativa (que presidía un militar) y las manifestaciones prohibidas. La emblemática ronda de las Madres de Plaza de Mayo, en torno a la pirámide que se ubica frente a la Casa Rosada de Buenos Aires, comenzó a realizarse porque los efectivos policiales y militares demandaban que “circulen” a las personas que hacían sus peticiones. Ahí aparecieron infiltrados como el marino Alfredo Astiz, apodado “el ángel de la muerte”, hoy preso en la cárcel federal de Ezeiza, donde fue visitado por un grupo de diputados libertarios.

Continuidad, deuda y democracia

Los grupos negacionistas no tienen anclaje social mayoritario. Los intentos por aplicar la Ley del 2×1 a los genocidas de la dictadura (que llegaron a obtener un fallo de la Corte, luego revocado) y antes los indultos del expresidente Carlos Menem (1989-1999) fueron masivamente rechazados por los argentinos. Y ahora mismo, el 83% de los consultados en la encuesta de Pulsar, ante la pregunta de qué pasaría si mañana hubiera un golpe de Estado, respondió “eso no va a volver a pasar”.

La democracia argentina no se quebró ni siquiera en su peor crisis reciente, la del año 2001, cuando fue saldada con una continuidad institucional que consistió en intervención del Congreso, y presidentes de distintos signos políticos que se sucedieron en el poder mediante elecciones libres y no fraudulentas. No obstante, existe una deuda social colectiva con los derechos humanos del presente, con los “descartados” que bregaba por rescatar el Papa Francisco, o simplemente Bergoglio para los argentinos.

La pobreza estructural se ramificó en un cuarto de la población y se afincó en la periferia de las grandes ciudades. Los distintos gobiernos no lograron atemperarla, en buena medida porque la gran deuda externa que sucedió a la devastación de la dictadura es de orden económico.

A caballo de ese fracaso llegó Milei a la Casa Rosada, como un emergente de la frustración colectiva ante la incapacidad dirigencial para forjar un acuerdo que traspase las diferencias ideológicas. Afortunadamente, o más bien a causa de las tragedias pasadas, los argentinos no están dispuestos a resignar el consenso que más les costó conseguir: el orden democrático. Eso vuelve a verse reflejado hoy, 24 de marzo, en las calles y en la conciencia mayoritaria.

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La política de seguridad de Daniel Noboa entró en una fase de reorientación estratégica. Lo que comenzó a finales de 2023 como el Plan Fénix —presentado como una respuesta integral frente al crimen organizado— evolucionó hacia una nueva etapa marcada por la cooperación militar con Estados Unidos y un alineamiento explícito con la doctrina hemisférica promovida por Donald Trump.

El eje del debate ya no se limita únicamente a la respuesta frente a la violencia interna; también se desplaza hacia el impacto de esta transformación sobre la institucionalidad ecuatoriana y su proyección regional.

Seguridad como eje

Desde que Daniel Noboa lanzó el Plan Fénix al asumir la presidencia, la seguridad se convirtió en el principio rector del gobierno. Se incrementaron impuestos y se eliminaron subsidios con el argumento de financiar la lucha contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, se instauraron estados de excepción recurrentes y se amplió el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. La declaratoria de conflicto armado interno alteró el encuadre jurídico y político del problema.

La narrativa oficial reforzó esta orientación a través de una exposición constante de operativos, incautaciones y capturas de líderes criminales. La imagen proyectada fue la de un Estado decidido a enfrentar al narcotráfico. En términos políticos, la seguridad se convirtió en el eje transversal de la acción estatal.

Resultados y límites

Sin embargo, los resultados contrastan con el relato oficial. Según estadísticas de la Policía Nacional, 2025 cerró con 9.161 homicidios intencionales, la cifra más alta registrada en la historia del Ecuador. La tasa nacional superó los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y, en provincias como Los Ríos y El Oro, las tasas alcanzaron niveles comparables a los de los territorios más críticos del mundo.

Estos datos no deslegitiman la necesidad de actuar con firmeza, pero sí evidencian los límites de un enfoque centrado casi exclusivamente en la dimensión militar. La contención territorial puede generar efectos inmediatos, pero no necesariamente incide en las dinámicas estructurales del delito.

[Lee: DP Enfoque 18: De las calles al Estado]

El narcotráfico en Ecuador forma parte de redes transnacionales que articulan producción en Colombia y Perú, logística portuaria en territorio ecuatoriano y distribución hacia Estados Unidos y Europa. En ese contexto, la presión militar sobre determinados nodos tiende a reconfigurar rutas más que a desarticular las estructuras de las organizaciones criminales.

La experiencia de Colombia y México evidencia que la militarización sostenida, si no viene acompañada del fortalecimiento judicial y de sistemas de inteligencia eficaces, suele derivar en ciclos prolongados de adaptación criminal.

Del Plan Fénix al Escudo hemisférico

En este contexto de alta exposición mediática y resultados limitados, el discurso gubernamental comenzó a reorientarse. El concepto de Plan Fénix fue perdiendo centralidad y dio paso a una “nueva fase” sustentada en una cooperación operativa más estrecha con Washington.

El giro se inscribe en la agenda hemisférica promovida por la administración de Donald Trump, que replantea la lucha contra los carteles como un desafío estratégico, y no solo policial. La creación del Escudo de las Américas —concebido como una coalición regional anticarteles con énfasis en coordinación militar y uso de fuerza letal— formaliza ese enfoque.

[Lee: El retorno de las esferas de influencia y el nuevo desorden de la política global]

Al integrarse en esta iniciativa, Ecuador no se limita a buscar asistencia técnica o intercambio de inteligencia. Se proyecta como un actor alineado dentro de un esquema de seguridad continental que trasciende la coyuntura interna y reordena su inserción regional.

Frontera andina y reconfiguración regional

Las repercusiones en los países vecinos son inmediatas. El 4 de marzo, fuerzas de Ecuador y Estados Unidos ejecutaron en la frontera colombo-ecuatoriana una operación conjunta contra un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las FARC. Fue la primera operación pública de esta naturaleza entre ambos países y marcó un nuevo nivel de interacción militar en la zona.

La relación con Colombia ya atravesaba tensiones comerciales. En enero, Ecuador anunció la imposición de una “tasa de seguridad” a importaciones colombianas —inicialmente del 30 % y elevada posteriormente al 50 %— bajo el argumento de corresponsabilidad en la seguridad fronteriza. Bogotá adoptó medidas recíprocas, profundizando el diferendo bilateral.

Asimismo, la presión militar ejercida por los comandos combinados de Estados Unidos y Ecuador sobre corredores específicos del narcotráfico puede reconfigurar dinámicas territoriales y desplazar flujos ilícitos hacia nuevas rutas transfronterizas, alterando equilibrios regionales.

El narcotráfico opera como una red integrada; su contención exige cooperación sostenida y mecanismos estables de coordinación entre Estados.

Seguridad como instrumento geopolítico

Las implicaciones geopolíticas trascienden la frontera con Colombia. La expulsión de la delegación diplomática cubana en Quito y la participación activa del presidente en foros de seguridad promovidos por Washington deben interpretarse en un marco más amplio de alineamiento estratégico.

Bajo la doctrina Donroe, América Latina reaparece como espacio de influencia directa. La seguridad deja de ser exclusivamente una política de orden interno y pasa a insertarse en una lógica de competencia global por influencia, recursos estratégicos y control de rutas críticas en el hemisferio occidental.

En este contexto, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico también funciona como mecanismo de posicionamiento geopolítico frente a la creciente presencia de China en la región. La seguridad se convierte así en un vector de inserción estratégica que excede la mera contención del crimen organizado y redefine el lugar del Ecuador en el equilibrio continental.

El dilema institucional

El núcleo del debate es institucional. La cooperación con Estados Unidos puede fortalecer capacidades tecnológicas, mejorar la inteligencia y aumentar la precisión operativa. También puede contribuir a interrumpir rutas marítimas irregulares y debilitar nodos logísticos estratégicos.

Sin embargo, sin una reforma judicial profunda, sin un sistema penitenciario funcional y sin inteligencia táctica y financiera robusta, la acción militar corre el riesgo de convertirse en un sustituto permanente de la capacidad estatal.

Ecuador enfrenta una amenaza estructural y persistente. La cooperación bilateral abre oportunidades, pero también reajusta su posicionamiento regional y el equilibrio interno de poder. En última instancia, el desafío no es solo derrotar a las organizaciones criminales, sino hacerlo preservando el equilibrio democrático que sostiene la legitimidad del Estado.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de Diálogo Político ni de la Fundación Konrad Adenauer.

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El silencio del Estado cubano sobre los contactos con sus homólogos en Estados Unidos terminó el 13 de marzo a primera hora de la mañana. El presidente del régimen, Miguel Díaz-Canel, confirmó lo que la prensa y el gobierno de Donald Trump venían comentando abiertamente semanas atrás: el gobierno cubano negocia con la Casa Blanca para llegar a un acuerdo que le permita salir del bloqueo petrolero. Este hito en las relaciones de ambos países, desde 1959 a la fecha, impulsa tres preguntas: ¿acordar qué?, ¿qué significa esto?, ¿cuánto cambia en la región?

En concreto, Díaz-Canel dijo que estos contactos buscan: “Identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución y cuál es la solución”; “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países”; “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones” y “de la región de América Latina y el Caribe”. Por su lado, el gobierno de Donald Trump, que ha encargado al secretario de Estado Marco Rubio este tema, mantiene una línea discursiva desde hace meses indicando que en Cuba habrán cambios y que es un Estado fallido.

El nuevo deshielo

¿Es la primera vez que hay una acción de alta tensión entre ambos países? No. ¿Es primera vez que existe un deshielo (aun prematuro) de las relaciones? Tampoco. ¿Cuál es, entonces, la particularidad de este hecho? El contexto. Cuba llega a este escenario minada por la escasez de aliados internacionales y la pérdida desde el 3 de enero de su principal benefactor: el régimen de Venezuela. Con el bloqueo naval a los envíos petroleros, que antes recibía continuamente desde Venezuela, Rusia y México, Cuba desciende en el pedestal de la geopolítica. Difícilmente ascienda a la prioridad de otros aliados autoritarios que están en situaciones iguales o peores, como Rusia, Irán, o, en un ámbito diferente y ocupada de otros asuntos como China.

¿Qué se busca negociar? Donald Trump ha sido enfático en que las cosas en la isla deben cambiar y para acelerar el proceso cercó el mar territorial cubano. Las aerolíneas siguieron funcionando, aunque la escasez de combustible redujo su operativa al máximo. El Papa León XIV fue una de las voces globales que solicitó un diálogo sincero y eficaz. En consecuencia, La Habana anunció la liberación de 51 de un total de 1214 presos políticos el 5 de marzo de 2026.

[Lee: ¿Es posible una transición en Cuba? Tres escenarios posibles]

Algunos escenarios se abren. En los tres la coincidencia es la aparición de Alejandro Castro Espín, hijo de Raul Castro y coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. La figura de Castro Espín concita diversas especulaciones sobre la posibilidad de un gobierno cubano más abierto, sin Díaz-Canel, el sucesor de Raúl Castro en 2021. Algunos analistas hablan de las siguientes posibilidades: transición pactada desde arriba (salida negociada); colapso controlado y transición desde abajo; y endurecimiento autoritario y transición postergada.

La vaca sagrada de la izquierda

Además de ser la isla más poblada y de mayor proporción territorial en el Caribe, Cuba es un ícono del comunismo global y la vaca sagrada de la izquierda progresista occidental. El régimen cubano tiene adeptos en todo el mundo, principalmente en América y Europa. Cierto que cada vez menos, porque su debacle como modelo ha sido notorio.

De igual forma, Latinoamérica dio un giro. Ahora, con más gobiernos ubicados hacia la derecha, salvo las potencias de México y Brasil, el resto está en una posición de regular a muy alineados con la nueva política de los Estados Unidos. El colapso económico, empujado por el bloqueo del suministro de petróleo, ha visibilizado la vulnerabilidad del sistema cubano y la nula posibilidad de hacer frente a su enemigo de todas las horas, con el que construyó una narrativa influyente en la política, la cultura y la academia.

La revolución cubana como modelo no hubiera sido posible sin la asistencia internacional de sus principales patrocinadores.

Un sistema económico disfuncional

En su ascenso al poder en 1959, el movimiento liderado por Fidel Castro se declaró como nacionalista y popular, no como comunista. Esto sucedió después. Su giro explícito al socialismo ocurrió en abril de 1961, poco antes de la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Rápidamente se digitó una alianza con la Unión Soviética. Esto permitió acceso a recursos, petróleo, importaciones de bienes, donaciones y una cooperación clave para la URSS por su ubicación estratégica frente a EEUU.

Con la caída del Muro de Berlín y el posterior colapso soviético, el periodo especial (1990-2000) mostró la cara más dura de un sistema económico disfuncional. El entramado de partido único, al igual que otras experiencias comunistas, solidificó un sistema piramidal de élites donde los que están más arriba tienen acceso a mayores y mejores bienes y servicios. En esa década, el Maleconazo de 1994, una serie de protestas contra las precarias condiciones humanitarias de la isla, evidenció el descontento social y la represión. No fue hasta el año 2000, con el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela, que Cuba encontró un nuevo aliado con ingentes recursos petroleros. Esto catapultó nuevamente la influencia de la isla en la región enquistándose en el gobierno venezolano hasta el punto de controlar la guardia presidencial.

Impacto en la democracia latinoamericana

Este modelo estatista, restrictivo, militarista, autoritario y profundamente dependiente de la asistencia internacional, no fue impedimento para una idealización por parte de la izquierda desde los 90 hasta la actualidad. Si bien hubo divisiones de diverso tipo, con disidentes internos y externos duramente perseguidos y criticados, La Habana mantuvo la coherencia de propagandear libertad y una apertura de la que no gozaban sus ciudadanos.

Cuba estuvo involucrada en varios atentados contra gobiernos democráticos. Sin embargo, persistió en la retórica de faro democrático aun cuando en la práctica un actor político serio no podría dejar de evidenciar el carácter restrictivo y dictatorial.

El desmoronamiento de un símbolo

Varias generaciones de occidentales crecieron sabiendo que muy cerca de la Florida, en la costa sur de EE.UU., una dictadura socialista ofrece un relato de resistencia antiimperialista y de llamado a la sublevación de los pueblos libres del mundo, so pena de condenar al suyo a un régimen de partido único donde las libertades se encuentran clausuradas desde 1959. Esta narrativa, todavía atractiva para una parte del espectro político, es la que ha perdido densidad. Ahora se somete al escrutinio de la historia cuando el régimen, sucesor de los míticos Castro, anuncia que, en un contexto de debilidad y crisis, accedió a negociar con EE.UU.

De lo que ocurra de esa serie de contactos se desprenderá el desmoronamiento del principal símbolo ideológico de buena parte de la izquierda progresista. Más especialmente de los partidos comunistas del mundo. Sin fundamento real, aún abrazan la idea de que Cuba ha representado las aspiraciones democráticas de un pueblo que, en cambio, ha optado por el exilio y la protesta.