Ciudad de México fue ayer el escenario inaugural del primer Mundial de Fútbol entre México, Estados Unidos y Canadá. Es, en todos los sentidos, el escaparate más grande que México ha tenido en décadas. Pero detrás de los adornos, los murales y la pintura morada con la que el gobierno capitalino ha decorado puentes y avenidas, hay otra historia que merece ser contada: la de una ciudad que llega al torneo con obras sin terminar, transporte colapsado, protestas en las calles y una crisis de seguridad que sus propias instituciones reconocen como grave.

La tensión entre el discurso oficial y la realidad cotidiana no es nueva en México. Tampoco la tentación de usar grandes eventos para proyectar una imagen hacia el exterior que no coincide con lo que viven sus habitantes. Lo que sí resulta singular en este caso es la magnitud de las contradicciones y la velocidad con la que se acumularon en los días previos a la inauguración.

La fiesta costosa

Una de las obras más emblemáticas del gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para preparar la capital ante el Mundial fue la construcción de una calzada elevada en la zona de Tlalpan, al sur de la ciudad. El proyecto, bautizado como Calzada Flotante, fue presentado como una solución moderna de movilidad urbana. El problema es que su costo se triplicó. De un presupuesto original de 659 millones de pesos pasó a un costo final proyectado de cerca de 2,000 millones, y la obra no fue entregada en el plazo estipulado por contrato (30 de mayo de 2026). 

A días del inicio del torneo, cientos de trabajadores operaban de noche, bajo presión, para intentar inaugurarla el 7 u 8 de junio. El propio gobierno capitalino los llamó coloquialmente “ajolotes”, en referencia al ajolote. Es un anfibio endémico de la Ciudad de México que posee una notable capacidad de regeneración. En este contexto, la metáfora describe la velocidad inusual con la que se intentó completar lo que meses de planificación no logró. Además, con la temporada de lluvias ya iniciada, la zona corre riesgo de inundaciones antes de que la obra sea formalmente entregada.

[Lee: DP Enfoque 19. De la cancha al poder: fútbol y política en América Latina]

La situación del transporte subterráneo no es mejor. La Línea 2 del Metro, que conecta zonas clave del oriente y el centro de la ciudad, donde se concentrarán miles de aficionados, permanece en obras desde hace meses sin fecha clara de conclusión. A una semana del arranque del Mundial, las estaciones lucían en lo que en el argot de la construcción se llama obra negra: paredes sin revestir, vallas de construcción dentro de los pasillos, polvo. Trabajadores reconocieron públicamente que la remodelación no estaría lista para el inicio del torneo. Analistas y usuarios calificaron el sistema de transporte público como colapsado e insuficiente para absorber la demanda adicional que generará el evento.

A esto se sumó el Tren Ligero, un sistema ferroviario urbano que comunica el sur de la ciudad y que había sido presentado recientemente como uno de los logros de la administración capitalina. A días del inicio del Mundial, el servicio acumulaba fallas consecutivas. El 2 de junio, una rama caída sobre las vías entre dos estaciones obligó a sustituir el trayecto con autobuses. Las interrupciones se repitieron con una frecuencia que generó desconfianza generalizada sobre la capacidad del sistema para operar con normalidad durante el torneo.

Mientras el gobierno destinó recursos millonarios a pintar de morado los puentes y calles de la ciudad, como parte de la imagen de marca del torneo, la infraestructura de fondo mostraba un rezago acumulado y visible. Esto fue lo que más irritó a los habitantes.“La ciudad se cae a pedazos”, denunciaron vecinos en redes sociales y medios de comunicación. Baches sin reparar, fugas de agua sin atender, obras sin concluir: todo conviviendo con la decoración mundialista.

Protestas antes del primer balón

La antesala del torneo también estuvo marcada por una serie de movilizaciones sociales que paralizaron diversas zonas de la capital en los primeros días de junio. Esto ilustra tensiones que el espectáculo del Mundial no puede ocultar.

El 3 de junio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sindicato de docentes independiente de la estructura oficial, vinculado al partido gobernante, tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y bloqueó el Paseo de la Reforma, la avenida más emblemática de la Ciudad de México. Sus demandas incluyen mejoras a la ley de seguridad social y aumento salarial. Las movilizaciones fueron señaladas por columnistas como una factura política al actual bloque gobernante, conocido como la Cuarta Transformación, en referencia al proyecto político del expresidente Andrés Manuel López Obrador, continuado por la presidenta, Claudia Sheinbaum. Desde el gobierno federal se recriminaba la incapacidad del gobierno capitalino para resolver el conflicto antes del torneo.

Ese mismo día, comerciantes con discapacidad visual bloquearon las inmediaciones de la estación del Metro Balderas. Exigían la renovación de sus permisos de venta dentro del sistema de transporte. Denunciaron actos de corrupción, favoritismo y falta de transparencia en la asignación de espacios comerciales. La protesta, menos visible que las marchas del magisterio, evidenció el abandono de los sectores más vulnerables en la agenda mundialista.

[Lee: ¿La FIFA y Trump marcan goles en contra del fútbol?]

El 5 de junio, madres buscadoras, colectivo que lleva años rastreando el paradero de familiares desaparecidos, protestaron frente al Deportivo Magdalena Mixhuca durante la exhibición pública del trofeo mundialista. Bloquearon el Viaducto Río de la Piedad desde las primeras horas del día. Su presencia en ese lugar específico, en ese momento preciso, no fue accidental: eligieron deliberadamente el escaparate del Mundial para visibilizar una crisis que el gobierno busca mantener fuera del foco internacional. A sus movilizaciones se sumaron, en distintos puntos de la ciudad, colectivos de transportistas y campesinos con pliegos petitorios propios, añadiendo capas a un colapso vial que ya de por sí estaba tensionado.

Las cifras que no aparecen en el marcador

Detrás de cada protesta hay datos que los aficionados que llegan de otros países difícilmente verán en las transmisiones. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en marzo de 2026 el 61.5% de la población mayor de 18 años consideraba que era inseguro vivir en su ciudad. Ese porcentaje sube al 67.2% entre las mujeres y se sitúa en 54.6% entre los hombres. Son cifras del propio aparato estadístico del Estado mexicano.

La crisis de desaparición forzada, en particular, ha sido calificada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como uno de los conflictos más graves en materia de derechos humanos en el país. Colectivos como ‘Hasta encontrarles CDMX’ documentan la falta de reconocimiento pleno del Estado y la carencia de mecanismos reales de atención a las familias de víctimas. Las madres buscadoras que se plantaron frente al trofeo mundialista no lo hicieron por azar: sabían que ese era, quizás, el único momento del año en que las cámaras internacionales estarían apuntando hacia la Ciudad de México.

Disputa dentro del bloque gobernante

El Mundial también expuso las fricciones al interior de la coalición que gobierna México. Desde el Poder Ejecutivo federal se recriminó públicamente a Clara Brugada, jefa del gobierno capitalino, por lo que columnistas del diario El Universal describieron como “estridente frivolidad” en la gestión de los preparativos. Sobre todo por su incapacidad para entregar las obras a tiempo. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, habría expresado su molestia por el manejo del conflicto con la CNTE, cuyos bloqueos amenazaban la imagen del torneo ante el mundo. 

El gobierno de la Ciudad de México priorizó la imagen sobre el fondo: recursos para la decoración mundialista, escasos para la infraestructura de fondo. Y en el proceso reveló que la cohesión del bloque gobernante tiene fisuras que el Mundial no solo no cubre, sino que amplifica.

Hay un dato político que, por su economía, vale más que muchos análisis: a días de la inauguración del torneo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tenía confirmada su asistencia a la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México. Columnistas de los principales medios nacionales apuntaron que su ausencia reflejaría la delicada dinámica entre el gobierno federal y el gobierno capitalino. Una presidenta que no asiste a la inauguración del evento deportivo más grande que su país ha organizado en décadas es, en sí misma, una declaración.

Lo que ningún Mundial puede tapar

México será sede de un torneo que el mundo entero verá. Las imágenes de los juegos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey llegarán a cientos de millones de hogares. La producción televisiva mostrará monumentos, gastronomía y cultura. Habrá partidos memorables y, probablemente, momentos de orgullo genuino para los mexicanos.

Pero los mundiales no son solo lo que ocurre dentro del estadio. Son también lo que ocurre afuera: las ciudades que los acogen, los gobiernos que los organizan, las personas que los viven. Y en ese plano, la Ciudad de México llega al torneo más importante de su historia reciente con obras sin terminar, transporte colapsado, seguridad en crisis, una ciudad que protesta y una coalición gobernante que se recrimina internamente. Llega, además, con más de seis de cada diez habitantes que dicen sentirse inseguros en su propio entorno. Y con madres que buscan a sus hijos desaparecidos aprovechando el único momento en que las cámaras del mundo están apuntando hacia aquí.

Hay una pregunta que el ruido del torneo no responde: ¿para quién es esta fiesta? La respuesta más honesta es que, por lo menos en parte, es una fiesta que el gobierno organiza para sí mismo y para su imagen exterior. Mientras la ciudad real, con sus carencias, protestas y dolor acumulado, queda fuera del encuadre. Esa es, quizás, la cifra más reveladora de todas.

Hugo Chávez decía frecuentemente una frase de Antonio Gramsci: la crisis ocurre cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Hoy, esas palabras describen con precisión dolorosa a Chávez mismo y al momento que vive Venezuela. 

Aunque Chávez, que repetía frases de todo el mundo, en este caso nunca dijo la cita completa de los Cuadernos de la cárcel, (Cuaderno 3, 1930). “La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer; en este interregno se verifican los más diversos fenómenos morbosos”.

Se refiere Gramsci al momento en que el bloque histórico dominante pierde su capacidad su hegemonía, pero las fuerzas emergentes no han logrado todavía constituir una alternativa viable.

[Lee: Venezuela, ¿el activo estratégico de Washington?]

Gramsci no lo ve como algo coyuntural, sino estructural. Y esto último es lo que debemos analizar en el momento actual venezolano. La alusión a los fenómenos morbosos es clave y siempre se omite, como lo omitió siempre Chávez. Gramsci describe lo que surge en ese vacío: el fascismo, el populismo autoritario, la violencia política, la irracionalidad ideológica. El interregno no es un espacio neutro de transición, es un terreno peligroso donde proliferan las patologías políticas, por ejemplo, el mismo Chávez.

Venezuela, un motor recalentado

Desde el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado y llevado a Estados Unidos para enfrentar la justicia, Venezuela salió de una oscuridad que parecía interminable. Pero no entra todavía en una claridad estable. Hay felicidad, porque el hombre que simbolizó durante años la degradación final del chavismo está ante la justicia. 

Hay agradecimiento, porque la administración de Donald Trump hizo lo que durante mucho tiempo parecía impensable, poniendo fin a la dictadura de Maduro. Pero también hay perplejidad, porque el aparato que sostuvo a la dictadura no desapareció con él. 

Delcy Rodríguez quedó al frente del poder, Jorge Rodríguez mantiene el control institucional desde la Asamblea, Diosdado Cabello conserva poder coercitivo y la arquitectura militar y represiva sigue siendo un factor decisivo. No hay todavía calendario electoral, y tanto Edmundo González como María Corina Machado siguen empujando públicamente por una ruta democrática clara.

En tal sentido, el Manifiesto de Panamá es un hito para el relanzamiento de los partidos políticos de oposición. Firmado en mayo de 2026 por la Plataforma Unitaria Democrática, se designa a María Corina Machado como conductora de la negociación con el régimen de Delcy Rodríguez, reconoce la elección del 28 de julio de 2024 como mandato ciudadano y respalda el Plan de Tres Fases de EEUU. Como condiciones, exige la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y el desmantelamiento del aparato represivo. El fin es lograr una elección presidencial libre y transparente, previa designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente y un cronograma electoral verificable. Mientras, Machado continúa fuera del país y habla de regresar antes de terminar el año.

A esa complejidad política se le suma una enorme frustración social. Mucha gente esperaba una eclosión económica inmediata, una especie de alivio automático después de la caída de Maduro. Lo que ocurrió, en cambio, es una combinación de inflación, deterioro del poder adquisitivo y protestas de trabajadores y pensionados. Reuters reportó inflación de 649% en marzo y protestas salariales en abril, incluso después de que Delcy Rodríguez anunciara un aumento del ingreso mínimo integral. La población siente que algo cambió arriba, pero no abajo. El país no está en una transición propiamente dicha: está como un automóvil que lleva demasiado tiempo encendido, detenido, recalentado, esperando que alguien meta la marcha correcta. 

Siete lecciones para los partidos políticos

En ese contexto, los partidos políticos están frente a una disyuntiva existencial. O se dejan arrastrar por la lógica del reseteo de la política o comprenden que esta hora les exige al mismo tiempo una ofensiva audaz y una reflexión profunda. No basta con moverse rápido en la rueda de la jaula, hay que moverse con verdad y de verdad.

La premisa básica es que los partidos deben entender que no pueden limitarse a administrar coyunturas. Los últimos 25 años demostraron que Venezuela no fue destruida solo institucionalmente. Fue golpeada también en su tejido moral, en su sentido de realidad, en su confianza cívica, en su comprensión misma de la política. Por eso los partidos no pueden reaparecer como simples maquinarias electorales, ni como franquicias de candidaturas, ni como oficinas de comunicación. Tienen que volver a ser escuelas de conducción, de carácter y de lectura histórica.

La primera lección es que Venezuela necesita reconstruir élites morales y políticas, no élites de dinero, de vanidad o de micrófono. Un partido debe formar gente capaz de ver más allá del próximo tuit, cargo o encuesta. Se necesitan dirigencias con conciencia histórica, con disciplina y con sentido del bien común. Si no, volveremos a dejar al pueblo solo frente al próximo mesías.

La segunda es derrotar la antipolítica. El chavismo fue hijo del desprecio por la política, de la idea cómoda de que todos son iguales. Los partidos deben asumir que defender la política no es defenderse a sí mismos. Es defender la posibilidad de que la sociedad tenga conducción democrática y no termine otra vez en manos del militarismo, del crimen organizado o del caudillismo.

La tercera es colocar la justicia en el centro. No habrá nueva república si los partidos no entienden que la justicia es la piedra angular de todo. Venezuela necesita instituciones judiciales independientes, sí. Pero también una cultura política que comprenda que sin justicia no hay libertad, ni inversión, ni paz, ni reconciliación duradera. 

La cuarta es entender que el Estado a través del petróleo no puede volver a ser el dueño de Venezuela. Venezuela debe ser dueña del petróleo, la locomotora de reconstrucción, no botín del más fuerte. Los partidos tienen que abandonar de una vez por todas la nostalgia rentista y hablarle al país de trabajo, transparencia, regulación independiente y propiedad social real sobre la renta.

La quinta es reconstruir la identidad democrática sin chovinismo y con el fomento de la sociedad civil. Un país que ha sufrido tanto necesita narrarse mejor. Los partidos deben volver a hablar de Venezuela no sólo como crisis, sino como promesa compartida como patria concreta, amada y exigente donde el centro de gravedad no este ni en el Estado ni en el Mercado sino en la sociedad civil vigorosa.

La sexta es asumir con claridad la primacía del poder civil sobre el militar. Ninguna reconstrucción será seria si los partidos no entienden que la subordinación de la Fuerza Armada al poder civil no es una consigna, sino una condición estructural e histórica de la república.

La séptima, quizá la más profunda, es dejar de esperar un redentor. Venezuela no necesita otro Bolívar reciclado, salvador o conductor providencial. Necesita ciudadanos, instituciones y partidos maduros. Necesita política adulta y que Bolívar termine de descansar en paz.

Los partidos se relanzan: el encuentro de Panamá

Por eso el papel de los partidos y de la sociedad civil en esta hora no es resistir, ni sobrevivir como zombis. Es ponerse a la altura de una nación suspendida entre el alivio y la ansiedad. Tienen que abrirse, renovarse, depurarse, escuchar, formar, unir a la diáspora con los que resistieron dentro, articular lo social, sindical, estudiantil, eclesial y regional. Tienen que dejar de actuar como archipiélagos y empezar a funcionar como instrumentos de reconstrucción y unidad nacional.

La gran tentación de este momento es creer que la caída de Maduro resolvió el problema. No lo resolvió, cerró un capítulo. Pero el país sigue atrapado en el interregno y allí aparecen los fenómenos morbosos de Gramsci: el fascismo, el populismo autoritario, la violencia política, la irracionalidad ideológica.

[Lee: ¿Qué capacidad tiene la oposición para influir en la transición venezolana?]

El acuerdo de Panama es un primer paso para que los partidos, junto al tejido de la sociedad civil, asuman la obligación de impedir que Venezuela se convierta en una tierra de facciones, de resentimientos y de oportunismos a través de partidos políticos dedicados a la organización popular y la formación politica.

Les toca ayudar a que lo nuevo nazca de verdad. No como propaganda, no como reparto, no como revancha, sino como república. Si no aprendemos esta lección, el automóvil seguirá encendido, detenido y recalentado. Si la aprendemos, podremos por fin poner la marcha hacia adelante.

Te puede interesar:

• ⁠ ¿Qué capacidad tiene la oposición para influir en la transición venezolana?
• ⁠ Venezuela, ¿el activo estratégico de Washington?
• ⁠ Venezuela: ¿por qué el régimen tutelado es un problema histórico?

Hay una angustia particular que solo conocen quienes han vivido una noche electoral sin ganador. Las pantallas con porcentajes que se mueven despacio, los voceros que hablan sin decir nada, los candidatos que declaran victoria antes de tiempo. 

América Latina ha tenido que aprender a convivir con esa angustia más de una vez en los últimos veinte años. Cinco elecciones presidenciales en la región, México (2006), El Salvador (2014), Perú (2016), Perú (2021) y Honduras (2025), arrojaron resultados tan ajustados que la autoridad electoral no tuvo más remedio que congelar el tiempo y esperar. El empate técnico, figura a medio camino entre la estadística y la política, se ha vuelto un fenómeno con el que convive el sistema político.

El dilema de la confianza

Lo que hace peculiar al empate técnico no es la cercanía de los números en sí misma (las democracias maduras producen elecciones reñidas) sino la fragilidad institucional con la que suele cruzarse en la región. Cuando la diferencia entre dos candidatos cae dentro del margen de error estadístico o legal, la legitimidad del resultado deja de depender únicamente de los votos y pasa a depender, en igual o mayor medida, de la confianza ciudadana en quienes hacen el conteo. Y esa confianza, en varios países latinoamericanos, es un bien escaso y difícil de reponer una vez que se deteriora.

El caso mexicano de 2006 fue, en cierta forma, el que puso el tema sobre la mesa continental a principios de siglo. Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se midieron con una diferencia preliminar de apenas 0,6 puntos porcentuales. La noche de la elección no se publicaron los resultados. El Instituto Federal Electoral tardó 65 días en cerrar el proceso. Fue el empate técnico más largo de los cinco registrados en estas dos décadas. Sus consecuencias políticas se extendieron mucho más allá de esa fecha: López Obrador nunca reconoció la derrota, instaló un gobierno paralelo simbólico y construyó una narrativa de fraude que lo acompañó durante años y que abrevó en su llegada al poder en 2018. La demora no solo retrasó la proclamación de un ganador; incubó un agravio que reformó la política mexicana por completo.

El caso menos recordado

El Salvador en 2014 ofreció el contrapunto más eficiente: con el 95% de las actas escrutadas y una diferencia de 0,26%, el Tribunal Supremo Electoral ordenó esperar el escrutinio definitivo. Siete días después, Salvador Sánchez Cerén del FMLN fue declarado ganador. La brevedad del proceso y la actuación del tribunal evitaron que la incertidumbre se enquistara. No es casual que ese sea el caso menos recordado de los cinco: cuando las instituciones funcionan, la historia tiende a ser aburrida. Y aburrida es exactamente como debe ser.

¿La “tradición” peruana?

Perú, en cambio, ha tenido que protagonizar este drama dos veces y con el mismo elenco. En 2016, Pedro Kuczynski y Keiko Fujimori se enfrentaron sin que hubiera un ganador declarado hasta completarse la revisión del cien por ciento de las actas observadas. Veintitrés días de espera. En 2021, la misma Fujimori y Pedro Castillo protagonizaron un suspenso que se extendió seis semanas, con 0,252% de diferencia, impugnaciones, pedidos de nulidad y una tensión que llegó a rozar el límite de la fractura institucional. Cuarenta y tres días para declarar ganador a Castillo. Perú pagó un precio altísimo en esas semanas: la legitimidad del proceso quedó cuestionada desde ambos lados, y el país entró a la presidencia de Castillo ya herido de desconfianza.

Ahora Perú regresa a este listado. La segunda vuelta de 2026, con su margen estrecho entre Sánchez y Fujimori, vuelve a poner al país en ese territorio incómodo donde los números no alcanzan para decidir solos y donde la autoridad electoral se convierte en el actor más determinante de la escena política. El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE cargan con una responsabilidad que va más allá del conteo técnico: deben reconstruir, en tiempo real y con máxima transparencia, la confianza que los empates técnicos sistemáticamente erosionan. No es la primera vez que Perú está aquí. De momento todas las partes involucradas llaman a la espera de los resultados finales.

Honduras y el vacío

Honduras en 2025, añadió un elemento nuevo al inventario de tensiones posibles. Con apenas el 57% de las actas procesadas y una diferencia de 0,02% entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, se interrumpió la transmisión de datos durante varios días. La crispación fue inmediata. 

En el vacío de información, las especulaciones se multiplicaron, las redes sociales funcionaron como cámaras de eco para teorías de fraude, y la incertidumbre política se convirtió en un combustible de polarización difícil de apagar. Veinticuatro días después, Asfura fue declarado ganador. Pero el corte en la transmisión dejó una herida en la credibilidad del proceso que no se cerró del todo con el resultado.

Lo que une a estos cinco casos, más allá de los números, es una lección que la región parece necesitar aprender en cada ciclo electoral: la transparencia en tiempo real no es un lujo procedimental, es el fundamento mismo de la legitimidad. Cuando los ciudadanos no pueden ver el proceso, empiezan a imaginar el peor proceso posible. Y en sociedades con memorias históricas de fraudes reales, esa imaginación no es irracional. 

Te puede interesar:

• ⁠ El laberinto peruano: bicameralidad, valla electoral y la paradoja de la representación
• ⁠ Presidenciales en Perú: Keiko Fujimori pasa por cuarta vez a segunda vuelta
• ⁠ La gamificación de la política: las elecciones peruanas 2026 en el metaverso de Roblox

La presentación de la última encíclica papal, el pasado 25 de mayo, marcó un momento histórico para el Vaticano: habló Christopher Olah, cofundador de Anthropic. 

El líder de una de las principales empresas de inteligencia artificial no pronunció un discurso corporativo ni un ejercicio de relaciones públicas. Ofreció una intervención honesta, profunda y humilde que marca un antes y un después en el diálogo entre tecnología y humanismo.

Lo más impactante de sus palabras fue la franqueza con la que reconoció las limitaciones reales de la industria que él mismo lidera. “Todo laboratorio de IA de frontera —incluida Anthropic— opera dentro de un conjunto de incentivos y restricciones que a veces entran en conflicto con hacer lo correcto”, afirmó. Presiones comerciales, competencia geopolítica, ambición y orgullo influyen en las decisiones, incluso cuando las intenciones son buenas. Por eso, Olah celebró la existencia de voces externas, libres de esos incentivos, capaces de observar, criticar y exigir seguridad. 

En este contexto, la encíclica Magnifica humanitas del papa León XIV no fue vista como una interferencia, sino como un aporte esencial de discernimiento que la propia industria necesita.

Tecnología inconclusa

Olah describió con precisión la naturaleza singular de los sistemas de IA actuales. No son artefactos diseñados como un puente o un avión, donde cada componente es conocido y controlado. Estos modelos son “cultivados”, crecidos sobre estructuras inspiradas en el cerebro y alimentados con una inmensa herencia de pensamiento y lenguaje humano. “Son hechos de nosotros, de nuestras palabras”, dijo, y resultan “mucho más sutiles, extraños y bellos” de lo que la ciencia ficción anticipa. No son fríos robots calculadores, sino entidades emergentes que, en muchos aspectos, siguen siendo misteriosas incluso para quienes las entrenan.

Como científico especializado en interpretabilidad de modelos, Olah compartió hallazgos que invitan a la reflexión: estructuras internas que recuerdan resultados de la neurociencia humana, evidencias de introspección y estados que funcionan como análogos de alegría, satisfacción, miedo, duelo e inquietud. “Yo no sé qué significa eso”, reconoció con total honestidad. “Pero creo que merece un discernimiento continuo”. 

[Lee: Fin del anonimato: la IA baja el precio de la vigilancia y encarece la libertad]

En esa admisión radica una de las mayores contribuciones de su ponencia. El científico más calificado para mirar dentro de los modelos admite que hay dimensiones que escapan al análisis puramente técnico y que requieren aportes de la filosofía, la antropología y la teología.

IA Humanista

El cofundador de Anthropic identificó tres grandes desafíos donde la voz de la Iglesia y de las tradiciones humanistas resulta indispensable. En primer lugar, la justicia global. La IA podría desplazar mano de obra a gran escala y sus beneficios están concentrados en unos pocos países ricos. Garantizar que los avances se compartan con los más pobres y apoyar a los desplazados es, según Olah, “un imperativo moral de proporciones históricas” que la Doctrina Social de la Iglesia ha enfrentado históricamente con valentía.

En segundo lugar, la necesidad de una imaginación moral ambiciosa sobre el florecimiento humano. ¿Cómo pueden prosperar las personas, las familias y las comunidades en un mundo saturado de IA? Los laboratorios no pueden responder esta pregunta. Las tradiciones religiosas, con milenios de reflexión sobre la dignidad y el sentido de la vida, sí.

En tercer lugar, el discernimiento profundo sobre la propia naturaleza de estos sistemas. Más allá de su utilidad práctica, urge reflexionar sobre qué son realmente estas entidades y cómo debemos relacionarnos con ellas.

[Lee: La encíclica de León XIV y el nuevo paradigma de la tecnopolítica]

El mayor valor de la intervención de Chris Olah radica en el modelo de colaboración que propone. No se trata de una rendición de la tecnología ante la religión, ni de una instrumentalización de la fe. Es un llamado a un diálogo maduro, humilde y mutuamente enriquecedor. Olah pidió explícitamente “más del mundo”: comunidades religiosas, sociedad civil, académicos y gobiernos que tomen la IA en serio y empujen los acontecimientos en la dirección correcta. 

“Hoy es solo el comienzo —el inicio de una larga colaboración entre aquellos de nosotros que construimos esto y aquellos que pueden ver lo que, desde dentro, no podemos”.

Esperanza en tiempos tecnológicos

La ponencia de Olah en la presentación de Magnifica humanitas simboliza algo esperanzador: la era de la inteligencia artificial no tiene por qué desarrollarse como un proyecto puramente técnico o económico. Puede —y debe— ser un esfuerzo colectivo que involucre a toda la humanidad en su amplitud científica, ética, cultural y espiritual.

En tiempos de aceleración tecnológica vertiginosa, escuchar a uno de los principales constructores de IA pedir humildad, discernimiento y colaboración con las voces de la sabiduría moral es un signo de madurez. Demuestra que, incluso en los laboratorios más avanzados, persiste la conciencia de que la grandeza tecnológica solo tiene verdadero sentido si sirve a la “magnifica humanitas”. Esa humanidad digna y maravillosa que el papa ha querido recordar y proteger.

Este primer paso en el Vaticano sugiere que, quizá por primera vez, la humanidad tenga la oportunidad de construir algo verdaderamente grande sin perder de vista lo verdaderamente humano.

Te puede interesar:

• ⁠ Magnifica Humanitas, primera encíclica de León XIV
• ⁠ La encíclica de León XIV y el nuevo paradigma de la tecnopolítica
• ⁠ ¿Quién decide cuando deciden los algoritmos?

El pasado 19 de mayo se hizo pública la resolución judicial de la Audiencia Nacional española contra el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El caso ha revolucionado la política dentro y fuera de España porque deriva del rescate público de Plus Ultra, aerolínea de propietarios venezolanos y españoles. La operación levantó sospechas desde un principio. A pesar de manejar sólo el 0.03% del tráfico aéreo español, Plus Ultra fue rescatada antes que otras aerolíneas con 53 millones de euros adjudicados en marzo de 2021.

Las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ubicaron al expresidente socialista Zapatero a la cabeza de una presunta red de tráfico de influencias. La cantidad de datos recopilados por la UDEF es sorprendente. Sugieren el posible desvío y blanqueo de comisiones y fondos procedentes de Venezuela a través de un entramado societario internacional. La trama incluiría el tráfico de oro, petróleo y gestiones opacas que posiblemente habrían afectado a diversos presos políticos en el país caribeño. 

El alcance del caso Zapatero excede las fronteras de España y reabre el debate sobre el papel internacional que el expresidente construyó en los años posteriores a su mandato.

Perfil internacional vínculos con Latam

Las polémicas posiciones adoptadas por Zapatero en su Presidencia afectaron el núcleo de la estabilidad política de la democracia española postransicional, al alterar los pactos de Estado tradicionalmente suscritos por los dos grandes partidos nacionales. Sin embargo, lo que más le cuestionó la opinión pública fue su manejo de la economía. Zapatero no acertó en la gestión de la crisis financiera global y desde entonces los salarios reales no han vuelto a crecer en España. Aquellas dificultades lo llevaron a convocar elecciones anticipadas y abandonar la Moncloa en 2011.

Desde entonces, el expresidente socialista se reinventó de forma notable, con cuestionamientos a la derecha y convirtiéndose en un referente moral del PSOE. Sus buenas relaciones con, en su momento, mandatarios ideológicamente afines en Iberoamérica lo llevaron a ejercer cierta influencia en diversos procesos políticos de la región. En Venezuela, su buena relación con Nicolás Maduro y los hermanos Rodríguez lo llevaron a facilitar diálogos con la oposición (2016-2018) y gestionar durante años la excarcelación de presos políticos opositores. 

Zapatero se convirtió también una figura destacada del Grupo de Puebla. El foro político fue fundado en 2019 y conformado por líderes y expresidentes de izquierda que originalmente departían en un chat creado por el político chileno Marco Enríquez-Ominami. 

Aparte de lo anterior, y de suscribir habitualmente a los pronunciamientos de la Internacional Progresista, Zapatero también es conocido por impulsar el Gate Center. Se trata de una organización española fundada en 2022 que procura fomentar el acercamiento político y comercial entre España y China. El expresidente socialista mantiene una fluida relación con el Partido Comunista Chino. Es considerado como uno de los principales promotores de los intereses de Huawei en Europa. Así lo acredita el contrato directo entre Huawei Technologies España SL y Whathefav SL, sociedad administrada por las dos hijas de Zapatero. Cabe recordar que la Comisión Europea ha impulsado revisiones de la Ley de Ciberseguridad para prohibir el uso de equipos de Huawei y ZTE en las redes 5G europeas y otros 18 sectores clave, estableciendo periodos de retirada gradual de 36 meses. Por otra parte, y según diversas fuentes, el socialista español ha realizado cerca de 50 viajes a Venezuela, a menudo en aviones oficiales de Venezuela.

¿Actor de la izquierda autocrática? 

Muchos exmandatarios ejercen actividades parecidas a las que Zapatero eligió para su vida pospresidencial. Pero no todos concentran sus esfuerzos en tratar con dictaduras férreas. Según diversas fuentes, el socialista español ha realizado cerca de 50 viajes a Venezuela, a menudo en aviones oficiales venezolanos. 

Mientras tanto, los datos que recopila la UDEF son cada vez más inquietantes. La prensa ya habla abiertamente de Julio Martínez, amigo de Zapatero, como su testaferro. Entre los objetos incautados en la inspección de su domicilio en Madrid se encuentran 286.000 euros en efectivo (con 50.000 contenidos en cinco sobres con anotaciones que al parecer estarían en chino). Además, una libreta en la que se detallan conjuntamente asuntos políticos en Venezuela con notas sobre comisiones y negocios. De igual modo, parte de los fondos bancarios de Zapatero fueron congelados por orden judicial.

El Ejecutivo español, conmocionado con los autos judiciales por corrupción sobre la esposa del presidente Pedro Sánchez, se mostró estupefacto ante las informaciones sobre Zapatero. El daño que en pocos meses acumula la imagen pública del PSOE es incalculable. La reflexión sobre la capacidad de las autocracias para permear, mediante redes de corrupción, la seguridad y estabilidad de los Estados democráticos está hoy más abierta que nunca.

Historia y fulgurante ascenso político

Dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la carrera de Rodríguez Zapater fue notablemente exitosa. En 1986, con 26 años, se convirtió en el diputado más joven de España, ejerciendo dicha función hasta 2011. Durante los años 90 asumió cada vez más responsabilidades en el PSOE de León, su provincia de origen, haciendo siempre gala de un talante moderado. En el 2000, a menos de un mes de las elecciones internas del PSOE, anunció su candidatura a la secretaría general, sorprendiendo a propios y extraños tras vencer al favorito José “Pepe” Bono. 

Cuatro años después, derrotó en elecciones generales a Mariano Rajoy, sucesor en el Partido Popular de un José María Aznar que llevaba ocho años gobernando. Las elecciones quedaron marcadas por el atentado terrorista acaecido en la estación de trenes de Atocha, atribuido a grupos islamistas como retaliación por la alianza de la España de Aznar con el gobierno de George W. Bush durante la invasión a Irak. Zapatero, por su parte, hacía gala de una posición contraria y junto al régimen iraní pregonaba una “alianza de civilizaciones” que evitara toda confrontación bélica. 

Sus casi ocho años al frente de La Moncloa dejaron una profunda huella en la democracia española. Predicó siempre a favor del diálogo y contra la crispación. Pero escoró al PSOE hacia una posición menos centrista que la ejercida por su predecesor Felipe González. Impulsó la Ley de Memoria Histórica (2007) y facilitó la desmovilización e incorporación de los exmiembros de la ETA a la política democrática. Mantuvo siempre una posición muy tensa con EEUU y se aproximó a los gobiernos de la llamada nueva izquierda latinoamericana, conducida por  Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y Hugo Chávez.

Te puede interesar:

• ⁠ Cuba colapsa y negocia. ¿El fin de la vaca sagrada de la izquierda?
• ⁠ El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la CELAC y la cumbre de la galaxia rosa en Honduras
• ⁠ La galaxia rosa

Colombia irá a una desafiante segunda vuelta presidencial. Contra los pronósticos de las encuestas, la mayor votación la obtuvo Abelardo de la Espriella, outsider de derecha radical y mano dura, con más de 10 millones de votos. Iván Cepeda, candidato de izquierda y sucesor de Gustavo Petro, quedó en segundo lugar con 9.6 millones. Ambos superaron la votación presidencial de 2022, evidenciando la profunda polarización del país. 

El mapa electoral es diciente. De la Espriella conquistó el centro del país, incluyendo Antioquia, Cundinamarca, Santander y regiones del sur como Caquetá, Guaviare y Meta, además de rozar el millón y medio de votos en Bogotá. Cepeda lideró en las costas Atlántica y Pacífica, el Valle del Cauca y Bogotá. El resultado causó inconformidad en el Pacto Histórico; tanto Cepeda como Petro demoraron sus pronunciamientos y cuestionaron el preconteo.

El Tigre, fenómeno de la mano dura

Abelardo De La Espriella encarna el fenómeno latinoamericano del outsider de mano dura, similar a Milei y Bukele. Su campaña capturó el voto de derecha y el inconformismo radical contra Petro bajo el eslogan “Firmes por la patria”. Popularmente conocido como El Tigre, se posiciona como el renovador frente a la política tradicional. Su propuesta, denominada la «Patria Milagro», cuenta con el respaldo de sectores católicos y evangélicos, y se basa en la seguridad y la defensa de la economía privada. Su fórmula vicepresidencial es José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Iván Duque y un respetado académico. 

Luego de publicarse los resultados, Paloma Valencia, del Centro Democrático, le manifestó su apoyo. En su discurso de victoria, De La Espriella enfatizó su distancia con la clase política tradicional: “No soy el candidato perfecto, pero estoy dispuesto a darlo todo por la patria por la razón o por la fuerza para salvar al país de un enemigo: Iván Cepeda Castro, un partido de narcoterroristas”.

[Lee: El streaming redefine la conexión política con los jóvenes]

Abogado oriundo de la Costa Atlántica, De La Espriella vivió una década fuera del país. En 2002 fundó De La Espriella Lawyers y en 2004 creó la Fundación Iniciativas por la Paz, desde donde defendió el acuerdo de Ralito entre el Gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares. Fue abogado de congresistas acusados de parapolítica y, en 2015, defendió a Alex Saab por lavado de activos. También ha representado al expresidente Uribe, a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a la empresa Monómeros. 

En las legislativas apoyó a Salvación Nacional, logrando cuatro curules. Incluyendo a activistas religiosas como Sara Castellanos, quien lo presentó ante 10.000 fieles como el líder elegido para este tiempo, escenario donde el candidato afirmó que el comunismo es el principal enemigo del cristianismo.

Tigre que ruge y muerde,
tigre que nada teme,
tigre que deja huella,
ABELARDO DE LA ESPRIELLA. 🐅

Firme por la Patria. 🫡🇨🇴 pic.twitter.com/fMaC6XvQvQ

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2025

Cepeda, candidato ideal de la izquierda

Iván Cepeda representa el perfil académico de la izquierda y la oposición histórica a Uribe y a los crímenes de Estado. Una vez se anunciaron los resultados, el malestar en su campaña fue evidente, ya que la izquierda unida esperaba ganar en primera vuelta. Ante la ventaja de De La Espriella, por 670.000 votos, Petro y Cepeda cuestionaron el preconteo promoviendo un discurso de fraude electoral que sostienen desde 2025. Alegan alteraciones en el censo del software. No obstante, la Registraduría y la Procuraduría ratificaron la confiabilidad institucional, recordando que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había ordenado a Petro abstenerse de emitir dichos mensajes. 

[Lee: Congreso en Colombia: sin mayorías y fragmentado, el próximo gobierno deberá negociar]

En su discurso, Cepeda denunció «10 millones de votos mal contados» y tildó a su rival de representar el “fascismo mafioso” y el paramilitarismo. Prometió mantener las banderas del progresismo y las reformas sociales. Su fórmula vicepresidencial es Aida Quilcué, senadora y lideresa indígena nasa del CRIC. Los pilares de Cepeda son la Revolución Ética (anticorrupción), Revolución Social (modelo estatista) y Revolución Política (Asamblea Nacional Constituyente y paz integral). 

Proveniente de la Juventud Comunista, es hijo del asesinado senador de la Unión Patriótica (UP), Manuel Cepeda. Fundó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y vivió exiliado en Francia. Desde 2008 consolidó su liderazgo denunciando a Álvaro Uribe. Fue Representante de la Cámara y Senador. Aunque Uribe lo denunció por manipulación de testigos, Cepeda vio revocada una condena en su contra en 2025, lo que impulsó su candidatura única en el Pacto Histórico. Se le cuestiona por menciones en los computadores de las FARC y por su rol en los diálogos sin resultados con el ELN. 

Presidencia no definida

La segunda vuelta del 21 de junio será una contienda reñida. Los votos obtenidos por Paloma Valencia (1.638.893) y Sergio Fajardo (1.008.512) serán decisivos en una elección definida por el miedo al continuismo de Petro o a la derecha radical. 

De La Espriella necesita asegurar los votos de Valencia, su aliada natural. Aunque la postura contraria de Juan Daniel Oviedo (fórmula de Valencia) siembra dudas sobre el total. Además, deberá decidir si pacta con los partidos tradicionales. De ganar, enfrentará una fuerte oposición en las calles liderada por Petro y Cepeda. 

Por su parte, Cepeda buscará el voto de centro de Fajardo, pero su discurso sectario y la propuesta de una Constituyente alejan a este sector. Asimismo, pesa en su contra el orden público y las denuncias sobre disidencias de las FARC, como las de alias “Calarcá”, que incitan a votar por su candidatura en departamentos como Caquetá.

La primera vuelta presidencial dejó un escenario de máxima polarización entre el oficialista Iván Cepeda y el outsider de derecha Abelardo de la Espriella. El resultado expresa el agotamiento del centro político y la discusión sobre cómo enfrentar la inseguridad como principal preocupación. La Presidencia se definirá en una segunda vuelta electoral el 21 de junio. 

Los resultados electorales preliminares se distancian de lo que indicaban las últimas encuestas, concentrando la mayoría de los votos entre De la Espriella y Cepeda. Paloma Valencia, del Centro Democrático, quedó rezagada en tercer lugar con 6,92% de los votos, lejos del 14% que proyectaban algunos sondeos previos.

Ambos finalistas representan opciones de los extremos del sistema político. Mientras Cepeda propone profundizar la transformación iniciada por el actual presidente, Gustavo Petro, De la Espriella promete romper con buena parte del consenso político tradicional.

Colapso del centro y reconfiguración del sistema político

El resultado, que concentra cerca del 83% de los votos en las dos candidaturas que llegaron al balotaje, refleja la consolidación de una dinámica política cada vez más polarizada. Las opciones moderadas no fueron capaces de articular una alternativa competitiva en respuesta a las demandas sociales y el desgaste ciudadano. 

Ante la candidatura de Valencia, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, e incluso líderes internacionales como Cayetana Álvarez de Toledo, la candidatura de De La Espriella se convirtió en un fenómeno de comunicación digital. Su lenguaje directo, sus videos virales y su capacidad para movilizar a votantes jóvenes desencantados con el sistema —incluyendo una audiencia que creció bajo el influjo de streamers y creadores de contenido— marcaron una diferencia invisible para las encuestadoras tradicionales. 

[Lee: El streaming redefine la conexión política con los jóvenes]

De hecho, solo Atlas Intel anticipó el triunfo de De La Espriella. El resto del sistema de medición construyó un relato de competencia entre tres candidatos que nunca existió, una brecha entre la percepción y la realidad. 

Pese a la derrota de Valencia, el expresidente Uribe llamó a votar por De la Espriella en la segunda vuelta, incitando a la unidad de la derecha.

Desafíos institucionales

La elección legislativa de marzo anticipó la polarización de la elección presidencial.  Aunque el oficialismo logró mantener una presencia relevante en el Congreso, los resultados reflejaron un escenario de fragmentación política. La correlación de fuerzas cambió debido al retroceso de algunos aliados iniciales del gobierno y el fortalecimiento de sectores opositores por el desgaste político acumulado durante la segunda mitad del mandato de Petro. El desafío será construir mayorías legislativas estables. 

[Lee: Congreso en Colombia: sin mayorías y fragmentado, el próximo gobierno deberá negociar]

La primera vuelta presidencial profundizó esta tensión. Con la publicación de los resultados preliminares, Petro se negó a reconocer los datos difundidos por las autoridades electorales, seguido del candidato oficialista. 

Seguridad, eje de la competencia electoral 

El rápido ascenso de Abelardo de la Espriella refleja una demanda de orden y confrontación frente a los grupos armados y economías ilegales. Su discurso es comparado con Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump, en sintonía con la tendencia en la que liderazgos de derecha ganan ante la promesa de soluciones rápidas frente a crisis nacionales. El incremento de la violencia del ELN y las disidencias de las FARC, la percepción de que el gobierno negoció con actores armados desde una posición de debilidad y el deterioro del orden público en zonas rurales y urbanas crearon una demanda por mano dura que Valencia intentó administrar pero que De La Espriella simplemente prometió satisfacer, capitalizando el rechazo al antripetrismo sin pedir permiso.

El aumento de la inseguridad y el fracaso de la Paz Total son las principales causantes del desgaste del gobierno de Gustavo Petro. Y las soluciones propuestas por Cepeda, bajo el concepto de “seguridad humana”, no se alejan del modelo petrista. La paradoja es que, igualmente, el oficialismo logró entrar a segunda vuelta, con una base electoral significativa del proyecto progresista. 

Ambos proyectos se presentan como respuestas a una misma crisis, pero parten de diagnósticos opuestos. Mientras uno identifica la persistencia del conflicto armado como un problema estructural que requiere soluciones políticas, el otro lo interpreta como evidencia del fracaso del Estado para ejercer control territorial.

El voto exterior: la diáspora como barómetro

De los 1,4 millones de colombianos habilitados para votar en el exterior, 573.087 ejercieron su derecho con una participación del 40,6%. El resultado fue revelador: De La Espriella obtuvo el 53,4% del voto externo frente al 29,2% de Cepeda, consolidando una ventaja de más de 140.000 sufragios fuera del país.

En los consulados de EEUU, con una histórica fila que rodeó la manzana en Coral Gables, Miami, la derechización fue aún más pronunciada. Esta diáspora, en su mayoría profesionales y empresarios que emigraron en los años del conflicto o la crisis económica, votó con claridad por el candidato que promete un quiebre con el modelo de Petro. 

Esto no es irrelevante para la geopolítica regional. Un gobierno de De La Espriella representaría un reordenamiento de los ejes diplomáticos de Colombia: mayor alineación con Washington en materia de seguridad y narcotráfico, distanciamiento del eje Caracas-La Habana-Managua y una revisión de las negociaciones de paz con el ELN que el propio candidato ha calificado de «capitulación». En un continente donde el péndulo oscila entre ciclos bolivarianos y reacciones conservadoras, Colombia podría convertirse en el epicentro del ciclo de repliegue.

Te puede interesar:

• ⁠ Elecciones en Colombia 2026: el orden público en centro del debate
• ⁠ De los likes a los votos: influencers en el Congreso colombiano
• ⁠ Congreso en Colombia: sin mayorías y fragmentado, el próximo gobierno deberá negociar

Pasó algo más de medio año desde que Rodrigo Paz asumió el mando de Bolivia, un tiempo considerable para poner a prueba los alcances de las primeras medidas y la estabilidad de las alianzas. El desafío no era menor: un viraje ideológico, luego de un modelo de izquierda que mantuvo hegemonía en el país durante dos décadas, e intentar revertir la crisis económica. Pero los fuegos que se avivaron en estos primeros meses no fueron aplacados del todo.

A finales de 2025, Paz eliminó la subvención de los combustibles, una decisión que calificó como “urgente” para reducir el déficit fiscal y aminorar el deterioro económico. Aunque la medida fue amortiguada con incentivos salariales y bonos, el descontento popular se comenzó a sentir. La apuesta del gobierno de bajar el gasto público y reactivar la inversión con el apoyo internacional se mueve ahora en un camino empedrado.

A esto se sumaron hechos como la comercialización de gasolina de mala calidad, que afectó a cientos de motorizados y obligó al gobierno a asumir compensaciones económicas. También la irregularidad en el abastecimiento de combustible y, en general, la falta de transparencia para explicar ciertos casos que pusieron en entredicho la gestión de algunas autoridades e instituciones estratégicas.

Los reclamos sindicales por mayor participación en la toma de decisiones, pedidos de incremento salarial y mejora en la calidad de vida, encendieron nuevamente la chispa del descontento social. En este punto, esto elevó el nivel de confrontación y conflictividad, bajo una consigna que se plantea incluso como innegociable: la renuncia del presidente.

La ciudad de La Paz, capital política del país, es el centro de la convulsión, ahí confluyeron todos los actores para presionar al gobierno. Bloqueos en rutas de conexión interdepartamental y marchas que derivan en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden llevaron a esta región a un escenario insostenible en el que ya se contabilizan decesos y un dramático desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Reacciones regionales 

La escalada del conflicto en Bolivia tuvo como respuesta varios pronunciamientos de la comunidad internacional. Líderes políticos que mostraron abiertamente su apoyo al gobierno de Paz. 

A través de la alianza Escudo de las Américas, EEUU advirtió sobre afanes de desestabilización y respaldó que el gobierno acuda a la “protección legal del orden público”. Esta alianza impulsada por el presidente Donald Trump está integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. No fue todo, el secretario de Estado, Marco Rubio, subió el tono en su respaldo: “No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”. En la misma línea, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, señaló: “Aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas el año pasado están intentando derrocar al presidente”. 

Los antecedentes en la región abren interrogantes respecto al nuevo orden mundial y cómo las problemáticas internas se van manejando o instrumentalizando también desde afuera. ¿El respaldo de Washington es un elemento diplomático secundario o una pieza central en la comprensión y salida de este conflicto?

Por otro lado, la relación diplomática entre Bolivia y Colombia alcanzó su máxima tensión luego de que el presidente Gustavo Petro respaldara las protestas calificándolas como una “insurrección popular”. La respuesta del gobierno de Paz fue la expulsión de la embajadora. En principio de reciprocidad, Bogotá tomó la misma decisión.

En el centro de la atención vuelve a estar Evo Morales. Pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la situación asegurando que el gobierno del líder cocalero “ha sido el mejor que ha tenido Bolivia en la historia y los resultados hablan por sí mismos”. Además desestimó los señalamientos sobre narcotráfico que existen hacia él. 

La postura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, surgió luego de que el presidente Paz lo llamara para solicitarle ayuda humanitaria. Lula subrayó la necesidad de “preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de derecho”. 

La situación en Bolivia trascendió las disputas internas. Esto evidencia un escenario geopolítico regional de opuestos, entre quienes ven intentos reales de derrocamiento y los que legitiman las protestas como una respuesta racional al viraje de Paz.

¿Qué sectores están en la protesta?

La Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a varios afiliados, comenzó con el pedido principal de incremento salarial, entre otras demandas. Ahora están enfocados en la dimisión del mandatario. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre la verdadera legitimidad de este ente como representante de los trabajadores, por los beneficios y poder que ostentan los dirigentes. Además, muchos trabajadores ya no se sienten representados, el nivel de informalidad ronda entre el 80 y 85%.

Los maestros de las áreas urbana y rural exigen incremento salarial, ítems laborales, equipamiento tecnológico y una reestructuración en el sistema educativo. A pesar de acuerdos firmados con el gobierno y compromisos asumidos, una parte mantiene sus protestas en la sede de gobierno.

También reforzaron las manifestaciones, los seguidores del expresidente Evo Morales, quien tiene causas pendientes con la justicia y actualmente se encuentra resguardado en el Chapare. Un masivo grupo de productores de hoja de coca, denominados “evistas”, plantean varias demandas. Sobre todo en rechazo a las medidas gubernamentales, justificando que el presidente ya no tiene legitimidad y que está alejado de los sectores populares e indígenas a quienes había hecho promesas de campaña. Durante el gobierno de izquierda, estos grupos formaron parte de la estructura política e incluso de la toma de decisiones.

Además, piden la eliminación de los procesos judiciales contra Morales, quien se ha declarado víctima de persecución política. Convenientemente, aprovechó este momento para darle un ultimátum a Paz: “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (…) la pacificación, transición, elección en 90 días”.

Los mineros cooperativistas es uno de los grupos más radicales. Recurren a dinamita para enfrentar a los policías en las protestas. Además de los destrozos, hace que los ciudadanos en general sufran el impacto de la contaminación sonora por los violentos choques. Aunque algunos dirigentes aceptaron negociar sus demandas con el gobierno, las bases siguen en las calles.

El Movimiento Indígena Ponchos Rojos, una organización con estructura sólida que clave en la gobernabilidad del Movimiento Al Socialismo (MAS), ejerce presión desde la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, y con bloqueos radicales en las vías. 

El descontento también viene desde federaciones de vecinos que expresan rechazo al gobierno por la falta de atención a sus demandas y el incumplimiento de promesas electorales. Como campesinos de la región del oriente del país en alerta por reformas que afectan las propiedades agrarias y transportistas, que sufren en las carreteras por el desabastecimiento de combustibles.

Las demandas inicialmente sectoriales luego dieron paso a una presión política más amplia y radical. Desde el Ejecutivo estas posturas se interpretan como una afrenta a la democracia.

Alertan desestabilización

Las presiones crecen y la solución no llega. Mientras, se abre la posibilidad real para la declaratoria de un estado de excepción, una medida que le da aval a Paz de disponer de las Fuerzas Armadas como mecanismo de control de las protestas y recuperación  del orden. El Legislativo en una mayoría apoyó esta alternativa.

La multicrisis arrastrada no encuentra en el gobierno de Rodrigo Paz la capacidad de hacer pactos reales que le permitan garantizar la gobernabilidad. En un país profundamente polarizado y cada vez más desencantado con la política, las soluciones tienden a ser efímeras y los episodios de convulsión, como el actual, difíciles de contener. Las consecuencias son reales y se están viviendo desde ahora.

La distinción entre lo público y lo privado ha sido siempre una base silenciosa de la democracia. No suele discutirse, pero sostiene buena parte de la vida política. Durante décadas, el anonimato digital funcionó como una forma imperfecta pero real de privacidad política. Activistas, periodistas y disidentes podían participar en conversaciones públicas sin que esa participación quedara necesariamente vinculada a su identidad. Hoy, esa frontera empieza a desdibujarse. A partir de datos dispersos disponibles en la red, herramientas de inteligencia artificial ya pueden reconstruir identidades, seguir comportamientos y anticipar acciones que antes requerían investigación exhaustiva o resultaban imposibles de detectar.

Un estudio publicado en arXiv a principios de este año, Desanonimización en línea a gran escala con LLM por Lermen y sus colegas, tomó perfiles de Hacker News —un foro donde la gente comenta bajo seudónimo— y los cruzó con sus perfiles de LinkedIn usando solo el texto que esas personas habían publicado libremente. Sin contraseñas, sin hackeos, sin datos privados. Con una muestra de 338 perfiles, el modelo identificó correctamente a 226 (67%), con una precisión del 90%. Lo que antes requería horas de trabajo especializado hoy puede hacerse de forma automatizada, a escala y por un costo de entre 1 y 4 dólares. Los autores advierten que, aunque estas capacidades no son infalibles,  este avance obliga a repensar qué entendemos por privacidad en línea.

El efecto inhibidor en la participación digital

Cuando la percepción de vigilancia se vuelve plausible, aunque no sea sistemática, las personas se autocensuran. Moderan sus opiniones y evitan asociarse con causas que consideran riesgosas. El daño al pluralismo no espera a que se cometa el abuso: basta con que la posibilidad exista. La percepción de ser observado es suficiente para abstenerse a opinar, independientemente del contexto. Si eso ocurre ante la sola posibilidad de vigilancia, ¿qué sucede cuando la desanonimización es real, accesible y barata?

[Lee: Miguel Pastorino]

Hannah Arendt advertía en La condición humana que lo privado es el espacio desde el cual el ciudadano puede aparecer en público como sujeto autónomo. Sin una esfera privada protegida, la participación política deja de ser libre y se convierte en actuación bajo vigilancia. Perder el anonimato digital no es perder un tecnicismo, es perder la condición desde la que se ejerce la libertad política.

Esta pérdida no es solo filosófica. Cuando un Estado o un actor con acceso a estas herramientas puede saber quién dijo qué, cuándo y desde dónde, el espacio para el disenso, la organización y la deliberación libre se contrae. No con una ley ni con un decreto, sino de forma silenciosa e irreversible. La vigilancia masiva no suprime la libertad: la hace demasiado riesgosa para ejercerla.

La vigilancia en contextos autoritarios

Si el anonimato digital representa hoy parte de la esfera privada para activistas, disidentes y periodistas, su erosión no es un problema técnico sino político. Está suficientemente documentado que los gobiernos autoritarios invierten recursos considerables en herramientas de control y vigilancia para perseguir e intimidar a sus opositores.

Venezuela es un caso ilustrativo. Según el informe Los vigilantes en la mira, el Estado venezolano ha destinado más de mil millones de dólares a una infraestructura de vigilancia digital. Incluye reconocimiento facial con inteligencia artificial, intercepción masiva de telecomunicaciones y ciberpatrullaje sistemático. Cuba muestra que no se trata de un caso aislado. El Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba (2026) basado en 200 declaraciones de ciudadanos cubanos, documenta que el 88% reporta que las autoridades mencionaron o reprocharon sus publicaciones y mensajes digitales como causa de citaciones, detenciones e interrogatorios. Dos países, dos regímenes, un mismo modelo: la vigilancia digital como instrumento de sometimiento político sistemático.

En esos escenarios, las capacidades de desanonimización masiva representan un riesgo cualitativamente distinto: las personas que participan bajo seudónimo para proteger su identidad podrían dejar de hacerlo ante el riesgo real de ser identificadas y perseguidas por sus opiniones.

Pero este riesgo no es exclusivo de contextos autoritarios. En abril de 2026, más de 600 empleados de Google firmaron una carta abierta al CEO, Sundar Pichai, exigiendo que la empresa rechazara contratos clasificados con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Advertían que ahora mismo no hay forma de asegurar que las herramientas no se utilicen para causar daños o erosionar las libertades civiles lejos del escrutinio público. Lo llamativo es que los propios técnicos que construyen estas herramientas son quienes articulan con mayor claridad los riesgos de su uso sin límites democráticos. Esa advertencia no debería perderse en el ruido del debate público.

Hacia límites democráticos

La misma herramienta que puede desanonimizar a un disidente puede identificar a un ciberdelincuente o rastrear redes de desinformación. El problema no es la tecnología: es quién la usa, con qué fin y bajo qué supervisión. Esa distinción es precisamente la que la regulación debe establecer.

Las legislaturas tienen ante sí esta tarea. En el caso de la desanonimización, por ejemplo, los autores señalan que los marcos clásicos de protección de la privacidad —como la k-anonimidad o la privacidad diferencial— fueron diseñados para bases de datos estructuradas y no contemplan ataques sobre texto libre. Por lo tanto, no basta con ajustar regulaciones existentes, es necesario repensar los marcos de protección de datos para incorporar los riesgos emergentes asociados a modelos de lenguaje e información no estructurada. Otras medidas técnicas consisten en limitar el acceso a API de datos de usuarios, detectar scraping automatizado, restringir exportaciones masivas de datos y desarrollar salvaguardas en los propios modelos para que rechacen solicitudes de desanonimización. 

[Lee: La vigencia de Habermas en la era de Trump]

Definir los límites de estas herramientas implica, como mínimo, que cualquier uso para la identificación o vigilancia masiva requiera autorización judicial, que los contratos entre gobiernos y empresas tecnológicas sean públicos y auditables, y que existan mecanismos independientes de rendición de cuentas. Pero ningún parlamento puede resolver esto solo. Eso exige acuerdos entre Estados, estándares éticos mínimos de alcance global y mecanismos multilaterales de supervisión.

Establecer esos límites es urgente. Si la democracia requiere ciudadanos capaces de actuar con independencia, debe garantizar las condiciones materiales de esa autonomía: la posibilidad real del anonimato, de la asociación sin vigilancia, de la privacidad. Esas garantías no se producen solas. Requieren decisiones políticas deliberadas y una cultura democrática dispuesta a defender el espacio privado no como un privilegio, sino como una precondición de lo público.

Cuando esas condiciones se debilitan, la libertad no desaparece de golpe, pero se vuelve progresivamente más difícil de sostener. La vigilancia se abarata, mientras que la libertad se encarece. No porque esté prohibida, sino porque ejercerla exige asumir riesgos cada vez mayores.

Te puede interesar:

• ⁠ La IA no corrige Estados ineficientes, los amplifica
• ⁠ Democracia artificial

La inteligencia artificial llegó al centro de la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas. Es un texto teológico y antropológico en sus fundamentos, pero social y político en sus interlocutores y consecuencias. El pontífice caracteriza este momento como un «cambio de época» en el que, mientras algunos se disputan el futuro de las tecnologías y otros las analizan, la mayoría de las personas «permanece a la espera y simplemente aguarda que todo salga bien». Es precisamente ese letargo colectivo lo que convierte a la tecnopolítica en el lenguaje necesario para pensar el poder contemporáneo.

La inteligencia artificial llegó al centro de la primera encíclica papal de León XIV, Magnifica Humanitas. Es un texto teológico y antropológico en sus fundamentos, pero social y político en sus interlocutores y consecuencias. El pontífice caracteriza este momento como un «cambio de época» en el que, mientras algunos se disputan el futuro de las tecnologías y otros las analizan, la mayoría de las personas «permanece a la espera y simplemente aguarda que todo salga bien». Es precisamente ese letargo colectivo lo que convierte a la tecnopolítica en el lenguaje necesario para pensar el poder contemporáneo.

La tecnología no es inocente ni neutral, la teoría crítica lo advierte hace décadas. Lo que sí estamos descubriendo ahora, quizá demasiado tarde, es que las nuevas tecnologías no esperan órdenes políticas. Organizan previamente el escenario en el que creemos decidir libremente. Las nuevas tecnologías «se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo». En la actualidad, las tecnologías digitales contemporáneas, especialmente los sistemas de IA, operan como infraestructuras que reconfiguran de antemano la experiencia social. 

En este contexto la política se despliega dentro de arquitecturas técnicas que organizan la visibilidad, la atención, los vínculos y la visión del mundo. Por ello mismo, reconfiguran el pensamiento. No estamos ante una simple modernización o una versión digital de viejos mecanismos de influencia, sino ante una reorganización silenciosa de las condiciones de la vida pública.

La crítica clásica apuntaba a la instrumentalización de la razón o a la colonización de esferas de la vida previamente diferenciadas. Pero hoy no hay un “afuera” claro desde el cual resistir o hacer frente. La tecnopolítica aparece como el nuevo horizonte desde el cual comenzamos a pensar lo político. Como ciudadanos, ¿qué nos pasa cuando empezamos a confundir libertad con navegación entre opciones diseñadas por otros? ¿Qué queda de la deliberación cuando el espacio común se vuelve una suma de microclimas emocionales? ¿Qué significa gobernar democráticamente cuando buena parte de la infraestructura de la conversación pública pertenece a corporaciones que nadie eligió?

El poder como arquitectura invisible

La polarización política, la circulación masiva de desinformación, la capacidad de segmentar audiencias, de orientar comportamientos, ya no son fenómenos aislados. Responden a un ecosistema en el que la información y atención se convierten en recursos estratégicos gestionados por sistemas algorítmicos que no son neutrales.

Esto introduce una mutación en la noción de poder: aunque no desaparecen las formas clásicas de autoridad o coerción, estas quedan rodeadas por mecanismos más difusos, con mayor opacidad de cómo funciona la sociedad y la política. El poder se ejerce a través de la configuración de entornos digitales que moldean las condiciones en las que se toman las decisiones, naturalizado en el entorno.

[Lee: La vigencia de Habermas en la era de Trump]

Hoy no hay un único horizonte de comprensión de la realidad. Millones de versiones están ajustadas a perfiles individuales cuya consecuencia política es que desaparece el mundo común como referencia compartida. Y sin mundo compartido, es muy difícil la convivencia y construir proyectos compartidos de sociedad. ¿Implica esto el fin de la política tal como la conocemos? El problema es más profundo y radical de lo que solemos intuir y es que la democracia necesita un mundo común. Pero cuando cada ciudadano habita una versión personalizada de la realidad, la discusión pública empieza a volverse casi imposible.

¿Tecnofascismo? Las nuevas formas de dominación

En este contexto, la noción de tecnofascismo propuesta recientemente por Mark Coeckelbergh, especialista en ética y filosofía política de la tecnología, revela una nueva dimensión del problema que no estaba presente en sus libros sobre filosofía política e IA. El término tecnofascismo es incómodo, y puede ser malinterpretado. No pretende decir que vivimos bajo fascismo, ni que toda tecnología digital sea autoritaria. Refiere a que ciertas formas de poder pueden adquirir rasgos antidemocráticos sin necesidad de uniformes, partido único ni violencia explícita. 

Con este concepto el filósofo belga no piensa en un retorno del fascismo del siglo XX, pero identifica afinidades estructurales. Y es que las tecnologías digitales, en interacción con dinámicas económicas y políticas, pueden producir formas de control que hacen pensar en la fragmentación social, la manipulación afectiva, y debilitamiento de la deliberación pública. La diferencia está en el modo de operación, porque donde el fascismo clásico movilizaba masas y hacía visible la violencia, las formas contemporáneas tienden a operar de manera más opaca. La extracción de datos, la personalización algorítmica, la manipulación de la información y la automatización de la persuasión permiten influir sin necesidad de imponerse de forma directa o mediante la violencia. El control se vuelve compatible con prácticas que en apariencia son libres y hasta generan la sensación de que tenemos más opciones que antes.

[Lee: Cultura hiperindividualista: entre la cancelación y el negacionismo]

Este tipo de dominación no requiere necesariamente la suspensión de las instituciones democráticas. Coexiste con ellas mientras las vacía de contenido y de sentido, debilitándolas progresivamente. La representación política sigue funcionando, pero el proceso de formación de la opinión pública queda condicionado por sistemas que no responden a lógicas deliberativas ni a un debate responsable y lúcido. La ciudadanía continúa votando, pero lo hace en un entorno informativo profundamente asimétrico.

Democracia, infraestructura y conflicto político

Si la tecnología configura las condiciones de la vida política, entonces la gobernanza deja de ser un asunto técnico y se convierte en problemas políticos en sentido estricto. La concentración de poder en grandes plataformas introduce una asimetría que tensiona los principios democráticos, además de por su poder económico, por su capacidad de definir las reglas del espacio público.

La Magnifica Humanitas da un paso sorprendente desde la tradición del pensamiento social cristiano, porque amplía el principio del destino universal de los bienes para incluir «patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas y datos». Cuando estos bienes quedan concentrados en pocas manos, dice el papa, «se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos». La infraestructura del debate público no es propiedad privada, sino que es un bien común que ha sido capturado. 

La respuesta no puede limitarse a regular efectos visibles, requiere intervenir en las condiciones de producción de estas tecnologías. Lo relevante pasa a ser quién decide sus objetivos, bajo qué criterios se diseñan, qué formas de control existen, cómo impacta en la vida de las personas, especialmente de los más vulnerables. Esto implica ampliar el campo de la democracia hacia ámbitos que tradicionalmente quedaban fuera de su alcance.

Desde esta perspectiva la tecnopolítica plantea una exigencia problemática para la teoría política. Conceptos como representación o ciudadanía fueron elaborados en contextos donde las mediaciones tecnológicas no tenían este peso estructural. Hoy necesitamos repensarlos desde una mirada crítica, porque la representación parece jugarse más allá de instituciones formales.

El problema es que creemos elegir dentro de un mundo previamente ordenado que atrapa nuestra atención, para anticipar nuestras reacciones y volver previsible nuestra conducta.El riesgo de derivas autoritarias, como advierte Coeckelbergh, es real. Pero no está predeterminado, no es un destino ineludible. La misma infraestructura que hoy facilita formas de control podría ser orientada en otra dirección más democrática, pero para ello hace falta abandonar la ingenuidad de creer que la tecnología simplemente ocurre. La  pregunta fundamental de la tecnopolítica es qué tipo de mundo común queremos construir con la tecnología y quien tiene derecho a decidirlo.

Te puede interesar:

• ⁠ La libertad y la verdad secuestradas por la inteligencia artificial
• ⁠ Inteligencia artificial y seguridad pública en las democracias latinoamericanas
• ⁠ Inteligencia artificial y elecciones: ¿amenazas prematuras?

El deterioro de las condiciones de seguridad en Colombia convirtió nuevamente el orden público en uno de los principales determinantes de la contienda presidencial de 2026.

El contexto es complejo: la expansión territorial del ELN, el fortalecimiento del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, el crecimiento de la extorsión y de las economías ilícitas, así como la persistencia de la violencia en regiones como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca y la frontera con Venezuela. Todo esto profundiza la percepción de pérdida de control estatal. A ello se suma la transformación del fenómeno criminal. Colombia ya no enfrenta únicamente insurgencias ideologizadas, sino estructuras híbridas y adaptativas que combinan control territorial, gobernanza criminal y articulación con redes transnacionales del narcotráfico y otras economías ilegales.

Diversos análisis sostienen que la política de “paz total” del presidente, Gustavo Petro, generó incentivos que varios grupos armados aprovecharon para expandir su presencia, fortalecer finanzas ilícitas y consolidar control sobre comunidades y corredores estratégicos. Especialmente los ceses bilaterales implementados sin suficientes mecanismos de contención territorial ni verificación robusta. 

Las cifras reflejan esa expansión. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales superan ya los 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Es un crecimiento de 23,5% en apenas un año. Más de 5.000 personas ingresaron a estas estructuras durante 2025. El Clan del Golfo lideró ese crecimiento, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

El deterioro de la seguridad también se refleja en la intensificación de las disputas territoriales. De acuerdo con la FIP, 2025 fue el año con más confrontaciones entre grupos armados de la última década. Las disputas crecieron 34%, impulsadas por la competencia por corredores estratégicos, economías ilícitas y control de comunidades. Actualmente existen al menos 13 zonas del país en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del gobierno de Petro en 2022.

Gobernanza criminal 

El fenómeno no es solamente cuantitativo. También existe una mayor capacidad de penetración territorial y control social. En muchas regiones, los grupos armados ejercen funciones de gobernanza criminal. Regulan economías ilegales, imponen normas locales, administran conflictos comunitarios y condicionan la movilidad de las poblaciones. La disputa ya no gira únicamente alrededor del control armado, sino también alrededor de la legitimidad y del poder local.

Uno de los casos más dramáticos es el Catatumbo. A comienzos de 2025, la confrontación entre el ELN y las disidencias produjo más de 40.000 desplazados en cuestión de días. Es uno de los episodios de desplazamiento masivo más graves registrados en décadas recientes en Colombia. Naciones Unidas reportó además que el desplazamiento forzado aumentó 85% durante 2025, impulsado principalmente por la crisis humanitaria en esa región.

[Lee: DP Enfoque 19. De la cancha al poder: fútbol y política en América Latina]

En paralelo, el reclutamiento forzado de menores volvió a dispararse. La Defensoría del Pueblo reportó más de 250 casos documentados durante 2025, siendo el Cauca uno de los departamentos más afectados.

El conflicto también evolucionó tecnológicamente. Según la FIP, durante 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024. La mayoría de estos ataques fueron atribuidos al Estado Mayor Central, evidenciando cómo las organizaciones criminales incorporaron nuevas capacidades tecnológicas que desafían los esquemas tradicionales de seguridad y defensa.

Sin embargo, el problema no puede reducirse únicamente a una respuesta militar. Parte de la fortaleza de estas organizaciones proviene de las bases sociales y económicas que han construido en territorios históricamente abandonados por el Estado. En muchas zonas rurales, los grupos armados se insertan en dinámicas locales de empleo, regulación económica e incluso resolución de conflictos cotidianos. Esa legitimidad relativa no puede desmantelarse exclusivamente mediante operaciones militares.

En ese escenario, los tres candidatos que lideran las encuestas, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, representan visiones distintas sobre cómo responder al deterioro de la seguridad y cuál debe ser el rol del Estado frente al crimen organizado.

Las encuestas muestran, además, una paradoja política relevante: aunque la percepción sobre la seguridad empeoró, el oficialismo sigue siendo competitivo. Diversos sondeos ubican a Cepeda liderando la intención de voto en primera vuelta, aunque con escenarios abiertos en segunda vuelta frente a De la Espriella y Valencia.

Tres visiones distintas de seguridad

La propuesta de Iván Cepeda, candidato oficialista, se basa en el concepto de “seguridad humana”. Su enfoque prioriza la protección de las comunidades, la consolidación del Acuerdo de Paz y la negociación con actores armados como mecanismo para reducir la violencia.

El modelo busca fortalecer la presencia estatal en territorios vulnerables mediante inversión social, infraestructura y programas para jóvenes, junto con sistemas de protección para líderes sociales y mecanismos de participación ciudadana. La Fuerza Pública mantiene un rol importante, pero subordinado a una lógica de protección de la población más que de confrontación militar.

El principal cuestionamiento a esta propuesta es que llega en medio de un deterioro acelerado de la seguridad. Insistir en negociaciones sin una posición de fuerza suficiente podría profundizar la expansión criminal y consolidar el control territorial de los grupos armados. También existen dudas sobre algunas propuestas vinculadas a la sustitución de cultivos ilícitos, como la compra estatal de hoja de coca, cuya viabilidad económica y operativa ha sido ampliamente cuestionada.

Abelardo de la Espriella representa el discurso más confrontacional frente al crimen organizado. Su propuesta se centra en el fortalecimiento coercitivo del Estado mediante operaciones militares contundentes, bombardeos selectivos, reactivación de la fumigación aérea y una ofensiva frontal contra el narcotráfico. También propone megacárceles para criminales de alto impacto, planes de choque para recuperar territorios y estrategias específicas contra la extorsión. Su narrativa conecta con un electorado que percibe pérdida de autoridad estatal y demanda respuestas rápidas frente al deterioro de la seguridad.

[Síguenos: YouTube]

No obstante, el principal desafío de esta propuesta es evitar repetir errores del pasado. La experiencia colombiana muestra que las ofensivas militares pueden generar reducciones temporales de violencia sin consolidar control institucional sostenible. Recuperar territorios exige no solo fuerza, sino también justicia, inteligencia financiera, presencia estatal y gobernanza local.

Paloma Valencia plantea una posición intermedia entre la seguridad democrática clásica y la modernización institucional. Su propuesta combina aumento del pie de fuerza, modernización tecnológica, fortalecimiento de inteligencia y ciberseguridad, reactivación de fumigaciones y mejoras en la coordinación entre Policía y Fiscalía. Todo ello articulado en su estrategia de las “4R”: reducir rentas criminales, robustecer la Fuerza Pública, recuperar confianza ciudadana y restablecer la legalidad.

A diferencia de De la Espriella, Valencia pone más énfasis en la institucionalidad y en la necesidad de fortalecer capacidades estatales de largo plazo. Su enfoque parte de reconocer que el crimen organizado actual requiere actualización doctrinal, modernización tecnológica y fortalecimiento sostenido de inteligencia. El reto de esta propuesta será demostrar que puede ofrecer resultados distintos a modelos anteriores de seguridad que lograron contención parcial, pero no desmantelamiento sostenible de economías ilícitas.

La paradoja política del oficialismo

Quizás el dato más llamativo de esta elección es que el oficialismo sigue siendo altamente competitivo pese al deterioro de la seguridad. Las razones son múltiples. Primero, porque la inseguridad no es la única variable electoral. La polarización política, la fragmentación de la oposición y la persistencia de bases sociales progresistas mantienen competitivo al candidato oficialista.

Segundo, porque parte importante de la ciudadanía sigue percibiendo que las respuestas exclusivamente militaristas tampoco resolvieron estructuralmente el problema de la violencia. Y tercero, porque existe una creciente conciencia de que el crimen organizado contemporáneo no puede enfrentarse únicamente con fórmulas tradicionales de guerra contrainsurgente.

Sin embargo, el deterioro de la seguridad sí parece haber reconfigurado el tono de la campaña. Incluso sectores cercanos al oficialismo han tenido que incorporar discursos sobre control territorial, fortalecimiento estatal y capacidad coercitiva.

La elección de 2026 no enfrenta simplemente a tres candidatos. En realidad, enfrenta tres lecturas distintas sobre la naturaleza de la amenaza criminal y sobre el tipo de Estado que Colombia necesita para responder a ella. La discusión ya no es solo entre paz o guerra. El verdadero debate es cómo reconstruir la capacidad estatal frente a un ecosistema criminal cada vez más sofisticado, transnacional y adaptable.

El fracaso de las lecturas tradicionales de seguridad

Uno de los elementos centrales del debate actual es que el ecosistema criminal cambió más rápido que la capacidad del Estado para adaptarse. La pandemia aceleró transformaciones en los mercados ilegales, reorganizó cadenas criminales y profundizó vacíos de gobernanza territorial. Sin embargo, la respuesta estatal continuó anclada en marcos tradicionales que no necesariamente corresponden a la naturaleza actual de la amenaza.

Hoy Colombia enfrenta una amenaza asimétrica: grupos armados que combinan control territorial, gobernanza criminal, economías ilícitas, redes urbanas y capacidad de intimidación social. Más que estructuras insurgentes clásicas, funcionan como sistemas adaptativos complejos.

En ese contexto, el debate no es únicamente militar. También es político e institucional. La discusión pasa por la capacidad del liderazgo civil para comprender la dimensión de la amenaza y formular una política de seguridad coherente con las nuevas dinámicas criminales. La sensación creciente entre sectores especializados es que ni el gobierno actual ni parte de la oposición han logrado reformular integralmente la estrategia estatal frente al crimen organizado.

La incapacidad de contener la expansión territorial de los grupos armados responde, en buena medida, a una comprensión insuficiente del fenómeno. El problema ya no puede abordarse únicamente desde una lógica de paz o negociación; requiere una política de seguridad que combine acción militar, policial, judicial, tecnológica, económica y social.

Te puede interesar:

• ⁠ Colombia eligió un camino distinto a la exclusión de los migrantes
• ⁠ De los likes a los votos: influencers en el Congreso colombiano
• ⁠ Conflicto entre Ecuador y Colombia: la trumperización de la diplomacia latinoamericana

Esta semana se cumplieron dos meses de la muerte del filósofo alemán Jürgen Habermas, quien pasará a la historia como uno de los últimos grandes exponentes de la influyente Escuela de Frankfurt en los estudios de la Comunicación.

Sin embargo, su pensamiento se distanció del pesimismo radical que marcó a varios de sus referentes. Desde temprano, Habermas apostó por el diálogo democrático, el derecho y la razón como herramientas de construcción política.

Esa apuesta representó una alternativa frente al horizonte más sombrío del marxismo del siglo XX en el campo de las ciencias sociales. Abrió el camino de una democracia sostenida en la deliberación y en la confianza —siempre frágil— en la racionalidad pública.

La lógica de la política contemporánea, que representa Donald Trump, rompe con la idea de democracia que desarrolla Habermas, basada en el diálogo, la discusión racional y la búsqueda de entendimientos comunes como condición para una convivencia sana. En su lugar, gana espacio una comunicación centrada en la confrontación, la movilización emocional y la reafirmación de identidades políticas. En ese marco, la polarización deja de ser una consecuencia y pasa a convertirse en una herramienta de construcción de poder.

Cuando se debilitan los hechos compartidos, el debate deja de basarse en argumentos y se organiza más por identidades enfrentadas. En ese contexto, la política se aleja de la deliberación democrática y se acerca a dinámicas de populismo o concentración del poder, donde el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo. 

Cuando eso ocurre, la democracia pierde su núcleo más básico: la posibilidad de discutir sin destruir el espacio común que la hace posible. Esa sigue siendo, quizá, la advertencia más vigente del pensamiento de Habermas.

¿Es posible hoy la acción comunicativa?

El fallecimiento del último gran intelectual de esa estirpe, a los 96 años, ocurrió en un contexto de creciente deriva antidemocrática en distintas partes del mundo. Ese escenario ayuda a explicar el interés que despierta su pensamiento, tanto en generaciones mayores que añoran un horizonte compartido tras el derrumbe del comunismo, como en generaciones más jóvenes que buscan un marco común de sentido para la vida en sociedad.

Pero la pregunta de fondo persiste: ¿es posible trasladar hoy la acción comunicativa y la democracia deliberativa al mundo contemporáneo? ¿Puede existir una comunicación entre ciudadanos sostenida en significados y hechos compartidos, en sociedades atravesadas por fragmentación cultural y política?

En América Latina, la pregunta se vuelve aún más compleja. La región está marcada por desigualdad, fragmentación social y dinámicas identitarias que tensionan el espacio común.

Para algunos, la respuesta es negativa. Pero quienes vemos en Habermas una fuente de inspiración teórica y práctica no esperamos una acción comunicativa perfecta ni simétrica. Más bien, se trata de pensar cómo fortalecer las condiciones de una esfera pública más racional y abierta.

El punto de partida es exigente: capacidades relativamente similares para argumentar, acceso a información de calidad, disposición a escuchar y ausencia de coerción. Todo ello en contextos donde muchas veces predomina la lógica de persuadir, polarizar o imponer.

Pedagogía Habermas

A Habermas no hay que leerlo como un diagnóstico cerrado de la realidad, sino como un horizonte normativo: no nos dice cómo hablamos, sino cómo deberíamos hablar para que el intercambio sea razonable y legítimo. En ese sentido, su pensamiento sigue siendo una herramienta educativa.

Ofrece un criterio orientador más que una descripción de nuestras sociedades. En América Latina sería ingenuo pensar en una deliberación plenamente simétrica, pero sí es posible aspirar a formas parciales y frágiles de deliberación democrática, sostenidas por instituciones abiertas, reglas compartidas e incentivos que favorezcan el diálogo, la escucha y la argumentación.

A ello se suma el impacto de la posverdad y las fake news, que erosionan la confianza, la circulación de información y la base mínima de racionalidad compartida.

Sin embargo, incluso en sociedades atravesadas por la desinformación, la razón no desaparece. Las personas necesitan argumentos, datos y un nivel básico de entendimiento para convivir y decidir colectivamente. Allí el ideal de Habermas sigue operando como referencia.

Faltan los hechos comunes 

El problema central es el suelo común. Sin hechos compartidos, la deliberación se debilita. No implica acuerdo, sino la posibilidad de discutir sobre una base común de realidad.

Hoy ese terreno se ve erosionado por la proliferación de fuentes contradictorias e inverificables. Esto se agrava por la pérdida de confianza en las instituciones que producían y validaban información pública, como el Estado, la ciencia y la prensa.

Cuando eso ocurre, los hechos dejan de ser evidentes, las instituciones pierden legitimidad y el debate público deja de girar en torno a qué hacer para concentrarse en qué es real y qué no. La desconfianza hacia quien piensa distinto termina perjudicando la conversación democrática misma.

¿Cómo aterrizar entonces a Habermas en debates concretos? La renta básica universal es un buen ejemplo. Allí deberían discutirse sus efectos, costos fiscales, impacto en el empleo y la pobreza, así como las tensiones entre eficiencia, equidad, incentivos y rol del Estado y el mercado.

El desafío es evitar que ese debate derive en disputas identitarias o morales, algo posible solo si existe un piso mínimo de evidencia compartida. No hay acuerdo total, sino interpretación distinta sobre una base común.

Algo similar ocurre con el cambio climático. El debate debería centrarse en qué hacer, incluso entre quienes proponen no actuar, pero no en negar el problema mismo.

Entendimiento en democracia

La política no funciona con la lógica de la verdad científica o religiosa. Se mueve en el terreno de las decisiones: qué hacer, con qué costos, a favor de quién y en qué plazos. Incluso con evidencia sólida, no hay una única respuesta correcta.

Una cosa son los hechos y otra las decisiones. Y en estas últimas debe haber lugar para el desacuerdo, porque involucran valores, intereses y prioridades. Lo importante en una democracia sana es que las decisiones sean justificables ante los ciudadanos. No se trata de eliminar el conflicto, sino de ordenarlo.

La pregunta final es inevitable: ¿hay casos de éxito de la teoría de la comunicación democrática de Habermas? No en sentido pleno. La transición liderada por Nelson Mandela puede verse como una aproximación, al igual que el proceso constituyente de Colombia en 1991.

Su vigencia no está en prometer una democracia perfecta. Advierte qué ocurre cuando dejamos de hablar en serio en el espacio público.

Te puede interesar:

• ⁠ Diego Fusaro y la filosofía del disenso
• ⁠ DDHH en una cultura hiperindividualista: entre la cancelación y el negacionismo
• ⁠ Donald Trump contra el resto del mundo

El fútbol es una potencia. Ningún deporte une a más personas en este planeta. Esto no siempre fue así. Hace más de 175 años, los estudiantes de la Universidad de Cambridge escribieron las primeras reglas, que representaron el primer hito en el desarrollo del fútbol moderno. Cuando se desarrollaron y promovieron los deportes de equipo en la Gran Bretaña colonial, el enfoque no solo estaba en el ejercicio físico, sino también en el aprendizaje lúdico de valores de la época victoriana como la disciplina, el espíritu de equipo, la cohesión, la puntualidad y la subordinación.

Estos valores primarios fueron más tarde complementados por otros valores, como la equidad, la justicia y la participación, y, desde el cambio de milenio, también por el antirracismo y la antidiscriminación. Desempeñan un papel importante en el desarrollo de una sociedad madura y democrática. 

Hoy en día, el fútbol es un mediador importante. Además de ser una red global, junto con los mega eventos deportivos, posee un fuerte poder de unión social y ofrece un espacio para la identificación a nivel local, regional y nacional. 

[Registrate: Hablamos sobre fútbol y política este 25 de mayo en DP en Vivo]

Es inevitable que el fútbol sea una superficie de proyección política. Por un lado, el fútbol es demasiado importante para que los políticos lo ignoren y, por otro, los políticos siempre intentan instrumentalizarlo para sus propios fines, a veces de forma positiva y otras no. 

Esto no se trata del intercambio de argumentos sobre la promoción deportiva o la política juvenil. Se trata principalmente de política simbólica, que se basa en la generación de emociones o simplemente en la explotación de la pasión de los aficionados.

Volver a Norteamérica

La política juega un papel importante en el Mundial de 2026 en EEUU, Canadá y México. La Copa del Mundo se celebrará por cuarta vez en un país de la asociación regional Concacaf (1970, 1986 y 1994). En 1970, México logró causar una impresión tan duradera como anfitrión bien organizado que se le permitió acoger de nuevo el Mundial con poca antelación en 1986 como sustituto de Colombia, que en ese momento vivía un caos económico y de seguridad. 

En 1994, EEUU pudo presentarse como un excelente anfitrión, cosmopolita y libre. Tras el fin de la Guerra Fría, se convirtió en el modelo democrático a nivel mundial. Con una nueva liga profesional de fútbol, la Copa del Mundo dio la señal de inicio para que el fútbol realmente ganara favor en la «tierra de las oportunidades ilimitadas». 

Tras tres exitosos Campeonatos del Mundo en Norteamérica, la mala prensa domina de cara al cuarto Mundial en 2026. En México, la situación de seguridad en el recinto de Guadalajara debe estar flanqueada por una fuerte presencia policial y militar. Además, el gobierno de Morena tuvo la controvertida idea de cerrar las escuelas 40 días antes debido al calor habitual y como alivio logístico con motivo del Mundial. Tras protestas masivas, el plan fue descartado. 

El Mundial de Trump

El gobierno estadounidense tampoco ha podido presentarse de forma positiva respecto al evento que iniciará el 11 de junio. Al contrario, el comportamiento del presidente Donald Trump se parece más a un gran gol en contra en frente de los medios, lo que reduce la expectativa por la cita deportiva global.

El año pasado, Trump aceptó un Premio de la Paz de la FIFA creado apresuradamente por el secretario general Gianni Infantino. La ocasión, el significado y el propósito del galardón siguen sin estar claros hasta hoy, así como si habrá una nueva edición en particular dada la mala prensa sobre la inclinación de Infantino ante Trump. Esto fue seguido por titulares negativos debido a las restricciones de entrada a EEUU. 

[Lee: DP Enfoque 19. De la cancha al poder: fútbol y política en América Latina]

Los aficionados de varios países participantes encuentran difícil e incluso imposible obtener un visado para entrar. En lugar de cosmopolitismo, domina la impresión de rechazo. Las imágenes de acciones duras de funcionarios de la agencia de inmigración ICE contra desconocidos y personas de aspecto extraño en Estados Unidos también inquietan a muchos aficionados de todo el mundo.

El presidente estadounidense también calentó el ambiente a través de las redes sociales. Aconsejó a los aficionados del equipo iraní de fútbol que no viajaran al recinto por motivos de seguridad, insinuando hipotéticos ataques físicos contra los invitados. 

El poder blando de la Copa

Aunque probablemente todos los jefes de gobierno de un país anfitrión habrían intentado usar el poder blando positivo que ofrece el Mundial para sí mismos, sorprendentemente no parece ser una prioridad para el sensacionalista Donald Trump. 

Los aficionados del fútbol latinoamericano, representados por diez naciones, también sufren. Sería fácil ganarse a la comunidad latina, especialmente entusiasmada con el fútbol. Son un grupo relevante de votantes de cara a las próximas elecciones de medio término al Congreso de EEUU. Pero Trump no lo hace.

Un segundo autogol de los medios con vistas al Mundial fue marcado por el propio organizador del torneo, la FIFA. Con 48 equipos, está representada un poco menos de una cuarta parte de todas las asociaciones de fútbol del mundo. Más partidos, más aficionados y, sin duda, más ingresos. Este es el cálculo de la asociación de cara al torneo que de acuerdo con muchos críticos ha sido inflado artificialmente. 

Aunque esto no favorece la calidad de los juegos, la FIFA cede ante la presión económica y así refuerza la ya existente sobre comercialización del espectáculo. Como si eso no fuera suficiente, los precios para los aficionados se dispararon a un nivel sin precedentes. 

El algoritmo y la hipercomercialización

El costo de las entradas sigue un modelo dinámico: cuando la demanda es alta, los precios de las entradas suben según un algoritmo. Esto llevó a precios de varios miles de dólares para los partidos de la ronda preliminar y hasta cientos de miles para la final. La reventa de entradas solo es posible a través de la plataforma FIFA, que añade una comisióndel 15% por cada transacción y, por tanto, es un factor determinante del precio.

Irónicamente, Trump anunció recientemente que no pagaría los caros precios de las entradas. Los contratos de la FIFA con proveedores de servicios y los derechos de cuota también garantizan que los precios se incrementen artificialmente en lo que respecta a los costes auxiliares como viajes, alojamiento y transporte local. 

[Escucha: La pelota del poder: geopolítica del fútbol en Latinoamérica]

Los estadios seguirán llenos porque algunos aficionados tienen los fondos necesarios para pagar precios exorbitantes. Pero esto no genera entusiasmo. De este modo, el popular fútbol se degrada a un deporte de élite, que no todo el mundo puede permitirse. La exclusividad sale a la luz en lugar de la inclusión, por la que FIFA afirma estar comprometida. La razón de esto es la sobre comercialización, que se impulsó de torneo en torneo. Nadie sabe mejor que la FIFA (una organización sin fines de lucro) cómo monetizar la pasión de los aficionados.

La estructura del fútbol 

El negocio del fútbol, valorado en mil millones de dólares, atrae muchos deseos de todos los frentes. La FIFA finge gastar los fondos en el «desarrollo del fútbol», pero hay numerosos casos en los que el dinero fue malversado o simplemente no benefició al propósito. La corrupción no solo ha sido un problema desde el escándalo que rodea al predecesor de Infantino, Sepp Blatter. 

Apenas hay control sobre la organización futbolística, ya que está estructurada de tal manera que no existe un órgano de control superior. Mecanismos de autorregulación como el Comité de Ética han funcionado bastante mal en el pasado. Por tanto, los propios miembros de la FIFA, es decir, las asociaciones regionales y nacionales de fútbol, son los principales responsables de los abusos, que impiden una mayor transparencia de forma opaca. 

Décadas de presidencias, grupos cerrados, nepotismo e influencia política injusta: varias asociaciones regionales y nacionales de fútbol, hasta clubes de fútbol, algunos de los cuales pertenecen a personas particulares, están en el núcleo del problema general. No parece que vaya a haber ninguna mejora, ya que no es en el interés de los implicados. Por tanto, los valores que representan el fútbol en sí mismo están en una desproporción flagrante respecto a las estructuras existentes en el negocio deportivo. 

¿Cómo democratizar el fútbol?

Ciertamente, hay que organizar mega-espectáculos para cubrir los costos, pero los intereses de los aficionados pesan cada vez menos. El regreso a un fútbol que se centre en el aficionado, los jugadores y el espíritu deportivo solo es posible si se mantienen los controles y equilibrios. 

Las estructuras futbolísticas deben ser democráticas, es decir, los presidentes de asociaciones deben estar legitimados democráticamente, controlados y limitados los mandatos del cargo. 

Hasta que eso ocurra las asociaciones de fútbol tienen poco que temer. Cabe esperar que los goles en contra en frente de los medios, de la FIFA y de los Estados Unidos, sean una llamada de atención para que el deporte y la pasión de sus aficionados vuelvan a estar en el centro de atención.

Te puede interesar:

• ⁠ DP Enfoque 19. De la cancha al poder: fútbol y política en América Latina

El fútbol representa uno de los principales fenómenos de masas en América Latina, pero su importancia va más allá del césped. Desde sus orígenes en el siglo XIX, el juego ha reflejado las estructuras políticas, económicas y sociales de la región. 

El deporte se convirtió en un espacio donde se proyectan identidades, disputas de poder y tensiones geopolíticas. Pero sobre todo, su evolución evidencia las fracturas geográficas entre América del Sur y los países de América del Norte, América Central y el Caribe.

Estructura del fútbol latinoamericano

Esa heterogeneidad del fútbol latinoamericano se ha trasladado a su organización institucional. El fútbol en América Latina se estructura en torno a dos entidades: la Conmebol y la Concacaf. Esta división no es meramente administrativa, sino que exhibe dos trayectorias políticas diferentes. La Conmebol, en América del Sur, ha estado definida por los vínculos lingüísticos y culturales de los países sudamericanos y por la influencia del Reino Unido. Por el contrario, la Concacaf agrupa a una región más diversa, que incluye a países no latinoamericanos, y ha estado marcada por la influencia de Estados Unidos y la competencia del fútbol con el béisbol.

[Registrate: Hablamos sobre fútbol y política este 25 de mayo en DP en Vivo]

El desarrollo del fútbol a través de las comunidades británicas en los países sudamericanos  explica, en cierta medida, el rendimiento desigual que han mostrado las selecciones de Conmebol y Concacaf dentro del campo. Pese a sus diferencias, ambas confederaciones se han caracterizado por sus intercambios deportivos. La participación de selecciones de la Concacaf en la Copa América y de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores, así como la celebración de la Copa Interamericana, ilustran el alto grado de cooperación que existe entre ellas. 

Al margen del plano institucional, el fútbol es un instrumento central para construir identidades políticas. En América Latina, esta dinámica se intensificó a principios del siglo XX. El proceso de modernización y desarrollo económico de los Estados latinoamericanos fue acompañado de un proceso de construcción nacional. Como resultado, las élites locales se apropiaron de los deportes modernos importados por las comunidades británicas.

Constructor de identidad

En países como Argentina o Uruguay, el fútbol contribuyó a la creación de narrativas nacionales propias. Surgieron clubes de identidad criolla frente a los primeros equipos de origen británico. Se consolidaron estilos diferenciados, como “la Nuestra” o la “garra charrúa”. Al mismo tiempo, el fútbol también potenció las identidades regionales a nivel interno. En el caso argentino, ilustró las tensiones territoriales entre Buenos Aires ―el principal puerto de la zona― y el interior, entre la capital y la provincia. De igual manera, en países más extensos y descentralizados, como Brasil, el fútbol puso de manifiesto las rivalidades entre los diferentes focos de poder, como Río de Janeiro y San Pablo. 

La popularización del fútbol transformó su dimensión social. Con su profesionalización, pasó de ser una práctica elitista a convertirse en un fenómeno de masas, impulsado por la urbanización, la expansión del ferrocarril y los medios de comunicación. Durante este período, surgieron clubes vinculados a barrios, trabajadores y otras comunidades migrantes, lo que consolidó una cultura futbolística popular.

[Escucha: La pelota del poder: geopolítica del fútbol en Latinoamérica]

Con todo, esta difusión generó tensiones ideológicas, ya que los grupos de izquierda lo percibieron inicialmente como un mecanismo de control social. En lugares como Brasil, el fútbol adquirió un papel todavía más complejo al entremezclarse con la cuestión racial. De hecho, se erigió en un espacio de ascenso social para los afrodescendientes, como Pelé o Garrincha, cuyo éxito simbolizó la realización de lo que se denominó la “democracia racial” brasileña.

Soporte político 

La popularización del fútbol entre las masas favoreció su irrupción en la arena política. Los primeros Gobiernos de corte populista, como el de Getúlio Vargas en Brasil o el de Juan Domingo Perón en Argentina, usaron el deporte como herramienta de cohesión nacional y de propaganda. La construcción de estadios, el impulso de los clubes y las selecciones nacionales y el desarrollo de las competiciones formarían parte de una política de Estado a gran escala. 

Esta estrategia fue replicada posteriormente por las dictaduras militares latinoamericanas como instrumento de legitimación internacional. El caso más paradigmático fue el Mundial 1978 de Argentina, donde el combinado albiceleste logró su primer título mundialista. En esta línea, figuras empresariales aprovecharon más tarde el creciente negocio del fútbol para lanzar sus carreras políticas mediante la compra de clubes.

[Lee: DP Enfoque 19. De la cancha al poder: fútbol y política en América Latina]

Pese a ello, el fútbol también funcionó como un espacio de resistencia a estos regímenes autoritarios. El ejemplo de la Democracia Corinthiana en Brasil demostró que el deporte podía transformarse en una plataforma de participación política y movilización democrática. En paralelo, durante los ochenta y noventa, el fútbol latinoamericano fue testigo de numerosos conflictos, asociados a la violencia del narcotráfico y el creciente ascenso de las barras bravas.

Una perspectiva geopolítica

En las últimas décadas, la globalización ha transformado a América Latina en una región exportadora de talento futbolístico. La liberalización del mercado europeo tras la Ley Bosman de 1995, unida al crecimiento exponencial de los ingresos por los derechos televisivos y la publicidad, ha facilitado la migración masiva de jugadores latinoamericanos hacia clubes europeos. Esta tendencia ha afianzado una relación desigual entre Europa y América Latina. Hoy en día, Brasil y Argentina encabezan la exportación de futbolistas, reproduciendo dinámicas económicas similares a las de sus modelos de exportación de materias primas. 

Con miras al Mundial de Fútbol 2026, todos estos factores muestran que el fútbol constituye un escenario idóneo para comprender la geopolítica de América Latina.

Te puede interesar:

• ⁠ DP Enfoque 19. De la cancha al poder: fútbol y política en América Latina
• ⁠ Diálogo Político: Sociedad, política y fútbol
• ⁠ Realidades políticas detrás del fútbol: de la integración a la corrupción

El presidente Rodrigo Paz apostó por Alianza Patria para cobijar a sus candidatos en las Elecciones Subnacionales del 22 de marzo y la segunda vuelta para gobernaciones el 19 de abril (solo en cinco regiones). Sin embargo, no logró obtener el respaldo territorial que buscaba.

Luego de más de dos décadas del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) en diferentes esferas del poder,  los resultados de estos comicios reafirmaron el fin hegemónico del partido. Aunque la apuesta de la izquierda y el movimiento indígena popular, a través de alianzas estratégicas, consolidó su presencia en unos 161 municipios. En la otra vereda, la derecha también fragmentada, alcanzó triunfos en unos 135 municipios del país y la gestión de seis de las nueve gobernaciones, aunque sin una figura o liderazgo definido con alcance nacional.

Según un informe presentado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), en las elecciones subnacionales de 2021 participaron 122 siglas y en 2026, esa cifra se elevó a 181, un incremento del 34%. “A nivel nacional, 152 de esas siglas, el 84%, no alcanzaron ni siquiera el 1% de los votos o superar los 50.000 sufragios en todo el país. Ninguna fuerza política logró ganar en más de dos gobernaciones”, precisa el documento.

Este tablero político complejo y disperso plantea la interrogante clave: ¿cómo el presidente Paz logrará gobernabilidad? Las señales en los primeros seis meses de su gobierno han mostrado constantes altibajos. Aunque todavía su mayor soporte es el cambio de timón respecto a la política socialista de sus predecesores y dejar en claro el nivel de responsabilidad del pasado. De hecho, es el argumento que repite en sus discursos: “Nos dejaron una cloaca” y el proceso de “ordenar la casa”.

Acuerdos y presión social

La luna de miel ha terminado. Los errores ya no son solo desaciertos que se pueden pasar por alto. Son decisiones que en algunos casos demuestran incluso improvisación y hay una lista de hechos que opacan la gestión de Paz. Los más importantes están relacionados con la situación de los combustibles ya sea por la mala calidad o por la escasez. La problemática creció y le costó el puesto al ministro de Hidrocarburos, una de las figuras fuertes dentro del gabinete. Pero también está la transparencia sobre ciertos manejos en empresas estratégicas del Estado y compromisos que no se sostienen en el tiempo.

En los últimos meses varios sectores están ejerciendo presión con bloqueos de carreteras, movilizaciones y marchas. Incluso están alcanzando niveles de violencia y alta polarización. Los escenarios reflejan el descontento y el hartazgo de una situación económica frágil, ya arrastrada, pero que sigue golpeando el bolsillo del ciudadano. 

¿Alianzas para la gobernabilidad?

Luego de dos procesos electorales desgastantes, este momento da paso a la reconfiguración del poder territorial. Más allá de la coordinación o consensos que las nuevas autoridades estén empujados a establecer con el poder central, tienen su propia agenda. Por eso Paz quiso adelantarse convocando a un encuentro nacional con todos los actores políticos del país apostando por consensos que le ayuden a viabilizar su gobernabilidad. Pero también reconoció que “será extremadamente difícil” superar la crisis económica porque existen grupos que “buscan frenar las transformaciones para retornar al pasado”.

¿Hasta dónde podrá avanzar entre aliados y críticos? Su apuesta poselectoral está en la mesa. Es claro que los acuerdos deberán llegar porque alcaldes y gobernadores, tampoco cuentan con mayorías para gobernar. Esto puede significar trabas radicales respecto a la aprobación de presupuestos, planificación de proyectos y disposición de normativas.

El famoso 50/50 que prometió el presidente en su campaña sigue generando polémica. En simple, se refiere a la redistribución del poder económico entre el nivel central y las regiones. Es decir, una descentralización para que los manejos sobre salud, educación, infraestructura y producción sean más autónomos. Desde la visión del presidente Paz, es la mejor forma de enfrentar al “estado tranca”. Pero aún hay aspectos que no quedan claros respecto a su implementación. Pues, requiere de cambios legales complejos y el riesgo de que se pueda ahondar la inestabilidad y desigualdad de algunas regiones. 

El rol del Congreso

Hasta ahora ninguna iniciativa importante propuesta por el Gobierno tuvo el aval del Congreso. En más de seis meses de gestión, el presidente no pudo consolidar una base legislativa que le garantice mediana gobernabilidad. En este escenario adverso, Rodrigo Paz se ha apoyado más en decretos porque las negociaciones con la Asamblea Legislativa Plurinacional quedan estancadas.

Ahora el gobierno propuso un paquete de diez proyectos de ley en áreas como hidrocarburos, minería, electricidad y otras. Además de la creación de una comisión para impulsar la reforma parcial de la constitución y permita avanzar con las medidas económicas y las nuevas inversiones para el país. Por otro lado, el presidente Paz anticipó una nueva ley electoral, reforma judicial y una ley de seguridad nacional.

La realidad es que aún se espera por los resultados estructurales, mientras la economía va en lenta recuperación, recrudece la presión social y sube el nivel de desconfianza en la política actual. ¿Podrá Paz lograr los consensos y fortalecer su administración? Medio año para responder la pregunta puede ser pronto o no.

Te puede interesar:

• ⁠ 100 días de Rodrigo Paz al mando de Bolivia, expectativas y tensión
• ⁠ Rodrigo Paz y la promesa de una nueva era para Bolivia
• ⁠ El fin de la hegemonía y regreso de la democracia pactada en Bolivia

El clima intelectual y político de los años 90 estuvo marcado por la convicción de que la democracia liberal se expandiría globalmente. La idea aparecía tanto en la tesis de El fin de la historia de Francis Fukuyama como en la doctrina de “ampliación democrática”, impulsada por Bill Clinton, quien en 1993 sostuvo ante Naciones Unidas que el gran objetivo de la posguerra fría debía ser expandir y fortalecer la comunidad mundial de democracias de mercado. Posteriormente, en su discurso inaugural de 1997, señalaba que por primera vez más personas vivían en democracia que bajo dictadura.

Tres décadas después, ese paisaje intelectual se derrumbó. El Reporte de Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo-Suecia advierte una creciente erosión de la democracia liberal. Este es el punto neurálgico, no la idea simplista de democracias versus dictaduras. Se trata del deterioro de diversas democracias a nivel de independencia judicial, libertad de prensa, control al Poder Ejecutivo, calidad deliberativa, respeto a las minorías y autonomía institucional. En otras palabras: la democracia puede existir electoralmente, pero perdiendo su densidad republicana. V-Dem lo denomina como la “tercera ola de autocratización”.  

Es el segundo año consecutivo que el estudio reporta más autocracias que democracias en el mundo. En los hechos, estamos ante una reversión histórica. La conclusión más fuerte es que, para el ciudadano promedio del mundo, la democracia volvió a niveles de 1978. Es decir, buena parte de las ganancias acumuladas desde la tercera ola democratizadora iniciada en 1974 prácticamente se esfumó. El informe agrega algo todavía más inquietante: 74% de la población mundial vive hoy en autocracias, y apenas 7% vive en democracias liberales. A ello se suma que el retroceso se está dando en los países de peso en el universo democrático.

Reversión histórica 

El reporte muestra que el “centro de gravedad” del poder global se está desplazando hacia regímenes autoritarios. El problema no es solo cuántos países empeoran, sino cuáles. Esto reviste al actual retroceso de un enorme peso simbólico y geopolítico cuando se ubica a Estados Unidos en el centro del problema, al que tampoco escapa México. EEUU cayó al nivel de 1965 y que la velocidad de su deterioro actual no tiene precedentes en la historia moderna del país. Cuando la principal potencia occidental entra en una trayectoria de autocratización, la idea de una democracia liberal mundial como horizonte compartido empieza a deshilacharse.

Por eso el informe insiste en medidas ponderadas por población y por PIB: una mejora democrática en un país chico no compensa el deterioro de los grandes, como India o Indonesia.

La magnitud del deterioro se ve también en la calidad del régimen. V-Dem registra 92 autocracias y 87 democracias al cierre de 2025. Además de crecer, los regímenes autoritarios se endurecen. Las autocracias cerradas aumentaron de 22 en 2019 a 35 en 2025, y ya hay más personas viviendo en ellas que en todas las democracias liberales y electorales combinadas.

La libertad de expresión aparece como el aspecto más golpeado: 44 países empeoran en este rubro en 2025, cuando en el 2000 la mayoría los mejoraba. También retroceden la libertad de asociación, la transparencia de las elecciones y la deliberación pública. La censura gubernamental sobre los medios sigue siendo la táctica más frecuente de los autocratizadores, mientras que la represión de la sociedad civil gana terreno. Incluso reaparece con fuerza un dato siniestro: la tortura como herramienta de supresión política.

¿Y qué pasa en América Latina?

América Latina merece una atención especial por su fragmentación: países democráticos (Costa Rica, Uruguay y Chile) y autoritarios (Venezuela, Cuba, Nicaragua). La región alcanzó su pico democrático a comienzos de los 2000 y viene descendiendo desde entonces. La mejora reciente de Brasil insinuaba un pequeño rebote, pero en 2025 esa tendencia volvió a quebrarse por los deterioros en Argentina, México y Perú. El hostigamiento a los medios, deslegitimación a los opositores, debilitamiento de los organismos de contralor y el hiperpresidencialismo son algunas de las prácticas iliberales identificadas.

Además de los casos ya emblemáticos de Cuba o Venezuela, V-Dem identifica seis países latinoamericanos y caribeños en procesos de deterioro: Argentina, El Salvador, Haití, México, Nicaragua y Perú. Al mismo tiempo, señala cuatro países en democratización (Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala), lo que confirma que la región vive una fase de alta inestabilidad de régimen más que una trayectoria uniforme. La región dejó de ser una zona de expansión o consolidación democrática para convertirse en un espacio de mayor inestabilidad dependiente de los gobiernos de turno.

Solo 5% de la población regional vive en democracias liberales, 64% lo hace en democracias electorales y casi 29% bajo distintas formas de autocracia o zonas grises autoritarias. 

Degradación silenciosa

Si en los 90 la pregunta dominante era cuán lejos llegaría la democracia, hoy la pregunta es cuánto resistirá. No hablamos de golpes de Estado al estilo de los 60 y 70. Se trata de una degradación mucho más sutil y difícil de diagnosticar. Los gobiernos electos erosionan los contrapesos, asfixian la deliberación pública, hostigan a medios y oposiciones y vacían la democracia sin eliminar las elecciones.

La erosión democrática viene ligada a una crisis de representación política previa. Esta crisis tiene dos  caras: el malestar contemporáneo con la élite gobernante y el caldo de cultivo para liderazgos que prometen eficacia y autenticidad a costa de todo lo que se interponga en su camino.

Te puede interesar:

• ⁠ Captura del poder judicial, una tendencia autocrática en América Latina
• ⁠ América Latina ante la tercera ola de autocratización
• ⁠ Arquitecturas autocráticas: del Estado policial al Estado totalitario en Nicaragua

El fútbol ha vertebrado la historia de América Latina durante los últimos 150 años. Sus dinámicas internas son el reflejo de las tendencias políticas, económicas y sociales que se han reproducido en la zona a lo largo de su historia contemporánea. Desde su introducción hasta su consolidación como fenómeno de masas, el balompié ha estado ligado a los procesos de modernización, a los cambios en el contexto internacional y a la construcción de las identidades nacionales y regionales.

[Síguenos: Linkedin |Youtube]

Las divergencias entre la Concacaf y la Conmebol reflejan la fragmentación entre los países latinoamericanos de América del Sur y los de Norteamérica y América Central. Estas diferencias responden a factores geopolíticos como la influencia de Estados Unidos y del Reino Unido, lo que explica las trayectorias diversas del balompié en la región. Por el contrario, el fútbol ha funcionado como herramienta de cohesión social e integración nacional, ayudando a definir narrativas nacionales propias frente a esas influencias externas.

Sin embargo, esa capacidad para articular identidades y popularizarse entre el público ha facilitado su instrumentalización política. Gobiernos populistas, dictaduras y diversos líderes latinoamericanos han usado el fútbol como herramienta de legitimación, propaganda y control social. De forma simultánea, el deporte rey también ha mostrado su otra cara: ha servido como espacio de resistencia y expresión democrática para los grupos opositores.

Por último, la corrupción, la violencia y la presencia del crimen organizado en el fútbol latinoamericano muestran las debilidades políticas e institucionales de la región, así como los principales desafíos a la seguridad que todavía persisten en sus países. Por todo ello, el fútbol constituye un escenario idóneo para comprender la geopolítica de América Latina.

Publicación: mayo 2026

ISBN 978-9915-9707-9-0

Te puede interesar:

• ⁠ Diálogo Político: Sociedad, política y fútbol
• ⁠ Realidades políticas detrás del fútbol: de la integración a la corrupción
• ⁠ La sacralización del fútbol 

Pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara su intención de retirar a cinco mil soldados estadounidenses de Alemania, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el 1 de mayo que EEUU planeaba ejecutar dicho retiro en un plazo de entre seis y doce meses.

En la opinión pública se debate hasta qué punto —desde la óptica de Trump— la insuficiente colaboración del Gobierno alemán en la guerra contra Irán, y las expresiones en este contexto del canciller Friedrich Merz y el ministro de Defensa Boris Pistorius, pudieron haber influido en esta decisión.

Algo similar podría esgrimir la Casa Blanca respecto al presidente español, Pedro Sánchez, y a la primera ministra italiana, Georgia Meloni. Una retirada de tropas como represalia por la retirada de simpatías. Así podría interpretarse. Pero este enfoque resulta simplista y no abarca la complejidad del asunto.

Resistencia estadounidense

Mientras en Berlín la decisión fue recibida, en particular por el momento elegido, con notable asombro, en Washington surgieron incomprensión y críticas. Un colaborador del Congreso fue citado afirmando que el Pentágono «no esperaba una decisión de este tipo y no contaba con ningún plan de retirada». Más claros aún fueron los senadores republicanos Roger Wicker y Mike Rogers, quienes se mostraron visiblemente consternados por la decisión. En una declaración conjunta reconocieron los esfuerzos de Alemania en materia de reparto de cargas, citando tanto el incremento significativo del gasto en defensa como el apoyo a la presencia de tropas estadounidenses y a la operación Epic Fury.

[Síguenos: Linkedin |Youtube]

Ambos subrayaron que, aunque los aliados estén aumentando ahora sus inversiones en defensa, se necesitará tiempo hasta restablecer plenamente las capacidades de defensa convencional. Una reducción prematura de tropas en Europa, antes de alcanzar ese punto, enviaría «la señal equivocada a Vladimir Putin«. Antes de pensar en retirar efectivos, EEUU debería considerar un mayor despliegue hacia el este de Europa para enviar una señal firme a Moscú.

Los representantes demócratas de la oposición coincidieron en gran medida y fueron incluso más lejos en sus evaluaciones. El anunciado repliegue no estaría respaldado por una política ni una estrategia de seguridad estadounidense coherente. Según el congresista Adam Smith (D‑Washington), sería exactamente lo contrario de lo que se necesita y alentaría a Rusia.

Más allá de la propia decisión de reducir las tropas, para EEUU surgen también considerables desafíos logísticos. Todd Harrison, del American Enterprise Institute, señaló que la retirada conllevaría importantes costes y que actualmente existen limitadas capacidades en EEUU para alojar a 5.000 militares y a sus familias.

El inspector general de la Bundeswehr, Carsten Breuer, quien se encontraba al mismo tiempo en la capital estadounidense para presentar la nueva estrategia alemana de defensa a representantes estadounidenses, se mostró seguro al declarar: «Como mayor economía de Europa, Alemania tiene la ambición de desempeñar un papel de liderazgo más importante en la OTAN. Está claro que Alemania asume una mayor responsabilidad«.

Según la visión de Berlín, este aumento de responsabilidades debe situarse más bien al final de un proceso gradual y no al comienzo. Forma parte de los consensos compartidos desde que la OTAN decidió en junio de 2025 elevar el gasto en defensa al 5% de PIB.

¿Coherencia interna?

Las decisiones sobre el aumento o la reducción de tropas estacionadas en el extranjero no se toman en el vacío. Se basan en la Estrategia Nacional de Defensa (National Defense Strategy, NDS), publicada bajo esta denominación desde 2018. Con la presentación de la NDS, el Pentágono cumple un mandato del Congreso para definir el marco estratégico y las prioridades del Departamento de Defensa al inicio de cada administración.

La estrategia presentada en enero por Pete Hegseth coincide en muchos aspectos con la Estrategia de Seguridad Nacional (National Security Strategy, NSS) presentada previamente en noviembre de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos documentos se centran en el principio de “America First”, el fortalecimiento interno de EEUU, la contención de China mediante la fortaleza, un mayor reparto de cargas con aliados y socios y una expansión masiva de la industria de defensa estadounidense. Desde el inicio del mandato de Trump, la concepción estadounidense de reparto de cargas se ha hecho más evidente.

[Lee: Edición Especial: El fin del orden]

A su vez, durante décadas fue práctica habitual de las administraciones estadounidenses llevar a cabo, tras la NDS, una Revisión de la Postura Global (Global Posture Review, GPR) y publicar al menos parte de sus resultados. Esta revisión servía para evaluar las estaciones de tropas en el extranjero y, en su caso, introducir ajustes derivados de cambios en escenarios de amenaza, prioridades estratégicas o desplazamientos geopolíticos. El documento informaba al Congreso para obtener recursos presupuestarios adicionales o reorientar los ya aprobados.

En la actualidad, el Pentágono ha trabajado en una nueva edición de la GPR desde mediados del año pasado, pero no ha publicado ninguna conclusión. Esto ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de congresistas y senadores. «Si no disponemos de la GPR, ciertamente no resulta útil para nuestro trabajo», declaró el senador republicano Jim Banks (R‑Indiana). Esto dificulta considerablemente la toma de decisiones fundamentadas sobre el presupuesto de defensa.

Poca información militar

Miembros de la OTAN expresaron en conversaciones confidenciales que esta carencia de información complica su propia planificación militar. «Nuestra gran petición es la previsibilidad«, fue citado un alto representante de la alianza. El Pentágono justificó su proceder señalando que mantiene conversaciones bilaterales con legisladores, aliados y socios para informar a todos los implicados sobre la aplicación de la NDS.

Este enfoque, descrito por críticos como un patrón de actuación unilateral, no encontró respaldo ni entre otros responsables en Washington ni en Bruselas. Actualmente, EEUU mantiene cerca de 170.000 soldados activos fuera de su territorio. Los principales focos de despliegue son Japón (54.300), Alemania (36.500) y Corea del Sur (23.500). Italia (12.700), el Reino Unido (10.000) y España (3.800) figuran también como emplazamientos relevantes.

Aún es difícil prever qué desplazamientos adicionales se producirán a la luz de las prioridades estratégicas de Trump. El Congreso no puede impedir directamente el traslado de tropas estadounidenses, aunque ambos disponen de una influencia considerable al poder bloquear el proceso mediante decisiones presupuestarias. Fuentes del Pentágono ya indican que el proceso iniciado podría requerir más tiempo del previsto. ¿La segunda es la vencida?

Durante su primer mandato Trump ya había intentado retirar o reubicar a 12.000 soldados estadounidenses de Alemania, algo que finalmente no se materializó. A ello se suma que el retiro ahora anunciado coincide con la fase de campañaprevia a las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU.

El cálculo del presidente Trump podría ser recuperar apoyo, especialmente entre su electorado más fiel, tras la fuerte caída de sus índices de popularidad derivada de la guerra contra Irán. No obstante, dependiendo de la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas, esta suposición podría revelarse errónea.

Te puede interesar:

• ⁠ Autonomía militar europea: un cambio de paradigma con consecuencias globales
• ⁠ ¿Cuánto gasta Latinoamérica en defensa?
• ⁠ Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025: ¿cómo impacta a Latinoamérica?

Los minerales críticos son esenciales para la transición energética y digital a nivel mundial. Se utilizan en la fabricación de sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, baterías y semiconductores. Los yacimientos y el procesamiento de recursos como el litio, el cobre y las tierras raras se concentran geográficamente en unas pocas regiones del mundo.

Es por esto que América Latina está adquiriendo una creciente importancia geopolítica. La región cuenta con las mayores reservas mundiales de estos recursos clave. Por lo tanto, tiene el potencial de convertirse en un socio decisivo para EEUU y la UE, que desean diversificar sus cadenas de suministro y asegurar el acceso a estas materias primas a largo plazo.

Reservas y distribución de materias primas

América Latina alberga enormes reservas que son fundamentales para la seguridad nacional y la independencia geoestratégica de Occidente. Los países más destacados son Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Perú y México.

El llamado triángulo del litio (Argentina, Chile, Bolivia) alberga más del 50% de los recursos mundiales. Mientras que Chile y Argentina ya son productores consolidados, Bolivia cuenta con el mayor potencial, en parte sin explotar, con alrededor de 28 millones de toneladas. Hasta ahora, los obstáculos técnicos y la inestabilidad política han dificultado la extracción en ese país.

El cobre, indispensable para la infraestructura eléctrica, es clasificado como crítico por la UE y EEUU. Chile y Perú cubren juntos casi el 35% de la producción mundial y poseen más de una cuarta parte de las reservas mundiales.

Con una producción de casi 30 materias primas críticas, Brasil ocupa un lugar especial. Controla el 93% de la producción mundial de niobio, que es decisivo para el endurecimiento del acero y los superconductores. Además, Brasil posee importantes yacimientos de tierras raras, níquel (11% de las reservas mundiales) y grafito (24% de las reservas).

México y Perú lideran la producción mundial. En total, más del 50% de la producción mundial de plata se encuentra en América Latina, lo cual es de gran relevancia para la industria electrónica y solar.

Sin embargo, la estructura actual del mercado está fuertemente marcada por los intereses de China. En las últimas décadas ha realizado inversiones masivas en minas e infraestructura, lo que hoy en día dificulta la competencia para los actores occidentales.

Agenda estadounidense

EEUU se esfuerza por romper el dominio de China, que no solo controla la producción nacional de minerales críticos, sino también la transformación a nivel mundial. En el caso del grafito, las tierras raras y otros minerales, la dependencia de EEUU de las importaciones chinas supera en algunos casos el 70%. América Latina se presenta aquí como una alternativa estratégica.

En la actualidad, EEUU ya obtiene casi todo su litio de Chile y Argentina, y el 80% de su cobre. Para consolidar este suministro, EEUU apuesta por acuerdos bilaterales sobre materias primas. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina (2026) tiene como objetivo otorgar a las empresas estadounidenses acceso privilegiado a los minerales en el distrito minero de Vicuña. También se firmaron memorandos de entendimiento con Paraguay, Perú y Ecuador.

El giro hacia la derecha en la región benefician a la estrategia estadounidense. Además, EEUU deja claro su interés estratégico directo al promover específicamente a las empresas estadounidenses. Un ejemplo es el reciente apoyo a USA Rare Earth mediante un generoso préstamo de la Casa Blanca para la adquisición de la empresa minera brasileña Serra Verde.

Importancia para la Unión Europea

Con la Ley de Materias Primas Críticas, la UE pretende garantizar que para 2030 un máximo del 65% de sus necesidades provenga de un único país tercero. Dado que la UE depende casi por completo de China en lo que respecta al magnesio y las tierras raras, América Latina es el socio más importante para la diversificación.

Esto también quedó claro en las consultas gubernamentales entre Alemania y Brasil celebradas a finales de abril en Hannover. El canciller Merz destacó el potencial del país en materia de tierras raras, mientras que el presidente Lula promocionó la región como socio gracias a yacimientos de niobio, grafito y níquel. A cambio exigió una mayor transferencia de tecnología y la creación de valor local.

La UE apuesta principalmente por los acuerdos comerciales. El acuerdo con el Mercosur, que entra en vigor en mayo de 2026, ofrece nuevas oportunidades de inversión en la transformación local, así como normas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) para construir cadenas de valor sostenibles. Paralelamente, la UE consolida la cooperación con Chile mediante un acuerdo comercial que aborda específicamente el suministro sostenible de cobre y litio.

Lo que falta para tener la oportunidad

América Latina tiene el potencial de convertirse en un territorio clave en la carrera por las materias primas a nivel mundial. China tiene una ventaja estructural gracias a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, así como a inversiones tempranas y cuantiosas (aproximadamente 14.200 millones de dólares al año entre 2010 y 2019). Los actores occidentales intentan recuperar este retraso mediante nuevas alianzas.

Sin embargo, cada vez son más evidentes los conflictos de intereses: por ejemplo, Argentina firmó un acuerdo bilateral de materias primas con EEUU poco después del acuerdo entre la UE y el Mercosur. Además, las orientaciones políticas divergentes, como la pertenencia de Brasil a los BRICS o la inestabilidad en Venezuela y Bolivia, dificultan una estrategia occidental coherente.

Por lo tanto, la seguridad del abastecimiento a largo plazo de Occidente solo será posible si las asociaciones en materia de materias primas van más allá de los meros intereses de exportación y contribuyen al mismo tiempo al desarrollo industrial y a la estabilidad política y económica de América Latina. Si esto se logra, América Latina puede convertirse en un socio estratégico confiable de Occidente en el ámbito de las materias primas críticas.

Te puede interesar:

• ⁠ La geopolítica de la energía y sus nuevos ejes globales
• ⁠ Litio sostenible en América Latina
• ⁠ Venezuela, ¿el activo estratégico de Washington?

La reconfiguración del tablero político venezolano dejó a la oposición en una posición paradójica, aunque con visos de ventaja. Tiene legitimidad popular, pero sin control sobre los resortes institucionales, sin ser el actor central en la mesa de negociación para el restablecimiento de la industria petrolera y el diseño de la transición.

¿Qué le queda a la oposición venezolana en este nuevo escenario? ¿Es la apuesta de María Corina Machado por regresar y coordinar los activos políticos de la oposición una simple intención o existe un plan realista? ¿Qué futuro aguarda a la oposición interna que ha participado en las elecciones parlamentarias y regionales de 2025 y gobierna algunos espacios locales?

Transición estancada

El llamado plan de tres fases elaborado por Rubio contempla: 1) la reorganización del negocio petrolero y la estabilización del país en términos de servicios básicos; 2) la recuperación del tejido social y las condiciones para la convivencia; 3) la transición política.

Parece que el país se encuentro un poco en la primera y otro tanto en la segunda fase, definitivamente alejado de la tercera. ¿Por qué? De la primera fase resalta la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la cooperación con EEUU para recibir las regalías de la venta de petróleo controlada desde la administración Trump. Sin embargo, la agobiante inflación y el mal estado de los servicios públicos es aún asfixiante para la estabilización de lo elemental. De la segunda fase, algunos gestos: la liberación de un número importante de presos políticos y la apertura de algunos medios de comunicación para transmitir a MCM y la oposición, y la tolerancia relativa a protestas sociales, como las encabezada por el movimiento estudiantil universitario y algunos sindicatos en Caracas y diversas capitales del interior.

No obstante, de la transición política —que exige cambios en la autoridad electoral, el sistema de justicia y el reconocimiento de todos los actores políticos— no hay una señal clara. Trascendió la noticia de una jubilación anticipada de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sin un reemplazo concretado.

Oposición: entre marginalidad y reacomodo

Es claro que EEUU tiene como principal interlocutora a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y no a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) o María Corina Machado. Marco Rubio afirmó al principio que esto es así por la falta de poder real de la oposición en el terreno, en efecto cierto.

Rodríguez ha demostrado capacidad para introducir cambios sin desestabilizar el sistema —desde la renovación del gabinete hasta la remoción de figuras clave—, lo que la posiciona como garante de cierta estabilidad en el corto plazo. Para la oposición, este escenario es un arma de doble filo: reduce el costo político de una transición incierta y de altísimo riesgo, en un país institucionalmente devastado, y al mismo tiempo la relega a un rol de espectador, sin incidencia en la hoja de ruta inmediata y con el riesgo de erosionar su capacidad de convocatoria. La oportunidad está en enfocar la reorganización opositora dentro y fuera del país.

[Lee: Paola Bautista Alemán: “La oposición venezolana tiene que exigir lo que sea posible”]

Machado y Edmundo González enfrentan el desafío de mantener la cohesión y visibilidad en un contexto donde el poder real se disputa entre Washington y sectores del chavismo dispuestos a negociar. La creación de la Oficina de Vocería Presidencial (diciembre 2025) buscó precisamente ordenar el mensaje y evitar contradicciones para sortear las dificultades de operar desde el exterior, bajo persecución y fragmentación.

MCM, eje de la oposición

La estrategia de María Corina Machado ha buscado: 1) alinear el discurso opositor; 2) agradecer el apoyo de los ciudadanos estadounidenses para garantizar el soporte del gobierno Trump; 3) mantenerse como referente activa. Su épica salida para recibir el Nobel hizo posible una multiplicidad de reuniones y conferencias, antes reducidas a instancias virtuales breves, riesgosas y con las restricciones de la clandestinidad. En el exilio, Machado y su equipo han podido calibrar el potencial de la oposición.

La estrategia opositora combina presión internacional (sobre todo para la liberación de presos políticos), construcción de legitimidad y reorganización interna. Sin embargo, los límites estructurales son evidentes. El control del régimen sobre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia limita la capacidad de la oposición para legalizar sus partidos, postularse a futuras responsabilidades de gobierno y en consecuencia liderar la transición.

Como líder de la oposición, MCM no deja de generar repercusiones, sobre todo por declarar su intención de regresar a Venezuela y de gobernar el país. ¿Es una estrategia para mantener la cohesión con sus seguidores o existe un plan concreto para disputar el poder en el nuevo escenario?

Dilema operativo

El respaldo internacional (Marco Rubio y el gobierno de EEUU, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, José Antonio Kast, Felipe González) refuerza el liderazgo simbólico de Machado. Pero no resuelve el dilema operativo: sin control territorial, la posibilidad de que Edmundo González o la propia Machado asuma el poder depende más de factores externos que de una estrategia propia. Por ejemplo, esperar posibles cambios en la correlación de fuerzas dentro del chavismo o una eventual convocatoria a elecciones libres.

Además, Machado tiene comunicación fluida con el gobierno de Trump. Marco Rubio y congresistas republicanos son afines a la oposición venezolana desde hace muchos años. De hecho, el grupo parlamentario republicano por Florida es el principal animador dentro del gobierno estadounidense para que la PUD sea considerada. La reunión presencial de Machado con Trump en la Casa Blanca fue un hito para reforzar el vínculo. Desde entonces el tono hacia ella es más próximo.

Mientras, el chavismo se resiste a reconocer a Machado como actor político. Sin embargo, ¿el gobierno encargado chavista podrá sostener por mucho tiempo la exclusión de la oposición?

La otra oposición: ¿pragmatismo, resistencia o posible aliado?

Un actor poco analizado es la «oposición moderada» que participó en las elecciones de 2025 organizadas por el chavismo luego del fraude electoral. Con presencia institucional limitada —14 de 285 diputados y 60 de 335 municipios—, el sector liderado por Henrique Capriles y Tomás Guanipa optó por una estrategia de supervivencia: sostener espacios locales y una postura menos resistente al chavismo negociar para garantizar cierta gobernabilidad.

Su trayectoria ofrece lecciones sobre los límites y las posibilidades del pragmatismo político en contextos autoritarios. Ha logrado administrar recursos escasos y mantener redes sociales a costo de cooptación, persecusión y escasa legitimidad y respaldo electoral en los comicios de 2025. Según encuestas de boca de urna, votó menos del 20% del padrón electoral (el CNE informó que fue el 40%, en ambos casos los números más bajos en lo que va de siglo).

Su rol en el futuro es incierto. Existe una convergencia puntual con la oposición respecto a la liberación de presos políticos y el retorno de exiliados. Pero persisten diferencias sobre el ritmo y la profundidad de la transición.

No es descartable que la oposición moderada pueda desempeñarse como puente entre parte de la sociedad civil y las autoridades de transición, mientras mantenga su autonomía y evite ser colaborador del régimen. Al momento esto no ocurrió. Su futuro dependerá de la capacidad de articular con la PUD y de la disposición de EEUU y el chavismo a permitir una apertura política real.

Transición en encrucijada

Mientras la salida de Maduro plantea un dilema para muchos analistas, también representa la mayor esperanza de cambio en muchos años para los venezolanos. ¿Cómo construir una transición democráticaen un país devastado, cooptado por el crimen, con actores internos fragmentados y bajo la tutela de la potencia hemisférica dominante? La oposición, lejos de estar fuera de juego, enfrenta el desafío de reinventarse y aprovechar las grietas abiertas en el bloque chavista y el respaldo de la comunidad internacional.

El futuro dependerá en buena medida de su capacidad para mantener la cohesión, negociar condiciones mínimas de competencia política y evitar la marginación.

Te puede interesar:

• ⁠ Venezuela, ¿el activo estratégico de Washington?
• ⁠ Juan Pablo Guanipa: “La gente está de acuerdo, pero tiene mucha preocupación con los tiempos”
• ⁠ ¿Por qué la ley de amnistía aprobada en Venezuela es insuficiente?

Desde la operación contra Nicolás Maduro el 3 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, no promueve un cambio de régimen, sino un camino híbrido que responde a los intereses de Washington. La estructura tejida por Maduro permanece intacta, pero ahora alineada con la estrategia de hegemonía en América Latina, orientada a contener la influencia de China y asegurar el acceso a recursos estratégicos como petróleo y minerales críticos.

Como ha explicado Daniel Yerguin, vicepresidente de S&P Global, el orden económico parece encaminarse a una nueva era de dominación de los recursos. “Hemos dejado atrás la era de confianza en los mercados y entrado en otra donde la mano de los gobiernos es mucho más visible”, resumió el historiador que ha seguido de cerca la geopolítica de la energía al Financial Times.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta y la intervención de Washington no solo abrió el sector a las grandes empresas estadounidenses y europeas. Además ejerce una tutela sobre el uso de los recursos como mecanismo de control y de estabilización de una economía en la que nueve de cada diez dólares provienen del barril.

Al ascender a la Presidencia, Delcy Rodríguez aceptó las condiciones impuestas por Washington. Los petrodólares que corresponden al Estado venezolano se depositan en una cuenta bajo supervisión del Departamento del Tesoro, que aprueba cada mes el presupuesto de gasto presentado por Caracas.

En paralelo, Venezuela ha redirigido los envíos de petróleo —que antes iban principalmente a China— hacia las refinerías de EEUU, adaptadas para procesar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, y hacia India, un destino que la administración de Donald Trump quiere desligar progresivamente de los barriles rusos.

Las inversiones

Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios de petróleo. Actualmente produce un millón y las proyección es que a fin de año alcanzará 1,3 millones de barriles diarios.

Empresas ya presentes en el país, como la estadounidense Chevron y las europeas Repsol, ENI y Shell, firmaron contratos para ampliar la producción en los campos que operan e incorporar nuevos bloques. Al mismo tiempo, compañías como Exxon Mobil y ConocoPhillips enviaron ejecutivos a Caracas para evaluar un eventual retorno tras las expropiaciones sufridas durante el gobierno de Chávez.

En un contexto en el que la inestabilidad en Medio Oriente difícilmente desaparezca en el corto o mediano plazo, los pozos de petróleo de Venezuela ganan atractivo. Sin embargo, la infraestructura petrolera del país está averiada y sufre por los constantes cortes de electricidad. Para alcanzar los tres millones de barriles diarios se necesitará una inversión colosal de 100.000 millones de dólares, de acuerdo con expertos como Francisco Monaldi del Instituto Baker.

Está por verse si, en un escenario donde la democratización de Venezuela parece relegada en la lista de prioridades de la Casa Blanca y con la posibilidad de que Donald Trump pierda el control del Congreso en las elecciones de medio término, las empresas extranjeras estarán dispuestas a invertir masivamente en el país.

Desplazar a China

En su ofensiva para reducir la dependencia de China en minerales críticos —insumos vitales para la defensa, la transición energética y la industria tecnológica— la administración Trump busca convertir los yacimientos de América Latina en una fuente estable de abastecimiento.

Pekín consolidó un cuasi monopolio sobre estos recursos y llegó a restringir su flujo en respuesta a los aranceles impuestos por Trump durante la guerra comercial. Aunque después hubo una tregua —con reducción de aranceles por Washington y flexibilización de restricciones por China—, EEUU tomó nota de su vulnerabilidad.

Durante la restricción que impuso Pekín, casi un tercio de los programas de adquisiciones del Pentágono enfrentó riesgo de desabastecimiento, al igual que industrias clave como la automotriz y la energética. La capacidad de China para volver a cerrar el grifo persiste, y las exportaciones de tierras raras con aplicaciones de doble uso —militares y civiles— siguen en gran medida bloqueadas, debilitando los esfuerzos de rearme de Occidente.

Minerales críticos

En este escenario, Venezuela —al igual que Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y gran parte de la región— se ha convertido en un objetivo por su riqueza mineral. En marzo, el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, llegó a Caracas acompañado por veinte representantes de empresas mineras. La misión fue explorar condiciones para iniciar operaciones en yacimientos que, según datos oficiales, concentran aparte de 644 toneladas de oro minerales que Washington incluye en su lista de recursos críticos.

Venezuela, aunque no ha certificado oficialmente sus reservas, cuenta con una amplia variedad de minerales estratégicos. Entre ellos destacan el níquel, clave para fabricar baterías; el carbón metalúrgico, esencial en la producción de acero; el coltán, indispensable para la electrónica; el cobre, vital para las redes eléctricas; el antimonio, usado en el sector militar como retardante de fuego y en aleaciones; y el manganeso, fundamental para reforzar el acero y producir baterías.

El 9 de abril, el Parlamento venezolano reformó la Ley de Minas para abrir el sector a la inversión privada y extranjera. La norma regula los derechos mineros, establece categorías para la explotación a pequeña, mediana y gran escala, introduce el arbitraje independiente en caso de controversias y fija concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.

La explotación minera enfrenta un obstáculo central: desplazar a los grupos armados colombianos —como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC— de los estados fronterizos y de la región de Guayana, en el sur de Venezuela, donde se concentran los principales yacimientos. El pasado 25 de abril el presidente de Colombia, Gustavo Petro aterrizó en Caracas y tras reunirse con Delcy Rodríguez afirmó que habían acordado “configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo” para combatir a los grupos armados en la frontera.

El plan de Washington sigue en marcha y se aproxima a una fase más aguda: el combate a la narcoguerrilla, con el objetivo de asegurar el dominio sobre los minerales críticos de Venezuela, tal como ya lo ejerce sobre el sector petrolero.

Te puede interesar:

• ⁠ El negocio del petróleo y el dilema venezolano
• ⁠ De Ormuz al Amazonas: cómo se posiciona Sudamérica en el tablero petrolero
• ⁠ ¿Cómo queda la disputa por el Esequibo tras la caída de Maduro?

Más de un millón y medio de personas vieron en Kick —plataforma de videos en vivo— la entrevista de Luis Fernando Villa, conocido como Wetscoll, al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Parado frente a la cámara, el joven streamer describió el “ranchito” en el que vive el presidente y generó mensajes para los medios de comunicación “amarillistas”, con esa charla iban a tener muchos titulares.

El próximo 10 de mayo, el influencer entrevistará al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su hacienda El Ubérrimo, en Córdoba. “La intención es alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política», explicó al anunciar las dos entrevistas a los políticos colombianos.

En busca del voto joven

Las entrevistas se dan justo antes de la primera vuelta a la Presidencia. El profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Icesi, Juan Pablo Milanesse, asegura que estos acercamientos entre el presidente y el influencer tienen que ver con el intento de fortalecer su penetración dentro de un segmento electoral específico: los jóvenes. “Hace cuatro años a Petro le fue significativamente mejor entre los jóvenes y creo que en este contexto electoral reforzar el voto joven es crucial para la candidatura de Iván Cepeda (candidato del oficialismo) y llegar a potenciales nuevos votantes que pueden ser parte del público de este personaje”, explica.

Milanesse agrega que entre los jóvenes estas plataformas de streaming han terminado reemplazando la televisión. Pero con un formato relativamente parecido a esta: con una grilla de horario y programas.

Lo dicho por el profesor coincide con las tendencias encontradas en el Digital News Reports 2025 del Instituto Reuters. Explica cómo los denominados «nativos sociales» (entre 18 y 24 años) abandonaron los sitios web de noticias tradicionales para informarse principalmente a través de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. En esta última red social la entrevista al presidente Petro tuvo además 16.000 comentarios.

En los gráficos siguientes vemos que el porcentaje de personas que aseguran que se informan en redes sociales creció.

El auge de las redes sociales como fuente de noticias acompaña un cambio aún más profundo: el video como formato dominante de consumo informativo. Según el Instituto Reuters, las plataformas de video como YouTube y TikTok se rigen cada vez más por el contenido de los creadores. Esto desplaza a las marcas de noticias tradicionales incluso en sus propios canales. Los jóvenes no solo prefieren informarse en redes sociales: prefieren hacerlo viendo, no leyendo.

El estudio Twitch como herramienta de comunicación política: análisis de potencialidades, de Núria Roca-Trenchs, de la Universitat Internacional de Catalunya, y Alexandre López-Borrull y Ferran Lalueza de Universitat Oberta de Catalunya, señala: “En el livestreaming, los espectadores se sienten escuchados, pueden expresarse libremente y generar una nueva forma de participación y activismo político”.

Streamers, influencers y política

Los influenciadores o creadores de contenido en las redes sociales ganan terreno en la política. En las elecciones al Congreso de Colombia se presentaron aproximadamente 20 candidatos influencers. Siete lograron llegar al Senado y otros cinco a la Cámara de Representantes. Varios de ellos tienen canales en YouTube y realizan transmisiones en vivo.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. En distintos países y con distintos formatos, políticos de diverso signo entienden que para llegar a los jóvenes hay que ir a donde ellos están.

La ola empezó en Europa y EEUU. En este país, las personalidades y los influencers, como el podcaster Joe Rogan, desempeñan un papel importante en la configuración de los debates públicos. Los políticos también han mostrado interés por Twitch, creando su propio perfil o participando en retransmisiones de streamers. En 2020, la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez (AOC), creó un perfil en Twitch, que cuenta con más de 900.000 seguidores. Jugó el juego Among Us delante de más de 400.000 espectadores, una estrategia para conectar con un público joven.

En España, Pablo Iglesias fue entrevistado en 2021 por el streamer Yuste, cuyo contenido habitual gira en torno a los deportes electrónicos. Partidos como VOX y el PSOE crearon sus perfiles en Twitch, en 2021 y 2022, como estrategia de comunicación juvenil. Mientras, en 2021 en Francia, El entonces primer ministro francJean Castex fue entrevistado en Twitch en 2021 por el periodista Samuel Etienne y en 2022 la candidata presidencial Anne Hidalgo apareció en el canal de FranceTV en la misma plataforma. En Italia, el exprimer ministro Giuseppe Conte aceptó la invitación de streamers profesionales durante la campaña de 2022.

Este fenómeno llegó a América Latina. En Argentina, Javier Milei se apoyó en estas plataformas para llegar a la presidencia. Esa estrategia continúa, con influencers y streamers como el polémico Daniel Parsino, conocido como Gordo Dan, en el programa streaming La Misa. El año pasado, Manuel Adoni, portavoz de Milei, creó su propio programa de streaming titulado Fake, 7, 8, en el que habla de lo que el Gobierno considera “noticias falsas” y ataca a periodistas y medios de comunicación.

Un modelo muy similar a Las Mañaneras que inició el expresidente de México, Manuel Andrés López Obrador y continúa Claudia Sheibaum, que se transmite en vivo por YouTube. O al programa Con el Mazo Dando  de Diosdado  Cabello en Venezuela.

Y en esta época electoral, en Perú el excandidato César Acuña, de la Alianza Para el Progreso (APP),  abrió un canal en Kick y apareció en vídeos en vivo con influencers reconocidos en esta plataforma. Aunque esa visibilidad no se tradujo en votos, pues quedó en el puesto 13 con solo el 1%.

El formato streaming

Un streamer es un creador de contenido que transmite en vivo sin edición previa. Una transmisión en directo puede durar desde una hora hasta más de doce horas seguidas. La audiencia interactúa simultáneamente a través de un chat en tiempo real, lo que genera cercanía y espontaneidad.

Esto significa que un político que se sienta frente a un streamer no puede preparar respuestas milimetradas de antemano: el formato demanda naturalidad. Los streamers, que vienen del mundo de los deportes, los videojuegos y el entretenimiento, utilizan un lenguaje cotidiano, directo y espontáneo. Despojan a la política de su solemnidad habitual y transformándola en una experiencia emocional y cercana.

Figuras como Westcol actúan como intermediarios para una generación que prefiere informarse a través de la interacción directa en el chat y el contenido viral.

En el mundo de las transmisiones en vivo aparecen Twitch y Kick. El primero, con más de 240 millones de usuarios activos mensuales y cerca de 23.000 millones de horas vistas, se consolidó como el principal escenario del streaming global. Kick, creado en 2022 como su competencia, no alcanza estas cifras pero ha ido aumentado su presencia, especialmente en América Latina.

Pero no todo es positivo. Un informe de El País indica que tiene vínculos con el casino global Stake, una casa de apuestas digital denunciada en Estados Unidos, y “en el mundo de los directos tiene fama de ser la plataforma que permite casi todo, como violencia, insultos, drogas, apuestas o desnudos”.

Te puede interesar:

• ⁠ ¿Cómo Discord y las redes se convirtieron en la plaza pública de la Generación Z?
• ⁠ La comunicación política de 2025: entre trends, storytelling y experiencias virtuales
• ⁠ La gamificación de la política: las elecciones peruanas 2026 en el metaverso de Roblox

Hace 150 años John Gast pintaba American Progress. En la pintura, la figura de Columbia avanza con el cable del telégrafo en una mano y un libro en la otra. El mensaje es claro: la tecnología y la educación traen consigo la luz del orden y la civilización. El progreso de la sociedad nos da una mirada esperanzadora para la vida.

Hoy ese cable, transformado en IA, se ha convertido en el lazo que nos asfixia y genera temor. La educación perdió la autoridad de abrir camino. ¿Qué pasó mirar el futuro con ansiedad? Hace ya un tiempo escuchamos casi a diario que educamos para trabajos que aún no existen. Es un latiguillo que, bajo la apariencia de realismo, encubre una renuncia a educar.

Esta cultura de la desesperación sobre el futuro del mercado del trabajo no creó un debate sobre el sentido de la educación, sino que dio lugar a un mar revuelto de propuestas pedagógicas que en ocasión carecen de un propósito genuino. Y no sabemos si han hecho un favor al futuro de la educación y de los niños y los jóvenes.

Modelo en crisis

Si hay una crisis en la educación, ante la incapacidad de educar para el futuro en la universidad, es porque crujen los cimientos en los que se crearon muchos modelos innovadores. No se puede atender a esta desesperación cultural del siglo XXI con las visiones y recetas del siglo XIX.

El modelo dominante en la educación universitaria sudamericana tiene su origen en la universidad napoleónica: una educación eficiente para la formación de burócratas, ingenieros y técnicos útiles para el desarrollo del Estado y la industria.

[Lee: El fin del orden]

Bajo una visión de la “industria académica”, el estudiante es un cliente que invierte en un título que espera que le dé un retorno. Cada proceso de su formación es auditado en función de su utilidad e incremento para su currículum, y sobre cómo lo va a insertar utilitariamente en el mercado.

La realidad es que este contrato hoy se ha roto. No hay certeza de que las habilidades para la tarea no estén amenazadas por el desarrollo tecnológico, y muchas universidades profesionalizantes se han quedado sin producto que vender. Por lo cual, si la visión sobre la educación, es una educación para el hacer, la obsolescencia técnica se convierte en obsolescencia humana. La persona se ve reducida a una pieza de recambio.

La herencia cultural

Frente al utilitarismo que busca convertir al estudiante en un mero recurso, el modelo de la Bildung (especialmente en su vertiente humboldtiana) propone la universidad como un espacio de formación del espíritu. Aquí, la educación no es una herramienta para el mercado, sino un proceso de la transformación interior que se da con el encuentro con la herencia cultural. Esta propuesta tiene grandes bondades en la superación de la educación como una herramienta. Como señala Gregorio Luri, se trata de recibir un legado que nos constituye y nos libera del “presentismo”.

[Síguenos: Linkedin |Youtube]

Sin embargo, como modelo universitario para la situación de incertidumbre actual debemos reconocer los riesgos que conlleva. La visión de la educación como un espacio de conservación de la cultura, o mejor de la alta cultura, corre el riesgo de ser un lujo para unos pocos que se ocultan en una torre de marfil. Asimismo, esta dimensión meramente contemplativa conlleva en una cultura y una teoría impotente para colaborar en el desarrollo de la vida y la comunidad.

Cultura con propósito

La alternativa es el paradigma del florecimiento humano (human flourishing). Esta propuesta integra el hacer y el conocer bajo un fin superior, rescatando una tradición clásica que hoy impulsan organismos como la UNESCO y que han sistematizado recientemente autores como Kristján Kristjánsson, James Arthur o Edward Brooks. La universidad debe abandonar definitivamente la idea de capital humano. Esta visión reduce a la persona a un simple instrumento del mercado y convierte el desarrollo personal en un enfrentamiento meritocrático entre individuos.

Una educación basada en el florecimiento no se desentiende del desarrollo profesional, pero lo integra en el contexto de un proyecto vital. David Brooks distingue entre las virtudes del currículum y las virtudes de elogio, aquellas por las que deseamos ser recordados. Las primeras son las que nos ayudan en el mercado laboral. Las segundas son las que definen nuestra identidad moral y nuestra capacidad de amar y servir. La universidad comprometida con el florecimiento cultiva ambas virtudes, buscando que los jóvenes alcancen una vida valiosa y no solo un éxito material efímero.

Sabiduría práctica

El cultivo del conocimiento no intenta promover un simple bienestar. El bienestar se suele identificar con un mero estado subjetivo de calma. El florecimiento o eudaimonía no es un estado sino una actividad. Es por ello que exige el ejercicio de las virtudes o fortalezas del propio carácter para poder dar respuestas a los desafíos que se presentan en la vida. Esto implica no solo un conocimiento de sí mismo, sino un diálogo con el entorno y la comunidad. Se traduce en sabiduría práctica: la capacidad de discernir y actuar con rectitud en medio de la complejidad actual.

Así, una universidad que integra la formación profesional, la conservación de la cultura y la discusión con el presente, lo hace por medio de la discusión comprometida. Esto exige  recuperar una comunidad de relaciones auténticas. En vez de un adiestramiento solitario frente a una pantalla, promueve un ámbito de discusión sobre los problemas actuales y otorga un propósito comunitario a la formación técnica. La comunidad universitaria adquiere entonces una visión amplia. Ordena el conocimiento que transmite hacia una reflexión activa sobre la sociedad y la vida que se desea desarrollar.

Solo recuperaremos la autoridad de la educación si restauramos la centralidad de la persona y la comunidad como fin último. La universidad debe articular la sabiduría heredada con el ímpetu tecnológico. No solo para responder a la incertidumbre, sino para formar una comunidad capaz de gobernar el progreso. La búsqueda del florecimiento implica en última instancia educar ciudadanos que no serán súbditos del cambio sino arquitectos del futuro.

Te puede interesar:

• ⁠ La IA no corrige Estados ineficientes, los amplifica
• ⁠ Democracia artificial
• ⁠ Manual #5 Inteligencia artificial y el futuro de la política