En México, hasta agosto de 2025, hay más de 130.000 personas están reportadas como desaparecidas o no localizadas según cifras oficiales. A pesar de los esfuerzos gubernamentales anunciados este año —como la creación de nuevas comisiones de búsqueda y reformas legales en seguridad—, no son suficientes.

La falta de respuestas llevó a que colectivos civiles como las Madres Buscadoras de Sonora tengan que asumir búsquedas masivas en campo.

Cecilia Flores, fundadora del colectivo, fue reconocida como una de las 300 líderes más influyentes de México en 2025, quedando en el lugar número 113 de una lista elaborada por Revista Líderes Mexicanos. Este reconocimiento la destaca por su incansable labor en la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo a sus propios hijos desde 2015. En entrevista con Diálogo Político, la activista repasa su trayectoria y por qué su labor es necesaria en México.

Con su colectivo realizó búsquedas masivas: encontraron a más de 2.700 cuerpos y localizaron a más de 10.000 personas con vida en su labor de campo y con apoyo de redes sociales.

Convertir el dolor en lucha

Quisiera comenzar por el inicio de su lucha. Entiendo que tras la desaparición de su primer hijo, su padre fue quien la animó a no quedarse en la depresión. ¿Qué fue lo que rompió ese momento y la hizo levantarse?

—Estaba muy mal. No podía comer, no dormía, vivía en una depresión profunda. Me alimenté por tres meses con solo café y agua. Sentía que si comía, mi hijo podía estar con hambre, y eso no me dejaba tragar alimento. Mi papá fue quien me dijo: “Ya es mucho tiempo. El Flaco hubiera regresado si pudiera. Tienes que ir a buscarlo”. Me habló de unas señoras que buscaban personas desaparecidas y me pidió que me uniera a ellas.

Usted ha dicho: “El dolor no desaparece, se convierte en lucha”, ¿qué quiere decir la frase?

—El dolor es lo que nos hace salir. Aun sintiendo que no vivimos, ese dolor y amor por nuestros hijos nos dan fuerza. La desesperación, el amor y el dolor se funden en una sola cosa que te hace salir corriendo a buscarlos. Pero al salir te preguntas: ¿a dónde? ¿por dónde empiezo? Yo empecé por los canales, porque un hermano me dijo que ahí muchas veces la mafia dejaba cuerpos. Y en mi primera semana encontré uno. Pensé que era mi hijo… pero no lo era.

Organizar la búsqueda

¿Cuándo fundó usted el colectivo Madres Buscadoras?

—Cuatro años después de que desapareció Alejandro. Entonces desaparecieron dos más de mis hijos: Marco Antonio y Jesús Adrián. Jesús estaba conmigo ese día. Fuimos a casa de su hermano Marco, y ahí se los llevaron. Logré recuperar a Jesús Adrián, pero no a Marco Antonio.

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En México hay más de 128,000 personas oficialmente registradas como desaparecidas, pero usted ha dicho que esa cifra está muy por debajo de la realidad. ¿Por qué?

—Porque muchas familias no denuncian. Por miedo, por amenazas, porque tienen más hijos. La cifra real es mucho más alta. Las autoridades manipulan las cifras a su favor y la gente, por miedo, guarda silencio.

Su colectivo ha encontrado a más de 2,700 cuerpos y localizado a más de 10,000 personas con vida. ¿Qué se siente devolver a alguien con vida a su familia?

—No tiene nombre. Es una paz y una esperanza. Yo no lo hago por agradecimientos. Lo hago para la honra de Dios. Porque espero que así como yo devuelvo paz, alguien un día me devuelva a mis hijos.

Modus operandi

¿Cómo encuentra las fosas?

—Al principio no sabíamos ni por dónde empezar. Escogíamos lugares como montes, riberas de ríos, canales. Luego, con las redes sociales, empezamos a recibir información anónima. Nuestra página tiene más de un millón y medio de seguidores, y eso nos ha dado credibilidad incluso en el extranjero.

¿Cómo ayuda a las madres que la buscan?

—Lo primero es que les pido la información de su desaparecido nombre completo fecha lugar que desapareció inmediatamente. Hacemos una ficha de búsqueda, subimos a las plataformas. informamos a nivel de nuestras redes sociales y a la familia. Les sugerimos que tienen que hacer una denuncia ante las autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos proceder como las autoridades. Nuestra búsqueda es en campo o con nuestras redes sociales, pegar volantes, hacer fichas de búsqueda, solicitar a través de la red social a la ciudadanía para que nos diga dónde podemos encontrar a esa persona así.

He sacado de la cama a muchas madres ya deprimidas por la desesperación, por la angustia de no saber, no están. Sus hijos ya están muriendo de dolor, le digo. Para mí no te puedes morir, porque si tú te mueres, quién busca tu desaparecido? No me dejes a mí toda la carga, porque no es toda mi obligación de buscar a tu hijo.

¿De dónde recibe más solicitudes?

—De todo México. Especialmente de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán. También de Estados Unidos, de gente que no puede regresar a México pero que nos pide ayuda para encontrar a los suyos.

El riesgo de ayudar

Usted ha dicho que su trabajo la ha puesto en riesgo. ¿Sigue siendo perseguida?

—Sí. Vivo desplazada. No tengo una casa fija porque sería blanco fácil. He sido amenazada muchas veces. El gobierno federal me da cierta protección, pero no para las búsquedas. Hacemos el trabajo que deberían hacer ellos.

¿Qué significa para usted la justicia?

—No existe. Solo confío en la justicia divina. Las autoridades nos han fallado. Le tengo más miedo a las autoridades que a los cárteles. A los cárteles no les debo nada. A las autoridades sí: he visibilizado lo que ellos han querido ocultar.

¿Alguna vez ha recibido ayuda de personas relacionadas con el crimen?

—A veces recibimos llamadas anónimas que nos indican dónde hay fosas. Quizás sea alguien que participó, que quiere limpiar su conciencia. Yo siempre digo que hasta el peor criminal tiene en algún rincón del corazón un poco de compasión.

¿Cuál es la situación de los niños huérfanos por desapariciones?

—Son las víctimas invisibles. Nadie los mira, nadie los ayuda. Yo les hago fiestas el día del niño, en Navidad. Ellos me dicen que quieren ser sicarios para vengarse. Es terrible. No se les da atención psicológica ni afectiva.

¿Cómo se sostiene económicamente?

—Yo vendo productos: ropa, joyería, cobijas. En cada búsqueda me llevo mi maletín y vendo a las propias madres. No tengo empleo fijo porque no puedo estar en un solo lugar. Y cuando no tengo ni para el lonche, Dios siempre provee.

¿Qué mensaje le daría a una madre que inicia hoy su búsqueda?

—Que no tenga miedo. El peor miedo es no volver a ver a su hijo. Que salga con pico y pala. Yo no entiendo el plan de Dios, pero sé que sin su fuerza no estaría aquí. Y si me dijeran: “Tu vida o la de tu hijo”, yo la daría sin dudar.

¿Le ha ofrecido alguien un cargo político?

—Muchas veces. Pero jamás lo aceptaría. Sería traicionar mi causa. Yo no busco poder. Mi lucha es por amor, no por ambición. Solo pararé cuando encuentre a mis hijos. Y aun así, creo que seguiré ayudando a otras madres.

Pero yo digo pues nosotros no somos politiquería como dicen, no somos políticas, no tenemos ningún partido, pero tenemos necesidad de que alguien nos escuche, de que alguien nos atienda, de que alguien vea nuestra situación, nos inviten y podamos tener un reflector que nos ayude para visibilizar lo que vivimos. Vamos a acudir a donde nos inviten, que digan ven para que la gente vea tu casa, la escuchen, atiendan y las pueda ayudar.

¿Algo más que quiera decir al público?

—Que nos sigan en la página de Madres Buscadoras de Sonora, que compartan las fichas y que no juzguen. Incluso el peor delincuente tiene madre. Que entiendan que nadie merece desaparecer. Solo Dios puede quitarnos la vida.

Tras el sorprendente resultado de las elecciones presidenciales bolivianas del 17 de agosto, que esperan un balotaje entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, se esperó con gran expectación la distribución del poder político en el Congreso y los posibles pactos que se requieran.

Con el fin de los veinte años de hegemonía del MAS, la gobernabilidad de Bolivia solo puede lograrse mediante una democracia pactada, es decir, la cooperación consensuada de diferentes partidos en coaliciones. La democracia pactada fue el elemento estabilizador fundamental de la democracia boliviana tras superar las dictaduras militares y la fase de la UDP entre 1985 y 2005. La reedición de esta democracia pactada no será fácil.

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Ningún partido dispone de la mayoría absoluta ni siquiera de dos tercios. En vista de los requisitos constitucionales (mayoría absoluta para las leyes simples, mayoría de dos tercios para las enmiendas constitucionales parciales), el nuevo presidente deberá buscar las mayorías correspondientes en el Congreso. 

Pactos y escenarios

Independientemente quién sea el presidente, si se formará una coalición entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Libre y Unidad, esta no tendría ningún problema de mayoría. Incluso podría soportar las deserciones, dada la escasa disciplina de partido y el transfugismo. Sin embargo, a la vista de las disputas previas a la segunda vuelta electoral de octubre, una coalición de este tipo parece poco probable en la actualidad.

Si Paz fuera presidente, apoyado por Doria Medina (Unidad), una coalición entre el PDC y Unidad sería el primer paso. Esta tendría una estrecha mayoría de dos tercios en el Senado, aunque solo con el voto del presidente del Senado, en calidad de vicepresidente de la República. En la Cámara de Diputados, esta coalición tendría la mayoría absoluta. Pero le faltarían diez votos para alcanzar la mayoría de dos tercios, que entonces tendría que negociarse con Libre o con varios de los partidos pequeños.

Si la victoria fuera de Quiroga, una coalición PDC-Libre tendría una clara mayoría en el Senado y una escasa mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados. Esta coalición solo tendría la mayoría de dos tercios del Congreso necesaria para proyectos específicos. En todas las demás constelaciones se necesitarían los tres grandes partidos.

Los escenarios numéricamente posibles son una cosa, pero la realización política de estos pactos es otra muy distinta.

Consideraciones

En comparación con el período 1985-2005, no se puede hablar de fragmentación, dado que hay siete partidos en el Congreso. La situación también es algo diferente a la de 1998, cuando se formó la megacoalición compuesta por cuatro partidos de fuerza casi igual. Esto reduce el espacio de consenso necesario.

La experiencia histórica, con las diversas formas de democracia pactada entre 1985 y 2005, demuestra que no se debe subestimar el pragmatismo de la política boliviana. Por otro lado, los últimos veinte años de dominio hegemónico del MAS polarizaron y dividieron profundamente a la sociedad. Esto ha dejado huellas en la cultura política del país. La forma de actuar del candidato del PDC a la vicepresidencia, Edman Lara, pone de manifiesto que esto no se limita solo a los políticos tradicionales del MAS. Además, en vista de las ideas en parte muy divergentes entre sí, la formación de una coalición viable no será nada fácil.

A esto se suma que el contexto constitucional de la democracia pactada no es comparable con el actual. Bajo la Constitución boliviana vigente hasta 2007, la presión para formar coaliciones era considerablemente mayor que en la actualidad. Esto se debe al sistema de presidencialismo parlamentarizado vigente en aquel momento. Si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta en las elecciones directas, el presidente era elegido por el Congreso por mayoría absoluta. El Congreso se enfrenta así a esta situación por primera vez en su historia democrática.

La gran incógnita es la composición de los distintos grupos parlamentarios, con muchas caras nuevas, y su peso real en la cuestión de la coalición. En particular, el caso del PDC plantea interrogantes. Por un lado, el Tribunal Electoral informó que el PDC, que evidentemente no había contado con este éxito electoral, no había presentado candidatos en una serie de circunscripciones y que ahora esos puestos se cubrirían mediante nominaciones internas del partido. Además, de los 271 candidatos presentados por el PDC, solo once son miembros inscritos del partido. Once candidatos son incluso miembros inscritos del MAS, de los cuales, según la información actual, tres han sido elegidos diputados. Habrá que estar atentos a los debates en el grupo parlamentario del PDC.

Si ya se logró colocar a miembros inscritos del MAS en las listas de otros partidos, ¿habrá también infiltrados del MAS aún no detectados en el PDC y otros partidos? Ante la amenaza de derrota, ¿es una estrategia deliberada del MAS?

El ejemplo del PDC demuestra que los escenarios numéricos por sí solos tienen un valor limitado.

La estrategia de Paz

A primera vista, Rodrigo Paz parece tener la ventaja. Doria Medina, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta con casi el 20% de los votos, le ha asegurado su apoyo. Quizás se esté uniendo lo que debe estar unido. Medina es vicepresidente de la Internacional Socialista (IS) y Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, también miembro de la IS, admitió oficialmente la noche de las elecciones que solo había tomado prestado la sigla del PDC para poder llevar su proyecto personal a las urnas sobre una base legal partidista.

Solo por esta constelación, la clasificación internacional de que el MAS había perdido contra la derecha boliviana no se ajusta a la realidad. Queda por ver si el electorado de Medina se someterá a este respaldo indossato o seguirá su propio camino. En cualquier caso, la justificación que dio Medina para justificar su postura es aventurada: Rodrigo Paz «no tiene un plan claro» y Quiroga «no tiene apoyo», por lo que él apoya a Paz. No suena muy convincente. La estrategia de Paz y Medina, de presionar a Quiroga para que renuncie a su candidatura, es por otro lado simplemente ingenua.

Lara amenaza a Paz

También es evidente que el candidato a la vicepresidencia, Lara, se ha convertido en una carga para Paz y su campaña electoral. Inmediatamente después de la primera vuelta, el expolicía, a quien se atribuye una parte considerable del éxito electoral de Paz, pasó al ataque. Contra Quiroga, contra los periodistas críticos, contra todos y cada uno de los que se oponían a su pretensión de liderazgo. Lara quería ser presidente, pero no tuvo éxito con la fundación de su partido.

Este modo de ataque, con su elección de palabras, gestos, tono de voz e incluso su dedo índice levantado, recuerda a tiempos pasados. Se convirtió rápidamente en Edman «Evito» Lara. Además, enfrenta varios procesos judiciales y parece haber hecho suya la paranoia, tan a menudo instrumentalizada, de su evidente modelo a seguir, Evo Morales. Advirtió a todos los que quisieran hacerle daño que no olvidaría nada y no perdonaría nada.

Rodrigo Paz tampoco se salvó de los ataques de su candidato. Lara llegó a declarar que si la gente no confía en Paz, deberían votar por él, que haría arrestar a Paz si no cumple sus promesas electorales. También criticó duramente el mandato de Paz como alcalde de Tarija. ¿Cómo es el equilibrio de poder interno en el dúo Paz-Lara?

Bolivia se enfrenta a decisiones, reformas y cambios importantes. Tanto los candidatos como los contenidos ofrecen un programa alternativo lleno de contrastes que, esperemos, cobre mayor protagonismo en los debates de las próximas semanas.

La historia política de América Latina está marcada por una constante tensión entre el poder y la justicia. Desde los años 70 hasta hoy, decenas de expresidentes han enfrentado procesos judiciales por delitos que van desde corrupción y fraude hasta violaciones de derechos humanos. Esta realidad no solo refleja una debilidad institucional crónica, sino también una cultura política que ha normalizado el abuso de poder.

Veinticinco expresidentes latinoamericanos han sido sometidos a procesos judiciales entre 1970 y 2025 categorizados como corrupción, lavado de dinero, conspiración, entre otros. La tabla que registra estos incidentes es un testimonio contundente del problema.

Hay nombres como Evo Morales (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá). Todos estuvieron involucrados en procesos judiciales que sacudieron sus países. Algunos fueron condenados, otros investigados, y unos pocos absueltos. Pero el patrón es claro: el poder presidencial en América Latina ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad.

La justicia llega tarde, pero llega

Uno de los aspectos más llamativos de esta lista es que muchos de los procesos judiciales se inician una vez que los mandatarios dejan el poder. Esto revela una justicia que parece débil durante el ejercicio presidencial pero que se activa cuando el poder político se desvanece. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta, y de Álvaro Uribe, quien enfrenta prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. En otros casos, como el de Lula da Silva, la condena fue anulada por irregularidades procesales, lo que plantea dudas sobre la independencia judicial.

[Escucha Presidentes tras las rejas]

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Por un lado, muestra que la justicia puede funcionar, aunque con lentitud. Por otro, evidencia que los sistemas judiciales están expuestos a presiones políticas, lo que mina la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que los poderosos solo enfrentan consecuencias cuando ya no tienen poder es corrosiva para la democracia.

¿Más de lo mismo?

En 2025, América Latina sigue enfrentando escándalos de corrupción y crisis institucionales. Por ejemplo, en Guatemala, el Ministerio Público es acusado de perseguir a jueces y fiscales independientes. En Perú, la inestabilidad política ha llevado a la sucesión de varios presidentes en pocos años, muchos de ellos investigados por corrupción. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por el uso político de la fiscalía general. Y en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 dejó al descubierto los vínculos entre política y crimen organizado.

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Estos hechos actuales confirman que la relación entre política y justicia sigue siendo conflictiva. La impunidad, la manipulación judicial y la falta de transparencia continúan siendo obstáculos para el fortalecimiento democrático. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama cambios profundos que permitan construir instituciones sólidas y confiables.

¿Cómo enfrentar el problema?

La producción de recetas para luchar contra la fragilidad institucional latinoamericana no es cosa nueva. En la región, han proliferado procesos de reforma estatal y se han firmado cientos de convenios con agencias internacionales y otros gobiernos para mejorar las capacidades de los estados. Sin embargo, es evidente que las tareas pendientes son muchas.

Es necesario fortalecer la independencia judicial y garantizar que los jueces y fiscales puedan actuar sin presiones políticas. Esto implica reformas en la selección de magistrados, mecanismos de control ciudadano y protección para los administradores de justicia. La independencia judicial no es solo un principio democrático, sino una condición necesaria para combatir la corrupción.

La opacidad es aliada de la impunidad. Por eso los gobiernos deben implementar políticas de transparencia activa, facilitar el acceso a la información pública y promover el periodismo de investigación. La ciudadanía debe tener herramientas para fiscalizar a sus representantes y exigir rendición de cuentas.

La lucha contra la corrupción no se gana solo en los tribunales, sino también educación cívica. Es necesario fomentar una cultura democrática que valore la ética pública, el respeto a la ley y la participación ciudadana. La educación cívica debe ser parte central de las políticas públicas y no un accesorio nostálgico.

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Estas recomendaciones, que reúnen las bases indispensables de la democracia occidental liberal, no están escritas en piedra. Requieren una actualización constante. A medida que el mundo avanza, crecen también las tareas para resolver. Así, las leyes que sirvieron en el pasado para garantizar la independencia de poderes y evitar la corrupción, hoy pueden estar obsoletas.

Oportunidad para cambiar

La relación entre política y justicia en América Latina ha sido históricamente difícil, pero no está condenada al fracaso. Los procesos judiciales contra expresidentes, aunque tardíos, son señales de que la impunidad puede ser enfrentada. Sin embargo, para que estos casos no sean excepcionales, se requiere un compromiso firme con la institucionalidad, la transparencia y la participación ciudadana.

América Latina tiene la oportunidad de transformar su cultura política. Sorprendentemente, a pesar de la creciente presencia del crimen organizado y de la violencia, sigue siendo una región de paz y mayoritariamente democrática. Ese valor es un diferencial ante otras regiones que, por paradójico que parezca, tienen mayor influencia en la agenda internacional.

La ciudadanía está más alerta, los medios más activos, y las redes sociales han democratizado la información. Si se logra fortalecer la justicia, educar en valores democráticos y exigir transparencia, la consecuencia esperable es la de sociedades en las que el poder no sea sinónimo de impunidad, sino de responsabilidad.

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La derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón electoral de la Argentina, se debió, en primera lugar, al descontento de un sector mayoritario de la población con el ajuste económico que implementa el presidente, casi sin freno, desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2023.

El lado B de la estabilización fiscal y el control de la inflación, aspectos positivos de la gestión de Milei, es la restricción de los ingresos de las familias. Sobre todo las que residen en el Gran Buenos Aires, que concentra altos niveles de pobreza. Eso deriva en caídas del consumo y de la actividad económica, que el gobierno desatendió.

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De hecho, Milei hizo un culto de su estilo radical para implementar el rumbo de su administración. Se convirtió en una referencia tanto a escala regional como global con el símbolo de la motosierra, que reivindica los recortes presupuestarios aún en áreas sensibles para los ciudadanos, como las universidades o el sistema de salud público.

Fracaso de la motosierra

A esto se suman las crecientes denuncias por supuestos hechos de corrupción en el seno del Gobierno que impactaron en las últimas semanas de la campaña electoral bonaerense. Especialmente por la filtración de audios de un funcionario que estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

La sospecha de que mientras se aplicaban los recortes en el presupuesto, que Milei defendió por medio de vetos ante votaciones adversas en el Congreso, se pagaban coimas a funcionarios vinculados a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al clan Menem, galvanizó la bronca que ya existía con el ajuste.

En términos discursivos, Milei y La Libertad Avanza cometieron un error evidente: agudizaron su sesgo antikirchnerista, que en la provincia de Buenos Aires es lo mismo que decir antiperonista, sin reparar en que esa estrategia hundió a sus antecesores de centroderecha.

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El propio Milei surgió en 2023 como un liderazgo político inesperado que reemplazó la derecha democrática argentina ante el fracaso del modelo económico de Mauricio Macri y, paradójicamente, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, entre 2015 y 2019. Aunque lo hizo con tintes más populares que el macrismo.

Ahora, a partir de la derrota de Milei y sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, está en duda que los libertarios puedan mantener una inserción en sectores bajos y medio-bajos, como lo habían conseguido dos años atrás. Esto es riesgoso para el presidente porque se asimilaría a las fuerzas derechistas clásicas, que se encierran en círculos de elite.

El peronismo de Kicillof

En la vereda de enfrente hay novedades políticas. La victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires no tuvo como protagonista a la expresidenta Cristina Kirchner, que está detenida con prisión domiciliaria en un departamento de Buenos Aires. El liderazgo emergente en el principal partido de oposición argentino es el de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia.

Kicillof anticipó las elecciones locales respecto de las legislativas nacionales, que serán el 26 de octubre, enfrentándose con Cristina Kirchner, que se oponía a este cambio. Se llevó consigo varias decenas de intendentes, que son el corazón del aparato peronista bonaerense. El gobernador puso en jaque la conducción partidaria del hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner.

El empoderamiento de Kicillof tiene consecuencias concretas: se trata un dirigente que asume posturas diametralmente opuestas a las de Milei en el plano económico. Tiene una concepción dirigista, focalizada en el rol del Estado, y su visión geopolítica es refractaria a la influencia de Estados Unidos en la región. Con un agregado: tiene lazos articulados con China.

Kicillof delega sus relaciones internacionales en Carlos Bianco. Es su ministro de gobierno y “canciller” en funciones, quien suele recibir a funcionarios y empresarios chinos que, en forma coordinada, proyectan la expansión del gigante asiático en la Argentina. La relación es tan fluida que evidencia que Milei atrasa cuando califica a Kicillof como “enano soviético”.

Milei tiene una alianza estratégica con el presidente de EEUU, Donald Trump, que le permite llevar las riendas siempre corcoveantes de la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el alineamiento del presidente argentino no ha redundado en más inversiones norteamericanas que contribuyan a dinamizar la actividad económica.

La displicencia con la que Milei encaró las relaciones con los países de la región, en especial con Brasil, Uruguay y Chile por su sesgo ideológico, para focalizar toda su atención en EEUU y, de manera conexa, en Israel, provoca ahora que ese espacio vacío lo ocupe Kicillof. Tras la victoria electoral tomó contacto directo con Lula Da Silva y Yamandú Orsi.

Derrota provincial, ¿derrota legislativa?

El presidente argentino transcurrió las horas posteriores a su primera gran derrota electoral tratando de recomponer la línea de un gobierno que todavía no comprende las razones por las cuales el electorado de la provincia de Buenos Aires le dio la espalda. Además, afrontando las consecuencias económicas, con caídas en los mercados y suba en la cotización del dólar.

El escenario que se abre ahora en la Argentina está cargado de incertidumbre. El Gobierno debe transitar un mes y medio por un camino sembrado de espinas hacia las elecciones legislativas nacionales de 26 de octubre. Si ese día Milei volviera a perder, el que quedará empoderado en la próxima etapa será el Congreso, al que Milei destrató sistemáticamente.

El sistema de alianzas del Gobierno está en crisis. Muchos gobernadores provinciales se alejaron de la Casa Rosada y no piensan volver a sentarse con Milei en la mesa si no cambia su actitud. Lo que antes se percibía como positivo, la idea de un liderazgo disruptivo que venía a castigar a la clase política, ahora empieza a jugarle en contra al presidente argentino.

El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum se presentó como una celebración de logros, continuidad y estabilidad. Es un informe que repasa siete años, porque sumó los seis del expresidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, más allá de la puesta en escena, el discurso evidenció las tensiones entre propaganda y realidad. El ejercicio no respondió al espíritu democrático de rendición de cuentas, sino a la construcción de un relato político que busca legitimar un proyecto de poder.

Analizar el informe exige observar no sólo los datos expuestos —muchos de ellos cuestionables—, sino también la narrativa que se intentó imponer. A continuación, cinco puntos permiten comprender lo ¿qué está en juego en el arranque de esta nueva etapa política en México?

Economía frágil y deuda creciente

El gobierno presentó como avances un crecimiento económico moderado y el incremento en los ingresos públicos. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un PIB prácticamente estancado, con un promedio de 0.42% y caídas significativas en sectores estratégicos como la construcción, la minería y el comercio.

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Al mismo tiempo, el gasto público padeció un subejercicio de 286 mil millones de pesos, afectando áreas clave como salud y educación. Mientras, la deuda creció 1.24 billones en apenas nueve meses. La supuesta estabilidad se sostiene, en realidad, sobre transferencias clientelares y endeudamiento, lo que compromete la sostenibilidad futura.

Corrupción estructural y ausencia de rendición de cuentas

Uno de los ejes narrativos del informe fue la apelación constante a la “honestidad”. Sin embargo, los hechos contradicen esa premisa. El caso Segalmex permanece como el mayor desfalco documentado en décadas, con más de 15 mil millones de pesos observados. Aunque cerraron la instancia, la nueva, que se llama Alimentación para el Bienestar, en menos de un año ya tiene 2 mil millones de pesos desaparecidos.

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A ello se suman la corrupción en las compras por adjudicación directa, el desabasto crónico de medicamentos y el crecimiento del huachicol. Según autoridades estadounidenses, este fenómeno ya representa una fuente de financiamiento para los principales cárteles.

La insistencia en la honestidad contrasta con la proliferación de escándalos, lo que sugiere un divorcio creciente entre la retórica oficial y las instituciones de fiscalización y justicia.

Seguridad: consolidación del narco-Estado

La narrativa presidencial presentó a México como un país en paz, sustentado en un supuesto “humanismo mexicano”. No obstante, las cifras de homicidios, la violencia en regiones enteras y la penetración del crimen organizado en la política contradicen este planteamiento.

Los vínculos documentados de actores del oficialismo con grupos criminales, el retiro de visas norteamericanas o la inversión de los territorios dominados por cárteles constituyen ejemplos de la captura del Estado por redes ilícitas. En este contexto, el discurso pacifista encubre una realidad de cesión territorial y debilitamiento del Estado de derecho.

Es cierto que hay una ligera mejoría en el renglón de homicidios, pero resulta hasta cínico presumirlo cuando en seis años el aumento en los desaparecidos es de 65%.

Salud y educación en retroceso

El informe subrayó avances en el abasto de medicamentos (dijeron 90%) y en la cobertura. Sin embargo, el desabasto persiste a tal grado que seis veces ha dicho la presidenta que “ya se va a resolver”. Además, los más de 24 millones de mexicanos que han perdido el acceso a la salud desde el 2018 ha hecho que los hogares duplicaran su gasto en medicinas, reflejo de un sistema de salud colapsado.

En materia educativa, 44% de las escuelas carecen de equipamiento básico y el presupuesto de 2025 se redujo respecto al año anterior. La política se ha centrado en la expansión cuantitativa de las Universidades del Bienestar, pero sin las condiciones mínimas de infraestructura ni calidad académica. La gran cifra que se afirmó en el mensaje fue que llegaron 85,000 alumnos en 202 universidades del Bienestar, o sea, como 420 alumnos por plantel. En proporción, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene unos 260 mil estudiantes en 36 planteles.

Narrativa propagandística

El rasgo más visible del informe fue la manipulación de datos. Se presumió un récord en inversión extranjera directa cuando en realidad cayó 6% respecto a 2024. Se inflaron las cifras de vivienda, se exageró el incremento del salario mínimo y se omitieron problemas estructurales. Por mencionar algunos.

El caso mexicano se convierte en un ejemplo preocupante sobre la pérdida de contrapesos y equilibrios democráticos. No se puede omitir que el mismo día del informe fue la toma de protesta del nuevo Poder Judicial. El expresidente estadounidense, James Madison, indicaba: “La acumulación de todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en las mismas manos, sean de uno, de pocos o de muchos, y sea por herencia, autonombramiento o elección, puede enunciarse con justicia como la definición misma de tiranía”. Además de los tres poderes, se debe sumar un aparato mediático que busca callar opiniones que disientan e imponer una narrativa.

La consolidación de un discurso único, acompañado de la concentración de poder y la manipulación de cifras, no fortalece a la democracia, la debilita.

Símbolos versus verdad

El primer informe de Claudia Sheinbaum mostró menos resultados verificables que recursos retóricos. La economía se sostiene en deuda, la corrupción erosiona la legitimidad institucional y la violencia consolida espacios de algo que sólo se puede definir como narco-Estado. Frente a estos desafíos, la respuesta fue una narrativa que privilegia símbolos y consignas, contra el pasado y contra opositores, sobre hechos y resultados.

El reto de México es recuperar el sentido original de la política como espacio de verdad y de servicio público. Solo desde la transparencia, la pluralidad y la rendición de cuentas podrá construirse una narrativa distinta: la de un país que enfrenta sus problemas con honestidad y que aspira, no a la propaganda y a la concentración de poder, sino, a la democracia auténtica.

El modelo de “diálogo y consenso” establecido entre el sector privado nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega desde 2007 hasta su colapso formal en 2018. Una alianza inicialmente justificada para la búsqueda de estabilidad económica y reducción de la conflictividad política terminó legitimando y consolidando un régimen autoritario.

Durante más de una década, los empresarios nicaragüenses privilegiaron la agenda económica sobre la política. Esto permitió un crecimiento sostenido del PIB y de la Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, este modelo se edificó sobre la exclusión ciudadana, la subordinación institucional y la ausencia de contrapesos democráticos. La crisis de abril de 2018, detonada por la reforma a la seguridad social, reveló los límites del acuerdo: más de 350 muertos, miles de exiliados y la ruptura formal de la relación entre Ortega y el empresariado.

Aunque el pacto generó beneficios económicos temporales, debilitó gravemente la institucionalidad democracia y facilitó la deriva autoritaria del régimen. La persistencia de acuerdos tácitos entre Ortega y los empresarios, aun después de 2018, mantendría la inestabilidad política y económica de Nicaragua, subrayando la necesidad de una nueva cultura empresarial comprometida con la democracia y la institucionalidad.

Autor: José Antonio Peraza, analista político nicaragüense y experto en el sistema electoral nicaragüense.

El martes 2 de septiembre comenzó el juicio por la trama golpista perpetrada por Jair Bolsonaro y otros miembros de su gobierno en enero de 2023, tras la derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Se espera que, aún esta semana, todos los acusados sean condenados por intento de golpe de Estado.

Es un juicio sin precedentes en la historia de Brasil: un expresidente de la República y militares de las más altas patentes de las Fuerzas Armadas, juzgados por el Tribunal Supremo Federal (STF) por intentar subvertir el orden democrático del país que debían defender (y no intentar destruir). El juicio es la etapa final de un largo proceso, ramificado en varias líneas de investigación, elaborado a lo largo de los últimos dos años y medio.

Todo comenzó con los ataques al Palacio del Planalto (sede de la Presidencia de la República), al Congreso Nacional y a la sede del Tribunal Supremo Federal el 8 de enero de 2023. La Policía Federal, la Fiscalía General de la República y el STF buscaron todas las conexiones golpistas. Según las investigaciones, hay pruebas de que el plan comenzó a elaborarse con antelación. Años antes, Bolsonaro ya deslegitimaba las urnas electrónicas, fundamentales para la democracia brasileña, sin haber presentado nunca pruebas concretas de posibles fraudes.

Debido proceso

El proceso judicial cumplió con todas las etapas, dentro del orden esperado para un Estado democrático de derecho. Además, por supuesto, dio voz a todos los involucrados para que presentaran sus alegatos y defensas. La narrativa de «censura» y «pérdida de la libertad de expresión» por parte de la extrema derecha pierde sentido cuando se analizan cuidadosamente todas las etapas, elaboradas de la forma más cuidadosa posible, con el fin de evitar que pudieran surgir cuestionamientos. El arresto domiciliario de Bolsonaro fue únicamente una forma de evitar que siguiera incumpliendo las medidas impuestas por la justicia. Al fin y al cabo, quien no debe, no teme.

El voto es, sin duda alguna, una herramienta para destituir a los autoritarios del poder, pero no siempre es la mejor forma de frenarlos. La solución principal pasa siempre por el fortalecimiento de las instituciones democráticas liberales y, para ello, también hay que respetarlas. En Brasil, el STF crece para intentar frenar los impulsos golpistas de la extrema derecha. El mayor ejemplo vendrá del respeto de las demás instituciones respecto a las decisiones dictadas por el STF.

El Poder Ejecutivo, actualmente dirigido por el Partido de los Trabajadores, obviamente no lamentará el eventual encarcelamiento de Bolsonaro (más bien al contrario). Por otro lado, hay expectativas sobre el comportamiento de ciertos líderes del Congreso Nacional en relación con el resultado final del juicio.

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Sin embargo, independientemente de la postura que adopten los actores políticos más inmediatos, hay que entender que lo que está en juego no es la suerte personal de Jair Bolsonaro o de sus aliados. El juicio que comienza representa una encrucijada histórica para la democracia brasileña. O bien el país establece claramente que no hay lugar para aventuras golpistas, o bien abre una peligrosa brecha para que nuevos actores, en futuros momentos de crisis, se sientan autorizados a repetir los mismos métodos. En otras palabras, no se trata de castigar a Bolsonaro, sino de dar una respuesta clara a la sociedad brasileña y a la comunidad internacional de que el Estado democrático de derecho es sólido, resistente y no tolera rupturas.

La Justicia educa

A lo largo de los últimos años, la democracia brasileña se puso a prueba de manera intensa. Desde las manifestaciones de 2013, que dieron inicio a una fase de prolongada inestabilidad política, Brasil ha vivido un ciclo de polarización constante. Pasó por el proceso de destitución de Dilma Rousseff en 2016, el encarcelamiento y posterior liberación de Lula, y la propia elección de Bolsonaro en 2018, marcada por la radicalización del discurso político. El intento de golpe de Estado de 2023 y los actos terroristas del 8 de enero de 2023 han sido, hasta ahora, el punto culminante de este proceso.

En este sentido, el juicio también se conecta con una dimensión pedagógica de la Justicia. Muestra a la población que las reglas no pueden relativizarse, que la democracia no es un juego de conveniencia y que los líderes políticos tienen responsabilidades proporcionales al poder que ejercen. Esta dimensión simbólica es tan o más importante que la consecuencia inmediata de una condena o absolución.

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Desde el punto de vista internacional, el impacto también es evidente. El mundo sigue con atención lo que sucede en Brasil. El ascenso de líderes autoritarios es un fenómeno global y las estrategias para contenerlos varían según las particularidades de cada país. En el caso brasileño, la firme conducción de las instituciones, en especial del STF, envía un mensaje de que la democracia puede reaccionar y defenderse. Recientemente, la revista The Economist señaló que el proceso judicial contra Bolsonaro —y su eventual encarcelamiento— sería un ejemplo para Estados Unidos.

¿Qué lecciones deja el caso?

Es evidente que este proceso no está exento de riesgos. La condena de Bolsonaro reforzará aún más la narrativa de persecución que él y sus seguidores construyen hacen años. Dicha narrativa puede movilizar a una parte significativa de la sociedad en torno al mito del «líder injustamente tratado». En la práctica, esto prolonga su relevancia política incluso fuera del poder institucional. En este sentido, el reto es equilibrar la justicia con la prudencia, de modo que se castigue sin convertir al acusado en mártir.

Otro punto importante a destacar es la necesidad de reformas institucionales que fortalezcan aún más la democracia brasileña. El juicio puede ser un hito, pero por sí solo no resuelve los problemas estructurales del sistema político nacional. Cuestiones como la desinformación en las redes sociales, la financiación de grupos antidemocráticos, la opacidad en torno a las relaciones entre los militares y la política, y la propia fragilidad de la educación cívica en Brasil, deben estar en la agenda. No basta con castigar a los golpistas de ayer. Es necesario crear mecanismos que dificulten la aparición de nuevos golpistas mañana.

En el Congreso Nacional, la reacción al juicio será un termómetro importante. Si los líderes de centro y centroderecha, que a menudo coquetearon con Bolsonaro por conveniencia, se mantienen neutrales o incluso silenciosos. La democracia brasileña aún necesita madurar en términos de compromiso institucional.

En última instancia, el juicio contra Jair Bolsonaro y sus aliados será recordado como un punto de inflexión. Al igual que la Constitución de 1988 simbolizó el inicio de una nueva era democrática en Brasil, este proceso podría certificar que, tras 35 años, la democracia brasileña ya es lo suficientemente madura como para defenderse de sus enemigos internos. Si esto ocurre, el país dará un paso de gigante hacia la consolidación de un sistema político en el que el poder nunca más se considerará una licencia para subvertir las reglas del juego.

Desde el comienzo de la Guerra Fría, las universidades estadounidenses han sido un vehículo fundamental en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por casi 60 años, la promoción de intercambios educativos fue clave para desplegar el poder blando ante el poder duro militar estadounidense.

Generaciones de cuadros de élite formadas en EEUU, como los llamados Chicago Boys chilenos, han replicado conceptos aprendidos en aulas norteamericanas en sus países de origen. Asimismo, instituciones no estatales como la Fundación Ford financiaron en distintos países latinoamericanos literales revoluciones en la manera de concebir la investigación, cimentándose y ampliándose así la influencia político-cultural estadounidense sobre la región.

Igualmente, durante la Guerra Fría la universidad estadounidense fue un centro de acogida para intelectuales extranjeros disidentes. Muchos eran críticos no solamente de sus gobiernos de origen, sino especialmente de la política exterior estadounidense.

Cambio de rumbo

En la actualidad, este sistema de relaciones se encuentra en crisis debido a cambios políticos en EEUU.

Tras reasumir el poder en enero, el gobierno de Donald Trump lanzó una campaña de reforma del sistema universitario estadounidense. Entre los cambios, tres son particularmente importantes para América Latina. Se proponen nuevos criterios de admisión y políticas de diversidad, equidad, e inclusión (DEI). Comienza a haber restricciones a estudiantes extranjeros. Y, además, se imponen recortes presupuestarios. La región, por su parte, observa los cambios desde una posición de absoluta desventaja estratégica sin que ninguna universidad latinoamericana figure dentro del top 100 mundial de rankings universitarios prestigiosos.

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Las presiones del gobierno para forzar estos cambios se fundamentan en sanciones por supuestas violaciones de instituciones durante las protestas propalestinas de 2023 y 2024. Los casos de Columbia y Harvard, los de más alto perfil, involucran sanciones que totalizan cerca de 700 millones de dólares entre ambas instituciones.

Motosierra de recortes

Además, el gobierno decidió congelar o eliminar el financiamiento federal de becas y contratos de investigación. Estos cortes se efectuaron durante los primeros días de la nueva administración por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, todavía liderado por Elon Musk. Según datos del Center for American Progress (CAP), se anunciaron cancelaciones de entre 6.9 y 8.2 billones de dólares que, considerando fondos destinados a proyectos en marcha, implicaría ahorros futuros de entre 3.3 y 3.7 billones de dólares. Aunque, una base de datos del New York Times indica que el financiamiento federal total para universidades en 2024 fue de 600 billones de dólares. Esto sugiere que los cortes representarían solamente un 0.6% del gasto federal en investigación.

Los recortes han puesto a universidades y académicos a la defensiva no solo por la pérdida de recursos, sino por los cambios sustantivos en las prioridades de financiamiento de proyectos. En línea con ataques contra la gestión pandémica, la administración liderada por Robert Kennedy Jr. eliminó 1 billón de dólares en fondos de investigación en ciencias de la salud destinados a vacunas de ARN. En humanidades y ciencias sociales, las investigaciones financiadas con fondos federales deben resaltar la “grandeza” estadounidense. Así, el 7 de agosto, un decreto presidencial anunció mayor control federal sobre financiamiento de investigación delineando qué temas pueden o no recibir dinero.

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Una tercera categoría de recortes incluye los fondos destinados al desarrollo internacional. Aunque es difícil cuantificar cuánto dinero de la finada USAID estaba vinculado a investigación universitaria, el daño a investigación sobre semovientes más resistentes ha sido bien documentado.

Restricciones en admisiones

Otra de las reformas pretendidas por la administración Trump implica nuevos criterios de admisión y políticas de DEI. El gobierno emitió directrices que declaran ilegales muchos programas de diversidad, equidad e inclusión. Argumentan que usaban criterios basados en la raza que violan la ley de derechos civiles. Un memorando presidencial de agosto de 2025 exige que las universidades presenten más datos de admisión al Departamento de Educación para garantizar que no se utilicen criterios raciales. Estas medidas han ido de la mano con restricciones para estudiantes internacionales. Las órdenes ejecutivas firmadas en junio de 2025 intensificaron las restricciones a la admisión, movilidad, y el ingreso al país de estudiantes extranjeros.

Junto a la pérdida de fondos de investigación, la potencial pérdida de ingresos por matrícula y manutención pagados por estudiantes extranjeros puede afectar el mix financiero universitario. Especialmente a nivel de pregrado.

La trayectoria del deterioro financiero universitario dependerá de la composición de esa peculiar mezcla de poder financiero que hace difíciles de igualar a las universidades estadounidenses: fondos federales, estatales, ingresos por matrícula (segmentados por residencia), donaciones, retornos de inversiones y utilización de endowments.

Acuerdos unilaterales

En casos como Harvard, su endowment alcanza 53 billones de dólares a junio de 2024. Representa más que el PBI anual de países como Guatemala, Bolivia, Paraguay o El Salvador. Universidades como Johns Hopkins, que obtiene 87% de sus fondos de investigación de arcas federales, pueden verse afectadas en esa área, mientras otras partes de la experiencia universitaria estadounidense—que a nivel de grado rara vez se restringe a investigación—podrían resistir mejor el shock de Trump.

A la fecha, las presiones del gobierno han resultado en acuerdos con las universidades de Brown, Columbia, y Pennsylvania. Brown y Columbia pactaron pagar multas de 50 y 200 millones de dólares respectivamente. Penn aceptó cambiar sus políticas de deportes universitarios. En Harvard, estudiantes y profesores peticionaron a los líderes universitarios para evitar pagar un acuerdo de 500 millones de dólares a la Administración Trump.

La combinación de recortes presupuestales que ponen en riesgo la innovación en sectores críticos, y la ejecución de mecanismos para remover el estatus de estudiantes extranjeros políticamente activos contribuye a un cambio de la percepción internacional acerca del sistema universitario estadounidense.

El efecto en Latinoamérica

Los recortes, la eliminación de políticas de DEI y la reducción del visado de estudio y trabajo para extranjeros en EEUU tendrán un efecto directo en América Latina. Lamentablemente, la falta de previsión estratégica latinoamericana no permite ser optimista sobre la capacidad de sus países de capitalizar plenamente las oportunidades generadas por la reforma trumpista.

En un mundo ideal, las universidades latinoamericanas estarían pescando el talento que las estadounidenses no pueden contratar debido a incertidumbres actuales. Pero no es así. No están en condiciones de absorber profesores o investigadores, que renuncian a universidades estadounidenses trasladándose a Canadá, Europa o Asia. A lo sumo, se verá la repatriación de estudiantes y egresados latinoamericanos que apuntaban a permanecer en EEUU.

Tampoco se hay opciones para atraer estudiantes talentosos y con recursos de otras partes del mundo. Más aún, aunque la situación actual reduciría el número de latinoamericanos estudiando en EEUU, la falta de opciones regionales hará que los principales beneficiarios del talento local sean universidades de canadienses o europeas.

La restricción de estudiantes e investigadores latinoamericanos pueden impactar el desarrollo de ideas y tecnologías para el avance de la región o la resolución de los problemas que sus países enfrentan. Y la disminución de cuadros latinoamericanos formándose o trabajando en EEUU podría también reducir la influencia político-cultural estadounidense. 

Oportunidad para la región

Para transformar riesgos en oportunidades, universidades y diseñadores de políticas públicas en América Latina deberían generar condiciones para preservar potenciales estudiantes que puedan aportar recursos a sus instituciones. Con recursos que, potencialmente, no se perderían frente a instituciones extranjeras, podrían lograr un salto cualitativo. Permitirían así que alguna institución regional se sitúe dentro del top 100 universitario global en los próximos cuatro años.

La reforma universitaria de Trump representa tanto una crisis como una oportunidad histórica para América Latina. ¿La región sabrá aprovecharla o simplemente observará pasar otra oportunidad estratégica?

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la democracia parecía un punto de llegada. Desde la tercera ola de democratización y, sobre todo, después de la caída del Muro de Berlín, se instaló un consenso sólido: vivir en democracia no solo era deseable, sino prácticamente incuestionable. No se trata de un acuerdo superficial, sino de una convicción compartida por sociedades y élites a lo largo y ancho del planeta.

Ese acuerdo descansaba sobre dos principios básicos. El primero: que el poder se legitima a través del voto popular. El segundo: que esa mayoría debe convivir con límites claros, diseñados para preservar las diferencias, proteger a las minorías y garantizar la libertad de expresión, incluso de quienes no detentan el poder.

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Durante décadas, este consenso resistió y se mantuvo estable en el tiempo. Actualmente la adhesión a vivir en democracia aparece como una convicción creciente a nivel regional, pero algunas cosas empezaron a cambiar. La primera es la distancia entre el enorme valor simbólico que se le asigna a la democracia y la percepción crítica sobre su funcionamiento real. En una escala de 1 a 10, los argentinos califican con 9,3 la importancia de vivir en democracia. Pero apenas califican con 6,4 el desempeño actual del sistema. La paradoja se refuerza con otro dato: el 85% de la población declara preferir la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, una tendencia que viene en alza sostenida desde 2023.  

Menos firmeza democrática

Esa legitimidad normativa convive con un desencanto práctico que no responde tanto a factores sociales o generacionales, sino a la simpatía política. A menudo, los oficialistas valoran mejor la democracia que los opositores. Esto sugiere que la evaluación del régimen es más contingente al gobierno de turno que a criterios estructurales.

Esta brecha entre el ideal y el funcionamiento nos abre a un segundo nivel de análisis: cómo se ejerce el poder presidencial y cuales son sus límites. Ejecutivos de distintas latitudes comenzaron a invocar su legitimidad popular para ir más allá de las convenciones: sortear controles, minimizar contrapesos, relativizar derechos de las minorías. La democracia sigue siendo un ideal ampliamente respaldado. Pero la definición de qué significa “gobernar democráticamente” se ha vuelto un terreno en disputa.

Esa disputa tiene tres efectos: amplía el margen de lo aceptable, fragmenta un consenso y, al mismo tiempo, erosiona la idea más exigente de democracia. Ya no se trata solo de sostener reglas, sino de evaluar si romperlas es justificable en función de un fin mayor: el orden, la seguridad, la eficacia.

En la Argentina, este fenómeno no es nuevo. El decisionismo presidencial (la idea de que el presidente concentra la capacidad y la visión para definir qué necesita la sociedad) ha sido un rasgo recurrente. En los noventa, se habló de “democracia delegativa” para describir un sistema donde las formas democráticas permanecen, pero los frenos institucionales ceden ante el mandato presidencial. Cuando el presidente es “propio”, se justifican sus atajos. Cuando es “ajeno”, se invocan las reglas. La adhesión a los principios democráticos, lejos de ser absoluta, se debate según la identidad política de quien gobierna. Ese es, quizás, el verdadero resquebrajamiento del consenso: seguimos defendiendo la democracia como símbolo, pero no necesariamente como práctica con límites inamovibles.

¿Qué piensa la gente sobre la democracia?

Esto nos obliga a repensar no solo cómo preguntamos la adhesión a la democracia, sino también qué presupuestos están implícitos en nuestras preguntas. Con esta paradoja en mente, desde el programa de Creencias Sociales de Pulsar.UBA, buscamos capturar estas tensiones de manera más precisa. Nuestra apuesta va en otra dirección: reconstruir las miradas sobre la democracia desde lo social la pluralidad de sentidos y valores que se ponen en juego cuando se habla de ella. No dar por hecho que todos entienden lo mismo, sino captar sus  matices.

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En un nuevo estudio, no nos limitamos a medir el grado de apoyo ciudadano a la democracia como régimen. Ampliamos la mirada hacia los contrapesos republicanos: el respeto al mandato presidencial, el rol del Congreso, la vigencia de los derechos y libertades en contextos críticos.

A primera vista, los argentinos se presentan como ciudadanos con una fuerte impronta republicana. La gran mayoría respalda el derecho a manifestarse (84%) y rechaza la suspensión temporal de derechos (74%). También, dos tercios se opone a que el presidente frene medidas del Congreso o desobedezca fallos judiciales. Sin embargo, cuando se observa al interior de los segmentos políticos aparece una grieta significativa. Entre votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza la tolerancia hacia esas excepciones crece. Lo interesante, entonces, no es solo la existencia de límites al presidencialismo, sino la disposición a relativizarlos si quien ejerce el poder es un líder afín. Dicho de otro modo: la defensa del equilibrio de poderes se mantiene como principio abstracto, pero se flexibiliza según la identidad política del gobierno de turno.

Un espacio de tensión

Para ordenar estas tensiones y comprender cómo se distribuyen en la sociedad, construimos un modelo de segmentación que clasifica las distintas visiones sobre democracia y republicanismo. La combinación de indicadores clásicos sobre democracia con un módulo de creencias sobre el poder presidencial reveló un hallazgo central: en Argentina no hay una sola forma de entender la democracia, sino varias.

Debajo del acuerdo general sobre la importancia de la democracia conviven distintas visiones sobre su ejercicio, con tolerancias desiguales hacia el poder presidencial y las reglas institucionales. Más que una sola idea de democracia, encontramos diferentes maneras de entenderla, muchas veces en disputa. La democracia en Argentina, más que un punto de llegada, se revela como un espacio de tensiones: entre la legitimidad mayoritaria y los contrapesos, entre el ideal simbólico y la práctica cotidiana, entre el consenso normativo y las excepciones que cada grupo está dispuesto a aceptar. En esa ambigüedad, se disputa buena parte del futuro político del país.

Pese a las diferencias discursivas, las administraciones estadounidenses, demócratas o republicanas, han optado por mantener una dura política migratoria en la práctica. Para el año fiscal 2024 (octubre 2023 a septiembre 2024), la administración Biden deportó 271,484 personas. Superó así cualquier cifra de la primera administración Trump, cuyo máximo fue de 267,258 en 2019. Incluso está última cifra resultó ser inferior a las registradas en la mayoría de los años de la presidencia de Barack Obama.

Donald Trump, durante su primer mandato (2017-2021), ya mantenía una retórica agresiva contra la migración irregular. Sin embargo, para muchos especialistas, su retorno a la Casa Blanca en enero pasado estuvo acompañado de la promesa de una agenda mucho más rígida. A los pocos días de volver al Despacho Oval, el republicano firmó una serie de ordenes ejecutivas y giró orientaciones para que la maquinaria burocrática a su mando comenzara a materializar sus promesas en ese asunto.

Tolerancia cero

Tan solo en la primera semana de su segundo mandato, Trump anunció el despliegue de militares en la frontera con México. Mientras, el Departamento de Defensa informó que facilitaría aeronaves para la deportación de inmigrantes. También se detuvo el procesamiento de migrantes y de solicitantes de asilo y se ordenó el fin del programa de “parole humanitario”, que permitió el ingreso regular y temporal a más de medio millón de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Además, se ampliaron las potestades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) para realizar arrestos de residentes irregulares.

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En sintonía con lo anterior, funcionarios estadounidenses de alto rango, como el secretario de Estado Marco Rubio, realizaron sus primeros viajes internacionales hacia la región. Así, sugirieron que frenar la inmigración irregular hacia EEUU es una de las prioridades de la actual administración. De esta gira, Rubio obtuvo el compromiso de Panamá y Guatemala de aceptar deportados extranjeros provenientes de EEUU.

En forma similar, firmó con El Salvador un acuerdo por el cual el país centroamericano se comprometió a recibir deportados a cambio de 20,000 dólares anuales por cada uno de ellos. Por su parte, Costa Rica, ratificó su compromiso de cooperar con las autoridades estadounidenses. Aceptó recibir deportados de origen asiático, africano y de Oriente Medio.

Migrantes centroamericanos

Según datos del Migration Policy Institute (MPI), en 2023 habitaban 47.8 millones de inmigrantes en EEUU, de los que 4.3 millones (9%) eran centroamericanos.

Desde 1980 a 2023, la población centroamericana en EEUU se multiplicó por más de 12, y desde 2010 creció un 42%. La migración, especialmente de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, ha estado incentivada no solo por razones económicas, sino también por conflictos armados (durante finales del siglo XX), la inseguridad en el norte de la región (sobre todo durante el siglo XXI) y la crisis política que experimenta Nicaragua desde 2018.

Según los datos de MPI, los centroamericanos en EEUU, en su mayoría, se encuentraban en edad laboral (80%), presentaban dificultades en el dominio del inglés (67% de los llegados hace cinco años o más) y cerca de la mitad no terminaba la secundaria (46%). Sus ingresos eran menores al promedio y 19% de ellos eran pobres. El MPI estimó que 3.8 millones de centroamericanos se encontraban sin autorización migratoria, representando un 28% de los 13.7 millones de inmigrantes no autorizados en el país.

Menos migrantes

Desde mediados de 2024 el flujo de migrantes hacia EEUU ha perdido dinamismo, hecho que ha sido especialmente notorio en la migración irregular que parte o cruza por Centroamérica. Para poner algunos números en contexto, en 2023 se registró una cifra récord de personas atravesando la selva del Darién, en Panamá, con más de medio millón de migrantes, siendo en su mayoría venezolanos (más de 320,000).

También se registraron importantes flujos de nacionales de Ecuador, Haití, China, Vietnam, Afganistán y del continente africano. No obstante, el año pasado, la cifra se ubicó en torno a las 302,000 personas, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esta reducción coincidió con el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Biden y más recientemente por Trump. Este último ha ejercido mayor presión sobre los países de tránsito para frenar la migración irregular, lo que se ha traducido en un accionar más activo por parte de autoridades como las panameñas o mexicanas, por ejemplo.

Como reflejo de la actual postura de Washington, 2025 con seguridad se convertirá en un año de récords. Durante los primeros 200 días, la administración Trump arrestó a más de 352,000 inmigrantes y deportó a 324,000. Estas políticas estarían contribuyendo a que, por primera vez desde los 60, la población migrante en EEUU se haya reducido, concretamente en alrededor de 1.4 millones, al haber pasado de 53.3 millones en enero a 51.9 millones en junio, según estimaciones del Centro de Investigación Pew.

A corto y mediano plazo

Países desarrollados requieren de la inmigración para contrarrestar los efectos de las bajas tasas de natalidad en sus economías. Téngase presente que muchas veces lo migrantes aportan desde puestos de trabajo que no son cubiertos por locales. Sin dudas, en este punto la discusión no está saldada, y hará falta encontrar un nuevo enfoque que, satisfaciendo los requerimientos de seguridad, cumplas con las necesidades económicas de la potencia norteamericana.

Por otro lado, los incentivos que impulsan la emigración no han desaparecido, pese a las mayores dificultades del presente. En lo que respecta a Centroamérica, hoy por hoy enfrenta renovados retos que amenazan su gobernanza democrática y ponen en peligro su estabilidad. A ello podría sumarse la política proteccionista estadounidense que, con aranceles comerciales y presiones para repatriar la producción de bienes y servicios en el exterior, podrían agravar las carencias económicas en la región e impulsar la migración en masas.

EEUU requiere gestionar cuidadosamente su política migratoria, comercial y exterior para evitar resultados contraproducentes. A la par, los gobiernos de la región tienen la responsabilidad de ofrecer propuestas realistas a sus ciudadanos, para que estos puedan encontrar oportunidades en sus propias tierras y dejen de ser, como sucede en algunos casos, el más rentable producto de exportación de sus países, en virtud de las remesas enviadas desde EEUU.

¿Por qué el África subsahariana ocupa sistemáticamente los últimos puestos en las encuestas mundiales sobre progreso socioeconómico? Mientras que, por ejemplo, Jeffrey Sachs en su libro El fin de la pobreza sostiene que un «gran impulso» en materia de conocimientos y apoyo financiero podría superar la falta de progreso, la economista zambiana Damibisa Moyo argumenta exactamente lo contrario.

El apoyo a gran escala a los países africanos obstaculiza el crecimiento económico del continente más de lo que lo ayuda. Exime a los gobiernos de su responsabilidad y los reduce a mendigos. Entre ambos extremos hay muchos otros economistas del desarrollo que ven las causas también en las élites, las instituciones estatales y las estructuras sociales.

Por su parte, los representantes del poscolonialismo opinan que «la historia del colonialismo no terminó con la independencia formal». Afirman que las dependencias que persisten con respecto a las antiguas potencias coloniales, o de manera generalizada con respecto a Occidente, siguen impidiendo el crecimiento y la prosperidad en el continente africano hasta el día de hoy. En este contexto, se suele señalar con frecuencia la explotación de las materias primas africanas como la principal responsable de la falta de desarrollo económico del continente africano.

En ese marco, las estructuras neocoloniales favorecerían a los países occidentales en el comercio y explotarían a los países africanos. Mientras África exporta materias primas como petróleo o minerales, el continente importa productos industriales acabados, lo que provoca un desequilibrio en el comercio e impide la industrialización y el desarrollo. Además, según esta argumentación, las barreras comerciales impiden que África participe en el comercio mundial.

Exportaciones: materias primas sin procesar

Los países africanos exportan principalmente materias primas sin procesar (petróleo y gas natural, minerales y metales), lo que no ha cambiado en los últimos 30 años. Dependiendo de los precios del mercado mundial, representan entre el 60% y el 89% del volumen total de exportaciones africanas, que se distribuye de forma muy desigual dentro del continente. Entre 2016 y 2020, Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Angola y Marruecos exportaron más que el resto del continente en su conjunto.

También es cierto que la exportación de materias primas sin procesar tiene muchas desventajas para los países. La extracción de combustibles y la minería de minerales y metales requieren mucho capital pero crean pocos puestos de trabajo. A menudo, los beneficios no se reinvierten en el país, sino que fuera de él. Esto solo beneficia a un grupo limitado de personas y no a la industria nacional. Además, los precios de las materias primas son volátiles y están sujetos a fuertes fluctuaciones cambiarias. Por lo que, los países son vulnerables a las crisis externas y dificulta la planificación del presupuesto nacional.

Materias primas versus diversificación

Mientras que muchos países asiáticos apuestan desde los 60 por una diversificación sistemática de su producción y aplican estrategias de exportación promovidas por el Estado, los países africanos han desaprovechado en gran medida la oportunidad de invertir los beneficios obtenidos de la exportación de materias primas en el desarrollo de sus sectores industriales.

Así, por ejemplo, en 1965, la renta per cápita en Ghana, Chad o Madagascar era superior a la de Corea del Sur. Pero la exportación al mercado mundial y la diversificación de los productos ofrecidos contribuyeron al auge económico de Corea del Sur en los años siguientes. Al mismo tiempo, el país pudo crear muchos puestos de trabajo gracias a la reestructuración de productos baratos a productos de alta calidad.

En general, el PIB de Asia creció desde principios de los 70 más del doble que el de los países industrializados. A diferencia de África, donde el crecimiento se basó en gran medida en la exportación de materias primas. Diversos estudios demuestran que los países con una estructura de producción y exportación más diversificada tienen una renta per cápita más alta, y que los países que fabrican y exportan productos más elaborados tienden a crecer más rápidamente.

África, por el contrario, se ha desindustrializado desde los 70 en dos sentidos. Por un lado, la proporción de puestos de trabajo en la industria manufacturera está disminuyendo. Y, por otro, la estructura de las exportaciones se ha diversificado menos y la fabricación de productos se ha vuelto menos compleja.

Por lo tanto, muchos países africanos no han logrado desde su independencia implementar estrategias de exportación orientadas a la diversificación y al establecimiento de industrias manufactureras. La exportación de materias primas es consecuencia del modelo y la estrategia de estos países y no se debe atribuir a estructuras neocolonialistas.

¿Víctimas de elevadas barreras comerciales?

Para África, la Unión Europea es el socio comercial más importante. Alrededor del 26% de todas las mercancías importadas proceden de Europa, seguida de China con un 15%. Estas cifras coinciden con los destino de exportación de mercancías africanas: el 26% a Europa y el 15% a China. Para Europa y China, en cambio, el comercio con África es insignificante y solo representa el 2,2% y el 3,9% del comercio, respectivamente. Por lo tanto, es evidente que existe un desequilibrio comercial entre África y el resto del mundo. A esto se suma que África comprende alrededor de una quinta parte de la población mundial, pero solo genera alrededor del 4,8% del producto interior bruto mundial. Esto sitúa el rendimiento económico de todo el continente africano entre el de Japón y el de la India.

Sin embargo, en los últimos años, los países industrializados han intentado facilitar el acceso de las empresas africanas a los mercados internacionales. En virtud del acuerdo Todo menos armas, 35 países africanos tienen acceso libre de aranceles y cuotas al mercado de la UE. Más del 90% de las exportaciones africanas llegaron a la UE sin aranceles en 2023. Esto ofrece a los exportadores africanos un acceso transparente y sencillo.

La Ley de Crecimiento y Oportunidades (AGOA, en inglés) de Estados Unidos regula desde el 2000 la importación libre de aranceles y cuotas de diversos productos a EEUU con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales y económicas con el África subsahariana. Bajo la presidencia de Trump, el futuro de la AGOA es incierto. Pero en el pasado muchos países e industrias, entre ellos la textil y la automovilística, se han beneficiado de las favorables condiciones de importación que ofrece la AGOA.

Barreras no arancelarias

Sin embargo, los elevados estándares de calidad europeos, especialmente en el ámbito de los productos agrícolas, suelen presentar una barrera comercial no arancelaria. Las relaciones comerciales también deben evaluarse de forma algo más diferenciada en el marco de los acuerdos de asociación económica (AAE) de la UE. Los países emergentes y los de renta media se benefician de un mejor acceso al mercado de la UE, pero a cambio también deben abrir sus propios mercados. Las condiciones establecidas en los acuerdos son en parte controvertidas. Los críticos señalan que las reformas comerciales podrían perjudicar más que beneficiar a los mercados africanos en crecimiento. En este punto no se puede realizar una evaluación definitiva de estas reformas estructurales, pero cabe señalar que los acuerdos de asociación económica también tienen por objeto reducir los aranceles y las normas de cuotas, facilitando así el acceso al mercado de los productos africanos.

Estadísticas como el Índice de Barreras Comerciales Globales o el Índice de Restricciones al Comercio de Servicios del Banco Mundial miden en qué medida la política comercial de un país favorece o restringe el comercio internacional. Concluyen que los países africanos presentan elevadas barreras nacionales, tanto arancelarias como no arancelarias. Entre las barreras no arancelarias se encuentran los largos y costosos trámites aduaneros, los problemas para obtener certificados de exportación e importación, y las certificaciones de normas de higiene. Los regímenes de devolución de derechos de aduana, exención de derechos de aduana y devolución del impuesto sobre el valor agregado suelen ser difíciles de entender, largos y costosos, lo que provoca retrasos considerables.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que los requisitos técnicos, los procesos aduaneros ineficientes y otros problemas relacionados con la importación y la exportación reducen el comercio africano tres veces más que los propios aranceles.

El desarrollo económico no es uniforme

Generalizar que África es un «objeto que se ha convertido en víctima de sujetos extranjeros», como afirman los defensores de la teoría neocolonialista, resulta problemático en muchos sentidos. Resumir los 54 Estados africanos como una sola África ignora el desarrollo altamente heterogéneo que han experimentado los países africanos tras su independencia. El experto en África Nic Cheeseman señala que en los próximos años la tendencia a la heterogeneidad se intensificará aún más, tanto en el desarrollo económico como democrático.

Los siguientes ejemplos lo ilustran claramente. Cuando Kenia y Tanzania obtuvieron su independencia del Reino Unido en los 60, tenían una renta per cápita similar, que procedía principalmente de los ingresos agrícolas. Mientras que Tanzania, bajo el mandato del presidente Julius Nyerere, nacionalizó las empresas e introdujo un modelo estatal socialista, Kenia se ha caracterizado desde su independencia por una política económica liberal y estructuras de economía de mercado. La renta per cápita en Kenia creció desde 1960, de 793 dólares estadounidenses a 1,800. En Tanzania, pasó de 834 a 1,092. Los kenianos son hoy un 70% más ricos que sus vecinos tanzanos.

El Fondo Monetario Internacional prevé que en 2025 Kenia se convertirá en el país más fuerte económicamente de África Oriental. Según el FMI, Kenia ha soportado mejor las consecuencias económicas negativas de la pandemia en comparación con otros países de la región. Hasta ahora, Etiopía dominaba la economía de África Oriental. Sin embargo, después de que el gobierno el año pasado liberalizó el tipo de cambio de la moneda nacional, el birr, frente al dólar estadounidense, abandonando así el tipo de cambio controlado, el birr se devaluó enormemente. Por el contrario, se citan como razones del buen rendimiento de Kenia una economía de mercado abierta, flujos de ingresos diversificados y la estabilidad del chelín keniano.

Por lo tanto, reducir África de manera generalizada a un continente explotado ignora el hecho de que los países se han desarrollado de manera muy diferente. Esta visión unidimensional también ignora que los Estados independientes del continente tienen su propio poder de configuración. Reducir la falta de desarrollo económico y social a la persistencia de relaciones de poder desiguales no hace justicia a los diferentes niveles de desarrollo de los países africanos y, sobre todo, minimiza el éxito de aquellos países que, en las últimas décadas y en condiciones a veces difíciles, han logrado convertirse en países emergentes o, como en el caso de Mauricio, en países de renta media.

Por otro lado, significaría que los países africanos no han logrado asumir su propia responsabilidad política por su desarrollo económico y que son meros objetos dependientes de otras potencias. Sin embargo, este tipo de paternalismo reproduce una visión colonial de África como un continente dependiente y niega a los africanos cualquier influencia sobre su propia capacidad de acción. El hecho de que Liberia y Etiopía, los únicos países del continente africano que no fueron colonizados, hayan experimentado además desarrollos económicos y políticos muy similares, tampoco es compatible con la teoría neocolonialista de la nueva vieja dependencia.

Las relaciones internacionales de África

África no ha desempeñado hasta ahora un papel importante en el comercio mundial. Sin embargo, los países africanos mantienen relaciones económicas globales y deciden de forma independiente con quién comercian. Hace tiempo que el comercio mundial dejó de estar dominado por los países industrializados occidentales. Los países asiáticos, con China a la cabeza, constituyen los pesos pesados económicos.

Entre 2014 y 2023, la cuota de Europa en el comercio africano se situó en promedio en torno al 27%, mientras que en la década de 1990 era aún del 48%. En el mismo periodo, el comercio de África con China y la India aumentó de alrededor del 9% al 23%.

Al igual que los países industrializados occidentales, China importa principalmente materias primas, minerales y metales de África. A cambio, exporta productos manufacturados, como maquinaria o productos electrónicos. En la última década, China invirtió en el desarrollo de las infraestructuras de África y, a menudo, ha obtenido un acceso preferencial a materias primas estratégicas. Sin embargo, a diferencia de la UE, China no ha realizado hasta ahora grandes esfuerzos por crear industria manufacturera y oportunidades de empleo en África. Si bien es cierto que el modelo chino ha ayudado rápidamente a muchos países africanos a dotarse de la infraestructura que tanto necesitaban, ¿qué medida contribuye al crecimiento económico sostenible?

En este contexto, resulta extraño que el concepto de neocolonialismo también alimente el resentimiento antioccidental , según el cual los países oprimidos de África deben liberarse de la explotación occidental, ya que las relaciones comerciales globales y diversas de los países africanos demuestran que las relaciones comerciales ya no se pueden reducir a Europa.

Responsabilidad política de los dignatarios africanos

Las teorías neocoloniales atribuyen a factores externos el retraso económico del continente africano en comparación con otras regiones del mundo. Esta visión pasa por alto los factores internos. Subestima que «la falta de buena gobernanza y los cuestionables experimentos políticos han contribuido, como mínimo, a muchos de los problemas poscoloniales», como demuestran claramente los ejemplos de Zimbabue y Madagascar.

El nigeriano Ejike Raphael Nnamdi escribe acertadamente al respecto: «Más de 60 años después de la independencia, uno se pregunta por qué el colonialismo sigue siendo considerado el chivo expiatorio de nuestra inactividad. ¿Significa esto que, aparte del colonialismo y sus consecuencias como factores externos, no hay factores internos que puedan ser responsables de nuestra difícil situación? ¿Quién es el culpable de los problemas internos, si es que persisten?».

En este contexto, también hay que tener en cuenta el hecho de que las asociaciones comerciales y los acuerdos con empresas internacionales no siempre conllevan el máximo beneficio económico para la población. Los acuerdos sobre materias primas, en particular, se negocian a menudo a puerta cerrada, lo que favorece la corrupción. Se desconocen los ingresos exactos que el Gobierno obtiene de los acuerdos sobre materias primas, pero el Estado pierde ingresos fiscales que, a su vez, faltan para el desarrollo socioeconómico. La mala gobernanza, la corrupción y la mala gestión también disuaden a los posibles inversores, ya que encarecen los costes empresariales hasta un 40% en comparación con otras regiones en desarrollo y emergentes.

Aumenta el poder creativo africano

No caben dudas de que la colonización tuvo repercusiones sobre el desarrollo social y económico, cuyas consecuencias negativas aún se dejan sentir. Por lo tanto, es correcto e importante que países como Francia, Gran Bretaña y Alemania reconozcan su pasado colonial y se disculpen por las injusticias. Sin embargo, los países africanos hace tiempo dejaron de depender económicamente de sus antiguas potencias coloniales . Deciden de forma independiente sobre sus relaciones comerciales que contribuyeron al crecimiento de la prosperidad de muchos países.

Con la expansión de las relaciones comerciales, también se intensificó la presencia de los países africanos en foros multilaterales como las Naciones Unidas, el G20 o incluso los BRICS, a la que pertenecen Sudáfrica, Etiopía y Egipto. Sudáfrica, que este año ocupa la presidencia del G20, concede una importancia especial al desarrollo económico del continente y es de esperar que a lo largo del año temas relacionados con este, como la industrialización, la transformación de materias primas, las asociaciones comerciales y la zona de libre comercio africana acordada, desempeñen un papel importante en diversas reuniones de alto nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Dada la actual situación geopolítica y la menor cooperación de EEUU con África, la UE tiene aquí una oportunidad para demostrar que es un socio fiable y a largo plazo en el continente y para apoyar estos asuntos.

Beneficio África – UE

Desde una perspectiva geoestratégica, las relaciones comerciales de Europa con África cobran cada vez más importancia, sobre todo porque el futuro de la asociación transatlántica es incierto. La Unión Africana está impulsando la creación de una zona de libre comercio africana (AfCFTA), que ofrece enormes oportunidades también para las empresas europeas y alemanas. Dentro de 40 años, África tendrá más habitantes que India y China juntas. Una creciente clase media en África demandará cada vez más productos del extranjero. Al mismo tiempo, la zona de libre comercio ofrece a las empresas extranjeras la oportunidad de producir in situ y beneficiarse de la mano de obra de la población joven. Sin embargo, aún quedan por realizar enormes esfuerzos para crear la zona de libre comercio, lo que también debe debatirse de forma abierta y honesta.

A menudo parece que, por del lado africano, falta voluntad política para eliminar las barreras comerciales y abrir los mercados. Sin embargo, los países africanos también pueden beneficiarse enormemente de un comercio intraafricano más fuerte. En la actualidad, solo representa el 16% del volumen comercial total del continente, lo que lo sitúa muy por debajo del comercio intraeuropeo (67%) y del comercio intraasiático (60%). No obstante, los productos industriales ya representan casi la mitad de las mercancías comercializadas. Esto permite concluir que, una vez creada, la zona de libre comercio supondrá un gran potencial para la industrialización de los países africanos.

La reciente medida del Gobierno estadounidense de imponer aranceles elevados a las exportaciones africanas podría ser un shock beneficioso para que, por fin, se considere la expansión del comercio intraafricano como una prioridad económica. Incluso antes de que se complete una zona de libre comercio africana, la UE puede ayudar al continente a aplicar reformas que supongan la eliminación de las barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias. Esto también redunda en interés de la UE, ya que solo así las empresas europeas podrán aumentar la rentabilidad de sus negocios en África.

Oportunidad: mierales y metales

Pero no solo los mercados de consumo en África ganarán importancia en el futuro, sino también los recursos de África. Muchos minerales y metales estratégicos necesarios para la transición energética y las tecnologías bajas en carbono en todo el mundo se encuentran en África. E

xiste un interés global por asegurarse el acceso a estas materias primas, en parte en condiciones cuestionables. China se ha asegurado a menudo el acceso a materias primas críticas cuyo valor es mucho mayor que el del proyecto de infraestructura terminado. Un acuerdo de «minerales por seguridad» entre EEUU y la República Democrática del Congo prevé que las empresas estadounidenses obtengan acceso preferencial a los yacimientos de materias primas, a cambio de apoyo militar para poner fin al violento conflicto en el país. En África Occidental, con el apoyo financiero de EEUU, la empresa estadounidense Ivanhoe Atlantic tiene previsto ampliar el corredor Liberty entre Guinea y Liberia. No solo mejorará la infraestructura de ambos países. También facilitará considerablemente a la empresa minera el transporte de mineral de hierro desde sus minas en ambos países.

Los países africanos se encuentran en una posición estratégica y pueden aprovechar el interés por sus materias primas en su propio beneficio. Esto debería restar aún más sustancia a la visión neocolonialista de África. Europa también debería asegurarse su lugar en la mesa de negociaciones. Debe formular de manera más concreta sus propios intereses económicos y destacar que ambas partes pueden beneficiarse de la intensificación de las relaciones comerciales.

China se presenta en Centroamérica como una potencia sin pretensiones hegemónicas, como un par más de las naciones del istmo junto a las que dice integrar el Sur Global, concepto que se propone englobar a países en vías de desarrollo. Sin embargo, en la práctica, su accionar económico, diplomático y estratégico marca distancia de su retórica de igualdad y solidaridad.

Hasta hace menos de dos décadas, China tenía una presencia marginal en la región. La mayoría de los países mantenían alianzas con Taiwán y EEUU era el hegemónico indiscutible. En la actualidad, salvo por Guatemala y Belice, Costa Rica (2007), Panamá (2017), El Salvador (2018), Nicaragua (2021) y Honduras (2023) han establecido relaciones con China y reconocen a Taiwán como parte de esta. Si bien EEUU sigue siendo el principal actor extranjero en la zona, China ha ganado una gran influencia política y económica en la región.

Esta influencia es especialmente notable entre aquellos gobiernos que han mantenido roses con administraciones estadounidenses. Por ejemplo, El Salvador de Nayib Bukele, la Honduras de Xiomara Castro o la Nicaragua de Daniel Ortega. Estos gobiernos encuentran en China un socio alternativo a Washington, algo que sin duda es aprovechado por Pekín en la promoción de su agenda.

¿Cuál es el atractivo de Centroamérica?

La región supone un mercado de poco más de 50 millones de consumidores, con un PIB per cápita cercano a los USD 7,600, cifras por lejos tan atractivas como las de Suramérica. Esta última, con un mercado de más de 422.24 millones de consumidores y un PIB per cápita USD 9,864, ha sido tradicional un destino para las inversiones chinas. No obstante, la cercanía con EEUU y el acceso a rutas marítimas clave compensan en parte esta desventaja. Y convierten a Centroamérica en un espacio de interés para potencias extrarregionales como la República Popular China.

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Una reciente investigación de Expediente Abierto, China en Centroamérica: estrategias, influencia y operaciones en el siglo XXI, sugiere que los intereses de Pekín son políticos, estratégicos y económicos.

Intereses políticos

Hasta no hace mucho, las naciones centroamericanas se contaban entre los pocos aliados de Taiwán. Por lo que, el istmo se situaba situando dentro de la zona de influencia de la isla. Por entonces, los países de la región se beneficiaron de una cuantiosa cooperación, asistencia técnica, donaciones de infraestructuras y oportunidades comerciales que les permitían colocar algunos bienes en el mercado taiwanés. Al mismo tiempo, el gobierno en la isla de Formosa se aseguraba respaldo diplomático y visibilidad en diversos foros internacionales.

Ante este escenario, la motivación central que ha impulsado a Pekín a acercarse a la región ha sido erosionar el reconocimiento internacional de Taiwán. Considera este territorio una parte inalienable del suyo y al que cataloga como una provincia rebelde. Esto ha sido especialmente notable bajo la presidencia de Xi Jinping, en el poder desde 2013, quien ha promovido en forma agresiva una política exterior a favor del principio de “una sola China”. Y considera el reconocimiento por parte de otras naciones como una condición esencial para el establecimiento de relaciones formales con su país.

Intereses estratégicos

Aunque la región no destaca por su poderío militar o tecnológico, lo hace por su valor geoestratégico. Específicamente por sus facilidades naturales —la estrechez de su istmo— y artificiales —el Canal de Panamá— que ofrece para el tránsito entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. No en vano esto ha sido objeto de preocupación de las administraciones estadounidenses, debido a la notable influencia china entorno a la zona del Canal del Panamá, con el control de puertos y el desarrollo de infraestructuras cercanas.

La creciente presencia de China en la zona parece estar en sintonía con su objetivo de mejorar su proyección política, económica y militar sobre el Pacífico. A la vez, se propone limitar la influencia estadounidense en la región latinoamericana. Esto último lo realiza principalmente mediante acciones de poder blando, con la oferta de cooperación mediante donaciones, préstamos y asistencia técnica.

Intereses económicos

Aunque el mercado de la región es modesto en comparación a otros aledaños, como el mexicano o suramericano, supone una oportunidad de negocio para productores y comercializadores chinos, incluyendo importadores locales. Las cifras así lo demuestran. Entre 2003, cuando comenzaron a crecer los intercambios comerciales, y 2024, las exportaciones centroamericanas pasaron a penas de 112 millones de dólares a 622 millones. Las importaciones desde China lo hicieron desde los 503 millones a 18,167 millones, según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

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Esta disparidad comercial viene a sustentar los señalamientos que apuntan contra la existencia de una sobrecapacidad industrial en China, apuntalada por una serie de beneficios estatales. Esto haría casi imposible para muchas industrias alrededor del mundo, entre ellas las centroamericanas, competir con sus pares chinos. La situación a la que se enfrentan es a una competencia desleal, contra la que tienen poco margen para luchar.

Incluso para el gobierno chino, la cruenta lucha de precios de sus industrias, que provocan continuos cierres de empresas, excesos de inventarios e incluso márgenes de ganancias excesivamente reducidos, ha sido motivo reciente de preocupación.

Centroamérica debe madurar

China posee una serie de intereses como lo hace cualquier otro país, cualquier otra potencia. Asumir una postura extrema que pueda considerar que esta es totalmente altruista o la satanice no contribuye en absoluto. Por el contrario, esto solo obnubilará cualquier intento de lectura objetiva de la realidad sobre la que se pretende incidir.

Los Estados centroamericanos, especialmente su clase política, deben asumir agendas públicas que permitan dar coherencia a su política exterior. En un sentido nacional, y seria también deseable en un sentido regional. La carencias de una política exterior o sus inconsistencias hacen a la región vulnerable a influencias no deseadas. Además, impiden que puedan identificar y aprovechar oportunidades comerciales, de cooperación y políticas.

Este artículo es una investigación de Expediente Abierto.

Las redes de crimen organizado en América Latina, que convergen entre estructuras regionales y extra-regionales, atraviesan hoy un boom económico histórico. Todo indica que 2024 probablemente se haya consolidado como el año más lucrativo para las economías ilícitas, con cifras récord registradas en  el hemisferio.

Con el avance de lo que hemos denominado La Cuarta Ola de Crimen Transnacional (COT), el crimen organizado ha dejado de ser una amenaza periférica para la mayoría de los ciudadanos. Se ha convertido en un actor central, capaz de representar una amenaza existencial para la supervivencia de la democracia representativa y del Estado de derecho. La inundación de capitales ilícitos y prácticas corruptoras en la política, tanto a nivel nacional como regional, hace urgente comprender estos nuevos fenómenos y articular respuestas dentro de un marco institucional y democrático.

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COT se caracteriza por operar con nuevos mercados, nuevos actores y modalidades inéditas. Los COT, incluyendo actores extra-regionales que irrumpen con audacia. Se comportan como agentes económicamente racionales que responden a las oportunidades emergentes y aprovechan las transformaciones de las economías ilícitas en todas sus manifestaciones.

Evolución del fenómeno

La primera ola fue representada por Pablo Escobar y el Cártel de Medellín. Fueron los pioneros en el movimiento de toneladas de cocaína hacia el mercado estadounidense a través de las rutas del Caribe.

Encabezada por el Cártel de Cali, la segunda ola perfeccionó un esquema más sofisticado de envío de cocaína a EEUU. Diversificó las rutas a través de Centroamérica y México. Hasta este punto, se trata de un producto (cocaína) hacia un mercado (EEUU).

La tercera ola, de la Revolución Bolivariana, se caracteriza por la criminalización de estructuras estatales que emplearon a grupos armados como las FARC, utilizando la producción y el tráfico de cocaína como instrumentos de política estatal y modificando funcionalmente ciertas políticas públicas. En este punto, el producto principal se diversifica (cocaína y oro) hacia un mercado principal (EEUU) con expansión hacia Europa.

La actual cuarta ola está marcada por la instalación de grupos extra-regionales, como la Ndrangheta italiana, las mafias albanesas o redes criminales turcas. Impulsan la expansión de drogas sintéticas y la explotación de oro ilícito. Estas organizaciones operan en muchos casos bajo la protección de gobiernos autoritarios, autodenominados de izquierda o de derecha, intercambiando capitales de los mercados ilícitos por protección política.

Control territorial

Esta cuarta ola no se define exclusivamente por la violencia, aunque tiende a registrar periodos especialmente sangrientos durante las disputas por el control territorial estratégico entre grupos locales al servicio del COT. Sin embargo, su verdadera amenaza radica en la capacidad de las organizaciones criminales para instaurar lógicas de gobernanza paralela, ejercer control territorial, penetrar instituciones y sustituir funciones propias del Estado.

Esta estrategia, muchas veces facilitada por la complicidad de redes políticas dentro del propio Estado. Produce un doble efecto: deslegitima al Estado, al evidenciar su incapacidad para combatir el crimen transnacional, y otorga legitimidad a los grupos criminales, que asumen funciones estatales —como proveer seguridad, generar empleos o impartir formas rudimentarias de justicia— con mayor eficiencia que las instituciones formales. Es una forma de poder que opera desde los márgenes, pero influye directamente en el núcleo mismo de la vida política, económica y social de nuestros países.

Estos actores criminales redefinen las reglas del juego en los territorios. Capturan funciones del Estado y corrompen las bases democráticas hasta que queda muy poco de la infraestructura institucional. Es un fenómeno que, siguiendo la analogía del virus descrito por Pablo Zeballos, se expande desapercibido inicialmente, hasta que mata al cuerpo anfitrión.

Convergencia transnacional

La evidencia de la nueva convergencia propia de la Cuarta Ola abunda en la actualidad. Un ejemplo claro se dio en junio de 2025, cuando un tribunal en Chile condenó a dos ciudadanos chinos, un albanés y un peruano por el tráfico de cocaína desde Valparaíso con destino a Róterdam, Países Bajos. Pocos días después, en una  operación conjunta con la policía italiana y británica, las autoridades colombianas detuvieron en Santa Fe de Bogotá a Giuseppe Palermo, uno de los capos de la poderosa mafia calabresa, la ‘Ndrangheta.

Estos hechos constituyen claras muestras de las nuevas y peligrosas convergencias del crimen organizado transnacional en América Latina. Actores extra-regionales han tejido alianzas inéditas, construyendo superestructuras globales en coordinación con grupos criminales regionales y nacionales que controlan territorios e infraestructuras estratégicas.

Otro ejemplo paradigmático ocurrió en marzo 2025. Un equipo de fiscales en Arica, Chile lograron que un juzgado condenase a 34 miembros de la banda criminal Tren de Aragua por múltiples actos de violencia y homicidio. Es un grupo nacido en Venezuela y ahora operando a nivel regional, representante del fenómeno particularmente peligrosa como variante del COT: la Exo-Criminalidad de Riesgo (ECR).

Menos democracia, más autoritarismo

La otra cara de la moneda del debilitamiento de los estados democráticos es el crecimiento de un autoritarismo ideológicamente agnóstico. Se mantiene en el poder usando grupos del crimen organizado transnacional como instrumentos de la política del estado. El caso mas notable fue la alianza de los países Bolivarianos (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba) con las FARC cuando el grupo guerrillero era el productor de cocaína mas grande del mundo.

Dentro de los estados autoritarios que se definen por esas alianzas hoy en día están Venezuela, Nicaragua, y El Salvador. Cada uno sigue el mismo modelo de consolidación autoritario a pesar de la autodefinición de unos como de “izquierda” y otros como “derecha.” La brecha mas grande ahora no es, como en el pasado, entre ideologías de derecha e izquierda, sino entre la democracia participative e institucional o el autoritarismo en alianza con el crimen transnacional.

¿Hay salida?

América Latina no puede seguir atrapada entre la violencia criminal y la ilusión autoritaria que hoy se expande en diversas partes de la región. Este modelo se sustenta en mega cárceles, detenciones masivas sin pruebas, juicios colectivos sin derecho a una defensa adecuada y censura a medios independientes. La salida no está en ceder derechos básicos a cambio de una seguridad aparente —como propone el autoritarismo basado en la lógica del “enemigo interno”—, sino en construir seguridad para proteger los derechos.

De esta diferencia se desprende el futuro de la región: avanzar hacia una institucionalidad sólida y duradera, o caer en un autoritarismo cada vez más personalista. Superar la trampa autoritaria exige democratizar la seguridad, transparentar la información, empoderar a las comunidades, recuperar los territorios a través de la inclusión y reencantar a la ciudadanía con un Estado que funcione, proteja y rinda cuentas.

Como advirtió Giovanni Falcone, juez asesinado por la mafia italiana, “la insolencia del crimen organizado es del mismo tamaño que la ausencia del Estado”. Esa constatación esta más vigente que nunca en América Latina. Allí donde el Estado se ausenta, el crimen ocupa el espacio con poder, violencia y promesas vacías de orden. La verdadera salida no es resignarse a esa sustitución, sino reconstruir la legitimidad estatal desde la eficacia, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos.

En América Latina, Donald Trump tiene dos presidentes que sintetizan su relación con los países democráticos de la región. El argentino Javier Milei no es un reflejo exacto del presidente estadounidense, pero constituye un aliado político importante. Comparte con él la prédica desreguladora y antiburocrática, una postura crítica frente a las políticas de género y un estilo confrontativo. Además, ha cuestionado el papel de los organismos internacionales y de los acuerdos multilaterales. En su visión, restringen la soberanía nacional. En cambio, Lula da Silva en Brasil, promueve una agenda más cercana a la de los Demócratas estadounidenses. Defiende el multilateralismo, la acción frente al cambio climático, el impulso de políticas de igualdad de género y un Estado con fuerte presencia en lo social.

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Como en el yin y el yang, son opuestos que se definen mutuamente. La existencia de uno refuerza la imagen del otro. Y ambos le sirven a Trump para proyectar su propio relato político bajo la lógica de “Estados Unidos primero”, que premia o cuestiona según la conveniencia o la simpatía directas para Washington.

La política exterior de Trump en América Latina muestra sus dos caras en los principales socios del Mercosur. La Argentina de Milei aparece como el gran aliado, mientras que el Brasil de Lula encarna la contracara incómoda, simbolizando un proyecto político adverso a la visión de Washington.

Pero el enfoque de la Casa Blanca hacia la región no se agota en esos liderazgos democráticos. Existe una tercera vía en su trato con regímenes autoritarios, en especial el de Venezuela. Washington mantiene en la mira al chavismo de Nicolás Maduro, señalado por su connivencia con el narcotráfico y percibido como una amenaza directa a su agenda nacionalista.

Intimidad diplomática

Argentina quedó entre los países afectados con un arancel del 10% sobre sus exportaciones a EEUU. Es un nivel relativamente bajo si se lo compara con lo que enfrentaron Japón y la Unión Europea e incluso Brasil. Buenos Aires se ha visto favorecida gracias al estrecho vínculo entre Milei y Trump. Es razonable pensarlo si se escuchan los comentarios elogiosos del embajador estadounidense en Argentina, Alec Oxenford, sobre este inédito acercamiento diplomático. De hecho, hubo visitas de varios secretarios de Estado. Entre ellos, el del Tesoro, enviado expresamente para dar apoyo a Milei para “rescatar a Argentina del abismo”. Oxenford mencionó al menos diez reuniones entre funcionarios de las dos administraciones en muy poco tiempo, cuando la mayoría de los países no había tenido ni una sola en los últimos tiempos. Para él, todo ello habla de “intimidad diplomática e interés” recíproco.

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El analista del Washington Post, Ishaan Tharoor, utilizó la expresión “bromance”. Describe una amistad muy estrecha entre hombres fuera del carácter sexual para resumir la relación entre ambos mandatarios. Su cercanía no solo es personal, sino también estratégica, con implicancias directas para la política económica y diplomática. Aunque todavía sea pronto para que se materialicen inversiones o acuerdos empresariales, que resultarían muy beneficiosos para Argentina, esto tendrá un impacto en la región.

De cara al futuro, el acercamiento no solo tiene implicancias económicas, sino también en temas de cooperación en defensa y seguridad. Son dos áreas muy sensibles en el marco de la puja geopolítica entre EEUU y China.

El peor socio de todos

La contracara del vínculo con Milei la encarna el presidente brasileño Lula, por razones que abarcan asuntos domésticos de Brasil, el comercio y la política exterior. La relación de la Casa Blanca con Brasil se ha expresado a través del apoyo al presidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo prisión domiciliaria por investigaciones sobre intentos de desestabilizar el orden democrático. Mientras, Trump lo sigue considerando un amigo perseguido y un aliado natural.

La cerrada defensa al expresidente se reflejó también en sanciones de Washington contra el magistrado brasileño Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal de Justicia y responsable del proceso contra Bolsonaro. Este es el principal motivo por el cual se aplicó un arancel del 50%, aunque no el único. “Brasil ha sido un pésimo socio comercial en términos de aranceles”, señaló Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Lula respondió con firmeza verbal, pero no tomó represalias. Quizás para no agravar el asunto con la principal potencia del mundo, a la que Brasil envía el 13% de sus exportaciones. Los aranceles tendrán un efecto económico al gravar ventas de café, carne y fruta, aunque no tan severo como podría pensar alguien desprevenido. Quedaron por fuera unos 700 productos, como el petróleo, el jugo de naranja y la pulpa de madera, en una economía relativamente menos expuesta a las ventas al exterior. Además, Brasil tiene más que perder en el mercado chino, que representa el 28 % de sus colocaciones según estimaciones de The Economist.

El mensaje más contundente, en todo caso, es de carácter político e incluye el fuerte acercamiento de Lula al régimen de Xi Jinping y la prédica antiestadounidense de los BRICS.

Un efecto colateral que beneficia al oficialista Partido de los Trabajadores es que el ataque tarifario de Trump ha mejorado la popularidad del presidente brasileño. Lula se embanderó con la defensa de la soberanía y su actitud de firmeza ante la administración republicana resulta favorable en las urnas. Esto no es nuevo. En Canadá, la respuesta firme del gobierno liberal frente a los aranceles estadounidenses fue bien recibida por la opinión pública, pese a que Ottawa tenía más que perder que Brasilia.

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En ese sentido, una encuesta de Pew Research Center, realizada en 24 países del mundo, incluidos Argentina, Brasil y México, mostró que la mayoría desconfía del liderazgo de Trump. El dato sugiere que, aun en una región donde algunos gobiernos mantienen gestos de cercanía con Washington, la percepción global sobre EEUU bajo su mando tiende al recelo. Esto confirma que América Latina no está al margen de una desconfianza más amplia hacia su figura.

– Jair Bolsonaro responde à carta de @realDonaldTrump . pic.twitter.com/Pj91AAxcHa

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 18, 2025

Venezuela bajo presión

Una pregunta interesante es cómo percibe la opinión pública a los ciudadanos que sufren regímenes tiránicos en la región. En el microclima de las redes sociales, reclaman que Trump actúe para derrocar, por ejemplo, al chavismo. El norteamericano considera que la corrupción de las dictaduras y su vínculo con el narcotráfico son un veneno que se extiende por la región. Y no está dispuesto a permitir que siga dañando a su nación, de manera directa o indirecta.

La semana pasada, como parte de un plan de defensa para frenar a los cárteles de la droga, EEUU envió tres buques de guerra hacia aguas de Venezuela con el objetivo de golpear directamente a las redes del narcotráfico. Para Washington, esto implica una amenaza contra Maduro y las fuerzas chavistas. La maniobra mantiene en alerta a otros regímenes autoritarios del vecindario, y despierta inquietud entre los presidentes democráticos. Un ejemplo es la tensión que ha provocado entre las principales figuras del chavismo y el presidente colombiano, Gustavo Petro. Las consecuencias son imprevisibles debido a la porosidad de las fronteras y al despliegue de bandas de narcotraficantes y grupos de disidencia de guerrillas colombianas a ambos lados.

Es un hecho que Maduro ha quedado más aislado respecto a potenciales aliados. Es probable que reciba menos apoyo de los enemigos de Estados Unidos. La negociación abierta con Rusia por la guerra en Ucrania, sumada al exitoso ataque de la administración republicana al reservorio nuclear de Irán, obliga a los adversarios de Washington a actuar con cautela.

En ese contexto de incertidumbre, la ofensiva contra los cárteles empieza a perfilarse como una política regional. Además de frenar el flujo de drogas, busca golpear de lleno a los regímenes autoritarios sostenidos en una violenta economía criminal. Trump parece decidido a que el poder descomunal de su país recaiga no solo sobre el narcotráfico, sino también sobre quienes permiten que prospere, como Maduro y sus adláteres chavistas.

A cinco meses y medio de la asunción del presidente Yamandú Orsi (Frente Amplio), en el país menos convulsionado de América Latina reina la sensación de que nada alterará el rumbo en el cual se encuentra Uruguay desde hace varios lustros de sucesivos gobiernos democráticos de distinto signos.

Respecto a cambios y nuevas leyes, el vértigo que ha impuesto este gobierno es similar al que genera una carrera de caracoles. Sí hay mucho ruido y griterío por parte de la oposición. En pie de guerra, defiende en todos los ámbitos el legado de la administración pasada, del expresidente Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), y cuestiona la mayoría de las decisiones del gobierno. Por su lado, el Frente Amplio (FA) se defiende esgrimiendo al viento el programa de gobierno que presentó a la ciudadanía a fines del año pasado cuando por más de 100.000 votos ganó el balotaje.

En ese contexto, el país celebra hoy su bicentenario, que celebra la Declaratoria de Independencia de 1825.

Los desafíos: crecimiento y seguridad

En la agenda pública parecen instalarse dos temas dominantes y sin solución a la vista: la necesidad de crecer económicamente, tras varios años de crecimientos anuales insignificantes del PBI, y la inseguridad pública.

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La segunda preocupación no se debe tanto al incremento de delitos y rapiñas, sino al aumento de la violencia y la creciente presencia de crímenes e ilegalidades con el sello inequívoco del narcotráfico. La situación del sistema penitenciario y las causas de una superpoblación carcelaria indigna —485 por cada 100.000 habitantes para una de las pocas democracias plenas existentes en el mundo— son parte esencial del gran diálogo nacional impulsado desde el Ministerio del Interior para abordar la inseguridad, con medidas que entrarían en vigor en marzo del año próximo. Solo un dato: el 65% de las personas privadas de libertad reinciden.

Aunque empiezan a existir señales preocupantes, en Uruguay existe la creencia de que aún hay tiempo para frenar el afincamiento del crimen organizado en estas tierras del sur.

Liderazgo sereno

El presidente Orsi, discípulo directo del fallecido expresidente José Mujica, apoyado por el poderoso Movimiento de Participación Popular (MPP), es un hombre sereno. Percibido por muchos como el típico uruguayo promedio.

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Si se tratase de una foto, sería el negativo en personalidad y forma de gobernar de su antecesor Lacalle Pou. Su presidencia se caracterizó por centralizar todas las decisiones del gobierno en su persona y en el Piso 11 de la Torre Ejecutiva.

Orsi, en cambio, deja jugar a sus ministros y tiene la marcha atrás muy bien aceitada. Diversos episodios de dimsiones y pedidos de renuncias a jerarcas recién asumidos (como la ministra de Vivienda o el presidente del Instituto Nacional de Colonización, entre otros) revelan cierta desprolijidad a la hora de seleccionar los nombres para las funciones. El presidente, ante la evidencia del error o la incapacidad, decide cortar por los sano, sin vueltas.

Hasta ahora, logró sortear sin salpicarse una serie de escándalos evitables.

Marcha atrás

A su vez, Orsi ha tomado decisiones de envergadura. Por ejemplo, canceló el proyecto Neptuno que tenía un costo estimado de unos 290 millones de dólares para tomar agua del Río de la Plata, construir una planta potabilizadora y así complementar el abastecimiento del área metropolitana del sur del país.

El proyecto, con un contrato firmado en los últimos días de gobierno de Lacalle Pou, fue largamente anunciado. Prometía ser un plan B en caso de una sequía como la que ocurrió en 2023, que dejó sin agua a Montevideo. El objetivo central del proyecto Neptuno era encontrar una reserva sustituta a la cuenca del Río Santa Lucía, de donde se abastece de agua potable para la capital y la zona metropolitana. El gobierno de Orsi canceló el mega emprendimiento y decidió trasladarlo a Casupá, en el centro del sur del país, también en la misma cuenca del Santa Lucía.

Este hecho evidencia una dinámica de ir contra proyectos del gobierno pasado, como el cierre de la oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén, anunciado en las últimas semanas.

Oddone, la piedra angular

En ese vaivén, Uruguay se adentra en su futuro. Antes del 31 de agosto, el Parlamento se prepara para el ingreso de la Ley de Presupuesto quinquenal con la impronta del ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Este economista liberal de izquierda pasa a ser la piedra angular del gobierno del FA en Uruguay. Es garantía para los empresarios, tranquilidad para la academia y, a su vez, colchón de resortes para los reclamos de la izquierda dura representada por el Partido Comunista, el Socialista y grupos radicales. Son sectores que también integran el FA, aunque con una bancada y representación en el Poder Ejecutivo sensiblemente menor a la del poderoso y casi hegemónico MPP del presidente.

En buena medida, el éxito y la legitimidad del gobierno de Orsi dependen de que a Oddone le vaya bien. Es un hombre que viene del mundo privado. Estuvo al frente de uno de los mayores estudios jurídicos del Uruguay y tiene una sólida formación académica y contactos clave destacados en el exterior.

Demostró ser dialoguista y moderado en una función que hasta ahora le calza bien. Nadie puede esperar de este outsider de la política locas pasiones ni recetas populistas. Sí medidas con sensibilidad social pero supeditadas al sentido común y con especial cuidado de los equilibrios marco económicos, algo que ya nadie discute en el país.

La llegada de inversiones extranjeras, más que necesarias, es harina de otro costal y no se vislumbran por más que se esperan y promocionan desde el ministerio de economía y finanzas.

Cancillería polarizada

Otro cantar es la Cancillería con el ex funcionario de la FAO Mario Lubetkin al frente. Alineado con la política exterior de Brasil, busca colocar a Uruguay en el eje Sur-Sur. También en este ámbito, se observan posiciones distintas al del gobierno anterior y otro tono en asuntos controversiales. Por ejemplo, la relación con el gobierno del dictador Nicolás Maduro, el conflicto entre el gobierno de Israel y Hamas y en la Organización de Estados Americanos.

Mientras Oddone goza de consenso, Lubetkin polariza. Es aplaudido por la militancia de izquierda, pero genera recelos en otros sectores. Entre estos equilibrios, sin mayoría en la Cámara Baja, transcurre el gobierno del manso Orsi.

La larga siesta

Mientras tanto, con su robusta democracia a cuestas y una cultura republicana que resulta un antídoto contra las aventuras populistas de liderazgos mesiánicos tan propios de América Latina, Uruguay continúa su cansino y a veces exasperante lento avance en la historia del siglo XXI.

Y pese a que no hay grandes ideas ni proyectos innovadores en el horizonte, los uruguayos ven allí los destellos de un mundo convulso y de transformaciones aceleradas que exigirían al país otra rapidez y viveza. Sin embargo, no hay nada que despierte al país de su tan confortable como inconsciente siesta de todos los días.

Era esperable que el MAS sufriera una derrota devastadora en las elecciones bolivianas del pasado domingo. Gobierna desde 2005 y llegó a los comicios dividido en cuatro facciones tras años de encarnizadas disputas entre el expresidente Evo Morales y su sucesor Luis Arce. Se presentó a las elecciones con dos partidos. Parecía que la segunda vuelta electoral, del 19 de octubre, se disputaría entre Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Tuto Quiroga (Alianza Libre). Indiscutiblemente ocupaban los dos primeros puestos en las encuestas.

Pero en la noche electoral se confirmó la primera previsión. El MAS fue castigado, aunque, según los resultados disponibles hasta ahora, logró mantener por escaso margen su personería jurídica con un 3,2%. Por su parte, Alianza Popular, del antiguo discípulo político de Morales, Andrónico Rodríguez, obtuvo un 8,2%.

La sensación estuvo a cargo de Rodrigo Paz. El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (MIR-Movimiento de Izquierda Revolucionaria) subió en las encuestas en las últimas semanas. En vista a los casi 20% de indecisos, se preveía que pudiera lograr un tercer puesto. Sin embargo, nadie esperaba que saliera victorioso y desbancara a Doria Medina, desde hace meses a la cabeza en las encuestas, y que relegara a Quiroga a un claro segundo puesto, con una diferencia de posiblemente alrededor del 6%.

La retirada de Doria Medina, que se presentó varias veces como candidato, es más fácil de explicar. Algunos de los aspectos centrales son su falta de carisma y atractivo político, los cuestionables aliados tanto de la izquierda como de la derecha y los contactos con determinados empresarios muy criticados en Bolivia, como el boliviano Claure, residente en Estados Unidos. Además, es percibido como tibio, poco claro y débil en el liderazgo.

Por el contrario, Quiroga ganó terreno. Se le atribuye una mayor capacidad de liderazgo. Pero, sobre todo, fue quien más se pronunció claramente para que Morales rinda cuentas. Se le atribuye más capacidad que a Doria Medina para aplicar mano dura necesaria para sacar a Bolivia de la crisis.

El voto castigo

Algunos analistas ven en el resultado un voto castigo no solo contra el MAS, sino también contra gran parte de la oposición por su incapacidad para renovarse. Doria Medina, Quiroga, Reyes Villa y Jhonny Fernández hace décadas son parte desde del inventario político de Bolivia.

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Si se analiza más detenidamente la figura de Paz, el signo de interrogación está más que justificado. ¿Cómo logró Paz transmitir de forma creíble su lema Renovación? De todos los candidatos, Paz llevó a cabo probablemente la campaña más larga. Recorrió todo el país y apostó fuertemente al contacto personal y al tema de la descentralización. Además, realizó numerosas promesas respecto al mantenimiento o la ampliación de los programas sociales. También quiere mejorar la desoladora situación económica sin recurrir a créditos financieros internacionales. Sin embargo, no reveló cómo piensa financiar todo ello. Al parecer, solo invirtió el equivalente a 25 euros en redes sociales.

El nombramiento de Edman Lara, un antiguo policía que luchó contra la corrupción y los abusos en las estructuras policiales, como candidato a la vicepresidencia fue una jugada acertada. Además, no participó en la campaña electoral sucia, sino que apostó por una participación objetiva en los debates.

Ofrecer renovación

Paz no es un novato en la arena política. Hace más de 20 años que participa activamente en diferentes partidos y coaliciones. Además, ha sido diputado y alcalde. Comenzó en el partido de su padre, el MIR, y luego formó coaliciones con la izquierdista FRI y también con Podemos. Esta última fue una coalición electoral formada por la Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundada por el antiguo dictador militar Hugo Banzer, el partido de Quiroga, su actual contrincante en la segunda vuelta, y el PDC. En 2020 se unió a la alianza de Carlos Mesa, en representación de la cual sigue ocupando un escaño en el Senado hasta la fecha.

Es significativo que en su discurso en la noche de las elecciones agradeciera al PDC por haberle cedido el nombre del partido para su proyecto. Esto no es excepcional en Bolivia. Se toma prestado o se compra el nombre de un partido para un proyecto personal para habilitar legalmente una candidatura. Curiosamente, la dirección del PDC publicó unos días antes de las elecciones la recomendación electoral a favor de Quiroga.

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Causó sorpresa la abierta referencia a Dios, su voluntad y su orientación en el discurso de Paz la noche de las elecciones. Ante este comportamiento absolutamente inusual en Bolivia, los observadores no descartan un acuerdo con las iglesias evangélicas en particular. Como candidato demócratacristiano, que termine su discurso en la noche de las elecciones con el grito de guerra «¡hasta la victoria siempre!», del Che Guevara, Castro, Maduro y otros guerrilleros y líderes comunistas, fue objeto de especial atención.

Rodrigo Paz, difícil de clasificar

Es sorprendente que un político de estas características se convierta en la estrella emergente de las elecciones bajo el lema Renovación. Más aún cuando en su departamento natal, Tarija, solo haya logrado un tercer lugar a pesar de haber sido alcalde de la capital, diputado y actualmente senador.

Tal vez su éxito también tenga que ver con el hecho de que no sea clasificado como de derecha o centroderecha. Su campaña electoral fue dirigida y apoyada masivamente por antiguos y experimentados círculos dirigentes del desaparecido MIR socialdemócrata.

Paz ha sabido atraer a partes relevantes del antiguo electorado del MAS. Esto se refleja en los departamentos en los que ganó con casi 50% de los votos: La Paz (con las grandes ciudades de La Paz y El Alto), Potosí, Oruro y Chuquisaca. Estos cuatro departamentos han sido hasta ahora bastiones del MAS. El crecimiento de Rodrigo Paz proviene principalmente de estos distritos electorales.

En este contexto, y ante el sorprendente silencio del MAS y sus sucesores, se discute ahora en Bolivia si tras bambalinas hubo una campaña orquestada a favor de Paz. La finalidad sería ofrecer al electorado decepcionado una posibilidad de hibernación política hasta la reconfiguración de una izquierda más radical.

El voto nulo

Desde su exilio interno, Morales, que lleva bastante tiempo eludiendo la ejecución de una orden de detención por tráfico de menores, atrincherado en el Chapare, la mayor zona de cultivo de coca de Bolivia, y rodeado de escudos humanos, había llamado a sus seguidores a emitir un voto nulo. Con ello se reveló como un «delincuente confeso», ya que en 2011 había calificado así a quienes abogaban por emitir un voto nulo en las primeras elecciones de las autoridades judiciales. Sin embargo, Morales nunca ha tenido problemas con el doble discurso.

Morales soñaba con un 60% de voto nulo, con lo que pretendía deslegitimar el resultado electoral. Muy lejos de lograr eso, sorprendentemente incluso ha reconocido el resultado electoral y ha calificado el voto nulo como un castigo para la joven generación del MAS y los partidos sucesores por su corrupción (Castillo) y traición (Rodríguez).

Según los primeros datos, el voto nulo ronda el 19%. Tradicionalmente se sitúa entre el 3% y el 5%. Si se quisiera atribuir toda la diferencia a Morales, seguiría muy lejos de su 60%. Puede reclamar un éxito considerable de su campaña, pero esto no le da representación parlamentaria. Como mucho, le permite movilizar a parte de sus seguidores en las calles, como ya ha hecho anteriormente. Un portavoz del evismo ha rechazado entretanto una unión con el MAS o sus escisiones. Según él, solo es posible un liderazgo de la izquierda bajo Morales.

Incertidumbre

Tal como prometió, Doria Medina dará su apoyo al candidato que obtenga el primer lugar. Pero aún queda por ver quién será realmente este candidato una vez finalizado el recuento oficial. Paz ya ha recibido el apoyo en las zonas sindicales rurales del Altiplano, antiguos bastiones del MAS.

El candidato a vicepresidente, Lara, a quien los representantes del MAS y del evismo atribuyen un papel principal en el éxito de Paz, ya se siente con la fuerza suficiente para amenazar a Paz con arrestarlo si no cumple sus promesas. Queda por ver cómo evoluciona el equilibrio de poder dentro de esta coalición.

Los pronósticos sobre el resultado de la segunda vuelta por ahora son pura especulación, y definitivamente no se debería confiar en las encuestas. Quedan casi dos meses de otra larga campaña electoral hasta la nueva elección el 19 de octubre. Esta será sin duda más dura y polarizada que la que acaba de terminar.

Víctor Paz Estenssoro, cuatro veces presidente de Bolivia e icono de la Revolución Nacional de 1952, dijo que los ciclos políticos de Bolivia duran veinte años. El 17 de agosto de 2025 finalizó el ciclo del régimen autoritario de izquierda del MAS, quince de los cuales han sido bajo el mandato de Evo Morales.

En este documento se realiza un análisis exhaustivo de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS), subrayando su relevancia como marco normativo global para la prevención y resolución de conflictos con perspectiva de género. Inicialmente, se exploran los avances internacionales, incluyendo un análisis comparativo de la implementación en América Latina, donde varios países, como México, enfrentan desafíos significativos para cerrar la brecha entre los compromisos globales y las acciones locales.

Posteriormente, el enfoque se centra en México, un país que, pese a su liderazgo en la adopción de una política exterior feminista y un Plan Nacional de Acción, enfrenta grandes retos en la implementación de esta agenda a nivel nacional. Se examinan barreras como la falta de recursos, voluntad política y la desconexión entre las políticas internacionales y la realidad interna.

Finalmente, el documento hace un llamado a la congruencia entre los compromisos asumidos y su ejecución, invitando también a replantear cuestiones clave en la implementación de la agenda para asegurar que se adapten a las realidades locales y se traduzcan en esfuerzos sostenibles.

Año: 2024

A cargo de: Konrad Adenauer Stiftung y The Institute for Strategy & Defense Research

El viejo edificio de ladrillos se encontraba en llamas. Tras días de disturbios, desde la empinada calle 13 se veían columnas de oscuro humo a lo lejos. El centro de la capital — calle catorce, avenida H— parecía una zona de guerra. La ciudad, escenario de tensiones políticas atestiguadas por sus solemnes monumentos, ofrecía la imagen inquietante de patrullas militares en las esquinas. Un testigo recordaba: “Estaba afuera, jugando en el patio de mi casa, y vi un jeep militar patrullando, con dos soldados y una ametralladora montada”.

La escena es de Washington, Distrito de Columbia, en abril de 1968, luego del asesinato del reverendo Martin Luther King Jr. La violencia sobrepasó a la policía local y motivó una respuesta federal masiva, en la que el presidente Lyndon B. Johnson, demócrata, desplegó a miles de efectivos militares sobre la ciudad.

Casi seis décadas después, el 11 de agosto de 2025, la Casa Blanca volvió a invocar la excepcionalidad. La orden ejecutiva 14333 declaró una “emergencia criminal” en D.C. y dispuso la federalización temporal de la policía metropolitana por treinta días. La administración argumentó que la medida buscaba restablecer la seguridad en espacios federales, contener la violencia y proteger a trabajadores y residentes. Legalmente, la intervención se apoya en una interpretación ejecutivista de la ley que regula la autonomía del Distrito. Permite la federalización en situaciones de emergencia por un período limitado.

El presidente, Donald Trump, declaró que rescataría a la capital del “derramamiento de sangre, el caos y la porquería”, describiendo a la ciudad como tomada por “pandillas violentas y criminales sanguinarios, turbas de jóvenes errantes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar”. Dispuso así la autoridad de la policía distrital bajo mandato federal. El Administrador de la Agencia Antidrogas, Terry Cole, recibió autoridad operativa sobre la policía metropolitana. Ordenó el despliegue de centenares de efectivos de la Guardia Nacional provenientes de D.C. (bajo mandato directo del Presidente), Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Luisiana, Mississippi y Tennessee, junto con cientos de agentes federales de distintas agencias para “hacer que Washington sea seguro de nuevo”: proteger edificios y monumentos federales, asegurar el sosiego de los empleados federales, realizar operativos contra pandillas y promover la reubicación de indigentes a refugios fuera de la ciudad.

¿Es una orden legítima?

La medida aparece como legal dentro de las capacidades de interpretación del Ejecutivo y la normativa vigente. El Distrito de Columbia ocupa un lugar singular en la Constitución y en la práctica institucional estadounidense. No es un estado, su gobierno local existe por delegación del Congreso y su autonomía está sujeta a estrechos límites. La ley que regula esa autonomía contiene mecanismos de intervención federal en emergencias. De hecho, fueron aplicados en otros episodios de la historia. Si bien su activación no requiere más que un criterio discrecional del Ejecutivo, una eventual extensión requeriría justificaciones sobre proporcionalidad, duración y supervisión.

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Si bien existe una dinámica global de militarización y expansión de las capacidades coercitivas de los cuerpos de seguridad pública —razón por la cual la orden ejecutiva fue bien recibida entre sindicatos policiales—, en términos puramente operativos caben dudas sobre si estas fuerzas son idóneas para esta función. La militarización del espacio urbano puede generar desgaste de la confianza ciudadana y en la relación entre residentes y autoridades. Además, las soluciones temporales que pueden tener resultados espectaculares no siempre logran dar con las causas estructurales de la delincuencia.

Pero lo que hace de esto una noticia de comentario global es el significado político simbólico. La capital nacional es una vitrina institucional y, a la vez, un conjunto de barrios con problemas sociales muy serios. Intervenir allí tiene un alto valor simbólico y electoral. Su impacto real sobre la seguridad debe evaluarse frente a ese valor performativo, anclada en una visión política particular. Es necesario recordar que los despliegues federales en la capital no son inéditos en la historia estadounidense. Han existido precedentes en contextos de grave conflictividad interna y en amenazas extraordinarias.

La diferencia actual es la marcada división del escenario político. La administración defiende un discurso de mano dura y la oposición denuncia autoritarismo. Esto hace que cada intervención adquiera una dimensión más profunda y frágil en términos de legitimidad y reconocimiento mutuos.

Percepción polarizada

Lo irónico es que este episodio revierte la postura sobre el federalismo que caracterizaba a los demócratas y republicanos en las últimas décadas. Políticamente, la decisión provocó reacciones divididas: el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros dirigentes republicanos respaldaron la acción como un ejercicio decidido del poder federal para enfrentar el crimen. Líderes demócratas, como el senador Chuck Schumer y la alcaldesa Muriel Bowser, denunciaron la medida como un atentado contra la autonomía local, e incluso una manifestación autoritaria. El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, anunció acciones legales para cuestionar la constitucionalidad y la necesidad de la intervención.

Esta polarización ideológica explica por qué la medida se percibe de manera tan dispar. Para perfiles conservadores, la acción equivale a la firmeza que demandan frente a la inseguridad urbana, recordando los disturbios contra las policías de tiempos recientes en contexto de injustificados disturbios woke. Para voces liberales o progresistas, representa una intromisión excesiva del Ejecutivo y un riesgo de excesos que desestiman problemas sociales y étnicos históricos, calificados como segregación y discriminación institucional.

Ambas percepciones contienen evidencias y argumentos poderosos. Cuando comunidades padecen violencia, la indiferencia institucional genera desconfianza y temor. Cuando el poder central actúa sin consenso, la polarización puede ahondarse.

Más allá de Washington

Otro elemento del debate es la tensión histórica entre capital y el país profundo. Se crítica a Washington como “pantano” y existe una percepción más amplia de las ciudades costeras como desconectadas de la “América profunda”, con élites indolentes que son cómplices de cohecho y pandillas locales o están subyugadas ideológicamente a ser indulgentes contra vicios sociales. Esto forma parte de una narrativa política de larga data, que se vinculan a la peculiar tradición populista americana: restaurar un orden perdido frente a los supuestos excesos cosmopolitas. No olvidemos que, aunque Trump sea un personaje urbano, su fama original se dio en la Nueva York violenta de los 70 y 80, siendo consistentes sus críticas a los guetos y la miseria urbana como indecorosa.

Y esto tiene un fundamento, siempre controversial: Washington sí es una ciudad violenta en el promedio de las capitales globales, y en los promedios generales del país. Si bien la criminalidad actual es relativamente baja en contraste con las últimas décadas del siglo pasado, no es una ciudad perfectamente segura. La criminalidad es un temor genuino de su población, al punto que medidas de toque de queda para menores ya existían por parte de las autoridades locales. Es la sexta ciudad norteamericana en número de homicidios por habitantes, y en años recientes hubo un pico en robos de vehículos y los asaltos. Defender el avance relativo puede mostrar a los críticos de la medida como indiferentes a un tema sensible, y este ha sido un fuerte del partido Republicano frente al Demócrata por décadas.

¿Es una buena medida?

A corto plazo, cabría esperar que una mayor presencia federal pueda reducir incidentes de criminalidad. A mediano y largo plazo, el gesto puede generar un precedente de aplicación a otras ciudades, o una muestra de que se normalicen situaciones extraordinarias.

Se sabe que el trabajo policial depende de políticas integradas. Pero, más allá de la eficacia, persiste un dilema institucional: si bien la Presidencia norteamericana tiene enormes competencias, la tenacidad de la división norteamericana dificulta una evaluación transparente y una objetiva rendición de cuentas. Cualquier eventual juicio sobre la eficacia o legitimidad de la medida para disminuir índices dependería de criterios que el sistema actual, en su polarización política, no parece ser capaz de elaborar con consenso y sobriedad.

El despliegue en Washington presenta un reto: ir más allá de la demostración pública de fuerza para atender el problema real de seguridad y mantenerse dentro del marco democrático de legitimidad de la acción estatal. En circunstancias normales, ambos objetivos son compatibles. Pero su conjunción exige prudencia institucional y políticas públicas orientadas a los efectos y a las causas estructurales del delito. La hermosa y sobrecogedora capital norteamericana vuelve a ser el lugar donde se mide la fuerza del Estado y la salud de su ejemplo como primera ciudad democrática contemporánea.

Argentina tendrá su elección legislativa de medio término el 26 de octubre próximo. Se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso, 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Será una instancia muy especial por varias razones. En primer lugar, porque representa el primer test electoral del presidente, Javier Milei, quien lleva 20 meses en el cargo. En segundo término, está aplicando un duro ajuste económico para ordenar macroeconomía del país. Esto convierte los comicios en un gran plebiscito sobre su programa de estabilización. Y, en tercer lugar, porque es el gobierno políticamente más débil desde el regreso a la democracia, lo cual lo ha obligado a maniobrar para llevar adelante sus reformas, aunque de manera más acotada. Todas esas características generan un gran interrogante sobre un fenómeno político inédito.

La principal oposición es el peronismo y kirchnerismo, que se impuso en la primera vuelta presidencial de 2023. Por lo tanto, es la primera minoría en ambas cámaras del Congreso. El otro gran sector opositor era la coalición Juntos por el Cambio, que la integraba sobre todo el PRO —partido liderado por el exmandatario Mauricio Macri— y la histórica Unión Cívica Radical. Curiosamente, los gobernadores que respondían a dicha alianza suman 10 sobre los 24 distritos en los que se divide el país.

Tensiones entre el gobierno nacional y las provincias

Del total de mandatarios provinciales, el gobierno nacional ha tenido una relación dialoguista con unos 16. Es decir, dos tercios del total. Buena parte de estos 20 meses el oficialismo ha ido estableciendo negociaciones ad hoc en función de las circunstancias. Esto le ha permitido manejar una gobernabilidad bastante razonable. Sin embargo, en los últimos dos meses la relación se enturbió. Los gobernadores se quejan de que el Poder Ejecutivo Nacional retiene fondos que les corresponde por ley, además de que no se sienten adecuadamente retribuidos por los favores políticos que le han hecho al presidente en el Congreso. En la jerga autóctona se lo califica de “mal pagador”.

Este es un dato muy relevante dada la fragmentación política que están experimentando todas las fuerzas opositoras. Los 24 mandatarios provinciales acordaron presentar en el Senado dos proyectos de ley: uno que les restituyen recursos y otro que distribuye dinero que el gobierno nacional usa para asistencias en casos especiales, y que no está utilizando. Las dos leyes ya tuvieron su aprobación en la Cámara Alta y se están tratando en la Cámara Baja. Milei ha dicho que estos y otros proyectos de ley serán vetados. Esto obliga al Congreso a insistir con los dos tercios para rebatir el veto presidencial.

Alianzas electorales

En este marco se han cerrado alianzas para la elección del 26 de octubre. De los 16 gobernadores dialoguistas, La Libertad Avanza (LLA) —oficialismo nacional— solo llegó a acuerdos con cinco de ellos. Con el resto no pudo o no quiso.

PRO entró en alianza con LLA en dos distritos claves —la capital y la provincia más grande— pero no van de la mano en la gran mayoría. El partido de Macri hizo lo único que podía hacer en estas circunstancias: ser socios minoritarios de una coalición potencialmente ganadora. No tenía mucho sentido ser el accionista mayoritario de algo condenado a la derrota, como ya pasó en la elección local de la capital nacional en mayo. Dicha fuerza atraviesa una situación compleja: sus dos exprecandidatos presidenciales dejaron de pertenecer por disidencias políticas con el líder.

El peronismo también experimenta muchos conflictos internos. Solo controla cinco distritos que responden a la conducción de Cristina Kirchner. El resto ha desarrollado movimientos políticos provinciales que responden a líderes locales. La fragmentación también toca al propio kirchnerismo, dado que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y varios intendentes poderosos han armado una disidencia respecto a la expresidenta, aunque no haya diferencias ideológicas sustantivas. Otro conflicto lo plantea el exprecandidato presidencial Juan Grabois, que obtuvo casi 6% de los votos en la primaria nacional de 2023. Sintetizando, se presenta en unidad en 18 de los 24 distritos.

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Una novedad importante la constituye la entente de cinco gobernadores dialoguistas, entre los que se cuentan dos de los cinco distritos más grandes. Hicieron un llamado a un “Grito Federal” que se denominará Provincias Unidas. Intentarán expresar una oposición moderada a Milei, con fuerte acento en la defensa de los intereses de las provincias. Si bien es probable que estén lejos de terciar entre el peronismo y LLA, colaborará con una imagen menos polarizada del escenario nacional al final del camino. Lograron inscribir dicha coalición en 15 provincias.

¿Ventajas para el libertario?

El gobierno nacional corre con viento a favor dados los logros económicos, sobre todo el éxito en la lucha contra la inflación y la ausencia de alternativas al modelo económico de Milei. A eso se suma el mal recuerdo de la gestión de Alberto Fernández y su vicepresidenta. Está claro que la elección será polarizada entre dos, pero: ¿cuán polarizada? En las elecciones adelantadas para cargos provinciales se manifestó una fragmentación importante. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires solo el 57% sufragó por LLA más el Partido Justicialista.

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Otro factor que será muy difícil de predecir, tanto su volumen como a quién afecta más, es el alto nivel de ausentismo que se viene manifestando en los comicios provinciales adelantados, contrariando una tendencia de participación históricamente elevada. Es de suponer que, aunque la mayoría sufrague, será la elección de medio término con menor participación desde 1983.     

Por primera vez se utilizará la boleta única de papel como ocurre en la gran mayoría de los países de América Latina. Dado que en esta oportunidad solo se elegirán diputados en dos tercios del territorio nacional y además senadores en un tercio, probablemente no se observe ningún efecto especial.

Arropado por una multitud en el centro de la ciudad de La Paz, Bolivia, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, daba sus primeras palabras luego de conocer los resultados de las elecciones generales. “Hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada”, expresaba. Quedó en el primer lugar con el 32,14%, de acuerdo con los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) .

Paz dio la sorpresa, incluso por delante de Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libertad y Democracia (26,81%). Dejó fuera ­ —según las encuestas previas— al otro favorito, Samuel Doria Medina de Alianza Unidad (19,86%). Por primera vez Bolivia va a una inédita segunda vuelta y da por cerrado el ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS) como partido hegemónico, luego de casi 20 años.

¿Los votos del descontento?

La mayoría de las encuestas autorizadas ubicaban a Rodrigo Paz y su acompañante de fórmula, Edman Lara, entre el tercer y quinto lugar. A pesar de su crecimiento en las últimas semanas, no era previsible este resultado, por lo menos no para todos. ¿Qué pasó?

El voto residual, que rondaba el 32%, era el indicador importante. Pero aún más el denominado “voto oculto”, que el 17 de agosto se transformó, en las urnas, en un voto válido para el PDC.

Un hecho innegable es el hartazgo y desaprobación del actual gobierno del MAS, básicamente por la profundización de la crisis económica que golpea los bolsillos de los bolivianos y también por el debilitamiento institucional.

El oficialismo llegó a la contienda electoral fracturado y sin mucho que ofrecer. El  respaldo que forjó el expresidente Evo Morales en sus inicios, que quedó en el ocaso con el mandatario Luis Arce, estaba a la deriva. Sin embargo, los resultados muestran que pudo —por lo menos en una buena parte—, ser capitalizado por el binomio Paz- Lara.

El voto del descontento no tuvo como destino a los opositores Quiroga o Doria Medina. Encontró un punto medio. Por eso resulta difícil encasillar a Rodrigo Paz como candidato de derecha o incluso, centroderecha. Algunos analistas ven en él características de populista o liberal popular. Lo cierto es que su línea no está trazada nítidamente, aspecto que parece jugarle a favor en este punto de la contienda y con miras al balotaje.

TikTok, el secreto de la campaña de Edman Lara

Rodrigo Paz fue la cara visible en los medios de comunicación tradicionales durante la campaña. Sin embargo, Edman Lara fue la pieza clave en las redes sociales, especialmente TikTok, donde tiene una comunidad de más de 193.000 seguidores.

Lara tenía el rango de capitán de la Policía boliviana, pero fue dado de baja por procesos disciplinarios luego de que denunciara corrupción en la institución del orden. Bajo esta bandera de limpieza y renovación, comenzó a mostrar una imagen cercana a las clases populares, de la que se considera parte. Y conectó.

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Según la reciente encuesta realizada por la Fundación Konrad Adenauer Bolivia y la Fundación Aru, alrededor del 75% de los votantes de este proceso tienen entre 18 y 39 años, electores con una importante presencia en redes sociales. Con voz enérgica, Lara plantea cambios radicales y denomina a su fórmula “binomio del pueblo”. Desde esta perspectiva no resulta tan sorpresivo el resultado de la votación.

A esto se suma el valor de la campaña en sí, una muy austera respecto a sus contrincantes. Desplegaron una maquinaria financiera para pagar espacios en plataformas y trasladarse a casi todo el país. Los recorridos de Lara fueron cara a cara, retomando las viejas, pero efectivas, prácticas para conquistar el voto.

Un pasado no tan brillante

Es la primera vez que Rodrigo Paz se postula a la presidencia. Pero no es nuevo en política. Tiene una amplia trayectoria como diputado, concejal, alcalde de la ciudad de Tarija, y, posteriormente, senador. Además, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que gobernó Bolivia en 1989 y 1993, considerada parte de la etapa neoliberal.

La faceta de autoridad de Rodrigo Paz en esta región del sur (2015-2020) estuvo rodeada de polémica. De hecho, allí no obtuvo la mayoría de apoyo de los votantes, debido al fracaso de su gestión en la ejecución de algunas obras y por presuntos sobreprecios. También tiene cuestionamientos por cierta cercanía con el expresidente Morales, aunque abiertamente y en época de campaña mantuvo su discurso de confrontación con el MAS.

Un balotaje histórico

Por primera vez en la historia democrática de Bolivia el escenario electoral pondrá frente a frente a dos candidatos: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga. Por ahora el representante del PDC aparece con una mayor ventaja, más aún luego del apoyo que le aseguró el candidato opositor Samuel Doria Medina. Pero no se puede minimizar el recorrido político y la experiencia de Quiroga, con una línea más clara de derecha liberal.

En todo caso, el desafío será la gobernabilidad, algo que el gobierno de Luis Arce no pudo consolidar y precipitó la debacle del MAS.

Con los resultados preliminares, el PDC se proyecta como la primera fuerza parlamentaria, seguida por Alianza Libertad y Democracia de Jorge Quiroga y Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Se avizora una negociación, pues las tres fuerzas políticas plantean cambios que implican, por ejemplo, la derogación de leyes, que no será posible ejecutar sin diálogo.

¿Fin para la izquierda?

En este nuevo ciclo la izquierda no tendrá poder, por lo menos dentro del Legislativo. El MAS, representado por Eduardo Del Castillo (3.16%), mantiene su sigla, pero no consiguió un sitial en el Senado. La fuerza en las calles, que ha sido una constante durante la gestión de Morales, se mantendrá, según anunció el exmandatario.

En este contexto, Andrónico Rodríguez de Alianza Popular (8,22%) consolidará también su figura de opositor al nuevo gobierno y de contrapeso a Morales, con quien mantiene una confrontación política agravada desde su incursión en estas elecciones. Es el camino que le queda luego de la contundente derrota. “Es momento de levantarnos, hacer una profunda reflexión, recomponer el movimiento popular, corregir los errores y seguir adelante. La política es de resistencia y no de velocidad”.

Para comprender este escenario luego de la primera vuelta es importante revisar el porcentaje de los votos nulos (19,38%) y los blancos (2,45%). El balotaje también se moverá entre estas tendencias. El TSE prevé que los resultados oficiales consolidados se conozcan en los próximos días.

Ante la desinformación, que se incrementó de manera preocupante en la recta final, cerrar una jornada electoral con masiva participación y reconocimiento de los candidatos más votados, ha sido un logro democrático para los bolivianos. El 19 de octubre Bolivia tendrá la segunda vuelta electoral y se conocerán los nuevos gobernantes para los próximos cinco años.

The report states that “access to social media data by independent researchers is at the forefront of efforts to improve tech transparency. Article 40 of the European Union’s Digital Services Act (DSA) requires providers of very large online platforms and very large online search engines to provide vetted researchers with access to data, subject to certain conditions. In the United States, lawmakers are considering several bills, which vary in their details, that would require social media companies to provide data to researchers.” This report also examines “existing legal protections for stored social media data in the US and the EU and how they might be impacted by researcher access to social media data.”

The views, conclusions and recommendations expressed in this report are solely those of its author(s) and do not reflect the views of the Konrad-Adenauer-Stiftung, or its employees.

Year: 2023

By: Caitlin Vogus

Produced by: Center for Democracy & Technology and Konrad Adenauer Stiftung

Small businesses, which employ nearly 40% of the global workforce, are essential for sustainable development but often remain trapped at low levels of productivity. This report addresses the knowledge gap on how these enterprises, particularly informal ones, can use digital technology to grow. Its aim is to understand why only some of them manage to fully exploit digitalization and how it affects the majority. To do this, it analyzes the relationship between the digital revolution and informal enterprises, offering two models on how digitalization influences their performance.

The analysis focuses on the «capabilities» of the enterprises—the skills, attitudes, and expertise of their owners and staff—which determine their ability to benefit from digitalization. The report identifies five types of micro and small enterprises (MSEs) with different capability levels, ranging from small traders to high-tech startups. It also considers external factors such as the local digital ecosystem and the enterprise’s position in the supply chain. This multidimensional approach helps to understand the complex dynamics that influence technology adoption.

The report details the opportunities and barriers of digitalization for MSEs. Opportunities include better access to information, new markets, financial services, and formalization. Barriers, on the other hand, cover the digital divide, skill shortages, risk aversion, and cybersecurity challenges. In conclusion, the report highlights that digitalization is not an automatic process. Success depends on a company’s internal capabilities and external factors. It therefore recommends that support policies should not only promote technology adoption but also invest in skills, mindsets, and management abilities so that MSEs can truly thrive in the digital age.

Year: 2021

ISBN: 978-92-2-034942-7 (print)
ISBN: 978-92-2-034943-4 (web PDF)

Produced by the Publications Production Unit (PRODOC) of the ILO

As offensive cyberoperations become increasingly prevalent in armed conflict, cyberspace has emerged as both an arena for geopolitical competition and battlefront.

In this rapidly evolving and expanding cyber threat landscape, the proliferation of non-state actors acting as proxies in conflict is raising the stakes. Offensive cyber proxy activity—left unregulated—carries significant security implications for nation states, businesses, and individuals, ranging from cyberattacks on critical infrastructures to economic espionage to data theft. Yet, few tools and legal responses exist to deter malicious activities by non-state actors in cyberspace, who are often able to obfuscate technical and legal attribution and escape accountability.

On Wednesday, March 27, the Konrad Adenauer Foundation (KAS) New York Office brought together representatives of the United Nations, Permanent Missions of Member States, think tanks, and academia for an exclusive briefing and expert discussion based on findings from its latest report, Regulating the Role and Involvement of Offensive Proxy Actors in Cyberconflict.

Regulating the Role and Involvement of Offensive Proxy Actors in Cyberconflict aims to serve as an analytical tool for policymakers, multilateral institutions, legal experts, and civil society by providing a comprehensive overview of the scope of the cyber proxy phenomenon and the various technical, legal, and normative challenges it presents for the multilateral system. It concludes with a set of practicable recommendations—at both the multilateral and national levels—for increased normative cooperation grounded in international law, as well as collaboration in non-proliferation and cybercrime prevention.

Year: 2024

ISBN: 978-1-7369528-4-9

Producido por: Konrad Adenauer Stiftung

By: Eleonore Pauwels

As relações entre Brasil e a União Europeia (UE) parecem estar em um período de significativa retração, mesmo após anos de avanços e retórica positiva. Desde que a Parceria Estratégica foi assinada em 2007, as partes têm mantido um calendário de compromissos anuais em cúpulas presidenciais. No entanto, a VII Cúpula, realizada após rumores de seu cancelamento a pedido do Brasil, ocorreu em um clima de grande pessimismo, sinalizando uma desaceleração na cooperação.

Em 2013, o panorama era bem diferente e permitiu que Brasil e UE discutissem uma ampla gama de temas. Naquele encontro, eles compartilharam visões e se comprometeram a cooperar em questões globais, como a reforma do sistema financeiro, as mudanças climáticas e a não-proliferação nuclear. Além disso, as negociações para um acordo de livre-comércio entre a UE e o Mercosul ganharam impulso, com um compromisso de apresentar propostas de redução tarifária. Outros pontos relevantes, como a insegurança em várias regiões e a expansão de comércio e investimentos, também foram abordados, dando a impressão de que a parceria estava madura e pronta para evoluir.

Apesar do otimismo da reunião de 2013, a parceria não conseguiu sustentar o ímpeto devido à falta de políticas externas proativas de ambas as partes. Recentes desentendimentos comerciais, combinados com contextos domésticos desfavoráveis, tanto no Brasil quanto na UE, levaram as relações a um ponto baixo. O que parecia ser uma parceria madura, pronta para virar a retórica em prática, acabou perdendo força, resultando na atual retração.

Ano: 2014

ISBN: 978-85-7504-184-0

Producido por: Konrad Adenauer Stiftung

Editor: Felix Dane