En la elección en Venezuela en julio de 2024 el régimen chavista tuvo que enfrentar a un movimiento ciudadano bien organizado y con un liderazgo claro, capaz de derrotarlo en las urnas y de probar su victoria de forma inapelable. El régimen desató una escalada represiva desde entonces. Y ahora, proliferan las noticias sobre actividades narcotraficantes y la administración Trump responde con un inusual despliegue militar en el Caribe.

Ante semejante panorama, surgen nuevamente voces a favor de una negociación en Venezuela. No es la primera vez. En varias oportunidades la voluntad revolucionaria del régimen chavista, decidido a modificar los equilibrios regionales, ha generado conflictos que propiciaron diálogos y negociaciones que incorporaron facilitación foránea. Revisamos a continuación dichas experiencias.

Seis intentos formales

Durante el presente siglo, en Venezuela se han desarrollado seis procesos de diálogo con facilitación externa entre el régimen chavista y la oposición política. Solo uno de ellos tuvo lugar durante los 14 años de Hugo Chávez en el poder. Los otros cinco sucedieron durante los 12 años y medio de Nicolás Maduro. El proceso conducido durante el período de Chávez se denominó Mesa de Negociación y Acuerdos. Se inició el segundo semestre de 2002, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la sazón el expresidente colombiano César Gaviria, y el Centro Carter como principales instancias facilitadoras. Condujo a la realización del referéndum revocatorio de agosto de 2004.

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Años después, ya con el sucesor de Chávez en el Palacio de Miraflores, se desarrollaron la Conferencia Nacional por la Paz (2014), la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017), la Mesa de Diálogo en República Dominicana (2017-2018), el Mecanismo de Oslo (2019) y el Proceso de Negociación y Diálogo en México (2021-2023). Durante los dos primeros, la UNASUR proporcionó un marco general para los diálogos, mientras que el gobierno de República Dominicana hizo lo propio en el tercero y el Reino de Noruega en los últimos dos.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue protagonista del segundo y tercer diálogo durante el período de Maduro. Además, operó de diversos modos durante casi todos estos procesos, sobre todo en la liberación de varios presos políticos que el régimen ha usado como rehenes.

Durante el cuarto y el quinto proceso de negociación fue esencial el papel del diplomático noruego Dag Nylander. Previamente había fungido como representante de Noruega en los diálogos por la paz en Colombia —celebrados en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2012-2016)— y de Naciones Unidas para la controversia fronteriza entre Guyana y Venezuela (2017).

Asimetría y negociación ineficaz

La negociación con facilitación foránea dentro de un conflicto intra-estatal suele aplicarse principalmente en conflictos armados, donde existe cierta equivalencia de fuerzas y medios de lucha entre las partes enfrentadas. Pero este no es el caso de la Venezuela del siglo XXI, donde lo que se ha producido es una reversión autoritaria drástica y sostenida durante un cuarto de siglo, y donde un gobierno autoritario concentra todos los medios para ejercer violencia contra una población depauperada —como consecuencia de sus políticas— y un movimiento democrático esencialmente ciudadano y pacífico.

Como consecuencia de esta profunda asimetría, los seis diálogos han seguido un patrón más o menos similar. En un primer momento, la protesta popular ante el avance autoritario pone en riesgo la estabilidad presidencial. Propicia así una represión estatal y paraestatal que despierta preocupación internacional. Se inicia entonces un diálogo facilitado desde el exterior, durante el cual las protestas pierden momentum y las tensiones tienden a disminuir. Al final, los diálogos suelen terminar sin compromisos sólidos ni eficaces, mientras la oposición se divide ante la falta de resultados concretos. Solo en el primero y en el sexto de los procesos aquí reseñados las partes suscribieron acuerdos (en buena medida como consecuencia de una facilitación mejor diseñada). Pero en ambos casos el chavismo violó integralmente tales acuerdos.

Tal como se aprecia en el diagrama anexo, ninguno de los seis procesos en cuestión ha servido para ayudar a detener la grave reversión autoritaria que experimenta Venezuela. Según V-Dem, todas las dimensiones de la democracia empeoraron sin que estos diálogos pudieran evitarlo.

Negociación prodemocracia

En el primero de estos seis procesos de diálogo, el miembro más joven de la comisión negociadora del chavismo fue Nicolás Maduro. Allí constató el potencial de estos procesos para reequilibrar a la autocracia chavista en momentos críticos. Y tras fallecer Chávez, cuando le tocó a él dirigir la nave en medio de aguas turbulentas, aplicó varias veces el mecanismo con una notable habilidad para sacarle partido.

¿Cómo? Llamar como facilitadores a extranjeros relativa o abiertamente afines. Procurar que los diálogos sean más bien informales. Aprovechar la jefatura del Estado para cohesionar a los suyos y tratar de ganar legitimidad. Emplear la asimetría de poder para dividir al oponente y al entorno internacional mediante la combinación de incentivos positivos y negativos. Y, emplear los diálogos para ganar tiempo en medio de coyunturas críticas.

No extraña entonces que, ante una nueva dificultad para el régimen de Maduro, emerjan nuevamente las voces que claman por un diálogo. Por lo general se trata de compañeros de viaje del chavismo, actores pragmáticos que se benefician de la ausencia de estado de derecho en Venezuela, o bien figuras que ante el peso de la represión interna han preferido convertirse en socios más o menos voluntarios de la autocracia.

Pero la gran mayoría de los venezolanos no encuentran beneficio alguno en estas componendas. Ya dejaron claro, en las presidenciales de 2024, que quieren otra cosa. Esa enorme mayoría del país apoyará, únicamente, una negociación orientada al restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Un escenario que luce del todo improbable sin antes invertir la asimetría en la capacidad para el uso de la fuerza.

El presente artículo expresa únicamente la opinión del autor y no representa necesariamente la postura de Diálogo Político.

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En las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, la mayoría de los chilenos optó por posiciones extremas. Jeannette Jara, candidata de la coalición de izquierda Unidad por Chile y miembro activo del Partido Comunista desde los 14 años, competirá en la segunda vuelta del 14 de diciembre contra el candidato ultraconservador de extrema derecha del Partido Republicano, José Antonio Kast. La clara perdedora de la elección es la coalición de centroderecha moderada Chile Grande y Unido, representada por la candidata Evelyn Matthei.

La mayoría de los chilenos se pronunció en las elecciones del pasado domingo en contra de una política moderada de centro. En su lugar prevalecieron candidatos con posiciones claramente polarizadas: propuestas radicales en materia de seguridad para combatir el crimen organizado, representadas por los candidatos Kast y el populista de derecha Johannes Kaiser, así como propuestas sociopolíticas orientación socialista por parte de Jara, se impusieron con claridad por sobre el programa matizado y moderado de la candidata Matthei.

El resultado de las elecciones muestra claramente que Chile está fuertemente polarizado. A nivel regional también se observan patrones de votación muy distintos. En el norte del país, los votantes apoyaron abrumadoramente a Parisi. En las regiones centrales más pobladas, Jara resultó ganadora, mientras que Kast obtuvo una victoria clara en casi todas las regiones del sur.

Es probable que Chile sea gobernado por José Antonio Kast a partir de marzo de 2026. La suma de los votos de Kast, Kaiser y Matthei supera el 50% del sufragio. Parisi es difícil de ubicar políticamente, pero muchas de sus posturas se inclinan hacia posiciones situadas a la derecha del centro.

Elecciones con voto obligatorio

Las elecciones del 16 de noviembre de 2025 en Chile se realizaron bajo condiciones inéditas. Por primera vez, en una elección presidencial y parlamentaria se introdujo el voto obligatorio junto con el registro automático de todos los votantes habilitados a partir de los 18 años. Cerca de cinco millones de chilenos y extranjeros con residencia, que hasta ahora no participaban regularmente en las elecciones, fueron incorporados al proceso electoral y se vieron obligados a emitir su voto. Mientras, las infracciones se sancionan con multas. La participación de este grupo de votantes, anteriormente inactivo, dificultó realizar pronósticos confiables y aumentó de manera considerable la imprevisibilidad de los resultados.

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Según el Servicio Electoral (Servel), 15,7 millones de personas estaban habilitadas para votar. Cerca de 13,4 millones emitieron su voto, lo que corresponde al 85 % del padrón, una cifra históricamente alta. En comparación, la participación electoral en 2021 estuvo cerca de los siete millones de votantes, equivalentes al 47 % del padrón. Especialmente decisiva fue la Región Metropolitana, que con el 38,9 % de los votantes registrados, representa una proporción sobredimensionada de los votos emitidos y ejerce, por ende, una influencia determinante sobre el resultado a nivel nacional.

Jara, ¿en el podio?

La ganadora de la elección presidencial, con el 26,85 % de los votos emitidos, es la candidata Jeannette Jara de la coalición de izquierda Unidad por Chile, compuesta por siete partidos del espectro político de izquierda, entre ellos el Partido Socialista, el Frente Amplio, partido gobernante del presidente Gabriel Boric, y el Partido Comunista, de orientación marxista-leninista, al cual Jara pertenece desde su juventud. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) también forma parte de la coalición, lo que implica un abandono definitivo de los valores y principios tradicionales de la Democracia Cristiana.

Como candidata presidencial del oficialismo, Jara surgió como ganadora de una primaria interna a fines de junio de 2025. Contra todas las encuestas, la comunista se impuso sobre la candidata moderada socialdemócrata Carolina Tohá. Los simpatizantes de la izquierda optaron por nominar a la candidata considerablemente más radical. Aunque, hasta hoy sigue incierta la verdadera ubicación política de Jara. Durante la campaña electoral se distanció públicamente de posiciones marxistas-leninistas. Contrariamente a la postura oficial de su partido, por ejemplo, expresó críticas hacia los regímenes actuales de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

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Por otro lado, es cuestionable si una política que se identificó durante casi cuarenta años con los ideales marxistas-leninistas del Partido Comunista puede realmente ejecutar un giro tan marcado hacia posiciones moderadas socialdemócratas. Para muchos observadores y expertos de la política chilena, este supuesto cambio de rumbo constituye una maniobra política poco creíble.

Segundo lugar

El segundo ganador de la elección presidencial es el candidato ultraconservador de extrema derecha José Antonio Kast del Partido Republicano. Con aproximadamente el 23,92 % de los votos emitidos, Kast logró también pasar a la segunda vuelta.

El candidato de 59 años es considerado un político experimentado. Perdió por estrecho margen en la última elección presidencial contra el actual presidente Gabriel Boric. Su campaña se centró en propuestas económicas y sociales orientadas a reducir drásticamente el gasto público y disminuir el tamaño del aparato estatal. Sin embargo, el foco de su campaña fue el combate al crimen organizado, recuperar la seguridad interna y en la inmediata expulsión de inmigrantes ilegales a sus países de origen. En materia migratoria y respecto a la protección de Chile frente a la migración irregular, Kast admira a Viktor Orbán. Durante los últimos años participó activamente en varias ediciones de la Conservative Political Action Conference (CPAC). Su último viaje al extranjero antes de la elección lo llevó a Italia, en una visita privada a la primera ministra Giorgia Meloni.

A pesar de la radicalidad de muchas de sus declaraciones y propuestas, Kast —de ganar la segunda vuelta del 14 de diciembre— probablemente no cuestionará las instituciones chilenas construidas con dificultad y estabilidad desde el retorno a la democracia en 1990. Como representante de una línea dura, Kast seguramente agotará todos los instrumentos permitidos por la Constitución para alcanzar sus objetivos políticos, sin quebrar el orden jurídico. Aunque es un político ultraconservador —también en temas sociales como la interrupción del embarazo— no actuará como un transformador del sistema.

Ganador sorpresa

Completamente sorprendente fue el resultado del candidato políticamente indefinido Franco Parisi, del Partido de la Gente, una colectividad que no tiene representación en el parlamento actual. Sin embargo, Parisi no es un desconocido: en la elección presidencial de 2021 obtuvo un 12,80 % de los votos. Entonces, realizó su campaña exclusivamente desde Estados Unidos, ya que se le había negado la entrada a Chile debido al impago de pensiones alimenticias. En la elección presidencial actual obtuvo un 19,70 % de los votos, ubicándose en tercer lugar. Parisi es considerado populista y representante del movimiento antisistema. Define a los partidos políticos como prescindibles y corruptos. Sus votantes son principalmente jóvenes de protesta que desean reformar o incluso abolir el establishment político.

Su estrategia de campaña se basó principalmente en una presencia intensa en medios digitales, especialmente en redes sociales. Los mensajes de Parisi durante la campaña parecían, en muchas ocasiones, confusos y caóticos. Propuso eliminar el impuesto al valor agregado para medicamentos y pañales y la instalación de minas antipersonales en la frontera chileno-boliviana para evitar la entrada de migrantes irregulares. Franco Parisi fue el claro ganador en las regiones del norte de Chile, colindantes con Bolivia.

La candidata que perdió el rumbo

La perdedora indiscutible de la elección presidencial es la candidata de la coalición Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei. Obtuvo un resultado inesperadamente bajo con el 12,47% de los votos. Su coalición incluye al partido de centroderecha Renovación Nacional (RN), el único partido popular de Chile; al liberal Evópoli; a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI); y al partido de centro derivado de la Democracia Cristiana, Demócratas. La candidatura de Matthei también fue respaldada por el partido de centro Amarillos por Chile.

Matthei lideró la carrera presidencial hasta mayo de 2025 con holgada ventaja. En las encuestas figuraba claramente por delante y era considerada la favorita indiscutida. Sin embargo, durante la campaña no logró posicionarse de manera clara como la representante de la centroderecha liberal-conservadora. Durante demasiado tiempo coqueteó con las posiciones de extrema derecha de sus contrincantes Kast y Kaiser. Con frecuencia intentó igualar —o incluso superar— sus propuestas radicales en materia de seguridad interna y lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, se manifestó públicamente a favor de la pena de muerte y defendió el golpe militar de Pinochet. Estas posturas provocaron que Matthei perdiera su orientación política y, con ello, muchos votos del centro político.

Nunca logró establecer un vínculo emocional con el electorado; con frecuencia pareció fría y distante, sus mensajes a veces resultaron erráticos y confusos, pocas veces asociados a mensajes de esperanza y expectativas positivas. Su campaña también estuvo marcada por contradicciones y controversias dentro del equipo. Numerosos voceros abandonaron la campaña, lo que generó en los votantes la impresión de que Matthei era una candidata sin rumbo y sin capacidad de liderazgo para enfrentar los problemas actuales de Chile. En las últimas semanas antes de la elección, numerosos simpatizantes de Matthei y miembros de su propia coalición anunciaron públicamente que en la primera vuelta votarían por Kast. La razón fue el rápido aumento en las encuestas del populista de derecha Johannes Kaiser. Para evitar un escenario de segunda vuelta entre la comunista Jara y Kaiser, no pocos votantes del espectro de centroderecha optaron por apoyar a Kast.

El susto de Kaiser

Sin embargo, este temor resultó infundado. El resultado del populista de derecha del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quedó muy por debajo de las expectativas. Recibió un 13,94 % de los votos, quedando en cuarto lugar. Su imagen como la nueva estrella ascendente de la política chilena parece haberse debilitado por el momento. Sus posiciones políticas no solo son radicales y populistas de derecha, sino que —a diferencia de Kast— ponen en riesgo las instituciones chilenas.

Probablemente, Kaiser exageró en las últimas semanas antes de la elección con sus mensajes radicales. En los últimos días de campaña amenazó, por ejemplo, con retirar a Chile de las Naciones Unidas, del Acuerdo de París de 2015 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También anunció que cerraría las fronteras con Bolivia y pondría fin a las relaciones pacíficas con el país vecino: «No le vamos a dar paz a La Paz», declaró. En su discurso de cierre de campaña sonó la tercera estrofa del himno nacional, que durante la dictadura militar era un símbolo de los seguidores de Pinochet y que hoy ya no se interpreta públicamente.

Las declaraciones populistas de Kaiser convencieron a muchos chilenos, especialmente a votantes de la clase media baja, pero la mayoría se distanció de él al momento de votar. A pesar de su derrota electoral, el político de 49 años logró consolidarse como un referente populista de derecha. Preocupa, en este sentido, que el Partido Republicano de Kast y el Partido Nacional Libertario de Kaiser hayan formado una alianza a nivel parlamentario, presentando candidatos —diputados y senadores— en una lista conjunta.

Nuevas correlaciones de poder en el Parlamento

Paralelamente a la elección presidencial, el 16 de noviembre también se renovó el Parlamento. En la Cámara de Diputados se eligieron los 155 escaños, mientras que en el Senado se renovó casi la mitad de los escaños: 23 de un total de 50, distribuidos en siete regiones del país. Se inscribieron 1.096 candidaturas para la Cámara de Diputados y 125 para el Senado. La elección parlamentaria estuvo marcada por una fuerte fragmentación partidaria: además de las cinco coaliciones registradas, otras seis colectividades se presentaron sin alianzas, junto con numerosas candidaturas independientes.

Los cinco pactos inscritos en Servel fueron:

1. Cambio por Chile – partidos de extrema derecha: Partido Republicano (PR), Partido Social Cristiano (PSC) y Partido Nacional Libertario (PNL)
2. Chile Grande y Unido – coalición moderada de centroderecha: Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Demócratas
3. Unidad por Chile – coalición de izquierda mayormente afín al gobierno: Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), Partido Liberal (PL) y Partido Demócrata Cristiano (DC)
4. Verdes, Regionalistas y Humanistas – Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH)
5. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista – Partido Humanista (PH) y Partido Igualdad (PI)

Además, otros partidos pequeños se presentaron de manera independiente, entre ellos Amarillos por Chile y el Partido de la Gente (PDG) del candidato presidencial Franco Parisi.

La elección parlamentaria en Chile condujo a una reorganización de fuerzas en la Cámara de Diputados. La alianza de extrema derecha Cambio por Chile, integrada por los partidos Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano, obtuvo 42 escaños, mientras que la coalición moderada de centroderecha Chile Grande y Unido, compuesta por Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Demócratas, obtuvo solo 34 escaños.

En total, los bloques de derecha alcanzaron 76 de los 155 escaños, claramente por debajo de las expectativas de una mayoría holgada. Unidad por Chile obtuvo 61 escaños. El PDG de Franco Parisi tuvo un fuerte desempeño con 14 escaños, logró por primera vez una presencia significativa en el Parlamento y podría desempeñar un papel decisivo dada la estrechez de las mayorías. Si los diputados del PDG se alinearán con la oposición o mantendrán una posición independiente será determinante para las decisiones políticas en la Cámara de Diputados.

En el Senado, tras la elección, las fuerzas se encuentran prácticamente equilibradas: los partidos de derecha y centroderecha alcanzaron 11 escaños —Cambio por Chile obtuvo 6 y Chile Grande y Unido, 5—. La coalición de izquierda Unidad por Chile, junto con la coalición Verdes, Regionalistas y Humanistas, obtuvo 12 escaños. A esto se suman dos senadores independientes. El resultado es un equilibrio casi exacto entre bloques políticos.

La composición del nuevo Parlamento apunta a un período legislativo complejo, en el que las negociaciones transversales adquirirán mayor importancia. Uno de los principales desafíos será alcanzar no solo mayorías simples en la Cámara y en el Senado, sino también mayorías legislativas estables que permitan avanzar en los objetivos políticos. Tanto entre bloques políticos como dentro de las alianzas de derecha existen diferencias significativas. En particular entre las fuerzas tradicionalmente conservadoras y las populistas de derecha, cuyas posturas difieren considerablemente. La capacidad del futuro gobierno para implementar su agenda dependerá de la disposición de estos grupos a coordinar posiciones y alcanzar compromisos viables.

Los resultados de la elección parlamentaria representan, al mismo tiempo, un claro revés para el centro político. Partidos pequeños como Amarillos por Chile y el liberal Evópoli, que no alcanzaron el umbral legal del 5% requerido para mantener representación parlamentaria, deberán disolverse y no estarán presentes en el Parlamento. Resta ver si los partidos restantes del centro político cooperarán con el gobierno en temas clave o si se posicionarán como oposición.

¿Fin del centro?

Quizás la conclusión más alarmante de esta elección es la debilidad del centro político. El columnista político Tomás Mosciatti describe esta situación como un «vacío del centro político». Los partidos pequeños de centro, Amarillos por Chile y Demócratas, enfrentan la posibilidad de desaparecer. El partido de centroderecha Renovación Nacional, el único partido popular de Chile, sufrió un revés significativo en el Parlamento y perdió numerosos escaños en ambas cámaras. La nueva composición del Congreso hará que gobernar en Chile sea más complejo que antes.

Aún es temprano para analizar el futuro de las fuerzas moderadas del espectro de centroderecha. Renovación Nacional elegirá una nueva directiva en marzo. La nueva dirigencia deberá decidir si cooperará activamente con un eventual gobierno liderado por José Antonio Kast o si se ubicará en la oposición. El ambiente dentro del partido está dividido, y esta decisión podría representar una prueba de cohesión interna. Sin embargo, algo es seguro: la carrera política de Evelyn Matthei se acerca a su fin.

Una renovación y rejuvenecimiento de los partidos del centro político y del espectro de centroderecha es urgentemente necesaria. En Renovación Nacional, numerosos alcaldes jóvenes y exitosos de diversas regiones se encuentran preparados para asumir nuevos desafíos. Durante la campaña, apenas se les brindó la oportunidad de participar activamente en el debate electoral o en la elaboración del programa del partido. Quizás la derrota electoral represente una oportunidad para darles un espacio y permitirles consolidarse políticamente a nivel nacional.

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El viraje hacia la derecha es un hecho en América Latina y en el mundo. En Chile, el candidato conservador Antonio Kast tiene la oportunidad llegar a la presidencia. Bolivia enterró dos décadas de izquierda con la victoria de Rodrigo Paz Pereira. Nayib Bukele arrasa en El Salvador con su mano dura contra las maras, aun a costa del Estado de derecho. Javier Milei, bendecido por Trump y el Tesoro estadounidense, desmantela el peronismo estatista y navega con viento a favor y mucho apoyo popular. Ecuador resiste los embates del crimen organizado con el derechista Daniel Noboa.

¿Qué significa, entonces, la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York? Luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y la derecha liberal-conservadora imponiéndose en gran parte del continente americano, la ciudad eligió como alcalde a un joven, musulmán, socialista, populista y sin disculpas. “Me niego a pedir perdón por nada de esto”, declaró a CNN. Su victoria rompe el molde y obliga a repensar la cartografía con la que se mueven los analistas y los estrategas.

Las viejas categorías derecha e izquierda  deben ser cuestionadas. ¿De qué forma la utilización de las nuevas tecnologías de la información y cómo se informa a la ciudadanía, a través de las pantallas y lo algoritmos, comienza a repercutir en el comportamiento electoral?

Tecnología en la definición política

La humanidad experimenta cambios sustanciales en el mundo de las comunicaciones, la información y tecnología, el trabajo y los derechos, o la falta de ellos. Todo influye en la política y en las decisiones a la hora de votar.

El filósofo uruguayo Javier Mazza, en su último libro Somos tecnología (Taurus, 2025), escribe: “Las interpretaciones arqueológicas y antropológicas contemporáneas sostienen que el uso de herramientas alteró significativamente los cerebros de los primeros homínidos y continúa haciéndolo en la actualidad. La tecnología no es meramente un productor de la evolución humana, es simultáneamente un agente de esa evolución”.

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Los pensamientos del filósofo uruguayo sirven para preguntarse si, tal vez, la academia y los estrategas políticos debieran incorporar en sus análisis izquierda-derecha una variable interviniente y decisiva: el uso de la tecnología. Está remodelando el comportamiento humano y, por transitiva, las razones por las que elegimos a quién votar.

Tal vez el verdadero eje sea mucho más complejo que izquierda-derecha. Trump, Milei Paz y Mamdani: todos ganaron en las pantallas y con acciones lejos de las viejas formas de hacer política (mítines, entrevistas en medios tradicionales, publicidad en los diarios). Todos acertaron en la forma de entregar el mensaje. Los libros que puedan explicar esto aún no se han escrito. Pero hay una revolución silenciosa en el aire. No la maneja nadie y no responde ni a la izquierda ni a la derecha, sino, al uso de la tecnología.

Desempatar el centro

Uruguay, una excepción a la regla latinoamericana, no vira a la derecha ni se aferra a la izquierda: se centra. En ese centro, aunque aburridísimo, la estabilidad institucional sigue siendo su mayor capital, gobierne la izquierda o la derecha.

Y aquí entra un dato clave. Uruguay resiste la ola conservadora que corren los jóvenes, pero el centro avanza y la transmisión partidaria se debilita. Según un artículo de UyPress —basado en encuestas de Equipos Consultores, Latinobarómetro y análisis académicos—, los jóvenes uruguayos, aunque siguen más a la izquierda que los adultos, se desplazan al centro desde la pandemia.

Luis Lacalle Pou (2020-2025) gobernó como un centroderechista moderno: apertura económica, reformas institucionales, sensibilidad social. Su “libertad responsable” evitó cierres autoritarios durante la pandemia, manejó responsablemente la economía, recuperó empleo y habló directamente al ciudadano con selfies como herramienta de cercanía y conferencias sin filtro. Rechazó autoritarismos en foros internacionales y se mantuvo deliberadamente lejos de cualquier extremismo. Hoy, fuera del poder, es la figura política más popular del país. Sin embargo, su alta aprobación no alcanzó para que el candidato de su Partido Nacional, Álvaro Delgado, ganara en 2024 ante Yamandú Orsi, el elegido de José Pepe Mujica.

Moderación estructural

Delgado habló de “inercia demográfica” como obstáculo para el triunfo de la Coalición Republicana que lideraba. Un informe que maneja para explicar su derrota afirma que los jóvenes votaron a la izquierda que representaba Orsi. Aunque, en parte, tiene razón, debería reconocer que es una puerta de vaivén. En 2024, con el voto a Lacalle Pou, los jóvenes alcanzaron la posición más a la derecha desde 1996.

La lealtad generacional se erosiona: el 90% de los mayores de 50 años de hogares frentistas vota Frente Amplio; entre los jóvenes, cae al 80 %. No hay derechización como con Milei o Trump, pero sí moderación estructural.

Según un trabajo y análisis de Equipos Consultores, la misma inercia opera también en sentido inverso para el Frente Amplio. Uno de sus directores, Ignacio Zuasnabar, lo explicó al semanario Búsqueda como la “estabilidad de las identidades ideológicas”.

Agrega: “La izquierda gana el gobierno, pero no hay variaciones fuertes en términos de la matriz de identidad social. Entonces, la centroderecha y derecha derrotada en el día después se encuentra con una base social e ideológica igual de fuerte que cuando ganó en 2019 y cuenta con un liderazgo fuerte como el de Lacalle Pou. Desde ese punto de vista, más allá de lo duro de las derrotas, la oposición está parada en un lugar de más fortaleza que la que tenía la oposición en 2005”.

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Parece entonces que no solo triunfan las ideologías, ni en el caso de Trump, Milei, Paz y Mamdani. Juega la maestría en la forma de canalizar los descontentos populares en pantallas y algoritmos. Esta revolución silenciosa, impulsada por la tecnología como agente evolutivo, como postula Massa, no desempata en izquierda o derecha. Redefine el eje electoral en torno al mensaje que penetra las nuevas generaciones que se revelan más libres de ataduras y de categorías que como izquierda o derecha que cada día explican menos los cambios.

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Los resultados de la primera vuelta electoral en Chile confirman que hay un ambiente electoral que favorece más a la oposición que a la continuidad del oficialismo de Gabriel Boric. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, tendrá otra chance, en el balotaje, para llegar a La Moneda.

En la disputa presidencial, en el bloque de la derecha, Kast (23,9%) se impuso a Johannes Kaiser (13,9%) y Evelyn Matthei (12,5%). Los tres candidatos, con diferentes expresiones ideológicas de derecha, suman el 50% de los votos. Si bien los traspasos de un candidato a otro no son mecánicos, la rápida alineación de Kast, Kaiser y Matthei permite prever un ordenamiento del sector frente al gobierno y su candidata presidencial.

La sorpresa de la noche

Franco Parisi, y su Partido de la Gente, fue una de las principales noticias de la jornada electoral. Al igual que en la elección presidencial de 2021 terminó en tercer lugar, obteniendo esta vez más de 2,5 millones de votos (19,7%). Con este apoyo, se transforma en actor relevante para la segunda vuelta.

Parisi representa a votantes difíciles de clasificar en el eje izquierda–derecha. En su buena performance hay una mezcla del efecto del voto obligatorio y la debilidad de los bloques más tradicionales. Además, tiene un discurso que simplifica temas económicos y ofrece soluciones directas a los problemas de la ciudadanía.

Si sus votos se sumaran al bloque liderado por Kast, la oposición al gobierno logra más del 70% de los votos.

Debilidad de la candidata oficialista

Jeannette Jara pasó en primer lugar al balotaje, pero con un porcentaje inferior a las expectativas que se habían creado en su propio sector, solamente con una ventaja de 2,93% sobre Kast. Con el 26,9% de las preferencias, su rendimiento fue inferior a otros hitos electorales recientes de la izquierda, como la aprobación de la Constitución de 2022 (38%) y la aprobación promedio del presidente Boric (alrededor del 30%).

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Un elemento problemático para Jara es que no tiene mucho margen para crecer. El apoyo que podrían otorgarle otros candidatos presidenciales más a la izquierda es magro, porque alcanzaron votaciones muy menores. Ese eventual respaldo no es suficiente para que sea competitiva. Por ende, debería apuntar su discurso a votantes de Parisi, incluso de Kaiser, para triunfar el próximo 14 de diciembre. 

Durante esta campaña se ha repetido con frecuencia que el piso de Jeannette Jara es al mismo tiempo su techo, por la fidelidad de sus votantes duros y las proyecciones de crecimiento. Por lo que, debería ocurrir algo muy significativo durante estas semanas para que venciera a Kast en la segunda vuelta.

Un congreso nuevamente dividido

Los resultados de este domingo a nivel parlamentario muestran que Jeannette Jara y José Antonio Kast no contarían con mayorías propias para gobernar y que cada cámara tendrá una dinámica de poder distinta. Además, está el factor de la fragmentación e indisciplina parlamentaria que – sin reformas políticas a la fecha – amenaza con mantenerse. Estos temas son cruciales pensando en términos de alianzas futuras, gobernabilidad y el cumplimiento de agendas y programas prometidos.

Por un lado, las dos listas del oficialismo obtuvieron 64 diputados, lo que representa un poco más del 40% de escaños en la cámara baja, perdiendo fuerza respecto a su actual presencia. De la misma manera que ocurre con Jara, no hay partidos para formar nuevas alianzas que puedan mejorar la posición legislativa de la izquierda en los próximos cuatro años.

En la oposición, Republicanos, Libertarios y Socialcristianos (42), Chile Vamos y fuerzas de centro (34), llegan a 76 representantes, a dos bancas del 50% de los escaños en la Cámara de Diputados. De todas maneras, el porcentaje de votos de las derechas es un resultado histórico para el sector.

Con estos resultados, el incentivo a constituir una gran coalición de derecha es menos atractiva, porque el esfuerzo de coordinar partidos distintos no se vería retribuido con esa anhelada mayoría. En esta línea, es más realista pensar que se establecerán mecanismos de cooperación legislativa entre los partidos más radicales de derecha y los partidos de derecha más tradicionales, que en esta elección perdieron su predominio en el sector. 

El poder del Partido de la Gente

En este contexto, resurge una fuerza política que puede ser fundamental en el siguiente Congreso Nacional. El PDG ganó 14 diputados y su rol será dirimente para inclinar la balanza más hacia la derecha o más hacia la izquierda, independiente de quién llegue al palacio de gobierno. El PDG puede convertirse en el partido más relevante del sistema político a nivel legislativo si exhibe una disciplina mayor a la que tuvo entre 2022 y 2025. 

Asimismo, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán papeles distintos al de esta legislatura. Un posible bloque legislativo, no político, que vaya desde el PDG hasta los partidos de derecha en ciertas votaciones en la Cámara, podría ser contrapesado en el Senado, que en principio estaría equilibrado (50% – 50%), con varios independientes decisivos. Así, el Senado sería el espacio de contención de las izquierdas en cuanto a lo legislativo, de la misma manera que lo fue para las derechas y el centro político en este gobierno.

En esta primera vuelta los dos candidatos que pasan a la elección final llegan sumados al 50% y ninguno sobrepasa el 30%. Es la misma realidad que vimos en la elección presidencial de 2021. Esto significa que el ganador de la segunda vuelta se impone con muchos votos prestados de otros retadores. Dicho elemento es clave para entender el nivel de adhesión con el cual se iniciará el futuro gobierno y las expectativas en relación a su gestión.

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El domingo 16 de noviembre, un referéndum en Ecuador decidió sobre cuatro preguntas que buscaban reformar aspectos clave de la Constitución: permitir bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos, reducir el número de asambleístas y convocar a una Asamblea Constituyente. Todas fueron rechazadas. Con más del 90 % del escrutinio y una participación superior al 80% de los electores, el “No” se impuso en las cuatro preguntas, con márgenes significativos:

Johannes Hügel, director de la Fundación Konrad Adenauer en Ecuador, explica que la propuesta central buscaba iniciar un proceso para redactar una nueva Constitución mediante la elección de 80 delegados, quienes tendrían entre 180 y 240 días para elaborar un texto que sería sometido a referéndum en 2027. «La clara negativa fue interpretada como una importante derrota política para el presidente Daniel Noboa, especialmente considerando su amplio triunfo electoral meses antes», sostuvo.

• Asamblea Constituyente: 61,7 % en contra.
• Bases militares extranjeras: 60,7 % en contra.
• Financiamiento estatal a partidos: 58,1 % en contra.
• Reducción de asambleístas: 53,5 % en contra.

Este resultado representa un revés importante para la agenda del presidente Daniel Noboa, quien apostó su capital político en esta consulta como herramienta para legitimar reformas en medio de una crisis de seguridad sin precedentes.

La derrota no solo frena su agenda, sino que plantea una pregunta más profunda: ¿se han convertido los referendos en Ecuador en la tumba de las agendas presidenciales?

Del fracaso de Lasso al revés de Noboa

No es la primera vez que un presidente enfrenta este escenario. En febrero de 2023, Guillermo Lasso impulsó un referéndum en Ecuador con ocho preguntas sobre seguridad y reformas institucionales. El resultado fue categórico: el “No” ganó en todas. Aquella derrota debilitó su gobierno y aceleró la crisis política que terminó en la “muerte cruzada” y elecciones anticipadas.

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Ahora, Noboa sufre un revés similar. Si bien en abril de 2024 había logrado aprobar nueve de once preguntas en una consulta previa, esta vez la ciudadanía le cerró la puerta a cambios más estructurales. El patrón sugiere que las consultas populares, lejos de ser un instrumento para fortalecer la gobernabilidad, se han convertido en un termómetro de desgaste y, en muchos casos, en detonantes de crisis.

¿Por qué fracasan las agendas con el referéndum?

Algunos aspectos ayudan a comprender el resultado:

Polarización y desconfianza: Ecuador atraviesa una crisis institucional prolongada. Las consultas se perciben menos como mecanismos de participación y más como plebiscitos sobre la figura presidencial. El voto negativo expresa rechazo al gobierno más que a las propuestas.

Falta de pedagogía política: Las preguntas del referéndum son complejas y técnicas. Sin campañas claras que expliquen sus implicaciones, los ciudadanos optan por el “No” como respuesta segura frente a la incertidumbre.

Contexto adverso: Noboa impulsó estas reformas en medio de la peor ola de violencia en la historia del país, con tasas de homicidios récord y crisis carcelaria. En este escenario, la ciudadanía prioriza estabilidad antes que cambios constitucionales profundos.

Uso estratégico del mecanismo: Los presidentes han recurrido al referéndum para sortear bloqueos legislativos y legitimar agendas ambiciosas. Sin embargo, cuando la consulta se interpreta como una maniobra política, pierde credibilidad y se convierte en un riesgo.

¿Hacia dónde va la democracia en Ecuador?

El referéndum es una herramienta valiosa de participación, pero su uso recurrente y fallido revela tensiones entre democracia directa y gobernabilidad. En teoría, debería ampliar la legitimidad de las decisiones; en la práctica, ha generado inestabilidad y debilitamiento presidencial.

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Desde 2008, Ecuador ha celebrado más de una decena de consultas y referendos, convirtiéndose en el país latinoamericano que más recurre a este mecanismo. Sin embargo, los resultados muestran que no ha resuelto problemas estructurales ni generado consensos.

Escenarios

La derrota de Noboa plantea dos posibilidades. La primera es un posible repliegue institucional donde el Ejecutivo deberá buscar acuerdos en la Asamblea y abandonar la vía plebiscitaria para reformas profundas.

La segunda es la reforma del mecanismo. Parece urgente repensar el diseño de las consultas para evitar que se conviertan en plebiscitos sobre la popularidad de la administración de turno.

De acuerdo con Johannes Hügel, aunque el resultado no altera la correlación de fuerzas en la Asamblea ni amenaza la continuidad inmediata del gobierno, sí exige una «reorientación profunda del proyecto político». «Si el presidente insiste en actuar sin escuchar a otros actores, advierten analistas, podría comprometer gravemente su futuro político. Sin embargo, si asume el mensaje enviado por la ciudadanía y ajusta su conducción, también podría convertir esta crisis en una oportunidad», agregó.

La principal incógnita es cómo responderá el gobierno. Se abre la posibilidad de un cambio hacia un estilo más inclusivo y dialogante, además de eventuales ajustes en el gabinete. El representante de la KAS considera que para el gobierno de Noboa esto puede significar: 1) fortalecer su movimiento ADN como organización política con identidad y estructura propias; 2) modificar su estrategia de gobierno para recuperar capital político.

¿Ecuador puede seguir confiando en el referéndum como herramienta de gobernabilidad, o este mecanismo, tal como se ha usado, está condenado a ser la tumba de las agendas presidenciales?

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Chile celebró ayer la primera vuelta electoral en la que el país definió los dos candidatos que disputarán la presidencia en el balotaje el 14 de diciembre: Jeannette Jara, del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano.

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Jara, candidata del oficialismo del presidente chileno, Gabriel Boric, obtuvo 26,8% y Kast le siguió con 23,9%. El tercer lugar fue para el populista de derechas Franco Parisi (19,7%), seguido por el libertario Johannes Kaiser (13,9%) y la derechista tradicional Evelyn Matthei (12,4%).

De cara a la segunda vuelta, el escenario más probable es una victoria de José Antonio Kast. Los votos para los candidatos de derecha (Parisis, Kaiser y Matthei) suman 70%. Aunque en el caso de Parisi, es menos claro qué elegirán sus votantes.

Además, se eligieron a los 155 integrantes de la Cámara de Diputados y a 23 de 50 miembros del Senado.

Participación obligatoria

Con 85% de participación, fueron las primeras elecciones con voto obligatorio en Chile y con mayor concurrencia desde el retorno de la democracia 1990.  El cambio incorporó a cinco millones de nuevos votantes, que participaron ante el riesgo de multas de hasta 105.000 pesos chilenos (cerca de 100 euros).

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El wokismo toma un segundo aire con la victoria de Zhoran Mamdani como alcalde de Nueva York. El radicalismo de izquierda sufrió algunos golpes desde que Donald Trump asumió la presidencia, especialmente en el ámbito educativo con su política de recortes de fondos a universidades privadas que el gobierno calificó de proteger o ignorar el antisemitismo. De todos modos, el triunfo de Mamdani envía un mensaje revelador e inquietante sobre el futuro de la izquierda en Estados Unidos.

Mamdani es el primer alcalde musulmán de Nueva York. Es también el primero que tiene un discurso abiertamente anti-Israel y que ha expresado su apoyo a la “globalización de la intifada”. Es decir, a la resistencia palestina como movimiento mundial contra el Estado judío. Nueva York es la ciudad con más judíos en el mundo. Ahora tiene a su cabeza a un político anti-sionista. Hay quien considera a Mamdani como anti-judío, pero él se ha defendido de esas acusaciones. Esto encuentra a los judíos neoyorquinos un tanto divididos. Aunque la mayoría votó contra Mamdani, alrededor de un 30%, especialmente entre los más jóvenes, sí lo apoyó. Esto se da en un contexto en el que el apoyo a Israel entre los judíos de EEUU no es tan sólido como en el pasado.

Pobreza y resentimiento

La motivación de votar por Mamdani tiene que ver con las políticas socialistas que planteó durante su campaña: transporte público gratuito, servicio de guarderías sin costo, poner en operación supermercados de la misma alcaldía con precios controlados y regular los alquileres. Nueva York se ha convertido en una ciudad demasiado costosa para la mayoría de sus habitantes que se han ido empobreciendo en el corazón de las finanzas del mundo.

Mamdani ha asumido el discurso populista de izquierda que promete el paraíso. Sin embargo, la mayoría de los casos en los que esta política de subsidios y controles se ha puesto en marcha ha terminado con estancamiento económico. A la larga trae más pobreza. Lo saben bien los cubanos, los venezolanos y los habitantes de la antigua Unión Soviética y sus satélites. Pero la memoria histórica se desvanece en esta época de escasa atención e ignorancia híperinformada. La necesidad, que es real especialmente entre los jóvenes, y el resentimiento, movilizan a las personas a seguir líderes redentores.

Los checks and balances del sistema republicano de EEUU podrían evitar una deriva socialista radical en Nueva York. No hay garantías que un gobierno de Mamdani no vaya a dejar secuelas en una ciudad que ya compite con otras como Miami, Dallas, Houston, Detroit (que está de regreso después de superar la crisis) para mantener su sector financiero, bancario y tecnológico en la Gran Manzana. Mamdani puede terminar espantando a los grandes jugadores del capitalismo financiero y cibernético empobreciendo más a quienes votaron por él.

Musulmán de izquierda

Zhoran Mamdani es él mismo un buen representante de la política identitaria que tanto ha promovido el wokismo. Nacido en Uganda de padres con orígenes indios, su progenitor es un profesor en Columbia University y estudia el colonialismo y el poscolonialismo en África. Su madre es una directora de cine que ha hecho películas con un enfoque étnico del sureste de Asia. El joven Mamdani creció en el ambiente intelectual para producir un político socialista de estos tiempos. El hecho de que Mamdani sea musulmán lo hace incluso más interesante: la guinda en el pastel del anticonformismo.

La izquierda radical y el islam han hecho buenas migas, como se vio en las movilizaciones propalestinas (e incluso pro-Hamás) en EEUU, Canadá y Europa. Y esto ocurre en la ciudad que hace 24 años sufrió su peor ataque terrorista de Al Qeada, una minoría islamista violenta. 

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Mamdani y la corriente de socialistas democráticos dentro del partido Demócrata representan la concreción política del pensamiento woke que denuncia el capitalismo, divide el mundo en grupos identitarios  y sostiene posiciones propalestinas y anti-Israel. En su mismo sitio web, esta corriente de izquierda dice: “El capitalismo es un sistema diseñado por la clase propietaria para explotarnos al resto de nosotros para su propio beneficio. Debemos reemplazarlo con el socialismo democrático, un sistema donde la gente común tenga una voz real en nuestros lugares de trabajo, vecindarios y sociedad”.

Los socialistas democráticos tienen un grupo de trabajo intitulado Queer Socialists Working Group, poniendo el énfasis en la representación de grupos identitarios ya no como sujetos de clases sociales (en el sentido tradicional del marxismo), sino como variaciones de la identidad de género (más subjetiva que biológica). En el programa político incluyen los tratamientos y la cirugía de “afirmación de género” como derechos a ser garantizados por un sistema universal de salud.

En una declaración del 13 de octubre de este año comentando el cese al fuego entre Hamás e Israel, los socialistas democráticos afirmaron: “En toda la región, Israel aterroriza a los pueblos de Líbano, Siria, Yemen, Catar e Irán, mientras blande la amenaza implícita de un enfrentamiento nuclear para imponer violentamente sus aspiraciones fascistas y expansionistas”. Ni una sola mención a los terroristas de Hezbolá, ni al mismo Hamás (a quienes llaman “la resistencia palestina”), ni a los Houtis que lanzan misiles contra Israel o a los fundamentalistas iraníes que han declarado su misión de destruir al Estado judío.

¿El wokismo toma impulso?

¿Será el radicalismo de Mamdani el futuro del liderazgo de los demócratas? De todos modos, el alcalde no puede aspirar la presidencia por no haber nacido en EEUU. La representante ante el Congreso por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, podría ser una alternativa de liderazgo. Tiene la juventud y las características de una candidata woke por su origen puertorriqueño y un relato poscolonial. Al igual que Mamdani, es parte de la corriente de socialistas democráticos dentro del partido. Y si bien sería rechazada por el viejo establishment, es un rostro nuevo y desafiante ante una dirigencia anquilosada. Todo esto en un país que ha tenido recientemente dos presidentes de avanzada edad.

El cambio generacional sería una carta política atractiva para los jóvenes y las minorías en una economía de altos precios, mayor desigualdad, y una corrupción que corroe el sistema político. 

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El conservadurismo latinoamericano es una tradición que reúne figuras dispares: el sabio polímata universal Andrés Bello y el rigorista ecuatoriano Gabriel García Moreno; el constructor de instituciones neogranadino Miguel Antonio Caro y  el pragmático chileno Diego Portales.

Pretender que un solo rótulo abarque a conservadores y liberales clásicos, republicanos y radicales, nacionalistas, integristas, democristianos, desarrollistas, neoliberales y libertarios, y así a todos los que han tenido distancia del voluntarismo revolucionario se presenta como un ejercicio de pedantería anacrónica. Sin embargo, existe un hilo conductor.

Los tres pilares

No se trata de una ideología monolítica, sino de una actitud esencial. Esta actitud descansa en lo que a nuestro juicio son tres pilares esenciales. El primero, el escepticismo contra los «Grandes Designios». Un conservador desconfía de los esquemas teóricos omniabarcantes, que pretenden simplificar la complejidad evidente de la vida humana. Es una postura que prefiere lo fehacientemente establecido y probado como eficaz antes que la ensoñación utópica. El cambio se admite, sí, pero como una reforma necesaria para solventar una inconveniencia, no como una revolución defendida por sí misma.

El segundo pilar es el respeto por la tradición. Ser conservador es ser un realista cultural, constatar que la sociedad es un conjunto de arreglos, alcanzados no por un diseño externo, sino por la acumulación tácita e implícita de la experiencia humana en decisiones espontáneas y no predeterminadas. Se respeta a la tradición, sea esta religiosa, social o cultural, no porque es mejor —siempre puede tener límites— sino porque no sabemos con certeza cómo llegó a ser establecida. No es, pues, un esquema que intente amoldar bruscamente lo que es inherentemente inabarcable de la vida a un esquema prefijado.

Por último, el conservador rechaza lo que Eric Voegelin denominó las religiones gnósticas. O sea, aquellos proyectos que prometen la perfección terrenal a través de un conocimiento único, y que son el verdadero azote de la humanidad, ya sean de la izquierda revolucionaria como de la derecha revanchista, ambas similares en su vocación de imposición y su desdén por el consenso. En suma, el conservador prefiere modificaciones incrementales, insensiblemente alcanzadas por las manifestaciones espontáneas de la comunidad, antes que las ensoñaciones de los fanáticos.

La tradición conservadora ha estado vinculada a nociones que, en su momento, pudieron ser revolucionarias contra el statu quo: la evangelización Católica, la centralización absolutista, el gobierno censitario, las pulsiones de mercado. Esto hace que el conservadurismo sea frecuentemente acusado de inconsistente y tenido por refractario. Pero esta aparente inconsistencia ve solo lo superficial y no lo subyacente: su profundo realismo y flexibilidad histórica.

¿Qué conservar en América Latina?

América Latina es el continente de las Constituyentes republicanas y de la aplicación más frecuente —e inconsistente— de los ideales de la Ilustración, frecuentemente desplegada en un radicalismo que termina restableciendo una estructura de dominación, ya por los viejos caudillos o los nuevos populistas. ¿Qué prefiere el conservador ante esto? El conservador acogerá al reformista social casi siempre por encima del dictador, sea este revolucionario o reaccionario. No por una equidistancia centrista; es el reconocimiento de que la actitud reformista es esencialmente conciliadora. Por tanto, conservadora de lo que vale la pena, aunque busque mejorarlo. El orden se mantiene mejor a través de la corrección gradual y la libertad ejercida discretamente que a través del intento de aniquilación y refundación.

¿Qué tiene América Latina digno de conservar positivamente en medio de sus contradicciones? La respuesta es el alma misma de nuestro subcontinente. La primera evidencia de eso es el tenaz compromiso de la región con el imperfecto ideal del pluralismo consensual. Pese a nuestra convulsa historia republicana original, América Latina es, desde hace décadas, una de las zonas de desarrollo democrático restaurado y relativamente estable fuera de Europa occidental y Norteamérica. La región goza de un creciente Índice de Desarrollo Humano. 

Este compromiso con el pluralismo no es patrimonio exclusivo del tolerante liberal, sino más bien el tesoro del modesto conservador. El fruto de la desconfianza aprendida hacia el poder concentrado y la glorificación del líder único ha decantado en algunas de las más duraderas y exitosas transiciones a la democracia, pese a la mancha que las tercas dictaduras aún dejan en la región. La democracia latinoamericana no es hija del frenesí, sino del reconocimiento de arreglos subóptimos y del consenso sobre la perfección idealizada del genio o los peores instintos del caudillo.

Otro acervo es la aspiración de continuidad, anclada en un elevado sentido de familia y comunidad. El latinoamericano suele vivir en contacto cercano con su familia extendida, mostrando amoroso respeto a sus ancestros y atado a una urdimbre social que se proyecta más allá del individualismo atomizado. Esto se refleja en la vitalidad de las comunidades migrantes latinoamericanas y sus nexos con la patria chica, que exportan costumbres de apoyo mutuo, a veces para desconcierto de las sociedades receptoras donde el individualismo y la autonomía son norma. Por ejemplo, en países con alta migración, la red familiar latinoamericana a menudo suple las deficiencias de los sistemas de seguridad social, manteniendo una cohesión formal que un Estado moderno no siempre puede replicar.

Religión y biodiversidad

En la región también hay una intensa búsqueda espiritual y un respetuoso sincretismo. Siendo parte de Occidente, somos la región de este bloque cultural donde la práctica religiosa es más activa. Sumado a ello una importante tolerancia religiosa, que se refleja en una historia de intercambios pacíficos entre comunidades religiosas difícil de ver en otras partes del mundo, el latinoamericano promedio constata que fuera de la razón humana existen intentos sobrecogedores para explicar nuestro rol en el cosmos, reflejados en una miríada de expresiones religiosas. A su vez, el sincretismo cultural —resultado imperfecto del forzoso mestizaje— es un activo. Es la prueba de que los arreglos históricos son más ricos y resistentes que cualquier materialismo consumista o comunista.

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Y, finalmente, la invaluable riqueza en biodiversidad de la región. A pesar del uso de los recursos naturales en la aspiración del progreso, se han mantenido, en parte, por la relativa imperfección del desarrollo capitalista. Debe defenderse conservadoramente el hecho de que las prácticas menos rapaces, ahora ayudadas por la ciencia y la tecnología, puedan servir para mantener este tesoro universal.

Como admitió Simón Bolívar —el prototipo de revolucionario devenido estadista—, el latinoamericano es un «nuevo género humano». Parte de Occidente sin ser plenamente modernos, con un hilo que recorre dos océanos y se proyecta al mundo.

¿Soluciones conservadoras?

Muchos podrán pensar: ¿cuál debe ser la política fiscal conservadora?, ¿qué debe pensarse ante el auge del mundo multipolar?, ¿qué hay de tal o cual idea religiosa?, ¿cómo deben atenderse las demandas sociales? Y la respuesta, inconforme, será casi siempre: depende.

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No existe un arreglo predeterminado de las relaciones entre Estado y sociedad, más allá de reconocer en general la superioridad de esta última como fuente difusa de la soberanía y de imperfectas respuestas. La clave conservadora es la actitud general como tamiz ante cada tema. Rechazo a la innovación indiferente a la realidad. Desdén a la legitimidad separada de la voluntad social acumulada. Respeto a la dedicada armonía de generaciones. Prudencia ante lo irreversible. Y eso lleva incluso a la definición de una agenda de «problemas»: no hay nunca soluciones sencillas y toda decisión presenta un coste de oportunidad. No se trata de no decidir, sino de saber sopesar las consecuencias sobre los fenómenos sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, culturales y políticos.

Ante la inteligencia artificial, el conservador baja la mirada a la tierra y se pregunta: ¿qué le hace una adopción acrítica a nuestra vasta economía informal, que es el sustento real —y precario— de millones de familias? ¿Importamos una nueva dependencia, algorítmica, cuyos centros de datos consumirán el agua y energía, recursos básicos que aún faltan en demasiados hogares de la región? No se trata de ludismo reaccionario, sino de soberanía y sensatez. El «depende» aquí: abrazar la tecnología, sí, pero subordinada a las necesidades concretas de nuestras comunidades.

El sensato

El conservador mantiene un sano escepticismo ante la vocación de poder incuestionado, sin importar su ropaje ideológico. Es el respeto a lo que ha sido por las múltiples intervenciones de la plena naturaleza humana y las contribuciones espontáneas de personas de carne y hueso. Esto no fija líneas inmóviles ante los diversos temas que la sociedad traiga a discusión, sino que presenta una actitud sobria ante su emplazamiento.

El conservadurismo en América Latina es la virtud inconformista de aquel que se niega a ser arrastrado por el último furor ideológico, el que valora la sagacidad incremental y compleja, y que no se desboca ante la promesa vacía del paraíso instantáneo. Es la defensa de la complejidad y la humanidad contra la simplificación y el dogma.

Se trata, en esencia, de saber llevar la contraria.

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En 2026 Brasil celebrará las décimas elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia con la Constitución de 1988. Desde entonces, el país pasó por dos procesos de destitución, siete presidentes de la República (dos de ellos vicepresidentes que asumieron el poder), gobiernos de derecha e izquierda, intento de golpe de Estado, innumerables escándalos de corrupción y promesas de un Brasil mejor.

Es innegable que, a pesar de todo, en los últimos 40 años el país ha mejorado a pasos agigantados sus índices sociales y económicos. En 1990, la pobreza extrema era de casi el 30%, la tasa de analfabetismo alcanzaba el 19% y la inflación era del 2948,3%. En 2024, las cifras son del 6,8%, el 5,4% y el 4,83%, respectivamente.

Hoy en día, los retos aún son grandes. Brasil tiene un rol más protagonista ante el mundo ha crecido, con mayor relevancia en temas como la transición energética y el medio ambiente. Mientras, la sociedad clama por más seguridad pública, desarrollo económico y reducción de las desigualdades sociales. En un contexto de polarización política aguda, no es una fórmula fácil de resolver.

Elecciones 2026

En medio de todo esto, se encuentra el debate sobre las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2026.

Actualmente, en el campo de la izquierda y del oficialismo, destaca como único candidato el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se presenta a un cuarto mandato. Con la maquinaria pública federal en sus manos, es de esperar que pueda lograr una reelección, con la posibilidad de salir del gobierno con una de las mejores valoraciones de la historia.

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A pesar de ello, y de que los índices económicos se mantienen estables y en mejora, el antipetismo conservador de la extrema derecha domina gran parte del debate y las narrativas en las redes sociales.

Gobernadores buscan la presidencia

Sin lugar a dudas, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, aparece como el favorito para competir con Lula. Pero, a pesar de haber sido elegido con el beneplácito del expresidente Jair Bolsonaro, su hijo Eduardo Bolsonaro (diputado federal que se encuentra en autoexilio en Estados Unidos) lo critica a diario en las redes sociales. Por ello, de Freitas se muestra cada vez menos dispuesto a presentarse como candidato. A su favor está el tiempo. Dirige la maquinaria del estado más grande de Brasil, con un PIB comparable al de toda Argentina, y puede ser reelegido. Ninguno de los demás gobernadores puede ser reelegido para su cargo, porque ya lo fueron en las últimas elecciones. Es decir, si de Freitas quiere, puede ganar tranquilamente otros cuatro años en San Pablo, sin tener que competir con Lula en 2026.

A pesar de que su estado está inmerso en problemas de seguridad pública, Freitas es relativamente bien valorado por su agenda económica y su buena relación con diversos actores del gobierno federal. Es un actor capaz de dialogar con diferentes corrientes políticas.

Por su parte, el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, a pesar de venir de un estado grande, con importantes industrias, pertenece a un partido pequeño, con poca capilaridad y una serie de errores en las redes sociales. El partido NOVO, que nació totalmente liberal, tras los años de Bolsonaro, se ha transformado en un partido conservador, línea auxiliar del PL (partido del expresidente). En la manga, el gobernador tiene una coincidencia histórica: desde 1988, ningún presidente ha ganado las elecciones sin ganar en el estado de Minas Gerais. Para ganar unas, hay que ganar las otras.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, un legítimo representante del agronegocio brasileño, lleva décadas en la política. Fue candidato a la presidencia en 1989, diputado federal y senador. Médico ortopedista de formación, llegó a romper con Bolsonaro en la época de la pandemia, por la desastrosa gestión del entonces presidente. Pero volvió a acercarse en las elecciones de 2022. Goiás tiene hoy uno de los mejores índices de seguridad pública, tema que ya se ha señalado como de gran preocupación para los brasileños. Además, gracias al indiscutible motor de la agroindustria, el desarrollo económico del centro-oeste brasileño ha sido enorme. A pesar de su larga trayectoria y de los buenos índices que ostenta, es poco conocido fuera de la región. Por esto, está haciendo un esfuerzo considerable para que las élites de otros estados lo conozcan mejor.

Más al sur, el gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, es otro que en su gobierno ostenta una política liberal y de desarrollo industrial. Su partido, el PSD, ya ha declarado que lo prefiere como candidato (a pesar de que Leite y el presidente nacional del partido sean secretarios del gobierno de Freitas, en São Paulo). Por otro lado, su familia aún no está convencida de esta empresa. Su padre, Carlos Massa, conocido como Ratinho, es un presentador de televisión muy popular, con programas de auditorio que rozan lo extraño, pero que le han reportado varios millones de reales y diversas empresas. El escrutinio público para un presidente de la República es mucho peor que para un gobernador. Y ahí reside su talón de Aquiles.

Por último, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, es un miembro histórico del PSDB, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Ttiene, desde hace años, un deseo latente de ocupar la presidencia. Llegó a renunciar al gobierno del estado en 2022 para presentarse a las primarias del partido, pero desistió y se presentó a la reelección como gobernador. Aunque es bien valorado y considerado el candidato más centrado políticamente, tampoco es muy conocido fuera del estado. Compite con Freitas por el favor de las élites económicas y ya ha sido rechazado por su propio partido.

Reinventarse para avanzar

Todos estos personajes tienen dos cosas en común. En primer lugar, a pesar de la continua caída de la popularidad de Bolsonaro, todos buscan su aprobación. Al fin y al cabo, sigue contando con una base fiel de admiradores, aunque entorpecen bastante. En segundo lugar, todos renunciarían a su candidatura si Freitas fuera el designado. Como la ley electoral exige que dejen sus cargos seis meses antes de las elecciones, tal vez no haya una respuesta hasta principios de abril de 2026. Aun así, las negociaciones pueden continuar y quienes no se presenten a la presidencia pueden postularse al Senado.

Magalhães Pinto, antiguo político de Minas Gerais, decía: «La política es como una nube. La miras y está de una manera. Vuelves a mirar y ya ha cambiado». Lula iba muy mal hasta que Trump impuso aranceles a Brasil, a petición del hijo de Bolsonaro. Un verdadero tiro en el pie de la derecha. Catapultó a Lula a un nivel de popularidad que había perdido hacía mucho tiempo.

Por lo tanto, a menos de un año de las elecciones, cada vez es más impredecible lo que pueda suceder en el escenario político nacional. En un país de intensas pasiones políticas y giros históricos, Brasil se acerca a otra encrucijada democrática. Las elecciones de 2026 prometen ser no solo una disputa entre nombres y partidos, sino un nuevo capítulo en la búsqueda permanente de estabilidad, desarrollo y diálogo en medio de la polarización. La democracia brasileña, ya curtida por crisis y renacimientos, sigue resistiendo, a veces tropezando, a veces avanzando, pero siempre reinventándose. Y tal vez sea precisamente en esa capacidad de adaptación y reinvención donde resida su mayor fuerza.

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La “foto de familia”, como se le conoce a la imagen protocolaria, retrató esta vez a una familia incompleta. En la cuarta cumbre CELAC–UE, celebrada el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), apenas posaron una docena de presidentes o jefes de Estado. La imagen resumió el tono del encuentro: ausencias de mandatarios clave y una declaración conjunta que terminó sin consenso entre varios de los países de América Latina.

De los 33 países que integran la CELAC, solo ocho estuvieron representados por sus jefes de Estado o de Gobierno. Del lado latinoamericano, solo asistieron dos presidentes de peso —Lula da Silva, que realizó viaje relámpago desde la COP30, y el anfitrión Gustavo Petro—. Los demás enviaron a cancilleres o viceministros. Del lado europeo, cuatro mandatarios asistieron de los 27 miembros de la Unión Europea: entre ellos el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, CORI, un centro de pensamiento del que participan varios excancilleres colombianos, expresó en un comunicado su “preocupación por la falta de consenso y la escasa asistencia de jefes de Estado y de Gobierno a la cumbre, lo que evidencia el débil liderazgo del presidente de Colombia, la fragilidad de su política exterior —irresponsable y de malas maneras— y el progresivo aislamiento internacional al que está conduciendo al país”.

En contraste, la foto de Bruselas en 2023 muestra una escena opuesta. Casi todos los jefes de Estado de ambos bloques —más de cincuenta líderes— participaron en aquella cita que marcó el regreso del diálogo birregional tras ocho años de pausa. Esa imagen, compacta y optimista, se presentó entonces como el relanzamiento político de la relación entre Europa y América Latina.

La sombra de Trump

La sombra de Donald Trump y las intervenciones populistas del presidente Petro, días antes de iniciar oficialmente el encuentro birregional, condicionaron la realización de la Cumbre. En este contexto, posar junto a Petro podía interpretarse como una provocación para la Casa Blanca. Y el riesgo incluía las posibles declaraciones de Petro durante la propia cumbre.

Es que la escalada entre Petro y Trump subió de tono y pasó de la revocatoria de la visa del mandatario colombiano y su familia a su inclusión en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU por incentivar el narcotráfico con su política de paz total. 

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El domingo, mientras se discutía el acuerdo para la definir la declaración conjunta, el ambiente en Colombia se enrareció aún más con la revelación de la revista Cambio. El medio publicó una imagen de una reunión de congresistas republicanos en la Casa Blanca, en la que James Blair, subjefe de gabinete, aparece con una carpeta abierta en la que se ve un documento que tiene fotos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro con vestimenta naranja, como la de los presos. Una foto, que de acuerdo con La Silla Vacía, es real.

CELAC dividida

Las divisiones ideológicas entre los mandatarios de América Latina y el Caribe son claras. Por un lado, está un grupo conformado por países como Argentina, Ecuador y El Salvador, al que se le unen Perú y Bolivia. Por otro, el bloque de Brasil, Colombia, Chile y México. Estas tensiones, sumado a las molestias por la presencia de representantes de Venezuela y Nicaragua, dificultó más la visita de los mandatarios de estos países, lo que revela un continente fracturado.  

La negociación sobre el documento final se extendió hasta la noche del domingo. Lo que debía anunciarse a las cinco de la tarde se leyó tres horas después. La declaración, de 52 puntos, muestra la ambición y las divisiones de los países de la región. 

Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Trinidad y Tobago se desasociaron de algunos apartados —sobre la guerra en Gaza, el embargo a Cuba, el Pacto por el Futuro o las menciones a género y ODS—. Venezuela se retiró por completo.

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Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, publicó un análisis en el que señaló que en el acuerdo “se abordan todos los temas habidos y por haber con un nivel de profundidad mínimo: desde la reforma del sistema internacional multilateral, pasando por comercio, inversión, clima y medio ambiente, cooperación en materia de seguridad y seguridad alimentaria, transformación digital, inclusión social, educación e investigación, migración y contactos entre pueblos y cultura. No hay en ninguno de estos temas un acuerdo que avance frente a lo poco y muy general que se ha acordado en el pasado”.

La agenda de Petro en los acuerdos

En su carácter de anfitrión, Petro quiso imprimir su sello en dos frentes: la seguridad marítima del Caribe y el proceso de paz colombiano. El punto 10 de la declaración recoge el apoyo internacional a la “Zona de Paz” de la CELAC y al proceso de paz en Colombia, con mención expresa a la ONU. También se incluyó un párrafo sobre la neutralidad del Canal de Panamá y la estabilidad regional. Pero el intento de incluir una condena directa a las operaciones militares estadounidenses fracasó.

En cuanto a Venezuela, la redacción fue diplomática: se reiteró el compromiso con elecciones libres, sin nombrar al país. Caracas, en respuesta, abandonó la sala. Para Mario Carvajal, analista en Geopolítica de América Latina y columnista de Diálogo Político, la cumbre y la declaración final reflejan el carácter del anfitrión: desordenado.

Algunos de los puntos son los temas con los que Petro intenta posicionarse a nivel internacional como la transición energética, justicia ambiental, reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, paz, soberanía regional y el bloque de Cuba. Además, no se hace una declaración contundente que rechace lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua. Tampoco hace mención alguna de la guerra liderada por Rusia en Ucrania, la cual el gobierno de Petro no ha criticado con firmeza.

Frente a la Declaración de Bruselas de 2023, el documento de Santa Marta introduce nuevos capítulos: desinformación y discursos de odio (punto 44), economía del cuidado (45), cooperación en IA y gobernanza digital (42), y una mención a la autosuficiencia sanitaria (41). También hay una referencia a la COP30 de Belém y a la entrada en vigor del acuerdo sobre biodiversidad marina. Es un texto más extenso, pero también más genérico: un mosaico de consensos mínimos.

La cumbre electoral

La falta de líderes pudo restarle brillo internacional, pero internamente la cumbre se convirtió en un instrumento de la política local colombiana. A menos de un año de las elecciones legislativas y locales de 2026, Petro buscó proyectar su gobierno como casa de un evento global y como defensor de la “voz del Sur” frente a Trump.

Durante estos días, las calles de Santa Marta se llenaron de actos organizados por el Ministerio de Cultura: conciertos, lecturas y homenajes a la Unión Patriótica. Petro habló desde una tarima frente al mar, en un evento que mezcló memoria, música y campaña.

El escenario no era casual. En menos de tres semanas se celebrarán las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena, donde compite una candidata afín al petrismo. La cumbre sirvió, de paso, como plataforma electoral para estas elecciones y la contienda de 2026, en la que el petrismo busca continuar en el poder.

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En la discusión sobre liderazgos políticos, los partidos tradicionales corren detrás del pragmatismo que prometen los extremos políticos. Estudios y politólogos señalan que los votantes prefieren la acción ante la moderación, aunque el costo sea el debilitamiento de las instituciones democráticas. Justamente, ¿qué hacen los partidos tradicionales, inherentes al sentido democrático clásico, ante la desvalorización de su propio sistema?

Antonio López-Istúriz, eurodiputado por el Partido Popular español, no ve «liderazgos suficientes para llevar a cabo esa transformación», necesaria si los partidos demócratas pretenden seguir compitiendo por el poder. Y no concibe la decisión de los votantes como culpable en el viraje a los extremos, más bien, como la consecuencia de no tener buenas alternativas.

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En el marco del Foro América Libre, Diálogo Político conversó con López-Istúriz, también secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata del Centro, sobre cómo gestionar el desafío de ser atractivos desde el centro político, la política exterior española y las relaciones transatlánticas.

Tradicionales atrapados

En su discurso en la inauguración del Foro América Libre hizo una autocrítica frontal hacia las formas de hacer política de centro —“pasivos” y “flojitos”— y llamó a ser más audaces. ¿Al centro le cuesta asumir que debe cambiar para ser más atractivo?

—Los gobiernos de centro, izquierda o derecha, que han estado operativos desde la Segunda Guerra Mundial, turnándose en el poder, generalmente basaban su preocupación en la gestión de las cosas. Todo esto se rompe con la crisis económica; algunos argumentan que con la caída de las torres gemelas y la desestabilización del panorama internacional. Pero, más bien, con la crisis económica en el año 2008 aparece de repente un movimiento populista de derechas. Ya había germinado un populismo de izquierdas en América Latina, el bolivarismo que aparece en Venezuela, con la influencia cubana. 

Entonces, los partidos tradicionales nos vemos abocados a estar en medio, entre dos extremos, que se nutren más de la revolución tecnológica y los nuevos métodos de información. Y el problema también es que, sobre todo la centroderecha cuando quiere cambiar las cosas después de un gobierno, ¿qué pasa?, tiene que ir a por todas. No te puedes quedar a medias tintas. No se trata de transformar el sistema. Simplemente de volver a tener una estabilidad, para que la gente vuelva a confiar en el sistema. 

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Recuperar a los votantes. 

—Muchas veces en los partidos se habla del votante como ese gran culpable que está escapando a opciones extremas. El votante no es culpable. El votante está buscando a alguien que le solucione el problema. Y por supuesto puede caer perfectamente y legítimamente en la tentación de votar a partidos que, aunque sospeche que no le van a cambiar la vida, por lo menos dicen algo. 

Un ejemplo. Se podrá discutir largo y tendido sobre Trump, pero su programa, por disparatado que sea o no, lo implementa. Y eso es lo que nos ha fallado mucho a nosotros. Presentamos programas en oposición para cambiar y cuando llegamos al gobierno no se cumplen. Y la sociedad ya no lo perdona como antes. Exigen que, si se votó una opción, se cumpla con ese programa. Es algo a lo que no estábamos habituados en el sistema anterior y que exige ese tipo de cambio de mentalidad por parte de los partidos para recuperar la estabilidad. 

Lo complicado en este “cambio de mentalidad” es, justamente, no imitar el extremismo para atraer. 

—Indudablemente. Otra autocrítica: espero equivocarme y no quiero que nadie se enfade, pero no veo liderazgos suficientes para llevar a cabo esa transformación. Para estos cambios necesitas liderazgo, gente dispuesta a tomar decisiones no basadas en encuestas o en si caerá mejor o peor. Por eso he citado el ejemplo de José María Aznar, que tomó decisiones en su gobierno que generaron 50% de amores y de odios. Eso es el líder, puede estar equivocado o acertado, pero por lo menos toma decisiones. Es lo que la gente quiere. El problema es que como los políticos tradicionales no estamos tomando decisiones, la gente tiende a pensar que es mejor que haya una sola persona que tome decisiones, para facilitar todo. Y ese es el reverso oscuro de la fuerza. 

UE, España y América Latina

Este año Pedro Sánchez visitó América del Sur, en Chile, para hablar sobre democracia, moral y la lucha contra la derecha. ¿Qué opinión le merece? 

—Yo no creo que sea muy democrático luchar contra la derecha. Yo creo que lo democrático hoy en día es intentar que nos aliemos todos y buscar los consensos necesarios. Sánchez es un experto, desgraciadamente, en luchar contra la derecha para dar fuego a la extrema derecha. Para poder mantenerse él y el Partido Socialista en el poder. Y que vaya a Chile a pontificar sobre esto, pues, te dice mucho de cómo está la política exterior española y su pobre influencia en Latinoamérica. 

Más allá de esto, ¿cuáles son los vínculos más estratégicos en la relación entre España y América Latina? 

—España ahora mismo tiene que conseguir el tratado de Mercosur, el tratado con México, el acuerdo con Chile. España tiene que estar a la cabeza, pero no solo para empresas españolas, sino para todas las europeas. Quien puede facilitar esto es una España que sea un verdadero interlocutor con todos los gobiernos de Latinoamérica, no con dos o tres que ideológicamente le vengan bien. No puedes ser un predicador ideológico. Tienes que ser presidente del gobierno, y los intereses de España hoy en día son los intereses de la Unión Europea. No te puedes ir a hacer campañas. Tienes que tener la mejor relación posible con los gobiernos de la América Latina, sean de tu ideología o no. 

Cómo percibe la influencia de la política española en los procesos democráticos latinoamericanos? 

—Veo con muchísima preocupación que un expresidente de España, como José Luis Rodríguez Zapatero, esté de embajador del régimen de Maduro. Dicho eso, España ha perdido influencia en los últimos años. La política, tanto de Zapatero como la de Pedro Sánchez, muy distinta a la de Felipe González, nos está alejando de esa influencia. Es una aproximación de aliado europeo hacia los países latinoamericanos, con los que tenemos tantas cosas en común; cultura, religión, lenguas.

España hace un papel de puente. Ya no es un papel dominante como en el pasado. Es un papel facilitador que beneficia a España, a la Unión Europea y a los países latinoamericanos. Eurodiputados españoles de todo pelaje en ideologías y portugueses están constantemente en el Parlamento Europeo dando la brasa con el tema latinoamericano. Nos gustaría que más diputados de otras nacionalidades lo hiciesen. Si a Europa le va bien, a España le irá mejor. Aquí nos va bien a todos. 

¿Qué papel juega el Partido Popular en el contexto político español? 

—El partido popular intenta hacer oposición frente a un gobierno desmembrado, que solamente se mantiene por estar en el gobierno. Los partidos, realmente, son una locura ideológica inconexa; independentistas, de derecha catalana, como Junts, la ultraizquierda Esquerra Republicana de Cataluña, los partidos más antitéticos. Es un refrito que en teoría tiene que ser muy difícil de mantener si no es simplemente por un criterio de mantenerse por mantenerse, que es la sensación que está teniendo la población española.

No tengo mucha envidia de la labor que va a tener que llevar a cabo Feijóo cuando llegue al gobierno de recuperación de la confianza, en un sistema que en los últimos siete años ha venido abajo, y ha creado una polarización enorme en una sociedad española que siempre lo había evitado, por razón de la guerra civil. En España pesa mucho el pasado y después de la transición, la sociedad española había optado por no entrar en confrontaciones. De hecho, la polarización ha tardado mucho más en llegar a España que en otros países. Pero, con Sánchez, ha llegado a su extremo.

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Desde el 19 hasta el 27 de julio de este año tuvo lugar en Moscú el cuarto Festival Anual de América Latina y el Caribe. Presentado como una celebración de intercambio cultural, el programa incluyó comida, música, cinematografía y conferencias. Con la presencia de diputados de varios países latinoamericanos, el evento concluyó con discursos de diplomáticos de Perú, Venezuela y República Dominicana.

Aunque encomiable a primera vista, esta iniciativa se enmarca en una estrategia de mayor alcance, orientada a que Rusia estreche lazos con los países latinoamericanos con el fin de ampliar su presencia geopolítica. Quizás más importante que la cooperación per se, Rusia busca fundamentalmente evitar que la región se acerque a los países occidentales. Para lograrlo, Moscú cuenta con un amplio arsenal de opciones.

El cambio de enfoque de Rusia

El documento Concepto de la política exterior de la Federación de Rusia, de 2023, actualizó los objetivos por primera vez desde 2016. Adopta un tono más polémico que su predecesor. Emplea términos que antes no aparecían, como ‘neonazismo’ (en el contexto del régimen ucraniano), ‘rusofobia’, ‘neocolonialismo’ y ‘Mundo Ruso’. Con respecto a América Latina y el Caribe (ALC), el documento habla del apoyo a los Estados latinoamericanos que están «bajo la presión de los Estados Unidos y sus aliados», de «ampliar los vínculos» y de «aumentar el comercio y las inversiones mutuas».

La plataforma mediática Russia Today (RT) funciona como un altavoz del Kremlin en la región, recurriendo habitualmente y deliberadamente a información errónea. Desde un punto de vista estratégico, el uso de RT es solo uno de varios instrumentos que Rusia aplica para lograr sus metas en la región. Los otros pilares son la cooperación y ayuda militar, la economía y el comercio, y la política. Los vínculos militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua están bien establecidos. Justo este año Rusia y Nicaragua suscribieron un acuerdo orientado al entrenamiento de las fuerzas armadas.

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Actualmente, el aspecto económico y comercial reviste especial interés. Rusia coopera con los países latinoamericanos individuales a través de acuerdos bilaterales y foros intergubernamentales. En particular, con los BRICS, el G20 y con la región en su conjunto a través del Mecanismo Permanente de Diálogo Político y Cooperación  (Rusia-CELAC), puesto en marcha en 2015. La interacción económica entre las dos regiones es relativamente pequeña. Alrededor del 2% de su comercio mundial total corresponde a ALC. De todos modos, Rusia supo capitalizar la inestabilidad de los mercados globales de materias primas y generar una dependencia asimétrica. Por lo tanto, dispone de un margen de maniobra significativo en algunos sectores clave. Por ejemplo, los plátanos ecuatorianos y el uso de fertilizantes en Brasil.

La coerción banánica

En febrero de 2024, el gobierno de Ecuador, bajo la presidencia de Daniel Noboa, había acordado transferir a EEUU equipos antiguos de origen soviético, destinados posteriormente a las fuerzas ucranianas. A cambio, Washington proveería al país andino del material de fabricación estadounidense necesario para reforzar sus capacidades contra las redes de narcotráfico. No obstante, después de que Rusia anunciara la suspensión de la importación de plátanos de las principales empresas ecuatorianas, lo que implicaría una pérdida anual de 800 millones de dólares, el mayor exportador de plátanos del mundo se retiró del acuerdo. Alegó no querer verse involucrado en conflictos lejanos.

[Lee: La omnipresencia militar en el proceso electoral de Ecuador]

La justificación oficial de Rusia para el embargo fue que los plátanos no cumplían con ciertas normas sanitarias. Es una premisa que Moscú ya había empleado respecto al vino de Moldavia y Georgia al orientarse demasiado hacia Occidente. Asimismo, la familia del presidente, junto con otros funcionarios importantes, posee importantes inversiones en la industria bananera. Por lo tanto, la presión de Rusia tenía efectos duales: no solo amenazaba la economía ecuatoriana, sino también los intereses de las élites locales.

Fertilizantes y seguridad agrícola

Se observa una dependencia similar en la producción agrícola de Brasil. Al ser el tercer país más productivo en este ámbito, representando el 14% de la producción agrícola mundial, esta contribuye aproximadamente a un tercio del PIB del país. Dicha producción depende del uso de fertilizantes químicos importados. Rusia posee una cuota significativa en este mercado: más del 25% de todos los fertilizantes  usados en Brasil provienen de Rusia, y el porcentaje ha ido creciendo desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Durante este tiempo, Putin también ha ofrecido descuentos en fertilizantes de entre el 20 y el 30%. Esto le brinda otra herramienta de influencia regional al Kremlin, una que ya ha dado resultados. En 2022, Brasil logró convencer exitosamente a la comunidad internacional de excluir los fertilizantes de las sanciones impuestas contra Rusia, temiendo un efecto grave en la seguridad alimentaria y en su industria agrícola. Además, Brasil se niega hasta ahora a sumarse a sanciones económicas, ya que aplica únicamente sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). Dado que Rusia es miembro permanente, las sanciones del CSNU contra este país quedan fuera de alcance, consideradas ilegítimas según el derecho internacional.

Recursos naturales como instrumento político

Al igual que con el gas natural en Europa, Rusia sabe cómo utilizar otros recursos naturales como instrumento político. Como se ha observado en los casos del plátano ecuatoriano y del sector agrícola brasileño, las negociaciones de suministro se perciben como una oportunidad para atar a los países objetivo a una relación económica asimétrica, que puede aprovecharse para ejecercer influencia política en el futuro. Los acuerdos preliminares pueden entonces explotarse, y sus condiciones reales de implementación dependen de la orientación geopolítica actual del gobierno del país.

El control de suministros clave y la fuerte presencia en la producción alimentaria regional permiten a Rusia crear dependencias duraderas, mediante las que ejerce influencia estratégica sobre la política de América Latina, intentando así integrar la región a su agenda global.

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Para nadie es un secreto que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina atraviesan un momento de tensión. La imposición de aranceles a varios países de la región —incluidos Brasil y México, dos de las economías más grandes—, junto con la reciente decisión de ejecutar ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas hacia su territorio en el mar Caribe y el Pacífico, han contribuido a un escenario complejo. En medio de esta coyuntura, el gobierno de Donald Trump ha incorporado una nueva herramienta a su arsenal geoeconómico para presionar a gobiernos y líderes políticos latinoamericanos: la revocatoria de visas.

Desde su llegada al poder, la administración Trump no ha dudado en utilizar su poder geoconómico para sancionar a países o dirigentes que se opongan a su visión internacional. Incluso si se trata de aliados tradicionales del gigante norteamericano.

Geoeconomía

Para comprender cómo las visas se han convertido en una herramienta geoeconómica, es necesario entender primero este concepto. Fue desarrollado por Jennifer Harris y Robert Blackwill en su libro War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Según los autores, la geoeconomía consiste en el uso de instrumentos económicos por parte de un Estado para defender y promover sus intereses nacionales.

Las herramientas tradicionales incluyen barreras al comercio internacional, sanciones económicas o la suspensión de ayudas y préstamos internacionales, utilizadas para presionar o recompensar a otros Estados según su comportamiento político o estratégico.

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En los últimos años, sin embargo, ha surgido una nueva herramienta: la revocatoria de visas a líderes políticos cuyas acciones se perciben como contrarias a los intereses de Estados Unidos. Aunque esta medida tiene una connotación política evidente, también conlleva importantes efectos económicos.

Impacto geoeconómico de la revocatoria de la visa

EEUU alberga la sede de instituciones clave para la economía global, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional. Estas entidades son fundamentales para el desarrollo de los países latinoamericanos, ya que otorgan financiación a proyectos y respaldan la operación gubernamental.

Además, las principales calificadoras de riesgo internacional y los inversionistas más influyentes también se encuentran en territorio estadounidense. A esto se suma la presencia de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, incluyendo su Consejo de Seguridad.

Por tanto, la revocatoria de una visa a un presidente, ministro o legislador latinoamericano limita su capacidad de representación diplomática. Y también afecta la posibilidad de acceder a mercados financieros internacionales y atraer inversión extranjera. En consecuencia, esta medida tiene implicaciones geoeconómicas profundas.

La revocatoria de visa en América Latina

Washington no dudó al retirar visas a líderes políticos y judiciales considerados contrarios a los intereses políticos o de seguridad nacional.

En Costa Rica, el 2 de abril de 2025, el gobierno estadounidense revocó la visa al expresidente Óscar Arias. De acuerdo con reportes, la decisión podría estar relacionada con su oposición a las políticas del actual presidente Rodrigo Chaves respecto a la exclusión de compañías chinas en el desarrollo de la tecnología 5G. También, por el acercamiento diplomático que Arias promovió con China en 2007 durante su mandato.

Semanas antes, el 20 de febrero de 2025, EEUU había revocado las visas de las legisladoras Cynthia Córdoba y Johana Obando. Ambas fueron críticas del decreto de Chaves que restringe la participación en proyectos 5G a empresas de países miembros de la Convención de Budapest, de la cual China no forma parte.

En Brasil, la medida afectó a altos funcionarios judiciales como Jorge Messias (procurador general), José Levi (exprocurador general), Benedito Gonçalves (exmagistrado del Tribunal Electoral), Airton Vieira (juez auxiliar de la Corte Suprema), Marco Antonio Martin Vargas y Rafael Henrique Janela Tamai Rocha. Desde Washington, se argumentó que sus actuaciones formaban parte de una “cacería de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro. El juez Alexandre de Moraes, quien presidió el caso, también fue sancionado junto con su esposa. Aunque estas decisiones no implican sanciones económicas directas, evidencian que la revocatoria de visas se consolida como un nuevo instrumento de presión política.

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En Colombia, las repercusiones fueron más amplias. Durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el presidente Gustavo Petro participó en una marcha contra Benjamín Netanyahu y la guerra en Gaza. Aunque su participación se ampara en la libertad de expresión, su llamado público a que soldados estadounidenses desobedecieran órdenes del presidente Trump generó una respuesta inmediata del Departamento de Estado: la revocatoria de su visa.

En solidaridad, el ministro de Hacienda y la canciller renunciaron a las suyas. Esto limita su capacidad de gestión diplomática y financiera en un momento crítico para la economía colombiana. Posteriormente, el gobierno estadounidense amplió la medida a otros funcionarios, entre ellos Edwin Palma (ministro de Energía) y Juan Carlos Florián (ministro de Igualdad).

¿Quién llena el vacío?

Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha intensificado el uso de la geoeconomía como herramienta de poder, combinando sanciones tradicionales con tácticas más sutiles pero igualmente efectivas, como la revocatoria de visas.

Esta nueva estrategia puede aislar a los países latinoamericanos del acceso a mercados e instituciones financieras internacionales. Los empuja a buscar alternativas en organismos como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco de los BRICS, liderado por China. Esto podría alterar el equilibrio geopolítico regional.

En definitiva, las visas han dejado de ser simples documentos migratorios. Se convirtieron en un arma geoeconómica de primer orden. Solo el tiempo dirá si esta estrategia logrará los objetivos que busca Washington. Lo cierto es que ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones entre EEUU y América Latina.

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Normalmente se dice que votar en una democracia es un deber cívico. Algunos países del mundo van un paso más allá y han convertido este deber en una obligación legal mediante el voto obligatorio. En total, 26 países siguen este modelo, con diferentes sanciones para los que no votan y diferentes grados de severidad en su aplicación. Once de ellos se encuentran en América Latina, motivo suficiente para examinar más de cerca el voto obligatorio.

Los tipos del voto en América Latina

En América Latina conviven distintos modelos de participación electoral. Existen tres tipos principales de voto. El primero es el voto sin obligación ni sanción, adoptado por países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, donde el sufragio es un derecho voluntario y depende del compromiso ciudadano.

En segundo lugar, está el voto con obligación, pero sin sanción efectiva, conocido como voto simbólico, presente en México, Honduras y Costa Rica, donde la norma establece la obligatoriedad, pero carece de mecanismos de control o castigo.

Finalmente, se encuentra el voto con obligación y sanción, que a su vez se divide en dos modalidades:

1. Voto con una sanción moderada, aplicado en Ecuador y Paraguay, donde el incumplimiento se castiga con multas leves.
2. Voto con sanciones estrictas, vigente en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Perú, donde la ausencia injustificada puede acarrear multas o restricciones administrativas.

En cuanto a las multas, el monto varía considerablemente entre países. Va desde sanciones simbólicas de apenas R$ 3,50 (≈ 0,60 USD) en Brasil, hasta sumas que superan los 3.600 pesos uruguayos (≈ 90 USD) en Uruguay. En Argentina, la multa oscila entre 50 y 500 pesos argentinos (≈ 0,05 – 0,50 USD), mientras que en Perú ronda los S/ 25,75 (≈ 6,80 USD) y en Bolivia puede llegar hasta 900 bolivianos (≈ 130 USD). En el caso de Chile, el último de estos países en implementar una sanción está entre 35 y 110 USD. Estas multas también pueden depender de factores como la condición profesional del votante, la reincidencia o el tipo de elección.

Ventajas del voto obligatorio

El voto legalmente obligatorio aumenta el nivel de representatividad, ya que cuando más personas participan, los resultados son más legítimos. Además, refuerza el principio filosófico de igualdad política entre los ciudadanos y evita el fenómeno del “freeriding”, es decir, aprovecharse del esfuerzo colectivo sin contribuir.

Diversos estudios demuestran que cuando el voto se concibe como un deber cívico, la gente tiende a informarse mejor antes de acudir a las urnas. La obligatoriedad del voto también envía una señal sobre la importancia constitutiva de las elecciones dentro de la democracia y contribuye a la estabilidad gubernamental.

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Asimismo, una alta participación reduce el impacto de pequeños grupos altamente movilizados sobre el resultado final y disminuye los costos de las campañas electorales, limitando la influencia del financiamiento privado en los partidos y candidatos. Finalmente, para garantizar la libertad de elección, se podría incluir en la papeleta la opción de abstención explícita, permitiendo manifestar el desacuerdo con las alternativas políticas disponibles.

¿Hay desventajas?

El voto obligatorio también tiene desventajas. En primer lugar, restringe la libertad individual de expresar el descontento mediante la abstención, que puede ser una forma legítima de rechazo hacia un sistema político que no responde a las expectativas ciudadanas. De igual forma pone en cuestión la discusión sobre si las personas que tienen derecho a votar también tienen derecho a no hacerlo dentro de un sistema de justicia.

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Otra controversia alrededor del voto obligatorio es la capacidad estatal necesaria para administrar las multas y controlar la participación de las personas en los procesos electorales, lo que supone costos e infraestructura burocrática.

La realidad en América Latina

En América Latina, la participación electoral atraviesa una tendencia descendente que pone en evidencia los límites del voto obligatorio como herramienta de fortalecimiento democrático. Aunque la región mantiene en su mayoría sistemas con voto obligatorio, los niveles de concurrencia se han reducido de manera constante en las últimas dos décadas. Factores como la desconfianza hacia los partidos, el desencanto con las instituciones y la fragmentación política explican parte de este retroceso.

El caso de Argentina, donde pese a la obligatoriedad la participación alcanzó en 2025 su nivel más bajo desde 1983, ilustra esta crisis de compromiso ciudadano. Aunque algunos países como Perú (2021: 70 %) no solo cuentan con la obligación de votar, sino también con sanciones, registran una participación relativamente baja bajo las mismas reglas.

En contraste, Uruguay (2021: 90%) muestra tasas más altas, lo que evidencia que la participación no solo depende del marco legal, sino como de la confianza en el sistema y la cultura cívica que lo sostienen. Aun así, pese a la tendencia a la baja, la participación en América Latina sigue siendo notablemente más alta que en muchas democracias europeas.

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El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia International es un indicador global que evalúa el nivel de corrupción percibido en el sector público de los países. Cada país obtiene una puntuación en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Para calcularla, se recopilan al menos tres y hasta trece fuentes independientes (como encuestas de expertos, evaluaciones de clima de negocios, organismos internacionales). Se evalúan dimensiones como soborno, desvío de fondos públicos, nombramientos clientelistas, luego se estandarizan y promedian para formar el puntaje final del país.

La clasificación permite ordenar los países según su nivel relativo de percepción de corrupción, y ofrece una herramienta para comparar tendencias en el tiempo. La corrupción debilita, por ejemplo, la lucha contra la crisis climática al desviar recursos y obstaculizar políticas ambientales, por lo que la transparencia es clave en uno de los grandes desafíos existenciales de la humanidad.

¿La clasificación actual y qué se puede esperar?

En la edición publicada en 2025 del Índice de Percepción de la Corrupción, que evalúa 180 países, la media global se mantuvo en torno a 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. Dinamarca (90 puntos), Finlandia (88) y Singapur (84) encabezaron el ranking con los niveles más bajos de corrupción percibida. Mientras, Sudán del Sur (8 puntos), Somalia (9) y Venezuela (10) ocuparon los últimos lugares, reflejando los mayores riesgos de corrupción.

En la región de las Américas, el promedio fue de 42 puntos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe destaca que Uruguay obtuvo una de las mejores puntuaciones de la región (76 puntos) mientras que países como Venezuela (10 puntos) y Nicaragua (14 puntos) están en los puestos más bajos.

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Dado que los resultados muestran una tendencia de estancamiento global, con pocos países mejorando de manera significativa y muchos sin cambios o incluso empeorando, es probable que la edición del próximo año muestre una situación similar salvo intervenciones fuertes de gobernanza.

Asimismo, cabe prever que el vínculo entre corrupción y cambio climático siga ganando relevancia como tema destacado, lo cual podría incentivar nuevas medidas de transparencia específicas en los ámbitos ambientales.

Lupa en América Latina

En América Latina la situación es particularmente crítica. Más de dos tercios de los países de la región obtienen puntuaciones por debajo del punto medio (50) en el IPC. Las debilidades institucionales, la falta de independencia judicial, los procesos de captura del Estado por élites económicas y políticas, y los altos niveles de impunidad alimentan este escenario.

Por ejemplo, en la región se documentan delitos ambientales vinculados a corrupción, tala ilegal, minería ilícita, tráfico de vida silvestre o crimen organizado que operan bajo redes de impunidad y escasa gobernanza. Esto afecta no sólo la percepción de corrupción sino directamente la calidad de la democracia, el desarrollo sostenible y la confianza ciudadana. En definitiva, para América Latina la corrupción no es un fenómeno marginal, sino estructural. Constituye un obstáculo grave al progreso, a la justicia y al cumplimiento de compromisos ambientales y de desarrollo.

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La presencia de Rusia en Centroamérica, como en el resto de América Latina, descansa en un entramado de operaciones de influencia que trascienden la cooperación económica. Se trata de un esfuerzo sistemático por desplegar mecanismos de comunicación estratégica, cooptación de élites e incidencia en sectores sensibles. A través de estos, Moscú procura ampliar su margen de acción en el hemisferio occidental con recursos comparativamente limitados.

Dicha estrategia responde a una lógica de reciprocidad geopolítica frente a una región que el Kremlin percibe como la expansión de la OTAN en sus antiguos espacios de influencia. Es un gesto de contrapeso simbólico en lo que Rusia considera el “extranjero cercano” estadounidense.

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Estas operaciones selectivas encuentran su principal soporte en la guerra informativa y los medios de propaganda rusos, particularmente Russia Today y Sputnik. Su presencia se extiende desde el Triángulo Norte hasta Panamá. A ello se suma la cooperación con sus aliados autocráticos en el continente, especialmente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este último, bajo el régimen Ortega-Murillo, se ha consolidado como un centro logístico de la proyección rusa en el istmo, articulando funciones de propaganda, espionaje, inteligencia y entrenamiento militar de baja intensidad.

Nicaragua: un enclave militar ruso

La cooperación militar entre Rusia y Nicaragua se remonta a los años de la Guerra Fría, cuando cerca del 90% del equipo bélico del país provenía de la extinta Unión Soviética. Tras el colapso soviético, los vínculos se atenuaron. Recobraron fuerza con la llegada de Vladimir Putin al poder y, sobre todo, con el retorno de Daniel Ortega a la presidencia en 2007. Desde entonces, Managua se ha convertido en el socio más estrecho de Moscú en el hemisferio occidental, bajo una relación que contempla asistencia técnica, presencia militar y transferencia de inteligencia.

En 2013, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, visitó Managua para inaugurar el Centro de Entrenamiento Marshal Zhukov, destinado a formar a oficiales nicaragüenses bajo la doctrina de la “guerra híbrida”. A su alrededor, se erigió una red de cooperación que incluye el centro topográfico de Managua —vinculado al sistema satelital GLONASS— y programas de instrucción en vigilancia y control de la oposición interna. Las fuerzas armadas rusas, con acceso directo a información de seguridad local, consolidaron así un canal privilegiado de influencia en la estructura de defensa nicaragüense.

Uno de los aspectos más sensibles de esta relación es, pues, el centro de espionaje instalado en la base de Mokorón, al sur de Managua. De acuerdo con investigaciones periodísticas, allí operan exclusivamente oficiales rusos con acceso al software SORM-3 y a un sistema de radiolocalización que permite interceptar comunicaciones diplomáticas, embajadas y redes internas del propio régimen. La instalación, complementada por antenas distribuidas en nueve puntos del país, refuerza el dispositivo satelital ruso. Funciona como una estación avanzada de recolección de señales en América Central.

A esto debemos sumar un acuerdo de cooperación militar firmado en 2022 por el gobierno de Ortega. Este autoriza el ingreso temporal de tropas, buques y aeronaves rusas al territorio nicaragüense, bajo la justificación de “labores humanitarias y de combate al narcotráfico”. La iniciativa permite la rotación periódica de contingentes militares rusos, consolidando la posición de Nicaragua como el principal punto de apoyo logístico de Moscú en el continente.

Semejante alianza ha alcanzado un nuevo hito. El ejército nicaragüense participó en los ejercicios conjuntos Západ-2025, realizados en septiembre pasado en Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado. Durante un encuentro en Moscú, el ministro ruso de Defensa, Andréi Belousov, agradeció personalmente al general Julio César Avilés por este gesto, reafirmando la “amistad y confianza mutua” entre ambas naciones.

Los Západ-2025, maniobras ruso-bielorrusas que movilizaron a más de cien mil efectivos, se desarrollaron en un contexto de renovada tensión con la OTAN. Y coincidieron con incursiones aéreas rusas en territorio polaco y estonio. Más que un ejercicio rutinario, replicaron los patrones tácticos de las operaciones previas a la invasión de Ucrania en 2022, proyectando la narrativa de un Kremlin sitiado. En este marco, la presencia nicaragüense tuvo un valor político y simbólico significativo. Reforzó su alineamiento con Moscú y legitimó, desde el hemisferio occidental, la estrategia militar y discursiva del régimen de Putin.

Asistencia simbólica

Como en el resto de América Latina —exceptuando a las dictaduras revolucionarias— los intercambios militares con Rusia son ciertamente limitados. En Centroamérica, más allá de Nicaragua, los vínculos de Moscú se han caracterizado por una ambigüedad estratégica. Hay, en todo caso, una disposición a mantener canales de diálogo y cooperación técnica con gobiernos que, sin romper con Washington, buscan diversificar su política exterior en materia de seguridad.

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En este marco, las administraciones de Xiomara Castro en Honduras y Nayib Bukele en El Salvador han reducido su cooperación con Rusia al plano estrictamente diplomático. Pero no sin ofrecer gestos simbólicos de alineamiento. Ambos gobiernos, por ejemplo, se abstuvieron o votaron en contra de resoluciones críticas a la invasión rusa de Ucrania en organismos multilaterales, lo que denota una cautelosa convergencia con Moscú.

El caso salvadoreño ilustra el punto. En 2013, San Salvador firmó un acuerdo con el Servicio Federal de Control de Drogas de Rusia para el suministro de armas ligeras y entrenamiento policial en la lucha contra el narcotráfico. En 2019, ambas naciones suscribieron un nuevo convenio intergubernamental. Esta vez, para el intercambio de información y cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Fue descrito por el embajador Efrén Bernal Chévez como “un instrumento para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación”. Sin embargo, estos marcos nunca se tradujeron en ejercicios militares conjuntos ni en asistencia sostenida.

Algo similar ocurrió en Guatemala. En 2010 el entonces presidente Álvaro Colom viajó a Moscú para adquirir armamento ruso destinado, según la versión oficial, a combatir el narcotráfico y crimen organizado. Aunque el acuerdo marcó un precedente en la cooperación técnica, el vínculo se diluyó en la siguiente década, coincidiendo con el progresivo acercamiento del país centroamericano a Estados Unidos.

En conjunto, estas experiencias reflejan la estrategia de Moscú de cultivar vínculos de baja intensidad con gobiernos dispuestos a recibir asistencia simbólica, sin desafiar abiertamente la hegemonía estadounidense en la región.

Espacio de resonancia política

La cooperación militar de Rusia en América Latina es, en términos materiales, insignificante. Pero estratégicamente, es funcional, como señala un reporte del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo. Su presencia no busca equilibrar el poder hemisférico, sino proyectar una imagen de alcance global y sostener alianzas políticas con regímenes afines.

En un escenario dominado por la asimetría, Moscú utiliza la simbolización militar y la retórica multipolar para desafiar la hegemonía estadounidense y sostener su influencia mediante recursos mínimos. La región, y en especial Nicaragua, funciona como un espacio de resonancia política más que como un frente de despliegue efectivo.

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Se celebrará la cuarta cumbre entra la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, organizados en la organización CELAC, el 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta (Colombia). Motivo suficiente para repasar las relaciones entre ambas regiones en los últimos 25 años para comprender qué se puede esperar de esta cumbre.

Gráfico Linea de Tiempo Empresarial Corporativo Colorido de Diálogo Político

2000 – 2006: consolidación inicial

En los primeros años de cooperación la UE y los países América Latina dieron forma a una relación estructurada y de largo plazo. Con los acuerdos de asociación con México (2000) y Chile (2002), la cooperación pasó de la retórica a la institucionalización, estableciendo un marco para el libre comercio, diálogo político y fortalecimiento democrático. Las primeras cumbres birregionales sentaron las bases de una “asociación estratégica”, mientras se ampliaban los programas culturales y educativos, preludio de un vínculo más integral entre ambas regiones.

2006- 2013: profundización y consolidación

Durante esta etapa, la UE consolidó su presencia económica y política mediante acuerdos con bloques regionales. Instituciones como el Cariforum, Centroamérica y la Comunidad Andina reforzaron el enfoque “región a región”. El establecimiento de la Fundación EU-LAC en 2010 hacer de la asociación estratégica una realidad más dinámica, visible y con una participación de sus sociedades. Paralelamente, se crearon nuevos instrumentos de cooperación y fondos de inversión para el desarrollo sostenible. En 2013, la Cumbre Santiago marcó un punto de inflexión al reconocer oficialmente a la CELAC como socio de la UE, institucionalizando el diálogo birregional. En el ámbito cultural y educativo, se avanzó hacia la creación de un espacio común de educación superior.

2014 – 2020: estancamiento y cooperación técnica

Entre 2014 y 2020, las relaciones UE–CELAC atravesaron una etapa de estancamiento político. Tras la Cumbre de Bruselas (2015), no se celebraron nuevas reuniones de alto nivel y el diálogo birregional perdió visibilidad. Sin embargo, la cooperación técnica se mantuvo activa. Programas como EUROsociAL+ y EUROCLIMA+ consolidaron la agenda de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la ONU sirvió de marco común. Asimismo, la apertura de Erasmus+ a América Latina impulsó la movilidad académica. Fue un periodo de continuidad silenciosa, con avances sectoriales, pero sin impulso político renovado.

2021 – 2025: nueva dinámica y colaboración amplia

En un contexto global marcado por la guerra de Rusia contra Ucrania, la UE reactivó en una reunión ministerial UE-CELAC en octubre de 2022 en Buenos Aires su relación con CELAC. Era parte de su estrategia geopolítica aislar internacionalmente a Rusia y reforzar el multilateralismo y el derecho internacional.

¿Qué tal la última cumbre?

La última cumbre UE-CELAC en julio de 2023 en Bruselas simbolizó esta nueva época de las relaciones entre ambas regiones. No solo decidió celebrar una cumbre cada dos años a partir de ahora, sino también se acordó una hoja de ruta clara para el periodo hasta la próxima cumbre en 2025. La hoja de ruta ilustra cómo la cooperación ya no se limita al ámbito político de alto nivel. Se ha extendido desde hace tiempo a muchos temas y capas de la sociedad, como demuestran las reuniones entre empresas, centros de investigación, universidades, think tanks o la sociedad civil.

[Lee: El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la CELAC y la cumbre de la galaxia rosa en Honduras]

La colaboración birregional en el cumplimiento del acuerdo de Paris en la lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030 de la ONU fue reforzada, también como iniciativas conjuntas sobre investigación e innovación. Además, empezó la agenda de Global Gateway de inversiones para Latino América y el Caribe con 45 mil millones euros hasta 2027 convirtió la inversión verde y digital en eje de la relación.

Económicamente, la firma del acuerdo de asociación con Mercosur y con México, y la modernización del acuerdo con Chile, reflejan un salto cualitativo hacia asociaciones sostenibles. Se espera una ratificación de la parte comercial del acuerdo UE-Mercosur hasta el fin del año. Después de más de diez años en la ratificación, finalmente también los acuerdos entre la UE y Colombia y Perú, y entre la UE y Centroamérica entraron en vigor en 2024. El éxito de los acuerdos parece indicar que ambos bloques han comprendido que quienes comparten tantos valores comunes también deben colaborar mucho más estrechamente en el ámbito económico para poder defender esos valores a nivel internacional.

¿Qué podemos esperar?

En general se puede esperar una continuación y un refuerzo de la colaboración birregional actual basada en los valores compartidos, la defensa de la democracia y el compromiso con un orden mundial multilateral y liberal como una señal clara en este tiempo turbulento. Sin embargo, en la realidad estas convicciones no siempre se ponen en práctica, como se evidencia, por ejemplo, en la estrategia de alineación múltiple de Brasil y su proximidad a Rusia y China en el marco del BRICS.

[Lee: Mark Speich: “Debemos restaurar el rendimiento de las democracias occidentales”]

Según el ministro de exteriores de Alemania, Johann Wadephul, “el crecimiento, la economía y el comercio” asimismo serán temas centrales de la cumbre para aumentar el bienestar en ambos lados del Atlántico a través de la construcción de más cadenas de valor birregionales resilientes y sostenibles. Europa tiene un gran interés en Latino América como proveedor estable de energías renovables y materias primas críticas como litio y cobre, para las que Europa puede ofrecer acuerdos inclusivos y mutuamente beneficiosos. 

Además, el Parlamento Europeo espera al lado de una expansión de programas del intercambio como Erasmus+, que la cumbre intensificará de la institucionalización de la relación UE-CELAC mediante mecanismos permanentes. Por un lado, consultaciones regulares con múltiples partes interesadas deben garantizar el cumplimiento de los proyectos de Global Gateway con la Agenda 2030 y los prioridades regionales y locales. Por otro lado, un espacio permanente debe mejorar la coordinación y preparación y para supervisar los resultados de la cumbre. La fundación EU-LAC puede tener un papel central para estos mecanismos permanentes.

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La Conferencia de las Partes (COP) es la reunión más importante a nivel mundial sobre el cambio climático. Funciona como el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado internacional firmado por la casi todos los países del mundo. En la COP se acuerda la agenda climática global. Se intenta llegar a acuerdos vinculantes que impulsen a las naciones a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), adaptarse a los impactos del cambio climático y movilizar la financiación necesaria para estas acciones.

[Lee: Salir de la inercia: el imperativo de incluir el ambiente en la agenda política]

El próximo 10 de noviembre se inicia en Belem, Brasil, la trigésima edición de la COP. El patrón en estas reuniones, con la salvedad de la COP de París 2015, es que la cita comience con grandes expectativas y termine con muy magros resultados. Una y otra vez, los países ricos prometen apoyo financiero para las pérdidas y daños que genera el calentamiento causado. Y el apoyo nunca se concreta a la altura de lo necesario.

Si bien las negociaciones han logrado tímidos avances en áreas como los compromisos globales de reducción de emisiones o los marcos de presentación de informes, la extrema lentitud y la repetición anual de las mismas conversaciones definen estos encuentros. Fueron necesarias 28 COP (hasta la COP de Dubai de 2023) para que se lograra nombrar explícitamente en una resolución oficial a los combustibles fósiles como causa fundamental del calentamiento global. Aproximadamente la mitad del total de emisiones de GEI generadas desde 1850 han sido liberadas desde la primera COP de Berlín, en 1995.

La abrumadora evidencia científica señala la necesidad de una descarbonización rápida. Frente a esto, es sabido que las empresas de combustibles fósiles influyen muy poderosamente en estas reuniones. Los países en desarrollo solo reciben el 16% de las inversiones mundiales actuales en fuentes de energía renovable. Pero están recibiendo cerca del 50% de las inversiones mundiales en combustibles fósiles. Esto permite a las empresas petroleras capturar los procesos de formulación de políticas en muchos países. Así, se retrasan proyectos de energía limpia, promoviendo más proyectos de energía fósil y desviando la atención hacia tecnologías de dudosa viabilidad como la captura y almacenamiento de carbono o la captura directa de aire.

Datos desesperantes

Desde la COP de París 2015 el calentamiento global ha pasado de ser un problema del futuro a ser un problema de presente. Los últimos diez años han sido los más calurosos desde que se tiene registro. Europa es el continente que más rápido se calienta, a una velocidad dos veces superior a la media. En lugares como Groenlandia, la temperatura ha llegado a estar 28 grados por encima de la media.

Desde 2004, los estudios de atribución climática han determinado que 547 eventos climáticos extremos fueron más graves o probables como consecuencia del calentamiento global. Los desastres por fenómenos meteorológicos extremos costaron a la economía mundial 3.54 billones de dólares en la última década. Se estima que la crisis climática podría causar 25 billones de dólares en pérdidas al mercado inmobiliario mundial para 2050. Paralelamente, el mundo está perdiendo 100 millones de hectáreas de tierra por desertificación cada año, el equivalente a la superficie de un país como Bolivia, en un proceso que se debe a una combinación de factores como el cambio climático, la sequía, la deforestación y las prácticas agrícolas.

En definitiva, sabemos que el calentamiento ya está aquí, pero la inercia del sistema continua implacable.

Por la gravedad de lo que se trata en ellas, el ciudadano medio debería saber qué es una COP y qué se decide allí. Pero ni siquiera se sabe quién es el secretario general de Naciones Unidas. Cada año, en una clase universitaria sobre gobernanza climática, comienzo la presentación con una foto de Antonio Guterres y nadie sabe identificarlo. Cuando era universitario, hace veinticinco años, el secretario general de Naciones Unidas era una personalidad más conocida, algo que refleja hasta qué punto se ha diluido el peso de Naciones Unidas en el mundo actual.

Brasil, ¿transición verde?

Este año la COP tiene lugar en un país clave para el sistema climático. Sin embargo, a pesar de que el 96% de los brasileños cree que el calentamiento global está ocurriendo y el 77% identifica correctamente la actividad humana como su causa principal, la prioridad del gobierno de Brasil es la soberanía energética y la creación de empleo, por lo que la prospección y extracción de hidrocarburos avanza a niveles nunca vistos. El gobierno de Lula da Silva argumenta que las reservas de hidrocarburos se utilizarán para financiar la transición verde.

[Lee: Ambiente, el último de la fila]

Pensar a corto plazo es un síntoma de nuestro tiempo, pero las consecuencias a largo plazo ya están aquí. Los beneficios que se derivan de la extracción de petróleo en Brasil también deberán utilizarse para paliar desastres como las inundaciones en el estado brasileño de Rio Grande do Sul en mayo de 2024. Causaron 177 muertes y afectaron al 94% de la actividad económica. Los estudios de atribución climática concluyeron que el cambio climático hizo que estas inundaciones tuvieran el doble de probabilidades de ocurrir.

Detener los combustibles fósiles

El carácter crítico del escenario climático en que se celebra la COP impide permitirse el lujo de ser derrotista, y además existen motivos para la esperanza.

Si en 2015 el 55% de la inversión energética global se destinaba a combustibles fósiles, frente a un 45% de renovables, la tendencia se ha invertido en la última década. El año pasado la inversión global en energía limpia fue de un 64% frente a un 36% en combustibles fósiles. Como consecuencia de este cambio de tendencia, y fundamentalmente por el papel de China, desde 2015 el mundo ha instalado más capacidad solar que la de todos los combustibles fósiles combinados.

Sin embargo, el porcentaje total de la generación de energía de origen fósil en el mundo no logra bajar del 80%. El descenso de esta curva es el gran reto de nuestro tiempo. Si se gravaran las ganancias de la industria fósil para invertir en energía renovable en países en desarrollo, esto podría comenzar a cambiar.

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Las democracias de Occidente enfrentan un desafío que las debilita: mientras pierden credibilidad por incumplir promesas, otros sistemas exhiben eficiencia y ganan legitimidad. ¿Cómo revertir esta tendencia?

Con una mirada autocrítica y pragmática, el secretario general de la Fundación Konrad Adenauer, el Dr. Mark Speich, plantea una hoja de ruta para restaurar el rendimiento democrático: reorganizar el sistema, diferenciarse de los extremos y fortalecer la cooperación internacional.

[Lee: ¿Por qué se necesita la centroderecha?]

En esta conversación, que sucedió en el marco del Foro América Libre, Speich aborda también el lugar de América Latina en esa “reorganización” de Occidente: una región que, admite, Europa no ha aprovechado totalmente. Habla de los riesgos del populismo y la necesidad de renovar la democracia cristiana.

Crisis de Occidente

El multilateralismo parece estar bajo presión. ¿Cómo ve el futuro de Occidente?

—Creo firmemente en el futuro de Occidente, pero creo que debemos reorganizarlo. Occidente, en su forma actual, se enfrenta a profundos retos, no solo sus instituciones, sino también sus convicciones políticas fundamentales. La idea occidental se basa en una firme creencia en un orden liberal basado en normas y, diría yo, en la capacidad de superar a otras formas de gobierno. Eso quedó muy claro durante la Guerra Fría, por ejemplo, cuando todo el mundo pudo ver que las dictaduras autoritarias y los Estados comunistas funcionaban mucho peor que el Occidente liberal.

Hoy, sin embargo, la situación es diferente. Vemos que los sistemas democráticos atraviesan una crisis de rendimiento, mientras que los regímenes autoritarios parecen obtener resultados. Si nos fijamos en Singapur, los Emiratos o China, podemos ver que estos Estados (que, cuando se evalúan en continuo, muestran formas muy diversas de desviación del tipo de democracia de Westminster) poseen un grado de legitimidad de resultados que desafía el concepto mismo de Occidente.

Por eso creo que nos enfrentamos a un doble desafío. En primer lugar, debemos restaurar el rendimiento de las democracias occidentales. Segundo, debemos reafirmar nuestra profunda convicción de que vivir en libertad es un valor en sí mismo. En los últimos años, hemos descuidado dejar claro que esta libertad se encuentra bajo una amenaza fundamental: el populismo y la lenta invasión de las tendencias autoritarias. En el pasado, las democracias solían convertirse en autocracias mediante golpes militares. Hoy en día, el proceso es más insidioso: se trata de una erosión gradual desde dentro. Pequeños pasos transforman las democracias liberales en democracias iliberales. Podemos observar esto en Europa, en América Latina, en países como Hungría, pero también en países como México.

¿América Latina es importante para Europa?

En toda América Latina existe la percepción cada vez más extendida de que la región ya no es una prioridad para Europa. ¿Está de acuerdo?

—Por desgracia, sí, y no es nuevo. Todavía recuerdo las voces que, hace veinte o treinta años, pedían un diálogo estratégico con América Latina. Y, efectivamente, hemos tenido diálogo, pero no una cooperación estratégica genuina. Por supuesto, hay intereses comerciales, y funcionan. Pero de lo que realmente estamos hablando aquí es de una estrategia política compartida, y aún no hemos aprovechado plenamente el potencial que ofrece América Latina. Debemos volver a incluirla en la agenda europea, pasando de las palabras a la acción y la cooperación real. Es algo que se necesita con urgencia.

Me complace ver algunos primeros indicios de cambio. Si miro el manifiesto de la CDU en Alemania y el enfoque del actual ministro de Asuntos Exteriores sobre la región, tengo la esperanza de que las cosas cambien, como deben hacerlo. Si queremos reorganizar Occidente, no se puede hacer sin una América Latina fuerte, pero una América Latina basada en la democracia liberal.

¿Qué áreas considera más relevantes para esta futura cooperación?

—Existe un enorme potencial económico que aún no se ha aprovechado plenamente. Como todo el mundo sabe, un obstáculo clave ha sido la ausencia del acuerdo con el Mercosur, que es el núcleo de una auténtica zona de libre comercio entre Europa y América Latina. Me complace enormemente que ahora parezca que hemos superado los últimos obstáculos y que, con suerte, el acuerdo sea adoptado por el Parlamento Europeo a principios del próximo año.

Pero, más allá de eso, también existe un gran potencial político. Nos enfrentamos al desafío de países como Rusia, China e Irán, todos presentes en América Latina. Basta con fijarse en Venezuela, donde se han aliado con un régimen brutal. Están ahí. Para contrarrestar esto, debemos crear nuevas coaliciones, coaliciones de voluntad. Debemos pensar en América Latina como un socio en este sentido. Es fundamental desarrollar nuevas formas de cooperación institucional. A eso me refiero cuando digo que debemos reorganizar Occidente: también se trata de renovar nuestras instituciones políticas, y América Latina debe desempeñar un papel esencial en ello.

Defender la cooperación

¿Y cómo contribuye la Fundación Konrad Adenauer a reforzar la presencia de América Latina en la agenda política europea?

—El trabajo de la Fundación se centra en fomentar la cooperación y las relaciones políticas, especialmente con partidos afines a la CDU. En esencia, nos dedicamos a sentar las bases políticas, desde la educación política y el periodismo hasta la formación de futuros líderes. También actuamos como puente entre América Latina y Europa. Creo que es fundamental llevar a Europa las voces más destacadas de los movimientos de centroderecha de América Latina —los demócratas cristianos y otros— y garantizar que se escuchen sus perspectivas. Si queremos que América Latina desempeñe un papel más importante en Europa, debemos escuchar esas voces y ayudar a amplificarlas.

En los últimos años, hubo recortes significativos en la financiación de la cooperación internacional. Como secretario general de la Fundación Konrad Adenauer, ¿qué implicaciones tiene esta tendencia y cómo están respondiendo?

—Todas las democracias occidentales están sufriendo actualmente crisis presupuestarias. Los ingresos fiscales se están reduciendo, por lo que es necesario ahorrar en los presupuestos públicos. Las fundaciones políticas alemanas ya están sintiendo el impacto de estas restricciones presupuestarias, aunque la capacidad operativa de la Fundación Konrad Adenauer aún no se ha visto afectada. Por ahora, sigue existiendo un fuerte reconocimiento político de la importancia de nuestro trabajo, y ninguna otra institución podría asumir nuestro papel si dejáramos de desarrollar nuestras actividades.

[Lee: ¿Puede Europa llenar el vacío que deja USAID?]

Podemos ver que las organizaciones estadounidenses, en particular, están sufriendo graves recortes de financiación. Nuestra tarea consiste más bien en llenar esos vacíos de la forma más justa posible, no en retirarnos. Como he dicho, la comprensión política de nuestra misión sigue intacta, pero no puedo descartar que también nosotros nos enfrentemos a recortes en el futuro.

Ser de centro en un mundo de extremos

En Alemania y Europa, la extrema derecha crece rápidamente. Preocupa a muchos demócratas latinoamericanos, testigos de tendencias similares en la región. ¿Qué herramientas o estrategias pueden utilizar los líderes políticos para contrarrestar este fenómeno?

—Como bien dice, se trata de un fenómeno que observamos en la mayoría de los países europeos. Está absolutamente claro que no puede haber cooperación con esos partidos. No hay lugar para la colaboración entre la centroderecha, o democracia cristiana, y la extrema derecha. Acabamos de publicar un estudio en el que se examinan casos europeos en los que se han realizado intentos de este tipo y, en todos ellos, ha sido el bando radical el que se ha beneficiado. Desde mi punto de vista, esto exige una clara demarcación de esos movimientos y un renovado enfoque en la verdadera democracia cristiana.

Al mismo tiempo, como he mencionado, debemos restaurar la eficacia de nuestros sistemas políticos. Una de las causas fundamentales del populismo es la percepción —y a menudo la realidad— de que los gobiernos no cumplen sus promesas en materia de infraestructuras, administración y servicios públicos. Debemos abordar estas deficiencias para que los ciudadanos recuperen la confianza en el Estado, para que sientan que es capaz, receptivo y que realmente atiende sus necesidades.

Recientemente publicamos un artículo suyo en el que argumenta que los extremos políticos utilizan simplificaciones populistas para atraer seguidores. ¿Los partidos del centro político deberían adaptar sus estrategias de comunicación para resultar más atractivos?

—Sin duda deben hacerlo. No pueden quedarse estancados en modelos de comunicación obsoletos y algunos ya han dado el paso. Para llegar al público actual, hay que comunicarse de forma diferente y mucho más precisa. Creo que la mayoría de los partidos se han dado cuenta de ello, aunque sigue siendo difícil. Competir con radicales o populistas en TikTok, por ejemplo, es todo un reto: es mucho más difícil para una voz sobria y razonable captar la atención en los primeros cinco segundos. Es un equilibrio delicado y un proceso exigente, pero se puede lograr. Hemos visto ejemplos de ello en las últimas campañas electorales: se puede utilizar TikTok sin caer en el populismo. Es algo que debemos aprender y practicar más.

¿En qué campaña estás pensando?

—Por ejemplo, en la última campaña electoral federal de Alemania, TikTok desempeñó un papel importante para todos los partidos. Incluso los partidos moderados ganaron algo de terreno, pero fue claramente más fácil para la extrema izquierda y la derecha radical llegar a un público más amplio. Aun así, no podemos permitirnos dejarles estas plataformas a ellos, tenemos que participar también, a nuestra manera y con nuestro propio estilo.

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¿Hamás representa a los palestinos? ¿Se puede diferenciar al grupo militante (y para muchos países, terrorista), de la población de Gaza, y, en general, de la población palestina? La respuesta más obvia sería pensar que sí. Es decir, una cosa es el grupo armado y político Hamás, y otra el pueblo palestino. Pero hay matices que debemos tener en cuenta para responder esta complicada pregunta.

Hamás gobernó la franja desde 2007, después de haber ganado unas elecciones legislativas en 2006 en Gaza y en Cisjordania. Aunque hizo un gobierno de unidad con su rival Fatah, el partido de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas (actual presidente de la Autoridad Palestina), el acuerdo se disolvió cuando ambas facciones entraron en una abierta guerra civil en Gaza. Fatah hoy dirige la Autoridad Palestina en Cisjordania. No ha habido elecciones en ninguno de los territorios palestinos desde la última en 2006.

Tanto en Gaza como en los territorios de Cisjordania existieron desde entonces dos gobiernos de facto: uno encabezado por Hamás y otro por Fatah. Aunque el gobierno de Hamás tuvo alguna legitimidad de origen, producto de la mayoría que obtuvo en la asamblea legislativa palestina, las siguientes administraciones en la franja fueron el resultado de una imposición sin el apoyo del voto popular.

La última vez que los palestinos fueron llamados a votar, Hamás (bajo la denominación Cambio y Reforma)  logró 44,45% de los votos. Fatah sacó un 41,43%. Una mayoría relativa prefirió al movimiento ligado a la Hermandad Musulmana, cuyo programa llama a la destrucción del Estado de Israel, como lo indica su carta fundacional de 1988. En el documento titulado Principios y Políticas de 2017, Hamás ratificó su intención de eliminar a Israel, que no tiene, según sus postulados, derecho a establecerse en ninguno de los territorios de lo que se conoció como Palestina bajo el Mandato Británico que duró hasta 1948.

La supuesta aceptación de establecer un estado palestino dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967 antes de la Guerra de los Seis Días (que incluye Gaza y Cisjordania, con Jerusalén este como capital palestina) es para Hamás una solo etapa táctica. Eventualmente, el objetivo de Hamás es lograr el control de todo el territorio (desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo) y eliminar a Israel.

La opinión palestina

¿Qué piensan los palestinos después de años de guerra y violencia, tanto en Gaza como en Cisjordania? En Gaza pareciera que Hamás no las tiene todas consigo. Y tampoco en Cisjordania. Según una encuesta realizada entre el 1 y 4 de mayo de este año por el Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), el apoyo al ataque de Hamás el 7 de octubre del 23 ha ido bajando. Pasó del 72% en diciembre de 2023 al 50% en mayo de este año. Según este centro de encuestas palestino el apoyo a la masacre cometida por Hamás en Israel es mucho más bajo en Gaza (37%) que en Cisjordania (59%). Las razones parecen obvias: las consecuencias de ese ataque para los gazatíes han sido terribles.

Una encuesta más reciente, realizada en septiembre por The Institute for National Security Studies de la Universidad de Tel Aviv, señala que solamente entre los palestinos que viven en Cisjordania se confirman los resultados de la encuesta hecha por la organización palestina en mayo. Según la encuesta israelí, el 46% de la opinión pública palestina piensa que el ataque de Hamás el 7 de octubre fue un error, y un 57% cree que el secuestro de civiles israelíes no ayuda a la causa nacional palestina. Un 75% de los encuestados dijo temer una “gazificación” de Cisjordania.

Sondeos y mundos paralelos

Sin embargo, los palestinos parecen vivir en un mundo paralelo al de los israelíes. Según la encuesta de la organización palestina de mayo de este año, un 87% de los interrogados afirmó que Hamás no cometió las atrocidades de las que se le acusan contra civiles ese 7 de octubre. En ese mismo sondeo de opinión es interesante observar que las expectativas de que Hamás pudiera ganar la guerra iban disminuyendo en Gaza (de 50% en diciembre 2023 a 23% en mayo de este año). Y, en general, entre todos los palestinos encuestados, mientras que 43% declaraba que Hamás saldría victorioso.

[Lee: ¿Por qué es importante para América Latina el acuerdo en Gaza? 5 claves]

Ambas encuestas revelan aspectos importantes de lo que se podría denominar el ethos palestino, la visión que de ellos mismos tienen los habitantes de Gaza y Cisjordania, y cómo se posicionan con respecto a Israel. En la encuesta de la organización palestina, un 34% apoya la solución de dos Estados (Palestina e Israel) en diciembre de 2023, pasando a un 40% en mayo de este año. Un 57% no está de acuerdo con los dos estados.

La encuesta realizada por el instituto israelí en septiembre 2025 (solo en Cisjordania) encontró que 52% apoya la solución de dos Estados. Mientras, el 28% está por un Estado palestino desde el Jordán hasta el Mediterráneo que excluya a los judíos. Apenas 16% sostiene la idea un estado binacional democrático. Más significativo aún es que un 54% de los encuestados en Cisjordania afirmó que Israel no tiene derecho a existir (este porcentaje aumenta a 75% entre los palestinos de 18 a 34 años). Y una mayoría significativa de 69% cree que Israel no va a existir para siempre.

Un movimiento nacional en espejo

¿Cuál de las dos encuestas retrata mejor el estado de la opinión entre los palestinos? Resulta complicado dilucidarlo. En ambos casos la neblina de la guerra reciente contra Hamás pesó mucho en el clima de opinión prevaleciente entre los palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania. Pero la historia del movimiento nacional palestino puede aclarar qué es lo fundamental en su concepción como pueblo.

El nacimiento del sentimiento nacional palestino está muy ligado con el surgimiento del sionismo político y las primeras migraciones judías a lo que era entonces una posesión del Imperio Otomano que se llamaba Gran Siria. Se extendía desde el norte de la actual Siria, incluyendo al Líbano y lo que después sería la Palestina bajo el Mandato Británico. En la porción palestina de ese territorio surgiría entre árabes cristianos los primeros elementos de un pensamiento nacional.

En parte, esos primeros nacionalistas “palestinos” lo hacían como reacción a las primeras olas de migración de los judíos de Rusia y de Europa del este para establecerse en lo que llamaban su tierra ancestral. Lo ha reconocido el propio historiador de origen palestino-libanés Rashid Khalidi. Después el movimiento palestino tomó un giro islamista, cuando el líder religioso conocido mufti de Jerusalén, Hajj Amin al-Husayni, se alió con los nazis a quien veía como los principales enemigos de los sionistas (y de los judíos en general). El mufti veía en los nazis aliados estratégicos para evitar que se estableciera un Estado judío en la Palestina del mandato.

El desarrollo del movimiento nacional palestino, en ambas versiones, seculares e islamistas, siempre ha sido un reflejo distorsionado de la evolución del movimiento sionista. Cada una de las derrotas del nacionalismo palestino ha implicado un alejamiento de la posibilidad de crear un Estado palestino viable.

Cuando en 1947 las Naciones Unidas votó por mayoría una división del territorio en dos Estados, uno judío y otro árabe, el nacionalismo palestino y sus aliados rechazaron la partición e invadieron al naciente Estado de Israel. Los fracasos continuaron en la Guerra de los Seis Días de junio de 1967. Culminó con la ocupación de Gaza y Cisjordania, que hasta entonces habían estado en manos de Egipto y Jordania desde 1948. ¿Qué pasó en ese tiempo de ocupación bajo los “aliados” árabes de los palestinos? Nada. Jordania había integrado la margen occidental del Jordán a su territorio, mientras que Egipto mantenía a la Franja de Gaza como región administrada por ellos (aunque no la integraron al territorio egipcio). No hubo durante ese período de “liberación” de territorios palestinos ninguna intención de establecer un Estado soberano palestino.

La primera intifada (1987-1993) dio un impulso al movimiento nacional palestino desde adentro de Gaza y Cisjordania. Mientras, su dirigencia representada por la Organización de Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat, estaba residenciada en Túnez. Con los Acuerdos de Oslo (1993-1995) se creó la Autoridad Palestina y el liderazgo palestino pudo establecerse en Ramala (Cisjordania) desde donde asumió responsabilidades administrativas y de seguridad en los territorios ocupados por Israel. La llamada segunda intifada (2000-2005) acabó con el proceso iniciado en Oslo. Hamás y la Yihad Islámica asumieron un protagonismo con acciones terroristas en Israel que terminaron hundiendo cualquier posibilidad de acuerdo negociado.

Cronología de los esfuerzos para la paz en Gaza de Diálogo Político

Nacionalismo democrático fallido

El movimiento nacional palestino volvió a perder oportunidades de crear un Estado en las negociaciones de Camp David (2000) y Annapolis (2007). Los primeros ministros israelíes Ehud Barak y Ehud Olmert respectivamente ofrecieron un acuerdo a los líderes palestinos que éstos rechazaron. Según Arafat, quien negoció con Barak, y Mahmoud Abbas quien lo hizo con Olmert, las propuestas israelíes no resolvían asuntos fundamentales para los palestinos, como el control absoluto de Jerusalén este, incluyendo el Monte del Templo o Haram Al Sharif, el retiro israelí de toda Cisjordania (ya Israel se había retirado de Gaza en 2005), y el derecho de retorno de los refugiados de la guerra de 1948.  

Lo que queda del liderazgo de Hamás y alguno que otro político palestino menos radical han afirmado que la guerra en Gaza ha dado una gran visibilidad a la aspiración nacional palestina en el mundo entero. Además, varios países occidentales como Francia, el Reino Unido, Canadá, España e Irlanda han reconocido al Estado de Palestina. El costo de esa visibilidad y legitimidad ha sido inmenso: miles de muertos y heridos, la destrucción de gran parte de Gaza, cientos de miles de desplazados y el sufrimiento de quienes ya no tienen viviendas, ni escuelas ni hospitales.

La responsabilidad de Hamás en esta nueva catástrofe palestina no puede negarse, indiferente a los excesos de las fuerzas israelíes. El ataque del 2023 buscaba ese tipo de reacción por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Era parte del cálculo de quienes planificación la masacre y el secuestro de israelíes. Provocaron una respuesta militar que puso en el mapa de nuevo el tema palestino, y cambió la percepción original de la masacre del 7 de octubre. Israel pasó de ser la víctima del más brutal ataque terrorista que haya sufrido en su historia a ser un Estado acusado de genocidio. La jugada maestra de Hamás resultó desde la propaganda.

El movimiento nacional palestino siempre ha entendido que era una “ventaja” contar como enemigo al Estado judío. Lo dijo el poeta nacional palestino Mahmoud Darwish en un documental del cineasta Jean-Luc Godard en los siguientes términos: “¿Sabe por qué los palestinos somos famosos? Porque ustedes (los israelíes) son nuestros enemigos. El interés es sobre ustedes, no en mi persona. Tenemos la desgracia de tener a Israel como enemigo, porque goza de apoyo ilimitado. Y tenemos la suerte de contar con Israel como enemigo porque los judíos son el centro de atención. Ustedes nos han traído derrota y renombre”.

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El resultado de las elecciones legislativas argentinas fue sorpresivo. Ni siquiera el presidente, Javier Milei, esperaba una victoria tan contundente. Su principal opositor, el peronista Axel Kicillof, quedó golpeado por una derrota inesperada. ¿Qué sucedió en el electorado para tener un comportamiento ajeno a las previsiones? Las primeras respuestas son dos y están concatenadas: el miedo a un descalabro económico y el factor Trump.

El clima que predominó en las semanas previas al pronunciamiento de la ciudadanía se moldeó en torno a la inestabilidad financiera. La presión alcista sobre el tipo de cambio, que los argentinos usan como refugio para sus ahorros cada vez que olfatean una crisis, llevó al Gobierno libertario a negociar un salvataje en Washington. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, lo hicieron con convencimiento ideológico, pero, sobre todo, por necesidad.

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La administración de Donald Trump, que mira a Latinoamérica con un prisma intervencionista, les abrió las puertas de par en par. El recepcionista fue Scott Bessent, el secretario del Tesoro, una figura clave para comprender este período político-económico de la Argentina. Con lógica de trader financiero, Bessent no solo facilitó una línea swap de 20.000 millones de dólares para el Banco Central argentino, sino que además intervino en el mercado de cambios local.

Votos del miedo

La escenificación de la ayuda del “amigo americano” tuvo lugar solo diez días antes de las elecciones, cuando Trump y su gabinete recibieron a Milei, Caputo y otros funcionarios en la Casa Blanca, cuando presidente norteamericano condicionó el rescate al resultado electoral. Eso que pareció inicialmente un yunque atado al cuello de Milei, terminó funcionando en el país como un catalizador del miedo al descalabro económico.

Si hay algo que la sociedad argentina valora de la gestión mileísta es la baja de la inflación. Ese reconocimiento aún predomina para un sector mayoritario del electorado sobre los efectos colaterales del plan de la “motosierra”, que son muchos y explican centralmente la caída del nivel de actividad de la economía. Pero lo que más capitalizó el presidente argentino fue el miedo de los electores independientes al regreso del kirchnerismo como fuerza dominante.

La contundente victoria electoral kirchnerista en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, un mes y medio antes de los comicios legislativos nacionales, tuvo efectos que trascendieron las fronteras del distrito más importante del país. En el resto de las provincias despertó los sectores antiperonistas, que en la Argentina tienen tanta intensidad como los propios seguidores del partido que fundó Juan Perón.

Pese a que Milei y los libertarios sufrieron un duro golpe en aquellas elecciones bonaerenses, el impacto que provocó el resurgimiento del kirchnerismo consolidó un escenario de polarización al que el gobierno se aferró con uñas y dientes. “La libertad avanza o la Argentina retrocede”, fue su lema de campaña. Pese a su intento por desmarcarse de la expresidenta Cristina Kirchner, el líder del sector, el gobernador Kicillof, aún se considera detrás de esa línea.

Los esfuerzos de Milei

Milei se puso al hombro la actividad proselitista. Recorrió una decena de provincias y apuntaló a candidatos, en su gran mayoría desconocidos para la sociedad. Es una característica que predomina en La Libertad Avanza (LLA), una fuerza constituida en base a outsiders de la política tradicional. Apareció en todos lados con una campera de cuero modo rockstar, pese a que en más de un sitio tuvo que retirarse casi a los empujones por manifestaciones opositoras.

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Con el resultado, puede decirse que Milei consiguió el apoyo del electorado independiente —desencantado por los casos de corrupción y las dificultades económicas— en desmedro de terceras opciones, como los gobernadores de Provincias Unidas. Su performance fue licuada por la disputa central entre los libertarios y el peronismo. Ahora, ese grupo puede ser el árbitro de la gobernabilidad por su representación en el Congreso.

Gobernadores, aliados clave

Los bloques que responden al presidente crecerán en forma ostensible en la Cámara de Diputados y el Senado desde el 10 de diciembre. Las bancas que obtuvo LLA en la elección legislativa le permitirán al Gobierno defender los vetos de Milei, ya que alcanzarán el tercio de escaños. Pero no garantizan el impulso exitoso de reformas estructurales, como las que planifica la Casa Rosada en materia de legislación laboral y de política tributaria.

De ahí que los diputados y senadores referenciados en los gobernadores, algunos de ellos sin alineamiento nacional, serán determinantes en el segundo tramo del mandato de Milei. Cuando todavía no tenía certeza de un triunfo electoral, el mandatario argentino empezó a dar señales de que estaba dispuesto a recuperar el diálogo perdido con las provincias, a las que su administración cortó sin miramientos el financiamiento de obras y la ayuda financiera.

En el discurso que pronunció la misma noche de la elección, Milei hizo un llamamiento a esos gobernadores. Con estos resultados, vuelven a estar entre la espada y la pared porque el electorado provincial les dio la espalda y, en cambio, avaló al presidente libertario. Mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut) tienen ahora que recalibrar su futuro político y su relación con el poder central del país.

El PRO en segundo plano

En la misma situación se encuentra Mauricio Macri, el expresidente argentino que apostaba por una mayor influencia del PRO en el Gobierno ante un Milei debilitado, un escenario que finalmente no se cristalizó. Más allá del diálogo que volvió a entablarse entre ambos, las decisiones que adopta Milei no están en sintonía con los intereses de Macri. La última de ellas fue la designación de Pablo Quirno como nuevo canciller, tras la renuncia de Gerardo Werthein.

Macri tenía un puñado de candidatos para ocupar ese sillón clave para apertura del país al mundo. Pero Milei optó por un miembro del equipo económico. Además reúne condiciones indispensables en esta época de la política argentina: Quirno es un trader financiero que integró el staff de la JP Morgan antes de sumarse a la consultora de “Toto” Caputo. Su traslado a la Cancillería generó, por cierto, el beneplácito de Washington.

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Al menos cuatro países tienen programadas elecciones entre 2025 y 2027 en Centroamérica: Honduras, en noviembre de 2025; Costa Rica, en febrero de 2026; El Salvador, en junio de 2027 y Guatemala en agosto de ese mismo año.

En ese contexto, un fenómeno que no es reciente, pero ha adquirido notoriedad, es la aparición de partidos políticos emergentes prácticamente en todos los países de la región, disputando los votos de los electores a los partidos tradicionales y la alternancia bipartidista de décadas recientes.

La transformación de los partidos

Los partidos políticos tradicionales centroamericanos tienen una posición cada vez más desfavorable ante la opinión pública, como marca la tendencia global. Así lo demuestran, por ejemplo, el Latinobarómetro. En su edición más reciente, revela que en dos de los cuatro países centroamericanos donde están programadas elecciones casi la mitad de la población piensa que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. En los otros dos países casi un tercio piensa lo mismo.

A pesar de la baja credibilidad ciudadana y la fragmentación que experimentan los sistemas políticos en la región, los partidos se mantienen como actores clave de los procesos electivos. Los ciudadanos tienen que elegir gobernantes a partir de sus propuestas de candidatos en las boletas electorales.

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Para lograr más credibilidad y captar votos, acostumbran a presentarse en alianzas con otros partidos. Realizan campañas con un fuerte componente de marketing político centrado en las figuras presidenciables. Mantienen un discurso democrático, pero sin adherirse a una ideología política específica. Utilizan intensivamente las redes sociales y plataformas virtuales. Por otra parte, la divulgación y el convencimiento a partir de propuestas programáticas ha perdido relevancia.

Nuevos partidos centroamericanos

Este tipo de prácticas son frecuentes en Centroamérica. Las elecciones del 2021 en Honduras el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), con Xiomara Castro a la cabeza como candidata a la presidencia, y el Salvador de Honduras, con Salvador Nasralla como candidato a la vicepresidencia, se unieron y lograron ganar las votaciones. Ambos provenían de corrientes ideológicas distintas. Casi inmediatamente después de asumir los cargos surgieron disputas y conflictos hasta que se rompió la alianza.

El caso también muestra otro aspecto: partidos políticos que se conforman en el contexto de contiendas electorales, con estructuras y membresías no orgánicas, que descansan en la imagen de un líder muchas veces carismático, y disputan abiertamente los votos a los partidos más tradicionales y con recorridos históricos más largos. Tanto LIBRE como Salvador de Honduras tuvieron estas características.

De manera similar, el partido Nuevas Ideas en El Salvador surgió como alternativa al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que se alternaron en el poder desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Fue fundado en 2017 bajo la conducción de uno de los hermanos del presidente, Nayib Bukele, hoy su cara más reconocida. Este partido logró canalizar el descontento y las demandas de la población salvadoreña, desplazando a otros competidores políticos y allanando el camino para la continuidad del gobierno actual. La fórmula del modelo Bukele ha resultado exitosa entre la población salvadoreña. Pero también entre algunos de sus homólogos latinoamericanos que han considerado seriamente implementarla en sus países. Mientras tanto, el Nuevas Ideas se afianza, desplazando a las demás fuerzas políticas partidarias del país.

Otro ejemplo interesante es el Movimiento Semilla de Guatemala, fundado como un grupo de reflexión en 2014 y registrado como partido político en 2018. En 2023, de forma inesperada, alcanzó la segunda posición en las votaciones y poco después ganó las elecciones en un balotaje con la fórmula de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Desde antes de tomar posesión de sus cargos, ambos se han enfrentado a intentos del Ministerio Público para impedir que asumieran y luego, para enjuiciar a personas vinculadas con el partido acusándolas de financiamiento indebido. Mientras tanto, el Partido Semilla se escindió en un nuevo grupo denominado Raíces, debilitando las posiciones de la bancada de gobierno en el parlamento. Vale la pena notar que desde hace tiempo el sistema de partidos políticos en Guatemala experimenta un alto grado de fragmentación. Frecuentemente nacen y desaparecen partidos, sobre todo en períodos electorales.

En Costa Rica, el sistema de partidos ha experimentado cambios durante las décadas más recientes. El bipartidismo tradicional se rompió con el surgimiento de nuevas alternativas políticas que alcanzaron la presidencia con el Partido Acción Ciudadana (PAC). Pero no lograron colmar las expectativas ciudadanas. Más recientemente, en 2022, Rodrigo Cháves, al frente del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) conformado en 2018, ganó las elecciones presidenciales y logró una presencia significativa en el legislativo. Sin embargo, como en otros casos, la bancada oficialista se dividió. Para las próximas elecciones presidenciales programadas a febrero de 2026, el mapa de candidaturas es amplio en número y en diversidad ideológica con unos 20 partidos inscritos para participar en la competencia.

El sistema de partidos costarricense nunca había presentado una fragmentación tan fuerte como en la actualidad porque el fenómeno también se presentó en las pasadas elecciones de autoridades locales. En las encuestas más recientes, el PPSD tiene una intención de voto favorable, pero todavía baja considerando que la campaña apenas inicia.

Descontento y búsqueda alternativas

Los cambios que presentan los sistemas de partidos confirman que hay una crisis de representación e intermediación. Los actores tradicionales de la política han perdido legitimidad, credibilidad y capacidad de canalizar las demandas e intereses de los ciudadanos frente al Estado.

Varias razones convergen. En las últimas tres décadas se han extendido nuevas formas de organización y representación ciudadana. Pero, también, las concepciones y formas de la política están cambiando. Desde la percepción de los ciudadanos los partidos no son incluyentes, tienen estructuras rígidas y numerosos líderes políticos están acusados de corruptos, además de autoritarios.

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Los partidos emergentes con estructuras organizativas flexibles, liderazgos personalistas, carismáticos, y frecuentes discursos populistas, oscilan entre el desencanto ciudadano con la democracia y el descontento con los partidos tradicionales. En Centroamérica, con democracias en crisis, auge de los autoritarismos y graves problemas sociales y económicos, estos actores políticos son vistos como nuevas alternativas políticas. Las próximas rondas electorales serán una nueva prueba en la que estarán abiertas las oportunidades, pero también los desafíos.

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El 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina con una ley de eutanasia aprobada por vía parlamentaria. Aunque Ecuador y Colombia ya cuentan con despenalizaciones judiciales, el caso uruguayo fue presentado como un símbolo de progreso. Los titulares hablaron de “muerte digna”, de un país moderno y liberal que amplía derechos. Pero la letra de la ley y su alcance real cuentan otra historia por fuera del relato oficial.

Mientras se celebra en los medios un nuevo derecho, el texto legal introduce serios retrocesos en materia de protección a la vida. Lo que se ha instalado como un “avance” podría ser, en realidad, un recorte de derechos básicos. No es necesario acudir a interpretaciones filosóficas para verlo: basta leer dos artículos centrales de la ley.

Un “derecho” que alcanza a la discapacidad y la vejez

El artículo 2 establece que toda persona “mayor de edad, psíquicamente apta” que curse una enfermedad terminal o una “condición de salud incurable e irreversible” con sufrimientos considerados insoportables tiene derecho a que se le practique la eutanasia. Esa redacción —aparentemente compasiva— abre una puerta enorme: no se limita a pacientes terminales, sino que incluye a personas con enfermedades crónicas, discapacidades o incluso el envejecimiento, que, según la OMS, también puede considerarse una condición irreversible.

Así, alguien con una discapacidad o una enfermedad degenerativa, que sienta su vida como un “deterioro progresivo de su calidad de vida”, podría solicitar que se le provoque la muerte. En lugar de reforzar la atención y el acompañamiento, el Estado le ofrece una vía para dejar de existir. Se crea una distinción jurídica inédita: a unos se les previene el suicidio, a otros se los asiste para concretarlo. No hay forma más clara de discriminación. Y si dicen que “no es lo mismo”, ¿cuál es la diferencia? ¿El tipo de enfermedad o de sufrimiento?, ¿la edad o la discapacidad?

El artículo 4, que regula el procedimiento, también revela vacíos preocupantes. Establece que quien solicite asistencia para morir debe hacerlo por escrito ante un médico. Y, si no puede firmar, puede hacerlo “a su ruego otra persona mayor de edad” en su presencia. Es decir: alguien puede pedir la eutanasia a través de otro, sin control psiquiátrico ni intervención de un trabajador social. Para decisiones menos graves, el Estado exige escribano o juez. Para solicitar que te provoquen la muerte, basta una firma.

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Una supuesta libertad sin garantías reales

Según el procedimiento, luego el médico “dialogará con el paciente” y verificará que la voluntad sea “libre, seria y firme”. Pero, ¿qué libertad hay cuando alguien sufre intensamente y no recibe cuidados paliativos adecuados? Informar no es acompañar, y ofrecer la muerte como única salida no es garantizar libertad, sino desamparo. Una persona abandonada al dolor no elige: se rinde. En ese escenario, la eutanasia se convierte en una respuesta institucional al fracaso de un sistema de cuidados.

La ley uruguaya, lejos de ser garantista, convierte el sufrimiento en criterio jurídico para poner fin a la vida, sin ofrecer apoyo ni alternativas reales. El relato mediático —que repite que la ley es para “enfermos terminales” y está llena de controles— oculta esa contradicción fundamental. Y además, la comisión que evalúa la eutanasia es después del fallecimiento, no antes. Si se hacen mal las cosas, no se puede devolver la vida.

Durante los años de discusión parlamentaria, ninguna de las objeciones técnicas, éticas o jurídicas fueron atendida. Las advertencias de especialistas en Derecho, Bioética, Psiquiatría o Medicina Paliativa fueron ignoradas. No hubo un debate real, sino una puesta en escena: se fabricó un relato y se desoyó toda crítica. En nombre de la “autonomía personal” se aprobó un texto lleno de ambigüedades, que deja sin protección a quienes más apoyo necesitan.

Falsos supuestos en los legisladores

Al escuchar a varios legisladores argumentar o periodistas opinar en estos días, se vuelven a repetir frases como: “Es entendible que alguien en su agonía quiera adelantar la muerte”; “Que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento con soportes artificiales”. Es como si no supieran que ya existe una ley de voluntades anticipadas desde el 2009 y en que todos estamos de acuerdo en que es un derecho que no nos alarguen la vida ni el sufrimiento solo por obstinarse con mantenernos vivos. La ética médica prohíbe tanto la obstinación terapéutica como la eutanasia. O no se logra comprender el texto o no se logra imaginar el tipo de paciente que está incluido en el proyecto. La legislación uruguaya ya prevé una muerte digna, sin sufrimiento, sin prolongar la vida inútilmente, ni provocar la muerte (eutanasia).

Durante cinco años varios profesionales de los cuidados paliativos han explicado hasta el cansancio en los medios que la sedación paliativa no es una forma de eutanasia encubierta, no provoca la muerte.  Esto no es una opinión, es un dato científico. La sedación es una práctica ética y legal, que no mata al paciente, sino que le desciende su nivel de conciencia para evitarle síntomas de difícil manejo. Hubo senadores que volvieron a repetir este mito como argumento: “La eutanasia ya se practica”. Esto es empíricamente falso y demostrable. Pero la creencia popular ha sido más fuerte.

El nuevo hiperindividualismo moral y político

Se suele afirmar que oponerse a la eutanasia es “imponer una moral”. Pero, ¿no es también una imposición considerar que una vida enferma o dependiente vale menos? Se repite que “nadie estará obligado», «el que no la quiera que no la pida” y que “cada uno puede elegir”. Pero, al mismo tiempo, se crea una categoría de personas cuya vida deja de estar igualmente protegida por la ley. Esa desigualdad jurídica es una grieta ética, que ya se ha naturalizado socialmente: hay vidas que no valen la pena.

Paradójicamente, en nombre de la libertad se instala una nueva presión social: en los países donde la eutanasia se ha naturalizado (Canadá, Bélgica y Holanda por ejemplo), quien decide seguir viviendo puede ser visto como un egoísta o una carga para la sociedad. La supuesta libertad se transforma en deber de morir.

[Lee: La eutanasia en América Latina: ¿progreso o riesgo social?]

Lo más sorprendente es que esta lógica haya sido promovida y votada por toda la izquierda uruguaya y algunos legisladores de derecha (si es que todavía podemos usar esos términos). Extrañamente la izquierda apela en este asunto tan delicado a un discurso libertario —“mi cuerpo, mi decisión”— olvidando que el respeto por la dignidad humana exige cuidar, no eliminar al que sufre. No se tienen en cuenta las injusticias sociales que empujan a alguien a decisiones que no elegiría si tuviera otras opciones. Así, se ha reconfigurado una izquierda que habla de libertad, pero sin pensar en las injusticias. Y aunque, más divididos en este tema, los pocos legisladores que votaron desde los partidos tradicionales, al invocar la libertad individual como argumento, traicionan el humanismo liberal que defendía la igual dignidad de todas las personas, consagrado en la Constitución. En ambos casos, la tradición humanista uruguaya de respeto y solidaridad se diluye en un emotivismo superficial que llama “derecho” a lo que en realidad es una grave discriminación social y jurídica.

Crisis del diálogo democrático

A pesar de lo que muchos suponen, las objeciones más fuertes a la ley no provinieron de argumentos religiosos. Las personas creyentes no apelaron a su fe para intervenir en el debate, sino a las mismas razones bioéticas y jurídicas que cualquier ciudadano —creyente o no— puede compartir. Sin embargo, buena parte del discurso político y mediático necesitó crear un enemigo cómodo y fácil de derrotar simbólicamente: el “dogmatismo religioso”, que no es otra cosa que una falacia de hombre de paja. Como si defender la laicidad fuera promover la eutanasia. Pero así se evita discutir el fondo del asunto y se instala un conflicto imaginario entre libertad y religión, cuando lo que está en juego no es la fe, sino la dignidad y la igualdad ante la ley.

El resultado de cinco años de discusión sin cambios en el texto de la ley demuestra algo más profundo: hemos perdido la capacidad de escuchar razones. Hoy no importa qué se dice, sino quién lo dice. En el debate público, las etiquetas pesan más que los argumentos, y la descalificación reemplaza al pensamiento. No se dialoga: se compite por imponer relatos.

Resulta más cómodo para quien no quiere pensar ni escuchar ideas que lo cuestionen, descalificar previamente al adversario, antes que tomarse el tiempo de discutir sus razones.

La ley de eutanasia no solo pone a prueba nuestra concepción de la vida y de la libertad. También revela una crisis cultural y política más amplia. Cuando la sociedad deja de debatir racionalmente y se deja llevar por emociones y prejuicios identitarios, la democracia se vacía de contenido. Y si pensar distinto se convierte en motivo de sospecha, ya no estamos ampliando derechos: estamos reduciendo el espacio de la razón compartida.

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Una vez más, Perú fue noticia internacional por la destitución de su presidenta interina Dina Boluarte. El país tuvo siete presidentes en los últimos siete años, reflejo de su inestabilidad política. 

¿Por qué es tan recurrente la destitución presidencial? El congreso dispone del recurso de vacancia por incapacidad moral, una figura constitucional que permite al Congreso destituir al presidente. Pero su falta de definición objetiva la convierte en un mecanismo de control político flexible. 

Por su parte, la politóloga Milagros Campos entiende necesario modificar este procedimiento —“ampliar las causales” y formular un recurso más objetivo— porque la inestabilidad afecta la aplicación de políticas públicas sostenidas y la confianza en la democracia y el sistema político peruano. 

Sin embargo, Perú mantiene una economía relativamente estable. La fortaleza de su moneda y el equilibrio macroeconómico, en buena medida sostenido por la autonomía del Banco Central de Reserva, se encuentran al margen de los altibajos políticos. 

El fin de Boluarte

¿Cuáles fueron los factores determinantes que llevaron a la destitución de Dina Boluarte?

—Creo que es importante contextualizar la situación en la que asume la expresidenta Dina Boluarte. Ella sucede a Pedro Castillo de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución luego del autogolpe de Estado que fue frustrado pero que termina con el periodo de Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Al momento de asumir la presidencia, Boluarte ya no pertenecía a ningún partido político ni tenía una bancada oficialista en el Congreso. Antes del 9 de octubre, que es la fecha en la que se vaca por permanente incapacidad moral, ella ya había librado ocho mociones de vacancia. Su principal respaldo o escudo legislativo provenía de quienes fueron la más dura oposición a Pedro Castillo. Sin embargo, en los últimos meses se sumaron varios cuestionamientos que venían sosteniendo una alta desaprobación de alrededor del 97%.

En la última semana, algunos hechos gatillaron las cinco mociones para destituirla por esta causal. Creería que los hechos más importantes están vinculados a la incapacidad de dirigir un gobierno que garantice un mínimo de seguridad ciudadana. En un contexto de creciente casos de extorsión a transportistas y pequeños empresarios, incluso con muerte provocada por estas mafias y el crimen organizado. Esto la coloca en una situación muy vulnerable. 

El día previo a la sesión en la que se le vaca por permanente incapacidad moral, un grupo musical muy popular fue baleado en pleno concierto en el círculo militar de Chorrillos. Previamente hubo un incidente de acoso político y amedrentamiento para un candidato presidencial en Puno y la paralización del transporte a causa de las amenazas con carteles de “salgo a trabajar, no a morir” y situaciones por el estilo generan un ambiente muy propicio para que escalara esta situación.

Crimen y crisis

La inseguridad ciudadana y el crimen organizado dispararon la crisis política actual. ¿Hay algo más?

—Un aspecto no menor fue la provocación de nombrar como ministro de Justicia a quien había sido censurado como ministro del Interior.

⁠¿Cómo afecta la sucesión presidencial constante a la creencia de la gente en la democracia del Perú?

—Es evidente que la inestabilidad política tiene consecuencias respecto de la aplicación de políticas públicas de manera sostenida. Un ejemplo de ello es la cantidad de cambios ministeriales en un sector tan importante como el Ministerio del Interior, encargado justamente de abordar los problemas de orden interno y seguridad ciudadana. Otro aspecto que el Perú viene registrando es la alta desconfianza e insatisfacción respecto de la democracia como sistema de gobierno. Además es un escenario preocupante frente a la proximidad de las elecciones que se van a realizar el 12 de abril. 

Repensar la destitución

El congreso peruano ha usado mucho el recurso de destitución presidencial. ¿Es posible que este mecanismo tenga modificaciones en el futuro?

—El Perú tiene un sistema de gobierno que lo hemos denominado presidencialismo parlamentarizado. A pesar de contar con la elección popular del presidente y atribuciones propias del presidencialismo, desde el siglo XIX las constituciones han venido incluyendo mecanismos de control propios de los regímenes parlamentarios. Así, desde el siglo XIX se incorporaron la interpelación, la refrendación ministerial, la censura ministerial, pero también la facultad de destituir a los presidentes mediante juicio político por causales que son muy acotados, pero al lado de ello, la causal de vacancia por permanente incapacidad moral.

[Lee: Democracias fragmentadas: ¿más partidos significa más representación?]

Ese término es muy abierto y en contextos de crisis se ha recurrido a utilizarlo. Pese a requerir una alta mayoría de dos tercios, se han logrado fundamentalmente en este siglo. A ello contribuye también la estructura unicameral del Congreso. Por ejemplo, en el caso de la presidenta Boluarte asistieron 122 congresistas de los 130 y por unanimidad de quienes estaban presentes, se le vaca en el cargo. 

A diferencia del juicio político, la vacancia por permanente incapacidad moral que ha sido calificada como un juicio político sui generis por el Tribunal Constitucional es un procedimiento bastante corto y creo necesario modificar este procedimiento de manera que se estandarice con otros de juicio político a los presidentes que existen en la región y en Estados Unidos. También creo que es muy importante ampliar las causales por las que se hace un juicio político de manera más objetiva, para que no se recurra a la vacancia por permanente incapacidad moral ante lo acotado que termina siendo el juicio político. 

Cultura presidencialista

 Es curioso que esta modalidad se relacione más con el sistema presidencialista, ¿es más representativa de la cultura política peruana?

—El presidencialismo, aún con estas características que he señalado, son parte de nuestra historia republicana y de nuestro constitucionalismo histórico. En este punto, no hay específicamente un cambio en el sistema de gobierno. Lo que hay es una gran inestabilidad política, producto de factores estructurales, de diseño institucional, pero fundamentalmente por la crisis de representación, la falta de experiencia en algunos casos y de compromiso con lograr gobiernos más estables. También contribuye la fragmentación política. Prueba de ello son los 42 partidos políticos que están aptos para postular en las próximas elecciones.

Para adelante

¿Cómo se explica que, ante la inestabilidad política, no haya cambios bruscos en la economía? ¿Cómo se vincula esto con la independencia del Banco Central peruano?

—En el Perú se habla de “cuerdas separadas”. El impacto de las crisis políticas en la estabilidad macroeconómica no ha sido muy grande. Pero trambién habría que pensar si en otro contexto el Perú podría crecer más. 

La independencia del Banco Central de Reserva y la conducción técnica por el equipo que lidera Julio Velarde han sido y son parte de las fortalezas para la estabilidad económica. El Banco Central ha logrado mantenerse como una isla de eficiencia, lejos de los avatares políticos, reclutando personal muy técnico, lejos del clientelismo y formando cuadros que contrastan con el escenario político que es exactamente el inverso. Sin embargo, hay un resquebrajamiento reciente en torno al consenso sobre la estabilidad macroeconómica entre actores políticos y esperemos que esto no tenga un impacto en el futuro.

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¿Es viable pensar que el nuevo presidente José Jerí podrá liderar un “gobierno de transición y reconciliación nacional”? Considerando las denuncias.

—El presidente Jerí asume como presidente de la República porque fue elegido presidente del Congreso en un contexto en el que había muchas posibilidades de que asumiera como presidente de la República, como lo hicieron Francisco Sagasti en 2020 o Valentín Paniagua en el 2000. En este momento, el Congreso Unicameral cuenta con 12 grupos parlamentarios. Uno de ellos es el de Somos Perú, con 10 integrantes. Ciertamente el apoyo parlamentario es esencial para que se mantenga en el cargo.

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