El 13 de octubre de 2025, Donald Trump, Benjamín Netanyahu y varios líderes árabes firmaron en Sharm el-Sheij o la Declaración Trump para la Paz y la Prosperidad Duraderas. El acuerdo busca poner fin a la guerra en Gaza e iniciar un nuevo periodo.

¿Qué contiene?

En cinco claves:

1. Alto el fuego y retirada gradual: El plan establece un alto el fuego inmediato y una retirada progresiva de las tropas israelíes, condicionada a la presencia de una fuerza internacional que garantice la seguridad y supervise el cumplimiento del acuerdo.
2. Liberación de rehenes y medidas de confianza: Ambas partes se comprometen a la liberación simultánea de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, concebida como primer paso hacia la reconstrucción de la confianza y la apertura de un nuevo proceso político.
3. Fuerza Internacional y desarme de milicias: Se prevé la creación de una Fuerza Internacional de Seguridad con participación de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y observadores de la OTAN, encargada de mantener la estabilidad y supervisar el desarme gradual de Hamás y otros grupos armados.
4. Administración transitoria y reconstrucción: El plan propone una administración civil temporal con apoyo árabe e internacional, responsable de gestionar Gaza durante la transición, así como un programa de reconstrucción económica financiado por la UE, el Banco Mundial y socios privados.
5. Perspectiva política a largo plazo: La declaración abre la posibilidad de una autonomía palestina futura y de un proceso hacia la coexistencia pacífica, sin fijar aún plazos concretos ni compromisos sobre el estatus final de Gaza.

¿Cómo reaccionó América Latina?

En Latinoamérica, el acuerdo de paz fue recibido con alivio y esperanza, pero también con matices. Mientras algunos lideres elogiaron el papel de Donald Trump, otros expresaron cautela o críticas ante su protagonismo y la viabilidad del plan.

Brasil mantiene tradicionalmente una postura equilibrada en el conflicto, defendiendo una solución de dos Estados y un papel activo de la diplomacia multilateral en Oriente Medio. Lula da Silva valoró positivamente el fin de la guerra y el papel de Trump en el acuerdo, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de una paz definitiva.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de manera muy descriptiva sobre el acuerdo de paz, sin elogios explícitos ni agradecimientos a los negociadores. A diferencia de la mayoría de los presidentes, ni siquiera nombró a Trump. Solo mencionó que, como parece, hay un acuerdo de paz y esperó que “realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos”.

Colombia ha adoptado una postura muy crítica hacia Israel y cercana a los países del Sur Global. Gustavo Petro, reconocido por su firme apoyo a Palestina, quería participar en la cumbre por la paz sobre Gaza, pero Trump lo rechazó. Reiteró su llamado a la justicia internacional y al respeto del derecho humanitario.

Chile, que alberga una de las comunidades palestinas más grandes fuera del mundo árabe, ha mantenido históricamente una política exterior consistentemente crítica con las operaciones militares israelíes, defendiendo el reconocimiento pleno del Estado palestino. Gabriel Boric celebró el acuerdo como una “esperanza para poner fin a la tragedia y la masacre en Gaza”, pero condenó el uso del hambre como “estrategia de guerra” y calificó los actos de Israel como un genocidio. Afirmó que todo actor que contribuya a la paz es bienvenido, aunque cuestionó el estilo de liderazgo de Trump.

Apoyos abiertos y protagonismo regional

En contraste con las posturas más críticas y prudentes de otros gobiernos latinoamericanos, algunos líderes destacaron por su apoyo explícito al acuerdo y a la figura de Donald Trump.

Argentina con Javier Milei, ha reforzado una postura fuertemente proisraelí, marcando distancia con la mayoría de los países de la región. Felicitó a Trump por lograr el alto el fuego en Gaza, destacando su “compromiso con la vida, la libertad y la paz”. De esta forma, Milei se muestra cónsono con el reclamo histórico de Argentina, que sufrió atentados terroristas en 1994 con Hezbollah.

[Lee: Autonomía militar europea: un cambio de paradigma]

El presidentede Paraguay, Santiago Peña fue el único mandatario latinoamericano presente el lunes en la Cumbre por la Paz en Egipto. Tras conversaciones con líderes de Oriente Medio durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Peña recibió una invitación personal de Trump para asistir. Su participación fue destacada por distintos medios y recibió las felicitaciones del titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, como un gesto de compromiso con la paz y la proyección internacional del país.

Cronología de los esfuerzos para la paz en Gaza de Diálogo Político

Importancia para América Latina

Desde el inicio del conflicto, se desplegó un fuerte movimiento pro-Palestina, visible en el panorama urbano de muchos países latinoamericanos y que se manifestó continuamente a través de protestas y movilizaciones. La causa palestina a menudo se mezcló con las banderas levantadas por la izquierda política. En la región, que alberga numerosas comunidades palestinas (Chile) e israelíes (Argentina y Brasil), el asunto pasó a estar en la agenda política y mediática.

De hecho, varios latinoamericanos fueron parte de los grupos que viajaron en la flotilla humanitaria Global Sumud hacia Gaza. Por lo tanto, una pacificación duradera de la guerra y el fin de la catástrofe humanitaria en Gaza también puede contribuir a calmar estas acciones de la sociedad civil y cambiar el enfoque hacia la reconstrucción exitosa o la soberanía total de Palestina.

[Lee: ¿Cómo impacta el conflicto Israel-Irán en América Latina?]

Más allá del gesto simbólico, el acuerdo también implica responsabilidades globales en el proceso de reconstrucción y estabilización de Gaza.

América Latina puede desempeñar un papel relevante mediante apoyo humanitario, cooperación diplomática y participación en mecanismos multilaterales que garanticen transparencia y cumplimiento del plan de paz. Algunos países han manifestado su disposición a colaborar. Uruguay expresó su voluntad de participar en tareas de reconstrucción y ayuda humanitaria, mientras que Argentina evalúa una contribución simbólica con el envío limitado de cascos azules.

Te puede interesar

• Lo que dice el nuevo Latinobarómetro: resiliencia y contradicciones⁠
• ⁠Democracia en retroceso: nuevas alertas sobre el Estado de derecho ⁠
• Elecciones en Honduras: entre el desinterés y la desconfianza⁠

El primero de febrero del 2026, Costa Rica celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias a nivel nacional. Podrían marcar un punto de inflexión para una de las democracias más estables de América y se consideran una prueba de resistencia crucial para la resiliencia de las instituciones democráticas del país.

El país se enfrenta a unas elecciones trascendentales que podrían determinar el futuro de sus casi ocho décadas de democracia estable. Las elecciones incluirán un presidente, dos vicepresidentes y 57 representantes. Aproximadamente el 73% de los cinco millones de costarricenses tienen derecho a voto. Ni el actual presidente, Rodrigo Chaves, ni los diputados tienen derecho constitucional a la reelección. Si ningún candidato obtiene al menos el 40% de los votos, habrá una segunda vuelta el 5 de abril entre los dos candidatos más votados.

Existen problemas estructurales profundamente arraigados: déficits en el sistema educativo, el alto desempleo y la falta de perspectivas —especialmente entre los jóvenes—, la desigualdad económica, el agravamiento de la crisis de seguridad y las tensiones institucionales en un panorama político altamente polarizado.

El gobierno de Chaves

El político Rodrigo Chaves Robles y su Partido Progreso Social Democrático (PSD), fundado en 2018, resultaron victoriosos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2022. Su victoria reflejó la creciente insatisfacción pública con los partidos tradicionales después de que gobiernos anteriores dejaran problemas clave sin resolver. Esto ha socavado permanentemente la confianza pública en el sistema político.

El agravamiento de los déficits incluye el aumento del costo de la vida, el deterioro de las infraestructuras, la ineficiencia administrativa, los reveses en salud y educación, y los recurrentes escándalos de corrupción. El discurso populista antisistema de Chaves resonó en una población cada vez más desencantada políticamente, una tendencia que continúa hasta el día de hoy.

Chaves logró reducir el déficit presupuestario, pero su historial en salud y educación es deficiente. Además, la situación de seguridad se ha deteriorado significativamente desde que asumió el cargo, y el tono político, incluso en el parlamento, se ha endurecido. No obstante, su índice de aprobación se mantiene estable en torno al 50%.

La Constitución limita el poder del presidente mediante una estricta separación de poderes. Dado que el partido de Chaves sólo cuenta con diez de los 57 escaños del parlamento, este se basa en el consenso. En cambio, ataca a sus oponentes políticos y a los medios de comunicación, culpando a instituciones como el parlamento, el poder judicial y la prensa por agravios que su gobierno no puede remediar. En su narrativa, estas instituciones constitucionales supuestamente bloquean la implementación de las reformas prometidas en beneficio de una élite. Con su discurso populista sobre los «ticos con corona», se suma a la retórica de otros líderes polarizadores como Donald Trump, Javier Milei y Andrés Manuel López Obrador.

Chaves también muestra simpatía por los modelos autocráticos: una visita de Estado del presidente salvadoreño Nayib Bukele en noviembre del 2024 dio lugar a planes para construir una megaprisión inspirada en el modelo salvadoreño. Analistas políticos advierten que el estilo de gobierno de Chaves podría socavar la singularidad de Costa Rica como democracia estable y debilitar sus instituciones a largo plazo.

Campaña y polarización

El 1 de octubre de 2025 marcó el inicio oficial de la campaña electoral. Ante la imposibilidad de la reelección directa, el chavismo nominó como candidata a Laura Fernández, una figura cercana y exministra de la presidencia. Fernández anunció que ofrecería a Chaves el cargo de ministro de la presidencia si ganaba las elecciones. Esto representa el primer intento en Costa Rica de institucionalizar un movimiento político independiente: el chavismo, que se considera un movimiento contra el sistema, pero está fuertemente apegado a la personalidad del presidente. Chaves se presenta como cercano al pueblo, movilizando a los votantes y, al mismo tiempo, dividiendo a la oposición. En los últimos meses, varios alcaldes se han pasado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de tendencia cristiano-humanista, y del Partido Liberación Nacional (PLN), de tendencia socialdemócrata, al chavismo. Esto ha disminuido la influencia de la oposición, ya que los alcaldes desempeñan un papel clave en la movilización de votantes.

El enfrentamiento de Chaves con los demás poderes del Estado culminó recientemente con sus dudas sobre la objetividad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su cuestionamiento de la legitimidad del proceso electoral. Chaves calificó de «mordaza» la orden del TSE, basada en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de suspender actividades públicas como sus conferencias de prensa semanales desde el inicio de la campaña electoral. La campaña electoral cobra especial relevancia por su dimensión jurídica. Por primera vez, la Corte Suprema solicitó el levantamiento de la inmunidad de un presidente en ejercicio. El contexto de esto son las acusaciones de malversación de 32 mil dólares del Banco Centroamericano de Desarrollo para beneficiar su estratega de campaña.

El 22 de septiembre de 2025, la solicitud recibió solo 34 votos en el parlamento controlado por la oposición, cuatro menos que la mayoría requerida de dos tercios. El resultado fortaleció a Chaves de cara a las elecciones y dividió aún más a la oposición. El 7 de octubre, el TSE finalmente convocó nuevamente al Parlamento para votar sobre la revocación de la inmunidad del presidente Chaves. Sin embargo, esta vez se trató de «beligerancia política» e interferencia en la campaña electoral.

Además, la campaña electoral se está viendo ensombrecida por luchas internas de poder en los partidos y casos de corrupción en varios frentes. Actores extranjeros también podrían intentar ejercer influencia: en septiembre, el presidente Nayib Bukele publicó un video en sus redes sociales, posteriormente retomado por el gobierno de Chaves, en el que abogaba por la continuidad de los proyectos de Chaves. Dicha interferencia por parte del jefe de Estado de otro país es inconstitucional y anteriormente impensable en Costa Rica.

Partidos y candidatos 2026

Un total de 19 partidos políticos y una coalición de dos partidos compiten por la presidencia y la vicepresidencia de la República, cuyo resultado, según las encuestas, aún es incierto.

• Pueblo Soberano: partido utilizado por el oficialismo como «vehículo» para participar en las elecciones y que lidera la ex ministra de Planificación y de la Presidencia Laura Fernández.
• El Partido Liberación Nacional: partido socialdemócrata, liderado por Álvaro Ramos, quien presidió la Caja Costarricense de Seguro Social al inicio del actual mandato. Su presidencia más reciente fue entre el dos mil diez y dos mil catorce.
• Partido Acción Ciudadana: en coalición con el nuevo partido Agenda Democrática Nacional, con como candidata Claudia Dobles, esposa del expresidente Carlos Alvarado (dos mil dieciocho – dos mil veintidós).
• Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): partido cristiano-humanista aliado del KAS, liderado por Juan Carlos Hidalgo, expresidente del partido. Este partido ejerció su presidencia por última vez entre el dos mil dos y dos mil seis. Durante más de doce años, trabajó como analista político para Latinoamérica en el Cato Institute de Washington D. C. y como comentarista político en medios internacionales. Hidalgo es licenciado en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional y un comprometido defensor del transatlántico. En su campaña electoral, se centra en promover la competitividad económica, la justicia social y la lucha contra la inseguridad y la delincuencia transnacional, objetivos que pretende alcanzar mediante una mayor cooperación internacional, en particular con la Unión Europea. Se posiciona como defensor de los valores democráticos y destaca en la campaña electoral al hacer un llamamiento a los diputados y candidatos del PUSC para que se posicionen contra el populismo y defiendan los valores éticos que defiende el partido.
• Partido Unidos Podemos: bajo el liderazgo de Natalia Díaz, quien se desempeñó como primera ministra de la Presidencia del actual gobierno.
• Partido Nueva República: con el actual diputado y ex candidato presidencial Fabricio Alvarado.
• El partido Avanza está dirigido por José Aguilar Berrocal, quien está casado con una prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
• El Partido Progreso Social Democrático: liderado por su líder y actual diputada Luz Mary Alpízar, fue el grupo con el que Rodrigo Chaves ganó la presidencia en 2022.
• Partido Liberal Progresista: con el actual diputado Eliécer Feinzaig como candidato presidencial

Tendencias electorales

En las últimas décadas, el número de partidos que compiten en las elecciones ha aumentado drásticamente. En 2022, hubo 25 candidatos presidenciales. La creciente fragmentación de los partidos hace casi imposible lograr la mayoría necesaria en la primera vuelta. Por ejemplo, los tres últimos presidentes sólo lograron ganar el cargo tras una segunda vuelta. Hoy en día, entre el 70% y 80% de los ciudadanos ya no se identifica con ningún partido. Esto aumenta la volatilidad electoral y distribuye el voto entre varios partidos pequeños. La pérdida de lealtad partidista y la baja aceptación de los partidos tradicionales están desplazando la motivación del voto hacia otros factores: muchos votantes toman sus decisiones basándose en una conexión emocional con un líder en lugar de en una plataforma partidista.

Además, los temas específicos que movilizan a los votantes pueden ser decisivos a corto plazo. En 2018, por ejemplo, el debate sobre el matrimonio igualitario cambió significativamente el equilibrio de poder en los momentos finales de las elecciones. Además, una gran proporción de votantes toma su decisión final muy tarde, a veces incluso el día de las elecciones, o se abstiene. En las últimas elecciones, la proporción de no votantes alcanzó un récord del 40,9%. Los jóvenes, en particular, a menudo dejan de ejercer su derecho al voto debido a la frustración política.

Cuestiones de campaña electoral y desafíos de política interna

Costa Rica enfrenta una serie de desafíos para los cuales los votantes exigen soluciones concretas a los partidos y candidatos. Además de la economía, la educación, la salud y la inclusión social, esto afecta principalmente la situación de seguridad. El aumento de la violencia, también relacionada con el narcotráfico, se considera la principal preocupación de la población. En comparación con otros países de la OCDE, la tasa de desempleo de Costa Rica es alta, del 6,9%. Además, existe una gran proporción de empleo informal (40%).

El dinamismo económico se concentra en la región capital, que alberga sectores económicos dinámicos como la alta tecnología, las tecnologías de la información y la tecnología médica, mientras que las provincias rurales se quedan atrás. Dentro de la OCDE, Costa Rica tiene el segundo índice de desigualdad más alto, un indicio de profundas divisiones sociales. Durante mucho tiempo, fue el sólido sistema de educación y seguridad social lo que distinguió a Costa Rica de otros países de la región. Sin embargo, un atraso en las reformas y una burocracia excesiva han provocado un deterioro en la calidad del sistema escolar público. La pandemia ha exacerbado estos agravios existentes. Según estudios recientes, las habilidades de lectura y matemáticas de muchos estudiantes de secundaria se sitúan al nivel de los estudiantes de tercer o cuarto grado de primaria. Además, Costa Rica se encuentra entre los peores países de la OCDE en cuanto a la proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Solo Turquía y Sudáfrica tienen un peor desempeño.

La tensa situación de seguridad

Un problema central que enfrenta Costa Rica es su alarmante situación de seguridad, en particular en relación con el crimen organizado transnacional, que influye cada vez más en las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas del país. Costa Rica, que abolió su ejército en 1949, se encuentra en la ruta de la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, con puertos en las costas del Caribe y el Pacífico.

El país ya no es una mera zona de tránsito. Experimenta una creciente presencia de cárteles internacionales de la droga en conjunto con grupos locales y ahora sirve como punto de transbordo para drogas y lavado de dinero. En marzo de 2024 el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que alrededor de cuatro mil personas participan activamente en aproximadamente doscientos grupos criminales nacionales que reclutan jóvenes y cometen asesinatos por encargo.

Costa Rica ha experimentado un drástico aumento en la tasa de homicidios en los últimos años, alcanzando un récord de 907 homicidios dolosos en 2023. La OIJ también prevé casi 900 asesinatos para finales del 2025.^. Recientemente, los medios de comunicación y las autoridades investigadoras han dado a conocer la posible participación de actores políticos y legales en organizaciones criminales. El caso más destacado se refiere al exjuez y ministro de seguridad Celso Gamboa, contra quien la Fiscalía de Dallas, Texas, presentó una solicitud de extradición. Gamboa está siendo investigado por presuntamente liderar un grupo transnacional responsable del narcotráfico a Estados Unidos y del lavado de dinero.

Entre otras cosas, se le acusa de actuar como operador del Cártel del Golfo en Centroamérica. Este aumento de la violencia ha atraído la atención internacional y está dañando la imagen de Costa Rica como un destino vacacional tranquilo y popular. A finales de septiembre, el descubrimiento de los cuerpos de una pareja de expatriados alemanes enterrados en su propiedad cerca del Parque Nacional Manuel Antonio fue noticia. Según una encuesta reciente de la Cámara de Comercio local, la tensa situación de seguridad se considera uno de los mayores obstáculos para la competitividad del país.

Conclusión

Nunca antes se había celebrado un proceso electoral en Costa Rica en un clima tan polarizado, caracterizado por tensiones institucionales y un presidente que desafía el Statu Quo constitucional. Los críticos temen que, si su movimiento pierde, Chaves no acepte incondicionalmente los resultados electorales, lo que constituiría una violación de un tabú en un país que ha defendido la estabilidad democrática durante décadas. Tradicionalmente, las dieciocho elecciones presidenciales y parlamentarias anteriores desde la fundación de la república han sido pacíficas y siempre han sido organizadas con transparencia por el Tribunal Supremo Electoral. Para un proceso electoral pacífico y la continuidad de una democracia estable, corresponderá a todos los costarricenses, incluidos partidos, candidatos, instituciones democráticas y medios de comunicación, cultivar una cultura de debate basada en hechos y respetuosa, y rechazar firmemente la difusión de noticias falsas.

Las encuestas actuales muestran un alto nivel de indecisión entre los votantes. Laura Fernández lidera actualmente, pero sólo obtuvo alrededor del doce por ciento de los votos.¹¹ Sigue siendo cuestionable si la candidata favorita de Chaves podrá aprovechar la fascinación que lo rodea como líder fuerte y figura de identificación, y si podrá lograr el mismo nivel de aceptación entre los votantes.  Las elecciones recientes ya han traído varias sorpresas, y los pronósticos a menudo han resultado poco fiables. Por lo tanto, el resultado permanece incierto hasta el final. A largo plazo, el futuro de Costa Rica depende en gran medida de combinar la estabilidad política con la capacidad de reforma. El factor decisivo será si los partidos centristas logran movilizar a los votantes y convencerlos con soluciones creíbles a los problemas más acuciantes.

Los efectos de la reunión bilateral entre Donald Trump y Javier Milei, tanto en términos económicos como políticos, aún están por verse. Habrá que medir con precisión la influencia real de la “ayuda” de Estados Unidos en los mercados y en las urnas. Pero lo que realmente quedó claro es que la Argentina se transformó en un experimento del reciente intervencionismo de la Casa Blanca.

La sola presencia de Milei en la sede del poder en Washington indica que para Trump es importante, en términos geopolíticos, que el presidente argentino tenga buenos resultados en su gestión y mantenga el apoyo de la población. Es justamente lo que está en duda ante la inminencia de las elecciones de medio término de 26 de octubre.

De hecho, las últimas encuestas perfilan un escenario complejo para el gobierno libertario: casi con seguridad volverá a perder con amplitud en la decisiva provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del electorado argentino. Su performance en el interior del país distaría de ser equiparable a la que hace dos años posibilitó la irrupción de Milei, llamativo outsider, como gobernante.

Ese estilo irreverente, que se acopló al enojo que sentía la mayoría de los ciudadanos ante una economía jaqueada por la inflación y el gobierno de Alberto Fernández, consumado por internas que bloquearon su gestión, ya no es festejado por los argentinos. La actuación del presidente como una suerte de rockstar en un estadio destinado a recitales estuvo más cerca del papelón que de la gracia para la consideración popular.

¿Amistad?

En ese plano, ser amigo de Trump tampoco es tan redituable. La imagen positiva del presidente norteamericano ronda en un 30% entre los argentinos. Paradójicamente, en torno a ese porcentaje oscila la base de apoyo electoral a Milei a nivel nacional, por lo cual la Casa Rosada festejará cada punto que supere esa barrera en las midterm.

[Lee: Sofía Brambilla: “No veo la posibilidad de que Milei pueda reelegir nada”]

Trump se refirió a las elecciones de medio término argentinas en un mensaje posterior a la reunión con Milei en la Casa Blanca. Lo hizo luego de que el gobierno libertario entrara en shock ante una frase que le cayó como una bomba: “Si Milei pierde, no seremos tan generosos”. Al menos dos ministros que integraron la comitiva en Washington, Luis Caputo y Patricia Bullrich, salieron a decir que Trump estaba hablando de las elecciones de 2027. Pero quedaron en offside.

China y el peronismo

Trump apeló, lisa y llanamente, a la campaña del miedo. En Buenos Aires, mientras tanto, los principales líderes de la oposición rechazaron el “intervencionismo” del presidente estadounidense en la elección argentina. Así se pronunciaron Cristina Kirchner y Sergio Massa, socios en la mesa chica de Fuerza Patria, que nuclea al peronismo. “El gobierno se sobregiró y vendió una cosa que no era”, deslizaron desde ese espacio.

El peronismo, en rigor, tuvo una experiencia similar a la que Milei tiene ahora con EEUU. Cuando el programa económico de Alberto Fernández zozobraba, Massa tomó las riendas y salió a buscar ayuda en el exterior. Ante una negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) recurrió a China, que activó un swap con el Banco Central cuando las reservas internacionales estaban en rojo. También facilitó 300 millones de yuanes para intervenir en el mercado y comprar dólares. Una operación prácticamente idéntica a la que ejecuta ahora el Tesoro norteamericano.

La presencia de China en Latinoamérica está en aumento desde hace décadas. La novedad es que EEUU decidió, bajo el segundo gobierno de Trump, dar una batalla que, en términos comerciales, ya disparó a escala global. De ahí, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, buscó salvar las críticas internas por el salvataje financiero a la Argentina, con el argumento de que Milei había prometido “sacar a China” del país.

Swap a cambio de poder

Pero el trumpismo no confía en Milei a ciegas. Uno de los pedidos concretos que le hizo para materializar la ayuda es que el presidente argentino amplíe su apoyo en el Congreso. Le viene siendo esquivo ante la pérdida de aliados y la escasa vocación del gobierno libertario por los acuerdos políticos y el consenso parlamentario.

Para asegurarse de que Milei se fortalecerá tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, Washington envió a un delegado directo de Trump, el halcón Barry Bennet, a sondear a congresistas como Miguel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes solían votar con el oficialismo, pero con el correr de los meses fueron tomando distancia. Los norteamericanos parecen decididos a intervenir directamente en la política argentina.

Las conversaciones de Bennet fueron facilitadas por Santiago Caputo, asesor de Milei de quien se comenta que ingresará formalmente al gabinete de ministros en un recambio que planea el presidente para la segunda etapa de su administración. La gran duda es si el nuevo elenco de colaboradores expresará una apertura política de los libertarios hacia sectores republicanos, como el Pro de Mauricio Macri.

PRO, el aliado salvavidas

La relación entre el presidente y el jefe del partido amarillo, que gobernó el país entre 2015 y 2019, pasó del congelamiento al regreso de las negociaciones mano a mano entre ambos. Aunque Macri no aparece tan convencido de integrarse directamente a la administración de La Libertad Avanza, el partido que comanda Karina Milei, la hermana del presidente, y que durante buena parte de este año intentó desplazar al macrismo en el plano electoral.

[Lee: Milei choca contra el peronismo y crece la incertidumbre en la Argentina]

Para Macri, como para Trump, será decisivo el resultado de las elecciones legislativas que se aproximan y que se convirtieron, para Milei y su experimento libertario, en un deadline inquietante. Será crucial, para el presidente argentino, que el veredicto de las urnas lo deje en condiciones de darle un nuevo impulso a su administración. Para los analistas, se degastó antes de tiempo, así como para lo que esperaba el propio presidente, cuya suerte ya no depende de lo que se decida en Buenos Aires.

Te puede interesar

• Premio Nobel para María Corina Machado⁠
• ⁠Foro América Libre: ¿cómo enfrenta la centroderecha el mundo volátil? ⁠
• Kirk y la bala que inflamó al trumpismo en la batalla cultural⁠

La crisis económica Argentina y el auxilio ofrecido por Estados Unidos es apenas la punta del iceberg. Otras cosas pasan por debajo. Detrás de los conciertos de rocanrol del presidente, Javier Milei, y las denuncias de corrupción que salpican su círculo rojo, los partidos políticos argentinos se debilitan. El fenómeno ya es tendencia en el mundo y la región: surgen liderazgos disruptivos con aparentes recetas para resolver problemas urgentes a costa de destruir la institucionalidad política. 

Ante la promesa de cambios radicales, el partido Propuesta Republicana (PRO), fundado por el expresidente Mauricio Macri en 2005, le dio un chance a Javier Milei y le confió la gobernabilidad del país con alianzas provinciales y bancas en el Parlamento. Aunque el PRO mantiene un perfil bajo, no está alineado con el oficialismo. Pero tampoco decidió aún confrontar abiertamente el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Sobre esas tensiones y la gestión del descontento dentro del mismo oficialismo Diálogo Político conversó con la diputada nacional del PRO Sofía Barambilla.

El lugar del PRO

El PRO disminuyó mucho en caudal de votos. Parece disolverse entre las disputas del gobierno y el peronismo. ¿Hay un plan para que vuelva el PRO?

—No. Por lo menos por parte de Mauricio Macri, y de muchísimos dirigentes, está toda la intención de volver a encontrarnos con el electorado para representar la idea de cambio republicano, de respeto a las instituciones, de consensos y de diálogo. Nada de eso tiene LLA, el PRO supo construirse como un partido político. Es la diferencia con Javier Milei, que llegó a la Presidencia sin un partido nacional consolidado, sino con apoyo de muchos sellos provinciales. Pero sin equipos técnicos, militantes y vínculos de confianza necesarios para poder realmente hacer equipos políticos de trabajo. Eso se está notando en la gestión de Milei. Por eso el PRO y sus legisladores fueron fundamentales para poder llevar adelante su plan de gobierno. 

Honestamente, la situación del país no nos ha permitido todavía como partido sentarnos a conversar. Por la vorágine. Todos coincidimos en que a Javier Milei no le puede ir mal, porque el riesgo grande es que vuelva el peronismo en su peor versión, un populismo. La política que hace el peronismo hoy, que lidera Axel Kicillof, tiene esos matices populistas, por su misma formación académica. Ese sería el mayor peligro para el PRO. 

Nuestra responsabilidad republicana no nos ha permitido tomarnos el tiempo… Que Javier Milei haya llegado a la Presidencia, que entendiéramos que nuestro electorado pidiera que ayudáramos a Milei a llevar adelante su gobierno; para nosotros pesó más eso que quedarnos en una retirada y tratar de hacer un juego de fortalecimiento partidario cuando el país estaba requiriendo otra cosa de nosotros. 

[Lee: ¿Cómo enfrenta la centroderecha el mundo volátil?]

¿Cómo pueden hacerse más atractivos para ganar en el futuro?

—Ojalá tuviera una respuesta concreta para darte. Milei llegó por el agotamiento de la gente con el sistema político; sea el kirchnerismo o Cambiemos, cuando entre 2015 y 2019 no pudimos resolver los problemas de fondo, económicos, que persisten y no se resuelven en un solo período. 

La irrupción de las redes sociales, la comunicación directa entre Milei y la gente, evitando un partido como vehículo de transmisión de las ideas, hace que los partidos pierdan protagonismo. Es un análisis que no solo debemos hacer en el PRO, sino en todos los partidos de la región. Pasa con Bukele, Trump. Son líderes que, quizás por cercanía, adoptan el partido al que más se puedan adecuar. Pero de ningún modo esos liderazgos surgen del seno de los partidos políticos. 

Creo que Javier Milei va a terminar su mandato porque lo vamos a ayudar a que termine su mandato. Pero de ningún modo veo la posibilidad de que Milei pueda reelegir nada. Nuestro desafío es pensar qué espacio conformamos. Y no va a ser solo el PRO, porque, por lo menos en América Latina y en Argentina, ningún partido llega solo. De hecho, nosotros inclinamos la balanza porque entendíamos que el mal menor era Javier Milei y que podía tener la visión de integrar y armar una coalición de gobierno con Juntos por el Cambio y algunos partidos políticos, pero no lo hizo.

Oposición en el oficialismo

¿Hay una decepción ante el oficialismo que ustedes conforman? 

—Totalmente. Javier Milei tenía una fortaleza para conducir el país: usar la mejor experiencia del PRO y los cuadros técnicos y aprender de lo que nosotros fallamos con Cambiemos. 

En lo que queda de mandato de Milei, ¿el PRO se podría convertir en oposición? 

—Sí. Más allá de que algunas provincias hayan cerrado alianzas para estas legislativas de octubre, la dirigencia del PRO no comulga para nada con el camino que está eligiendo Javier Milei y su entorno. 

¿Hay consenso dentro del PRO sobre qué camino debería seguir respecto al apoyo al gobierno? 

—Por lo pronto, y porque nos prima el sentido republicano y generar la gobernabilidad para que al país le vaya bien, el primero que no quiere interferir en esto es Mauricio Macri. Se llama al silencio, no sale a criticar a Milei y no expone sus debilidades públicamente. Eso demuestra una responsabilidad de su parte con el país que no creo que muchos líderes tengan. 

Ahora, Milei y su equipo no están encontrando el rumbo. La baja de la inflación no ha sido la solución a los problemas de los argentinos y atacar a sectores sociales vulnerables no es el camino. Sí coincidíamos con la necesidad de un déficit cero, del equilibrio fiscal, que matemáticamente no resistía análisis. Entendimos que el gradualismo que nosotros aplicamos a nuestro gobierno no fue bueno, nos lo criticaron muchísimo. Entonces, pensábamos que el shock de Milei era necesario. Pero la falta de humanidad de este presidente le quita apoyo de la ciudadanía. Y el PRO no va a poder ayudarlo en esto, porque los que están decepcionados son los argentinos. Yo puedo no estar de acuerdo, pero si la gente lo vota… 

Se observa cierta toxicidad en el ámbito político argentino. ¿Te preocupa? ¿Hay alguna manera de salir de ese lugar?

—Entiendo tu pregunta y me remite. Estuve en el Congreso los dos últimos años del gobierno de Macri, los cuatro años de Alberto Fernández y estos primeros dos de Milei. Lo que veo dentro del parlamento, el nivel de violencia, de pérdida de valores, de falta de moral y de ética de parte de los legisladores, fundamentalmente del bloque oficialista de LLA, no lo vi ni en el peor kirchnerismo. Es también lo que transmite el presidente cuando le dice a los legisladores “ratas inmundas”, “degenerados fiscales”. La violencia, que quizás al principio la sociedad, muy enojada con la clase política, le permitía, se trasladó al Congreso. 

Y no va a ayudar a encontrar las soluciones que el país necesita, porque muchos bloques lo bancaron en su primer año con leyes fundamentales, como la ley bases. Pero el equipo del presidente no supo consolidar el apoyo en un diálogo institucional razonable. Creyeron que la gente iba a bancar lo que fuera. Y Milei se ve cada vez más acorralado, porque ya se quemó ese primer eslogan: la motosierra. No redundó en una mejor vida de los argentinos.

Economía, ¿y?

La motosierra: evidentemente el tema de Milei es la economía… 

—El único tema. 

Con ese tema ganó la presidencia; inflación, macroeconomía, el préstamo del FMI, la motosierra. ¿Hay algo más? 

—El problema argentino es la inflación y la economía, la gente vota con el bolsillo. Si te agarra la elección con un momento económico malo, sonaste. El problema es que Milei ha hecho del equilibrio fiscal un fin en sí mismo. En realidad el fin es que la Argentina cada vez esté mejor, el medio es un equilibrio fiscal, necesario. El asunto es para qué querés superávit y guardar la guita si cada vez más argentinos viven en peores condiciones. Milei se olvidó qué es ser un presidente. No es ser un buen economista y que te cierre el debe y el haber. 

Con la presentación del presupuesto, en septiembre, la narrativa del presidente aludió más hacia lo social. ¿Esto es coherente? ¿Es creíble la voz de Milei? 

—No, porque él hizo varios acuerdos con gobernadores durante sus dos años y no cumplió nada. Hace dos años que Argentina no tiene un presupuesto nacional aprobado. Mientras, Milei ataca al Congreso y dice que somos unos degenerados fiscales, que presentamos leyes que no sabemos lo que salen. Pero estamos básicamente legislando a ciegas, porque tampoco sabemos de qué dinero se dispone y cuáles son las prioridades del gobierno. Milei tiene un nivel de improvisación política, lógica de alguien que jamás ha hecho política, y que pretende la desaparición del Estado. Y quienes entendemos que ese no es el camino, sabemos que hay que construir los consensos y que es necesario un presupuesto.

El club del helicóptero

Pensando que el PRO aún apoya al gobierno de Milei, como “mal menor”: ¿qué lecciones dejó la derrota en Buenos Aires de cara a las legislativas de octubre?

—Retomando, no solo la vuelta del kirchnerismo podría ser el “cuco” de la situación, sino también la experiencia 2001 con de La Rúa al no terminar su gobierno. Es muy delicado institucionalmente que un gobierno no termine su mandato. Entonces vamos a ayudar a Milei, porque primero la república. Después veremos cómo nos rearmamos como partido y qué opción le ofrecemos a los argentinos. Si perdemos razón de ser y representación ya nos tenemos que dedicar a otra cosa y surgirán otros que puedan representar los valores. Pero para nosotros no se negocia la república, la división de poderes y las instituciones. 

Milei no lo entendió después de haber perdido el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, cuando el peronismo volvió a surgir. Están envalentonados y eso es peligroso, entonces nosotros lo vamos a seguir apoyando. 

[Lee: Milei, el peronismo y la incertidumbre en Argentina]

¿Existe, entonces, el temor de que Milei no pueda terminar su mandato? 

—En el ruido está “el club del helicóptero”, como decimos en Argentina, cuando no se termina un gobierno. Con el fantasma de Fernando de La Rúa, nosotros fuimos el primer gobierno no peronista en 70 años en terminar un mandato. No es fácil gobernar no siendo peronista. Pero creo que Argentina no resiste otra situación como esa crisis. El PRO y los demás bloques más responsables lo vamos a dejar terminar. 

Mujer, política y de centro

Estás involucrada con la Federación Democrática Internacional de Mujeres ¿Se puede avanzar en una agenda de género dentro de espacios políticos tradicionales sin que se vuelva un tema ideológico o de corte progresista? 

—El primer obstáculo que te encontrás ahí es que las mismas mujeres descreen que las leyes de cupo y paridad son necesarias. Muchas, no todas Yo soy una fiel defensora de las leyes de cupo y paridad, a la estadística me remito. Argentina fue el primer país del mundo en tener ley de cupo en el 91 y tenemos casi el 50% de la Cámara con mujeres. El tema es que las mujeres seguimos sin sentarnos en la mesa de toma de decisión; están para la foto, las listas, que en general encabezan varones.

Hay un cambio cultural que hay que dar que excede la legislación, que ya no tiene que ver solamente con seguir sacando leyes sino con que la sociedad cambie el chip. Creo que en la nueva generación se viene con mucha más naturalidad, sin importar el género; importa la capacidad, la vocación y las ganas. Después, hay que crear una red de sostén para que las mujeres puedan hacer carrera política y puedan mantener el cuidado infantil, las licencias de maternidad. 

La izquierda se ha apropiado del feminismo, el más radical, por eso nos ha costado tanto hablar. Es como una mala palabra para los conservadoreshablar de feminismo. Es que la izquierda ha destruido las causas de derechos humanos porque las ha mal utilizado, las ha llevado a un punto exacerbado a tal punto que generan rechazo. En realidad estamos luchando por igualdad de oportunidades sin importar el género. Los obstáculos existen y los hechos de violencia suceden. Lo que hay que generar son mecanismos para evitar que sucedan y desnaturalizar las situaciones de violencia que tomamos como chiste y como parte del costo de hacer política. La izquierda tiene el tema mucho más asumido.

Te puede interesar

• Lo que dice el nuevo Latinobarómetro: resiliencia y contradicciones⁠
• ⁠Democracia en retroceso: nuevas alertas sobre el Estado de derecho ⁠
• Elecciones en Honduras: entre el desinterés y la desconfianza⁠

Apenas amanecía cuando un video se hizo viral en toda la región. Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel de Noruega, comunicaba a María Corina Machado que había sido elegida para recibir el Premio Nobel de la Paz. Visiblemente emocionada, ella responde: “Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo… yo no tengo palabras. Muchas gracias, pero espero que entienda que esto es un movimiento de toda una sociedad. Solo soy una persona. Claramente yo no merezco esto”.

Con esta reacción, María Corina Machado se mantuvo fiel a sí misma. Lejos de reclamar aplausos, ha dedicado su vida a una causa: la libertad y la democracia para su pueblo. Una mujer con un optimismo inquebrantable y una sonrisa permanente. Esta luminosidad fue subrayada por el Comité Nobel al escribir: “Una mujer que mantiene la llama de la democracia en una oscuridad creciente”.

María Corina Machado no solo ha enfrentado la persecución, el exilio de sus aliados, la censura y la inhabilitación, sino que ha logrado mantenerse como referente en un entorno profundamente hostil. Su liderazgo no se ha construido desde el poder institucional, sino desde la convicción, la coherencia y la persistencia.

El voto como ejercicio de la dignidad

La defensa del voto, como institución democrática, ha sido una constante en su narrativa. No como un acto técnico, sino como un ejercicio de dignidad. En un país donde votar se ha convertido en un ritual de frustración, Machado ha logrado resignificarlo como un acto de resistencia.

Así, se convirtió en clara vencedora en las elecciones primarias entre todas las fuerzas de oposición en octubre de 2023, para una candidatura conjunta. Desde esta posición, ha insistido en elecciones libres, competitivas y verificables.
Cuando el sistema intentó excluirla por completo, contó con el valiente respaldo de Edmundo González Urrutia, quien —aunque históricamente aliado a otra corriente política— asumió el reto de representar a las fuerzas democráticas como candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en su lugar.

Cronología MCM de KASMontevideo

Juntos, Machado y González han demostrado que la causa de la democracia y la libertad es más grande que los intereses personales y las ansias de poder.

Desde el 28 de julio de 2024, tras denunciar el fraude electoral, Machado ha vivido en la clandestinidad. Esta etapa no ha significado silencio, sino una nueva forma de lucha democrática. Ha seguido articulando estrategias, comunicándose con sus seguidores y manteniendo viva la llama de la democracia.

La clandestinidad, lejos de debilitarla, ha reforzado su imagen como símbolo de una lucha que no depende de cargos ni de visibilidad mediática. Su decisión de permanecer en Venezuela, de no exiliarse, es un acto profundamente político. Es una forma de decir que la libertad no se negocia, que la democracia no se abandona.

Internacionalizar la causa

Uno de los logros más significativos de Machado ha sido internacionalizar la lucha venezolana. Su participación en espacios como el “Foro América Libre” en Ciudad de México —donde ha intervenido en dos ocasiones—, reafirmando que “nunca hemos estado tan cerca de conquistar la libertad”, ha sido clave para movilizar apoyos globales. En ese espacio, y en muchos otros, ha logrado conectar la crisis venezolana con los desafíos democráticos de toda América Latina.

Machado ha insistido en que la democratización de Venezuela no es un hecho aislado, sino parte de un proceso regional. Ha vinculado la lucha venezolana con las realidades de Cuba, Nicaragua y otros países donde el autoritarismo ha avanzado. Su visión estratégica ha permitido que la causa venezolana sea vista como una oportunidad para reconfigurar el mapa democrático del continente.

Más que un premio, un mensaje

El Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado no es solo un reconocimiento. Es un mensaje.

A los venezolanos, les dice que su lucha no ha sido en vano. Al mundo, le recuerda que la democracia no se impone: se construye desde abajo, desde lo civil, desde lo cotidiano. Y a todos, que el liderazgo político puede —y debe— ejercerse con firmeza, con ética y con visión.

Machado no ha vencido al régimen, pero ha vencido el miedo. No ha conquistado el poder, pero ha conquistado la conciencia de millones. Y eso, en tiempos de oscuridad, es quizás el mayor triunfo político que puede alcanzarse.

Ni los jueces, ni la realidad frenan a la coalición del presidente Gustavo Petro en Colombia. Pese a que el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que autorizaba su consulta presidencial, los dirigentes insisten en ir a las urnas y acusan a la oposición de sabotaje. El show sigue aunque el libreto ya suene repetitivo.

El partido de Petro sin Petro

Paradójicamente, el movimiento que llevó a Gustavo Petro a la presidencia ahora intenta sobrevivir sin él. El Pacto Histórico nació en 2021 como una coalición de partidos de izquierda –Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Partido del Trabajo de Colombia, Unida y Todos Somos Colombia– destinada a consolidar el poder de esta rama política.

Desde entonces se han consolidado como una fuerza política y han buscado fusionarse como partido único. Hoy su mayor dilema es precisamente que esté por fuera el presidente que la inspiró. Mientras el Consejo Nacional Electoral aprobó la creación del partido, dejó por fuera nada menos que a Colombia Humana, el partido del propio Petro, así como a Progresistas y Minga Social. No se aprobó su inclusión porque, según sus estatutos, necesitaban un quórum de 76.315 militantes de 114.381 de los registrados en las votaciones para decidir sumarse como partido único. Al evento sólo participaron 1.280 personas.

Candidatura en búsqueda de un permiso

Sin partido claro y con el reloj electoral encima, el Pacto Histórico se lanzó a buscar por vía judicial lo que no consiguió en las urnas internas: un aval para existir. La exministra Carolina Corcho y el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar interpusieron una acción de tutela contra el CNE. En esta solicitaban el reconocimiento de la personería jurídica del “Pacto Histórico – Movimiento Político” como partido sin condicionamiento.

El 25 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Registraduría que permitiera a los precandidatos del Pacto Histórico inscribirse para la consulta interna, que tendría lugar el 26 de octubre de 2025, fecha máxima para hacerla. Esto como medida provisional mientras se estudiaba más a fondo.

De inmediato, la coalición anunció a sus tres cartas: el senador Iván Cepeda, la exministra de salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Una foto de unidad forzada tras semanas de negociaciones, en las que aspirantes terminaron declinando a favor de Cepeda. Este se destaca en la izquierda por haber ganado el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Consulta sin piso legal, pero con show

El martes 7 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la tutela que daba luz verde a la consulta interna. En teoría el proceso quedó sin piso legal, en práctica la coalición decidió ignorarlo. Esa misma tarde hubo una reunión en la Casa de Nariño. Petro, el ministro del interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, trazaron la línea. Y los precandidatos –Cepeda, Corcho y Quintero– repitieron el mantra como si nada hubiera pasado. Es más, desde el Pacto Histórico llamaron la decisión del Tribunal “el mayor golpe a la democracia en años”. Pero, más que un golpe, lo que se ve es un Gobierno jugando al borde del reglamento.

Con varias alternativas legales sobre la mesa –todas lentas–, la opción más adecuada terminó siendo la Registraduría. El 8 de octubre, el registrador delegado en lo Electoral se reunió con los representantes de los partidos Colombia Humana, Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica. El resultado fue claro: se mantiene la consulta para elegir candidato presidencial de la izquierda, pero bajo otro formato. Ya no es interna, sino, interpartidista, porque fue solicitada por varios partidos.

El 26 de octubre tendrá lugar la consulta; una solución en el corto plazo y un desafío en el largo. Las votaciones, con un valor aproximado de 200 mil millones de pesos (unos 51 millones de dólares), permitirán a los partidos del Pacto Histórico elegir candidato, pero no participar en la consulta del llamado Frente Amplio. En marzo de 2026 se prevé una nueva consulta con más partidos de izquierda y de centro, en la cual quedará por fuera el Pacto Histórico. Llegarán, otra vez, divididos.

La izquierda llegará cansada a 2026

A menos de un año de las elecciones, el Pacto Histórico parece más un campo de batalla que una coalición. Las cifras no ayudan. En junio de 2025 el presidente Petro alcanzó su punto de más bajo de aprobación. El porcentaje de ciudadanos que no está de acuerdo con su gestión llegó al 64% y el desencanto se nota hasta dentro de su propia casa.

Mientras Gustavo Bolívar y María José Pizarro acusan a Daniel Quintero de pactar con la supuesta política tradicional, los demás hablan de unidad, en pasado. Bolívar lo dijo sin rodeos: “Estamos en amenaza real de perder las luchas sociales o de entregárselas a una persona que no las representa, que es el señor Daniel Quintero”.

La oposición observa en silencio, consciente de que esta vez no necesita ganar: le basta con esperar a que el Pacto Histórico se siga desmoronando solo.

El informe El Estado Global de la Democracia 2025 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) presenta un diagnóstico preocupante: la democracia está en movimiento, pero no necesariamente en la dirección correcta. En un contexto marcado por incertidumbre radical, los eventos políticos en Estados Unidos —referente histórico de la democracia liberal— han sacudido los valores fundamentales del multilateralismo y la resiliencia democrática. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de una nación.

Incertidumbre democrática

En 2024, el 54% de los países evaluados (94 en total) experimentaron un descenso en al menos un factor de desempeño democrático respecto a cinco años atrás. En contraste, solo el 32% (55 países) mostraron avances. Esta tendencia confirma un debilitamiento generalizado de los pilares democráticos en todo el mundo.

IDEA Internacional clasifica el estado de la democracia en cuatro categorías: Representación, Derechos, Estado de derecho y Participación. Aunque la Representación fue la categoría con mejor desempeño global, también sufrió una caída significativa en 2024, año del superciclo electoral. La puntuación mundial en esta categoría alcanzó su nivel más bajo desde 2001, con siete veces más países en retroceso que en avance.

[Lee: Nuevas directrices de la política exterior alemana]

El Estado de derecho fue la categoría con peor desempeño: 71 países (41%) se clasificaron como de bajo rendimiento. Los descensos se concentraron en la independencia judicial, afectando tanto a democracias consolidadas como emergentes. Europa representó el 38% de estos retrocesos, seguida por África, América, Asia y el Pacífico.

En cuanto a los Derechos, la libertad de prensa sufrió el mayor deterioro desde 1975, afectando a 43 países (casi el 25% de los analizados). También se observaron retrocesos en la libertad de expresión, la igualdad económica y el acceso a la justicia. Estos indicadores reflejan una amenaza directa a la rendición de cuentas pública y a la participación informada.

La Participación se mantuvo relativamente estable, aunque con más retrocesos (9 países) que avances (2 países). Los países con mejoras fueron Brasil y Fiyi, mientras que los descensos se concentraron en naciones con desempeño ya bajo, como Nicaragua, Rusia y Myanmar.

América Latina: desafíos persistentes

En Latinoamérica, el informe muestra una realidad mixta. Por un lado, Brasil se destaca como uno de los pocos países que mejoraron en la categoría de participación, lo que refleja una revitalización del compromiso ciudadano. Por otro lado, países como Nicaragua continúan en una espiral descendente, con restricciones severas a la libertad de prensa y la independencia judicial.

La región enfrenta desafíos estructurales que afectan la calidad democrática: corrupción, concentración de poder, violencia política y desigualdad social. Estos factores erosionan la confianza en las instituciones y dificultan la consolidación de democracias inclusivas y resilientes.

Además, el informe destaca la importancia de la migración como fenómeno que impacta directamente en la democracia. En 2025, 304 millones de personas viven fuera de su país de nacimiento, y América Latina es una de las regiones con mayor migración intrarregional. Esta dinámica plantea interrogantes sobre la ciudadanía, la pertenencia y los derechos políticos de los migrantes.

Siete claves para la democracia global

IDEA Internacional propone acciones concretas para que los gobiernos refuercen la resiliencia democrática, especialmente a través del voto en el extranjero. Estas son sus principales recomendaciones:

1. Voto en el extranjero como inversión democrática
   No es una política secundaria: permite que los migrantes mantengan vínculos políticos con sus países de origen y refuerza la legitimidad democrática.
2. Incluir a la diáspora en la vida política
   Facilitar su participación electoral promueve la cohesión social, difunde valores democráticos y facilita la reintegración tras el retorno.
3. Ciudadanía sin fronteras
   Los marcos legales deben reconocer el derecho de los ciudadanos no residentes a influir en el futuro político de sus países.
4. Representación equilibrada
   Mecanismos como escaños reservados o límites de representación pueden evitar distorsiones en los resultados electorales.
5. Coordinación internacional y planificación a largo plazo
   Se necesitan acuerdos bilaterales y claridad jurídica para implementar sistemas de voto eficaces y sostenibles.
6. Modalidades accesibles y económicas
   El voto por correo y el voto mixto (presencial y remoto) son opciones viables. Se recomienda explorar el voto por Internet con garantías de seguridad y accesibilidad.
7. Más y mejores datos
   La recopilación de datos desagregados sobre inscripción y participación electoral en el extranjero es clave para diseñar políticas basadas en evidencia.

En movimiento, pero ¿hacia dónde?

El informe de IDEA Internacional no solo diagnostica el estado actual de la democracia, sino que plantea una reflexión profunda sobre su futuro. En un mundo marcado por la migración, la polarización y la desinformación, la democracia requiere mantenimiento constante, paciencia y, en ocasiones, reinvención.

América Latina, con sus contrastes y desafíos, tiene la oportunidad de liderar procesos de innovación democrática, especialmente en lo que respecta a la inclusión de sus ciudadanos migrantes. La democracia está en movimiento, y el rumbo que tome dependerá de las decisiones políticas que se adopten hoy.

Lo que va de 2025 es suficiente para reconocer que el mundo vive un panorama geopolítico volátil, con una agenda cada vez más impredecible y con nuevas formas de hacer política que desafían los consensos construidos internacionalmente a partir de la segunda guerra mundial. Por ejemplo, el multilateralismo y la cooperación internacional.

¿Cómo se preparan los partidos políticos de la centroderecha ante esta realidad imposible de evitar? Los socios de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) se reunieron el 2 de octubre en Ciudad de México para fortalecer sus alianzas y poner en común los desafíos actuales en la tercera edición del Foro América Libre (FAL). El mensaje compartido busca transmitir esperanza: defender y revalorizar los valores de centro en un mundo de extremos y populismos.

Llamado a despertar

En su meticulosa defensa de las instituciones, los gobiernos republicanos han pecado  —ingenuamente— de lentitud, burocracia y demasiada discusión para resolver problemas urgentes. Y eso se reconoció en la apertura del FAL. “Tengo la sensación de que caemos en demasiada pasividad”, dijo el eurodiputado español Antonio López-Isturiz, en tono de autocrítica. “Eso se ha acabado, si no, nos comen”.

[Lee: Nuevas alertas sobre el Estado de derecho]

López-Isturiz, que a su cargo tiene una silla en el directorio del Partido Popular español, apuesta por una mayor articulación entre organizaciones de derecha democrática. “Coordinémonos de una vez, para poder ser efectivos”. 

A diferencia de las narrativas cohesionadas de los extremos populistas, los socios del FAL buscan destacar por qué hoy es importante generar cambios a partir de los valores liberales.  

Y entonces, ¿qué los define?

Hay que “reivindicar sin complejos nuestra identidad”, expresó Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional de Uruguay. En ese proceso de revalorización, el excandidato presidencial cree que “el centro no tiene que pedir disculpas por no ser un extremo”. Por lo contrario, “competimos en el mercado de la credibilidad (…) frente a los extremos, que no pueden ofrecer estabilidad y gobernabilidad”.

El precandidato presidencial costarricense, Juan Carlos Hidalgo, piensa que la población está “asqueada” de una “institucionalidad que les ha fallado”. Para el dirigente del Partido Unidad Social Cristiana, el éxito del centro no radica en “volverse locos”. “No es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es dar soluciones”, dijo.

El secretario general de la Fundación Konrad Adenauer, Dr. Mark Speich, definió qué une a los partidos en el espectro de la derecha: “La libertad, responsabilidad y justicia son valores universales que deben guiar la vida pública”.

Unidos por la cooperación

Narcotráfico, crimen organizado, migración. Estos temas preocupan fundamentalmente a América Latina, pero también a ciertos dirigentes europeos que buscan trabajar por la región. Así lo destacó Gabriel Mato, presidente de Eurolat, la unión de parlamentos europeos y latinoamericanos.

Aunque las prioridades europeas son evidentemente otras, y han requerido aumentar gastos en defensa, Europa sabe que su espacio de influencia en América Latina está amenazado cada vez más por China y Rusia. Como propuesta de campaña, Hidalgo incluso cree necesaria la creación de una “policía europea” en el puerto de Costa Rica, como bisagra para profundizar las colaboraciones transatlánticas en este ámbito.

Y aunque los temas e intereses particulares de ambas regiones difieren según las circunstancias, en la apertura del Foro, Dr. Speich reafirmó que el nexo entre Europa y Latinoamérica se basa en la “comunidad de valores, historia y aspiraciones compartidas”.

[Lee: Nuevas directrices de la política exterior alemana]

En esa línea, al cierre de su discurso de apertura, la presidenta de la OCDA, Mariana Gómez del Campo, resumió: «América es importante geopolíticamente porque combina una identidad cultural milenaria, recursos naturales estratégicos, poder económico, posición geográfica clave, diversidad política, influencia ideológica y peso demográfico. Todo esto la convierte en un espacio esencial para los equilibrios globales del siglo XXI».

«Por la vida, la verdad y la libertad»

La tercera edición del FAL, que nació en 2023 como alternativa a otras plataformas partidarias que agrupan a partidos de izquierda y movimientos autoritarios, se centró en «defender la democracia, los derechos humanos y un futuro donde prevalezcan la justicia y la esperanza».

La declaratoria final describe en su primer punto que la «unidad entre las fuerzas democráticas defensoras de la libertad es indispensable, más allá de las legítimas diferencias ideológicas». Esta plataforma vincula a sectores liberales, conservadores, demócrata cristianos, de derecha o centroderecha, y manifiestan unir las formas de hacer política, no los matices conceptuales por los que se definen.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deja un balance incómodo para Europa y América Latina. Estados Unidos, anfitrión y país que monopolizó la atención, ya no actúa como un socio firme para impulsar la cooperación internacional. La agenda global podrá seguir avanzando, pero lo hará sin el respaldo irrestricto de la primera potencia mundial, que recorta su financiamiento.

Donald Trump exhibió una visión que renuncia a la búsqueda de consensos frente a desafíos vitales como la migración, el cambio climático o la defensa de los derechos humanos.

Washington ha adoptado una interpretación binaria del mundo. Inmigrantes que invaden países prósperos, energía eólica que amenaza la industria del carbón y organismos que promueven agendas percibidas como hostiles a sus intereses. Bajo esa lógica, Estados Unidos se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud y de la Unesco, y ha congelado los fondos destinados a la ONU y sus agencias, mientras conduce una revisión orientada a una drástica disminución de su aporte financiero.

Repliegue de Estados Unidos

El repliegue de Estados Unidos en el orden multilateral abre una ventana de oportunidad para que actores, nada neutrales, intenten reconfigurar la ONU en función de sus propios intereses. El New York Times reportó que Qatar, pese a sus antecedentes en materia de derechos laborales, propone alojar oficinas de la Organización Internacional del Trabajo. Ruanda aspira a convertirse en sede permanente de un campus de Naciones Unidas; y Rusia sugiere limitar el tiempo de intervención de organizaciones civiles para reducir costos en audiencias.

China, por su parte, opta por ampliar su influencia a bajo costo. En Ginebra, epicentro de la diplomacia internacional en derechos humanos, se ha aliado con Cuba, Irán, Rusia y Venezuela para impulsar propuestas que recorten las investigaciones sobre violaciones graves en esta materia, amparándose en la reducción de gastos.

La postura de la administración de Donald Trump ante la ONU revela una visión que en lugar de fortalecer los mecanismos multilaterales privilegia una lógica de alianzas basada en la afinidad política, como lo demuestra el anuncio del respaldo financiero a la Argentina de Javier Milei. Ese apoyo no responde a criterios técnicos ni a una evaluación estratégica del papel regional de Buenos Aires. Se debe al culto de lealtades que rige la política exterior de Washington.

A diferencia del rescate a México en los años noventa —justificado por la vecindad, el comercio bilateral y el impulso democrático—, Argentina no representa un socio prioritario para Estados Unidos. Su economía es marginal en términos de intercambio comercial y su peso relativo en la región es limitado. Sin embargo, Milei se ha convertido en una figura emblemática del credo económico trumpista, celebrada en foros conservadores y proyectada como estandarte de una agenda que combina ajuste fiscal, desregulación y confrontación ideológica.

El vacío de Estados Unidos

Aunque la administración Trump cuestiona el sistema multilateral, no lo abandona por completo. Washington mantiene vínculos con instituciones clave —ONU, el FMI o el Banco Mundial—. Empero, exige reformas que acoten su alcance normativo y las reorienten hacia funciones básicas como la estabilidad financiera y la seguridad internacional, excluyendo temas que considera ideológicos o secundarios, como el cambio climático o la equidad de género.

[Lee: Nuevas directrices de la política exterior alemana]

La respuesta al vacío que deja esta agenda comienza a delinearse, aunque aún no está claro si logrará trascender los discursos y los gestos simbólicos. Líderes europeos, como el francés Emmanuel Macron, defendieron en la necesidad de preservar la organización y construir un multilateralismo eficaz.

Las bases existen. La Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, celebrada en París en junio de 2023, reunió a más de cien delegaciones y dio lugar al “Pacto de París por los Pueblos y el Planeta” (4P), una propuesta que busca conciliar la lucha contra la pobreza con la acción climática. Aunque ya cuenta con el respaldo de 57 Estados, sus avances concretos siguen siendo limitados frente a la magnitud de los desafíos.

Posiciones latinoamericanas

El mandatario chileno, Gabriel Boric, defendió un compromiso sin ambigüedades con la democracia y propuso llevar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante un tribunal internacional. El presidente brasileño, Lula da Silva, subrayó la urgencia de enfrentar el cambio climático y planteó la necesidad de refundar la Organización Mundial de Comercio. El colombiano Gustavo Petro adoptó posiciones más radicales: reivindicó el socialismo de Stalin y propuso conformar un “ejército de la salvación mundial” para liberar Palestina.

La participación de los gobernantes de la región puede resurmirse en denuncias, los llamados a reformar la ONU y propuestas simbólicas como la candidatura de Michelle Bachelet . Pero la región no logró articular una hoja de ruta común ni mecanismos precisos para impulsar un multilateralismo renovado.

Pese a las coincidencias en los diagnósticos y en la defensa del multilateralismo, la región no logró articular una hoja de ruta común. Tampoco, mecanismos concretos para incidir en la reforma del sistema internacional.

Europa y China

Más allá de la plataforma 4P, América Latina podría apoyarse en la cooperación para el desarrollo ofrecida por países europeos como Alemania, cuyo canciller Friedrich Merz, impulsa una política exterior renovada. Aunque centrada en la seguridad, esta estrategia contempla asociaciones estratégicas en pie de igualdad, en las que países como Brasil, México y Argentina figuran como socios relevantes tanto en lo económico como en lo político.

Mientras tanto, China también mueve sus piezas. En contraste con el distanciamiento de Estados Unidos respecto a la agenda ambiental, Pekín ha optado por reafirmar su adhesión al Acuerdo de París. El anuncio de Xi Jinping ante la ONU —una reducción de entre el 7% y el 10% de sus emisiones para 2035 y un impulso a las energías renovables— marca la primera vez que el principal emisor mundial fija una meta concreta de recorte.

[Lee: El eje autoritario desfilando en Pekín]

Aunque el plan es modesto y condicionado al momento en que se alcance el pico de emisiones, representa una señal política clara frente a los ataques de Washington a la ciencia y al multilateralismo ambiental.

La Asamblea General de la ONU dejó en evidencia que el multilateralismo ya no se sostiene por inercia ni por liderazgo automático. Frente al repliegue de Estados Unidos, el impulso limitado de Europa y los movimientos tácticos de potencias como China, el sistema internacional exige mucho más que discursos encendidos y gestos simbólicos.

El aún reciente desfile militar en Pekín, con Xi Jinping en el centro de la escena acompañado por Vladímir Putin y Kim Jong-un, es algo más que una demostración de poderío castrense. Es una bomba de tiempo. Observamos la imagen viva de un eje autoritario que pretende dominar el mundo desde la fuerza y el miedo. La liturgia militar, cuidadosamente orquestada para proyectar unidad y grandeza, es un mensaje para consolidar a las élites gobernantes de China, Rusia y Corea del Norte. Sobre todo, es una advertencia al resto del planeta: la alianza de las dictaduras no es circunstancial ni táctica, es estratégica y de largo plazo.

Este escenario se produce en medio de lo que podría llamarse un “desorden liberal mundial”. Tras la caída del Muro de Berlín, Occidente confió en que la expansión de la globalización y de la economía de mercado consolidaría la democracia como horizonte universal. Pero los hechos han sido testarudos. En lugar de un mundo armónico, lo que tenemos es una geografía política en la que proliferan los regímenes autoritarios y las democracias se encuentran a la defensiva. El optimismo de los noventa se ha transformado en la perplejidad de nuestro tiempo.

[Lee también: Diego Schalper: “La centroderecha cree en las reformas, no en las revoluciones”]

Lo que se perfila hoy es una suerte de nuevo mundo bipolar, de contornos distintos a la Guerra Fría. Ya no se trata únicamente de dos bloques monolíticos enfrentados. Somos testigos de un planeta fragmentado en el que el eje dictatorial busca expandir su influencia en zonas estratégicas. Frente a ellos, Estados Unidos y Europa parecen todavía desarticulados, demasiado ocupados en sus asuntos internos como para ofrecer un frente común sólido. La foto de Pekín, con tres autócratas sonrientes sobre el mismo balcón, contrasta con las imágenes de incertidumbre y dispersión que proyecta el mundo libre.

¿Cómo afecta a la región?

Las implicaciones para América Latina son directas y profundas. La región, históricamente un espacio de influencia occidental, se ha convertido en terreno fértil para la penetración de China, Rusia e incluso Irán. La diplomacia de las vacunas durante la pandemia, los créditos blandos para infraestructura, la compra de minerales estratégicos y la venta de armas son instrumentos de una presencia que combina poder blando y poder duro. Cada contrato y cada acuerdo comercial con estas potencias autoritarias es también una cuña que erosiona los vínculos tradicionales con Occidente.

No se trata de negar la necesidad de diversificación comercial. El asunto es advertir que, tras los contratos y las inversiones, lo que se juega es un modelo de sociedad. Los acuerdos con China no son políticamente neutrales. Llevan implícito un modo de concebir el Estado y la relación entre el individuo y el poder. Lo mismo ocurre con la influencia rusa en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Va mucho más allá del suministro de armas: es la exportación de un patrón de dominación autoritaria, blindado contra la alternancia democrática.

En este marco, la amenaza no es únicamente militar, de servicios de inteligencia o económica. Es también cultural y política. América Latina corre el riesgo de acostumbrarse a convivir con la idea de que la democracia liberal es solo una opción más, intercambiable con regímenes de partido único o con dictaduras plebiscitarias. La narrativa de la eficiencia autoritaria, reforzada por la propaganda china, rusa y norcoreana, encuentra terreno abonado en sociedades golpeadas por la desigualdad, el narcotráfico, la violencia y la corrupción. Donde las instituciones democráticas no ofrecen soluciones rápidas, la tentación de mirar hacia el modelo del “hombre fuerte” se vuelve peligrosa.

El campo de la libertad

Frente a este panorama, el deber de Europa y de EEUU es claro: articularse con mayor coherencia y decisión. No basta con declaraciones genéricas de apoyo a la democracia. Es necesario un compromiso real con la región, que combine cooperación económica, apoyo tecnológico, fortalecimiento institucional y respaldo a la sociedad civil. De lo contrario, los vacíos seguirán siendo ocupados por las potencias dictatoriales. Y no podemos perder de vista que la defensa de la democracia en América Latina es parte de la defensa de la democracia en el mundo.

En este sentido, el desafío para América Latina es doble. Por un lado, se requiere una claridad estratégica que evite caer en la ingenuidad de pensar que la inversión china o la asistencia rusa son actos desinteresados. Por otro lado, se necesita fortalecer los proyectos democráticos internos, de manera que el autoritarismo no aparezca como alternativa seductora. Las sociedades latinoamericanas tienen que comprender que la lucha política no es solamente por mejores índices económicos, sino también por preservar un modo de vida que garantice libertades y derechos fundamentales.

La historia enseña que los autoritarismos se presentan como invencibles hasta que, de pronto, caen por su propio peso. Así ocurrió con el fascismo y con el comunismo soviético. Pero ese desenlace no es automático ni está asegurado. Dependerá de la capacidad de resistencia del mundo democrático y, en nuestro caso, de la firmeza con que América Latina decida permanecer en el campo de la libertad.

El desfile en Pekín fue un recordatorio de que el eje autoritario está en marcha y se siente confiado. Nuestra región no puede asistir como espectadora indiferente a ese espectáculo. Debemos comprender que lo que se juega en Asia y en Europa del Este tiene consecuencias directas en las Américas. Defender la democracia en el continente americano es, hoy más que nunca, un imperativo histórico y espiritual.

El centro político está bajo presión, tanto en Alemania como en otros países. La simplificación populista, la polarización y la radicalización encuentran adeptos y fortalecen a los partidos situados en los extremos del sistema político. Con las últimas elecciones al Bundestag (parlamento federal alemán), el centro político —que puede referirse a la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU), el Partido Socialdemócrata (SPD), Bündnis 90/Die Grünen (Alianza 90, los Verdes) y el Partido Liberal (FDP)— ha perdido la mayoría de dos tercios necesaria para modificar la Constitución y elegir a los jueces. Esto ya está teniendo consecuencias dolorosas.

Con poco margen de maniobra, el gobierno evitó tener que formar una coalición con todos los partidos de centro representados en el Bundestag para lograr una mayoría gubernamental frente a los extremos. Esto obliga al gobierno a mostrar una considerable disposición al compromiso para mantener la estabilidad de ese centro político. El intento de diferenciarse y destacar políticamente dentro de una coalición tan frágil se convierte rápidamente en una permanente prueba de resistencia.

La conclusión obvia podría ser renunciar a tales intentos de perfilarse en aras de la estabilidad del centro. Sin embargo, el resultado sería un centro sin contornos y sin diferenciaciones políticas. Esto ofrecería un objetivo aún más fácil para las fuerzas populistas de los extremos. El arsenal retórico de la simplificación polarizante siempre ha incluido el ataque al establishment, a «los de arriba», a «los partidos del sistema». La acusación implícita de falta de diferenciación sugiere que las verdaderas alternativas políticas solo se pueden encontrar fuera de este centro sin contornos reconocibles.

Las categorías derecha-izquierda son útiles

Hay muchos argumentos a favor de la diferenciación y el perfilismo dentro del centro, más allá de la división entre gobierno y oposición. Y para esta diferenciación, las categorías clásicas de derecha e izquierda aún son útiles. Marcan un punto de vista que establece qué papel corresponde al individuo y cuál al colectivo, qué se puede esperar o exigir al individuo, dónde el Estado debe hacerse fuerte y dónde más bien debe ser cauteloso, y cuál debe ser el alcance de la planificación y las intervenciones estatales en la economía y la sociedad.

[Lee también: Nueva coalición en Alemania: ¿hacia dónde va el gobierno?]

La oferta política que entra en la categoría de centroizquierda, está vinculada al SPD y a los Verdes. Del otro lado, la oferta de la centroderecha alemana está representada tradicionalmente por la CDU y la CSU.

Democracia cristiana en el centro político

Parte del dilema del FDP es que su ala orientada a las «tesis de Friburgo» (programa del Partido Liberal de principios de 1971) y a una protección excesiva de datos cumple más bien las condiciones de la centroizquierda. Pero el ala liberal en materia económica se puede atribuir a la centroderecha. Esto significa que una afirmación diferenciada de la democracia cristiana en el centro político se deriva de una clara orientación hacia su propio carácter.

A veces se habla de tres raíces del partido: una social cristiana, otra liberal y otra conservadora. Sin embargo, en realidad todas ellas se remontan en la concepción cristiana del ser humano. Implica la confianza liberal en el ser humano llamado por Dios a la libertad. Nunca debe ser tratado como algo, sino que siempre es alguien. Además, con el escepticismo conservador, arraigado en el sentimiento de culpa y la falibilidad del ser humano, frente a las promesas de la planificabilidad de la existencia humana.

Definirse desde el centro político

A primera vista, esto resulta muy abstracto. Sin embargo, ofrece una guía clara para cada derivación concreta con el fin de apoyar el desarrollo de las posibilidades humanas, tratar con compasión y responsabilidad las necesidades humanas y evitar la arrogancia paternalista, con el fin de fortalecer un centro político que también existe más allá de la centroizquierda.

[Lee también: Diego Schalper: “La centroderecha cree en las reformas, no en las revoluciones”]

Sin embargo, esto va en contra de una tendencia reciente en el debate político. Actualmente, hay fuerzas en las márgenes de la centroizquierda que, en una alianza quizás involuntaria con actores aún más a la izquierda, intentan excluir a la centroderecha del centro político. En cualquier caso, esto es lo que se esconde a menudo detrás de las actividades más o menos difusas orquestadas «contra la derecha». Sean impulsadas por «abuelas» (refiere al movimiento llamado Abuelas contra la derecha), conciertos de rock o «profesores».

El necesario pluralismo

Pero, si la orientación programática de la CDU bajo la presidencia de Friedrich Merz es expresión de un «conservadurismo radicalizado», si la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, es acusada de simpatizar con ideas de extrema derecha por una publicación en redes sociales deliberadamente malinterpretada de un político verde, si las «líneas rojas» ya definidas en anteriores elecciones de jueces ahora tienen que ser exclusivamente el resultado de una campaña populista de derecha, si la insistencia del ministro de Cultura, Wolfram Weimer, o de las cancillerías estatales de los estados federados gobernados por la Unión en mantener las reglas ortográficas vigentes no es más que una «lucha cultural», y si las propuestas del secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, para reformar el estado social, basadas en la política regulatoria, son un signo de «radicalismo de mercado», entonces el espectro político del centro ya no está definido por el centro mismo, sino por los extremos, lo que lo estrecha considerablemente.

Tal reducción del espectro sería fatal para la capacidad de resistencia del centro político. Y, con los partidos de la Unión, también se desplazaría del centro a partes significativas de la sociedad.

Sin embargo, este centro amplio y políticamente pluralista contribuyó de manera decisiva al éxito de Alemania y su democracia. Seguirá siendo necesario en el futuro.

La muerte de la estrella conservadora Charlie Kirk se ha convertido en un símbolo de la violencia política en Estados Unidos y de la intensa batalla cultural entre los dos grandes partidos. La conexión entre retórica política y violencia se ha vuelto cada vez más evidente.

En los últimos años, múltiples asesinatos y atentados políticos de distintos signos evidencian un patrón preocupante: la polarización afectiva, la animosidad creciente entre partidos que llevan a percibir al adversario como una amenaza existencial, más allá de las diferencias concretas en ideas o políticas.

[Lee también: Polarización afectiva, de adversario a enemigo]

La política estadounidense exhibe un tono más áspero que el simple desacuerdo. Los partidos se insultan, se culpan de fracasos e incluso de hechos de alcance nacional. Un estudio reciente muestra que reducir esa polarización y la desconfianza entre ellos es especialmente difícil. Aunque la violencia política es ampliamente condenada, su repetición sugiere que empieza a percibirse como casi cotidiana, comparable a los tiroteos escolares. La hostilidad partidista se convierte en un riesgo real para la vida y la seguridad de quienes participan en la política.

Del desacuerdo político al cultural

El campo de batalla se extiende a la dimensión cultural de la sociedad, donde se disputan identidades y valores presentes en todos los ámbitos sociales. Esto incluye el lenguaje, con debates sobre términos considerados inclusivos u ofensivos, el uso de espacios públicos, desde protestas y marchas hasta símbolos y monumentos que representan historias contrapuestas, la vestimenta, que puede señalar pertenencia ideológica o cultural, y la influencia de las políticas públicas sobre la agenda de derechos.

El enfrentamiento también se extiende a la educación, los contenidos mediáticos, la música, el cine y las redes sociales. Justamente, en estos espacios se promueven valores o se cuestionan conductas. Cada uno de estos elementos actúa como marcador de identidad y terreno de confrontación simbólica, donde las disputas sobre lo “aceptable” o lo “legítimo” reflejan un conflicto que agrieta a la sociedad estadounidense.

El estilo de Kirk

Kirk era un caso singular. Su influencia no provenía de cargos institucionales, sino de la persuasión, la movilización juvenil y la capacidad de difundir ideas. Es algo poco común en los tiempos que corren. Su activismo promovía la escucha, la reflexión y el diálogo con quienes pensaban distinto. Adoptaba un enfoque casi socrático, desde posiciones abiertamente conservadoras, algunas controvertidas.  

Rechazaba los derechos de homosexuales y personas trans. Apoyaba el derecho a portar armas. Se oponía a la acción afirmativa. Consideraba un error la Ley de Derechos Civiles de 1964 y calificaba a Martin Luther King Jr. como “horrible”. Veía al islam como una amenaza y negaba el cambio climático.

Promovía la familia tradicional como núcleo de la sociedad, considerándola esencial para la transmisión de valores y la cohesión social. Este énfasis formaba parte de su visión de una sociedad ordenada, en la que los individuos asumieran responsabilidades dentro de un marco moral definido: hombres y mujeres tienen responsabilidades y funciones diferenciadas dentro de la familia y la sociedad.  

Se oponía a la aplicación de leyes basadas en la raza, defendiendo la igualdad de oportunidades como principio fundamental, sin recurrir a políticas que beneficiaran o penalizaran a las personas por su origen étnico.

Kirk combinaba estos valores con un énfasis en la libertad individual y la responsabilidad personal. Promovía la autonomía, la ética del esfuerzo y la participación en la política y la sociedad.  

En conjunto, estas ideas hacían de Kirk un símbolo de la tensión cultural de EEUU. Su activismo mostraba que incluso la participación ética y racional podía quedar atrapada en la polarización, y que la defensa de ciertos valores tradicionales se entrelazaba con la confrontación política y cultural que atraviesa la sociedad actual.

Al mismo tiempo, sus videos, editados profesionalmente para maximizar su alcance, podían herir susceptibilidades, transmitir un rechazo al otro por ser diferente y alimentar la polarización afectiva.

Un líder excepcional

Kirk era un orador excepcional, reconocido desde joven por su capacidad de debate. Impulsado por un integrante del Tea Party, abandonó los estudios universitarios para predicar el evangelio conservador con sorprendente éxito. La popularidad de Turning Point USA, organización que promueve la responsabilidad fiscal, el libre mercado y el gobierno limitado, da cuenta de esa influencia.

La bala que acabó con su vida refleja el odio que despertaba la difusión de sus ideas. Y no solo entre los jóvenes estadounidenses, fue un fenómeno global. Aunque pasó desapercibido para generaciones mayores, brillaba como una estrella de rock entre los nativos digitales.

La batalla desde el poder

Su muerte también revela un aspecto más profundo. La batalla cultural se libra de manera desigual, y el poder institucional, que ostenta uno de los bandos, alimenta frustración y rencor entre quienes quedan al margen, dejando a la sociedad atrapada en una tensión constante.

Hoy, el bando conservador proyecta sus ideas desde la Casa Blanca, con Trump usando el poder institucional para moldear políticas públicas, educación y los llamados derechos fundamentales que habían sido afianzados durante los gobiernos demócratas. Antes de Trump, los gobiernos demócratas promovieron derechos civiles y políticas de igualdad apoyados en un predominio cultural liberal en universidades, medios y sociedad civil organizada.

La agenda “progresista” también resultó divisiva, como reveló la victoria de Trump en 2024. Con su regreso al poder, la derecha consolidó su presencia institucional, trasladando la frustración hacia quienes defendían derechos y diversidad. Así, la polarización se intensificó, creando condiciones para la radicalización, donde la violencia extrema aparece como expresión de impotencia frente a un poder formalizado.

Aun así, muchos sectores de izquierda conservan influencia en lo mediático, simbólico y cultural. Desde allí dan pelea y generan focos de resistencia, como en los campus universitarios, y también actúan desde los estados, como el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

La violencia que atraviesa la batalla cultural refleja una frustración estructural y una manifestación del desencanto frente al poder institucionalizado. Cuando las ideas polarizadoras se normalizan, crece el riesgo de radicalización y acciones extremas. La figura de Kirk recuerda que el debate civilizado también puede quedar atrapado en un conflicto desigual, donde no solo se disputan ideas, sino poder, acceso y la capacidad de transformar la realidad social.

¿Podrá resistir la democracia estadounidense si persiste el actual estado de cosas?

Alemania tendrá cambios sustantivos en su política exterior. El canciller Friedrich Merz explicó en su discurso en la Conferencia de Embajadores las claves de su gobierno en temas internacionales. La nueva política exterior y de seguridad alemana del canciller Merz será pragmática y se guiará más claramente por los intereses nacionales. Según Merz, estas se centran en la seguridad, competitividad y prosperidad de Alemania y Europa.

El gobierno quiere asumir más responsabilidad a nivel internacional para “abogar por un orden mundial basado en normas en el que los pueblos libres convivan de forma pacífica y democrática.” Sobre todo, el claro enfoque en la política de seguridad es una nueva dinámica en la política exterior alemana, que inició el último canciller Scholz y que ahora Merz quiere implementar con más fuerza.

La seguridad como nueva prioridad

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la completa desmilitarización de Alemania, la política de seguridad alemana se ha caracterizado por una línea política de cautela. Al mismo tiempo, en la Alemania posguerra surgieron dos ejércitos: la Bundeswehr (RFA, 1955) en la OTAN y el Ejército Popular Nacional (RDA, 1956) en el Pacto de Varsovia.

Solo después de la reunificación en 1990 la Bundeswehr pasó de ejército defensivo a fuerza operativa con sus primeras misiones armadas en el extranjero. Paralelamente, se redujo drásticamente el presupuesto de defensa, ya que la situación de amenaza en Europa disminuyó considerablemente. La política de seguridad no era una prioridad. Tras el fin de la Guerra Fría, Alemania y otros se beneficiaron enormemente delllamado «dividendo de la paz» gracias al dominio militar de los Estados Unidos en la OTAN. En lugar de destinarse a fines militares, se pudo invertir mucho dinero en fines civiles, como la educación, un Estado de bienestar amplio, la reducción de impuestos o las infraestructuras.

La anexión rusa de Crimea en 2014 reavivó la amenaza. Sin embargo, Alemania solo modificó sus prioridades tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022. El entonces canciller Scholz proclamó un “cambio de era” y aumentó masivamente el gasto en armamento. La política de seguridad se convirtió en una prioridad en Alemania.

Hacia una política de seguridad integrada

El Gobierno de Merz también refleja esta prioridad en el presupuesto, rompiendo con la política anterior de freno al endeudamiento: los límites se suspenderán para defensa y seguridad, con fondos casi ilimitados y un presupuesto militar récord.
Esta medida se considera sostenible gracias a la alta calificación crediticia de Alemania y a su actual nivel de endeudamiento, que sigue siendo manejable.

Además, la política exterior y de seguridad debe integrarse en todos los ámbitos políticos, desde la economía y el comercio hasta la defensa. La clásica separación entre política interior y exterior está superada. Alemania pensará de forma estratégica e interconectada para seguir siendo capaz de actuar y defender eficazmente sus intereses.

En este marco, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que ya existe en unos 60 países de todo el mundo. En Alemania, su objetivo es reunir información y conocimientos de diferentes ministerios para desarrollar una política de seguridad integrada, así como identificar futuras amenazas.

Amenaza de Rusia y China

Esta nueva priorización llega en un momento clave ya que Alemania vuelve a tener “enemigos y adversarios sistémicos”. La proximidad de los misiles rusos en Kaliningrado (solo 530 kilómetros de Berlín) y el aumento de provocaciones en territorio de la OTAN -como drones derribados en Polonia y sobrevuelos de aviones de combate rusos sobre Estonia y Polonia- evidencian la amenaza inmediata.

[Lee también: Mercosur–EFTA, una alianza estratégica que avanza]

Merz subraya la existencia de un “plan imperialista” de Putin que no termina en Ucrania, sino que va más allá. Ucrania no solo defiende su libertad, sino también la de Europa. Por ello, Alemania debe mantenerse firme y comprometida a largo plazo con Ucrania.

Contra las autocracias

Ante el contexto de creciente agresión de Rusia contra Europa, se introdujo una cláusula adicional que permite la toma de nuevas deudas en caso de que una respuesta militar a actos de agresión lo requiera. De esta manera, Alemania asegura su capacidad de reacción y mantiene su margen de maniobra estratégica en caso de una escalada adicional en Europa del Este.

Para Merz es claro el nuevo conflicto sistémico entre las democracias liberales y un “eje de autocracias”, en el que destacan Rusia y China. Estos países buscan establecer esferas de influencia y socavar el orden internacional basado en normas.

En cuanto a China, el nuevo enfoque subraya como riesgo la dependencia económica como instrumento de poder. Merz busca una diversificación de las cadenas de suministro y de materias primas para fortalecer la soberanía estratégica de Europa. Aunque la rivalidad sistémica con China va en aumento, se mantiene la disposición a cooperar en áreas específicas como la política climática.

Relaciones positivas con América Latina

Además de la política de seguridad, el canciller alemán destaca la importancia de establecer nuevas asociaciones estratégicas, especialmente con países fuera del eje transatlántico. América Latina acentúa en su plan explícitamente como una región clave. Países como Brasil, México y Argentina son socios importantes para Alemania, tanto en lo económico como en lo político.

Para Merz la política exterior alemana debe basarse en asociaciones en pie de igualdad, sin arrogancia moral, sino con respeto por la autonomía y el potencial de los países socios. La cooperación para el desarrollo sirve como puerta de entrada para fortalecer relaciones. Alemania sigue comprometida pese al retiro de otros países occidentales, como Estados Unidos.

Un componente esencial de la estrategia exterior económica es el acuerdo comercial con el Mercosur. Merz lo califica como “estratégicamente necesario”. Aplaudió la decisión de la Comisión Europea de someter el acuerdo a votación definitiva. Para Merz, este vínculo es un ejemplo de cómo Europa puede fortalecer su competitividad e independencia, especialmente en tiempos de cambios geopolíticos y creciente competencia por recursos.

Cambio de paradigma

Merz marca un cambio de paradigma en la política exterior alemana. Se abandona la diplomacia reactiva en favor de una estrategia activa con seguridad como una de sus prioridades fundamentales. Alemania está llamada a asumir un papel más activo como actor global, no por afán de protagonismo, sino por responsabilidad y necesidad estratégica, brindando respaldo a sus socios y aliados internacionales.

La nueva política exterior es pragmática, guiada por intereses y basada en redes. Enfrenta los desafíos que plantean Rusia y China, busca fortalecer alianzas – entre otros en América Latina – y apuesta por la soberanía económica a través de acuerdos como el de la UE-Mercosur.

El voto juvenil ha sido históricamente considerado un termómetro del cambio cultural y político. Las elecciones de 2024 en Estados Unidos dejaron un dato incómodo que debería abrir un debate profundo: una parte significativa de los jóvenes latinos —sector que muchos daban por seguro para la democracia— votó por Donald Trump, un líder que ha construido su proyecto político sobre un discurso abiertamente hostil a las minorías. Lo que parecía impensable hace apenas unos años terminó por confirmarse: los jóvenes se han convertido en un blanco estratégico de los proyectos autoritarios, que buscan resetear la cultura desde adentro.

Los números hablan con crudeza. En 2020, apenas un 32% de los latinos apoyaron a Trump. Cuatro años después, esa cifra saltó al 45%. Entre los jóvenes hombres latinos menores de 40 años, el apoyo llegó al 48%. Además, por primera vez una mayoría de hombres latinos, el 55%, le dio su voto. Según AP VoteCast, cerca de la mitad de los jóvenes latinos respaldaron a Trump, mientras que la otra mitad se inclinó por Kamala Harris. La brecha se redujo a márgenes que hace cuatro años eran impensables.

Pero este fenómeno no es exclusivo de EEUU. En Europa, Giorgia Meloni en Italia, Viktor Orbán en Hungría o Marine Le Pen en Francia han construido un relato atractivo para sectores juveniles. Prometen de identidad nacional frente al multiculturalismo, seguridad frente al miedo y certezas frente a la incertidumbre. Los tres líderes comprendieron que para garantizar su permanencia debían cautivar a los jóvenes y ofrecerles un sentido de pertenencia en medio de la crisis de representación.

Populismos que llenan vacíos

En América Latina, el chavismo, aunque más ortodoxo y menos estratégico, también ha buscado acercarse a la población juvenil. Con programas como Chamba Juvenil o la creación del partido Futuro Venezuela, Nicolás Maduro buscó ofrecer una narrativa de movilidad social y reconocimiento simbólico para las nuevas generaciones. En realidad, eran mecanismos de control político y cooptación ideológica. Igual que en Europa o en Estados Unidos, la estrategia fue clara: ocupar el terreno cultural y político que la democracia descuidó. En Colombia, el candidato Daniel Quintero habla de resetear la política y llamar a una constituyente, porque la actual Constitución no ha permitido desarrollar las reformas sociales.

[Lee también: UE-Mercosur: una apuesta por Occidente]

Frente a esto, surge una pregunta inevitable: ¿por qué jóvenes abrazan proyectos que restringen derechos y debilitan instituciones? La respuesta está en la mezcla de frustración social y narrativa política. Los autoritarismos ofrecen certezas rápidas en tiempos de precariedad: orden frente al caos, autoridad frente a la fragmentación, identidad frente a la diversidad. Donde la democracia aparece como lenta, ineficaz o distante, los populismos llenan el vacío.

Generación sin memoria democrática

Sin embargo, hay un elemento que rara vez entra en la discusión: la memoria democrática. Los jóvenes que hoy votan contra la democracia. Olvidan —o desconocen— que su generación ha tenido más oportunidades que la de sus padres gracias, precisamente, a los avances democráticos. Chile es un ejemplo claro: durante tres décadas de transición, el país multiplicó su ingreso per cápita, amplió el acceso a la educación y redujo drásticamente la pobreza. Colombia es otro caso: pese a la violencia y las desigualdades, las últimas dos décadas consolidaron una clase media creciente, una cobertura educativa inédita y un acceso a derechos básicos que antes eran impensables. Y, sin embargo, en ambos países, miles de jóvenes votaron en contra de los consensos democráticos que hicieron posible esos avances.

El riesgo es que, sin memoria, los autoritarismos logren reescribir la historia y vender como novedad lo que en realidad es un retroceso. No se trata de negar las deudas de la democracia —corrupción, desigualdad, exclusión—, pero sí de recordar que incluso con sus imperfecciones ha sido el único sistema capaz de garantizar movilidad social, libertades individuales y pluralismo.

Hoy, más que nunca, la democracia necesita reconstruir un vínculo con los jóvenes. Eso exige tres cosas: políticas concretas que respondan a sus necesidades reales (empleo, educación, participación digital), una narrativa que reivindique los logros democráticos y una apuesta por la memoria como antídoto frente a la manipulación autoritaria.

La defensa de la democracia en sociedades plurales no pasa solo por reformas institucionales, sino también por recuperar la narrativa democrática, reconstruir la memoria intergeneracional y ofrecer a los jóvenes un horizonte real de oportunidades. De lo contrario, el reseteo cultural propuesto por los autoritarismos podría borrar décadas de avances sociales y democráticos.

La imagen del Parlamento de Nepal envuelto en llamas este septiembre de 2025 resonó con una inquietante familiaridad entre lo que ocurría en Katmandú y América Latina. No fue la primera vez que las cámaras capturaron la furia ciudadana reduciendo a cenizas un símbolo de poder. Lejos de ser un evento aislado en el sur de Asia, la revuelta de la Generación Z nepalí se inscribe en un guion globalizado de descontento, donde las redes sociales actúan como megáfono, la juventud como protagonista y la corrupción sistémica como antagonista común.

El reflejo nepalí en America Latina

El paralelismo con las explosiones sociales latinoamericanas de la última década no es casual. Es sintomático de una era donde la desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía encontró en lo digital su campo de batalla.

El malestar que cocinó a fuego lento ambas realidades comparte los mismos ingredientes estructurales. En Nepal, la chispa fue el bloqueo de 26 redes sociales. Pero la leña acumulada era la misma que ha alimentado protestas de América Latina: una corrupción endémica que normaliza el nepotismo y una desigualdad económica que cercena el futuro de los jóvenes.

La campaña viral #NepoKids, que exhibía el lujo obsceno de los hijos de la élite política nepalí, podría trasladarse sin cambios a cualquier país latinoamericano. En Perú, Colombia, Chile o Paraguay, los ciudadanos han sentido la misma rabia al contrastar la opulencia de una casta privilegiada con la precariedad de la mayoría. El alto desempleo juvenil, que en Nepal ronda el 22,7%, y la forzosa migración de talentos son espejos de realidades latinoamericanas donde la economía informal y la falta de oportunidades convierten la fuga de cerebros en una válvula de escape trágica y constante.

La chispa digital que incendió las calles

Este hartazgo, sin embargo, necesitó de un catalizador para transformarse en acción. Y en ambos hemisferios, ese catalizador tuvo forma de plataforma digital. El intento del exprimer ministro Khadga Prasad Sharma Oli de silenciar las críticas bloqueando Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp y X (Twitter) fue un error de cálculo idéntico al cometido por gobiernos latinoamericanos.

En Chile durante el estallido de 2019, se documentaron 283 incidentes de censura en redes sociales, incluyendo el bloqueo de cuentas y la eliminación de contenido. Lejos de apagar la protesta, esta censura digital funcionó como un “efecto búmeran”: demostró que el Estado temía el poder de la palabra ciudadana en línea. Para una generación que habita el espacio digital como una extensión de su realidad, cortar su acceso es percibido como un ataque a un derecho fundamental, una declaración de guerra que justifica la respuesta en las calles.

Las redes sociales aparecen en estos relatos no como mera herramienta, sino como escena. Allí se articulan identidades colectivas, se viralizan símbolos y se organizan acciones sin depender de la arquitectura partidaria tradicional. En Nepal, la censura digital y el cierre de plataformas actuó como detonante y, a la vez, como catalizador de creatividad organizativa: canales de Discord, grupos de Telegram y transmisiones en vivo por YouTube sirvieron para debatir, coordinar y, de manera inédita, elegir liderazgos provisionales.

Convocatoria viral

En América Latina, las plataformas jugaron papeles análogos. Las convocatorias en Chile y Colombia brotaron por mensajes y viralizaciones. En Paraguay, la noticia sobre la maniobra legislativa que buscaba habilitar la reelección se propagó y movilizó a cientos frente al Congreso en 2017. La fluidez de estas formas de organización evidencia un cambio generacional: la política se hace y se entiende hoy también en las pantallas, con tiempos y códigos distintos a los de las estructuras partidarias.

Colectivos juveniles autónomos utilizaron las redes como el “hilo conductor” para tejer una red de indignación que logró movilizar a miles en cuestión de horas. Las plataformas se convirtieron en algo más que una herramienta de organización; fueron el espacio donde se articularon narrativas propias, horizontales y disruptivas, capaces de desafiar el relato oficial de los medios y los gobiernos. Este nuevo poder ciudadano, que en Nepal llegó al extremo de elegir una primera ministra interina mediante una votación en Discord, representa una crisis de legitimidad para la política tradicional, tan palpable en Katmandú como en América Latina.

Combustible para la manifestación y símbolos en llamas

Hay un hilo común que atraviesa estos episodios: la “gota que derrama el vaso”. Para un observador lejano, la prohibición de redes en Katmandú o el aumento del pasaje en Santiago pueden parecer detonantes anecdóticos. Para quienes cargan sobre sus espaldas años de precariedad, corrupción y ausencia de canales efectivos de representación, son la última evidencia de un contrato social roto. Ese rasgo explica por qué movimientos que comienzan con demandas puntuales escalan rápidamente hacia cuestionamientos estructurales. No se trata ya de políticas aisladas, sino de la legitimidad misma del sistema político y económico.

Este patrón explica el ataque a los símbolos del poder. El incendio del Parlamento en Nepal no fue un acto de vandalismo aleatorio, sino el clímax de una furia acumulada contra un sistema percibido como ilegítimo y corrupto. Es un guion que ya se había escrito en Asunción, Paraguay, en 2017, cuando manifestantes incendiaron el congreso en respuesta a una maniobra parlamentaria casi secreta para permitir la reelección presidencial. En ambos casos, las llamas no buscaban destruir un edificio, sino consumir simbólicamente un pacto político roto, una élite que había traicionado la confianza ciudadana y un sistema que ya no merecía respeto, sino sólo ira.

Lección política

Sin embargo, las similitudes no implican identidad total. Cada contexto tiene matices: en Nepal la combinación de censura digital y una elección simbólica en Discord —la designación de una figura anticorrupción por voto digital— introdujo un componente novedoso de deliberación online que aún no tiene paralelo exacto en América Latina. En los países latinoamericanos, por su parte, la diversidad de actores —movimientos indígenas, sindicatos, organizaciones estudiantiles— imprimió a las protestas una pluralidad de agendas que, en algunos casos, derivó en procesos institucionales como el debate constituyente en Chile.

Lo que sí resulta inobjetable es la lección política que emerge de estas experiencias transnacionales. Las juventudes conectadas exigen no sólo cambios de gobierno, sino transformaciones más profundas en los modos de hacer política: mayor transparencia, mecanismos de rendición de cuentas, y formas de participación que no pasen únicamente por los partidos tradicionales. Y cuando el Estado responde con violencia, la ventana para reformar se estrecha y la indignación busca la ruptura antes que la mediación. Al final, la historia que une a Katmandú con Bogotá, Lima, Santiago y Asunción es la de sociedades donde una generación encuentra en las redes no sólo un medio para comunicarse, sino un escenario para constituir poder.

Es difícil precisar la fecha del inicio de un fenómeno migratorio y el caso venezolano no es la excepción. Desde la conquista del poder de la Revolución Bolivariana en las elecciones presidenciales de 1998, y con la posterior formulación de la Constitución de 1999, varios venezolanos se sintieron excluidos y tomaron la decisión de salir del país ante el cambio político. Después les siguieron miles de profesionales que fueron despedidos de la industria petrolera y de las oficinas del Estado.

En los años siguientes, y ante el crecimiento de la inseguridad y la violencia, los padres de familia de los sectores acomodados y de la clase media enviaron a sus hijos a estudiar fuera con la esperanza de que pudieran regresar al país cuando todo mejorara. No sabían que se convertirían en la primera generación que se iría definitivamente de Venezuela.

Después de 26 años de chavismo, 7.891.241 venezolanos han salido del país, según los datos de la plataforma multiagencial R4V que hace seguimiento a la diáspora. Esa cifra representa al 27,78% de la población. Se calcula que Venezuela tiene menos habitantes que en 2010, el único país que se ha contraído demográficamente en la región.

Venezolanos en Colombia

A mayo de 2025, había 2.812.648 venezolanos en Colombia, según los datos de la autoridad migratoria. Además, se estima que entre 900.000 y 1.200.000 colombianos que habían hecho de Venezuela su hogar retornaron en los últimos años. Aproximadamente cuatro millones de personas, entre venezolanos y colombianos retornados, ha llegado al país en la última década provenientes de Venezuela.

[Lee también: Centroamérica, región de paso y emisión de migrantes]

Colombia, un país tradicionalmente expulsor y con poca experiencia en la recepción migratoria, se ha convertido en el principal destino de la población proveniente de Venezuela. Sin embargo, gracias al manejo del desplazamiento interno, producto del conflicto armado, la presencia de agencias de cooperación internacional y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para el abordaje de la población en condición de movilidad humana, Colombia tuvo las herramientas para abordar la crisis migratoria sin grandes traumatismos. Desde el primer momento, los venezolanos encontraron en Colombia un destino para poder desarrollar sus proyectos de vida.

Del conflicto a la regularización

Pero el 19 de agosto de 2015, el Estado colombiano, sus autoridades y sobre todo la sociedad, se percataron que las dinámicas migratorias entre ambos países habían cambiado para siempre. Ese miércoles miles de colombianos, que durante años e incluso décadas vivieron en la frontera del lado venezolano, fueron agredidos por las autoridades venezolanas. En el marco de unas operaciones de seguridad, decidieron arremeter contra La Invasión, un asentamiento informal en el estado Táchira. La inseguridad se había disparado en Venezuela, las muertes violentas y la criminalidad tenían arrinconado al país. Fue entonces cuando el gobierno de Nicolás Maduro decidió culpar al “paramilitarismo colombiano” de ser el principal causante de la ola de violencia.

Las denominadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) desencadenaron una respuesta institucional desmesurada. Y los colombianos residentes en Venezuela fueron unas de sus víctimas. Para agosto de 2015, las operaciones llegaron al estado fronterizo del Táchira, y en una confrontación con presuntos delincuentes fallecieron miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto activó una acción para dar con los responsables. Es así como llegaron al asentamiento de La Invasión, en donde se revisaron y derribaron casas. Poco más de 1.700 colombianos fueron expulsados de forma sumaria. Y, de forma “voluntaria”, salieron 23.000 personas, según las fuentes del gobierno colombiano. Para las organizaciones de la sociedad civil, las primeras en recibirlos en Colombia, fueron 33.000.

Desde ese día, quizás movidos por recibir a compatriotas y sus familiares venezolanos, la respuesta del Estado colombiano, se caracterizó por la solidaridad. Rápidamente, se regularizó a la población venezolana. También se reconoció la nacionalidad colombiana de los colombianos que regresaban, que habían nacido y crecido en Venezuela sin documentación colombiana.

Desde ese momento, la respuesta se dirigió a la atención, regularización e integración de la población proveniente de Venezuela. Muchas de las políticas que se plantearon recurrían a fórmulas excepcionales para dar respuesta a los desafíos que planteaba la crisis migratoria. Los años siguientes, Colombia se convirtió en el destino de la población venezolana que huía de la «emergencia humanitaria compleja” en la que el Chavismo hundió a Venezuela.

Políticas de solidaridad

Colombia diseñó políticas escalonadas para atender la migración venezolana. Particularmente las comunidades víctimas del conflicto armado, que habían vivido el desplazamiento interno, rápidamente se organizaron para dar respuesta mientras las autoridades desarrollaban las políticas públicas. Aquí, la Iglesia Católica jugó un papel central.

[Lee también: Ronal Rodríguez: “En este momento no hay un liderazgo regional gestionando el tema migratorio”]

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza, el Permiso Especial de Permanencia, el Registro Administrativo de la Migración Venezolana, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el Permiso de Protección Temporal y la Política Integral Migratoria, son algunos de los instrumentos legales que el Estado colombiano utilizó para regularizar la migración venezolana.

Colombia hizo una apuesta para que los venezolanos hagan del país su nuevo hogar. Mientras, otros países criminalizan y diseñan políticas de contención y disuasión contra los migrantes. El camino es largo y, a pesar de que más de dos millones de venezolanos ya están regularizados, la migración venezolana continúa saliendo.

El proceso electoral en Honduras este 2025 enfrenta desafíos que ponen en entredicho la propia legitimidad de los comicios del 30 de noviembre. Se elegirán, entre otros cargos, al sucesor de Xiomara Castro en la Presidencia, centenas de alcaldes y se renovará el poder legislativo.

El diseño partidizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una polarización alentada desde el oficialismo han inundado el contexto preelectoral de violencia, incertidumbre y apatía ciudadana. Basta recordar la abstención cercana al 57% en las primarias de marzo pasado, una de las tasas más altas de los últimos años en el país.

En el trasfondo de este proceso electoral persisten la fragilidad institucional, la menguada autonomía y los choques partidistas al interior del CNE, mientras que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ensancha una ofensiva iliberal orientada a conservar el poder a toda costa.

¿Qué dice la opinión pública?

Tras las primarias del 9 de marzo de 2025, las candidaturas presidenciales quedaron definidas. Nasry “Tito” Asfura compite por el Partido Nacional. Llega como exalcalde de Tegucigalpa y fue candidato presidencial en 2021. Tiene una imagen de gestor pragmático forjada en la capital, aunque desacreditada en virtud de su cercanía con el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

Salvador Nasralla es la carta del Partido Liberal. Figura de televisión con alto reconocimiento, vive su tercera incursión presidencial después de haber competido en 2013 por el Partido Anticorrupción y en 2017 por la Alianza de Oposición. Rixi Moncada representa a Libre. Es abogada y actualmente funge como ministra de Defensa y Seguridad Nacional. Antes fue ministra de Finanzas, consejera del CNE y ocupó cargos en el sistema judicial de Honduras.

[Lee también: Honduras, un sistema democrático al límite]

En intención de voto, el promedio nacional publicado por DatoWorld en mayo muestra una contienda cerrada. Asfura registra 31.1%, Moncada 29.9% y Nasralla 29.8%. La fotografía sugiere un electorado partido en tercios y sin un liderazgo claro.

El sondeo del ERIC-SJ apunta en otra dirección relevante. Libre concentra solo 15.9% de preferencia partidaria, por debajo del Partido Nacional con 23.2% y del Partido Liberal con 17.1%. En la percepción de quién ganará, el Partido Liberal lidera con 39.1%, mientras Libre alcanza 25.6%. Conjuntamente, los datos confirman una competencia abierta y un desprestigio creciente del oficialismo. Este factor puede inclinar el voto útil opositor si la campaña no logra revertirlo.

La posición del oficialismo

La impopularidad creciente del oficialismo es producto, entre otras cosas, de la incapacidad de la presidenta Castro para reducir violencia y criminalidad, pese a un prolongado estado de excepción y de la reciente exposición de vínculos entre su círculo cercano y el narcotráfico. Ante la posibilidad de derrota, figuras de Libre como Manuel Zelaya y la candidata Rixi Moncada han promovido un clima de incertidumbre y confrontación.

Zelaya ha movilizado explícitamente a los “colectivos” de Libre. La dirigencia los convocó a salir a las calles los días 26, 27 y 28 de junio. Se trata de grupos de presión partidaria señalados como fuerzas de choque. Ese accionar ya impactó en el CNE: irrumpieron cuando se recibirían ofertas para implementar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y solo permitieron el ingreso de representantes de la empresa Smartmatic –de preferencia oficialista–, mientras las Fuerzas Armadas retiraban la seguridad a las consejeras opositoras.

A ello se suma el discurso de fraude. Moncada habló de una “conspiración” dentro del CNE y señaló a las consejeras Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Cossette López, del Partido Nacional, quienes han defendido la verificación de datos electrónicos del TREP con actas físicas. Por tal motivo, el consejero oficialista Marlon Ochoa calificó como “fraude tramposo” cualquier “intromisión humana” en el conteo. Ciertamente, Libre empuja un sistema automatizado de transmisión de resultados, para lo que promueve a Smartmatic, firma con propietarios venezolanos y un historial controvertido de relaciones con el chavismo.

En paralelo, avanza una persecución institucional. El Ministerio Público, descrito como alineado con los Castro-Zelaya, incautó documentación clave del CNE. La oposición denuncia citaciones y requerimientos fiscales contra sus consejeros y cuadros. El resultado es una autoridad electoral presionada y un proceso en el que la disputa por el TREP tensiona la confianza en los futuros comicios.

La escalada de violencia electoral

Aunque de manera menos visible, es preocupante que el proceso electoral 2025 haya entrado en una espiral de agresiones contra candidaturas y estructuras partidarias. Sobre todo en la escala local.

Estas dinámicas responden tanto a la polarización alentada desde las élites como a redes político-criminales que siguen operando en el territorio hondureño, que no han sido desarticuladas por el gobierno de Castro. Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, un monitoreo de la UNAH registró 404 conflictos electorales y 109 incidentes de violencia política, con una escalada notable a medida que se acercan los comicios.

[Lee también: Honduras: las promesas incumplidas de Xiomara Castro]

Además, en lo que va del calendario electoral, destacan los asesinatos de Iván Zambrano y Óscar Gerardo Montoya. Ambos eran precandidatos por corrientes alternas del Partido Nacional a las alcaldías de Morazán (Yoro) y Esparta (Atlántida), respectivamente. Más recientemente, el candidato a diputado por Libre, Óscar Bustillo, fue víctima de violencia letal en el departamento de Yoro.

En Honduras, marcada por la fragilidad institucional y el conflicto entre fuerzas políticas, la violencia contra candidatos amenaza con desalentar aún más la participación ciudadana y distorsionar la competencia. Especialmente en contiendas locales donde pequeños márgenes pueden decidir el resultado.

Estados Unidos en la ecuación

En medio de la incertidumbre, el Congreso de EEUU impulsa de forma bipartidista una iniciativa para resguardar la integridad de las elecciones de noviembre. Su objetivo consiste en reforzar la observación internacional, proteger a candidaturas frente a hostigamientos, establecer consecuencias para quienes obstaculicen el proceso y ordenar estándares verificables para la transmisión y divulgación de resultados.

En respuesta, Libre calificó de “injerencia” la iniciativa de la Cámara de Representantes estadounidense, y marcó de nuevo distancia con Washington. Los Castro-Zelaya han sostenido una política exterior cercana al eje bolivariano. Respaldan el régimen de Maduro, sin mencionar la disputa por el TREP con la insistencia en Smartmatic. Todo indica, pues, que Rixi Moncada adoptará la misma línea de política exterior en caso de ser electa.

En este marco, una victoria de Salvador Nasralla, que no es descartable, tendería a recomponer puentes con EEUU. El candidato liberal “comparte con Trump ideas y estilo político”, lo que facilitaría una sintonía práctica con la Casa Blanca, como señalan Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano.

El próximo 30 de noviembre Honduras no solamente elegirá autoridades de alto nivel, sino que pondrá en juego la legitimidad de sus instituciones y el futuro de sus relaciones con EEUU.

Hace unas semanas la Comisión propuso un acuerdo comercial provisional. La UE puede ratificarlo sin los parlamentos de los Estados miembros debido a su competencia exclusiva. Eso significa que el Consejo y el Parlamento deben adoptarlo. Se necesita una mayoría cualificada en el Consejo: 15 Estados miembros que representen más del 65% de la población europea. Por eso, países grandes como Alemania, Francia o Italia desempeñan un papel importante. El acuerdo completo –con sus elementos comerciales y políticos –necesita el acuerdo de todos los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE.  

Un proceso largo 

Otros acuerdos similares demuestran que eso proceso de ratificación tarda mucho tiempo, si es que llega a tener éxito. Casi diez años después la firma del CETA entre Canadá-UE todavía faltan diez Estados miembros para ratificarlo completamente. Lo mismo pasó con los acuerdos con Singapur, Vietnam o Chile, pero también hay una señal positiva para el Mercosur. Los acuerdos comerciales provisionales de todos estos ejemplos pudieron ratificarse en breve plazo en la UE y entrar en vigor. 

Entonces, podemos esperar que ocurra lo mismo con el acuerdo comercial provisional de Mercosur. La Comisión Europea plantea ratificarlo antes de fin de año, mientras Luiz Inácio Lula da Silva siga siendo el presidente pro tempore de Mercosur. No obstante, debe quedar claro que el acuerdo completo, si se ratifica, no entrará en vigor hasta dentro los próximos 10 años.  

Las esperanzas de que las cláusulas medioambientales del acuerdo sirvan como protección frente a políticas locales retrógradas, solo podrán cumplirse, por el momento, en el ámbito comercial.  

¿Es solo un pacto comercial?

Aunque el enfoque público suele estar en la parte comercial del acuerdo, es un acuerdo de asociación muy amplio. Asimismo, enfoca en fortalecer la cooperación y diálogo político entre ambos bloques. El acuerdo considera el Acuerdo de París como una parte esencial del mismo y comprenden metas concretas para conservar la biodiversidad, frenar la deforestación y luchar contra el cambio climático. La UE apoya la aceleración de la transformación verde y la transición digital de los países del Mercosur en el contexto del programa Global Gateway con 1,8 mil millones de euros.  

Además, contiene medidas para mejorar la colaboración entre ambos bloques en temas como la defensa de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el empoderamiento económico de la mujer o temas como la migración, ciencia o propiedad intelectual. 

La parte comercial elimina los aranceles para más del 90% de los bienes comerciados en un periodo de 10 años lo que aumentará considerablemente el comercio. Por ejemplo, los exportadores de carne a la UE pagan actualmente un arancel de 40%, con el acuerdo será del 7,5%. En la UE se espera un aumento de las exportaciones de coches, maquinaria y medicamentos. Los países del Mercosur se beneficiarán al poder exportar materias primas y en particular productos agrícolas, siempre que cumplan los estándares europeos de seguridad alimentaria. 

Aparte del aumento del comercio, también se puede esperar un incremento de las inversiones europeos y de otros países ya que otros pueden considerar al Mercosur como una plataforma atractiva para acceder al mercado europeo en condiciones preferenciales.

Cláusulas de salvaguardia 

Para persuadir a los países críticos y grandes como Francia o Italia en el Consejo, la Comisión propuso nuevas cláusulas de salvaguardia. Esto es posible porque el acuerdo firmado el año pasado en Montevideo establece el derecho de introducir tales cláusulas para proteger productos sensibles frente las importaciones de la otra parte. La propuesta de la Comisión es aplicar este derecho, no reabrir el debate.  

[Lee también: Acuerdo Mercosur–EFTA, una alianza estratégica que avanza]

Estas nuevas normas internas europeas buscan garantizar una implementación fluida en la UE, con mayor control y transparencia sobre las consecuencias del acuerdo comercial en el mercado. Además, prevén investigaciones más rápidas en caso de una distorsión repentina. 

Los países de Mercosur también monitorizarán la implementación cercanamente. La directora general para Asuntos de Integración y Mercosur de Uruguay, Paola Repetto Amestoy, dijo que “se prevé un seguimiento cercano a los sectores que pudieran verse afectados negativamente” con la opción de desgravación arancelaria para una transición suave.  

Próximos pasos 

Con las nuevas cláusulas de salvaguardia parece posible que el acuerdo comercial provisional estará ratificado antes de fin de año, Francia e Italia abandonaron su oposición. 

Tras la ratificación del Consejo de la UE, también deberán hacerlo los parlamentos nacionales del Mercosur. Para dinamizar el proceso europeo, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visitará el Parlamento Europeo en octubre y también hablará con el presidente de Italia y del Gobierno de España. 

La ratificación del acuerdo sería un hito geopolítico al crear el mayor bloque comercial del mundo, con un mercado de 700 millones de personas. En una época en la se cuestionan el libre comercio, el multilateralismo y, en general, el orden liberal internacional, el acuerdo también enviaría un mensaje importante. Fortalecería la cooperación política entre dos regiones que comparten los mismos valores, aumentaría la autonomía estratégica de ambas partes frente a China y rechazaría el proteccionismo firmemente. 

El Tratado Antártico ha sido durante décadas un símbolo de cooperación internacional, ciencia sin fronteras y paz en uno de los territorios más extremos del planeta. Sin embargo, este modelo enfrenta hoy desafíos crecientes: tensiones geopolíticas, intereses económicos y el impacto acelerado del cambio climático. La Antártida, que alberga el 70% del agua dulce del mundo y una biodiversidad única, está perdiendo hielo a un ritmo alarmante. El krill, clave para el equilibrio ecológico global, también está en peligro. Frente a este escenario, se vuelve urgente una respuesta coordinada, especialmente entre países latinoamericanos y europeos con intereses científicos y ambientales compartidos.

[Lee también: Orden y responsabilidad en tiempos de guerra]

La protección de esta región única del mundo y su uso científico en beneficio de la humanidad están regulados en el Tratado Antártico de 1959. Desde su entrada en vigor ha sido una garantía sin precedentes de paz y estabilidad. Sin embargo, en tiempos de cambios en el equilibrio de poder mundial, cada vez es más probable que se produzca una lucha por la influencia política y los recursos económicos en la región más meridional del mundo.

De escenario secundario a continente de la ciencia y la paz

Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron tensiones geopolíticas en la Antártida. Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Gran Bretaña reclamaron territorios que se solapaban parcialmente. Además, los países occidentales observaban con recelo el creciente compromiso de la Unión Soviética en el Polo Sur.

En junio de 1958 comenzaron las negociaciones para el primer tratado de control de armamento después de la Segunda Guerra Mundial entre los países con reclamaciones territoriales, así como Estados Unidos, la Unión Soviética, Bélgica, Japón y Sudáfrica. Los Estados signatarios acordaron suspender sus reivindicaciones territoriales y abstenerse de toda actividad militar y explotación económica. En su lugar, se estableció que la Antártida deshabitada, situada entre los 60 y los 90 grados de latitud sur, solo podría utilizarse con fines pacíficos. En particular para la investigación científica en beneficio del bien común.

Hoy en día, 57 Estados contratantes forman parte del acuerdo. Un total de 29 Estados tienen derecho a voto en las reuniones consultivas, siempre que hayan realizado importantes trabajos de investigación científica en la Antártida y hayan establecido una base de investigación o enviado una expedición científica. Todas las decisiones se toman por unanimidad. Junto con cinco acuerdos posteriores, el acuerdo original forma el sistema del Tratado Antártico. Cabe destacar especialmente el Convenio para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos de 1980, que establece una comisión del mismo nombre con el objetivo de crear zonas marinas protegidas, así como el Protocolo de Madrid de 1991, que prohíbe explícitamente la explotación comercial de materias primas.

Amenazas y retos

En los últimos años se han puesto de manifiesto las deficiencias del Tratado Antártico. En 2024, la designación de nuevas zonas marinas protegidas fracasó por octava vez consecutiva debido al veto de China y Rusia. Dado que las zonas protegidas no son válidas de forma indefinida, en 2052 se revisará el mar de Ross como la mayor zona marina protegida. Las decisiones sobre la prórroga de la vigencia y la creación de nuevas zonas protegidas deben tomarse por unanimidad. Además, en 2048, el Protocolo Medioambiental, que prohíbe la extracción de materias primas, podrá ser revisado a petición de un Estado parte. En este caso no se aplica el principio de unanimidad: los cambios pueden lograrse con el consentimiento de la mayoría de los Estados parte, así como de tres cuartas partes de los Estados consultivos.

Se ha confirmado la existencia de grandes yacimientos de carbón y mineral de hierro en la región, y existen muchas especulaciones sobre otros yacimientos de materias primas. El previsible acceso más fácil a los recursos minerales debido al deshielo está despertando interés. China reconoció hace tiempo la importancia estratégica de la Antártida para el futuro. En el marco de su estrategia marítima, lleva años intensificando su compromiso en ambas regiones polares con el objetivo de reforzar su propia pretensión de poder global. Por ello, la actitud defensiva de China ante la creación de nuevas zonas marinas protegidas preocupa a muchos Estados miembros de cara al futuro.

Ya existen dudas sobre si los mecanismos de protección existentes son suficientes. Una y otra vez se producen acusaciones de pesca ilegal de krill por parte de Rusia y China en las zonas marinas protegidas. Además, aumentan las dudas sobre el uso exclusivamente pacífico de la región debido al creciente empleo de tecnologías de doble uso en la investigación. Aunque los Estados consultivos tienen derecho a realizar inspecciones en todas las zonas de la Antártida, carecen de los recursos necesarios para supervisar eficazmente el cumplimiento de la normativa.

La importancia de la Antártida para los países latinoamericanos

Latinoamérica es el continente más próximo a la Antártida. Argentina y Chile son miembros signatarios del Tratado Antártico desde su entrada en vigor y tienen mayor cercanía al continente desde Ushuaia y Punta Arenas, respectivamente. Argentina fue el país con la primera base permanente en el continente desde 1904 y para ambos países la investigación científica es muy importante, especialmente en temáticas ambientales. Mantener bases científicas y presencia permanente en la Antártida es una forma de reforzar su rol como actores activos en el sistema antártico y proteger sus intereses estratégicos.

[Lee también: Pistas para entender el activismo ambiental juvenil]

La cercanía de Argentina y Chile a la Península Antártica les da una ventaja en rutas marítimas, especialmente si en el futuro se abren nuevas rutas comerciales por el derretimiento de los hielos. Controlar el acceso logístico y marítimo a la Antártida puede traducirse en influencia regional y cooperación naval. Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay son miembros consultivos. Cuba, Colombia, Venezuela y Costa Rica son miembros sin derecho a voto. Para ellos, la Antártida representa una oportunidad para participar en la gobernanza global y en los debates internacionales sobre el futuro del continente blanco.

La estrategia antártica de la UE, una deuda pendiente

En 2021, la UE presentó su nueva estrategia para el Ártico, pero no existe una política antártica formal. Desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, es imprescindible contar con una estrategia polar integral, y el estatus desmilitarizado de la Antártida no es algo que se pueda dar por sentado. El retorno de las rivalidades entre las grandes potencias aumenta el riesgo de una competencia estratégica en la región polar sur.

20 Estados miembros de la UE son signatarios del Tratado Antártico y Francia es miembro fundador. Además, los Estados miembros de la UE llevan a cabo importantes investigaciones en el Polo Sur. La UE debe articular y defender claramente sus intereses políticos en materia de ciencia, protección marina, pesca, paz regional y defensa del orden basado en normas, junto con socios que comparten sus valores, como el Reino Unido, Noruega, Argentina, Chile, Brasil y los Estados Unidos.

Antártida como fuente de inspiración y guía

Desde su creación, el Tratado Antártico ha demostrado su capacidad para unir a las naciones bajo un objetivo común a través de la cooperación en materia de ciencia e investigación en tiempos políticamente difíciles, contribuyendo así a la paz. Los grandes retos del futuro, como la protección del clima, la conservación de la creación y el mantenimiento de la paz, requieren una acción conjunta. A nivel operativo, en el inhóspito entorno de la Antártida reina una gran confianza y solidaridad.

Es necesario aprovechar esto para crear también esta confianza a alto nivel político. Dado que las relaciones con Rusia son actualmente muy complejas, los países con intereses comunes en la Antártida deberían apostar por un diálogo estratégico con China sobre la protección del mar. En tiempos de conflictos crecientes en un mundo fragmentado, la responsabilidad compartida, la cooperación pacífica y la solidaridad científica en la Antártida constituyen un poderoso símbolo de esperanza e inspiración.

El 17 septiembre de 1787, en Filadelfia, un grupo de hombres escribió un texto que ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, tensiones raciales y transformaciones sociales inimaginables. La Constitución de los Estados Unidos cumplió un nuevo aniversario y, con ella, se celebra —y se debate— la vigencia de un modelo democrático que marcó a fuego el desarrollo político de Occidente.

Lo notable de la Constitución estadounidense no es solo su longevidad, sino su capacidad de adaptación. En sus 27 enmiendas se encuentra la historia de una nación: la abolición de la esclavitud, el voto femenino, los derechos civiles, el límite al poder presidencial. El texto ha sido escenario de disputas entre quienes buscan mantener el statu quo y quienes luchan por ampliarlo. Esa tensión —entre continuidad y cambio— ha sido la clave de su resistencia.

El eco en América Latina

La influencia de Filadelfia se sintió con fuerza en América Latina durante el siglo XIX. Para las élites criollas que lideraban la independencia, la Constitución estadounidense era un modelo atractivo: un texto breve, pragmático y centrado en principios como la separación de poderes, el federalismo y la defensa de los derechos individuales.

Sin embargo, la trasplantación fue parcial. Las repúblicas latinoamericanas intentaron reproducir las instituciones estadounidenses en contextos muy distintos: sociedades más desiguales, economías dependientes y un peso histórico del caudillismo que chocaba con la idea de equilibrio institucional. Aun así, la inspiración fue evidente. El presidencialismo latinoamericano, por ejemplo, tomó forma mirando a Washington, aunque muchas veces sin los contrapesos efectivos que limitaban al presidente en EEUU.

Democracia hoy: ¿un modelo en disputa?

El aniversario de la Constitución estadounidense obliga a mirar el presente con cautela. En Estados Unidos, la polarización, la desinformación digital y los cuestionamientos a la legitimidad electoral amenazan el legado de Filadelfia. En América Latina, la democracia también atraviesa un momento frágil: gobiernos populistas, tentaciones autoritarias y sociedades fragmentadas cuestionan la fortaleza institucional.

[Lee también: Orden y responsabilidad en tiempos de guerra]

Lo que sigue siendo claro es que la Constitución estadounidense dejó una huella indeleble. Enseñó que el poder debe estar limitado y que la democracia requiere un marco jurídico firme. Pero también mostró que ningún texto, por brillante que sea, puede garantizar la libertad si no existe una ciudadanía dispuesta a defenderla.
A los 250 años, la Constitución de Estados Unidos sigue siendo faro y advertencia: una guía de resiliencia institucional, pero también un recordatorio de que la democracia es siempre una construcción inacabada.

Campo de batalla

Uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la Constitución norteamericana es su rigidez frente a una sociedad en constante cambio. Su carácter breve y general, que en el siglo XVIII era virtud, hoy dificulta respuestas ágiles a fenómenos como la revolución digital, el impacto de las redes sociales en la democracia o la necesidad de regular nuevas formas de economía y trabajo. La lentitud del proceso de enmienda contrasta con la velocidad de los problemas contemporáneos.

Otro reto reside en la polarización política. La interpretación de la Constitución se ha convertido en un campo de batalla entre visiones ideológicas irreconciliables. Desde el derecho al aborto hasta el alcance de la Segunda Enmienda sobre las armas de fuego, los tribunales —y en particular la Corte Suprema— se ven atrapados en disputas que tensionan la legitimidad del propio sistema. En este contexto, el texto constitucional es menos un punto de encuentro y más un arma discursiva.

Finalmente, la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones cuestiona la capacidad de la Constitución para sostener la cohesión nacional. Las elecciones de 2020 y los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio mostraron que incluso en la democracia más antigua del continente, la aceptación de las reglas básicas no está garantizada. La Constitución puede fijar límites, pero sin un consenso mínimo sobre la validez de esas normas, su fuerza simbólica corre el riesgo de erosionarse.

El lunes 15 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia. El Departamento de Estado publicó el memorando Determinación Presidencial sobre Países de Tránsito Mayor o Producción Ilícita de Drogas para el Año Fiscal 2026. Se manifiesta que el país “falló de manera demostrable” en la lucha contra el narcotráfico y se sumó así a esta lista junto con países como Afganistán, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

El documento enfatiza en que el cultivo y la producción de cocaína ha alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro y la crisis ha aumentado por sus intentos de negociación con “grupos narcoterroristas”. Sin embargo, reconoce que “la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales”. Es decir, informan un waiver o medida de excepción que le permite continuar la cooperación bilateral, aunque esto implique mayor control.

Además, aclaran que considerarán cambiar la decisión si el Gobierno colombiano toma medidas inmediatas. Por ejemplo, acciones agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y responsabilizar organizaciones criminales. Al respecto, el Departamento de Estado distingue entre el gobierno nacional y las demás entidades. Pues resalta el valor y la destreza de las instituciones de seguridad y las autoridades locales para enfrentar estas amenazas.  

Volver a la descertificación: volver a una crisis

La primera vez que Colombia fue descertificada fue en 1996 y luego en 1997. En marzo de ese año, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que afirmaba que el país “era el mayor exportador de cocaína y no se comprometía a profundidad en la lucha contra el narcotráfico”. Era el único país en América Latina. La principal razón fue el conocido Proceso 8.000, escándalo por financiación ilícita de la campaña presidencial del entonces presidente Ernesto Samper por parte de carteles de narcotráfico.

[Lee también: ¿Es posible la Paz Total en Colombia con el cierre de USAID?]

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), desde los 80 hubo un deterioro en la lucha conjunta contra las drogas que se incrementó con la presidencia de Samper. Así pues, la descertificación implicó suspensión de una parte de la ayuda económica y militar, y restricciones al acceso a financiamiento multilateral. No obstante, el presidente Clinton otorgó exenciones, tal como está pasando actualmente con el gobierno de Trump, para mantener programas. La recertificación se adquirió hasta 1998 con el cambio de gobierno de Samper a Pastrana.

Política de drogas de Petro: innovación y preocupación

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia es el principal productor mundial de cocaína y representa casi dos tercios de la producción global. En 2023, se registraron 252.572 hectáreas de coca, 9.8% más respecto al año anterior, y una producción potencial de 2.644 toneladas de cocaína pura, un incremento del 53% respecto al año anterior.

Desde su llegada, Petro apostó a una política de drogas novedosa con un enfoque integral. Sin embargo, la ejecución incluyó puntos críticos para EEUU en lo referente a la sustitución voluntaria y la interdicción. Una de las cifras más alarmantes es que de una meta de erradicación de cultivos ilícitos de 30.000 hectáreas, sólo lograron 3.636 hectáreas según el Ministerio de Defensa.

[Lee también: ¿Por qué el crimen organizado es cada vez más grave en América Latina?]

El Gobierno apostó a un tránsito de las economías lícitas negociado con campesinos cocaleros. Pero esto no tuvo éxito porque el Estado no sustituyó la gobernanza criminal de los grupos armados según expertos como Luis Fernando Trejos. Ante estos escenarios y una posible descertificación, el presidente Petro planteó la opción de fumigar vía aérea en zonas críticas en las primeras semanas de septiembre. Pero ya era tarde.

Implicaciones de la descertificación

El anuncio de la descertificación llegó y generó alerta en todo el país. Esta decisión podría generar graves efectos en múltiples niveles. La ley estadounidense establece que, al anunciar la descertificación, se podría activar una reducción de hasta el 50% de la ayuda. La cooperación anual supera los 450 millones de dólares. De manera directa, la asistencia en seguridad se vería particularmente afectada en lo que respecta a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El director de Análisis de Riesgos Globales de Control Risk, Theodore Kahn, advierte que los efectos no son solo económicos, sino también en la disminución o suspensión de operaciones estratégicas.

Existen escenarios alarmantes a nivel económico y financiero más allá de la cooperación, confirmado por el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. La afectación en la credibilidad internacional podría generar condicionamiento en el financiamiento multilateral o incluso el bloque estadounidense en organizaciones como el BID o el FMI. Tal como ha sucedido en el pasado. La dificultad de acceso a crédito podría retrasar o suspender proyectos de desarrollo en el país.

A nivel comercial, la descertificación podría ser la razón para que el presidente Trump imponga mayores aranceles como hizo con India. Según estimaciones de AmCham, el turismo de Colombia podría perder hasta 1.000 millones de dólares anuales por las alertas de viajes. Esto, sin mencionar la posibilidad del endurecimiento de los requisitos de visas a ciudadanos del país.

La descertificación de Colombia era un escenario esperado para el Gobierno Petro. No solo por el incumplimiento en la meta de erradicación, sino también por las crisis diplomáticas que ha enfrentado con Trump en 2025. A pesar de que los efectos económicos y técnicos pueden ser alarmantes, el Departamento de Estado fue claro en la excepción que concede y la posibilidad de replantear la decisión ante una mejor respuesta del Estado Colombiano en la lucha contra las drogas. Será un momento decisivo para Petro en su último año presidencial.

Nunca confiamos tan poco en la política y nunca confiamos tanto en la ciencia. Esa paradoja sintetiza una tendencia de época: descreimiento hacia lo público y legitimidad hacia lo técnico. Confiamos en el saber sin poder, mientras desconfiamos del poder que debería sostener la representación democrática.

En América Latina, estudios como el Latinobarómetro registran desde hace años niveles bajos de confianza en las instituciones básicas de la democracia, como los partidos políticos y los congresos. ¿Qué ocurre en algunos países de Europa, como España? ¿Tienen una mirada más favorable hacia las instituciones o la desconfianza también ganó terreno? ¿Estamos frente a un fenómeno propio de la región o ante un signo de época de alcance global?

Cinco países, un mismo estudio

Para intentar responder a estas preguntas, el año pasado realizamos un estudio comparativo en cinco países —Argentina, Brasil, Colombia, México y España— con la finalidad de medir el nivel de confianza en distintos grupos sociales. Los resultados muestran un patrón claro: los científicos y los médicos aparecen en la cima de la confianza social, mientras que los políticos se hunden en el sótano de la credibilidad.

Confiamos en quienes nos curan o nos ayudan a comprender el mundo, pero desconfiamos de quienes nos gobiernan. Incluso en tiempos de posverdad, la confianza parece estar asociada más a la evidencia que a la representación.

[Lee también: El reto de una democracia sexy]

En España, el 84% de la ciudadanía declara confiar en los científicos; en Argentina un 81%, y en Brasil un 78%. Los médicos presentan niveles igualmente altos: 82% en Argentina y España, y un piso del 74% en México.

En el otro extremo, se encuentran los políticos. Apenas un 8% de la población colombiana manifiesta confiar en ellos, con una desconfianza que llega al 91%. En Brasil y Argentina la confianza no supera el 12%, y en México el 15%. En España, solo el 18% declara confiar en los políticos, mientras que el 80% los mira con recelo.

Otros grupos se sitúan en posiciones intermedias, con diferencias marcadas según el país. Los jueces, por ejemplo, concentran un 52% de confianza alta en España, pero apenas un 13% en Argentina, donde la desconfianza supera el 80%. Los periodistas muestran una brecha similar: 42% de confianza en Brasil, frente al 24% en Argentina. Los sacerdotes reciben mayor confianza en Brasil y Colombia (cerca del 36%), mientras que en Argentina apenas un 16% les atribuye credibilidad.

La pirámide de la confianza

A partir de los datos puede trazarse una pirámide de la confianza que se repite en todos los países. Arriba se encuentran los saberes técnicos —la ciencia y la medicina— con niveles de confianza que superan el 75% en casi todos los países. Su legitimidad proviene de su vínculo con la evidencia y de la percepción de neutralidad que transmiten. En el medio, instituciones ambiguas como empresarios, militares o jueces, cuya valoración depende de las trayectorias históricas y coyunturales de cada país. Abajo, los grupos ligados a la representación pública —políticos, periodistas y religiosos— que, en mayor o menor medida, arrastran los mayores niveles de desconfianza. Los políticos, en particular, no logran superar el 15% de confianza en casi todos los países.

Lo que varía entre países no es tanto el orden de la pirámide, sino la intensidad. En la cima se ubican médicos y científicos, profesiones ligadas al conocimiento, que en contextos de polarización y crisis institucional ganan valor por ser percibidas como neutrales u objetivas. En el extremo opuesto, los políticos concentran el mayor descrédito: un fenómeno estructural y transversal que ningún país consigue revertir. Incluso en España —el país que en términos generales deposita mayor confianza en todos los grupos sociales— la política sigue siendo el sector menos valorado. La desconfianza política, más que un fenómeno regional, parece consolidarse como un rasgo cultural global.

Entre ambos extremos se sitúan actores con niveles de confianza intermedios, que varían según la trayectoria de cada país. Los empresarios, por ejemplo, reciben más credibilidad en sociedades con tradición de mercado, como España y Colombia, mientras que en países atravesados por conflictos redistributivos, como Argentina y México, predominan las sospechas.

El periodismo también enfrenta un proceso de debilitamiento global, asociado a la desinformación y la polarización mediática. Argentina encabeza la desconfianza, pero ningún país exhibe confianza mayoritaria. La religión también viene en retroceso. El rol de sacerdotes y curas refleja un cambio cultural de largo plazo: en sociedades más secularizadas, como Argentina y España, la confianza es baja; en cambio, en Brasil y Colombia, donde la religiosidad mantiene un peso fuerte, las cifras son bastante más altas.

Por otro lado, corresponde señalar que el contraste entre España y Argentina resulta especialmente revelador. España es el país que deposita mayor confianza en todos los grupos sociales, mientras que Argentina aparece en el extremo opuesto, como el de mayor desconfianza generalizada. En el caso español, la pirámide conserva un mayor equilibrio, con niveles relativamente altos en todos los escalones, lo que refleja un clima político más estable y una institucionalidad capaz de sostener mayor legitimidad. Argentina, en cambio —aun compartiendo características estructurales semejantes a las de otros países de la región— muestra un patrón de desconfianza extendida, alimentado por el peso de sus crisis económicas recurrentes y por una relación históricamente conflictiva entre ciudadanía e instituciones.

El desafío de recuperar legitimidad

La confianza en grupos sociales y profesionales es un recurso fundamental para el funcionamiento de las sociedades. Su erosión limita la capacidad de las instituciones para sostener consensos, debilita la representación y alimenta el escepticismo ciudadano.

[Lee también: ¿La democracia es un consenso que se resquebraja?]

El estudio en cinco países muestra que, aunque los contextos varían, la pirámide de la confianza repite ciertos patrones: la ciencia y la medicina en la cima, la política en el sótano. El desafío no es solo reconocer este patrón, sino revertirlo. Es central restituir el suelo común sobre el que descansa la vida democrática, antes de que la pirámide de la confianza se transforme definitivamente en una ruina.

La obra hace un breve recorrido por los principales acontecimientos políticos en Venezuela desde mediados del siglo XX hasta la elección de Hugo Chávez en 1998. A partir de 1999, estudia todos los procesos electorales, iniciando con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, en la que ya se vislumbran las pretensiones hegemónicas en los artilugios diseñados para sobrerrepresentar al oficialismo. Finalmente, llega hasta la fraudulenta elección presidencial de 2018 cuyos resultados han sido desconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

La importancia de este proyecto editorial, consideramos, radica en que hay mucho por hacer, y para curar al paciente es necesario un diagnóstico, estudiar el caso y debatirlo si hace falta. Como en el ejemplo de la rana en la olla: si se dejar caer una rana en una olla con agua hirviendo, el shock le hará saltar para salvarse, mientras que si el agua está fría y se calienta lentamente, puede morir hervida sin reaccionar. El detalle está en que en el experimento, la rana no contaba con amigos de su causa. Es importante que salvemos a la rana.

El equipo de investigación fue integrado por Leandro Querido, Jesús Delgado Valery, Eduardo Repilloza y José Delgado. El prologo es de Eugenio Martínez.

ISBN 978-987-85-0798-9

La reelección de Irfaan Ali, en las elecciones generales y regionales del pasado 1 de septiembre, consolida su liderazgo en un momento en que Guyana ingresa en una etapa de mayor exigencia para asegurar su futuro. El petróleo seguirá multiplicando la riqueza. Pero su Gobierno, con una proyección regional cada vez más visible, necesitará afinar la conducción y los mecanismos de control para crecer sin comprometer la estabilidad económica. Además, deberá robustecer la diplomacia y manejarse en medio de la creciente rivalidad entre Washington y Pekín.

Impulsada por la bonanza petrolera, Guyana pasó de ser una economía periférica a encabezar los rankings de crecimiento global. Según el FMI, la expansión se mantendrá en niveles de dos dígitos durante los próximos cinco años. En paralelo, la producción de crudo seguirá en ascenso. Si se cumplen las proyecciones, los ingresos estatales crecerán desde 2.500 millones de dólares en 2025 hasta 10.000 millones en 2030.

Promesa del desarrollo

Ali, urbanista de 45 años, logró la reelección con una victoria contundente, imponiéndose en ocho de los diez distritos electorales. El resultado era previsible tras una primera administración marcada por un fuerte impulso al gasto público. Realizó obras de infraestructura, como carreteras, hospitales y plantas eléctricas, y transferencias que consolidaron su popularidad. Entre las medidas más celebradas figuran el aumento de pensiones y salarios, la gratuidad universitaria y un bono de 500 dólares para cada ciudadano mayor de 18 años.

Durante la campaña, Ali prometió que su nuevo mandato se enfocará en la inversión en capital humano, en respuesta a la creciente escasez de mano de obra calificada. También anunció planes para diversificar la matriz energética con proyectos en gas natural y petroquímica. Además, contempla impulsar sectores como el turismo y la agricultura, con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo y ampliar las bases del desarrollo.

El riesgo es conocido en economías petroleras: ingresos volátiles sostienen gastos rígidos, la sociedad se organiza en torno a la renta y la moneda sobrevaluada debilita al sector no petrolero. Guyana ha creado un fondo de ahorro para amortiguar los ciclos del crudo. Pero está por verse si el gobierno respetará sus reglas y mantendrá la disciplina fiscal, ahora que cuenta con mayoría parlamentaria.

La idea de que un pequeño país pueda alcanzar el desarrollo en tiempo récord gracias al flujo de petrodólares se ha instalado en el discurso oficial. “Los próximos cinco años serán los más trascendentales en nuestra nación”, afirmó Ali tras conocer su triunfo. Y agregó: “La historia ha puesto en nuestras manos los recursos, las oportunidades, las asociaciones y la buena voluntad internacional para transformar la promesa en realidad”.

Liderazgo emergente

Guyana se encamina a ocupar un lugar relevante en el mapa energético. El bloque Stabroek, epicentro de la bonanza petrolera, es explotado por un consorcio liderado por ExxonMobil, con participación de Chevron y la estatal china CNOOC. Se trata de tres actores de peso global, y las proyecciones apuntan a que la capacidad de producción alcanzará 1,7 millones de barriles diarios en 2030, una cifra superior a la de la mitad de los miembros de la OPEP.

[Lee también: Guyana y las elecciones en la era del petróleo]

Al impulso energético se suma el liderazgo que Guyana está consolidando dentro de Caricom, especialmente en la estrategia regional de seguridad alimentaria. Como país responsable del área agrícola en el gabinete cuasi ministerial del bloque, el gobierno de Ali ha promovido la iniciativa “25 by 2025”, que busca reducir en un 25% la factura de importación de alimentos.

Guyana también ha ganado protagonismo en el plano multilateral, con una diplomacia activa que amplifica la voz del Caribe en foros globales. Su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU ha sido respaldada por Caricom y comienza a ser una voz en debates sobre seguridad, cambio climático y crisis regionales como la de Haití.

Alineado con Washington

La disputa con Venezuela por el Esequibo ha reorientado la política exterior de Guyana hacia lo que el presidente Ali denomina “diplomacia de defensa”. Bajo este enfoque, la soberanía se protege mediante alianzas estratégicas y respaldo militar. Esta visión ha favorecido el acercamiento con Estados Unidos, en un contexto marcado por la confrontación entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, a quien Washington considera ilegítimo y acusa de liderar el Cartel de los Soles, una organización que califica como narcotraficante.

La alianza se ha vuelto explícita tanto en la disputa por el Esequibo como en el reciente despliegue militar de EEUU en el Caribe. Washington ha reafirmado su respaldo a la soberanía guyanesa, mientras que el presidente Ali ha expresado su apoyo sin ambigüedades: “Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad (…) debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico”.

[Lee también: Guyana, cuando el petróleo lo puede todo]

En ese marco, Guyana ha adoptado la narrativa de Washington sobre el Cartel de los Soles, señalando que estas redes criminales pueden “socavar la democracia, pervertir el estado de derecho y amenazar la dignidad humana y el desarrollo” y ha llamado a reforzar la cooperación hemisférica para enfrentarlas.

Entre potencias

Para el presidente Ali, manejar la creciente rivalidad entre EEUU y China será una tarea estratégica de primer orden. Mientras las empresas estadounidenses dominan la producción petrolera en alta mar, compañías chinas construyen puentes, hoteles, centros comerciales y gestionan proyectos mineros en tierra firme.

Durante décadas, China ha invertido agresivamente en países con recursos naturales, replicando un modelo que combina financiamiento, infraestructura y presencia empresarial. A esto se suma que Beijing ve en Guyana una plataforma para ampliar su influencia en el Caribe y América del Sur, una región que históricamente ha estado bajo el radar estratégico de Washington.

El respaldo que Guyana ha recibido de la administración de Donald Trump podría derivar en presiones para limitar la presencia de China en el país. En ese escenario, Ali deberá desplegar una diplomacia hábil y flexible para sostener el equilibrio y seguir capitalizando los beneficios que ofrece cada potencia, sin quedar atrapado en una dinámica de confrontación que reduciría su margen de maniobra.